Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Pereira

Radicado: 66001310500420240017301

Sala: SALA LABORAL

Ponente: Germán Darío Góez Vinasco

Fecha: 2025-06-24

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El contenido total y fiel de la decisi�n debe ser verificado en la respectiva Secretar�a. PENSIONES / AFILIACI�N / TRASLADO DE R�GIMEN PENSIONAL / DEBER DE INFORMACI�N / INEFICACIA DE LA AFILIACI�N. DEBER DE INFORMACI�N � Su transgresi�n genera ineficacia de la afiliaci�n. �Cuando se busca judicialmente la ineficacia del traslado de un afiliado del R�gimen de Prima Media (RPM) al R�gimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), es crucial considerar que la ley asigna a las AFP el deber de informar a quienes se afilien a ellas.

Las AFP deben proporcionar toda la informaci�n necesaria y suficiente sobre todas las etapas del proceso, desde la afiliaci�n hasta las condiciones para el disfrute pensional. Esto implica ofrecer informaci�n completa y comprensible que equilibre la asimetr�a entre el administrador experto y el afiliado inexperto en temas complejos. Adem�s, las AFP tienen el deber del buen consejo, que va m�s all� de la simple informaci�n. Deben orientar activamente al afiliado, presentando diferentes alternativas con sus beneficios e inconvenientes y a�n, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opci�n que claramente le perjudica.

Por ello, dadas las diferencias estructurales entre ambos reg�menes, era necesario que quien se decidiera por uno u otro, conociera de antemano sus caracter�sticas esenciales. Solo as�, la decisi�n de pertenecer al RPM o al RAIS ser�a libre y voluntaria, pues si el afiliado desconoce las caracter�sticas del r�gimen al cual se afili� o se traslad�, no se puede arg�ir que la decisi�n fue plenamente consciente y, por tanto, bajo un consentimiento informado INEFICACIA DE TRASLADOS DE LOS AFILIADOS DEL RPM AL RAIS � Reglas de valoraci�n probatoria. � En torno a la ineficacia del traslado y el derecho pensional, la jurisprudencia ha ense�ado que el efecto principal de la primera es que las cosas vuelvan al mismo estado en que se hallar�an si no existiera el acto de afiliaci�n cuestionado.

Dicha circunstancia, es relevante para la definici�n del derecho pensional del asegurado y las condiciones en que puede obtenerlo, pues el efecto ex tunc de la ineficacia, permite colegir que, si una persona estaba afiliada al RPM con PD, �ha de entenderse que nunca se cambi� al sistema privado de pensiones, y si estuvo afiliado al r�gimen de ahorro individual con solidaridad, ha de darse por sentado que nunca se traslad� al sistema p�blico administrado por Colpensiones� (SL4360-2019). � Sin embargo, el prop�sito de la ineficacia del traslado al RAIS no se agota en el retorno al r�gimen al que se estaba afiliado con antelaci�n, sino que tambi�n se extiende a la conservaci�n del beneficio de la transici�n del art�culo 36 de la Ley 100 de 1993, aspecto que incide en la definici�n de la situaci�n pensional.

As�, el hecho de que se declare la ineficacia del cambio de r�gimen, esto es, que se tenga como si jam�s se hubiese celebrado, conlleva que se declare que siempre se permaneci� en el RPM y, por ende, que se mantuvo el r�gimen de transici�n. De ser esa la situaci�n, el escenario para analizar el derecho pensional resulta diferente, dado que ya no corresponde acreditar los requisitos para recuperar el beneficio de la transici�n, esto es, tener 15 a�os de servicios al 1 de abril de 1994, porque si no dej� de pertenecer al RPM, nunca lo perdi� en los t�rminos de los incisos 4 y 5 del art�culo 36 de la Ley 100 de 1993.

De ah� que, la definici�n de la validez o no del acto de traslado al RAIS, implica el retorno al RPM y, adem�s, la posibilidad de que la pensi�n se estudie bajo el r�gimen anterior que le sea aplicable (V�ase SL1688-2019, SL1689-2019 y SL1452-2019). Proceso: Ordinario Laboral Radicado: 66001310500420240017301 Demandante: ADRIANA CADAVID VILLA Demandado: COLPENSIONES, PORVENIR Y SKANDIA Asunto: Apelaci�n y consulta Sentencia del 19-03-2025 Juzgado: Cuarto Laboral del Circuito Tema: Ineficacia y pensi�n de vejez RAMA JUDICIAL DEL PODER P�BLICO TRIBUNAL SUPERIOR � SALA DE DECISI�N LABORAL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA  Magistrado Ponente GERM�N DAR�O G�EZ VINASCO Pereira, veinticuatro (24) de junio de dos mil veinticinco (2025) Aprobado por Acta No. 93 del (17/06/2025) El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisi�n Laboral, procede a resolver el recurso de apelaci�n formulado y el grado de consulta a favor de Colpensiones, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por ADRIANA CADAVID VILLA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y las ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANT�AS SKAND�A y PORVENIR S.A., radicaci�n 66001310500420240017301.

Seguidamente, se profiere la decisi�n por escrito aprobada por esta Sala, conforme al art�culo 15 del Decreto No. 806 de 2020, adoptado como legislaci�n permanente por la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, la cual se traduce en la siguiente, SENTENCIA No. 59 ANTECEDENTES ADRIANA CADAVID VILLA pretende que se declare la ineficacia de la afiliaci�n que hizo a LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANT�AS PORVENIR S.A. el 16-06-1997 y ante SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A. el 30-05-2003.

En consecuencia, se deje sin efectos dichas afiliaciones y se le tenga como afiliada a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, disponiendo el traslado de los aportes y rendimientos hacia esta �ltima. As� mismo, aspira a que se condene a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES a reconocerle la pensi�n de vejez, conforme el art�culo 33 de la Ley 100 de 1993, a partir del 1 de abril de 2024, cancelando a la demandante su retroactivo pensional debidamente indexado, adem�s de las costas procesales.

Fundamentos f�cticos En s�ntesis, relata la Sra. Adriana Cadavid Villa que naci� el 22 de agosto de 1966, contando actualmente con 57 a�os y cuenta con m�s de 1300 semanas cotizadas. Menciona que se afili� al RPM con PD el 27 de noviembre de 1984, cotizando en Colpensiones (Antes ISS) 38.43 semanas hasta el momento en que se traslad� de r�gimen pensional el 16 de junio de 1997 ante Porvenir S.A, afirmando haber sido objeto de una afiliaci�n masiva por parte dicha AFP, bajo el pretexto de ser la mejor opci�n pensional que se ten�a, dado el futuro incierto del entonces ISS hoy Colpensiones, adem�s de que tendr�a una mesada mucho m�s alta y mejores condiciones pensionales.

Agrega, que el 30-05-2003 se traslad� de AFP hacia Skandia S.A., quien le ofreci� mayores rendimientos financieros en su cuenta de ahorro individual, prometi�ndole una mayor mesada pensional. En suma, se queja de la insuficiente informaci�n suministrada por las AFP del RAIS donde ha estado afiliada, al considerar que careci� de una asesor�a completa frente a los diferentes reg�menes pensionales, por lo considera que dichas afiliaciones deb�a ser dejadas sin efectos.

Afirma que el 05-06-2024 y el 19-06-2024, solicit� a las AFP Porvenir S.A., Colpensiones y Skandia S.A., dejar sin efectos su afiliaci�n al RAIS y solicit� a Colpensiones que le fuera reconocida su pensi�n de vejez, aspectos que finalmente no logr�. La demanda fue radicada el 23-08-2024 y admitida por auto de igual calenda. Posici�n de las demandadas. 1) La ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, se opuso a las pretensiones al considerar que la afiliaci�n de la actora al RAIS fue libre, expont�nea y sin presiones, por tanto legal y v�lida.

Excepciona: Ausencia de los requisitos exigidos por la ley para obtener la ineficacia de traslado de r�gimen y el reconocimiento de la pensi�n, inexistencia de la obligaci�n y cobro de lo no debido, carencia probatoria, prescripci�n gen�ricas, buena fe. 2) La SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANT�AS PORVENIR S.A, se opuso a las pretensiones bajo el argumento de que el traslado de r�gimen es eficaz, al responder a un acto voluntario, libre y espont�neo de la demandante.

Excepciona: Ausencia de los requisitos legales para que se declare la nulidad o ineficacia del traslado, imposibilidad de reintegrar gastos de administraci�n por estrica aplicaci�n de la sentencia SU107-2024, pago, compensaci�n, buena fe, aceptaci�n t�cita de las condiciones del RAIS, prescripci�n, gen�rica. 3) La SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANT�AS S.A, se opuso a las pretensiones bajo el argumento de que el traslado de la actora a Porvenir S.A. produjo sus efectos, dado a que los aportes fueron realizados a la cuenta de ahorro individual de la actora, sin que se le hubiere otorgado a la demandante informaci�n enga�osa al momento de la afiliaci�n. Agrega que la afiliaci�n a dicha AFP no presentaba ninguna causal de ineficacia. Excepciona: Ausencia de los requisitos legales para que se declare la nulidad o ineficacia del traslado, imposibilidad de reintegrar gastos de administraci�n por estrica aplicaci�n de la sentencia SU107-2024, pago, compensaci�n, buena fe, aceptaci�n t�cita de las condiciones del RAIS, prescripci�n, gen�rica. 4) Concepto del Ministerio P�blico.

En s�ntesis, plante� que para decidir no bastaba con verificar si el actor cumpl�a los requisitos o si firm� el formulario de afiliaci�n, pues lo que se requer�a era determinar si los asesores de la AFP hab�an otorgado o no una asesor�a integral y completa que incluyera una explicaci�n detallada sobre las consecuencias legales, financieras y los riesgos del traslado de r�gimen, ello conforme la l�nea jurisprudencial trazada por la Sala de Casaci�n Laboral.

Finalmente, formul� la excepci�n inexistencia de la obligaci�n. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Mediante fallo del 19 de marzo de 2025, la Jueza Cuarta Laboral Del Circuito de Pereira dispuso: �PRIMERO: DECLARAR la ineficacia del traslado que la se�ora ADRIANA CADAVID VILLA efectu� al RAIS a trav�s de la AFP PORVENIR S.A. el d�a 16 de junio de 1997, as� como el traslado horizontal efectuado a SKANDIA dadas las consideraciones precedentes.

SEGUNDO: ORDENAR al fondo privado de pensiones sociedad administrador de fondos y pensiones y cesant�as SKANDIA para que proceda a restituir a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, la totalidad de los dineros que se encuentren inmersos en la cuenta de ahorro individual de la se�ora ADRIANA CADAVID VILLA, provenientes de los aportes o cotizaciones al sistema general de pensiones junto con sus intereses y rendimientos financieros.

Se dispone que, al momento de darse cumplimiento a lo ordenado en este numeral, los conceptos deber�n aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y dem�s informaci�n relevante que los justifiquen.

TERCERO: ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones � Colpensiones, para que, proceda a aceptar sin dilaciones, el traslado de la se�ora ADRIANA CADAVID VILLA del r�gimen de ahorro individual, al de prima media con prestaci�n definida, sin soluci�n de continuidad, desde el momento en que se afili� a este �ltimo r�gimen.

CUARTO: Una vez cumplido lo anterior, la Administradora Colombiana de Pensiones � Colpensiones, reconocer� y pagar� a la se�ora ADRIANA CADAVID VILLA, la pensi�n de vejez en los t�rminos de los art. 33 y 34 de la Ley 100 de 1993, a partir del 01 de abril de 2024, en cuant�a de $ 4.039.473 para el a�o 2024 y $ 4.252.757 para el 2025, por 13 mesadas anuales, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a COLPENSIONES a reconocer y pagar a la se�ora ADRIANA CADAVID VILLA la suma de $ 48.900.244 por concepto de retroactivo pensional causado desde el 01 de abril de 2024 al 28 de febrero de 2025, sin perjuicio del que se cause con posterioridad, montos que deber�n adem�s ser indexados a la fecha de pago efectivo, previo los descuentos de salud ordenados.

S�XTO: AUTORIZAR a Colpensiones para que realice las deducciones correspondientes con destino al Sistema de Seguridad Social en Salud. S�PTIMO: NEGAR las dem�s pretensiones de la demanda.

OCTAVO: DESESTIMAR las excepciones propuestas por las accionadas.

NOVENO: CONDENAR en costas procesales a cargo de PORVENIR S.A., en favor de la actora en un 100% de las causadas. Para adoptar su decisi�n, en resumen, la jueza de primera instancia fundament� su an�lisis en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la ineficacia del traslado de r�gimen pensional. Destac� la obligaci�n de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de suministrar a los afiliados informaci�n clara, veraz y oportuna.

