66088600006220190015901 · Tribunal de Pereira

��ࡱ�>�� bjbj�(�( [L�B�g�B�g��zz ) )-)-)-)��A)A)A)8y)��*�A){KZ�+�+(�+�+�+v-v-v-�J�J�J�J�J�J�J$�N��Qf K-)v-T-"v-v-v- K-)-)�+�+�5K�4�4�4v--)�+-)�+�J�4v-�J�4�4: 9,�9�+��5��.�69 �JKK0{K@9R�Q/��Q�9�98�Q-)�9 v-v-�4v-v-v-v-v- K K�1�v-v-v-{Kv-v-v-v-��Qv-v-v-v-v-v-v-v-v-zY �': $El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvi� de base para proferir la providencia dentro del presente proceso.

El contenido total y fiel de la decisi�n debe ser verificado en la respectiva Secretar�a. SISTEMA PENAL ACUSATORIO / RECURSO DE APELACI�N / INEXISTNCIA AGRAVANTE / REVOCA PROVIDENCIA �en este caso se present� no fue m�s que una conducta de fabricaci�n, tr�fico y porte de armas de fuego o municiones, sin agravantes ni circunstancias de mayor punibilidad, y por lo mismo, al carecer el procesado de antecedentes penales, la pena a atribuir no deb�a haber superado el monto m�nimo del cuarto escogido, que para este caso lo ser�an 108 meses de prisi�n. En ese orden y como quiera que, para la Corporaci�n, fue inexistente la motivaci�n del A-quo para imponer la pena de 117 meses al se�or LFTM, ser� modificada para atribuirle la de 108 meses de prisi�n y en igual t�rmino, la inhabilitaci�n en el ejercicio de derechos y funciones p�blicas as� como para el porte o tenencia de armas de fuego.

REP�BLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA SALA n� 2 de decisi�n PENAL Magistrado Ponente CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Pereira, veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025) ACTA DE APROBACI�N No 417 SEGUNDA INSTANCIA Acusado: LFTMC�dula de ciudadan�a:9.764.095 de Bel�n de Umbr�a (Rda.)Delito:Fabricaci�n, tr�fico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones V�ctima:La seguridad p�blicaProcedencia:Juzgado Promiscuo del Circuito de Bel�n de Umbr�a (Rda.) con funciones de conocimientoAsunto:Decide apelaci�n interpuesta por la defensa contra la sentencia de condena proferida en octubre 5 de 2023.

Se confirma parcialmente. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia en los siguientes t�rminos: 1.- hechos Y ACTUACI�N PROCESAL 1.1.- Los hechos fueron narrados por el funcionario de primer nivel en el fallo confutado, de la siguiente manera: �Se desprende de la foliatura que el 27 de junio de 2019 siendo las 05.50 horas, miembros de la Polic�a Judicial SIJIN adscritos a la Unidad B�sica de Investigaci�n de Bel�n de Umbr�a, realizaron diligencia de allanamiento y registro al inmueble ubicado en la calle 7 No. 3-39 barrio Buenos Aires de esta municipalidad, con el fin de materializar orden de captura en contra del ciudadano H�ctor Andr�s Gil Romero, cuando observaron que cay� una prenda de vestir de color blanco a un zagu�n de la residencia enseguida de la vivienda donde se iba a realizar el allanamiento, al verificar sobre el contenido de la bolsa se encontr� un arma de fuego tipo rev�lver, marca Ruger 38 Special con seis cartuchos.

Dentro del inmueble se encontraba el se�or LFTM identificado con la c�dula de ciudadan�a n�mero 9.764.095, quien fue la persona que les inform� haber arrojado el arma de fuego por una ventana cayendo al zagu�n de una vivienda ubicada en la calle 7 Nro. 3-33, sin permiso para porte o tenencia de la misma.� 1.2.- A consecuencia de la aprehensi�n del se�or LFTM, se llevaron a cabo las audiencias preliminares (junio 29 de 2019) ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con funciones de control de garant�as de Bel�n de Umbr�a (Rda.) por medio de las cuales: (i) se legaliz� la captura e incautaci�n de elemento;

(ii) se formul� imputaci�n donde se le atribuy� a t�tulo de dolo y en calidad de autor el delito de fabricaci�n, tr�fico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones -art. 365 C.P.-, verbo rector �tener en un lugar�, el cual NO ACEPT�; y (iii) el delegado fiscal se abstuvo de solicitar la imposici�n de aseguramiento y por lo mismo se dispuso su libertad. 1.3.- Ante esa no aceptaci�n la Fiscal�a 32 Seccional de Bel�n de Umbr�a (Rda.) present� formal escrito de acusaci�n (octubre 1 de 2019) por medio del cual formul� id�nticos cargos, cuyo conocimiento se le asign� al Juzgado Promiscuo del Circuito de Bel�n de Umbr�a (Rda.), despacho ante el cual se realizaron las audiencias de formulaci�n de acusaci�n (diciembre 11 de 2019), luego de varios aplazamientos se llev� a cabo la audiencia preparatoria (diciembre 9 de 2020) y juicio oral (octubre 8 de 2021, junio 2 de 2022 y junio 14 de 2023), fecha �ltima en la que se anunci� un sentido de fallo de car�cter condenatorio y en octubre 5 de 2023, se profiri� la respectiva a sentencia, por medio de la cual: (i) se declar� penalmente responsable a LFTM, en calidad de autor del delito de fabricaci�n, tr�fico y porte de armas de fuego, imponi�ndosele la pena privativa de la libertad de 117 meses de prisi�n, as� como la inhabilitaci�n en el ejercicio de derechos y funciones p�blicas y la privaci�n del derecho a portar o tener armas de fuego por igual lapso;

(ii) se le neg� el subrogado de la suspensi�n condicional de la ejecuci�n de la pena y la prisi�n domiciliaria, orden�ndose librar orden de captura inmediata en su contra. 1.4.- Para fundamentar la condena, el A-quo se�al� que de lo expuesto en juicio se tiene que los policiales dieron cuenta de la manera en que apreciaron cuando desde la vivienda donde realizar�an el allanamiento fue arrojada a una vivienda contigua un objeto que al ser verificado se trataba de un arma de fuego, del que se hizo responsable el se�or LFTM.

