66001310500320190027901 · Tribunal de Pereira

��ࡱ�>�� O ��^PbjbjJJ 4Tq �eq �e3�b��#�#�#�#�#��$$$8F$��%�$�0�&(�&�&�&�&�'�}(<�( �/�/�/�/�/�/�/$�2�F5��/��#�(�'�'�(�(�/�#�#�&�&�H09*9*9*�(��#�&�#�&�/9*�(�/9*9*9*�&��<n�+��)F9*�/^00�09*�5 *�59*�5�#9*H�(�(9*�(�(�(�(�(�/�/#*�(�(�(�0�(�(�(�(��5�(�(�(�(�(�(�(�(�(� �": $El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvi� de base para proferir la providencia dentro del presente proceso.

El contenido total y fiel de la decisi�n debe ser verificado en la respectiva Secretar�a. SEGURIDAD SOCIAL / PENSIONES / PENSI�N DE SOBREVIVIENTES / BENEFICIARIO / COMPA�ERA PERMANENTE DEPENDENCIA ECON�MICA � Postura de la C. S. de J. frente al requisito de dependencia econ�mica para pensiones de sobrevivientes. � la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia por medio de las sentencias de 20 de mayo de 2008 con radicaci�n�N�32.393, de 22 de agosto de 2012 con radicaci�n�N�45.600 y de 13 de noviembre de 2013 radicaci�n�N�47.031, en lo concerniente a los requisitos exigidos a los compa�eros permanentes en los art�culos 47 y 74 de la ley 100 modificados por el art�culo 13 de la ley 797 de 2003, que el requisito subjetivo de la convivencia al momento del deceso del causante es indispensable para definir el derecho de los beneficiarios.� � En cuanto a los compa�eros permanentes, en trat�ndose de reclamaciones de sobrevivencia ocasionadas por la muerte de un afiliado, la Sala de Casaci�n Laboral en sentencia CSJ SL1730 de 3 de junio de 2020, teniendo en cuenta su nueva conformaci�n, decidi� reevaluar esa postura, concluyendo que, �de la redacci�n del precepto legal, se itera, el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, que modific� el art. 47 de la Ley 100 de 1993, se advierte con suma claridad y contundencia que la exigencia de un tiempo m�nimo de convivencia de 5 a�os all� contenida, se encuentra relacionada �nicamente al caso en que la pensi�n de sobrevivientes se causa por muerte del pensionado; una intelecci�n distinta, comporta la variaci�n de su sentido y alcance, toda vez que, no puede desconocerse tal distinci�n, que fue expresamente prevista por el legislador en la norma acusada�. � TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL� SALA DE DECISI�N LABORAL MAGISTRADO PONENTE: JULIO C�SAR SALAZAR MU�OZ�� PEREIRA,/ DOCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICINCO/ Acta de Sala de discusi�n No 89 de 11 de junio de 2025/ � SENTENCIA ESCRITA� � Se resuelve el recurso de apelaci�n interpuesto por la demandante MARICELA CASAS GRISALES en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 29 de noviembre de 2024, dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia que le promueve al fondo privado de pensiones PROTECCI�N S.A. y al cual fueron vinculados los menores de edad JUAN STEVEN REND�N TABORDA y JULIANA REND�N GUTI�RREZ a trav�s de sus representantes legales, cuya radicaci�n corresponde al N�66001310500320190027901.

ANTECEDENTES Pretende la se�ora Maricela Casas Grisales que la justicia laboral declare que, en su calidad de compa�era permanente, es beneficiaria de la pensi�n de sobrevivientes causada con el deceso del afiliado Gill Anderson Rend�n Amaya y con base en ello aspira que se condene a la AFP Protecci�n S.A. a reconocer y pagar el 50% de la prestaci�n econ�mica a partir del 4 de agosto de 2018, los intereses moratorios del art�culo 141 de la Ley 100 de 1993 o en su defecto la indexaci�n de las sumas reconocidas.

Refiere que: El se�or Gill Anderson Rend�n Amaya falleci� el 4 de agosto de 2018, momento en el que finaliz� una convivencia continua e ininterrumpida con ella que hab�a iniciado el 13 de julio de 2013; su compa�ero permanente cotiz� un total de 250,71 semanas, de las cuales m�s de 50 fueron consignadas dentro de los tres a�os anteriores al fallecimiento; elev� solicitud de reconocimiento de la pensi�n de sobrevivientes, pero el fondo privado de pensiones Protecci�n S.A. en comunicaci�n de 1� de abril de 2019 resolvi� negativamente la petici�n, argumentando que no hab�a logrado acreditar el tiempo de convivencia exigido en la Ley.

La demanda fue admitida en auto de 2 de julio de 2019 -archivo 6 carpeta primera instancia-. El fondo privado de pensiones Protecci�n S.A. respondi� la acci�n -archivo 12 carpeta primera instancia- manifestando que a pesar de que el afiliado fallecido dej� causada la pensi�n de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios, al haber cotizado m�s de 50 semanas dentro de los tres a�os anteriores a su muerte, la verdad es que la se�ora Maricela Casas Grisales no tiene derecho a que se le reconozca la calidad de beneficiaria, ya que ella no convivi� con el se�or Gill Anderson Rend�n Amaya de manera continua e ininterrumpida en los �ltimos cinco a�os anteriores al deceso, como lo exige el art�culo 74 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art�culo 13 de la Ley 797 de 2003.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y formul� las excepciones de m�rito que denomin� �Gen�rica�, �Prescripci�n�, �Compensaci�n�, �Exoneraci�n de condena en costas y de intereses de mora�, �Buena fe�, �Falta de causa para pedir�, �Inexistencia de las obligaciones demandadas�, �Falta de legitimaci�n en la causa por pasiva�, �Falta de personer�a sustantiva por pasiva�, �Inexistencia de la fuente de la obligaci�n� y �Ausencia de cumplimiento de requisitos por parte de la reclamante�.

