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El contenido total y fiel de la decisi�n debe ser verificado en la respectiva Secretar�a. LABORAL INDIVIDUAL / CONTRATO DE TRABAJO / CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO / SOLEMNIDAD CONTRATO A T�RMINO FIJO � Solemnidad. � Establece el art�culo 37 del CST que el contrato de trabajo puede ser verbal o escrito, a�adi�ndose que para su validez no requiere forma especial alguna, salvo disposici�n expresa en contrario; contempl�ndose posteriormente en el art�culo 46 ib�dem que �El contrato de trabajo a t�rmino fijo debe constar siempre por escrito y su duraci�n no puede ser superior a tres a�os, pero es renovable indefinidamente�.
(Negrillas y subrayas por fuera de texto) En atenci�n a lo previsto en las normas en comento, la Sala Permanente de la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL2804-2020 reiter� la postura adoptada por esa Corporaci�n consistente en que el contrato de trabajo a t�rmino fijo se constituye a trav�s de un acto solemne, ya que para su validez se requiere que las partes lo hayan pactado de manera escrita, siendo ese el �nico medio probatorio de su existencia, acotando que su inobservancia no comprende la inexistencia de la relaci�n laboral como tal, sino que se tratare de un contrato de trabajo a t�rmino fijo, debi�ndose entonces entender que lo que se celebr� fue un contrato de trabajo a t�rmino indefinido� / / / / / � TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL/ / / / � SALA DE DECISI�N LABORAL/ / / � MAGISTRADO PONENTE: JULIO C�SAR SALAZAR MU�OZ/ / / / / � PEREIRA,/ CINCO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICINCO Acta de Sala de Discusi�n No 086 de 3 de junio de 2025 / / / / � SENTENCIA ESCRITA/ / / / � / / / / � Se/ resuelve el recurso de apelaci�n interpuesto por la sociedad DAR�O GIL Y CIA S.A.S. EN REORGANIZACI�N en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito el 18 de octubre de 2024, dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia que le promueve el se�or JAIME PEMBERTY MAR�N, cuya radicaci�n corresponde al N�66001310500520210007101.
ANTECEDENTES / / / � / / / � Pretende/ el se�or Jaime Pemberty Mar�n que la justicia laboral declare que entre �l y la sociedad Dar�o Gil y CIA S.A.S. existi� un contrato de trabajo entre el mes de enero de 1988 y el 3 de mayo de 2020 y con base en ello aspira que se le reconozca y pague una serie de emolumentos derivados de la relaci�n laboral, la indemnizaci�n por despido sin justa causa, las sanciones moratorias de los art�culos 65 del CST, 99 de la Ley 50 de 1990 y 1� de la Ley 52 de 1975, as� como la indexaci�n de las sumas reconocidas, lo que resulte probado extra y ultra petita, adem�s de las costas procesales.
Refiere que: En el mes de enero de 1988 fue contratado por la sociedad Dar�o Gil y CIA S.A.S. para prestar sus servicios como operario; el 13 de enero de 2015 suscribi� con esa entidad contrato individual de trabajo a t�rmino fijo por un a�o, devengando a partir del 1� de febrero de 2015 la suma de $868.000 mensuales, el cual aumento en la primera quincena del mes de abril de 2016 a la suma de $900.000 mensuales; por medio de auto 400-000852 de 23 de enero de 2017 la Superintendencia de Sociedades admiti� tr�mite de proceso de reorganizaci�n de la sociedad demandada, lo cual no afect� la relaci�n laboral que ven�a sosteniendo con la entidad empleadora, hasta que el 1� de marzo de 2018 se le orden� el disfrute de vacaciones, pero, al terminar el periodo de descanso, la sociedad demandada no le permiti� el ingreso a las instalaciones de la empresa para prestar sus servicios, argumentando que la empresa estaba en liquidaci�n, sin embargo, el contrato de trabajo continu� vigente; el 23 de enero de 2020 en la confirmaci�n del acuerdo de reorganizaci�n empresarial, se incluy� como pasivo a su favor la suma de $2.097.173, fij�ndose como plazo para su pago entre el 13 de marzo de 2021 y el 15 de junio de 2021; el 3 de mayo de 2020 la entidad accionada ejecut� pago por consignaci�n a su favor por valor de $1.059.279, documento en el que se fij� como fecha de terminaci�n del contrato de trabajo el 31 de marzo de 2018, pero, realmente la terminaci�n de la relaci�n laboral debe fijarse para el 3 de mayo de 2020.
