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El contenido total y fiel de la decisi�n debe ser verificado en la respectiva Secretar�a. RECURSO DE APELACI�N/ DEBIDO PROCESO / NULIDAD / CONFIRMA �para el momento en que se hizo el requerimiento previo -marzo 07-, la Gerente Regional Eje Cafetero de la NUEVA EPS ya no ten�a las competencias para atender el mandato judicial, por lo que no hab�a lugar a insistir en su vinculaci�n al tr�mite por carecer de legitimaci�n en la causa;
(ii) la vinculaci�n del representante legal para asuntos judiciales y de tutela no permiti� garantizarle el debido proceso, pues su intervenci�n en el asunto es como directo responsable de atender el fallo cuyo cumplimiento se exige; y (iii) la sanci�n que es objeto de consulta no abord� la responsabilidad subjetiva de cada uno de los incidentados, seg�n las obligaciones que individualmente deben asumir.
REP�BLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA SALA N� 2 de decisi�n PENAL Magistrado Ponente CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Pereira, cuatro (4) de abril de dos mil veinticinco (2025) ACTA DE APROBACI�N N� 364 SEGUNDA INSTANCIA Acusado:Jos� Humberto Fl�rez Garc�a C�dula de ciudadan�a:10.276.246 expedida en ManizalesDelito:Actos sexuales con menor de catorce a�osV�ctima:M.C.M.Procedencia:Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira Asunto:Decide la apelaci�n interpuesta por la defensa contra el auto proferido en enero 31 de 2025, por medio del cual se resolvi� de manera desfavorable una solicitud de nulidad.
SE CONFIRMA. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisi�n en los siguientes t�rminos: 1.- hechos Y ACTUACI�N PROCESAL 1.1.- De lo plasmado por la Fiscal�a en el escrito acusatorio se tiene que el 8 de octubre de 2016, al interior de la casa n�mero 38 ubicada en la manzana 16 de la urbanizaci�n Altavista en Pereira (Risaralda), el se�or JOS� HUMBERTO FL�REZ GARC�A toc� los gl�teos y abdomen de su hijastra M.C.M. de trece a�os, le dio besos en su rostro, acarici� con la lengua sus orejas y le ofreci� dinero para que tuviera relaciones sexuales con �l, para lo cual le indic� que ella lo provocaba mucho.
La menor se neg�, logr� salir de la vivienda y comunicarse con su psic�loga, quien dio aviso a las autoridades y le prest� apoyo. A ra�z de esta situaci�n la v�ctima dio a conocer que no era la primera ocasi�n en que se hab�an presentado esta clase de tocamientos, pues ello era reiterativo desde el a�o 2010, cuando contaba con 7 a�os y visitaba los fines de semana a su madre, quien ya conviv�a con el se�or JOS� HUMBERTO FL�REZ en una vivienda ubicada en el barrio San Fernando de Cuba, inmueble en el cual aquel realiz� en varias oportunidades tocamientos en sus piernas, vagina y senos por encima de la ropa, e incluso; narr� que en una oportunidad le roz� con su pene las piernas, vagina y gl�teos, situaciones que la joven no cont� a su familia por miedo, pero s� las puso en conocimiento de su psic�loga. 1.2.- Por lo anterior, el 26 de abril de 2018 ante el Juzgado S�ptimo Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Pereira, se llev� a cabo audiencia de formulaci�n de imputaci�n, en la cual se comunicaron cargos al se�or JOS� HUMBERTO FL�REZ GARC�A en calidad de autor a t�tulo de dolo de la conducta punible de Actos sexuales con menor de catorce a�os agravado en concurso homog�neo y sucesivo (arts. 31, 209 y 211 # 5 C.P.), los cuales no fueron objeto de aceptaci�n. 1.3.- Por lo anterior, el 17 de julio de 2018 la Fiscal�a General de la Naci�n, a trav�s de su delegado Sexto de la unidad CAIVAS de Pereira, present� el respectivo escrito de acusaci�n por medio del cual se reiteraron los cargos comunicados en la imputaci�n -autor a t�tulo de dolo art�culos 31, 209 y 211 # 5 C.P.-, siendo verbalizados en la audiencia de Formulaci�n de acusaci�n ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira el 26 de noviembre de 2018. 1.4.- La audiencia preparatoria se llev� a cabo el 21 de febrero de 2019.