Aduce que tales testimonios los corrobor� la se�ora MARGARITA ROSA ROJAS, quien resid�a en la casa donde fue arrojado el artefacto, quien inform� que este cay� de un hueco al lado de su inmueble, que estaba envuelto en un trapo blanco y cuando tocaron su puerta era un polic�a a quien autoriz� para destaparlo, y tuvo conocimiento que de donde provino solo hab�a dos personas, esto es el se�or LFTM y su compa�era.

La se�ora BERTHA OLIVA ROMERO, dijo haber sido la compa�era de LFTM, quien refiri� que su hijo fue capturado en la vivienda de su esposa, pero que ese d�a hicieron un allanamiento en su casa, y luego les mostraron un arma envuelta en algo blanco, asust�ndose, por cuanto nunca hab�a visto una. No obstante que tal testigo nada dijo acerca de que su compa�ero haya aceptado la responsabilidad, ayuda a esclarecer los hechos, al se�alar la existencia del arma, en qu� estaba envuelta y el hueco que estaba tapado por una camilla.

De lo expuesto por los policiales y a la luz de la experiencia y la sana cr�tica, se tiene por acreditado que LFTM ten�a en su poder un arma de fuego al instante de realizarse el allanamiento con fines de captura -en la vivienda de H�CTOR ANDR�S GIL ROMERO-, desde donde fue arrojado a una casa vecina y �l mismo reconoci� su responsabilidad ante los policiales, al decirles que el arma se la dieron a guardar los vecinos del frente.

Tambi�n se aport� a juicio el informe de bal�stica que da cuenta sobre el estado apto de funcionamiento del revolver calibre.38 marca Ruger y de los 6 cartuchos encontrados, as� como oficio enviado por el Departamento de Control y Comercio de Armas del Ministerio de Defensa, donde se establece que LFTM no se encuentra registrado en el SIAEM -Sistema de Informaci�n de Armas Municiones y Explosivos-.

En este caso, se comprob� con grado de certeza la conducta desplegada por el procesado, al haberse establecido el verbo rector �tener en un lugar�, no contar con permiso de autoridad competente, as� como el dolo, pues al atribuirse el se�or LFTM la responsabilidad del arma ante los policiales, conoc�a la ilicitud de su conducta. 1.5.- La defensa interpuso apelaci�n, que sustent� por escrito dentro del plazo de ley, ante lo cual se envi� a la Sala el expediente para definir la alzada. 2.- Debate 2.1.- Defensora -recurrente- Solicita se revoque la sentencia condenatoria y en su lugar se dicte una de car�cter absolutorio, con fundamento en lo siguiente: No se acredit� en juicio la responsabilidad de su defendido, sin existir una sola apreciaci�n probatoria de car�cter perif�rica.

Hace referencia a lo dicho por los policiales VILLOTA MONTENEGRO y �LVARO DE JES�S MU�OZ ARIAS, las se�oras MARGARITA ROSA ROJAS LONDO�O y BERTHA OLIVA ROMERO LONDO�O y el perito en bal�stica BISMAN DE JES�S GOMEZ OSORIO, momento este donde se debati� lo atinente al n�mero de radicaci�n del caso, al parecer por una ruptura, como lo dijo la Fiscal�a, pero queda duda si el arma incautada fue la mostrada al procesado el d�a de su aprehensi�n, pues en esa ocasi�n se incautaron otros artefactos.

El allanamiento iba dirigido a la captura de H�CTOR ANDR�S GIL, quien viv�a con su madre BERTHA OLIVA ROMERO y LFTM, y seg�n el patrullero JOHNNATAN JAIRO VILLORA, se qued� prestando vigilancia mientras sus compa�eros ingresaban al inmueble, cuando vio que algo ca�a al zagu�n de la casa contigua, por lo que procedi� a verificar y pide permiso para ingresar, y al respecto denota lo siguiente: (i) si bien se hac�an 6 allanamientos simult�neos, surge extra�o que justo cuando tiran ese elemento dicho patrullero estuviese solo en ese sitio, quien adem�s ingres� a la vivienda, tom� fotos y recogi� el arma en sus manos sin protocolo alguno, para llevarlo al inmueble que allanaban e interroga a sus moradores sobre su propiedad;

(ii) c�mo es posible que se interrogue a su prohijado sin la presencia de su abogado, y seg�n ellos LFTM de manera libre y voluntaria dijo que el arma era de �l, lo que hizo luego de que su esposa rompiera en llanto; y (iii) no se hizo plano topogr�fico desde el punto donde estaba el polic�a y la ventana o hueco desde el que se arroj� el arma, sin aportarse evidencia demostrativa para soportar el dicho del policial, y no decirse nada sobre la cadena de custodia.

La finalidad y el objeto del allanamiento era la captura de H�CTOR ANDR�S GIL MORENO, para lo cual ten�an autorizaci�n de ingreso a la vivienda de la Cra.7� Nro. 3-66 donde no estaba la persona a aprehender, sin hallarse EMP alguno; sin embargo, los uniformados ejecutaron un procedimiento ajeno a esa finalidad, donde apareci� un arma en otro inmueble y un policial de forma irregular realiz� un procedimiento sin cadena de custodia y otorga compromiso a LFTM, a quien se le adjudica responsabilidad objetiva.

Pide se analice si era posible que el se�or LFTM asumiera su responsabilidad, sin estar presente un defensor que le advirtiera las connotaciones de ese allanamiento, con lo que en su sentir se vulneraron los derechos al debido proceso, defensa y la presunci�n de inocencia, pues con el hallazgo efectuado se le asign� responsabilidad, sin demostrarse que haya sido �l quien arrojara el arma ni haber indicios de que fuera suya.

