66001310500220220016001 · Tribunal de Pereira

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El contenido total y fiel de la decisi�n debe ser verificado en la respectiva Secretar�a. PENSIONES / AFILIACI�N / TRASLADO DE R�GIMEN PENSIONAL / DEBER DE INFORMACI�N / INEFICACIA DE LA AFILIACI�N. DEBER DE INFORMACI�N � Su transgresi�n se estudia bajo la instituci�n de la ineficacia. � en sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL 31314, 9 sep. 2008, CSJ SL 33083, 22 nov. 2011, CSJ SL12136-2014, CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL452-2019, CSJ SL1688-2019 y SL1689- 2019, esta Sala ha determinado de manera pac�fica que la reacci�n del ordenamiento jur�dico -art�culos 271 y 272 de la Ley 100 de 1993- a la afiliaci�n desinformada es la ineficacia, o la exclusi�n de todo efecto jur�dico del acto de traslado.�Por este motivo, el examen del acto del cambio de r�gimen pensional, por transgresi�n del deber de informaci�n, tiene que abordarse desde la instituci�n de la ineficacia en sentido estricto�y no desde el r�gimen de las nulidades sustanciales.�� PRECEDENTE CONSTITUCIONAL � Consecuencias de la declaratoria de ineficacia de traslado. � la Sala Plena de la Corte Constitucional adopt� como regla de decisi�n, la concerniente a que �(iii) en los casos en los que se declare la ineficacia del traslado solo es posible ordenar el traslado de los recursos disponibles en la cuenta de ahorro individual, rendimientos y el bono pensional si ha sido efectivamente pagado, sin que sea factible ordenar el traslado de los valores pagados por las distintas primas, gastos de administraci�n y porcentaje del fondo de garant�a de pensi�n m�nima ni menos dichos valores de forma indexada (supra 298 y ss)�.

INEFICACIA DE TRASLADOS DE LOS AFILIADOS DEL RPM AL RAIS � Reglas de valoraci�n probatoria. � en los procesos en los cuales se pretenda declarar la ineficacia de un traslado de un afiliado del RPM al RAIS deben tenerse en cuenta, de manera exclusiva, las reglas contenidas en la Constituci�n Pol�tica, en el C�digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y en el C�digo General del Proceso.

En tal virtud, conforme a ellas, al juez corresponder�, seguir cuando menos las siguientes directrices: (1) Decretar, practicar y valorar en igualdad todas las pruebas que soliciten las partes que sean necesarias, pertinentes y conducentes para demostrar los hechos que sirven de causa a las pretensiones o las excepciones. (2) Procurar, de manera oficiosa, la obtenci�n de pruebas acudiendo a las enlistadas en el C�digo General del Proceso, tales como �(�) la declaraci�n de parte, la confesi�n, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspecci�n judicial, los documentos, los indicios, los informes�, y las dem�s que considere necesarias, pertinentes y conducentes.

(3) Valorar las pruebas decretadas y debidamente practicadas con su inmediaci�n, de manera individual y en su conjunto con las dem�s, luego de lo cual puede determinar el grado de convicci�n que aquellas ofrecen sobre lo ocurrido. (4) Acudir a la prueba indiciaria si lo estima necesario, en los t�rminos de los art�culos 176 y 242 del CGP.

(5) Invertir la carga de la prueba cuando, analizando el caso concreto y la posici�n de las partes, est� ante un demandante que se encuentra en la imposibilidad de demostrar sus dichos, y en un proceso donde no haya sido posible desentra�ar por completo la verdad a pesar de los esfuerzos oficiosos. � TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL� SALA DE DECISI�N LABORAL MAGISTRADO PONENTE: JULIO C�SAR SALAZAR MU�OZ� PEREIRA,/ VEINTICUATRO/ DE ABRIL/ DE DOS MIL VEINTICINCO Acta de Sala de Discusi�n No 57 de 22 de abril de 2025 � � SENTENCIA ESCRITA� � Se resuelven los recursos de apelaci�n interpuestos por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES y el fondo privado de pensiones PROTECCI�N S.A. en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito el 11 de diciembre de 2024, as� como el grado jurisdiccional de consulta dispuesto a favor de COLPENSIONES, dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia que promueve la se�ora OLGA G�MEZ G�MEZ, cuya radicaci�n corresponde al N�66001310500220220016001.