En auto de 13 de diciembre de 2019 -archivo 13 carpeta primera instancia-, el juzgado de conocimiento orden� la vinculaci�n al proceso de los hijos del causante Juan Steven Rend�n Taborda y Juliana Rend�n Guti�rrez, a trav�s de sus representantes legales, a quienes se les reconoci� el 50% de la pensi�n de sobrevivientes por parte de la AFP Protecci�n S.A. El vinculado Juan Steven Rend�n Taborda, actuando a trav�s de su representante legal y habi�ndosele concedido amparo de pobreza, contest� la acci�n por medio de la profesional del derecho designada por el juzgado -archivo 46 carpeta primera instancia-, oponi�ndose a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que no es cierto que la demandante haya convivido con su progenitor en los �ltimos cinco a�os anteriores a su fallecimiento, ya que en realidad la convivencia entre ellos fue de aproximadamente 12 meses que finalizaron el 4 de agosto de 2018.

Propuso como excepciones de fondo las de �Falta de legitimidad en la causa por activa� e �Inexistencia del derecho�. A rengl�n seguido solicita que, al ser beneficiario de la pensi�n de sobrevivientes generada con la muerte de su pap�, se le ordene a la AFP Protecci�n S.A. que proceda a acrecer el porcentaje de la prestaci�n econ�mica a partir del 4 de agosto de 2018, en la proporci�n que por Ley le corresponda.

En auto de 28 de septiembre de 2023 -archivo 47 carpeta primera instancia-, el juzgado, al verificar que la menor de edad Juliana Rend�n Guti�rrez, vinculada a trav�s de su representante legal, no corrigi� la contestaci�n de la demanda, la tuvo por no contestada y la aplic� la sanci�n de tener esa conducta como un indicio grave en su contra.

En sentencia de 29 de noviembre de 2024, la funcionaria de primera instancia determin� que se encontraba por fuera de todo debate al interior del proceso, que el se�or Gill Anderson Rend�n Amaya, fallecido el 4 de agosto de 2018, dej� causada a favor de sus beneficiarios la pensi�n de sobrevivientes, ya que dentro de los tres a�os anteriores a esa calenda ten�a cotizadas m�s de 50 semanas al sistema general de pensiones; a�adiendo que el fondo privado de pensiones Protecci�n S.A. le reconoci� la prestaci�n econ�mica en un 25% a los dos hijos menores de edad del causante, quienes se encuentran vinculados al proceso a trav�s de sus representantes legales.

Aclarado lo anterior, procedi� a establecer, con base en el an�lisis de las pruebas allegadas al plenario, si la se�ora Maricela Casas Grisales acredita el tiempo m�nimo de convivencia exigido en la Ley, para constituirse como beneficiaria de la prestaci�n econ�mica que reclama; indicando a continuaci�n que, a pesar de que la actora ratific� en el interrogatorio de parte que la convivencia con su compa�ero permanente fallecido inici� el 13 de junio de 2013, extendi�ndose de manera continua e ininterrumpida hasta el 4 de agosto de 2018; la verdad es que sus dichos no fueron corroborados con las dem�s pruebas allegadas al proceso, pues de ellas lo que se logra evidenciar es que, si bien para el momento del deceso del afiliado la pareja se encontraba conviviendo, no es menos cierto que el hito inicial de esa convivencia no se ubica para mediados del a�o 2013, sino desde el a�o 2014, motivo por el que entre ellos no se present� una convivencia continua e ininterrumpida de por lo menos cinco a�os con antelaci�n a la muerte del se�or Rend�n Amaya, motivo por el que en este caso no se cumple con el requisito subjetivo previsto en el art�culo 74 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art�culo 13 de la Ley 797 de 2003.

Conforme con lo expuesto, neg� las pretensiones elevadas por la se�ora Maricela Casas Grisales y le orden� al fondo privado de pensiones Protecci�n S.A., distribuir el restante 50% de la pensi�n de sobrevivientes entre los menores de edad vinculados al proceso, correspondi�ndole continuar cancelando la prestaci�n econ�mica a su favor hasta que expire el derecho de cada uno de ellos.

Finalmente, conden� en costas procesales en un 100% a la actora, en favor de la parte pasiva de la acci�n. Inconforme con la decisi�n, el apoderado judicial de la se�ora Maricela Casas Grisales interpuso recurso de apelaci�n argumentando que en este caso hubo una equivocada valoraci�n de las pruebas arrimadas al proceso, pues contrario a lo sostenido por la a quo, los testimonios escuchados por petici�n de la parte activa de la acci�n dan cuenta de la convivencia entre la demandante y el se�or Gill Anderson Rend�n Amaya desde el mes de junio del a�o 2013 hasta el 4 de agosto de 2018, esto es, de un poco m�s de cinco a�os con antelaci�n al deceso del afiliado, cumpli�ndose de esa manera con el requisito exigido en el art�culo 74 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art�culo 13 de la Ley 797 de 2003.

Ahora, en caso de que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira lo estime conveniente, solicita que, teniendo en cuenta que la funcionaria de primera instancia limit� la prueba testimonial en la audiencia de tr�mite, proceda a realizar la pr�ctica de los dem�s testimonios que fueron decretados por petici�n suya, quienes pueden dar fe de la convivencia entre el causante y la demandante entre las calendas referidas en la demanda.

ALEGATOS DE CONCLUSI�N� � Conforme se dej� plasmado en la constancia emitida por la Secretar�a de la Corporaci�n, �nicamente el fondo privado de pensiones Protecci�n S.A. hizo uso del derecho a remitir los alegatos de conclusi�n en esta sede. En cuanto a su contenido,/ teniendo en cuenta que el art�culo 279 del CGP dispone que/ No se podr� hacer transcripciones o reproducciones de actas, decisiones o conceptos que obren en el expediente.,/ baste decir que los argumentos all� expuestos se circunscriben en solicitar la confirmaci�n integral de la sentencia proferida por la a quo, al considerar que ella se ajusta a derecho.

As� las cosas, atendidas las argumentaciones a esta Sala de Decisi�n le corresponde resolver los siguientes:�� Pronunciamiento previo Como se narr� anteriormente, luego de interponer y sustentar en debida forma el recurso de apelaci�n, el apoderado judicial de la parte actora solicit� que, en caso de ser necesario, procediera esta Corporaci�n a practicar los testimonios de aquellas personas que no fueron escuchadas en el curso de la primera instancia por cuenta de la decisi�n adoptada por la a quo consistente en limitar la prueba testimonial.

Para resolver la petici�n, pertinente es recordar que el art�culo 83 del CPTSS establece que las partes no podr�n solicitar del Tribunal la pr�ctica de pruebas no pedidas ni decretadas en primera instancia y, a continuaci�n, determina que �Cuando en la primera instancia y sin culpa de la parte interesada se hubieren dejado de practicar pruebas que fueron decretadas, podr� el tribunal, a petici�n de parte, ordenar su pr�ctica y la de las dem�s pruebas que considere necesarias para resolver la apelaci�n o la consulta.�.