Se�ala, que existen muchas irregularidades que debi� analizar el juez, pero solo dio plena credibilidad a los policiales que hicieron el allanamiento, sin que lo dicho por su defendido durante su captura pudiera ser tenido en cuenta para fincar responsabilidad, esto es, si fue verdad o no que se atribuy� compromiso, con lo que se vulnera el debido proceso, defensa y no incriminaci�n. En relaci�n con la tasaci�n de la pena, pese a que el A-quo se�al� que el procesado carece de antecedentes y no obran circunstancias de mayor punibilidad, al hacer uso de la intensidad del dolo, pr�cticamente ubic� la pena en el primer cuarto medio, sin que ello sea argumento jur�dico v�lido, como lo tiene sentado la jurisprudencia. 2.2.- Los dem�s sujetos procesales guardaron silencio. 2.3.- Debidamente sustentado el recurso, el funcionario de primer nivel lo concedi� en el efecto suspensivo y dispuso la remisi�n de los registros pertinentes ante esta Corporaci�n con el fin de desatar la alzada. 3.- Para resolver, se considera 3.1.- Competencia La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y funcional a voces de los art�culos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004, al haberse interpuesto y sustentado oportunamente recurso de apelaci�n contra la sentencia condenatoria, por parte de la defensa. 3.2.- Problema jur�dico planteado Al Tribunal le corresponde establecer el grado de acierto que contiene el fallo opugnado, a efectos de determinar si la decisi�n condenatoria adoptada en contra del aqu� implicado est� acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en cuyo caso se dispondr� su confirmaci�n; o, de lo contrario, se proceder� a la revocaci�n y al proferimiento de una sentencia absolutoria, tal como lo solicita la defensa. 3.3.- Soluci�n a la controversia No observa la Colegiatura la existencia de vicios sustanciales que afecten garant�as fundamentales de las partes e intervinientes, puesto que el tr�mite de todas las etapas procesales se surti� con acatamiento al debido proceso, y los medios de conocimiento fueron incorporados en debida forma, en consonancia con los principios que rigen el sistema penal acusatorio, por lo que se pasar� a realizar el an�lisis correspondiente del fallo dictado por la primera instancia y en los t�rminos anunciados.

De conformidad con lo preceptuado por el art�culo 381 de la Ley 906/04, para emitir una sentencia de condena es indispensable que el juzgador llegue al convencimiento m�s all� de toda duda, no solo frente a la existencia de la conducta punible atribuida, sino tambi�n en cuanto a la responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las pruebas legal y oportunamente aportadas al juicio.

Los hechos objeto del presente asunto, tuvieron ocurrencia en junio 27 de 2019, cuando funcionarios de la SIJ�N, realizaron diligencia de allanamiento y registro, en el inmueble ubicado en la calle 7� # 3-39 barrio Buenos Aires del municipio de Bel�n de Umbr�a (Rda.), con el fin de materializar la orden de captura que fuera emitida en contra del se�or H�CTOR ANDR�S GIL ROMERO.

Encontr�ndose en tal labor y una vez se ingres� a la vivienda, uno de los uniformados que estaba respaldando el procedimiento, observ� cuando a un zagu�n de la casa contigua -la identificada con el n�mero 3-33-, cay� una prenda de vestir color blanco, por lo que una vez se le autoriz� el ingreso por parte de su moradora, verific� que hab�a sido arrojada un arma de fuego, de la que se hizo responsable el ac� procesado.

Para el funcionario de primer nivel, con fundamento en las pruebas allegadas a juicio, se logr� establecer el compromiso que en la comisi�n del il�cito le fue imputado al ac� acusado, al ser la persona que ten�a en su poder un arma de fuego que, al instante de ejecutarse la diligencia de allanamiento, arroj� a una casa vecina, respecto de lo cual asumi� su responsabilidad, al sostener a los gendarmes que se la hab�a guardado a los vecinos del frente de su vivienda.

Contra tal determinaci�n se mostr� inconforme la defensa, entre otras razones, porque en este caso se evidenciaron diversas irregularidades relativas a la manera en que el policial se percat� que dicho elemento hab�a sido lanzado, de la forma en que lo recolect�, y como su cliente se hizo responsable de este. Pues bien, para empezar y en relaci�n con la materialidad de la infracci�n, no existe duda que en el operativo policial realizado en esa ocasi�n, fue incautada un de fuego, m�s concretamente, un rev�lver calibre.38 Special, marca Ruger, n�mero de serie 160-54118 con 6 cartuchos calibre.38 Special, habi�ndose acreditado, conforme el testimonio del perito en bal�stica de la Polic�a Nacional, BISMAN DE JES�S G�MEZ OSORIO, que dicho admin�culo era apto para efectuar disparos, que la munici�n se encontraba en buen estado de conservaci�n e igualmente apta para ser empleada con armas de fuego compatibles con su calibre, todo lo cual qued� soportado no solo con su versi�n en juicio, sino adem�s con el dictamen que rindi� y que ingres� como soporte de su pericia. As� mismo y como se soport� con el oficio 7299 de noviembre 8 de 2019 -el cual ingres� directamente a juicio por tratarse de un documento p�blico- suscrito por el Mayor RAFAEL HERN�NDEZ NINCO, Segundo Comandante del Batall�n San Mateo, el se�or LFTM, no se encuentra registrado en el sistema nacional de control de comercio de armas, municiones y explosivos a nivel nacional -SIAEM-, con lo cual se corrobora que carece de permiso para el porte o tenencia de armas de fuego, lo cual actualiza la comisi�n de la ilicitud contemplada en el canon 365 C.P. Ahora, lo atinente a la responsabilidad atribuida al ac� investigado, es aquello en lo que la defensa enfila su disenso, al presentarse diversas situaciones, en su criterio irregulares, que impiden pregonar el compromiso de LFTM en la ilicitud, y por lo mismo la Sala, en atenci�n al principio de limitaci�n que rige la segunda instancia, proceder� a analizar los cuestionamientos por ella se�alados, no sin antes dar cuenta de manera sucinta de lo que probatoriamente se comprob� en juicio.

El SI JOHNNNATAN JAIRO VILLOTA MONTENEGRO, servidor de la SIJ�N de Bel�n de Umbr�a, expres� que con ocasi�n de la diligencia de allanamiento y registro en el barrio Buenos Aires, con el fin de capturar a un ciudadano, esto es, al se�or H�CTOR ANDR�S GIL ROMERO, al llegar al inmueble objeto de la diligencia golpearon la puerta, la que abrieron al no obtener respuesta, cuando sus compa�eros ingresaron, siendo �l quien lo har�a de �ltimo, se percat� que de la vivienda a allanar arrojaron desde un hueco que esta ten�a, un objeto envuelto en una prenda blanca que cae a un zagu�n de la casa contigua, lo que inform� a sus compa�eros y �l procede a trasladarse al domicilio donde cay� el elemento, previa autorizaci�n de su moradora, se�ora MARGARITA; una vez encuentra el objeto arrojado procede a destaparlo, hallando un arma de fuego que procedi� a fijarlo fotogr�ficamente, embalarlo y rotularlo para luego llevarlo a la residencia donde se efectuaba el operativo inicial.