El juicio oral se program� en varias oportunidades, no obstante, �nicamente se avanz� en la diligencia en sesiones del 22 de agosto de 2019 y 9 de diciembre de 2019. 1.5.- El 4 de septiembre de 2023, el abogado Iv�n Alejandro Montes Valencia, en calidad de nuevo defensor del se�or JOS� HUMBERTO FL�REZ, con miras a preparar los alegatos conclusivos solicit� al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira los registros de audio y video que se ten�an de las diligencias que se hab�an llevado a cabo hasta la fecha.
Al otorgarse respuesta al pedimento advirti� que la sesi�n de juicio del 22 de agosto de 2019 contaba con soporte f�lmico, pero no de audio, en virtud de ello, en sesi�n de audiencia del 20 de agosto de 2024 elev� solicitud de declaratoria de nulidad por violaci�n de los derechos de defensa y debido proceso, toda vez que no contaba con el soporte del contenido del testimonio de la v�ctima M.C.M, de la se�ora Olga Luc�a Arias y de los se�ores Carlos Alberto L�pez Valencia. 1.6.- Previo a pronunciarse sobre la nulidad invocada, el juez dio apertura al tr�mite de incidente de reconstrucci�n de expediente, para lo cual orden� requerir a los actuales sujetos procesales y a quienes hubieren intervenido en la actuaci�n para que, en caso de contar con apuntes al respecto, procedieran a ponerlos a disposici�n del despacho.
En acatamiento de la orden impartida el delegado de la Fiscal�a alleg� un archivo con 35 p�ginas con contenido de apuntes manuscritos de lo acontecido en el juicio oral y de la informaci�n otorgada por cada testigo, entre ellos, la menor M.C.M, Olga Luc�a Arias, Carlos Alberto L�pez y C�sar Augusto Calvo. Por parte del a quo tambi�n se aportaron apuntes detallados correspondientes a los alegatos de apertura, estipulaciones probatorias y la prueba testimonial practicada, ello en un total de 15 p�ginas. 1.7.- El 31 de enero de 2025 se llev� a cabo la audiencia de definici�n de incidente de reconstrucci�n de expediente, una vez se confirm� por parte de los sujetos procesales la lectura de los apuntes que traslad� el despacho, se solicit� que se pronunciaran frente a la solicitud de nulidad que elev� la defensa.
La delegada de la Fiscal�a y la representante judicial de la v�ctima indicaron que, desde sus puntos de vista era posible reconstruir el expediente con los apuntes del ente acusador y el juez al guardar estos fidelidad con lo acontecido, se resalt� que se trataba de una investigaci�n con hechos antiguos, que la v�ctima era una menor de edad frente a quien se deb�a evitar una revictimizaci�n; que era posible que se presentara una indisponibilidad de testigos y que la nulidad era el �ltimo remedio procesal ante situaciones insaneables, escenario que no se presentaba en el asunto concreto, toda vez que a trav�s de los apuntes como medios alternativos se pod�a garantizar la continuidad del proceso sin recurrir a nulitarlo.
Por su parte el defensor precis� que, pese a que advirti� que los apuntes del despacho resultaban concretos, consideraba que la afectaci�n al debido proceso continuaba latente. 1.8.- El a quo resolvi� la solicitud de nulidad, para ello precis� que, en efecto, el audio del video de la diligencia era inexistente, no obstante, la defensa tuvo acceso a dos documentos importantes consistentes en los apuntes de la Fiscal�a, los cuales advirti� legibles, concretos y claros y; los del despacho, frente a los cuales precis� que estos fueron elaborados por su parte y que narran a detalle el contenido de los testimonios.