En este caso, al iniciar la presente la demanda -archivo 2 carpeta primera instancia- el apoderado judicial de la se�ora Maricela Casas Grisales solicit� que fueran escuchados los testimonios de Mar�a Esnidia V�lez Melchor, Luz Esneda Marulanda Cuervo, Luis Alfonso Hern�ndez, Mauricio Alejandro Mar�n Jaramillo, Carolina Cardona Serna y Oscar Humberto Calle Cruz, petici�n probatoria a la que accedi� el Juzgado Tercero Laboral del Circuito en la audiencia de que trata el art�culo 77 del CPTSS, celebrada el 2 de septiembre de 2024.

Ahora, en la audiencia de tr�mite llevada a cabo el 1� de noviembre de 2024, la funcionaria de primera instancia, luego de instalar la diligencia, procedi� a practicar las pruebas decretadas en el curso del proceso, entre ellas los testimonios solicitados por los intervinientes y, en el caso de las pedidas por la parte actora, escuch� los testimonios de Luis Alfonso Hern�ndez y Mar�a Esnidia V�lez Melchor y, posteriormente, haciendo uso de la facultad otorgada por el legislador en el art�culo 53 del CPTSS en la que establece que �En cuanto a la prueba de testigos, el juez limitar� el n�mero de ellos cuando considere que son suficientes los testimonios recibidos o los otros medios de convicci�n que obran en el proceso.�, tom� la decisi�n de limitar la prueba testimonial solicitada por la parte activa de la acci�n, raz�n por la que no escuch� los testimonios de Luz Esneda Marulanda Cuervo, Mauricio Alejandro Mar�n Jaramillo, Carolina Cardona Serna y Oscar Humberto Calle Cruz, decisi�n que notific� inmediatamente en estrados y respecto de la cual el apoderado judicial de la se�ora Maricela Casas Grisales guard� silencio, a pesar de que se encontraba facultado para, en caso de inconformidad, interponer los recursos de reposici�n y en subsidio el de apelaci�n -art�culos 63 y 65 numeral 4-; motivo por el que ese auto interlocutorio adquiri� firmeza; sin que sea procedente practicar esas pruebas en el curso de la segunda instancia, pues como bien puede verse, ellos no se practicaron, no solamente por la decisi�n adoptada por la a quo, sino porque �l estuvo de acuerdo al no recurrir la decisi�n, en otras palabras, �l tuvo culpa en el hecho de que no se practicaran la totalidad de los testimonios que en su momento se decretaron.

En el anterior orden de ideas, al no configurarse las exigencias previstas en el art�culo 83 del CPTSS, no hay lugar a acceder a la solicitud probatoria elevada por la parte actora en la sustentaci�n del recurso de apelaci�n y, en consecuencia, se proceder� con la resoluci�n de la instancia. PROBLEMAS JUR�DICOS�� 1. �Acredit� la se�ora Maricela Casas Grisales el requisito exigido en el art�culo 74 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art�culo 13 de la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensi�n de sobrevivientes que reclama? 2.

Conforme con la respuesta al interrogante anterior: �Se ajusta a derecho la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito? Con el prop�sito de dar soluci�n a los interrogantes en el caso concreto, la Sala considera necesario precisar, el siguiente aspecto:� REQUISITOS QUE DEBEN ACREDITAR LAS COMPA�ERAS PERMANENTES PARA SER BENEFICIARIAS DE LA PENSI�N DE SOBREVIVIENTES DE ORIGEN COM�N EN VIGENCIA DE LA LEY 797 DE 2003.

Es posici�n pacifica de la jurisprudencia considerar que la norma que rige las pensiones de sobrevivientes es la vigente al momento en el que se produce el fallecimiento del causante.� De otro lado, tiene dicho la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia por medio de las sentencias de 20 de mayo de 2008 con radicaci�n�N�32.393, de 22 de agosto de 2012 con radicaci�n�N�45.600 y de 13 de noviembre de 2013 radicaci�n�N�47.031, en lo concerniente a los requisitos exigidos a los compa�eros permanentes en los art�culos 47 y 74 de la ley 100 modificados por el art�culo 13 de la ley 797 de 2003, que el requisito subjetivo de la convivencia al momento del deceso del causante es indispensable para definir el derecho de los beneficiarios.� En cuanto a los compa�eros permanentes, en trat�ndose de reclamaciones de sobrevivencia ocasionadas por la muerte de un afiliado, la Sala de Casaci�n Laboral en sentencia CSJ SL1730 de 3 de junio de 2020, teniendo en cuenta su nueva conformaci�n, decidi� reevaluar esa postura, concluyendo que, �de la redacci�n del precepto legal, se itera, el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, que modific� el art. 47 de la Ley 100 de 1993, se advierte con suma claridad y contundencia que la exigencia de un tiempo m�nimo de convivencia de 5 a�os all� contenida, se encuentra relacionada �nicamente al caso en que la pensi�n de sobrevivientes se causa por muerte del pensionado; una intelecci�n distinta, comporta la variaci�n de su sentido y alcance, toda vez que, no puede desconocerse tal distinci�n, que fue expresamente prevista por el legislador en la norma acusada�.

Manifestando posteriormente que: �para ser considerado beneficiario de la pensi�n de sobrevivientes, en condici�n de c�nyuge o compa�ero o compa�era permanente sup�rstite del afiliado al sistema que fallece, no es exigible ning�n tiempo m�nimo de convivencia, toda vez que con la simple acreditaci�n de la calidad exigida, c�nyuge o compa�ero (a), y la conformaci�n del n�cleo familiar, con vocaci�n de permanencia, vigente para el momento de la muerte, se da cumplimiento al supuesto previsto en el literal de la norma analizado, que da lugar al reconocimiento de las prestaciones derivadas de la contingencia, esto es, la pensi�n de sobrevivientes, o en su caso, la indemnizaci�n sustitutiva de la misma o la devoluci�n de saldos, de acuerdo al r�gimen de que se trate, y el cumplimiento de los requisitos para la causaci�n de una u otra prestaci�n.�.