Por ello, consider� necesario evaluar el contexto hist�rico del traslado, conforme a las reglas probatorias establecidas en la sentencia SU107-2024. Asimismo, se�al� que la sola firma de los formularios de afiliaci�n signados con Porvenir S.A. y luego con Skandia, no eran pruebas suficientes del consentimiento informado y, del material probatorio restante, dijo que tampoco se hab�a logrado establecer si en el momento de la asesor�a brindada a la Sra. Cadavid Villa, se hab�a dado cumplimiento a los est�ndares de calidad y suficiencia de la informaci�n exigidos para las �pocas en que se suscribieron.

Del interrogatorio a la demandante, y de los testimonios de Ricardo Medina y Jorge Eduardo Albarrac�n quienes fueron compa�eros de trabajo de la promotora de esta contienda, concluy� que, de acuerdo con sus relatos, la informaci�n fue parcializada porque solo se les mencion� las ventajas y beneficios del RAIS y no las desventajas, riesgos, como tampoco las ventajas del RPM con PD.

Agrega, que tampoco del interrogatorio se pudo obtener una confesi�n que permitiera concluir que el fondo con que se hizo el traslado cumpli� con su deber de informaci�n. De las pruebas documentales, tampoco encontr� que aquellas dieran cuenta del cumplimiento de la AFP de su obligaci�n legal de informaci�n, al tenor de la jurisprudencia, por lo que, al valorar en conjunto las pruebas aportadas, encontr� que no quedaba otro camino que declarar la ineficacia del traslado que se hizo al RAIS a trav�s de Porvenir S.A. el 16 de junio de 1997, con las consecuencias jur�dicas relativas a que se deb�an trasladar los recursos disponibles en la cuenta individual y sus rendimientos, excluyendo las primas, los gastos de administraci�n y otros valores, conforme a lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia mencionada.

As� mismo, indic� que debido a que el accionante no contaba con 150 semanas en el RPM con PD, antes de que se produjera el traslado del RAIS, a su favor no se hab�a generado bono pensional. Finalmente, al arribar al an�lisis de la pretensi�n de pensi�n de vejez, concluy� que la accionante acreditaba las exigencias del art�culo 33 de la ley 100 de 1993, porque el 22 de agosto de 2023 acredit� los 57 a�os y seg�n el reporte de cotizaciones contaba con 1.303,71 semanas de las 1.300 semanas m�nimas requeridas.

Del disfrute dijo que lo era desde la fecha de retiro del sistema, siendo para el caso desde el 1 de abril de 2024, teniendo en cuenta que en dicho periodo se hab�a presentado la cesaci�n de aportes y la solicitud pensional. Al liquidar la prestaci�n acorde con el art�culo 21 de la ley 100 de 1993, luego de liquidar el IBL con el promedio de los �ltimos 10 a�os anteriores al reconocimiento de la pensi�n de vejez y con el de toda su vida laboral, estableci� que la regla m�s favorable correspond�a a la de toda la vida laboral y, luego de realizar las operaciones aritm�ticas del caso, estableci� el valor de las mesadas de 2024 y 2025, as� como el retroactivo a reconocer, teniendo en cuenta trece mesadas al a�o, sin que la prescripci�n hubiere afectado las mesadas reconocidas.

RECURSO DE APELACI�N Y CONSULTA Colpensiones recurri� la decisi�n solicitando se revoque la sentencia, argumentando que la demandante al momento de tomar su decisi�n de traslado de r�gimen lo hizo de manera consciente de todas las consideraciones legales vigentes a dicho momento para realizar el traslado. De otro lado, considera que la declaratoria de ineficacia iba en contra de la sostenibilidad econ�mica del RPM con PD administrado por Colpensiones y donde es garante la Naci�n, por lo que, a su juicio, se tornar�a improcedente la declaratoria de ineficacia. Frente al reconocimiento de la pensi�n de vejez, refiere que Colpensiones no ten�a posibilidad de realizar tal reconocimiento porque en sede administrativa no se hab�a agotado la v�a gubernativa para que se estudiaran los requisitos de la pensi�n y, si bien en la sentencia se dispuso el traslado de los aportes y dineros de la cuenta de ahorro individual, Colpensiones hasta tanto no tenga la posibilidad de realizar el c�mputo de aportes y convalidar si la accionante cuenta con el c�mulo de semanas requeridas para obtener la prestaci�n, en tal sentido, Colpensiones no puede realizar el reconocimiento de la prestaci�n ante la falta de certeza de la acreditaci�n de los requisitos, por lo que solicitaba que se revisara el cumplimiento de los mismos.

Conforme a lo consagrado en el art. 69 del C�digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS) la Sala estudiar� el fallo del a quo, en grado jurisdiccional de consulta, en lo que no fue objeto de la apelaci�n por Colpensiones. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA Como la finalidad de esta etapa es atender la persuasi�n f�ctica y jur�dica sobre el tema objeto de discusi�n, bajo ese espectro se atienden los alegatos que guarden relaci�n directa con los temas debatidos.

Para tal efecto, mediante fijaci�n en lista, se corri� traslado a las partes para alegar de conclusi�n, los cuales obran en el expediente digital. De la presentaci�n de alegaciones en t�rmino, se remite a la constancia de la Secretar�a de la Sala. Surtido el tr�mite que corresponde a esta instancia, procede la Sala de decisi�n a dictar la providencia que corresponde, previas las siguientes, CONSIDERACIONES Problemas jur�dicos.

Conforme al anterior panorama, la Sala se ce�ir� a los fundamentos del recurso de apelaci�n formulado por Colpensiones, seg�n lo dispuesto en el art�culo 66A del CPTSS, por lo que el (los) problema(s) jur�dico(s) se enmarcan en resolver los siguientes interrogantes: �Hab�a lugar a declarar la ineficacia del traslado de r�gimen pensional al RAIS? Determinar si prevalece el criterio de la Corte Constitucional en la sentencia SU107-2024, o si se debe acoger el precedente sostenido por la Sala Laboral de la Corte Suprema respecto a los rubros que deben ser trasladados al r�gimen de prima media, seg�n los efectos jur�dicos de la ineficacia. �El demandante acredita los requisitos para obtener el derecho a la pensi�n? Finalmente, se analizar� la sentencia en los aspectos no recurridos por Colpensiones, conforme al grado jurisdiccional de consulta.

Aspectos por fuera de discusi�n.- Para resolver el primer problema jur�dico, es menester traer a colaci�n las pruebas que militan en el expediente y con las cuales se acreditan los siguientes aspectos: La Sra. Adriana Cadavid Villa, naci� el 22 de agosto de 1966 (). El demandante tuvo una afiliaci�n inicial a Colpensiones, previo a su traslado de r�gimen pensional del 27-11-1884 (Archivo 02, fol. 42) Seg�n la historia laboral emitida por Colpensiones, la demandante entre el 27-11-1984 y el 30-08-1994 acredit� un total de 38.43 semanas ().

La demandante, el 16 de junio de 1997, la demandante suscribi� formulario de vinculaci�n a PORVENIR S.A., con el cual se produjo el traslado de r�gimen (archivo 11, fol. 68). El 30 de mayo de 2003, la demandante suscribi� formulario de vinculaci�n a SKANDIA S.A., con el cual se produjo el traslado horizontal entre AFP del RAIS (archivo 12, fol. 100).

Conforme a la historia laboral emitida por Skandia S.A., con corte al 22-07-2024, la demandante acredita un total de 1303.71 semanas cotizadas entre el 06-1997 a 03-2024 (Archivo 2, fol. 46). Seg�n el resumen de historia laboral emitida por Porvenir S.A, generada el 12 de febrero de 2025, la demandante cotiz� 308 semanas en dicha AFP entre el 06-1997 y 06-2003 (Archivo 18).

La reclamaci�n relativa al traslado de r�gimen fue presentada ante Skandia, el 06-06-2024 (archivo 02, fol. 60). La reclamaci�n relativa al traslado de r�gimen y el reconocimiento pensional fue presentada ante Colpensiones, el 05-06-2024 (archivo 02, fol. 55). Fundamentos legales y jurisprudenciales aplicables. Para resolver los problemas jur�dicos planteados, resulta oportuno traer a colaci�n los fundamentos normativos y jurisprudenciales aplicables.

De la ineficacia del traslado de r�gimen Para resolver el primer problema jur�dico, el cual se enmarc� en establecer la procedencia o no de declarar la ineficacia del traslado de r�gimen pensional que hizo la actora al RAIS, atendiendo las pruebas arrimadas y la carga de la prueba, al respecto se tiene: La jurisprudencia ha establecido que las discusiones relacionadas con el incumplimiento del deber de asesor�a a cargo de las AFP del RAIS implican examinar la validez del acto jur�dico del traslado en s� mismo.

Para que este acto tenga efecto, es necesario que est� respaldado por una decisi�n voluntaria y libre del afiliado, lo que implica estar debidamente informado (SL5595-2021). El acto jur�dico del traslado es lo que se cuestiona, por ende, debe analizarse para determinar su validez y su capacidad para producir efectos, dada la controversia sobre la existencia de uno de los requisitos que respaldan su conformidad con la ley, el consentimiento informado del afiliado.

En este ejercicio, el juez debe constatar si la informaci�n se proporcion� oportunamente en el momento del cambio, ya que es ah� cuando se debe cumplir con el requisito de una asesor�a adecuada para que el traslado de r�gimen sea efectivo. De no proporcionarse de manera oportuna, esto se traduce en la falta de informaci�n, tal como lo ha aclarado la Corte en la sentencia SL1688-2019.

En torno a la ineficacia del traslado y el derecho pensional, la jurisprudencia ha ense�ado que el efecto principal de la primera es que las cosas vuelvan al mismo estado en que se hallar�an si no existiera el acto de afiliaci�n cuestionado. Dicha circunstancia, es relevante para la definici�n del derecho pensional del asegurado y las condiciones en que puede obtenerlo, pues el efecto ex tunc de la ineficacia, permite colegir que, si una persona estaba afiliada al RPM con PD, �ha de entenderse que nunca se cambi� al sistema privado de pensiones, y si estuvo afiliado al r�gimen de ahorro individual con solidaridad, ha de darse por sentado que nunca se traslad� al sistema p�blico administrado por Colpensiones� (SL4360-2019).

Sin embargo, el prop�sito de la ineficacia del traslado al RAIS no se agota en el retorno al r�gimen al que se estaba afiliado con antelaci�n, sino que tambi�n se extiende a la conservaci�n del beneficio de la transici�n del art�culo 36 de la Ley 100 de 1993, aspecto que incide en la definici�n de la situaci�n pensional. As�, el hecho de que se declare la ineficacia del cambio de r�gimen, esto es, que se tenga como si jam�s se hubiese celebrado, conlleva que se declare que siempre se permaneci� en el RPM y, por ende, que se mantuvo el r�gimen de transici�n. De ser esa la situaci�n, el escenario para analizar el derecho pensional resulta diferente, dado que ya no corresponde acreditar los requisitos para recuperar el beneficio de la transici�n, esto es, tener 15 a�os de servicios al 1 de abril de 1994, porque si no dej� de pertenecer al RPM, nunca lo perdi� en los t�rminos de los incisos 4 y 5 del art�culo 36 de la Ley 100 de 1993.

De ah� que, la definici�n de la validez o no del acto de traslado al RAIS, implica el retorno al RPM y, adem�s, la posibilidad de que la pensi�n se estudie bajo el r�gimen anterior que le sea aplicable (V�ase SL1688-2019, SL1689-2019 y SL1452-2019). Del deber de informaci�n. Cuando se busca judicialmente la ineficacia del traslado de un afiliado del R�gimen de Prima Media (RPM) al R�gimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), es crucial considerar que la ley asigna a las AFP el deber de informar a quienes se afilien a ellas.

Las AFP deben proporcionar toda la informaci�n necesaria y suficiente sobre todas las etapas del proceso, desde la afiliaci�n hasta las condiciones para el disfrute pensional. Esto implica ofrecer informaci�n completa y comprensible que equilibre la asimetr�a entre el administrador experto y el afiliado inexperto en temas complejos. Adem�s, las AFP tienen el deber del buen consejo, que va m�s all� de la simple informaci�n. Deben orientar activamente al afiliado, presentando diferentes alternativas con sus beneficios e inconvenientes y a�n, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opci�n que claramente le perjudica.