La demanda fue admitida el 16 de febrero 2022 -archivo 13 carpeta primera instancia-. La sociedad Dar�o Gil y CIA S.A.S. En Reorganizaci�n respondi� la acci�n -archivo 26 carpeta primera instancia- oponi�ndose a las pretensiones elevadas por la parte actora, argumentando que si bien entre esa entidad y el se�or Jaime Pemberty Mar�n existi� una relaci�n laboral, lo cierto es que no lo fue por medio de un solo contrato de trabajo, sino de varios contratos de trabajo a t�rmino fijo, agregando que el �ltimo de ellos finaliz� el 31 de marzo de 2018, habi�ndosele cancelado la totalidad de los emolumentos derivados de ellas, a pesar de que la liquidaci�n final del contrato solo pudo ser cancelada luego de que fuera autorizado el pago por parte de la Superintendencia de Sociedades dentro del acuerdo del proceso de reorganizaci�n empresarial.
Formul� como excepciones de m�rito las que denomin� �Inexistencia de los elementos esenciales de un contrato de trabajo con posterioridad al mes de abril de 2018�, �Cobro de lo no debido�, �Mala fe y temeridad de la parte actora�, �Buena fe por parte de la demandada�, �Enriquecimiento sin justa causa�, �Gen�rica� y �Prescripci�n�. En sentencia de 18 de octubre de 2024, la funcionaria de primera instancia, luego de valorar las pruebas allegadas en el proceso, determin� que el se�or Jaime Pemberty Mar�n y la sociedad Dar�o Gil y CIA S.A.S. sostuvieron una relaci�n laboral que se inici� el 31 de enero de 1988 y finaliz� el 28 de febrero de 2018, y no el 3 de mayo de 2020 como lo refer�a la parte actora en el libelo introductorio, ya que el propio demandante acept� en el interrogatorio de parte que la entidad accionada en una reuni�n que se present� el 28 de febrero de 2018, les comunic� a varios trabajadores, incluido �l, que a partir de ese momento, dada la situaci�n econ�mica y el proceso de reorganizaci�n empresarial en el que se encontraba la sociedad, no pod�an prolongar m�s su relaci�n laboral, quedando demostrado de esa manera que ese v�nculo laboral concluy� el 28 de febrero de 2018.
A continuaci�n, abord� el tema de la modalidad contractual, manifestando que en el curso del proceso qued� demostrado que el se�or Jaime Pemberty Mar�n prest� sus servicios a favor de la sociedad Dar�o Gil y CIA S.A.S. desde el 31 de enero de 1988 hasta el 28 de febrero de 2018, sin que se presentaran interrupciones superiores a 30 d�as que afectaran la unidad contractual, a�adiendo que como no existe documento que da cuenta de la forma en la que se pact� la relaci�n laboral desde el 31 de enero de 1988, se entiende que lo fue a trav�s de un contrato de trabajo a t�rmino indefinido, que no pod�a ser modificado en el a�o 2015 a uno a t�rmino definido, ya que ello afectar�a los derechos del trabajador, raz�n por la que declar� la existencia de un contrato de trabajo a t�rmino indefinido entre las partes, el cual se extendi� entre las calendas relacionadas anteriormente.
Seguidamente, determin� que, con el pago realizado por la sociedad empleadora al demandante en el a�o 2021, dentro del proceso de reorganizaci�n empresarial adelantado ante la Superintendencia de Sociedades, qued� demostrado que al demandante no se le adeudan salarios, prestaciones sociales ni vacaciones, motivo por el que absolvi� a la entidad empleadora de esas pretensiones dirigidas en su contra.
Respecto a la sanci�n por la falta de pago de los intereses a las cesant�as del a�o 2018, sostuvo que como esa prestaci�n econ�mica no fue pagada debidamente al finalizar el contrato de trabajo el 28 de febrero de 2018, ten�a derecho el demandante a que se le cancelara a t�tulo de sanci�n una suma igual a la que en su momento se adeudaba, en este caso, la suma de $4.985.
No accedi� a las sanciones moratorias de los art�culos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990, ante la tardanza en el pago de las prestaciones sociales y la falta de consignaci�n de las cesant�as de los a�os 2016 y 2017, al encontrar que la omisi�n en el cumplimiento en tiempo de esas obligaciones se produjo debido al proceso de reorganizaci�n empresarial en el que fue aceptado por la Superintendencia de Sociedades, ya que a partir de ese momento la empresa tuvo que manejar los dineros para su administraci�n buscando el debido equilibrio financiero, es decir, la ausencia de pago de las acreencias laborales a favor del trabajador no se produjeron por un actuar tendiente a defraudar al demandante o menoscabar sus derechos m�nimos, sino que por el contrario cumpli� con todos los acuerdos a los que se oblig� dentro del referenciado proceso de reorganizaci�n empresarial.
De otro lado, al haberse demostrado en el proceso que la entidad demandada fue quien decidi� dar por terminado el proceso el 28 de febrero de 2018, sin que se acreditara que la decisi�n se hab�a fundado en una de las justas causas previstas en la Ley, concluy� que se trataba de la finalizaci�n del contrato de trabajo sin justa causa, por lo que, aplicando lo previsto en el art�culo 64 del CST, determin� que el demandante ten�a derecho a que se le reconociera por concepto de indemnizaci�n la suma de $18.345.000.