Al considerar que con dichos medios los sujetos procesales, en especial la defensa, pudieron tener un contexto claro y real de lo que aconteci�, por lo que declar� la reconstrucci�n del expediente en lo atinente a los testimonios de M.C.M., Olga Luc�a Arias y Carlos Alberto L�pez Valencia. De otro lado, frente a la solicitud de nulidad presentada, acot� que era necesario dar aplicaci�n al principio pro infans con miras a no revictimizar a la menor M.C.M. despu�s de cinco a�os de haber rendido su testimonio y que, aunado a ello, lo acontecido no supl�a el principio de trascendencia exigido por la norma para aplicar la figura, por ello neg� la solicitud de nulidad que fue elevada por la defensa. 2.- Debate El defensor se mostr� inconforme con la decisi�n, por tal motivo interpuso recurso de apelaci�n. 2.1.- Defensa -recurrente � La argumentaci�n para sustentar el disenso se expuso as�: Se destac� que la solicitud de nulidad cumpli� con el principio de taxatividad exigido por la norma ante la afectaci�n de garant�as fundamentales y procesales del se�or JOS� HUMBERTO FL�REZ, reflejadas en el derecho de defensa y debido proceso.
De igual manera, resalt� el desconocimiento del principio de inmediaci�n derivado de la falta de conservaci�n inalterada del registro de la audiencia. Precis� que no se puede afirmar con total seguridad que los apuntes trasladados colmaron en su totalidad el contenido de las declaraciones y de todo lo que se suscit� en los testimonios, pues pese a que el juez indic� que realiz� la toma de apuntes casi que en tiempo real y de manera completa, no era posible desconocer que �l tambi�n refiri� que lo registrado era lo que result� importante para el despacho y ello no necesariamente debe coincidir con lo que sea relevante para la defensa.
Se destac� que contrario a lo manifestado por el a quo el pedimento tambi�n acreditaba el cumplimiento del principio de trascendencia, toda vez que el juicio oral es la �nica y �ltima etapa para agotar estos testimonios, ejercer el derecho de contradicci�n y poder estructurar unos alegatos de conclusi�n que se acompasen con la prueba practicada en el juicio.
Aclar� que de no decretarse la nulidad se generar�a un perjuicio irremediable al proceso y al se�or HUMBERTO FLOREZ GARC�A al tratarse de un delito grave, con penas altas y sin ning�n beneficio. 2.2.- La delegada de la Fiscal�a � No recurrente- Solicit� confirmar la decisi�n proferida en primera instancia y para ello precis�: Que es necesario dar relevancia a la afectaci�n que pueda ocasionarse a la v�ctima despu�s de haber declarado hace cinco a�os y al tratamiento psicol�gico que se agota frente a los afectados con esta clase de delitos para alivianar la situaci�n, pues exponerla nuevamente a una declaratoria en estrados puede generar un retroceso.
Expuso que con los apuntes trasladados la defensa puede tener acceso al contenido de los testimonios con miras a preparar sus argumentos en los alegatos finales. Frente al principio de trascendencia que exige la figura de la nulidad consider� que no se cumpl�a a cabalidad, toda vez que al defensor se le dieron las garant�as para obtener el conocimiento de lo acontecido ya que existe el soporte f�lmico para lectura de lenguaje corporal y el soporte de los apuntes que corresponden al contenido de audio de lo abordado en la diligencia. 2.3.- La representante judicial de la v�ctima � No recurrente- Deprec� avalar la postura asumida por el a quo y para ello se�al�: Que el despach� reconstruy� el expediente a trav�s de medios alternativos que resultaron suficientes para garantizar el derecho de defensa y que de la argumentaci�n que ofreci� el abogado defensor no fue posible advertir la existencia de una afectaci�n sustancial del debido proceso ni de un perjuicio de car�cter irreparable.