Por ello, dadas las diferencias estructurales entre ambos reg�menes, era necesario que quien se decidiera por uno u otro, conociera de antemano sus caracter�sticas esenciales. Solo as�, la decisi�n de pertenecer al RPM o al RAIS ser�a libre y voluntaria, pues si el afiliado desconoce las caracter�sticas del r�gimen al cual se afili� o se traslad�, no se puede arg�ir que la decisi�n fue plenamente consciente y, por tanto, bajo un consentimiento informado.

Lo dicho, se fundamenta en la l�nea trazada por la Sala de Casaci�n Laboral, entre otras, en la SL1458-2023 que reitera la SL1688-2019, donde se dijo: �(�) la regla jurisprudencial identificable en las sentencias, consiste en que, por tratarse de un derecho m�nimo que consagra garant�as en favor de los afiliados, las administradoras de fondos de pensiones deben suministrarles oportunamente, informaci�n clara, cierta y comprensible de las caracter�sticas, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de r�gimen pensional, �sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si est� o no pr�ximo a pensionarse, dado que la violaci�n del deber de informaci�n se predica frente a la validez del acto jur�dico de traslado, considerado en s� mismo.

Esto, desde luego, teniendo en cuenta las particularidades de cada asunto� (CSJ SL1452-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019 y CSJ SL3463-2019)�. A prop�sito, la Corte Constitucional en la sentencia SU-107 de 2024, coincide con la posici�n de la Sala de Casaci�n Laboral, en torno a las obligaciones a cargo de las AFP, frente a lo cual, dijo: �El deber de informaci�n es clave en las relaciones contractuales que emprendan los particulares y es vinculante para aquella parte que, por su experticia, puede ofrecer a la parte d�bil de la relaci�n los datos m�nimos que caracterizan el objeto contractual.

Las AFP siempre han estado legitimadas para promocionar el r�gimen de ahorro individual con solidaridad con el fin de lograr que cada vez m�s personas se afilien a �l y as� ser m�s competitivas en el sistema pensional. De cualquier modo, dichas AFP tienen el deber de informar a los potenciales afiliados, con criterios de transparencia y suficiencia, sobre las condiciones y consecuencias que tendr� su vinculaci�n a ellas.

Este deber es consecuencia de la regla prevista en el art�culo 13 de la Ley 100 de 1993 seg�n el cual la afiliaci�n de una persona al RAIS o al RPM debe ser libre y voluntaria. Es decir, la escogencia de una u otra opci�n, debe contar con conocimiento de causa. Esto supone que la persona debe reconocer, cuando menos, el funcionamiento, condiciones y reglamentaci�n del r�gimen al que pretende pertenecer. � Para lo que importa a este caso, en el mercado de pensiones una de las manifestaciones de la asimetr�a de informaci�n consiste en que los usuarios no tienen suficiente informaci�n para decidir, entre las opciones que tienen a su disposici�n, cu�l es la que mejor garantiza sus intereses o satisface sus expectativas.

Estas dificultades pueden recaer sobre la decisi�n de afiliarse a uno u otro r�gimen pensional, decidir sobre su permanencia en el r�gimen elegido, determinar si realiza o no cotizaciones voluntarias, decidir si cumple o no el deber legal de cotizar, asumir o no el riesgo de dejar de cotizar, escoger una modalidad de retiro en el RAIS, etc. � Dicho ello, la Sala Plena de esta Corte Constitucional comparte buena parte de lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia. El deber de informaci�n que deb�a prestarse a los afiliados, antes de que estos optaran por el nuevo r�gimen pensional, exist�a desde el mismo momento en que se cre� el RAIS.

Fue a partir de la Ley 100 de 1993 que las personas tuvieron la opci�n de escoger entre el r�gimen pensional hasta el momento conocido y el nuevo r�gimen pensional que entraba a competir por los afiliados y escoger implicaba, de suyo, conocer los alcances de tal decisi�n�. � Lo que realmente interesa es definir si las personas fueron debidamente informadas o no, de acuerdo con el est�ndar que exist�a para la fecha del traslado, antes de adoptar una decisi�n que a la postre repercutir�a en su derecho pensional.

En este orden, el deber legal de las administradoras era simplemente informar y hacerlo de manera objetiva. Si luego de ello la persona voluntariamente resolv�a trasladarse al RAIS, esa determinaci�n gozar� de plena validez, con independencia de que aquella les hubiere dado m�s importancia a las opiniones de terceros, que a la misma informaci�n suministrada por las AFP.

Por lo anterior, en cuanto al tema, coinciden los �rganos de cierre tambi�n en el hecho de que no informar debidamente a los usuarios, conforme al est�ndar exigido por las normas vigentes al momento en que estos efectuaron su respectivo traslado, esto, acorde al momento hist�rico que se produzca, genera la ineficacia del mismo, siendo dicha figura la consecuencia jur�dica que determina el art�culo 271 de la Ley 100 de 1993 a la pr�ctica de obstruir el derecho a la libre elecci�n entre reg�menes�.

De la carga de la prueba. La Sala de Casaci�n Laboral en pronunciamientos reiterados menciona que ni la jurisprudencia desarrollada por esa Corporaci�n ni el ordenamiento jur�dico establecen como requisito para aplicar las reglas sobre ineficacia, y en especial la relativa a la inversi�n de la carga de la prueba, que el afiliado fuese beneficiario del r�gimen de transici�n, tuviese un derecho consolidado o una expectativa leg�tima en el momento del cambio de r�gimen.

Por el contrario, ha estimado que para que resulte viable la declaratoria de ineficacia del traslado, as� como la inversi�n de la carga de la prueba en estos casos, lo que se exige es que la AFP haya incumplido su deber de informaci�n, ya que �el acto de afiliaci�n o traslado de r�gimen pensional debe estar acompa�ado de la decisi�n libre y voluntaria del afiliado, la cual no se limita a la simple manifestaci�n de quien decide trasladarse, sino que debe ajustarse a los par�metros de libertad informada, es decir, la solicitud y tr�mite de traslado de r�gimen pensional debe estar precedida de una informaci�n clara, comprensible y suficiente, sobre las consecuencias favorables y desfavorables que su decisi�n acarrea�.

Todo ello, porque �la violaci�n del deber de informaci�n se predica frente a la validez del acto jur�dico de traslado, considerado en s� mismo�. En este contexto, la Sala de Casaci�n Laboral denota que siempre que se alegue que una AFP no inform� sobre las consecuencias de un cambio de r�gimen pensional, corresponde a aquellas demostrar que s� brind� dicha informaci�n. Dicha regla se enunci� por primera vez en la Sentencia 31989 del 9 de septiembre de 2008, en la que se advirti�: �[e]n estas condiciones el enga�o no solo se produce en lo que se afirma, sino en los silencios que guarda el profesional, que ha de tener la iniciativa en proporcionar todo aquello que resulte relevante para la toma de decisi�n que se persigue; de esta manera, la diligencia debida se traduce en un traslado de la carga de la prueba del actor a la entidad demandada�.

Dicha l�nea de pensamiento, la Corte Constitucional en la sentencia SU107-2024, la encontr� desproporcionada en materia probatoria y violatoria del debido proceso porque no era dable imponer cargas probatorias imposibles de cumplir para ninguna de las partes, como tampoco despojar al juez de su papel de director del proceso, de su autonom�a judicial para decretar y practicar las pruebas que fueran necesarias, pertinentes y conducentes para resolver el caso concreto conforme a las reglas de la sana cr�tica al momento de valorar las pruebas.

Por ello, la Corte Constitucional con el objetivo de modular o flexibilizar el precedente de su hom�loga, otorgando un efecto inter pares y de inmediato cumplimiento, dispuso las reglas aplicables especialmente a traslados ocurridos entre 1993 y 2009, para todas las demandas en curso ante la Jurisdicci�n Ordinaria Laboral, en cualquiera de sus instancias o en sede de Casaci�n, as� como aquellas tramitadas mediante acci�n de tutela, cuya pretensi�n, principal o subsidiaria, est� dirigida a que se declare la ineficacia del traslado de r�gimen.

Al respecto, orden� que en dichos casos, deben considerarse las reglas contenidas en la Constituci�n, el CPTSS y el CGP, relacionadas con el debido proceso, lo que implica que el juez debe actuar como director del proceso, con la autonom�a e independencia que le son propios, y dentro de sus muchas actuaciones dirigidas a formar su convencimiento para decidir lo que en derecho corresponda, puede: (i) Decretar, practicar y valorar en igualdad todas las pruebas que soliciten las partes y que sean necesarias, pertinentes y conducentes para demostrar los hechos que sirven de causa a las pretensiones o las excepciones;

(ii) Procurar, de manera oficiosa, la obtenci�n de pruebas acudiendo a las enlistadas en el art�culo 161 del CGP y el art�culo 51 del CPTSS, con la finalidad de desentra�ar la verdad de lo ocurrido; (iii) Valorar las pruebas decretadas y debidamente practicadas con su inmediaci�n, de manera individual y en su conjunto con las dem�s, para determinar el grado de convicci�n que estas ofrecen sobre lo ocurrido;

(iv) Acudir a la prueba indiciaria si lo estima necesario, en los t�rminos de los art�culos 176 y 242 del CGP; y (v) Invertir la carga de la prueba cuando, analizando el caso concreto y la posici�n de las partes, se encuentre ante un demandante que est� en la imposibilidad de demostrar los supuestos de hecho de sus pretensiones, y en un proceso donde no haya sido posible desentra�ar por completo la verdad a pesar de los esfuerzos probatorios oficiosos desplegados por el juez de la causa.

Caso analizado: A efectos de establecer si la demandante contaba con los elementos de juicio suficientes para tomar una decisi�n informada, para el caso, militan los siguientes medios de prueba: Formularios signados por el demandante. El 16 de junio de 1997, la Sra. Adriana Cadavid Villa suscribi� el formulario de traslado de r�gimen hacia Porvenir S.A. y el 30 de mayo de 2003 se traslad� hacia Skandia S.A. obrando el formulario que firm�.

Frente a dichos documentos, cumple recordar que no son prueba suficiente para acreditar el cumplimiento del deber de informaci�n, amen que de ellos no es posible inferir que la demandante conoc�a los verdaderos efectos que sobre sus derechos pensionales pod�a tener la decisi�n de trasladarse de r�gimen, entre ellos, la forma de establecer, aumentar o disminuir su futura mesada, lo que adem�s no puede considerarse como satisfecho con una simple expresi�n gen�rica; o con el hecho de que no haya demostrado en el transcurso del tiempo inconformidad alguna sobre el cambio en el sistema pensional que hizo.  Ahora, tampoco es suficiente con que la demandante hubiere signado el formulario de afiliaci�n del 16-06-1997 (traslado de r�gimen) con la anotaci�n preimpresa de haber sido un acto libre, voluntario y sin presiones cuando no se trat� de una decisi�n respaldada en un claro conocimiento del r�gimen al que mut�, es decir, cuando no se acredit� que se trat� de un consentimiento informado durante el momento hist�rico que se produjo dicha decisi�n. De otro lado, tampoco puede arg�irse que con la afiliaci�n que posteriormente hizo hacia Skandia S.A. se hubiere otorgado validez al traslado de r�gimen, al tratarse de un hecho ulterior que no convalida la decisi�n inicial.

Interrogatorio al demandante. Para auscultar si se cumpli� con el prop�sito de la alzada, se escuch� la exposici�n que hizo la Sra. Adriana Cadavid Villa, quien manifiesta contar con 58 a�os, Ingeniera Qu�mica, independiente. No pensionada. Frente al traslado de r�gimen que hizo en 1997 a la AFP Porvenir S.A. relat� que iniciando labores en Colmotores fue invitada a una reuni�n con algunas personas del grupo administrativo de la compa��a donde les indicaron las ventajas que tendr�a de que se trasladaran a Porvenir, decidiendo hacerlo al finalizar de esa reuni�n. De su traslado entre AFP hacia Skandia S.A. dijo que tambi�n se hizo una reuni�n de grupo donde les ofrecieron mejores rendimientos.

Acepta haber firmado voluntariamente el formulario de afiliaci�n en ambas oportunidades. Refiere que en dichas reuniones nunca les hicieron una disertaci�n sobre las ventajas de Colpensiones, ni de las desventajas y riesgos de los fondos privados. De lo anterior, n�tese que de dicho instrumento no se encontraron manifestaciones que, conjunta o individualmente, puedan calificarse como una confesi�n de haber recibido la informaci�n a que estaba obligada la AFP Porvenir S.A. en la antesala del traslado de r�gimen pensional, lo que implica que, solo se demostr� que el formulario lo suscribi� el demandante de manera libre, voluntaria y sin presiones, pero no que se cumpli� con el deber de informaci�n. Testimonio del Sr. Ricardo Medina Chavez, 60 a�os, Ingeniero, independiente, excompa�ero de trabajo de la demandante en Colmotores donde trabaj� por espacio de 20 a�os.