En curso del contrainterrogatorio, refiri� que la diligencia estaba encaminada a capturar a H�CTOR GIL quien no se encontraba, en tanto solo estaban el se�or LFTM y su compa�era BERTHA OLIVA ROMERO. En punto de la forma como percibi� el elemento, se�al� que el inmueble queda entre el and�n y la v�a principal -enti�ndase por debajo del nivel de la calle-, dos de sus compa�eros quedaron en la parte baja y �l en la superior a nivel de la v�a, y al estar m�s alto y tener la visual de ambos inmuebles, observ� cuando arrojaron por un hueco de la pared el elemento hacia la casa contigua, sin apreciar quien lo lanz�.

Mencion� adem�s que al pregunt�rsele a los moradores de la casa allanada de qui�n era dicho objeto, de manera libre y espont�nea el se�or LFTM dijo que le pertenec�a, por lo cual se le leen sus derechos. Ante pregunta complementaria del A-quo dijo no tener claridad si en los otros allanamientos realizados el se�or H�CTOR GIL fue capturado, adem�s que no se percat� de tomarle una fotograf�a al hueco por donde arrojaron el arma.

La se�ora MARGARITA ROSA ROJAS LONDO�O, adujo residir en la calle 7� Nro. 3-33 de Bel�n de Umbr�a y respecto de lo sucedido manifest� que, en junio 27 de 2019, cerca de las 6:00 a.m., se arreglaba para ir a hacer ejercicio cuando escuch� ruidos en la puerta y al asomarse vio a polic�as en la parte de arriba, instante cuando cae al pasillo de ingreso a su casa el arma de la vivienda de enseguida, toda vez que hab�a un hueco que un�a las residencias.

Refiere que cay� algo pesado, sin saber qu� era envuelto en un trapo, y cuando el policial entr� luego de pedirle permiso vio que era un arma a la cual le tomaron fotos, demor�ndose para ello entre 5 y 10 minutos, adem�s que el hueco existente siempre era grande para la parte del patio del inmueble. En el contrainterrogatorio expuso que al asomarse estaban golpeando la casa de enseguida, ella estaba parada en el pasillo cuando arrojaron el arma que casi le cae a los pies, y luego le pidieron permiso para entrar, y aunque no sabe qui�n la tir�, adujo que all� solo hab�a dos personas, a quienes vio cuando sal�a de su domicilio.

El IT �LVARO DE JES�S MU�OZ BUENO, narr� que le fue asignado un objetivo para un allanamiento en Bel�n de Umbr�a en junio 27 de 2019, acompa�ado del SI VILLOTA y dos compa�eros m�s, que ten�a como fin capturar al hijo de la se�ora de LFTM, el cual no estaba en la vivienda, por lo que otros dos compa�eros se fueron a buscarlo -quienes posteriormente materializaron la captura- y los dem�s se quedaron donde se realizaba la diligencia, en la que hab�an dos personas, esto es, el se�or LFTM y su compa�era.

Aduce que VILLOTA informa que cuando iban a ingresar ve caer un trapo por una abertura desde el inmueble que se iba a allanar al zagu�n de la casa contigua, por lo que VILLOTA ingresa a esta y al minuto les avisa que lo lanzado era una prenda de vestir que ten�a en su interior un arma de fuego, por lo que el propio VILLOTA se encarg� de recolectarla, embalarla y tomar las fotograf�as, para luego volver al inmueble donde se realizaba el allanamiento inicial; que cuando LFTM se percat� que tanto �l como su se�ora deb�an ser capturados, se queda pensativo y les dice: �esa arma, pues no es m�a, pero yo la estoy guardando, la estoy guardando, esa arma es de una persona que vive al frente�, por lo que seguidamente se hizo responsable de ella, ya que su se�ora -quien se puso a llorar- no ten�a nada que ver.

Indic� que el hueco desde el interior de la vivienda estaba a unos 1.60 o 1.70 ms de altura y se ten�a f�cil acceso. En curso del contrainterrogatorio, reitero que fueron 4 servidores de la SIJ�N que acudieron, dos de los cales se dirigieron a ubicar al objetivo y dos quedaron en el sitio, adem�s de contar con polic�as uniformados que brindaron seguridad en la parte externa, y que en la misma cuadra hab�an otras diligencias de allanamiento, entre ellas una al frente y otra m�s abajo, y que el objetivo era capturar a H�CTOR ANDR�S GIL, hijo de BERTHA OLIVA, sin haber ido por el se�or LFTM o su compa�era, persona esta que dijo nunca haberlo visto con un arma de fuego, y que cuando llegaron ella estaba acostada y su esposo levantado, por cuanto iba a salir a trabajar.

La se�ora BERTHA OLIVA ROMERO LONDO�O, excompa�era del se�or LFTM, manifest� que el d�a del hecho llegaron tumbando la puerta en el allanamiento, y en ese momento solo estaba con su compa�ero, y aunque al parecer iban por su hijo, terminaron llev�ndose a LFTM porque supuestamente hab�an encontrado un arma, ya que una se�ora dijo que vio cuando la tiraron por detr�s del solar, y al pregunt�rsele si en dicha vivienda hab�a una ventana o alg�n lugar por donde se pudiese arrojar alg�n elemento dijo que por detr�s del patio, pero estaba tapado con una camilla porque era inseguro, es decir, es un hueco que todav�a existe, es como una ventana del patio.

Adujo que ni LFTM o su hijo ten�an armas de fuego y los que hicieron el allanamiento sacaron el arma del zagu�n y la pusieron encima de su cama, donde la destaparon, la que estaba envuelta en un saco blanco. En el contrainterrogatorio adujo que su hijo fue capturado por tr�fico de estupefacientes y condenado a 51 meses; que nunca hab�a conocido un arma de fuego, por lo que se asust� cuando se la mostraron y pregunt� de d�nde la hab�an sacado, adem�s de aducir que por esa cuadra hicieron dos allanamientos.