No obstante, la Sala Plena de la Corte Constitucional por medio de la sentencia SU-149 de 2021, en sede de revisi�n de una acci�n de tutela que se interpuso en contra de la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia con ocasi�n de la decisi�n emitida en la sentencia CSJ SL1730-2020, decidi� revocar la dejar sin efectos dicha providencia y le orden� al m�ximo �rgano de la jurisdicci�n ordinaria laboral que procediera a emitir �una nueva sentencia�en la cual observe el precedente adoptado por la Corte Constitucional, en el sentido de�que, en los t�rminos del art�culo 47, literal a) de la Ley 100 de 1993, modificado por el art�culo 13 de la Ley 797 de 2003, la convivencia m�nima requerida para ostentar la calidad de beneficiario de la pensi�n de sobrevivientes, tanto para el c�nyuge como para el compa�ero o la compa�era permanente, es de cinco (5) a�os, independientemente de si el causante de la prestaci�n es un afiliado o un pensionado.�.

Para tomar esa decisi�n, la Sala Plena de la Corte Constitucional sostuvo: �De lo descrito anteriormente, la Sala Plena advierte que la�Sentencia SU-428 de 2016HYPERLINK "https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2021/SU149-21.htm" \l "_ftn149"[149]�es el precedente de la Corte Constitucional en la materia. Adem�s, la�ratio decidendi�de esta providencia se�ala que, para que la compa�era permanente sup�rstite del afiliado tenga derecho a la pensi�n de sobrevivientes en forma vitalicia, deber� acreditar la convivencia con el causante por lo menos durante cinco a�os antes de su fallecimiento.

Este pronunciamiento es vinculante para la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia pues es anterior a la Sentencia del 3 de junio de 2020. Esta conclusi�n se basa en que la�ratio decidendi�de la�Sentencia SU-428 de 2016HYPERLINK "https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2021/SU149-21.htm" \l "_ftn150"[150]�fija una regla jurisprudencial que es aplicable al caso que deb�a resolver la Corte Suprema de Justicia en sede de casaci�n. Esto por cuanto daba respuesta a la cuesti�n sobre si los beneficiarios del afiliado, en los t�rminos del art�culo 13 de la Ley 797 de 2003, deb�an acreditar los cinco a�os de convivencia con su causante.

Asimismo, ambas providencias resolvieron problemas jur�dicos semejantes y comparten identidad f�ctica por cuanto se tratan de casos en los que compa�eras permanentes solicitan el reconocimiento de la totalidad o de una cuota parte de la pensi�n de sobrevivientes causada por un afiliado al sistema de pensiones.�A partir de esta identidad f�ctica y jur�dica entre los casos expuestos, es claro que la regla de decisi�n fijada por la Corte Constitucional debi� ser considerada por la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia.�.

No obstante, la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL5270-2021 se apart� de la postura adoptada por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la referida sentencia SU-149 de 2021, retomando y ratificando la dicho en la sentencia CSJ SL1730 de 2020 consistente en que �en caso de muerte de afiliado, no fue previsto por el legislador un requisito de tiempo m�nimo de convivencia, para que c�nyuge o compa�ero o compa�era permanente, ostenten la condici�n de beneficiario de la pensi�n de sobrevivientes, puesto que tal requisito, solo fue instituido para el caso de muerte del pensionado.�.

Sin embargo, la referida Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en reciente sentencia CSJ SL3507-2024 rectific� el criterio sentado en la sentencia CSJ SL5270-2021, retomando la postura consistente en que tanto en la muerte del pensionado como en la del afiliado se debe exigir el requisito de convivencia exigido en el art�culo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art�culo 13 de la Ley 797 de 2003, lo cual explic� en los siguientes t�rminos: �Pues bien, un nuevo estudio de la cuesti�n permite a la Sala rectificar dicho criterio, en tanto, al armonizar los literales a) y b) del art�culo 13 de la Ley 797 de 2003 con el canon 46 de la Ley 100 de 1993, es imperativo instruir que el requisito de la convivencia m�nima de 5 a�os anteriores a la muerte es predicable tanto del afiliado como del pensionado, sin importar el escenario que brote de tales preceptos; entre estos, el caso de convivencia simult�nea, surgido en el presente asunto.

Ello, porque bajo la �ptica del criterio esgrimido en la providencia CSJ SL5270-2021, el c�nyuge, compa�era o compa�ero de un afiliado(a) al sistema pensional no debe acreditar la convivencia m�nima de 5 a�os anteriores al momento de su muerte; sin embargo, como el legislador no distingui� la calidad del causante frente al escenario de la convivencia sincr�nica, tal requisito se tiene que demostrar, lo que luce desequilibrado frente a quienes se presentan a reclamar la prestaci�n en esas circunstancias, pues finalmente persiguen el mismo derecho de la seguridad social -la pensi�n de sobrevivientes-, por la misma causa -la muerte de su pareja-.

En la antigua jurisprudencia de la Sala no exist�a asomo de duda de que un elemento estructurador del mencionado derecho pensional era la convivencia efectiva y tal criterio debe prevalecer.� Y posteriormente continu� argumentando: �Por otra parte, un aspecto relevante de la disposici�n legal en comento, objeto de la exposici�n de motivos de esa normativa, es que la exigencia del m�nimo de 5 a�os de convivencia fue pensada para evitar fraudes al sistema pensional, objetivo del legislador que no s�lo fue destinado para el caso de los pensionados, dado que no escapa de la �rbita de quien ostenta la calidad de afiliado(a), con quien eventualmente se pueden formar uniones de �ltima hora, pues le basta contar con 50 semanas cotizadas dentro los 3 a�os anteriores para causar la prestaci�n de sobrevivientes.

Un an�lisis diferente conducir�a a pensar que la posibilidad de fraude s�lo se pregona bajo la arista del pensionado(a), pero, antes bien, existe la misma probabilidad que acaezca en el caso del afiliado(a). Por consiguiente, el principio de igualdad es predicable de los beneficiarios llamados a acreditar los requisitos legales para acceder a la pensi�n de sobrevivientes, entre estos, el m�nimo de 5 a�os de convivencia establecido por el legislador dentro del �mbito de su autonom�a, no en raz�n de la condici�n de afiliado o pensionado que conservaba el causante al momento del fallecimiento.� En el anterior orden de ideas, conforme con las posturas vigentes tanto de la Corte Constitucional como de la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, los compa�eros permanentes y c�nyuges de los pensionados y afiliados fallecidos deben acreditar el requisito de convivencia previsto en los art�culos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993 modificados por el art�culo 13 de la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensi�n de sobrevivientes.