Menciona conocer que la demandante era afiliada del ISS hoy Colpensiones, lo cual sabe porque ambos se trasladaron a Porvenir S.A. al mismo momento, pues se trasladaron varios empleados (1997). Refiere que, para dicho traslado, fueron reunidos por el fondo privado donde en aproximadamente media hora, les contaron los beneficios que iban obtener de trasladarse a Porvenir S.A., como era la de obtener una mayor rentabilidad y que se pod�an pensionar de manera anticipada, sin mencionar m�s aspectos relevantes.

Comenta que nunca les dijeron que existieran aspectos negativos de trasladarse de r�gimen y que tampoco mencionaron nada espec�fico del ISS. Agrega que los asesores fueron para incentivarlos a cambiarse. Testimonio del Sr. Jorge Eduardo Albarrac�n Supelano, 55 a�os, Ingeniero mec�nico, empleado. Dijo conocer a la demandante hace 30 a�os al haber compartido labores en la empresa General Motors Colmotores entre 2005-2010.

Comenta que estando todos los trabajadores vinculados al ISS, para el a�o 97 y 98 muchos se cambiaron hacia el fondo privado; que fueron aconsejados de cambiarse a Porvenir S.A. porque fueron a hacer una forma de campa�a; que en una reuni�n con cerca de 20 o 30 personas les dieron una informaci�n muy general donde les mostraron las deficiencias del fondo anterior, sin darles orientaci�n sobre las caracter�sticas espec�ficas del RAIS, refiriendo que se trat� de algo superficial donde no se trataron temas t�cnicos de car�cter comparativo.

N�tese que con dichos testimonios, tampoco se logra establecer cu�l fue espec�ficamente la informaci�n suministrada a la demandante durante el traslado de r�gimen, en atenci�n a que los testigos en que coinciden es que se les habl� de manera general del RAIS y que resaltaron como un beneficio el trasladarse a Porvenir S.A., m�s no que se les hubiere dado un comparativo de los reg�menes o de las caracter�sticas, riesgos y desventajas de ambos reg�menes pensionales.

Por tanto, de dichas declaraciones tampoco se logr� establecer si la afiliada recibi� informaci�n suficiente, clara y veraz de los sistemas pensionales respecto de los cuales deb�a adoptar una decisi�n. Las dem�s pruebas arrimadas se contraen en las historias laborales de la demandante, las cuales solo dan cuenta de los aportes realizados, sin que doten al proceso de informaci�n adicional.

De manera que, en este caso en particular, se est� frente a un caso que, a pesar de los esfuerzos probatorios, no fue posible desentra�ar por completo la verdad, pues del interrogatorio no se logr� obtener una confesi�n a favor de la parte demandada de manera que se evidenciara de que estos hubieren informado a la demandante sobre los riesgos y consecuencias del traslado al RAIS y, n�tese que tanto la accionante como los testigos, desconoc�an las diferencias y caracter�sticas de cada r�gimen, por lo que se podr�a arg�ir que la informaci�n result� ser insuficiente, pues no se logr� esclarecer con precisi�n el tipo de informaci�n suministrada por la AFP con quien se hizo el traslado de r�gimen.

En todo caso, resulta notorio que la AFP Porvenir S.A. falt� a su deber de �informaci�n y buen consejo�, omitiendo informar sobre las ventajas, desventajas, caracter�sticas, riesgos, posibilidades de pensi�n en cada r�gimen y dem�s aspectos como la p�rdida de derechos transicionales, de manera que se le permitiese comprender claramente la conveniencia o inconveniencia de su decisi�n, condiciones estas que no fueron probadas.

A lo anterior se suma, que las obligaciones que deb�an observar los fondos de pensiones durante el traslado de la parte accionante eran las contenidas en las normas del sistema vigente a esa �poca. De modo que, al ser la solicitud del a�o 1997, es factible pregonar sin vacilaci�n que a la AFP con que se hizo el traslado de r�gimen le correspond�a cumplir con el deber de informaci�n que deviene de las disposiciones constitucionales, de la Ley 100 de 1993, art�culos 13, literal b), 271 y 272 y del Decreto 663 de 1993, art�culo 97, seg�n los cuales, como m�nimo, debi� ilustrarse al potencial afiliado sobre las caracter�sticas, condiciones de acceso, efectos y riesgos de cada uno de los reg�menes pensionales.

En conclusi�n, al analizar en conjunto los medios de prueba que obran en el expediente, se tiene que la AFP Porvenir con quien se hizo el traslado de r�gimen, no ilustr� a la parte demandante en la antesala y durante la afiliaci�n, con informaci�n clara, precisa y compresible en aspectos tan relevantes como las caracter�sticas de ambos reg�menes, las ventajas, desventajas y riesgos de su afiliaci�n al RAIS, circunstancia que conlleva a la ineficacia del traslado de r�gimen que hizo el 16-06-1997 y adem�s, se deber� dejar sin efectos el traslado horizontal que hizo hacia Skandia S.A. el 30-05-2003, pues como se advirti�, el traslado horizontal tampoco tiene la virtud de convalidar el traslado que hizo primigeniamente hacia el RAIS, ni de sanear el acto de traslado de r�gimen, porque lo aqu� discutido es que se le declare ineficaz debido al incumplimiento de la AFP a su deber de informaci�n en la forma lineada por la Jurisprudencia, declaratoria que implicar�a que la demandante se entienda afiliada al RPM con PD como si nunca se hubiere trasladado, adem�s de los efectos que la ineficacia conlleva.

Continuando con el an�lisis, resta decir que no basta con arg�ir que el asesor pudo ilustrar al demandante de la informaci�n que este requer�a � nada se prob� al respecto-, porque justamente la falta de claridad y completitud de la informaci�n de la que fue objeto la actora fue lo que le impidi� adoptar una decisi�n soportada en una debida y completa ilustraci�n, sin que aspectos como el inter�s econ�mico de obtener una mayor mesada sea un argumento suficiente para desvanecer la anterior conclusi�n, como tampoco lo es el hecho de que la actora no hubiere hecho uso de la posibilidad de retracto; o que hubiere realizado un traslado entre AFP del RAIS como aqu� sucedi�, porque lo que justamente demuestra es el desconocimiento que ten�a la demandante cuando mut� de r�gimen y, fue esa misma falta de informaci�n y buen consejo por parte la AFP Porvenir la que denota que nunca le advirti� lo que implicaba la decisi�n frente a sus derechos pensionales.

Con lo dicho, fuerza concluir que resultaba acertado procedente declarar la ineficacia del acto jur�dico de traslado de r�gimen que hizo la demandante al RAIS. De all� que la conclusi�n adoptada por la jueza de primera instancia deba mantenerse. De los rubros a ser trasladados al r�gimen de prima media, seg�n los efectos de la ineficacia: Rectificaci�n de postura jurisprudencial Como bien se conoce, en anteriores oportunidades, esta Sala acogi� la l�nea desarrollada por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-107 de 2024, en virtud de sus efectos inter pares e inmediato cumplimiento.

Dicha providencia limit� los efectos de la ineficacia a la devoluci�n del ahorro acumulado en la cuenta individual, los rendimientos financieros y, en caso de haberse pagado, el valor del bono pensional, excluyendo expresamente las primas de seguros previsionales, los gastos de administraci�n y los aportes al Fondo de Garant�a de Pensi�n M�nima, por tratarse de rubros que �seg�n sostiene la Corte� corresponden a situaciones jur�dicas consolidadas y de imposible restituci�n. No obstante, al reevaluar dicho criterio, y tras analizar con detenimiento la postura reiterada de la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en particular, la expuesta en la sentencia SL1048-2025, esta Sala encuentra jur�dicamente fundado retomar la posici�n pac�fica que sobre el tema, tiene trazada la Corte Suprema de Justicia � Sala de Casaci�n Laboral -, para as� apartarse motivadamente de la l�nea de pensamiento planteada en la sentencia SU-107-2024, en aplicaci�n del principio de independencia judicial y conforme a lo previsto en la Sentencia SU-611 de 2017.

As� las cosas, esta Sala rectifica la postura que se ven�a aplicando acorde con la SU107/2024, para alinearlo nuevamente con la l�nea de pensamiento del m�ximo �rgano de cierre de esta Jurisdicci�n, compartiendo en su integridad la carga argumentativa planteada en la sentencia SL1048-2025, y que a continuaci�n se cita In extenso: �[�] N�tese que el juez colectivo adujo la supuesta obligatoriedad que, en su criterio, le impon�a variar la postura tradicional que, siguiendo a la Corte Suprema de Justicia, ese cuerpo colegiado hab�a tenido respecto de los efectos de la ineficacia, en cuanto a las restituciones que deb�an hacerse entre las administradoras de los reg�menes se refiere, todo ello en relaci�n con los aportes realizados al Sistema de Seguridad Social en Pensiones.

Pues bien, en sentencia CSJ SL1884-2020, esta Sala de Casaci�n analiz� el hecho de que la Corte Constitucional ha definido el precedente judicial como aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habr� de resolver que, por su pertinencia para la resoluci�n de un problema jur�dico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada al momento de resolver el asunto de su competencia. Igualmente, dijo la Corte Suprema de Justicia en el mentado prove�do, que el Alto Tribunal Constitucional ha precisado que su precedente tiene fuerza vinculante, puesto que, sin duda, la jurisprudencia es una fuente formal del derecho y la hermen�utica que elaboran las autoridades judiciales que poseen la facultad de unificarla y otorgarle comprensi�n a normas superiores, precisamente contribuye a determinar el alcance de disposiciones normativas y a desarrollar principios b�sicos del Estado Constitucional, como el de seguridad jur�dica; adem�s, permite materializar el respeto de los principios de igualdad, supremac�a de la Carta Pol�tica, debido proceso y confianza leg�tima (CC C 539-2011).

No obstante, se afirm� en la misma providencia en cita de la Corte Suprema, que la Constitucional tambi�n ha diferenciado entre las decisiones derivadas del control abstracto de constitucionalidad; es decir, aquellos fallos que determinan el contenido y alcance de la normativa superior y el precedente en vigor; esto es, el que deriva de las providencias de acciones de tutela.

Aclar� la Sala de Casaci�n Laboral que el primero tiene fuerza vinculante especial y obligatoria en raz�n de sus efectos erga omnes y su desconocimiento significa una trasgresi�n a la Constituci�n Pol�tica (CC C-083-1995, C836 2001, C-335-2008 y C-539-2011); mientras que el segundo, aunque tambi�n tiene fuerza vinculante, le permite al juez apartarse de sus postulados siempre que cumpla con el deber de trasparencia y argumentaci�n suficiente, en armon�a con los derechos y los principios constitucionales; ello, debido a los efectos inter partes que produce la jurisprudencia en estos casos (CC SU-611-2017).

As� las cosas, se recuerda, la Corte Constitucional adujo en la sentencia CC SU-107-2024 que tan s�lo es susceptible de traslado el ahorro existente en la cuenta individual, los rendimientos y, si se ha pagado, el valor del bono pensional, pues no toda la cotizaci�n es apta de tal figura, ya que el aporte se desglosa, entre otros, en primas de seguros, gastos de administraci�n y el porcentaje para el fondo de garant�a m�nima, �[�] pues se trata de una serie de situaciones que se consolidaron�.

En el pronunciamiento en discusi�n, la Corte Constitucional expuso que en relaci�n con la distribuci�n de la cotizaci�n obligatoria que del 16% que la compone, la administradora de fondos pensionales que corresponda deber� destinar un 11,5% a la cuenta individual del afiliado, un 1,5% al Fondo de Garant�a de Pensi�n M�nima y un 3% al financiamiento de los gastos de administraci�n, la prima de reaseguros de Fogaf�n y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.

En cuanto a los gastos de administraci�n se refiere, la Corte Constitucional hizo un s�mil en relaci�n con aquellos propios del Sistema de Seguridad Social en Salud, para manifestar que es leg�timo que los particulares que participan en el sistema sean recompensados por los gastos de administraci�n en los que incurren y perciban una utilidad razonable y destac�, adem�s, que �esta utilidad por la administraci�n en pensiones tiene un impacto incluso para determinar a qu� fondo pertenece un afiliado�.