CUESTI�N PRELIMINAR� � En atenci�n a que la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU107-2024, luego de analizar las acciones de ineficacia de los traslados del r�gimen de prima media con prestaci�n definida al r�gimen de ahorro individual con solidaridad, decidi�, con efectos �inter pares�, modular el precedente de la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en varios aspectos -valoraci�n probatoria y consecuencias pr�cticas de la declaratoria de ineficacia-, ratificando que la acci�n que debe incoarse en ese tipo de asuntos es precisamente la de ineficacia del acto jur�dico que signific� el traslado entre reg�menes pensionales; lo que implica la aplicaci�n estricta de esa l�nea de pensamiento.� ANTECEDENTES Pretende la se�ora Olga G�mez G�mez que la justicia laboral acceda a la ineficacia de la afiliaci�n efectuada al r�gimen de ahorro individual con solidaridad y consecuencialmente que se declare v�lida y vigente la afiliaci�n primigenia efectuada al r�gimen de prima media con prestaci�n definida.

Con base en esas declaraciones aspira que se condene al fondo privado de pensiones accionado a girar la totalidad de los dineros a que haya lugar a la Administradora Colombiana de Pensiones, lo que resulte probado extra y ultra petita, adem�s de las costas procesales. Refiere que: Naci� el 30 de agosto de 1964, luego de estar afiliada al r�gimen de prima media con prestaci�n definida, se traslad� al r�gimen de ahorro individual con solidaridad en el a�o 2006 a trav�s del fondo privado de pensiones Protecci�n S.A., sin embargo, el agente comercial con el que se ejecut� ese acto jur�dico no le suministr� la informaci�n sobre las consecuencias que conllevaba tomar esa decisi�n, pues tan solo afirm� que en el RAIS se pod�a pensionar anticipadamente con un monto superior al ofrecido en el RPMPD y que, en todo caso, ten�a que cambiar de r�gimen pensional ya que el ISS iba a desaparecer y por lo tanto, podr�a perder la posibilidad de pensionarse, adem�s de indicarle que en el RAIS sus herederos podr�an acceder al capital acumulado en su cuenta de ahorro individual en caso de fallecimiento sin beneficiarios.

Continu� narrando que: El 8 de septiembre de 2021 solicit� a Protecci�n S.A. la anulaci�n de su afiliaci�n al RAIS, la cual fue negada en comunicaci�n de 30 de noviembre de 2021; esa misma petici�n la elev� ante Colpensiones el 9 de septiembre de 2021 y tambi�n fue negada el mismo d�a en oficio N�2021_10427899. La demanda fue admitida en auto de 6 de julio de 2022 -archivo 7 carpeta primera instancia-.

La Administradora Colombiana de Pensiones contest� la acci�n -archivo 12 carpeta primera instancia- manifestando que �me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda por carecer de todo sustento legal y l�gico, por lo que debe ser absuelta la totalidad de las pretensiones esbozadas en la demanda, toda vez que lo exigido carece de causa.

Lo que invita a que el pronunciamiento judicial sea el de ABSOLVER a COLPENSIONES de la totalidad de las declaraciones y condenas.�. Formul� como excepciones de m�rito las que denomin� �Prescripci�n�, �Falta de legitimaci�n en la causa por pasiva�, �Inexistencia de la obligaci�n pretendida�, �Cobro de lo no debido�, �Presunci�n de legalidad de los actos administrativos�, �Excepci�n de buena fe� y �Declaratoria de otras excepciones innominada o gen�rica�.