Resueltos esos temas, procedi� a analizar el de la prescripci�n, propuesto como excepci�n de m�rito por parte de la entidad accionada, se�alando que si bien la notificaci�n del auto admisorio de la demanda a la sociedad Dar�o Gil y CIA S.A.S. no se hab�a realizado dentro del a�o siguiente como lo establece el art�culo 94 del CGP, lo cierto es que ello no oper� por culpa del demandante, quien cumpli� con todas las cargas que estaban en cabeza suya para que se notificara en t�rmino a la parte pasiva de la acci�n, motivo por el que posteriormente, descontando el periodo en el que se suspendieron los t�rminos de los procesos judiciales por cuenta de la propagaci�n de la pandemia por el Covid-19, concluy� que en este caso no se encontraban prescritas la indemnizaci�n por despido sin justa causa ni la sanci�n por no pago en tiempo de los intereses a las cesant�as.
Finalmente, conden� a la entidad demandada a reconocer y pagar la indexaci�n de las sumas reconocidas y las costas procesales en un 60%. Inconforme con la decisi�n, el apoderado judicial de la sociedad accionada interpuso recurso de apelaci�n, argumentando que hubo una equivocada valoraci�n de las pruebas allegadas al plenario, ya que contrario a lo concluido err�neamente por la a quo, en este caso no existi� un contrato de trabajo a t�rmino indefinido entre el 31 de enero de 1988 y el 28 de febrero de 2018, sino que, entre esas calendas, lo que se presentaron fueron varios contratos de trabajo a t�rmino fijo, siendo el �ltimo de ellos el celebrado a partir del 13 de enero de 2015, el cual culmin� el 28 de febrero de 2018, habiendo quedado probado adicionalmente en el plenario que no hubo unidad contractual, ya que el demandante no prest� el servicio de manera continua e ininterrumpida desde el 31 de enero de 1988 hasta el 28 de febrero de 2018; situaciones �stas que afectan el valor de la indemnizaci�n por despido sin justa causa.
De otro lado, sostiene la parte pasiva de la acci�n, que, en este caso hay que darle plena aplicabilidad a lo dispuesto en el art�culo 94 del CGP, esto es, que los t�rminos de prescripci�n deben contabilizarse desde la notificaci�n del auto admisorio de la demanda a la sociedad Dar�o Gil y CIA S.A.S. y no desde la fecha en que el demandante interpuso la acci�n, ya que no es cierto que la parte actora haya cumplido con las cargas que le correspond�an, pues precisamente fue su propia incuria la que ocasion� que el auto admisorio de la demanda fuera notificado luego de transcurrido m�s de un a�o desde su notificaci�n al demandante; lo que conlleva a concluir que las condenas que fueron emitidas en contra de la entidad accionada se encuentran prescritas.
ALEGATOS DE CONCLUSI�N/ / / � / / / / � Conforme se dej� plasmado en la constancia emitida por la Secretar�a de la Corporaci�n, las partes hicieron uso del derecho a remitir en t�rmino los alegatos de conclusi�n en esta sede. En cuanto a su contenido, teniendo en cuenta que el art�culo 279 del CGP dispone que/ No se podr� hacer transcripciones o reproducciones de actas, decisiones o conceptos que obren en el expediente.,/ baste decir que los argumentos all� expuestos por la entidad recurrente coinciden con los narrados en la sustentaci�n del recurso de apelaci�n; mientras que los plasmados por la parte actora se circunscriben en solicitar la confirmaci�n integral de la sentencia proferida por la a quo, al estimar que ella se encuentra ajustada a derecho.
Atendidas las argumentaciones, a esta Sala de Decisi�n le corresponde resolver los siguientes:/ / / / / � / / / � PROBLEMAS/ JUR�DICOS/ / / � / / / � 1. �Qued� probado en el proceso que entre el se�or Jaime Pemberty Mar�n y la sociedad Dar�o Gil y CIA S.A.S. en reorganizaci�n existi� una relaci�n laboral regida por varios contratos de trabajo a t�rmino fijo como lo asegura la entidad accionada en la sustentaci�n del recurso de apelaci�n? 2. �Quedaron afectados por el fen�meno de la prescripci�n las sumas de dinero que se le adeudan al se�or Jaime Pemberty Mar�n? Con el prop�sito de dar soluci�n a/ los/ interrogantes/ en el caso concreto, la Sala considera necesario precisar, los siguientes aspectos:
1. EL CONTRATO DE TRABAJO A T�RMINO FIJO. Establece el art�culo 37 del CST que el contrato de trabajo puede ser verbal o escrito, a�adi�ndose que para su validez no requiere forma especial alguna, salvo disposici�n expresa en contrario; contempl�ndose posteriormente en el art�culo 46 ib�dem que �El contrato de trabajo a t�rmino fijo debe constar siempre por escrito y su duraci�n no puede ser superior a tres a�os, pero es renovable indefinidamente�.