Respecto de la contribuci�n para el Fondo de Garant�a de Pensi�n M�nima, con base en lo argumentado en la sentencia CC C-687-2017, destac� que la cotizaci�n en el RAIS no s�lo tiene por destino nutrir la cuenta de ahorro individual sino tambi�n alimentar un componente de solidaridad. De todo lo anterior concluy� que ni las primas de seguros, ni los gastos de administraci�n, o el porcentaje del Fondo de Garant�a de Pensi�n M�nima, ya sea de forma individual, combinada o indexada son susceptibles de devoluci�n o traslado al configurar situaciones que se consolidaron en el tiempo y que no se pueden retrotraer por el simple hecho de declarar la ineficacia del traslado pensional.

Bajo el anterior contexto, la Corte Suprema de Justicia, frente a los efectos inter-partes y la ratio decidendi de la sentencia CC SU-107-2024, en lo que tiene que ver con la devoluci�n o traslado por parte de las AFP a Colpensiones de sumas diferentes al ahorro de la cuenta individual, los rendimientos financieros y el valor del bono pensional, se apart� de su contenido (deber de transparencia), por las razones que se exponen a continuaci�n (deber de argumentaci�n suficiente) y que se itera, esta Sala comparte y la acoge para tambi�n apartarse parcialmente de la directriz trazada por la Corte Constitucional, as�: En efecto, debe tenerse presente que los rubros por primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, la prima de reaseguros de Fogaf�n y lo destinado al Fondo de Garant�a de Pensi�n M�nima fueron porcentajes tomados de los aportes realizados para este caso por la actora, es decir, la fuente de financiaci�n primigenia de tales emolumentos no es otra que la cotizaci�n efectuada en raz�n de la relaci�n de afiliaci�n de la demandante con la AFP, seg�n lo dispone el art�culo 20 de la Ley 100 de 1993, con la modificaci�n introducida por el art�culo 7.� de la Ley 797 de 2003 [�] De la lectura atenta de la norma se concluye, sin dificultad alguna, que del 100% de la cotizaci�n (75% aportado por los empleadores y 25% por los trabajadores), unos valores, determinados normativamente, deben ser distribuidos por la AFP recaudadora para destinarlos al Fondo de Garant�a de Pensi�n M�nima y para sufragar los gastos de administraci�n, la prima de reaseguros de Fogaf�n y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.

Es a partir de esta reflexi�n que toma sentido la orden de devoluci�n de estos valores a Colpensiones por parte de la AFP cuando se declara la ineficacia de traslado de r�gimen pensional, pues de lo que se trata es de recomponer el valor total de la cotizaci�n que fue depositada y recaudada en su momento en el RAIS, para que en condiciones equivalentes reingrese al fondo p�blico.

En ese escenario, las relaciones jur�dicas relevantes son aquellas que se producen, inicialmente, entre la afiliada y la AFP y, luego, entre la primera de las mencionadas y Colpensiones, pues declarada la ineficacia, la �ltima deber� en su momento, una vez se cumplan los requisitos, reconocer y pagar la prestaci�n pensional bajo el entendido de que las consecuencias de tal declaratoria implica dejar sin efectos jur�dicos el acto de vinculaci�n al R�gimen de Ahorro Individual y, por tanto, ello conlleva que las cotizaciones efectuadas al Sistema General de Pensiones, de manera integral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestaci�n Definida administrado por Colpensiones.

Cabe destacar que la cuota que se paga por la seguridad social (cotizaci�n) responde a una naturaleza parafiscal, de car�cter obligatorio, cuya recaudaci�n, uso y destino se encuentran expresamente reguladas en la ley (relaci�n jur�dica de cotizaci�n), como se explic� en la sentencia CSJ SL138-2024: Debe anotarse, preliminarmente, que la cotizaci�n, entendida como uno de los elementos financieros m�s importante del sistema de pensiones, que garantiza la acci�n protectora de la seguridad social a trav�s del reconocimiento de las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivencia, tiene que efectuarse de forma obligatoria durante la vigencia de la relaci�n laboral, del contrato de prestaci�n de servicios, de la actividad desarrollada como trabajador independiente o durante el per�odo que sea elegido para ser beneficiario de los subsidios del fondo de solidaridad pensional, en los t�rminos de los art�culos 15 y 17 de la Ley 100 de 1993, modificados por los art�culos 3 y 4 de la Ley 797 de 2003, respectivamente.

As� las cosas, se puede constatar que el ordenamiento jur�dico ata el nacimiento y la duraci�n de la obligaci�n de cotizar a la realidad de la prestaci�n del servicio o del tiempo de afiliaci�n al sistema, bien como trabajador dependiente, independiente, beneficiario del subsidio o a�n, voluntario. Por eso, la obligaci�n de cotizar se extingue por el fallecimiento del sujeto obligado a cotizar o beneficiario del subsidio, cuando se activa la protecci�n para los beneficiarios supervivientes, si el causante deja acreditados los requisitos para acceder a las prestaciones.

As� mismo, la legislaci�n permite a los beneficiarios de los subsidios del fondo de solidaridad pensional pagar las cotizaciones de manera anticipada, sin embargo, si la afiliaci�n se extingue por el fallecimiento del asegurado, igual consecuencia aplica para la obligaci�n de cotizar, tal y como se desprende del literal d) del art�culo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art�culo 2 de la Ley 797 de 2003, al disponer que �La afiliaci�n implica la obligaci�n de efectuar los aportes que se establecen en esta ley�; [�].

Por manera que, la forma o periodicidad con que hayan sido pagadas las primas de seguros de invalidez y muerte o la de reaseguros, o descontadas las cuotas o valores correspondientes a gastos de administraci�n o Fondo de Garant�a de Pensi�n M�nima, no tienen ninguna incidencia respecto de la condena fulminada contra la AFP para que devuelva esos valores a Colpensiones, porque se trata de relaciones jur�dicas entre terceros que, consolidadas o no, no tienen por qu� afectar la integralidad de la cotizaci�n que debe ser trasladada a la administradora del r�gimen al que se ha declarado como v�lidamente vinculada a la demandante.

Esa es la raz�n por la cual la AFP, cuya actuaci�n omisiva origina la declaratoria de ineficacia de traslado de r�gimen pensional (retorno al statu quo ante), deba reintegrar a Colpensiones dichos valores de sus propios recursos, se insiste, sin que se tengan que ventilar en el proceso las relaciones jur�dicas con terceros (aseguradoras, Fogaf�n, etc.) que reciben unos pagos o cesiones de dinero en virtud de unos contratos o por disposici�n de la ley, que son financiados con un porcentaje de la cotizaci�n que fue recaudada �ntegramente por la AFP, y que �sta debe trasladar de la misma manera a Colpensiones, con independencia de la composici�n o distribuci�n que la ley ordene hacer al interior de cada r�gimen.

Cabe aclarar, por dem�s, que en el caso del porcentaje correspondiente al Fondo de Garant�a de Pensi�n M�nima es la misma ley la que ordena, expresamente, devolver ese rubro en caso de traslado, conforme lo dispuesto por el art�culo 7.� del Decreto 3995 de 2008, �por el cual se reglamentan los art�culos 12, 13 y 16 de la Ley 100 de 1993�, tal cual qued� asentado en la sentencia CSJ SL2877-2020.

Frente a la orden impartida por la Corte Constitucional para, �EXTENDER, con efectos inter pares y de inmediato cumplimiento, las reglas expuestas en esta providencia� a todas las demandas que est�n en curso ante la Jurisdicci�n Ordinaria Laboral, ya sea en primera, segunda instancia o en sede de casaci�n, como tambi�n las que se tramiten mediante acci�n de tutela y cuya pretensi�n, principal o subsidiaria, est� dirigida a que se declare la ineficacia del traslado del R�gimen de Prima Media al R�gimen de Ahorro Individual con Solidaridad, caben las reflexiones que a continuaci�n se explican.

Aunque la Corte Constitucional en la sentencia CC SU 611-2017 se�al� que, en los fallos de tutela, por regla general, su parte resolutiva tiene efectos inter partes, tambi�n manifest� la posibilidad de que en la misma providencia se les fije otro efecto, y explic� que esa doctrina constitucional era criterio auxiliar de interpretaci�n judicial, �de la cual s�lo se pueden apartar con la debida motivaci�n� y, en todo caso, en armon�a con los mandatos constitucionales.

Tambi�n memor� cu�ndo y de qu� manera operan los efectos inter pares y para ello cit� la sentencia CC SU-349-2019: [�] en aquellos eventos en los que �sta resuelve un problema jur�dico relacionado con la interpretaci�n y/o aplicaci�n de un marco normativo concreto, en un contexto f�ctico espec�fico. En estos eventos, se dispone que la resoluci�n que ha dado al asunto debe ser asumida en los casos que, sin integrar necesariamente una misma comunidad, son o llegar�n a ser semejantes.

Ese tipo de efectos, seg�n la Corte Constitucional, se justifican para �materializar el principio de la igualdad, establecido en el art�culo 13 de la Constituci�n Pol�tica�, dado que �si un n�mero importante de personas se encuentra en una situaci�n equiparable, no habr�a raz�n para tratarlas de manera diversa�, ya sea en sede ordinaria o de tutela.

En ese contexto, para lo que aqu� se debate, importa recordar que la Constituci�n Pol�tica se�ala en su art�culo 1.�, entre los principios fundamentales �el trabajo�; y que �ste, a su vez, es el elemento generatriz de las relaciones jur�dicas de afiliaci�n y cotizaci�n propias de la Seguridad Social. Por su parte, la Seguridad Social es definida en la Carta Pol�tica como un servicio p�blico de car�cter obligatorio que se prestar� bajo la direcci�n, coordinaci�n y control del Estado, con sujeci�n a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los t�rminos que establezca la ley, el cual puede ser prestado por entidades p�blicas o privadas, teniendo en cuenta que �No se podr�n destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella� y que el Estado debe garantizar �la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional�, en los t�rminos del art�culo 48 Superior.

Lo dicho traduce el que el derecho fundamental a la seguridad social en pensiones tenga como objetivo primario proteger a las personas y a sus familias contra las contingencias de vejez, invalidez y muerte, garantizando un ingreso que permita bienestar y calidad de vida en condiciones dignas, en un contexto de solidaridad. El desarrollo legal de este marco constitucional se encuentra, b�sicamente, en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en la cual se estableci� el r�gimen de cotizaciones, esto es, la fuente principal de recursos financieros con los que cuenta el Sistema de Seguridad Social en Pensiones.

Ya se expuso p�rrafos atr�s la forma en que es recaudada y distribuida esa cotizaci�n y las razones por las cuales, si ella es percibida de manera �ntegra por las administradoras de fondos de pensiones en el R�gimen de Ahorro Individual, como consecuencia de la declaratoria de ineficacia del traslado de r�gimen pensional, debe ser reintegrada en forma equivalente a la administradora p�blica.

No s�lo se trata de una consecuencia obvia de la vuelta al statu quo ante, sino, adem�s, de un acto de elemental justicia que asegura el equilibrio y la sostenibilidad financiera del Sistema, adecuadamente entendida, tal como lo exige la propia Constituci�n. Pero, adicionalmente, en relaci�n con la mentada orden de dar efectos inter pares a la sentencia de manera inmediata, vale la pena denotarlo, se tensiona innecesariamente el art�culo 29 Constitucional, en tanto la actuaci�n judicial en materia del trabajo y la seguridad social est� reglada, tanto en las instancias como en sede casacional, por el C�digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y, en aplicaci�n del principio de integraci�n que brota del art�culo 145 de esta codificaci�n, por el C�digo General del Proceso, �a falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo�.

La sentencia que pronuncian los jueces laborales de primera instancia debe cumplir con el principio de congruencia (interna y externa) (art. 281 del C�digo General del Proceso), atendiendo los hechos y pretensiones aducidos en la demanda y las excepciones que hubieren sido debidamente alegadas y probadas, agotando, previamente, todas y cada una de las etapas del proceso.

Por su parte, los tribunales surten la apelaci�n aplicando el principio de consonancia (art�culo 66A del C�digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social), lo que se traduce en que s�lo puede conocer y resolver aquello que haya sido apelado y sustentado (art. 57, Ley 2.� de 1984), situaci�n que se refleja, necesariamente, en sede casacional, en tanto no puede ser objeto del recurso extraordinario aquello que no haya sido impugnado.

Desde esta vista, no es factible cumplir la extensi�n de la regla de decisi�n contenida en el num. (iii) del p�rrafo 327 de la sentencia CC SU-107-2024, consistente en no ordenar el traslado de primas, gastos de administraci�n y porcentaje del Fondo de Garant�a de Pensi�n M�nima cuando se declara la ineficacia con efectos inter pares y de manera inmediata para los procesos en curso, sin tener que alterar de manera grave el procedimiento laboral ordinario someramente descrito.