El fondo privado de pensiones Protecci�n S.A. contest� la demanda -archivo 13 carpeta primera instancia- expresando que �esta entidad se opone a la declaraci�n de nulidad por omisi�n en la informaci�n y/o por inducci�n a error de parte de la Administradora que participara del traslado, teniendo por entendido que dicho suceso jur�dico no debe adolecer de vicios en el consentimiento que deban recaer sobre la voluntad de (de la) actor(a) porque no existieron precisamente las maniobras preterintencionales que se le endilgan.�.

Propuso como excepciones de fondo las que denomin� �Gen�rica o innominada�, �Prescripci�n�, �Buena fe�, �Compensaci�n�, �Exoneraci�n de condena en costas�, �Inexistencia de la obligaci�n�, �Falta de causa para pedir�, �Falta de legitimaci�n en la causa y/o ausencia de personer�a sustantiva por pasiva de mi representada�, �Inexistencia de la fuente de la obligaci�n�, �Inexistencia de la causa por inexistencia de la oportunidad�, �Ausencia de perjuicios morales y materiales irrogados por parte de esta entidad llamada a juicio�, �Afectaci�n de la estabilidad financiera del sistema en caso de acceder al traslado�, �Excepci�n de m�rito seguro previsional�, �Excepci�n de m�rito cuotas de administraci�n� e �Inexistencia de responsabilidad por inexistencia de sus elementos esenciales contractuales de car�cter asistencial�.

En sentencia de 11 de diciembre de 2024, la funcionaria de primera instancia, aplicando en su integridad la jurisprudencia vigente que sobre el tema ha emitido la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en concordancia con lo determinado por la Corte Constitucional en la sentencia SU107-2024, concluy�, despu�s de analizar las pruebas allegadas al proceso, que el fondo privado de pensiones Protecci�n S.A. no demostr� haberle brindado a la se�ora Olga G�mez G�mez la informaci�n necesaria que deb�a suministrarle antes de que suscribiera el formulario de afiliaci�n con el que se surti� su traslado del r�gimen de prima media con prestaci�n definida al r�gimen de ahorro individual con solidaridad, raz�n por la que accedi� a la ineficacia del traslado al RAIS ejecutado el 23 de marzo de 2006 y, en consecuencia, declar� v�lida y vigente la afiliaci�n primigenia efectuada al r�gimen de prima media con prestaci�n definida administrado actualmente por Colpensiones.

Como consecuencia de esa declaraci�n y aplicando la regla de decisi�n definida por la Corte Constitucional en la sentencia SU107-2024, conden� al fondo privado de pensiones Protecci�n S.A. a restituir a la Administradora Colombiana de Pensiones el saldo acumulado en la cuenta de ahorro individual, relativo a las cotizaciones o aportes realizados al sistema general de pensiones junto con sus rendimientos e intereses financieros; orden�ndole a continuaci�n que, al momento de cumplir con esa condena, realice una discriminaci�n de los valores y los conceptos que se restituyen, los respectivos ciclos de cotizaci�n, as� como el IBC y en general, toda la informaci�n relevante que los justifique.

A rengl�n seguido sostuvo que con el cambio de r�gimen pensional fallido se gener� un bono pensional en favor de la demandante, raz�n por la que orden� comunicar la decisi�n a la OBP del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico para que ejecute todas las acciones tendientes a dejar las costas en el estado en el que se encontraban antes de que se produjera el cambio de r�gimen pensional de la actora, siendo del caso, entre otras cosas, la de anular o dejar sin vigencia ese t�tulo de deuda p�blica.

Finalmente, conden� a la AFP Protecci�n S.A. en costas procesales, en favor de la parte actora. Inconformes con la decisi�n, las entidades accionadas interpusieron recursos de apelaci�n en los siguientes t�rminos: La apoderada judicial de la AFP Protecci�n S.A. argument� que en el curso del proceso se logr� demostrar que ese fondo privado de pensiones cumpli� con la totalidad de los requisitos exigidos en la Ley para el 23 de marzo de 2006 cuando la demandante, de manera libre, voluntaria y sin presiones, tom� la decisi�n de trasladarse del r�gimen de prima media con prestaci�n definida al de ahorro individual con solidaridad, ya que, entre otras cosas, le suministr� la informaci�n b�sica que la Ley exig�a para ese momento hist�rico; razones por las que solicita la revocatoria integral de la sentencia para en su lugar negar las pretensiones elevadas por la se�ora Olga G�mez G�mez.