Resalt� igualmente que la revictimizaci�n de la menor se debe evitar de conformidad con la justicia restaurativa y la protecci�n a las v�ctimas en el proceso penal, pues repetir el testimonio de M.C.M. afectar�a indudablemente su bienestar emocional, m�xime cuando la Corte ya ha decantado que la inmediaci�n probatoria no se vulnera cuando existen mecanismos alternativos para reconstruir lo sucedido en la audiencia. 2.4.- Al haberse sustentado en debida forma el recurso de apelaci�n interpuesto, el se�or Juez concedi� la alzada y dispuso la remisi�n de los registros ante esta Corporaci�n con el fin de proveer al respecto. 3.- Para resolver, SE considera 3.1.- Competencia La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y funcional a voces de los art�culos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -modificado este �ltimo por el art�culo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haberse interpuesto oportunamente recurso de apelaci�n contra providencia que neg� la nulidad de la actuaci�n procesal, por parte de la defensa. 3.2.- Problema jur�dico a resolver El asunto que concita la atenci�n de la Sala se contrae b�sicamente a establecer el grado de acierto de la decisi�n proferida en primera instancia, relativa a la negativa de declaratoria de nulidad de la prueba testimonial practicada frente a la menor M.C.M., la se�ora Olga Luc�a Arias y el se�or Carlos Alberto L�pez, cuyo soporte de audio no qued� registrado en la grabaci�n realizada. 3.3.- Soluci�n a la controversia Con antelaci�n a ingresar en el estudio de fondo del presente asunto, debe decirse que una vez el A-quo emiti� la determinaci�n por medio de la cual dio por reconstruida una de las sesiones de juicio, al no contarse con el audio del registro f�lmico, ante la inconformidad mostrada por la defensa, era su deber interponer el recurso de apelaci�n, lo que no hizo de manera directa, pero s� de forma impl�cita, por la v�a de nulidad que impetr� posteriormente, misma que a la postre le fuera negada, sin que ello, en sentir de la Corporaci�n, fuera el camino adecuado para controvertir lo decidido; no obstante, al ser esa la v�a que escogi� el letrado para cuestionar dicho prove�do, es menester establecer lo que en derecho corresponda.
De acuerdo con el tema expuesto, encuentra la Sala que el asunto a examinar en esta ocasi�n se enmarca de manera precisa en el contexto de la ineficacia de los actos procesales, puntualmente en el escenario de la nulidad por violaci�n a garant�as fundamentales. Sea lo primero precisar que el Libro III, T�tulo VI del C�digo de Procedimiento Penal desarrolla la figura de la ineficacia de los actos procesales, para lo cual enlista como causales la (i) nulidad derivada de la prueba il�cita (art. 455);
(ii) la nulidad por incompetencia de juez (art. 456) y; (iii) la nulidad por violaci�n a garant�as fundamentales (art. 457). Acto seguido, en el art�culo 458 de la citada codificaci�n se precisa la existencia del principio de taxatividad por medio del cual se regula que la nulidad �nicamente puede decretarse por alguna de las tres causales anteriormente mencionadas.
Ahora bien, a trav�s de la aplicaci�n del principio de integraci�n desarrollado en el art�culo 25 C.P.P., los principios que orientan la declaratoria de nulidad en el rito procesal de la Ley 600 de 2000 se ha hecho extensivos a las actuaciones tramitadas bajo los par�metros de Ley 906 de 2004, los cuales est�n condensados en el art�culo 310 de la primera de las citadas obras.
Adem�s, en distintas providencias la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia les ha definido as�: " Principio de protecci�n: El sujeto procesal que haya dado lugar al motivo de anulaci�n no puede plantearlo en su beneficio, salvo cuando se trate del quebrantamiento del derecho a la defensa t�cnica. Principio de convalidaci�n: La irregularidad que engendra el vicio puede ser convalidada de manera expresa o t�cita por el sujeto procesal perjudicado, siempre que no se violen sus garant�as fundamentales.
Principio de trascendencia: Quien solicita la declaratoria de nulidad tiene el indeclinable deber de demostrar no s�lo la ocurrencia de la incorrecci�n denunciada, sino que �sta afecta de manera real y cierta las garant�as de los sujetos procesales o socava las bases fundamentales del proceso. Principio de residualidad: Compete al peticionario acreditar que la �nica forma de enmendar el agravio es la declaratoria de nulidad.