De la prueba testimonial arribada a juicio, queda claro entonces que en curso del operativo de allanamiento que se realiz� por parte de funcionarios de la SIJ�N, una vez tocaron a la puerta, sin recibir respuesta y proceder en consecuencia a ingresar a la fuerza, en ese mismo instante, como se aprecia de la informaci�n entregada por la se�ora MARGARITA ROJAS LONDO�O, de la casa contigua a la suya, que no es otra diferente a aquella donde se hallaba el se�or LFTM y su compa�era, arrojaron un elemento -trapo blanco-, el que igualmente fue visto desde la calle donde estaba el SI VILLOTA MONTENEGRO, quien inform� de ello a sus compa�eros, por lo que decidi� ingresar a dicha vivienda, con autorizaci�n de su moradora, donde al destapar la prenda, encontr� un arma de fuego, lo que comunic� al l�der del operativo, para luego proceder a fijar fotogr�ficamente dicho elemento, as� como embalarlo y rotularlo.

De conformidad con lo anterior, no existe la menor duda para la Sala, que el admin�culo fue lanzado desde el inmueble habitado por el se�or LFTM a la casa que queda contigua, lo que igualmente encuentra soporte demostrativo con las fotograf�as que de ello capt� el policial VILLOTA, las que describi� y que ingresaron como prueba al juicio oral -no obstante que estas nunca se proyectaron en pantalla-.

Es cierto, como as� lo informaron los policiales que intervinieron en el operativo de allanamiento, que este iba dirigido exclusivamente a lograr no solo la captura del se�or H�CTOR ANDR�S GIL, quien resid�a en la vivienda ubicada en la carrera 7� Nro. 3-66, sino a recolectar EMP relacionados con el delito por el cual era investigado -al parecer tr�fico de estupefacientes y concierto para delinquir- sin que al respecto nada se hallara, como lo recalca la defensa del ac� investigado, pero no por ello se puede decir, como de manera equ�voca lo hace la recurrente, que se haya ejecutado un procedimiento ajeno a esa finalidad.

Lo anterior lo decimos, por cuanto si la actuaci�n policial estaba encaminada a efectuar el allanamiento y registro en la aludida vivienda, no pod�an dejar pasar la situaci�n advertida en el instante mismo en que pretend�an acceder al inmueble, cuando se apreci� por parte del investigador VILLOTA que desde all� arrojaron un elemento, por lo cual, a no dudarlo, estaba obligado a verificar de qu� se trataba, como as� lo hizo, para lo que incluso cont� con la colaboraci�n de la residente del inmueble donde cay�, quien permiti� su ingreso, descubriendo que lo arrojado era un arma de fuego.

Y frente a ese hallazgo, contrario a lo sostenido por la apelante, el investigador realiz� las labores propias de su cargo, ya que no solo fij� fotogr�ficamente el elemento, como de su testimonio se desprendi� y soport� con el �lbum fotogr�fico que ingres� como prueba a juicio, sino que igualmente efectu� el respectivo embalaje, rotulado y desde all�, como no pod�a ser diferente, se dio inicio a la cadena de custodia.

M�rese incluso lo que manifest� el perito en bal�stica de la Polic�a, IT BISMAN DE JES�S G�MEZ OSORIO, cuando adujo que para el an�lisis solicitado el elemento deb�a estar debidamente embalado, rotulado y sometido a cadena de custodia, lo que qued� plasmado en el informe de junio 27 de 2019, donde dio cuenta de la aptitud del arma y de los proyectiles incautados.

Ahora, puso en entredicho la defensa, cuando el aludido perito rindi� su declaraci�n, si el arma analizada fue aquella por la cual se le atribuye la responsabilidad al se�or LFTM, y si fue la que se le exhibi�, por cuanto al parecer en esos operativos de allanamiento se incautaron otras m�s, aunado a que la radicaci�n consignada en el informe -660886000062 2018 00329-, no corresponde a la del presente asunto -660886000062 2019 00159 01-.

Sobre ese particular, v�ase que en esa misma oportunidad el fiscal le dio las explicaciones del caso a la defensora, comunic�ndole que el primer n�mero de noticia criminal y bajo el cual el perito rindi� el informe, lo fue el proceso matriz, pero como la actuaci�n frente al ac� procesado se debi� surtir por cuerda separada al no tener nada que ver con la organizaci�n delincuencial que se investigaba, el tr�mite se envi� al municipio de Bel�n, lo que origin� la actual investigaci�n. De ah� entonces que no se evidencia irregularidad alguna en el diligenciamiento efectuado al arma incautada, m�xime cuando en curso del juicio oral, salvo la apreciaci�n personal de la recurrente, ninguno de los policiales que rindieron testimonio expresaron que en los dem�s operativos se hubieran incautado otras armas de fuego, o al menos prueba en tal sentido no se arrim� a juicio, sin desconocer que la abogada en curso de sus alegaciones de cierre, hizo alusi�n al contenido de las audiencias preliminares, donde quiz�s advirti� tal aspecto, pero ello no fue motivo de pr�ctica probatoria alguna y por consiguiente no es m�s que un conocimiento privado que no es factible de ser valorado.

Para la Sala no existe duda que el SI. VILLOTA vio cuando fue arrojada de la vivienda donde se realizaba el allanamiento, la prenda de vestir donde se camuflaba el arma de fuego, lo que cuenta con un testigo de acreditaci�n excepcional como lo fue la se�ora MARGARITA ROJAS, como se sostuvo en precedencia, y por lo mismo no es de recibo la extra�eza que le causa a la defensa, la percepci�n que el uniformado tuvo de dicha situaci�n. Si bien, en el sector hab�a otros allanamientos m�s, como lo dijo el IT �LVARO MU�OZ e inclusive lo reitero la se�ora BERTHA OLIVA ROMERO, lo que se sabe es que para el caso que ahora ocupa nuestra atenci�n, estaba destinado el SI.

VILLOTA, quien desde un sitio privilegiado, dada la altura a la que se encontraba, por cuanto el inmueble a allanar y la vecina, estaban por debajo del nivel de la calle, logr� percibir cuando el elemento fue arrojado a dijo Zagu�n, como se advierte de las fotograf�as que tom� y que se allegaron como prueba demostrativa, sin que el hecho de que no se hubiera efectuado una planimetr�a de su ubicaci�n y distancia donde se hall� el elemento, tenga la virtualidad de poner en entredicho lo sucedido, m�xime que con las tomas fotogr�ficas -aunque en blanco y negro, sin mucha definici�n-, se evidencia la cercan�a que ten�a del sitio y ello le permiti� percibir lo que observ�.