CASO CONCRETO. No se encuentra en discusi�n en el proceso, por as� haberlo aceptado el fondo privado de pensiones Protecci�n S.A. al contestar la demanda -archivo 12 carpeta primera instancia-, que el afiliado Gill Anderson Rend�n Amaya, fallecido el 4 de agosto de 2018 como se constata en su registro civil de defunci�n -p�g.44 archivo 3 carpeta primera instancia-, dej� causada la pensi�n de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios al haber cotizado en los �ltimos tres a�os anteriores a su deceso m�s de 50 semanas al sistema general de pensiones, habi�ndosele reconocido a sus hijos menores de edad Juan Steven Rend�n Taborda y Juliana Rend�n Guti�rrez -vinculados al proceso-, la prestaci�n econ�mica en un 25% a favor de cada uno de ellos.

Con el objeto de que se le reconociera el 50% de la pensi�n de sobrevivientes, la se�ora Maricela Casas Grisales, aduciendo la calidad de compa�era permanente del causante, elev� solicitud de reconocimiento de la pensi�n de sobrevivientes ante la AFP Protecci�n S.A. el 10 de octubre de 2018, la cual fue resuelta negativamente en comunicaci�n de 1� de abril de 2019 -p�g.43 archivo 12 carpeta primera instancia-, argument�ndose que ella �no acredita el tiempo de convivencia exigido al momento del fallecimiento del afiliado, tal y como lo establece el art�culo 74 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art�culo 13 de la Ley 797 de 2003.�.

Ahora, al verificar los documentos allegados por el fondo privado de pensiones Protecci�n S.A., concretamente el formato denominado como �Informaci�n de los solicitantes � Compa�era Permanente � Hijos� -p�g.55 archivo 12 carpeta primera instancia-, se consigna all� que la se�ora Casas Grisales informa a la administradora pensional, que ella, en calidad de compa�era permanente, convivi� con el se�or Gill Anderson Rend�n Amaya de manera continua e ininterrumpida desde el 13 de julio de 2013 hasta el 4 de agosto de 2018 cuando se produjo su deceso, refiriendo como personas que pod�an dar fe de esa situaci�n al se�or Luis Alfonso Hern�ndez y la se�ora Esneda Marulanda; sin embargo, al revisar la totalidad de los documentos que fueron remitidos por la AFP Protecci�n S.A., no se evidencia que la entidad demandada haya realizado tareas de campo o entrevistas telef�nicas que corroboraran o desacreditaran esas afirmaciones, siendo del caso referir que la �nica informaci�n que se desprende de la documental arrimada por el fondo privado de pensiones accionado, corresponde a la entregada por la progenitora del causante, Alba Gregorina Amaya Torres -fallecida el 4 de septiembre de 2021 seg�n su registro civil de defunci�n incorporado en el archivo 26 de la carpeta de primera instancia-, quien al solicitar la prestaci�n econ�mica como madre dependiente econ�micamente de su hijo, inform� a la administradora pensional que para el momento del deceso el afiliado conviv�a con su compa�era permanente Maricela Casas Grisales -p�g.54 archivo 12 carpeta primera instancia-, sin expresar nada m�s al respecto.

Con la finalidad de determinar si la accionante efectivamente se constituy� como beneficiaria del se�or Gill Anderson Rend�n Amaya, la AFP Protecci�n S.A. y la profesional del derecho que defiende los intereses del menor Juan Steven Rend�n Taborda, pidieron que se escuchara el interrogatorio de parte de la actora, adem�s de los testimonios de las se�oritas Mar�a Camila y Paula Andrea Henao Amaya; mientras que por petici�n de la parte activa de la acci�n se escucharon los testimonios de Luis Alfonso Hern�ndez y Mar�a Esnidia V�lez Melchor.

En el interrogatorio de parte, Maricela Casas Grisales inform� que ella conoci� a Gill Anderson Rend�n Amaya en los primeros meses del a�o 2012, debido a que ella se encontraba validando el bachillerato y necesitaba una persona que le explicara algunos temas que no entend�a, motivo por el que un amigo le present� al causante, quien le ayud� con esas actividades, lo que gener� que iniciaran una buena amistad, sin embargo, refiri� que finalizando el mes de enero del a�o 2013 empezaron su relaci�n de noviazgo, pero que muy poco tiempo despu�s, concretamente el s�bado 13 de julio de 2013, tomaron la decisi�n de iniciar su convivencia, explicando que la misma se asent� en la casa en la que Gill Anderson viv�a con su mam� y con las dos hermanas menores de edad para esa �poca, Mar�a Camila y Paula Andrea, en el barrio el Jap�n de Dosquebradas, indicando que durante la �poca que convivieron con ellos, que fueron aproximadamente dos a�os, Gill Anderson y ella colaboraban con los gastos del hogar; posteriormente, decidieron irse a vivir solos en una casa en el mismo barrio, en la que estuvieron un tiempo, para despu�s pasarse a otra casa ubicada en un barrio contiguo al Jap�n que se llama la Aurora Alta y, finalmente se pasaron nuevamente a una casa en el barrio el Jap�n. Continu� su relato indicando que su compa�ero permanente tuvo varios problemas de salud, que hac�an que tuviera que estar visitando constantemente al m�dico, situaci�n que se fue agravando cada vez m�s, hasta que, luego de varias hospitalizaciones, falleci� el 4 de agosto de 2018, acotando que en esa etapa ella y su suegra fueron quienes estuvieron pendientes de los cuidados de su compa�ero permanente.