(Negrillas y subrayas por fuera de texto) En atenci�n a lo previsto en las normas en comento, la Sala Permanente de la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL2804-2020 reiter� la postura adoptada por esa Corporaci�n consistente en que el contrato de trabajo a t�rmino fijo se constituye a trav�s de un acto solemne, ya que para su validez se requiere que las partes lo hayan pactado de manera escrita, siendo ese el �nico medio probatorio de su existencia, acotando que su inobservancia no comprende la inexistencia de la relaci�n laboral como tal, sino que se tratare de un contrato de trabajo a t�rmino fijo, debi�ndose entonces entender que lo que se celebr� fue un contrato de trabajo a t�rmino indefinido; postura que record� en los siguientes t�rminos: �Aunque para el surgimiento a la vida jur�dica del contrato de trabajo prima la consensualidad (se perfecciona con el simple consentimiento), al igual que para la validez de la generalidad de los acuerdos o pactos a los que lleguen los trabajadores y empleadores en el marco de la relaci�n de trabajo, existen determinadas estipulaciones, ensambladas en el convenio laboral, para las cuales la ley impone el cumplimiento de una formalidad para su eficacia (actos ad solemnitatem), tal es el caso, por ejemplo, del pacto de duraci�n a t�rmino fijo de los contratos de trabajo (art. 46 CST), el periodo de prueba (art. 77 CST) o el salario integral (art. 132 CST), los cuales por expreso mandato legal deben celebrarse por escrito.
La desatenci�n de esta formalidad legal, no implica, la inexistencia o ineficacia de la totalidad del contrato de trabajo, sino apenas de uno de los ap�ndices o cl�usulas para los cuales la ley exige una espec�fica forma. As�, la falta de una estipulaci�n escrita sobre el t�rmino fijo, hace que el contrato laboral se entienda celebrado a tiempo indefinido (art. 45 CST); la ausencia de un acuerdo escrito en torno al periodo de prueba implica que los �servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo� (art. 77 CST) y la omisi�n de pacto escrito de salario integral hace que el salario acordado se gobierne por las reglas generales de la remuneraci�n. En el orden propuesto, podr�a decirse que en el ordenamiento laboral colombiano la regla general es la libertad de forma, es decir, las partes pueden exteriorizar su voluntad en cualquier forma (verbal o escrita), y solo excepcionalmente, cuando por razones de seguridad en las transacciones jur�dicas o para proteger a la parte d�bil de la relaci�n, el legislador establece una determinada formalidad, las partes deben avenirse a su cumplimiento a fin de que el acto jur�dico sea v�lido.
Se sigue entonces, que libertad de forma es la regla general para la existencia y validez de los actos y contratos, y la excepci�n son las formalidades ad solemnitatem establecidas por el legislador.� 2. INTERRUPCI�N DE LA PRESCRIPCI�N. � Establece el art�culo�151 del CPT y de la SS, que las acciones que emanen de las leyes sociales prescribir�n en tres a�os�contados desde que la respectiva obligaci�n de haya hecho exigible, y a continuaci�n�determina que, el simple reclamo escrito sobre un derecho o prestaci�n debidamente�determinado�interrumpir� la�prescripci�n,�pero solo por un lapso igual.�� � Ahora,�el art�culo 94 del CGP, aplicable a este tipo de asuntos por remisi�n del art�culo�145 del CPT y de la SS, prev�que la presentaci�n de la demanda interrumpe el t�rmino de la prescripci�n�e impide que se produzca la caducidad�siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique�al demandado dentro del t�rmino de un (1) a�o contado a partir del d�a siguiente a la notificaci�n de tales providencias�al demandante; ya que pasado ese t�rmino,�los mencionados efectos solo se producir�n con la notificaci�n del demandado.� No obstante, la Sala de Descongesti�n N�1 de la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL1356-2021 record� lo definido por la Sala Permanente de esa Corporaci�n, que la situaci�n descrita en el referido art�culo 94 del CGP -antes art�culo 90 del CPC-, no produce tales efectos cuando la notificaci�n no se realiza dentro del t�rmino all� establecido por negligencia del juzgado o por que la parte demandada as� lo impide con actividades elusivas; postura que record� en los siguientes t�rminos: �Ahora bien, esta Sala ha adoctrinado que la regla establecida en el art�culo 90 del CPC, referente a que la presentaci�n de la demanda inaugural interrumpe el t�rmino prescriptivo siempre y cuando el auto admisorio se �notifique� al demandado dentro del a�o siguiente a la notificaci�n al demandante del auto admisorio de la acci�n, no aplica cuando dicha �notificaci�n� no se efect�a oportunamente por negligencia del juzgado o por actividad elusiva del demandado, como quiera que esa eventualidad no puede redundar en perjuicio del promotor del litigio.