Dicho de otro modo, adem�s de que la Sala ya estableci� que respetuosamente se apartaba de la l�nea de pensamiento de la Corte Constitucional en lo que tiene que ver con el no traslado a Colpensiones de esos rubros, en estricto sentido tampoco ser�a posible para los jueces, de todo orden jer�rquico, cumplir con el efecto inter pares inmediato dado a la sentencia sin violentar el debido proceso, porque tal decisi�n pende, en cada caso concreto, de las pretensiones y hechos de la demanda; las excepciones propuestas; la fijaci�n del litigio; las materias objeto de apelaci�n; la decisi�n de segunda instancia y su fundamentaci�n; la interposici�n y admisi�n del recurso de casaci�n y el cumplimiento de los requisitos para ello, incluyendo, por supuesto, el de la demostraci�n del inter�s econ�mico para recurrir en los t�rminos del art. 86 del CPTSS, teniendo en cuenta, adem�s, el aspecto probatorio, �ntimamente ligado en la sentencia de la Corte Constitucional con la reglas de decisi�n que dise��, raciocinio del cual tambi�n se apart� en su momento esta Sala de Casaci�n (CSJ SL2999-2024).

En cada caso particular, dependiendo de lo pretendido, probado y concedido, de su cuant�a, de la fase o instancia en que se encuentre el proceso, del fundamento de las determinaciones adoptadas en cada instancia y de los planteamientos y sustentaciones que se efect�en en ejercicio de los medios de impugnaci�n ordinarios y extraordinarios, el pronunciamiento judicial podr� variar en un sentido u otro, luego, no hace sentido impartir a �raja tabla� una instrucci�n que s�lo conducir�a a crear desorden en el funcionamiento de la jurisdicci�n ordinaria laboral y afectar los derechos y expectativas, sobre todo, de los afiliados demandantes, quienes guardan una relaci�n asim�trica sustancial y procesal con las administradoras de pensiones.

Por ello, no deja de ser relevante en el debate el hecho de que los intervinientes en los numerosos litigios que sobre ineficacia de traslado del r�gimen pensional se adelantan en la jurisdicci�n ordinaria resulten ser cientos de miles de afiliados y apenas cuatro administradoras de fondos privados y una de car�cter p�blico, teniendo en cuenta, precisamente, que la justificaci�n de la declaratoria de efectos inter pares de la sentencia se afinc� en el principio de igualdad establecido en el art�culo 13 de la Constituci�n, sobre la base de que si un n�mero importante de personas se encuentra en una situaci�n equiparable no habr�a raz�n para tratarlas de manera diversa.

Y resulta que la discusi�n sobre el traslado de gastos de administraci�n, primas de seguros, etc., no es asunto que involucre directamente a los afiliados, sino a las administradoras, en raz�n de que esas sumas hacen parte del flujo de recursos que permiten el adecuado funcionamiento del Sistema Pensional, pero que no se ven reflejadas en las Cuentas de Ahorro Individual de quienes aspiran a que les sea declarada como v�lida su afiliaci�n inicial y permanencia en el R�gimen de Prima Media, con miras a obtener la prestaci�n econ�mica pensional en las condiciones en que la dispensa ese r�gimen.

As�, la hip�tesis contemplada en el numeral (iv) de la sentencia atr�s citada (CSJ SL440-2021), que ser�a la aplicable al caso y permitir�a apartarse del precedente establecido por la Corte Suprema de Justicia, es decir, una divergencia hermen�utica del Tribunal, no pareciera configurarse, porque la determinaci�n adoptada por el sentenciador plural no significar�a �un desarrollo m�s amplio de los derechos, libertades y garant�as constitucionales�, pues, al contrario, ir�a en desmedro de los afiliados, del fondo p�blico y del mismo Sistema de Seguridad Social en Pensiones.

En consonancia con lo anterior, se equivoc� el Tribunal en su forma de abordar el estudio sobre la devoluci�n de los gastos de administraci�n, seguros, reaseguro y sumas destinadas al Fondo de Garant�a de Pensi�n M�nima, distorsionando dicha tesis, para adoptar, sin mayor disquisici�n, los razonamientos de la sentencia CC SU-107 2024, de los cuales, con suficiencia, esta Sala se ha apartado, ratificando as� la l�nea jurisprudencial que sobre este tema se ha trazado por la Corte Suprema de Justicia�.

(subrayas fuera de texto) As�, acogiendo la Sala lo citado en precedencia, al ser la consecuencia directa de la ineficacia la recomposici�n integral de la relaci�n jur�dica como si el traslado de r�gimen nunca hubiese ocurrido, se torna improcedente escindir la cotizaci�n para trasladar �nicamente una fracci�n de ella, lo cual ser�a contrario al principio de integralidad del sistema y tal aspecto, en efecto pondr�a en riesgo la financiaci�n del r�gimen pensional p�blico.

Suficiente lo anterior, para que, conforme al grado jurisdiccional de consulta que opera a favor de Colpensiones, se ADICIONE la sentencia de primera instancia para ordenar a la AFP Porvenir S.A. y SKANDIA S.A. devolver a Colpensiones el porcentaje que en su momento descont� por gastos de administraci�n y comisiones, incluidos los aportes para el fondo de garant�a de pensi�n m�nima y las primas de los seguros previsionales, sumas debidamente indexadas y con cargo a sus propios recursos, durante el tiempo en que la demandante estuvo afiliada a dichas administradoras, conforme la posici�n pac�fica de la Corte Suprema de Justicia � Sala de Casaci�n Laboral dispuesta en tal sentido y que, en adelante, esta Sala retoma, recogiendo cualquier criterio en contrario.

De la pensi�n de vejez Al prosperar la ineficacia de traslado, hace viable entrar a estudiar la prestaci�n pensional, siendo del caso mencionar que la ineficacia del acto jur�dico del traslado de r�gimen pensional implica que aquel no tuvo los efectos jur�dicos, lo que significa que las cosas vuelven al estado en que estaban antes del cambio.

Pues bien, el art�culo 33 de la Ley 100 de 1993, modificada por el art�culo 9 de la Ley 797 de 2003, dispone como requisitos para obtener la pensi�n de vejez, los siguientes: �Art�culo 33. Requisitos para obtener la Pensi�n de Vejez. Para tener el derecho a la Pensi�n de Vejez, el afiliado deber� reunir las siguientes condiciones: 1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) a�os de edad si es mujer o sesenta (60) a�os si es hombre.

A partir del 1o. de enero del a�o 2014 la edad se incrementar� a cincuenta y siete (57) a�os de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) a�os para el hombre. 2. Haber cotizado un m�nimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo. A partir del 1o. de enero del a�o 2005 el n�mero de semanas se incrementar� en 50 y a partir del 1o.de enero de 2006 se incrementar� en 25 cada a�o hasta llegar a 1.300 semanas en el a�o 2015.

PAR�GRAFO 1o. Para efectos del c�mputo de las semanas a que se refiere el presente art�culo, se tendr� en cuenta: (�)� Conforme con lo dispuesto en la norma, se puede concluir que, para acceder a la pensi�n de vejez, la demandante debe acreditar 57 a�os y tener cotizadas 1.300 semanas, condiciones que en este caso se cumplen porque (i) atendiendo que la Sra. Cadavid, naci� el 22 de agosto de 1966, es claro que a la edad de 57 a�os arrib� el 22 de agosto de 2023 y (ii) dando alcance a la sentencia SL138-2024, y con apoyo en las historias laborales arrimadas al proceso, en este caso la demandante contabiliza un total 1376.57 semanas, superando las 1300 como m�nimas exigidas (1.344,86) al cumplimiento de la edad, fecha en que se entiende causada la prestaci�n. En cuanto al disfrute, se tiene que el cumplimiento de la edad data del 22-08-2023; la solicitud pensional fue presentada ante Colpensiones el 05-06-2024 (archivo 02, fol. 55) y el �ltimo aporte registrado data del per�odo 03-2024, por lo que la prestaci�n corresponde reconocerla a partir del 1 de abril de 2024, tal y como lo dispuso la jueza de primer orden.

Ingreso base de liquidaci�n (IBL). En el presente caso, recu�rdese que el IBL conforme al art�culo 21 de la Ley 100 de 1993, se determina con cualquiera de las reglas de liquidaci�n all� establecidas, esto es, con el promedio de los �ltimos 10 a�os anteriores al reconocimiento de la pensi�n de vejez o, el de toda su vida laboral, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas.

La Sala al realizar las liquidaciones que corresponden, determin� que en efecto a la demandante le favorec�a la liquidaci�n del IBL con lo cotizado durante total la vida laboral, tal y como lo concluy� la jueza de primer orden. Fecha inicioFecha FinalD�asSalarioSalario ActualizadoIBLFecha inicioFecha FinalD�asIBL27-nov-8431-dic-843511,850991,2793,6011-ene-8520-mar-857914,6101,033,2398,4718-mar-8919-jul-8913439,3101,181,32916,42810-ago-9430-ago-9421350,0003,237,9177,0561-jun-9730-jun-9730653,6953,394,48510,5681-jul-9731-ago-97621,400,7757,273,89746,8021-oct-9731-oct-97311,886,8069,797,74231,5201-nov-9731-dic-97611,701,9428,837,78755,9471-ene-9831-ago-982431,701,9427,509,747189,3801-sep-9831-dic-981222,085,7309,203,196116,5201-ene-9931-ene-99311,999,9927,561,82424,3271-feb-9930-abr-99892,085,7307,885,99372,8371-may-9931-ago-991232,086,0007,887,014100,6751-sep-9930-sep-99304,728,76017,879,09655,6631-oct-9931-dic-99922,086,0007,887,01475,3021-ene-0031-mar-00912,278,2437,885,87174,4721-abr-0031-dic-002752,278,2437,885,871225,0531-ene-0131-ene-01312,572,5318,188,19726,3421-feb-0128-feb-01282,679,0008,527,08124,7781-mar-0131-mar-01312,929,0009,322,81529,9921-abr-0131-ago-011532,796,0008,899,484141,3061-sep-0130-sep-01303,279,00010,436,84232,4931-oct-0131-dic-01923,023,0009,622,01191,8661-ene-0231-jul-022123,023,0008,938,537196,6551-ago-0231-ago-02313,234,0009,562,43130,7631-sep-0231-dic-034873,209,0008,868,366448,2041-ene-0331-may-031513,209,0008,868,366138,9711-jun-0331-dic-032143,470,0009,589,663212,9711-ene-0431-may-041523,470,0009,005,169142,0491-jun-0431-dic-042143,657,0009,490,462210,7681-ene-0531-dic-053653,657,0008,995,911340,7541-ene-0631-may-061513,876,0009,093,168142,4941-jun-0631-dic-062144,033,0009,461,493210,1241-ene-0731-may-071514,033,0009,055,975141,9111-jun-0731-dic-072144,315,0009,689,197215,1811-ene-0823-ene-08233,308,0007,027,84016,7751-jul-0831-dic-08184500,0001,062,24920,2841-ene-0931-jul-09212500,000986,53521,7051-ago-0931-ago-09311,500,0002,959,6059,5211-sep-0930-sep-0930500,000986,5353,0711-oct-0931-oct-09311,231,0002,428,8497,8141-nov-0930-nov-0930500,000986,5353,0711-dic-0931-dic-09313,076,0006,069,16319,5251-ene-1031-ene-1031515,000996,1893,2051-feb-1028-feb-10284,085,0007,901,81122,9611-mar-1031-mar-10315,794,00011,207,61236,0561-abr-1030-abr-10303,728,0007,211,24922,4511-may-1031-may-10314,243,0008,207,43826,4041-jun-1031-dic-102143,728,0007,211,249160,1501-ene-1131-ago-112433,803,0007,130,210179,8091-sep-1130-sep-11301,334,0002,501,1047,7871-oct-1131-dic-11922,668,0005,002,20947,7591-ene-1231-ene-1231566,7001,024,3363,2951-feb-1229-feb-12293,283,0005,934,17317,8591-mar-1231-mar-12313,283,0005,934,17319,0911-abr-1231-oct-122142,830,0005,115,354113,6042-ago-1231-oct-1291127,5331-nov-1231-dic-12613,283,0005,934,17337,5661-nov-1231-dic-126199,1741-ene-1331-dic-133653,460,0006,105,420231,2661-ene-1331-dic-13365610,5421-ene-148-ene-148616,0001,066,3138851-ene-148-ene-1482,3379-ene-1431-ene-14237,005,00012,125,85328,9439-ene-1431-ene-142376,4091-feb-1431-ago-142128,713,00015,082,449331,8261-feb-1431-ago-14212876,0221-sep-1430-sep-14309,294,00016,088,17650,0881-sep-1430-sep-1430132,2321-oct-1430-nov-14619,003,00015,584,44798,6561-oct-1430-nov-1461260,4521-dic-141-dic-1411,196,0002,070,3102151-dic-141-dic-1415672-dic-1431-dic-143010,261,00017,762,08155,2992-dic-1431-dic-1430145,9901-ene-1531-mar-15902,759,0004,607,38343,0331-ene-1531-mar-1590113,6071-abr-1530-abr-15302,508,0004,188,22713,0391-abr-1530-abr-153034,4241-may-1531-may-15312,842,0004,745,98915,2681-may-1531-may-153140,3081-jun-1530-jun-15302,368,0003,954,43412,3111-jun-1530-jun-153032,5021-jul-1531-jul-15312,558,0004,271,72413,7431-jul-1531-jul-153136,2801-ago-1531-dic-151532,842,0004,745,98975,3571-ago-1531-dic-15153198,9411-ene-1629-feb-16602,842,0004,445,09627,6781-ene-1629-feb-166073,0701-mar-1631-dic-16306689,4551,078,35834,2441-mar-1631-dic-1630690,4051-ene-1731-ene-1731737,7171,091,1323,5101-ene-1731-ene-17319,2671-feb-1728-feb-1728738,0001,091,5503,1721-feb-1728-feb-17288,3741-mar-1731-ago-17184737,7171,091,13220,8351-mar-1731-ago-1718455,0051-feb-1928-feb-19281,036,0001,426,7794,1461-feb-1928-feb-192810,9451-mar-1930-abr-1961828,1161,140,4817,2201-mar-1930-abr-196119,0601-may-1931-may-19311,216,0001,674,6755,3881-may-1931-may-193114,2231-jun-1930-jun-1930901,5001,241,5463,8651-jun-1930-jun-193010,2041-jul-1931-jul-1931926,5001,275,9764,1051-jul-1931-jul-193110,8371-ago-1931-ago-19311,020,5001,405,4334,5211-ago-1931-ago-193111,9371-sep-1930-sep-1930836,0001,151,3393,5841-sep-1930-sep-19309,4631-oct-1931-oct-19311,083,0001,491,5084,7981-oct-1931-oct-193112,6681-nov-1931-dic-1961828,1161,140,4817,2201-nov-1931-dic-196119,0601-ene-2031-ene-2031927,4901,230,5773,9591-ene-2031-ene-203110,4511-feb-2031-jul-20182877,8031,164,65321,9971-feb-2031-jul-2018258,0731-nov-2031-dic-20613,511,2124,658,61429,4911-nov-2031-dic-206177,8561-ene-2131-dic-213653,511,2124,584,415173,6521-ene-2131-dic-21365458,4421-ene-2231-dic-223654,000,0004,944,619187,2961-ene-2231-dic-22365494,4621-ene-2330-abr-231204,000,0004,371,02354,4341-ene-2330-abr-23120143,7051-may-2331-dic-232456,000,0006,556,534166,7031-may-2331-dic-23245440,0961-ene-2431-mar-24916,000,0006,000,00056,6631-ene-2431-mar-2491149,589D�as9,6363,650IBLToda la vida6,490,421�ltimos 10 a�os4,974,514Tasa64.50%65.09%Mesada$4.186.5603.237.748 Ahora, comoquiera que de las liquidaciones realizadas por el juzgado (archivo 25, fol. 3) se desprende que el IBL determinado por la primera instancia fue por valor de $6.407.793, esto es, inferior al aqu� liquidado, se deber� mantener el valor de la mesada primera mesada establecida por la jueza, valor que correspondi� a la suma de $4.039.473, a partir del 1 de abril de 2024, sobre la base de 13 mesadas al a�o, aspecto que se mantiene, en virtud del grado jurisdiccional de consulta.