Principio de instrumentalidad de las formas: no procede la invalidaci�n cuando el acto tachado de irregular ha cumplido el prop�sito para el cual est� destinado, siempre que no se viole el derecho de defensa. Principio de acreditaci�n: quien alega la configuraci�n de un motivo invalidatorio, est� llamado a especificar la causal que invoca y a plantear los fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoya.� En virtud de lo expuesto, es acertado concluir que el remedio procesal de la nulidad corresponde a un mecanismo de car�cter extremo, pues se concibe como el �ltimo recurso al que se debe acudir, tal cual lo se�ala el principio de residualidad, por ello resulta di�fano comprender que no toda irregularidad, vicio u omisi�n genera una trasgresi�n del debido proceso sino, conforme al principio de trascendencia, �nicamente aquellas que quebranten las bases del juzgamiento, afecten de manera vital su estructura o transgredan las garant�as de los sujetos procesales, todo ello al punto de catalogarse el yerro como insalvable.
En suma, la motivaci�n o razonamiento que se debe plantear para formular una solicitud de nulidad debe estructurarse en consonancia con los postulados que rigen tal instituto, pues si se avizora que el defecto no logra perjudicar considerablemente el desarrollo de la actuaci�n, no hay lugar a su decreto. Ahora bien, el contexto procesal que reviste el caso sub examine se ubica en la pr�ctica de la prueba testimonial de la menor v�ctima, la se�ora Olga Luc�a Arias y el se�or Carlos Alberto L�pez Valencia respecto de los cuales �nicamente qued� registro de imagen o video, empero no del correspondiente audio.
El art�culo 146 C.P.P. plantea la carga para la judicatura de hacer uso de medios tecnol�gicos de car�cter id�neo para el registro y reproducci�n fidedigna de lo actuado, en su numeral cuarto precisa el deber de registrar de manera �ntegra la audiencia de juicio oral a trav�s de audio y video para conservar y asegurar la fidelidad del acto p�blico, la utilidad de tal registro es la de servir de medio de convicci�n de lo acontecido en la diligencia y para efectos del recurso de alzada.
Toda vez que el legislador no integr� de manera expl�cita en la Ley 906 de 2004 una consecuencia o un remedio procesal derivado de la p�rdida o inexistencia del registro de audio y video de una audiencia, la Corte ha abordado en m�ltiples oportunidades el estudio de dicha situaci�n, para ello ha sido enf�tica en se�alar que, si bien dicho evento constituye una irregularidad en la actuaci�n penal, por regla general ello resulta insuficiente para conllevar a una nulidad de lo actuado y disponer su repetici�n, m�xime en aquellos eventos en que los sujetos procesales no atacan la credibilidad de la audiencia en s� misma y de las constancias generadas a ra�z de ello, por ejemplo, las actas que se levantan por parte del despacho al finalizar la sesi�n. Frente al t�pico abordado, debe decirse que en la SP351 de 2022 radicaci�n 57195 con ponencia del honorable Magistrado Gerson Chaverra Castro se reiter� en parte el contenido del Auto Penal del 27 de junio de 2018 en radicaci�n 45909, as�: �Ante la ausencia absoluta o significativa de los mismos, es claro que el control judicial de las decisiones por quien no presenci� directamente las pruebas ser�a imposible, caso en el cual habr�a lugar a declarar la nulidad de lo actuado a efecto de repetir los actos procesales afectados por tal anomal�a. No obstante, si los defectos en las grabaciones no son sustanciales o la p�rdida de los registros no abarca la esencia del debate, esto es, si la irregularidad no es trascendente de cara a la decisi�n proferida, no habr� lugar a dicha declaratoria� (Negrita fuera de texto original) Dicha postura fue asumida de manera precisa respecto a los registros correspondientes a la audiencia de juicio oral en AP4353 de 2014 radicaci�n 38379, en los siguientes t�rminos: �Cabe recordar que la Corte ha dicho, que en los eventos en los que los registros t�cnicos del tr�mite del juicio oral no cuenten con un buen audio que permita conocer lo debatido o no se hayan podido recuperar por fallas en el sistema, estas situaciones por s� solas no son suficientes para desechar los medios de convicci�n que se recogieron en el acto, mucho m�s en los eventos en los que las partes e intervinientes no ponen en duda que el evento procesal y probatorio se verific�, como aqu� ocurre, donde la misma defensa en su condici�n de recurrente elabora la censura desde la incuestionable existencia del medio de prueba (CSJ SP,9 dic. 2010, rad. 35391; 11 may. 2011, rad. 35668; y 23 ene. 2013, rad. 40421).