En la decisi�n CSJ SL8716-2014, rad. 38010, la Corte puntualiz�: Frente a dicho tema, esta Sala de la Corte ha previsto en su jurisprudencia que entre la presentaci�n de una demanda y su notificaci�n pueden generarse diversas eventualidades, que no son imputables a quien funge como demandante y que, por lo mismo, no pueden redundar en su perjuicio.
En tal orden, contrario a lo arg�ido por la censura, ha admitido excepciones a la regla prevista en el art�culo 90 del C�digo de Procedimiento Civil y, concretamente, como lo dedujo el Tribunal, ha aceptado que ��la sola presentaci�n de la demanda interrumpe la prescripci�n cuando la notificaci�n del auto admisorio de la misma no se efect�a oportunamente por negligencia del juzgado o por actividad elusiva del demandado��� EL CASO CONCRETO./ � No controvierte el apoderado judicial de la parte demandada en la sustentaci�n del recurso de apelaci�n, que entre la sociedad Dar�o Gil y CIA S.A.S. en Reorganizaci�n y el se�or Jaime Pemberty Mar�n existi� una relaci�n laboral que se extendi� entre el 31 de enero de 1988 y el 28 de febrero de 2018, como lo concluy� la falladora de primera instancia, sino que difiere en que lo haya sido a trav�s de un contrato de trabajo a t�rmino indefinido, pues, seg�n su exposici�n, en el curso del proceso qued� demostrado que esa relaci�n laboral estuvo regida por varios contratos de trabajo a t�rmino fijo, siendo el �ltimo de ellos el suscrito el 13 de enero de 2015, a�adiendo que, en todo caso, tampoco se present� la unidad contractual declarada por la a quo, afirmando que tambi�n qued� probado que el actor no prest� sus servicios de manera continua e ininterrumpida.
Ahora, conforme con lo previsto en el art�culo 46 del CST y lo dispuesto por la Sala Permanente de la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, si bien los contratos de trabajo nacen a la vida jur�dica con el simple consentimiento entre las partes -trabajador y empleador-, lo cierto es que en lo que concierne al contrato de trabajo a t�rmino fijo, para su validez, resulta indispensable que se haya cumplido con la formalidad estatuida en la Ley de haberse pactado por escrito, requisito que solo es dable acreditar con el correspondiente documento; sin embargo, a pesar de que la sociedad accionada, tanto en la contestaci�n de la demanda como en el interrogatorio de parte absuelto por su representante legal en la audiencia establecida en el art�culo 80 del CPTSS, sostuvo que la relaci�n laboral pactada con el se�or Jaime Pemberty Mar�n lo fue a trav�s de varios contratos de trabajo a t�rmino fijo por un a�o, explicando el representante legal que antes de que se venciera el plazo pactado se le remit�a al trabajador la carta de terminaci�n, finaliz�ndose cada contrato un par de d�as antes del 24 de diciembre de cada a�o y reintegr�ndose posteriormente en la segunda semana del mes de enero, esto es, entre el 10 y el 15 de enero; lo cierto es que la parte pasiva de la acci�n no alleg� la prueba documental que d� cuenta de tales afirmaciones, pues al dar respuesta a la demanda -archivo 26 carpeta primera instancia- no adjunt� los supuestos contratos de trabajo escritos a t�rmino fijo y las correspondientes cartas de preaviso con la que aparentemente finiquitaba a�o a a�o esos v�nculos contractuales desde el 31 de enero de 1988; por lo que, como lo determin� el m�ximo �rgano de la jurisdicci�n ordinaria laboral, �la desatenci�n de esta formalidad legal no implica la inexistencia o ineficacia de la totalidad del contrato de trabajo, sino apenas de uno de los ap�ndices o cl�usulas para los cuales la ley exige una especifica forma.
As�, la falta de estipulaci�n escrita sobre el t�rmino fijo, hace que el contrato laboral se entienda celebrado a t�rmino indefinido�; motivo por el que, ante la ausencia de la prueba solemne que acredite la formalidad exigida en la Ley para este tipo de contratos de trabajo, se entiende que las partes, el 31 de enero de 1988 celebraron un contrato de trabajo a t�rmino indefinido.