De igual manera, cuestion� con ah�nco la defensa, el hecho de que a su defendido se le haya interrogado, sin presencia de su abogado sobre el arma, quien al parecer dijo que era suya, pero luego de su esposa romper en llanto. Frente a ese particular, como lo indicaron el SI. VILLOTA Y el IT. MU�OZ, una vez que se hall� el admin�culo en la casa contigua, que se realiz� el procedimiento de fijaci�n, embalaje y rotulado, al pregunt�rsele a los moradores del inmueble, si a ellos o a alg�n tercero les pertenec�a; en efecto, ello al parecer gener� que la se�ora BLANCA OLIVA rompiera en llanto, circunstancia que en sentir de la Sala no fue propiciada por los uniformados, sino que se dio como resultado de la misma situaci�n estresante por la que pasaban, en tanto no solo hab�an sido objeto de una trasgresi�n a su intimidad -aunque debidamente autorizada-, sino adem�s por las repercusiones legales que dicho hallazgo podr�a generarles.

Y fue precisamente en esa oportunidad que el se�or LFTM, de forma espont�nea se hizo cargo del arma, para lo cual sostuvo que si bien la misma no era suya, s� le hab�a sido dada a guardar la noche anterior por uno de los vecinos del frente, precisamente de la residencia donde tambi�n se efectu� otro allanamiento como lo narr� el IT. MU�OZ, y esa versi�n a no dudarlo, fue precisamente la que motiv� a los investigadores a proceder a su captura, a quien en esa oportunidad le dieron a conocer sus derechos.

Para la Sala, en contrav�a de lo mencionado por la defensa, para el instante en que el se�or LFTM se hizo cargo del arma, ello se dio en una circunstancia en la que en contra de �l el �rgano encargado de la persecuci�n penal no hab�a desplegado actividad alguna en su contra, ya que la misma, como viene de verse, estaba inicialmente dirigida contra H�CTOR ANDR�S GIL, hijo de su excompa�era, quien ya se encontraba debidamente identificado e individualizado y contaba con orden de captura en su contra, y por consiguiente, el que el ac� procesado haya hecho alusi�n a su compromiso en la ilicitud, dicha exposici�n no estaba amparada por el derecho a la no incriminaci�n, a que alude el canon 33 Constitucional, como as� lo ha sostenido la jurisprudencia.

Incluso recientemente la Corte expres�: �35. De igual manera, la Ley 906 de 2004 dispone que el fiscal o el servidor de polic�a judicial debe dar a conocer ese derecho al indiciado en el interrogatorio (art. 282); que le sea informado de manera inmediata al capturado (art. 303.3); y el juez, al instalar el juicio oral, hacer lo correspondiente con el acusado (art. 367). 36.

La jurisprudencia de la Sala ha precisado que el derecho de no autoincriminaci�n adquiere relevancia en tanto sobrevenga alg�n acto de judicializaci�n de la persona, de modo que las manifestaciones hechas incluso a un integrante de la polic�a judicial no se encuentran amparadas por esa garant�a. As�, en el prove�do del 26 de febrero de 2020, radicaci�n 54386, esta Corporaci�n consider� lo siguiente: A pesar de revelarse a funcionario de polic�a judicial, las afirmaciones de RAVP no estaban amparadas por el derecho a no incriminarse, como quiera que se proporcionaron antes de cualquier acto de judicializaci�n. En este asunto, las aserciones incriminatorias rese�adas en precedencia se dieron en un contexto distinto al inicio de una actuaci�n procesal penal o, m�s concretamente, de una situaci�n que conllevase cualquier restricci�n a la libertad.� 37.

En una decisi�n posterior, la Sala reiter� la tesis enunciada previamente, es decir, que mientras el procesado no adquiera la condici�n de indiciado la garant�a de no auto incriminarse es inoperante: En atenci�n al reparo del censor frente al valor probatorio que le diera el Tribunal a tal hecho, lo primero que ha de indicarse es que la garant�a a la no�autoincriminaci�n, amparada en el art�culo 33 Constitucional y literal b) del art�culo 8� de la Ley 906 de 2004, seg�n la cual el procesado no puede ser obligado a declarar contra s� mismo, opera desde el momento en que adquiere la calidad de indiciado, no antes.

Es decir, cuando la Fiscal�a ha desplegado una actividad judicial en su contra y la manifestaci�n de responsabilidad se hace ante una autoridad judicial, como la polic�a judicial (CSJ SP, 13 may. 2020, rad. 54600). [�] 38. M�s recientemente, en la sentencia SP3573, 21 oct. 2022, rad. 55480, la Sala reiter� nuevamente que las declaraciones realizadas de manera libre por el ciudadano �sospechoso-, ante particulares o incluso ante los mismos agentes del orden, por fuera de la actuaci�n penal, son �manifestaciones de la conducta humana, fen�menos exteriorizados en el mundo real, que en tanto tales deber�n ser abordados como tema de prueba por los jueces si tienen pertinencia jur�dica� (CSJ SP3006-2015 rad. 33837).

Esto debido a que, como ya se dijo antes, el derecho a la no autoincriminaci�n �nicamente opera cuando el indiciado ha sido individualizado de forma un�voca. As� lo explic� la Corte en esa oportunidad: [D]icha salvaguarda [el derecho a la no autoincriminaci�n] �nicamente opera cuando el indiciado ha sido individualizado de forma un�voca o identificado de manera inequ�voca a fin de que pueda ejercer a plenitud su derecho de defensa, por manera que, solo, cuando se ha alcanzado la identificaci�n del presunto autor o part�cipe y se da curso al diligenciamiento respectivo, se activa la obligaci�n legal de prevenirlo sobre su derecho a guardar silencio, a no ser obligado a colaborar activamente en la recolecci�n de evidencias en su contra o a incriminar a su n�cleo familiar y a gozar de la asistencia legal de un abogado.� Con fundamento en lo anterior y en contrav�a de lo sostenido por la defensa, en este caso no se advierte vulneraci�n alguna al derecho al debido proceso, defensa y mucho menos la presunci�n de inocencia del se�or LFTM, pues lo expuesto por �l espont�neamente, lo fue en un contexto donde todav�a no operaba el principio de la no autoincriminaci�n, y lo all� aludido se constituye en un indicio grave de su responsabilidad en la ilicitud, conclusi�n a la que se llega luego del an�lisis probatorio de las dem�s pruebas arrimadas al juicio oral.