Por su parte, las se�oritas Mar�a Camila y Paula Andrea Henao Amaya, hermanas del afiliado fallecido, afirmaron que Gill Anderson y la se�ora Maricela Casas Grisales efectivamente eran compa�eros permanentes para el momento en el que se produce el deceso de su hermano el 4 de agosto de 2018, sin embargo, sostienen, la primera de ellas, que lo fueron desde finales del a�o 2017 refiriendo una convivencia de 10 a 11 meses, mientras que la segunda asegura que fue solo en los primeros meses del a�o 2018 que su hermano se fue a vivir con la demandante, se�alando una convivencia que no alcanz� 8 meses; al cuestion�rseles sobre el lugar donde asentaron esa convivencia, ambas aseveraron que la actora nunca vivi� bajo el mismo techo con ellas y su progenitora fallecida, respondiendo Mar�a Camila que la pareja solo hab�a vivido en una sola casa ubicada en el barrio el Jap�n de Dosquebradas, sin embargo, su hermana Mar�a Paula no coincidi� con esa respuesta, advirtiendo que durante el periodo en el que Gill Anderson y Maricela convivieron -a�o 2018-, hab�an vivido en tres casas diferentes, primero en el barrio el Jap�n de Dosquebradas, luego en un barrio cercano que se llama la Aurora Alta y posteriormente, de nuevo, en el barrio el Jap�n y, cuando se le indaga sobre la respuesta otorgada por Mar�a Camila, simplemente adujo que su hermana era muy peque�a en esa �poca y seguramente no recordaba bien lo acontecido.

El se�or Luis Alfonso Hern�ndez informa que aproximadamente en el a�o 2012 conoci� al se�or Gill Anderson Rend�n Amaya por cuenta de unos negocios que ten�an los dos, concretamente porque �l le prestaba plata al causante y cuando conven�an, �l iba a cobrarle a la casa; explic� que bajo esa din�mica, empezaron a sostener una buena amistad, motivo por el que a finales del a�o 2012 o principios del 2013 Gill Anderson le present� a Maricela como su novia; a continuaci�n, respondi� que posteriormente, ese mismo a�o, se dio cuenta que la pareja ya se encontraba conviviendo, concretamente desde mitad de a�o (julio de 2013), situaci�n de la que puede dar fe porque �l deb�a pasar a la casa donde viv�a el causante a recoger parte del dinero que le prestaba, y fue all� cuando percibi� que la pareja ya estaba conviviendo bajo el mismo techo, junto con la progenitora del causante y dos se�oritas m�s, que no sabe quienes eran; explic� que un par de a�os despu�s, el causante y la demandante se fueron a vivir solos, a�adiendo que se trasladaron de residencia en un par de oportunidades m�s, pero viviendo pr�cticamente en el mismo sector, esto es, el barrio el Jap�n de Dosquebradas, casas a las que �l sigui� yendo, no solamente a recoger el dinero que le adeudaba el causante por cuenta de sus pr�stamos, sino tambi�n como amigo de la pareja; indica que desde el a�o 2014, Gill Anderson tuvo muchos problemas de salud, motivo por el que constantemente estaba incapacitado, siendo Maricela y la mam� del causante quienes estaban pendientes de sus cuidados, ya que en un par de oportunidades pas� a visitarlo al hospital y se encontr� con ellas, hasta que luego de agravarse su condici�n de salud, falleci� el 4 de agosto de 2018; finalmente respondi� que si bien Gill Anderson qued� adeud�ndole alg�n dinero, Maricela se lo termin� de pagar luego de la muerte de su compa�ero permanente.

La se�ora Mar�a Esnidia V�lez Merch�n inform� que conoci� hace muchos a�os al afiliado fallecido, ya que ella vive en el mismo sector en el que �l vivi� durante muchos a�os, esto es, en el barrio el Jap�n de Dosquebradas; explic� que en principio ella no sab�a c�mo se llamaba Gill Anderson y se refer�a a �l como �el mono�; respondi� que m�s o menos en el a�o 2012, vio que el causante y la demandante compart�an mucho tiempo juntos, pero no sab�a cu�l era la relaci�n que sosten�an, hasta que entre los a�os 2013 y 2014 se dio cuenta que ya estaban viviendo juntos en la casa donde �l viv�a con su mam� y hermanas, respondiendo que no podr�a se�alar con exactitud el momento en el que la pareja tom� esa decisi�n, acotando que en todo caso, ella se dio cuenta porque la casa en la que ella viv�a y ten�a su almac�n, se encontraba a una cuadra de la de ellos, agregando que como la pareja iba a comprar varios art�culos a su negocio, all� les pregunt� si ya estaban conviviendo y ellos le respondieron que s�; dijo que pasado un tiempo, Gill Anderson y Maricela decidieron irse a vivir a parte, conviviendo en varias casas relativamente cerca a la de la mam� del causante; explic� que el afiliado fallecido tuvo muchos problemas de salud, en los que siempre estuvo a su lado la demandante, refiriendo que su condici�n de salud fue mermando con el paso del tiempo, lo que deriv�, no solamente en m�ltiples hospitalizaciones, sino finalmente en su deceso en el a�o 2018.

Al valorar las pruebas relacionadas anteriormente, evidente es que el grupo de testigos escuchados por petici�n del vinculado Juan Steven Rend�n Taborda, esto es, sus t�as Mar�a Camila y Paula Andrea Henao Amaya, aseguraron que el causante Gill Anderson Rend�n Amaya y la se�ora Maricela Casas Grisales efectivamente ten�an la condici�n de compa�eros permanentes para el momento en el que se produjo el fallecimiento de su hermano, pero indicando que no lo fueron dentro de los cinco a�os anteriores a la ocurrencia de ese evento, sin embargo, las versiones de ambas no fueron coincidentes en otros aspectos relativos a esa convivencia, pues mientras una refiri� que la convivencia hab�a iniciado a finales del a�o 2017, la otra dijo que hab�a sido a comienzos del a�o 2018 y, adicionalmente, mientras la se�orita Mar�a Camila dijo que la pareja hab�a radicado su convivencia en una sola casa en el barrio el Jap�n de Dosquebradas, la se�orita Paula Andrea sostuvo que ellos, durante el supuesto lapso corto de convivencia en el a�o 2018, la hab�an asentado en tres casas diferentes -situaci�n esta �ltima que coincide m�s con parte de lo expresado por la demandante y los dos testigos escuchados por petici�n suya-; avizor�ndose realmente en los dichos de las declarantes unas incongruencias que impiden otorgarles el valor probatorio pretendido por quien solicit� que fueran escuchados.