Ahora, el hecho de que la parte actora haya aportado el �Contrato individual de trabajo a t�rmino fijo a un a�o N�401� suscrito entre las partes el 13 de enero de 2015 -p�gs.121 y 122 archivo 9 carpeta primera instancia-, no permite inferir que durante los a�os anteriores las partes hayan efectivamente suscrito sucesivos contratos de trabajo a t�rmino fijo por un a�o, como parece hacerlo entender el apoderado judicial de la entidad accionada en el recurso de apelaci�n; ni tampoco es jur�dicamente posible que ese pacto entre las partes modifique la modalidad a t�rmino indefinido que ven�a rigiendo el v�nculo contractual, en primer lugar porque la unidad contractual nunca se rompi�, ya que el propio representante legal de la sociedad Dar�o Gil y CIA S.A.S. en Reorganizaci�n confes� en el interrogatorio de parte que todos los a�os al demandante se le otorgaban vacaciones que empezaban unos d�as antes del 24 de diciembre y finalizaban en el mes de enero siguiente, debi�ndose reintegrar a sus labores entre los d�as 10 al 15 de ese mes, es decir, la interrupci�n de la prestaci�n del servicio realmente no se daba por la intenci�n de romper el v�nculo laboral, sino que se le otorgaban al trabajador las vacaciones causadas en el a�o de actividades y, en todo caso, no se trataban de pausas superiores a 30 d�as que rompieran la unidad contractual; y, en segundo lugar porque, al quedar demostrada esa continuidad en la prestaci�n del servicio desde el 31 de enero de 1988 hasta el 28 de febrero de 2018, no le era dable al empleador modificar el contrato de trabajo a t�rmino indefinido a uno a t�rmino fijo, pues ello conllevar�a a afectar la antig�edad del trabajador, precisamente para, entre otras cosas, favorecerse el empleador al momento de tener que cancelar una indemnizaci�n por el finiquito contractual sin justa causa, tal y como lo record� la Sala Permanente de la Sala de Casaci�n Laboral en la sentencia CSJ SL814-2018, en los siguientes t�rminos: �La libertad de elecci�n de entre las modalidades de duraci�n del contrato, de cambiar la que ven�a rigiendo el v�nculo laboral, la inicial o las subsiguientes, no puede servir de mecanismo para vulnerar derechos de los trabajadores� como cuando las contrataciones sucesivas sin interrupci�n tienen por finalidad no conceder el tiempo de descaso efectivo por vacaciones, o se procura cambiar dr�sticamente las condiciones de liquidaci�n de la indemnizaci�n por despido.
CSJ SL, 1 dic. 2009, rad. 35902.� En el anterior orden de ideas, acertada fue la decisi�n de la juzgadora de primera instancia consistente en declarar la existencia de un contrato de trabajo a t�rmino indefinido entre el se�or Jaime Pemberty Mar�n y la sociedad Dar�o Gil y CIA S.A.S. en Reorganizaci�n entre el 31 de enero de 1988 y el 28 de febrero de 2018; raz�n por la que no hay lugar a modificar el monto de la indemnizaci�n por despido sin justa causa fijada por la a quo.
Respecto al tema de la prescripci�n, propuesta como excepci�n de m�rito por la sociedad accionada, asegura el apoderado judicial de la parte pasiva de la acci�n en la sustentaci�n del recurso de apelaci�n, que en este caso resulta procedente darle aplicaci�n a lo previsto en el art�culo 94 del CGP, dado que la notificaci�n del auto admisorio de la demanda a la demandada Dar�o Gil y CIA S.A.S. no se produjo dentro del t�rmino all� establecido, producto de la propia incuria del demandante.
Con el objeto de resolver la controversia planteada por la entidad accionada en ese aspecto, pasar� la Sala a realizar un recuento de lo acontecido en el tr�mite procesal, desde que se interpuso la acci�n por parte del se�or Jaime Pemberty Mar�n hasta que se logr� la notificaci�n personal de la sociedad Dar�o Gil y CIA S.A.S., para de esa manera develar si efectivamente la tardanza en la notificaci�n del auto admisorio de la demanda a la sociedad accionada tuvo como responsable a la parte activa de la acci�n. Luego de iniciar la acci�n ordinaria laboral el 1� de marzo de 2021, como se aprecia en el acta individual de reparto -archivo 4 carpeta primera instancia-, el se�or Jaime Pemberty Mar�n en el escrito que contiene la correcci�n de la demanda realizada el 12 de octubre de 2021 -archivo 12 carpeta primera instancia- inform� en el cap�tulo de notificaciones que la sociedad Dar�o Gil y CIA S.A.S. en Reorganizaci�n pod�a notificarse en el correo electr�nico HYPERLINK "mailto:jefecontabilidad@dagil.com" jefecontabilidad@dagil.com; adjuntando para verificaci�n del juzgado el certificado de existencia y representaci�n legal de esa sociedad expedido por la C�mara de Comercio de Pereira el 8 de octubre de 2021 -p�gs.40 a 49 archivo 9 carpeta primera instancia- en el que efectivamente la sociedad demandada consign� como correo electr�nico para notificaci�n judicial HYPERLINK "mailto:jefecontabilidad@dagil.com" jefecontabilidad@dagil.com.