En este asunto, se�ala la defensa que el arma al que se ha hecho alusi�n, no le pertenec�a al se�or LFTM, ni al se�or H�CTOR ANDR�S GIL, como as� lo refiri� la se�ora BLANCA OLIVA, pero ello per se, no justifica el hecho de que el ahora investigado haya decidido mantenerla en su domicilio, sin esgrimir ninguna clase de justificaci�n al respecto, m�xime haber abandonado el proceso y por lo mismo dej� sola a su defensa, quien por ello no pudo aportar prueba alguna que permitiera esbozar alguna clase de raz�n v�lida que justificara la tenencia de dicho admin�culo, as� fuera transitoriamente, en tanto nada se supo si lo fue por haber sido presionado, amenazado o intimidado, si en gracia de discusi�n se dijera que el armamento era de unos vecinos �del frente� de su inmueble, donde tambi�n se realiz� un allanamiento y que precisamente por pertenecer quiz�s a una organizaci�n delincuencial lo hayan coaccionado de alguna manera para tener oculta en su vivienda el referido artefacto.

No obstante, sobre ese particular nada se acredit�, y solo ser�an conjeturas sin corroboraci�n en juicio. Para la Corporaci�n, de lo allegado a juicio se puede sostener que al se�or LFTM, si le asiste compromiso en la ilicitud endilgada, como as� lo determin� el A-quo, raz�n por la cual la Sala confirmar� la decisi�n proferida por el funcionario de primer nivel en su contra.

Ahora bien, aunque con una insuficiente argumentaci�n, la defensa atac� en su recurso la pena que le fue impuesta al se�or LFTM, misma que le atribuy� el juez en 117 meses de prisi�n, al decir que si bien su defendido carece de antecedentes y no existen circunstancias de mayor punibilidad, con fundamento en la intensidad del dolo, se ubic� pr�cticamente en el primer cuarto medio, lo que advierte desatinado, por lo cual la Sala considera necesario ahondar en lo pertinente.

Sobre ese particular, debe decirse que al instante en que el funcionario de primer nivel procedi� a realizar el trabajo de dosificaci�n punitiva por el delito endilgado, cuyo margen de movilidad lo es desde los 108 a los 144 meses de prisi�n, y proceder a establecer los cuartos de movilidad, cuyo m�nimo oscilaba entre los 108 a los 117 meses, fue claro en se�alar que al no haber circunstancias gen�ricas de mayor punibilidad, sino de menor punibilidad, le correspond�a moverse en ese primer �mbito de punibilidad.

Ahora bien, conforme lo reglado en los art�culos 59 y 61 C.P. adujo que la pena para este asunto no pod�a serlo en el extremo m�nimo, dada la �gran intensidad del dolo�, y para ello sostuvo que �el procesado conoc�a lo il�cito de la conducta, aun as� decidi� conservar un arma en su lugar de residencia, a sabiendas de que ese actuar se encontraba prohibido por el ordenamiento jur�dico, y constitu�a un afectaci�n al bien jur�dico tutelado, como es la seguridad p�blica, pues, cargar un arma constituye un peligro com�n para la sociedad.

Esto se percibe al arrojar el elemento peligroso, a la casa vecina, demostrando el conocimiento de causa, de que portar un arma sin el permiso de autoridad competente, es afectar el ordenamiento jur�dico�, lo cual lo llev� a imponerle una pena de 117 meses de prisi�n. Si bien es cierto, la Sala ha sido respetuosa, en atenci�n a la autonom�a judicial, de los criterios que tienen los jueces, dado el margen de movilidad que permite el canon 61 C.P. para determinar la pena, dentro del cuarto de movilidad respectivo, considera el Tribunal que la argumentaci�n del A-quo al aducir una �gran intensidad del dolo�, para endilgarle la m�xima contemplada en el primer cuarto m�nimo, con la que a todas luces lleg� al extremo inferior de la pena m�nima del primer cuarto medio -al que solo se puede acudir cuando concurran circunstancia de agravaci�n y atenuaci�n punitiva, lo que ac� no acontece-, desborda la facultad que el funcionario ten�a para fijar la pena, m�xime que la falta absoluta de motivaci�n para fijar tal sanci�n, en tanto nada de lo que all� esgrimi� da cuenta de un accionar que supere el dolo propio de quien incursiona en esta clase de ilicitudes.

Para el efecto, baste decir que precisamente por el mero hecho de que una persona conserve en su domicilio un arma de fuego, sin permiso para ello, ya per se, es il�cito y por lo mismo comporta una vulneraci�n al bien jur�dico de la seguridad p�blica, ya que como se sabe el delito de fabricaci�n, tr�fico o porte de armas, es de mera conducta, pluriofensivo, de peligro abstracto, lo que implica que por el solo hecho de portar un arma o mantenerla en lugar, ya se incurre en la ilicitud, de ah� que el hecho de que el se�or LFTM, como se acredit�, se haya desprendido de esta, tal situaci�n no genera una mayor intensidad del dolo, por el contrario lo que pretend�a con ello era evitar su hallazgo en la vivienda donde se encontraba, lo que no pudo lograr por lo que ac� se evidenci�.

De ah� que la Sala no advierte m�s all� de la incursi�n del ac� procesado en la tenencia simple del arma de fuego, en alguna circunstancia adicional que permitiera, como lo hizo el A-quo imponer una pena, que si bien se encuentra dentro de su margen de movilidad, a ninguna argumentaci�n v�lida acudi� para considerar que la intensidad del dolo en este asunto fue mayor, cuando nada se dijo a ese respecto, incremento que bien podr�a haber tenido validez, si a t�tulo de ejemplo, el ac� procesado hubiera utilizado el arma de fuego contra los uniformados, con lo que podr�a pensarse que un aumento punitivo si era factible dada una situaci�n f�ctica de tal naturaleza.