Prescripci�n: Como la prestaci�n surge a partir del 01-04-2024; la reclamaci�n pensional surti� el 05-06-2024 y la demanda se instaur� el 28-08-2024, es claro que al no haber transcurrido el t�rmino trienal de los art�culos 488 del CST y 151 del CPTSS, en este caso, no opera la excepci�n de prescripci�n. Retroactivo: Al constatar la Sala que el valor de la mesada a la que arrib� la jueza para el a�o 2025 en valor de $4.252.757 resulta ser errada porque se le aplic� un porcentaje IPC del 5.28% cuando era del 5.20% (Dic/2024), conlleva a que el valor de la mesada para el 2015 sea de $4.249.526, raz�n por la cual se deber� modificar la condena impuesta a Colpensiones, la cual a febrero de 2025 debi� ser inferior.

Ahora, como corresponde actualizar el retroactivo al 30 de mayo de 2025, el valor de la condena a dicha calenda es por valor de $61.642.358, sin perjuicio de aquellas que se sigan generando, debi�ndose descontar los aportes en salud que correspondan. A�oIPCDesdeHastaNo. MesadasValor mesadaRetroactivo20245.201-abr-2431-dic-24104,039,47340,394,73020251-ene-2530-may-2554,249,52621,247,628TOTAL LIQUIDACI�N61,642,358 Indexaci�n. Dada la p�rdida del poder adquisitivo de la moneda, hab�a lugar a ordenar la indexaci�n de las sumas adeudadas � previos descuentos en salud � y hasta el momento en que se haga su pago efectivo, para lo cual se utilizar� la siguiente f�rmula:  En s�ntesis, de acuerdo con lo discurrido en esta sentencia, el recurso de apelaci�n propuesto por Colpensiones no tuvo prosperidad, por lo que hay lugar a imponerle costas en esta instancia. DECISI�N DE SEGUNDA INSTANCIA Por lo expuesto, la Sala de Decisi�n Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: ADICIONAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira del 19 de marzo de 2025 en el sentido de ordenar a las AFP Skandia S.A y Porvenir S.A que procedan a devolver a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, los porcentajes cobrados por comisiones, gastos de administraci�n, cuotas de garant�a de pensi�n m�nima y seguros previsionales que descontaron durante el periodo en que la demandante estuvo afiliada a dichos fondos; todo ello debidamente indexado y con cargo a sus propios recursos.

SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal cuarto y quinto de la sentencia el cual quedar� as�: �CUARTO: ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones � Colpensiones, a reconocer y pagar a la Sra. ADRIANA CADAVID VILLA, la pensi�n de vejez en los t�rminos de los art. 33 y 34 de la Ley 100 de 1993, a partir del 1 de abril de 2024, en cuant�a inicial de $4.039.473 para el a�o 2024 y $4.249.526 para el 2025, por 13 mesadas anuales, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a COLPENSIONES a reconocer y pagar a la se�ora ADRIANA CADAVID VILLA la suma de $61.642.358 por concepto de retroactivo pensional causado desde el 1 de abril de 2024 con corte al 31 de mayo de 2025, sin perjuicio del que se cause con posterioridad, montos que deber�n adem�s ser indexados a la fecha de pago efectivo, previo los descuentos de salud ordenados.

TERCERO: CONFIRMAR la sentencia recurrida y consultada en todo lo dem�s.

CUARTO: Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones y a favor de la parte actora. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE Quienes integran la Sala, GERM�N DAR�O G�EZ VINASCO Magistrado Ponente OLGA LUCIA HOYOS SEP�LVEDA Magistrada JULIO C�SAR SALAZAR MU�OZ Magistrado  archivo 02, copia de la c�dula  Archivo 2, fol. 42  SL3136/2022  SL31989, 9 sep. 2008, SL31314, 9 sep. 2008 y SL 33083, 22 nov. 2011, as� como en las SL12136-2014, SL17595-2017, SL19447-2017, SL4964-2018, SL4989-2018 y SL1452-2019, SL 1688-2019, SL1689-2029 y SL3463-2019  SL1452-2019, SL1017-2022, SL31314-2008, SL33083-2011, SL12136-2014, SL9519-2015, SL31314-2008, SL33083-2011, SL12136-2014, SL9519-2015  SL3719-2021  Ver entre otras, SL1421-2019, SL2030-2019, SL2817-2019, SL2865-2019 y SL2954-2019, SU107-2024  Determinar si los asesores de las AFP informaron adecuadamente sobre los riesgos y consecuencias del traslado al RAIS durante 1993-2009.

Lo que implica identificar si comunicaron sobre: a) los riesgos que se reconocen en el RAIS; b) las posibilidades de efectuar cotizaciones adicionales; c) las consecuencias que tendr�a el no reunir el capital m�nimo exigido para pensionarse por vejez; d) la garant�a de la pensi�n m�nima; o, e) la devoluci�n de saldos, etc  la declaraci�n de parte, la confesi�n, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspecci�n judicial, los documentos, los indicios, los informes�, y a las dem�s que considere necesarias  [s]on admisibles todos los medios de prueba establecidos en la ley.  De ser posible, lograr la obtenci�n del expediente administrativo que comprenda los formularios de afiliaci�n para verificar la adecuada informaci�n por parte de la AFP.

Enfatiza que esa sola prueba no demuestra, per se, el suministro de informaci�n y que, por tanto, no puede ser suficiente para absolver a las demandadas, por lo que deber� ser estudiado en su conjunto con las dem�s pruebas que se alleguen. Con todo, lo que se busca es establecer si de las documentales se pueden extraerse elementos de juicio que permitan identificar si la persona fue informada o no. De igual forma, se pueden realizar interrogatorios para indagar sobre las circunstancias en que se brind� la informaci�n, seg�n los art�culos 59 y 77 del CPTSS y 198 del CGP y considerar testimonios de personas que asistieron a la misma asesor�a, y que por ello pudieron escuchar los argumentos presentados por los asesores de las AFP cuando conminaron a diversos ciudadanos a trasladarse al RAIS (art�culo 221, numeral 3, del CGP).