Ahora, respecto a lo expuesto por los testigos o�dos por petici�n de la parte actora, esto es, las narraciones hechas por el se�or Luis Alfonso Hern�ndez y la se�ora Mar�a Esnidia V�lez Melchor, considera la Sala que sus dichos fueron espont�neos, claros, coherentes y di�fanos, respecto a los hechos que les constaban frente a la convivencia que tuvieron la demandante y el causante, raz�n por la que resulta dable otorgarle el alcance probatorio pretendido por la parte activa de la acci�n, siendo del caso referir que si bien de los dichos de la se�ora V�lez Melchor no resulta posible ubicar el inicio de la convivencia a partir del mes de julio del a�o 2013 como se sostiene en la demanda, pues ella dijo no tener clara la �poca exacta en la que la pareja empez� a convivir en la casa de la progenitora del causante, motivo por el que asegur� que pudo haberse dado entre los a�os 2013 a 2014, lo cierto es que el se�or Luis Alfonso Hern�ndez si ubic� con claridad el inicio de la convivencia entre la pareja desde mitad del a�o 2013, esto es, a partir del mes de julio de esa anualidad, lo cual coincide con las afirmaciones hechas por la actora ante la AFP Protecci�n S.A. y en la demanda, dando cuenta el testigo del porqu� ten�a claridad respecto a esa situaci�n, ya que dijo que por cuenta de los pr�stamos de dinero que le hac�a al causante, constantemente arrimaba a su casa a recoger parte del dinero que le adeudaba, verificando que a partir de esa �poca, la pareja ya estaban viviendo juntos en la casa en la que Gill Anderson viv�a con su madre y con dos se�oritas que no sab�a qui�nes eran, dando raz�n sobre la ciencia de sus dichos; coincidiendo los testigos que esa convivencia fue continua e ininterrumpida hasta que se produjo el deceso del afiliado, adem�s de informar sobre el cambio de casas que la pareja tuvo.

En el anterior orden de ideas, al quedar demostrado que la demandante y el causante convivieron por lo menos desde el 31 de julio de 2013 hasta el 4 de agosto de 2018, no queda duda que la se�ora Maricela Casas Grisales, acredit� el requisito de convivencia exigido en el art�culo 74 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art�culo 13 de la Ley 797 de 2003, constituy�ndose de esa manera en beneficiaria del 50% de la pensi�n de sobrevivientes que se gener� con ocasi�n del deceso de su compa�ero permanente, la cual equivale al SMLMV y con derecho a 13 mesadas anuales, siendo del caso referir que de acuerdo con la informaci�n contenida en el registro civil de nacimiento de la se�ora Maricela Casas Grisales -p�g.42 archivo 3 carpeta primera instancia-, ella naci� el 1� de febrero de 1991, por lo que para el 4 de agosto de 2018 cuando se produjo el deceso del afiliado, ella ten�a cumplidos 27 a�os; motivo por el que, aplicando lo previsto en el literal b) de la norma en comento, al tener menos de 30 a�os de edad la demandante para ese momento y al no haber procreado hijos con el causante, la actora tiene derecho a que se le reconozca la prestaci�n econ�mica de manera temporal, la cual se extender� mientras ella se encuentre viva y como m�ximo hasta el 4 de agosto de 2038.

A continuaci�n, se proceder� a liquidar el retroactivo pensional que se ha causado a favor de la se�ora Maricela Casas Grisales entre el 4 de agosto de 2018 y el 31 de mayo de 2025, mesadas que no se han visto afectadas por la prescripci�n, ya que la presente acci�n se inici� el 27 de junio de 2019, como se ve en el acta individual de reparto -archivo 4 carpeta primera instancia-, habi�ndose notificado la AFP Protecci�n S.A. por conducta concluyente dentro del a�o siguiente a la notificaci�n del auto admisorio de la demanda -archivo 11 carpeta primera instancia. A�oValor 50% mesadasN� mesadasTotal2018$390.6215,9$2.304.6642019$414.05813$5.328.7542020$438.901,5013$5.705.7192021$454.26313$5.905.4192022$500.00013$6.500.0002023$580.00013$7.540.0002024$650.00013$8.450.0002025$711.7505$3.558.750TOTAL$45.293.306 Como se aprecia en el cuadro anterior, tiene derecho la se�ora demandante a que se le reconozca por concepto de retroactivo pensional generado entre las calendas definidas anteriormente, la suma de $45.293.306, sin perjuicio de las que se sigan generando a futuro.

Se autoriza a la AFP Protecci�n S.A. a descontar del retroactivo pensional el porcentaje correspondientes a los aportes al sistema general de salud. As� mismo, se condenar� a la entidad accionada a reconocer y pagar los intereses moratorios del art�culo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 10 de diciembre de 2018 y hasta que se produzca el pago total de la obligaci�n, dado que en el proceso no se demostr� que la omisi�n en el reconocimiento y pago de la pensi�n de sobrevivientes dentro de los dos meses siguientes a la reclamaci�n se haya edificado en la aplicaci�n estricta de la Ley, pues precisamente, como se ve en comunicaci�n de 1� de abril de 2019 -p�g.60 archivo 3 carpeta primera instancia- el fondo privado de pensiones Protecci�n S.A. decide rechazar la solicitud de reconocimiento pensional elevada por la se�ora Maricela Casas Grisales manifest�ndole que no es posible acceder al reconocimiento de la prestaci�n econ�mica �por cuanto usted no acredita el tiempo de convivencia exigido al momento del fallecimiento del afiliado, tal y como lo establece el art�culo 74 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art�culo 13 de la Ley 797 de 2003.�.

Costas en ambas instancias en un 100% a cargo de la AFP Protecci�n S.A., en favor de la parte actora. En m�rito de lo expuesto, la/ Sala de Decisi�n Laboral del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,/ / � / / � RESUELVE/ PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito.

SEGUNDO. DECLARAR que la se�ora MARICELA CASAS GRISALES tiene derecho a que el fondo privado de pensiones PROTECCI�N S.A. le reconozca de manera temporal la pensi�n de sobrevivientes causada con el deceso de su compa�ero permanente, a partir del 4 de agosto de 2018 en un porcentaje equivalente al 50% sobre el salario m�nimo legal mensual vigente y por 13 mesadas anuales, benefici�ndose de ella mientras est� viva y como m�ximo hasta el 4 de agosto de 2038.

TERCERO. CONDENAR al fondo privado de pensiones PROTECCI�N S.A. a reconocer y pagar a favor de la se�ora MARICELA CASAS GRISALES por concepto de retroactivo pensional causado entre el 4 de agosto de 2018 y el 31 de mayo de 2025, la suma de $45.293.306, sin perjuicio de las que se sigan generando a futuro. Se autoriza a la administradora pensional a descontar del retroactivo pensional el porcentaje correspondientes a los aportes al sistema general de salud.