Para el Tribunal, lo que en este caso se present� no fue m�s que una conducta de fabricaci�n, tr�fico y porte de armas de fuego o municiones, sin agravantes ni circunstancias de mayor punibilidad, y por lo mismo, al carecer el procesado de antecedentes penales, la pena a atribuir no deb�a haber superado el monto m�nimo del cuarto escogido, que para este caso lo ser�an 108 meses de prisi�n. En ese orden y como quiera que para la Corporaci�n, fue inexistente la motivaci�n del A-quo para imponer la pena de 117 meses al se�or LFTM, ser� modificada para atribuirle la de 108 meses de prisi�n y en igual t�rmino, la inhabilitaci�n en el ejercicio de derechos y funciones p�blicas as� como para el porte o tenencia de armas de fuego.

As� mismo, y como quiera que el A-quo omiti� lo pertinente, de conformidad con lo reglado en el canon 82 C.P.P., por ser procedente se dispondr� el comiso del elemento incautado descrito en el informe investigador de laboratorio de bal�stica forense de junio 27 de 2019, suscrito por el policial BISMAN DE JES�S G�MEZ OSORIO, que corresponde a un rev�lver.38 Special, marca Ruger, modelo Service-Six, con n�mero de serial l160-54118, con sus respectivos cartuchos, el cual se decretar� a favor de las Fuerzas Militares.

El tr�mite que el comiso decretado implique se realizar� por cuenta de la Fiscal�a 32 Seccional de Bel�n de Umbr�a (Rda.). Una vez en firme la presente determinaci�n, por parte del despacho de primer nivel, se libren todas las comunicaciones de ley. En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), Sala de Decisi�n Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, CONFIRMA PARCIALMENTE el fallo proferido en octubre 5 de 2023 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Bel�n de Umbr�a (Rda.) en contra del se�or LFTM, en cuanto lo conden� como auto responsable, a t�tulo de dolo del delito de fabricaci�n, tr�fico y porte de armas de fuego, pero se MODIFICA la pena a imponer, y por lo mismo se fijar� en CIENTO OCHO (108) MESES DE PRISI�N y en igual lapso la inhabilitaci�n en el ejercicio de derechos y funciones p�blicas, as� como como el porte o tenencia de armas de fuego.

De igual manera, se decreta el comiso del arma y las municiones incautadas, a favor de las Fuerzas Militares, por lo cual estar� a cargo de la Fiscal�a 32 Seccional de Bel�n de Umbr�a (Rda.) adelantar los tr�mites pertinentes. Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso extraordinario de casaci�n que de interponerse habr� de hacerse dentro del t�rmino de ley.

NOTIF�QUESE Y C�MPLASE CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Magistrado Con firma electr�nica al final del documento JULI�N RIVERA LOAIZA Magistrado Con firma electr�nica al final del documento MANUEL YARZAGARAY BANDERA Magistrado EN AUSENCIA JUSTIFICADA Cfr. CSJ SP933-2020, 20 mayo 2020, rad. 54909. En igual sentido la Sala de Casaci�n penal en SP2523-2018, 27 jun. 2018, rad. 46814, se�al� �Para la Fiscal�a, el Tribunal con buen tino acudi� a estructurar ese hecho indicador siguiendo los lineamientos de la jurisprudencia de la Corte (SP3006 del 18 de marzo de 2015, radicado No. 33837), en la cual se concluy� que las manifestaciones del acusado tienen validez probatoria, en cuanto no se trata de un acto jur�dico en el que deben estar garantizados todos los derechos, como la potestad de no autoincriminarse y la asistencia de un abogado, pues s�lo se est� ante circunstancias f�cticas, manifestaciones de la conducta humana exteriorizadas en el mundo real./Desde esa perspectiva, resulta v�lido que las declaraciones realizadas por una persona fuera del juicio oral, puedan hacer parte del tema de prueba [�]� -negrillas de la Sala- CSJ SP1067-2024 8 may. 2024 rad. 58829. PORTE ILEGAL DE ARMAS RADICACI�N: 660886000062 2019 00159 01 PROCESADO: LFTM CONFIRMA SENTENCIA PARCIALMENTE S.N�018 P�gina PAGE 17 de NUMPAGES 18 �� ! +, 1 2 3 5 G H I J K S X � � � � � � � � ��̺��~pXXXXXXXXXX.h`U�h`U�6�@��CJEH��PJ]�aJnH tH h f�h`U�6�CJ]�^J(h�l�h`U�5�B*CJaJnH $phtH $"h�f�5�B*CJaJnH $phtH $(h�f�h�f�5�B*CJaJnH $phtH $"h`U�5�B*CJaJnH $phtH $(h`U�h`U�5�B*CJaJnH $phtH $h`U�5�CJ aJ )h: Zh`U�@��B*CJaJnH ph�tH "��I J � � +: W s ��$ ��d�a$gd4NS $d�a$gd4NS $d�a$gd�J�dgd`U�dgd`U�d�gd`U� ��d]��gd`U�2d�$d%d&d'd-DM� ��N��O��P��Q��gd`U�� B K � � � � � �: D H J L N W Z _ � � +, 9: V W \ ��ʿ��p_ h-F�h�t�@�CJ OJQJaJ hv[�h�t�CJ OJQJaJ,hv[�h�t�:�@�B*CJ OJQJaJ phh�S�h�t�@�CJ aJ jh�NeUmHnHuh�]�h�t�5�@�CJ aJ h`U�5�@�CJ aJ h`U�5�CJ aJ (h�f�6�@��CJEH��PJ]�aJnH tH.h`U�h`U�6�@��CJEH��PJ]�aJnH tH !\ a r s � � � � � � � � � � � � � � - 0 1 E F ��̰��vi_RR�h� $$If�F��0U"A�0��U"�� 4�4� Fa�Fyt%~�� d�{{ $Ifgd4NS{kd�$$If�F��0U"A�0��U"�� 4�4� Fa�Fyt%~�dem��{{ $Ifgd4NS{kd|$$If�F��0U"A�0��U"�� 4�4� Fa�Fyt%~��^_��||t||||ddd�O� d]�O^� gd�J�dgd�J�dgd�J�{kd$$If�F��0U"A�0��U"�� 4�4� Fa�Fyt%~� ~��ź�Ť��r��f��Z��L�h� UVWX]or��? 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