El Juzgado Quinto Laboral del Circuito, luego de haber devuelvo varias veces la demanda, decidi� admitir la acci�n por medio de auto de 16 de febrero de 2022 notificado en estado N�015 de 17 de febrero de 2022 -archivo 13 carpeta primera instancia- indicando all� que �como la parte actora dio cumplimiento a los pedimentos del decreto 806 del 04 de junio de 2020 y reposa en el plenario el certificado de existencia y representaci�n legal de DARIO GIL Y CIA S.A.S EN REORGANIZACI�N que da cuenta de la direcci�n electr�nica donde esta persona jur�dica recibir (sic) notificaciones judiciales, se proceder� a practicar la notificaci�n personal del presente prove�do de conformidad con lo se�alado en el art�culo 8� del decreto 806 del 04 de junio de 2020: v�a correo HYPERLINK "mailto:jefecontabilidad@dagil.com" \h jefecontabilidad@dagil.com, directamente el Despacho notificar� a la demandada del auto admisorio de la demanda, advirti�ndole que para dar respuesta por medio de apoderado judicial y presentar las pruebas en defensa de sus intereses, cuenta con el t�rmino de diez (10) d�as h�biles, los cuales comenzaran a correr, una vez transcurridos dos d�as h�biles siguientes a la confirmaci�n autom�tica que emite el programa Microsoft Office 365 del recibo del mensaje.�, y, a rengl�n seguido advirti� que �la notificaci�n personal del auto admisorio de la demanda es un acto que compete �nica y exclusivamente al juzgado, por lo tanto, la notificaci�n realizada desde el correo electr�nico del Despacho es la �nica que tendr� validez para efectos del conteo de los respectivos t�rminos judiciales.�.
N�tese que, a partir de ese momento, 17 de febrero de 2022 cuando se notific� al demandante el auto admisorio de la demanda, era responsabilidad del juzgado de conocimiento proceder con las actuaciones tendientes a notificar personalmente el auto admisorio de la demanda a la sociedad Dar�o Gil y CIA S.A.S. en los t�rminos previstos en el Decreto 806 de 2020 en la direcci�n de correo electr�nico informada por esa sociedad en el certificado de existencia y representaci�n legal; tal y como el propio despacho lo advirti� en esa providencia, en la que inform� que era resorte del juzgado esa actuaci�n procesal, habiendo cumplido hasta ese momento la parte actora con la carga que le correspond�a. Cumpliendo con lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito procedi� a remitir la notificaci�n del auto admisorio de la demanda el 7 de junio de 2022 al correo electr�nico informado en el referido certificado de existencia y representaci�n legal, HYPERLINK "mailto:jefecontabilidad@dagil.com-" \h jefecontabilidad@dagil.com, sin embargo, el mensaje de datos no arroj� respuesta sobre la entrega a ese destinatario de la notificaci�n electr�nica del auto admisorio de la demanda, raz�n por la que el despacho judicial por medio de auto de 25 de octubre de 2022 requiri� a la mesa de ayuda de soporte de Office365 del Consejo Superior de la Judicatura, para que informara sobre la trazabilidad de ese mensaje de datos que conten�a la notificaci�n del auto admisorio de la demanda a la entidad accionada y, la referida mesa de ayuda, respondi� el requerimiento el 31 de octubre de 2022 informando que al realizar la validaci�n del servidor del correo electr�nico de la Rama Judicial desde donde se remiti� la notificaci�n del auto admisorio de la demanda, se confirma que el mensaje descrito �NO� fue entregado al servidor de correo del destino, en este caso, el servidor con dominio �dagil.com�.
(Archivos 14, 15 y 17 carpeta primera instancia) Sin realizarse aun ning�n pronunciamiento por parte del juzgado de conocimiento frente a la informaci�n entregada por la mesa de ayuda de soporte de Office365 del Consejo Superior de la Judicatura, la apoderada judicial de la parte actora remiti� el 19 de diciembre de 2022 y el 24 de marzo de 2023 -archivos 18 y 19 carpeta primera instancia- solicitudes de impulso del proceso, pidi�ndole al juzgado que en caso de no ser posible la notificaci�n personal al correo electr�nico, se procediera con la comunicaci�n por aviso contemplada en la Ley.
A pesar de haber recibido la respuesta de la referida mesa de ayuda desde el 31 de octubre de 2022 y de haber recibido dos solicitudes de impulso procesal por parte de la parte actora el 19 de diciembre de 2022 y el 24 de marzo de 2023, la funcionaria de primera instancia en auto de 19 de abril de 2023 -archivo 20 carpeta primera instancia-, al analizar la informaci�n entregada por la mesa de ayuda y sin pronunciarse respecto a las solicitudes hechas por la parte actora, orden� insistir con la notificaci�n de la sociedad Dar�o Gil y CIA S.A.S. al correo electr�nico HYPERLINK "mailto:jefecontabilidad@dagil.com-" jefecontabilidad@dagil.com; actuaci�n que solo vino a ejecutar el juzgado el 11 de julio de 2023 -archivo 21 carpeta primera instancia-, arrojando como respuesta que el mensaje no se pudo entregar a ese destinatario.