Luego de ello valorar si lo dicho por el testigo puede tener mayor o menor valor probatorio.  En dicha providencia, se indica: �la cotizaci�n se calcula en relaci�n con el salario mensual o el ingreso percibido en el mismo per�odo, sin perjuicio de que el per�odo mensual de trabajo que cubre la cotizaci�n se contabilice en 28, 30 o 31 d�as, seg�n corresponda, para ser transformados en semanas cotizadas mediante la divisi�n por siete, es decir, para efectos de establecer el n�mero de semanas cotizadas el a�o debe tomarse seg�n el calendario, esto es, 365 o 366 d�as, seg�n corresponda�.     Adriana Cadavid Villa vs Colpensiones, Skand�a S.A. y Porvenir S.A., Radicaci�n 66001310500420240017301.  SHAPE \* MERGEFORMAT  P�gina PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT28 de NUMPAGES \* Arabic \* MERGEFORMAT28 ��� � ���UVX79���  ��ñ��Ëñ�|�iUCUC#h}�h�>V:�CJOJQJ^JaJ&h}�h�>V5�:�CJOJQJ^JaJ$h�>V5�@���CJ OJQJ\�^JaJ h�>V6�CJOJQJ^JaJ&h�/[h�>V5�CJOJQJ]�^JaJ#h^t h�>V6�CJOJQJ^JaJ#h�/[h�>V6�CJOJQJ^JaJ#h�/[h�>V5�CJOJQJ^JaJ h�>V5�CJOJQJ^JaJ5h�/[h�>V@���B*CJOJQJ^JaJnH ph�tH ��Y Z � ��V67���$G���������������� ���d�`�gd�>V �d�`�gd�>Vm$ �d�`�gd�>V6�d�$d%d&d'd-DM� ����N��O��P��Q��`�gd�>V #$./1FGPSstz�������i�ѽ���ѽ��ё�t�ё�aO"hTe}h?b5�@���OJQJ\�^J$h�>V5�@���CJ OJQJ\�^JaJ 9h}�h�>V5�:�CJOJPJQJ^JaJmHnHtH $u2h}�h�>V5�:�CJOJPJQJ^JaJnH $tH $#h}�h�>V:�CJOJQJ^JaJ&h}�h�>V5�:�CJOJQJ^JaJ/h}�h�>V:�CJOJPJQJ^JaJnH $tH $,h}�h�>VCJOJPJQJ^JaJnH $tH $Gt������������ Kik~������������������������ �d�`�gdR\g$�d�`�a$gd?b ���d�`�gd�>V ������d�^��`��gd�>Vijk~���������������� Y����CY��ŵ�������������������؄w�w�hQ-h�`2h5n5�OJQJ\�^JaJmHnHu h�`2h?bOJQJ^JaJhTe}h5nOJQJ^JhTe}h�!�OJQJ^JhTe}h�0�OJQJ^JhTe}OJQJ^JhTe}hR\gOJQJ^J 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1$$�h�P@&!B*CJ(OJPJQJ^JaJ(phGa`` R\g�T�tulo 2$$���P@&!B*CJ OJPJQJ^JaJ phGaXX R\g�T�tulo 3$$���P@&B*CJ PJ^JaJ phGaVV R\g�T�tulo 4$$�P�(@&6�B*PJ]�^JphGaPP R\g�T�tulo 5$$�P�(@&B*PJ^JphGaRR R\g�T�tulo 6$$�(@&6�B*PJ]�^JphYYYLL R\g�T�tulo 7$$�(@&B*PJ^JphYYYNN R\g�T�tulo 8 $$@&6�B*PJ]�^Jph'''H H R\g�T�tulo 9 $$@&B*PJ^Jph'''NA ���N Fuente de p�rrafo predeter.Ri@���R 0 Tabla normal �4� l4�a�,k ���, 0 Sin lista R�/���R R\g� T�tulo 1 Car!B*CJ(OJPJQJ^JaJ(phGaR�/��R R\g� T�tulo 2 Car!B*CJ OJPJQJ^JaJ phGaJ�/��J R\g� T�tulo 3 CarB*CJ PJ^JaJ phGaH�/��!H R\g� T�tulo 4 Car6�B*PJ]�^JphGaB�/��1B R\g� T�tulo 5 CarB*PJ^JphGaH�/��AH R\g� T�tulo 6 Car6�B*PJ]�^JphYYYB�/��QB R\g� T�tulo 7 CarB*PJ^JphYYYH�/��aH R\g� T�tulo 8 Car6�B*PJ]�^Jph'''B�/��qB  R\g� T�tulo 9 CarB*PJ^Jph'''V>V R\g�T�tulod��Pm$ @���CJ8KH OJPJQJ^JaJ8L�/���L R\g� T�tulo Car @���CJ8KH OJPJQJ^JaJ8XJX R\g� Subt�tulo  &��`�� @�B*CJ PJ^JaJ phYYYP�/���P R\g� Subt�tulo Car @�B*CJ PJ^JaJ phYYY@�@  R\g�Cita ����a$6�B*]�ph@@@8�/���8 R\g�Cita Car6�B*]�ph@@@ �@�  VR\g �P�rrafo de lista,Colorful List - Accent 11,Ha,List Paragraph1,lp1,List Paragraph2,p�rrafos sentencia,List1,titulo 3,P�rrafo de lista1,Bullets,P�rrafo de lista2,Lista vistosa - �nfasis 11,Cuadr�cula clara - �nfasis 31,Dot pt,F5 List Paragraph,No Spacing1 ^��m$F!���F R\gP�nfasis intenso6�B*]�phGar�r !R\g�Cita destacada+ �h�hN�Ga P�Ga ]�`^�`a$6�B*]�phGaL�/��L R\g�Cita destacada Car6�B*]�phGaR!��!R R\gReferencia intensa5�:�@�B*\�phGaB!��1B R\g0 �nfasis sutil6�B*]�ph@@@H @BH %R\g0 Pie de p�gina$d��C�"N�/��QN $R\g0Pie de p�gina CarCJKHOJQJaJ2��a2 R\g normaltextrun *B*phc�NV ���N �&�0Hiperv�nculo visitado >*B*ph�Or^��^ �&� msonormal )d��d�d[$\$`�a$OJPJQJ^JtH $n��n �&�font5 *d��d�d[$\$`�a$+5�B*CJOJPJQJ\�^JaJphtH $h��h �&�font6 +d��d�d[$\$`�a$%B*CJOJPJQJ^JaJphtH $\��\ �&�xl75,d��d�d[$\$`�a$ CJOJPJQJ^JaJtH $~��~ �&�xl76@-d��d�dM� ������N����O����[$\$`�a$ CJOJPJQJ^JaJtH $~��~ �&�xl77@.d��d�dM� ������N����O����[$\$`�a$ CJOJPJQJ^JaJtH $~��~ �&�xl78@/d��d�dM� ������N����O����[$\$`�a$ CJOJPJQJ^JaJtH $~�~ �&�xl79@0d��d�dM� ������N����O����[$\$`�a$ CJOJPJQJ^JaJtH $~�~ �&�xl80@1d��d�dM� ���N����O����[$\$`�a$ CJOJPJQJ^JaJtH $��"� �&�xl81D2d��d�d9DM� ���N����O����[$\$`�a$ CJOJPJQJ^JaJtH $~�2~ �&�xl82@3d��d�dM� ���N����O����[$\$`�a$ CJOJPJQJ^JaJtH $~�B~ �&�xl83@4d��d�dM� ���N����O����[$\$`�a$ CJOJPJQJ^JaJtH $~�R~ �&�xl84@5d��d�dM� ���N����O����[$\$`�a$ CJOJPJQJ^JaJtH $��b� �&�xl85K6d��d�dM� ���N����P����Q����[$\$`�a$"5�CJOJPJQJ\�^JaJtH $x�rx �&�xl86*7d��d�dM� �Y[$\$`�a$+5�B*CJOJPJQJ\�^JaJph���tH $x��x �&�xl87*8d��d�dM� �Y[$\$`�a$+5�B*CJOJPJQJ\�^JaJph���tH $x��x �&�xl88*9d��d�dM� �Y[$\$`�a$+5�B*CJOJPJQJ\�^JaJph���tH $x��x �&�xl89*:d��d�dM� �Y[$\$`�a$+5�B*CJOJPJQJ\�^JaJph���tH $x��x �&�xl90*;d��d�dM� �Y[$\$`�a$+5�B*CJOJPJQJ\�^JaJph���tH $h��h �&�xl91* d��d�dM� �YN�Dr�P����[$\$`�a$+5�B*CJOJPJQJ\�^JaJph���tH $���� �&�xl94@?d��d�dM� �YN�Dr�P����[$\$`�a$+5�B*CJOJPJQJ\�^JaJph���tH $t�t �&�xl95.@d��d�d9DM� �Y[$\$`�a$#5�B*CJPJ\�^JaJph���tH $��� �&�xl96DAd��d�d9DM� �YN�Dr�O����[$\$`�a$+5�B*CJOJPJQJ\�^JaJph���tH $��"� �&�xl979Bd��d�d9DM� �YN�Dr�[$\$`�a$+5�B*CJOJPJQJ\�^JaJph���tH $��2� �&�xl989Cd��d�d9DM� �YN�Dr�[$\$`�a$+5�B*CJOJPJQJ\�^JaJph���tH $��B� �&�xl99DDd��d�d9DM� �YN�Dr�Q����[$\$`�a$+5�B*CJOJPJQJ\�^JaJph���tH $��R� �&�xl100@Ed��d�dM� ���N�Dr�O����[$\$`�a$ CJOJPJQJ^JaJtH $��b� �&�xl101DFd��d�d9DM� ���N�Dr�O����[$\$`�a$ CJOJPJQJ^JaJtH $��r� �&�xl102@Gd��d�dM� ���N�Dr�O����[$\$`�a$ CJOJPJQJ^JaJtH $���� �&�xl103@Hd��d�dM� ������N�Dr�O����[$\$`�a$ CJOJPJQJ^JaJtH $���� �&�xl104@Id��d�dM� ���N�Dr�O����[$\$`�a$ CJOJPJQJ^JaJtH $���� �&�xl105@Jd��d�dM� ���N�Dr�O����[$\$`�a$ CJOJPJQJ^JaJtH $���� �&�xl106KKd��d�dM� �}1N�Dr�O����Q����[$\$`�a$+5�B*CJOJPJQJ\�^JaJph���tH $���� �&�xl107KLd��d�dM� �}1N����O����Q����[$\$`�a$+5�B*CJOJPJQJ\�^JaJph���tH $���� �&�xl108@Md��d�dM� ������N����O����[$\$`�a$ CJOJPJQJ^JaJtH $���� �&�xl109@Nd��d�dM� ������N����O����[$\$`�a$ CJOJPJQJ^JaJtH $���� �&�xl110@Od��d�dM� ������N����O����[$\$`�a$ CJOJPJQJ^JaJtH $��� �&�xl111@Pd��d�dM� ������N����O����[$\$`�a$ CJOJPJQJ^JaJtH $�4!�� �&��(Tabla con cuadr�cula 1 clara - �nfasis 5]:VQ�0������������j� ��m�j� ���m� �4�4Qd�,��5\��5\��5\��5\B "B S}�0 EncabezadoRd��C�"H�/��1H R}�0Encabezado CarCJKHOJQJaJd^Bd �H�0 Normal (Web) Td��d�d[$\$`�a$OJPJQJ^JtH $>W ��Q> �H�`Texto en negrita5�\� �/��a   �� �P�rrafo de lista Car,Colorful List - Accent 11 Car,Ha Car,List Paragraph1 Car,lp1 Car,List Paragraph2 Car,p�rrafos sentencia Car,List1 Car,titulo 3 Car,P�rrafo de lista1 Car,Bullets Car,P�rrafo de lista2 Car,Lista vistosa - �nfasis 11 Car,Dot pt CarCJKHOJQJaJ$ @r$ XSy�0�Texto nota pie,Footnote Text Char Char Char Char Char,Footnote Text Char Char Char Char,Footnote reference,FA Fu,Footnote Text Char,Footnote Text Char Char Char Char Char Char Char Char,Footnote Text Char Char Char Char Char Char1,ft,Footnote referenc,FWd�CJaJ �/���  WSy�0�Texto nota pie Car,Footnote Text Char Char Char Char Char Car,Footnote Text Char Char Char Char Car,Footnote reference Car,FA Fu Car,Footnote Text Char Car,Footnote Text Char Char Char Char Char Char Char Char Car,ft Car,Footnote referenc Car,F CarCJKHOJQJaJ&`��� ZSy��Ref. de nota al pie,Texto nota al pie,Pie de P�gina,FC,Texto de nota al pi,Pie de P_gi,Texto de nota al pie,Footnotes refss,referencia nota al pie,Appel note de bas de page,Footnote number,BVI fnr,f,4_G,16 Point,Superscript 6 Point,Fago Fu�notenzeichenH*���� YSy��4_G Char,Appel note de bas de page Char,Appel note de bas de page Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char,Appel note de bas de page Char Char Char Char Zd�`�CJH*KHOJQJaJ\�O�\ � �P�rrafo normal [1$`� OJPJQJ^JmH sH tH x��x �>xl73*\d��d�dM� �Y[$\$`�a$+5�B*CJOJPJQJ\�^JaJph���tH $x��x �>xl74*]d��d�dM� �Y[$\$`�a$+5�B*CJOJPJQJ\�^JaJph���tH $� a��� �(��Tabla normal 1q:V^�0������������������j�@�� ����j��� ����j� �����4�4^d�,��5\��5\��5\��5\J �J `0Texto comentario_d�CJaJT�/��T _0Texto comentario CarCJKHOJQJaJD' ��D 0Ref. de comentarioCJaJR�"R c�N�0Texto de globobd�CJOJ QJ ^J aJT�/��1T b�N�0Texto de globo CarCJKHOJ QJ ^J aJPK!���� [Content_Types].xml���N�0E�H���-J��@%�ǎǢ|�ș$�ز�U��L�TB� l,�3��;�r� �Ø��J��B+$�G]��7O٭V�� �� S[mk������� ��������� ���)��@O�%z�cX�6�͟�e7��F���d)p��,�#Y�'k̰�'� _f�j\���W�I��$uh| ��s��� ��\����d� �N�L�M[�c�_�.��o�6�/Q�3ת���F����A~J�eƇx%q�R9�13 ~�e�"9Yg37 !��K ��U�Գp��:��w�=��E��dȍe ��2 ��3k�m�L1E'�t "���"��j��Snaoڭ�;����&Wt@��������q+�� ��C �x��9���l ��M3 à��瞤 \KuLLQRd�ufx�}]�Є���=�N !6D�� ���B 6 9 �N6V���� {{���� iY= d �$�%B' )7,�/E�NRR�T)VXWLY�}��V��� �D���$����=�F���   "�$Y(,�/�4�9: �A^C�EIVJL.V�V��������������������������������������    "#$&(*G�P �*77YFPzTNY�r���������� �c � "�"#�#$z$�$X%�%R&�&@'�'!(�(")�)*~*�*^+�+P,�,/-�-.�.p/'0�0k1 2�2x3#4�4d56�6]78�8d9�9::::::;:B@�@yBIaJ�U�V����������������������������������������������      !%'){����������_��!���������T� # � ����@ ���������� ���( � ���� � � �l@��� 0A��?�� Ø4� �p���;fɑ3׶Vc��.��ӵn�(����&��p�����o��PK!8�!��� _rels/.rels���j�0 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