En este caso, no se puede perder de vista que el juzgador de primera instancia, en ejercicio de los principios de inmediaci�n y concentraci�n, intervino en su producci�n y aducci�n, dando fe de lo all� ocurrido y en la sentencia de esa instancia incorpor� un resumen de lo declarado por la menor v�ctima, con base en lo percibido personalmente, siendo valorado para sustentar la decisi�n� (Negrita de la Sala) Hilado lo anterior al caso concreto, se avizora que la irregularidad presentada no puede catalogarse como insaneable.
El primer punto a abordar, es que la sesi�n del juicio oral llevada a cabo el 22 de agosto de 2019 en la cual se surti� la practica probatoria respecto de los testimonios de la v�ctima M.C.M., la se�ora Olga Luc�a Arias y el se�or Carlos Alberto L�pez Valencia, fue presidida por el mismo funcionario que deneg� la solicitud de nulidad por violaci�n de garant�as fundamentales presentada por la defensa, es decir; de manera alguna en el caso objeto de estudio puede salir avante un cuestionamiento respecto del principio de inmediaci�n en la pr�ctica de las citadas pruebas, pues m�rese que el acta que se levant� para dejar registro de lo acontecido en dicha diligencia se encuentra signada por el doctor Luis Fernando Moreno Bustamante, en calidad de Juez Quinto Penal del Circuito de Pereira y tambi�n por quien era su secretaria para tal momento, la se�ora Eucaris Parra Jaramillo.
Aunado a lo indicado, en sesi�n del 31 de enero de 2025 el funcionario a quo fue expl�cito en indicarle a la defensa que fue �l quien surti� la pr�ctica probatoria y as� tambi�n lo se�al� la representante judicial de la v�ctima, situaci�n a la que se suman los detallados apuntes que tom� respecto de lo declarado por los testigos, los cuales, dicho sea de paso, registran una extensi�n aproximada de seis p�ginas y media y contienen la intervenci�n realizada en escenarios de interrogatorios, contrainterrogatorios y preguntas aclaratorias formuladas por el representante del Ministerio P�blico.
Todo ello enrostra que conforme lo exige el art�culo 16 C.P.P., la prueba se produjo durante el juicio oral y p�blico y ante el correspondiente juez de conocimiento. De otro lado, se�alamiento alguno se hizo en torno a la ausencia de garant�a de los derechos de defensa y contradicci�n en lo que ata�e a dichas pr�cticas probatorias, pues no se expuso por parte de la defensa actual ni la anterior, ni por los dem�s sujetos procesales, que no se garantizara la oportunidad de contrainterrogar a los testigos, situaci�n que tambi�n se avizora en los apuntes multicitados.
Desde otra arista, no puede pasar por alto la Sala que tal cual se observa al inicio del acta 198 que, como ya se dijo, se elabor� como constancia del tr�mite de dicho acto p�blico, en su primer p�rrafo se condens� que a la diligencia asisti� "el acusado, quien se encuentra el (sic) libertad�, es decir, que el se�or JOS� HUMBERTO FL�REZ GARC�A presenci� de primera mano lo acontecido en dicha audiencia, as� tambi�n lo corrobora el registro f�lmico existente, por lo cual deviene en evidente que el acusado es conocedor del contenido de la prueba testimonial ya referida, lo que conlleva a establecer que este contaba con la facultad o posibilidad de indicar a su representante judicial si el contenido de los apuntes guardaban o no fidelidad con lo acontecido en el dicho escenario procesal, situaci�n que tampoco fue objeto de debate o cuestionamiento en la sustentaci�n de la solicitud de declaratoria de ineficacia del acto procesal.