Ante la reiteraci�n de la situaci�n presentada, esto es, la ausencia de entrega de la notificaci�n del auto admisorio de la demanda a la sociedad accionada a trav�s del correo electr�nico dispuesto para notificaciones judiciales en su certificado de existencia y representaci�n legal, el juzgado profiri� auto el 5 de octubre de 2023 -archivo 22 carpeta primera instancia- en el que, requiere a la parte actora para que proceda a remitir un nuevo certificado de existencia y representaci�n legal de Dar�o Gil y CIA S.A.S. en Reorganizaci�n o en su defecto informe si conoce otra direcci�n de correo electr�nico en la que se pueda intentar la notificaci�n personal de esa sociedad; requerimiento que fue cumplido inmediatamente por la parte actora el 11 de octubre de 2023 -archivo 23 carpeta primera instancia- manifestando que, seg�n la informaci�n reportada en el nuevo certificado de existencia y representaci�n legal de la entidad demandada, que puso a disposici�n del juzgado, el nuevo correo electr�nico de notificaci�n judicial all� consignado es HYPERLINK "mailto:rubendariogil34@gmail.com" rubendariogil34@gmail.com, tal y como efectivamente consta en ese documento expedido el 11 de octubre de 2023 por la C�mara de Comercio de Pereira -p�gs.3 a 12 archivo 23 carpeta primera instancia-; direcci�n de correo electr�nico que sirvi� para que se produjera el acto procesal en cabeza del Juzgado Quinto Laboral del Circuito el 20 de noviembre de 2023, consistente en la entrega del mensaje de datos que conten�a el auto admisorio de la demanda, quedando notificada personalmente la sociedad accionada el 22 de noviembre de 2023, como lo dispone el Decreto 806 de 2020 hoy Ley 2213 de 2022.
Al analizar el recuento procesal que conllev� la notificaci�n personal del auto admisorio de la demanda a la sociedad Dar�o Gil y CIA S.A.S. bajo las directrices del Decreto 806 de 2020 hoy Ley 2213 de 2022, no hay duda que la parte actora en todo momento cumpli� adecuadamente con las cargas que le correspond�an para lograr que se llevara a cabo, lo m�s pronto posible, ese acto procesal, ya que al corregir la demanda el 12 de octubre de 2021, alleg� con ella el certificado de existencia y representaci�n legal de la entidad accionada, emitido tan solo cuatro d�as antes, esto es, el 8 de octubre de 2021, en el que se consign� como correo electr�nico para notificaciones judiciales HYPERLINK "mailto:jefecontabilidad@dagil.com-" jefecontabilidad@dagil.com; por lo que, como bien lo advirti� el juzgado de conocimiento en auto de 16 de febrero de 2022 notificado en estado N�015 de 17 de febrero de 2022, a partir de ese momento la responsabilidad de la notificaci�n recay� �nica y exclusivamente en el juzgado.
No obstante lo anterior, el juzgado de conocimiento, sin justificaci�n alguna, retard� las actuaciones tendientes a lograr r�pidamente la notificaci�n personal de la sociedad demandada, pues si bien la mesa de ayuda de soporte de Office365 del Consejo Superior de la Judicatura certific� el 31 de octubre de 2022 que el mensaje de datos con el que se aspiraba a notificar a la empresa demandada no hab�a llegado a su destino, solo hasta el 19 de abril de 2023 hizo su pronunciamiento frente a esa informaci�n, ordenando que se insistiera con la notificaci�n al mismo correo electr�nico y, sorprendentemente no atendi� las dos solicitudes de impulso procesal efectuadas por la parte actora los d�as 19 de diciembre de 2022 y 24 de marzo de 2023 en las que pidi� que, ante la imposibilidad de la notificaci�n al correo electr�nico dispuesto en el certificado de existencia y representaci�n legal, se procediera con la comunicaci�n por aviso determinada en la Ley; para posteriormente, dado el fracaso de la notificaci�n personal al correo electr�nico referido anteriormente, le ordenara a la parte activa de la acci�n el 5 de octubre de 2023, remitir un nuevo certificado de existencia y representaci�n legal de la sociedad demandada, carga que cumpli� inmediatamente el demandante al remitir el 11 de octubre de 2023 el documento solicitado, emitido por la C�mara de Comercio de Pereira ese mismo d�a, que conten�a la nueva direcci�n de correo electr�nico con la que se pudo lograr posteriormente la notificaci�n del auto admisorio de la demanda por parte del juzgado; quedando demostrado que la ausencia de la notificaci�n al demandado dentro del a�o siguiente a la notificaci�n del auto admisorio de la demanda a la parte actora, no se produjo por incuria del accionante��� G I ` c n o p q 2 � �ѿ������������jMj8h� *CJOJPJQJ\�]�^JaJnH $tH $h�����������f���éÒzbJz�3,h�V hLo.CJOJPJQJ^JaJnH $tH $/h�V hHR-5�CJOJPJQJ^JaJnH $tH $/h�V h"j5�CJOJPJQJ^JaJnH $tH $/h�V h)�5�CJOJPJQJ^JaJnH $tH $,h�V 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