CUARTO. CONDENAR �� 5 I J K a c { | � � � ��X�̷̷̷��̷̷�pWAW+h?&6�CJOJQJ]�^JaJmHnHu1h?&h?&6�CJOJQJ]�^JaJmHnHu.h{ �h�D]6�CJOJQJ^JaJmHnHu2h{ �h�D]5�CJOJQJ^JaJmHnHtH $u(h?&5�CJOJQJ^JaJmHnHu(h�D]5�CJOJQJ^JaJmHnHu.h{ �h�D]5�CJOJQJ^JaJmHnHu5h{ �h�D]@��B*CJOJQJ^JaJnHph�tH��J K � ��YZ\��pp#$dh��9D[$\$a$gdL�$d��a$gd?&$�d��`�a$gd?&$�d��`�a$gd�D]$d��a$gd�D]?$ ��!��d��$d%d&d'd-DM� ��N��O��P��Q��]��a$gd�D] XYZ[\��Z^��˻��{lYlJ={��ho*h�G�OJQJ^Jh&?&h�G�0J%OJQJ^J$h&?&h�G�0J$CJOJQJ^JaJh&?&h�G�0J$OJQJ^J"h&?&h�G�0J$5�OJQJ\�^Jh�G�hL�OJQJ^Jh&?&hL�0J%OJQJ^J"h&?&hL�0J$5�OJQJ\�^Jh�G�hL�5�OJQJ\�^J"h&?&hL�0J%5�OJQJ\�^Jh?&0J%5�OJQJ\�^J&h�D]CJOJPJQJ^JaJnH $tH $\��^�� $dh�a$gdL�$d��a$gdL�$dh�a$gdL�$dh�*$a$gdL�#$dh��9D[$\$a$gdL�#$dh��9D[$\$a$gd�G�#$dh��9D[$\$a$gdL�� !HIJvwy{}��]w��๦��n\nKnKn h�G�h��CJOJQJ^JaJ#h�G�hL�5�CJOJQJ^JaJ h�G�hL�CJOJQJ^JaJ$h�G�hgz�0J$CJOJQJ^JaJ'h�G�hgz�0J$5�CJOJQJ^JaJ$h�G�h'610J$CJOJQJ^JaJ$h�G�h��0J$CJOJQJ^JaJ'h�G�hL�0J$5�CJOJQJ^JaJ$h�G�hL�0J$CJOJQJ^JaJh�G�hL�OJQJ^J��+/IJT2 �v��l� � � � 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ðٰ��Աױرٱ��@�@�@ AA�һ��v�\�\Z�C,\,h�G�h�MCJOJPJQJ^JaJnH $tH $,h�G�hm.TCJOJPJQJ^JaJnH $tH $U2h�G�hJHs5�CJOJPJQJ\�^JaJnH $tH $,h�G�h�_�CJOJPJQJ^JaJnH $tH $,h�G�hJHsCJOJPJQJ^JaJnH $tH $,h�G�h:�CJOJPJQJ^JaJnH $tH $,h�G�h�1�CJOJPJQJ^JaJnH $tH $,h�G�h�CJOJPJQJ^JaJnH $tH $,h�G�h�=�CJOJPJQJ^JaJnH $tH $al fondo privado de pensiones PROTECCI�N S.A. a reconocer y pagar a favor de la se�ora MARICELA CASAS GRISALES los intereses moratorios del art�culo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 10 de diciembre de 2018 y hasta que se verifique el pago total de la obligaci�n.

QUINTO. CONDENAR en costas procesales en un 100% en ambas instancias a la AFP PROTECCI�N S.A., en favor de la parte actora. Notif�quese por estado y a los correos electr�nicos de los apoderados de las partes Quienes integran la Sala,/ � JULIO C�SAR SALAZAR MU�OZ Magistrado Ponente ANA LUC�A CAICEDO CALDER�N Magistrada GERM�N DAR�O G�EZ VINASCO Magistrado�� Sin constancias ni firmas secretariales conforme art�culo 9 de la Ley 2213 de 2022 AAA A?ASAYAlA|A�A�A�A�AB<B�̲��qXB)0h�G�hL�@��CJOJPJQJ^JaJnH tH *h]�@��CJOJPJQJ^JaJnH tH 0h�G�h]�@��CJOJPJQJ^JaJnH tH $h��h]�CJOJPJQJ^JaJ,h�G�h�MCJOJPJQJ^JaJnH $tH $,h�G�hL�CJOJPJQJ^JaJnH $tH $2h�G�hL�5�CJOJPJQJ\�^JaJnH $tH $2h�G�h�M5�CJOJPJQJ\�^JaJnH $tH $2h�G�h�_�5�CJOJPJQJ\�^JaJnH $tH $�A�A�A�A�A8B:B<BpB�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B��d��*$gdL�$d��*$a$gd�zK$d��*$a$gdL�$d��*$a$gdL�$d��*$a$gd��3o$dh�*$a$gdL�$dh�9Da$gdL�<BpB�B�B�B�B�B�B�B�B�ã�jL��22hL�@��CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH;h�G�h]�5�@��CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 5hL�5�@��CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH;h�G�hL�5�@��CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH >h�G�hL�5�@��CJOJPJQJ\�^JaJmH nH sH tH 8h�G�hL�@��CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH >h�G�hL�5�@��CJOJPJQJ\�^JaJmH nH sH tH �B�B�B(CDCFCHC�C�C�C�C�C�C�CDPPPPP[P\P]P��-$a$gd�G� d��gd�G� $dha$gd]�gdL�$d��*$a$gd��r$d��*$a$gdL��B�B�B(C<C@CBCDCHC�C�C�C�ɩ�s^�M:)M h��h]�CJOJQJ^JaJ$h��h]�CJOJPJQJ^JaJ h�G�hL�CJOJQJ^JaJ(h&?&hL�0J%CJOJPJQJ^JaJ0h&?&hL�0J$CJOJPJQJ^JaJmH sH 8h�G�hL�@��CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH >h�G�hL�5�@��CJOJPJQJ\�^JaJmH nH sH tH 8h�G�h]�@��CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 2h]�@��CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH �C�C�C�C�CDPPPPPP[P]P^P��(h�G�h�G�CJOJQJ^JaJmH sH Uhs3�jhs3�U h�G�h�}CJOJQJ^JaJ Marcela Casas Grisales vs AFP Protecci�n S.A. y otros.

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