Ahora, como con marcada concordancia lo recalcaron el a quo, la se�ora fiscal y la representante judicial de la v�ctima, no se puede pasar por alto que el asunto se trata de un delito donde la v�ctima resulta ser menor de edad, quien pese a la seria afectaci�n que genera esta clase de conductas en las diferentes esferas de un ni�o, ni�a o adolescente, se present� ante la judicatura para brindar mayor claridad a los hechos materia de investigaci�n, quien probablemente ya hab�a superado la carga de asistir ante estrados judiciales a relatar un evento tan sensible y traum�tico como este, para que pasados m�s de cinco a�os se le deba citar nuevamente con el fin de exponer lo que ya reposa en los apuntes elaborados por el delegado del ente acusador y el a quo, con el marcado riesgo de revictimizar y crear un retroceso en su proceso de superaci�n o manejo de dicho evento.
El plano detallado revela una notoria necesidad de aplicaci�n del principio pro infans, toda vez que el derecho al debido proceso que indudablemente le asiste al se�or FL�REZ GARC�A, ha sido garantizado por la judicatura mediante el cumplimiento de la obligaci�n que le asiste al juez de conocimiento de corregir los actos irregulares no sancionables con nulidad, lo que se materializ� en el caso concreto a trav�s de los medios alternativos que ya han sido precisados y por intermedio de los cuales se logr� la reconstrucci�n del acto procesal respectivo, situaci�n esta que devela que ante la existencia de un remedio procesal menos invasivo, es necesario descartar el recurso extremo de la nulidad en respeto del principio de residualidad que implica el uso de tal instituto.
El anterior panorama deja ver a su vez que la situaci�n planteada por el recurrente tampoco se acopla al principio de trascendencia exigido para considerar una ineficacia del acto procesal a trav�s de la figura de la nulidad, m�rese que ning�n cuestionamiento en tiempo real se realiz� frente al acto procesal de recepci�n de los testimonios, no se trata entonces de una irregularidad en la actuaci�n propiamente dicha, sino en el soporte f�lmico que de esta queda, lo cual no alcanza a afectar de manera sustancial los derechos del procesado o, por lo menos, no fue demostrado con contundencia por parte de la defensa el motivo por el cual frente a la anomal�a presentada no resultaba suficiente la informaci�n condensada en los apuntes del a quo y la Fiscal�a, por lo cual la carga de acreditaci�n tampoco qued� materializada.
En suma, desde la totalidad de aristas analizadas por la Sala se evidencia que la decisi�n tomada en sede de primera instancia result� ajustada al ordenamiento legal, al desarrollo jurisprudencial existente en la materia y al panorama f�ctico y procesal de la actuaci�n. En m�rito de lo expuesto, la Sala N� 2 de Decisi�n Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, CONFIRMA el auto objeto de apelaci�n proferido el 31 de enero de 2025, por medio del cual el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira (Rda.) neg� una solicitud de nulidad deprecada por la defensa.
En consecuencia, el funcionario de primer nivel deber� continuar con el tr�mite a que hubiere lugar. Notif�quese la presente decisi�n a trav�s de la Secretar�a de la Sala, por medio electr�nico, conforme las reglas t�cnicas de celeridad y econom�a procesal, dejando constancia que contra la misma no procede ning�n recurso. COMUN�QUESE Y C�MPLASE CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Magistrado Con firma electr�nica al final del documento JULI�N RIVERA LOAIZA Magistrado Con firma electr�nica al final del documento MANUEL YARZAGARAY BANDERA Magistrado Con firma electr�nica al final del documento SP4347 de 2018 radicaci�n 48579 del 3 de octubre de 2018. Art�culo 16 C.P.P. En el juicio �nicamente se estimar� como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma p�blica, oral, concentrada, y sujeta a confrontaci�n y contradicci�n ante el juez de conocimiento (�). ACTOS SEXUALES CON MENOR DE CATORCE A�OS PROCESADO: JOS� HUMBERTO FL�REZ GARC�A RADICACI�N: 660016000035 2016 03793 01 CONFIRMA AUTO A N�019 P�gina PAGE 11 de NUMPAGES 11 �����! 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