La apoderada judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones interpuso recurso de apelaci�n argumentando que para que no se vea afectada la sostenibilidad financiera del sistema, al haberse declarado la ineficacia del cambio de r�gimen pensional ejecutado por la accionante, no solamente se deb�a condenar a la AFP Protecci�n S.A. a reintegrar el capital existente en la cuenta de ahorro individual con sus intereses y rendimientos financieros, sino tambi�n a restituir los valores por concepto de gastos o cuotas de administraci�n, primas de los seguros previsionales y porcentaje destinado a financiar la garant�a de pensi�n m�nima, debidamente indexados.

Al haber resultado afectados los intereses de la Administradora Colombiana de Pensiones, se dispuso tambi�n el grado jurisdiccional de consulta a su favor. ALEGATOS DE CONCLUSI�N� � Conforme se dej� plasmado en la constancia emitida por la Secretar�a de la Corporaci�n, las partes no hicieron uso del derecho a remitir alegatos de conclusi�n en esta sede.

As� las cosas, atendidas las argumentaciones expuestas por las entidades recurrentes, a esta Sala de Decisi�n le corresponde resolver los siguientes:�� PROBLEMAS JUR�DICOS�� De acuerdo con la valoraci�n probatoria que se realice al interior del proceso: �Hay lugar a declarar ineficaz la afiliaci�n de la se�ora Olga G�mez G�mez al R�gimen de Ahorro Individual con Solidaridad a trav�s de la AFP Protecci�n S.A.? �Cu�les son las consecuencias pr�cticas de declarar las ineficacias de los traslados surtidos entre reg�menes pensionales? �Con el cambio de r�gimen pensional ejecutado por la demandante se constituy� en su favor un bono pensional conforme con lo dispuesto en el art�culo 115 de la ley 100 de 1993?� �Existe alg�n inconveniente en torno a que la afiliada haya arribado a la edad m�nima de pensi�n prevista en el r�gimen de prima media con prestaci�n definida? Con el prop�sito de dar soluci�n a los interrogantes en el caso concreto, la Sala considera necesario precisar, el siguiente:� �� FUNDAMENTO JURISPRUDENCIAL� �� 1.

An�lisis jur�dico que debe abordar el juez cuando se alega ausencia de informaci�n parcial o total por parte de las administradoras en los traslados entre reg�menes pensionales.� �� En sentencia STL4759 de 22 de julio de 2020, la Sala de Casaci�n Laboral indic�:�� En el caso bajo estudio, se hace necesario precisar, que en reiterada jurisprudencia esta Sala de Casaci�n Laboral ha dejado clara su postura al indicar que la elecci�n a cualquiera de los dos reg�menes pensionales existentes,�debe estar precedida de una decisi�n libre y voluntaria, de suerte que las administradoras de pensiones tienen el deber de brindar a sus afiliados una asesor�a que les permita tener los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisi�n tomada al momento del traslado, sin importar si la persona es o no beneficiaria del r�gimen de transici�n, o si est� pr�ximo a pensionarse.�.�(Negrillas fuera de texto).� �� Y m�s adelante reiter�:� �� As�, en sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL 31314, 9 sep. 2008, CSJ SL 33083, 22 nov. 2011, CSJ SL12136-2014, CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL452-2019, CSJ SL1688-2019 y SL1689- 2019, esta Sala ha determinado de manera pac�fica que la reacci�n del ordenamiento jur�dico -art�culos 271 y 272 de la Ley 100 de 1993- a la afiliaci�n desinformada es la ineficacia, o la exclusi�n de todo efecto jur�dico del acto de traslado.�Por este motivo, el examen del acto del cambio de r�gimen pensional, por transgresi�n del deber de informaci�n, tiene que abordarse desde la instituci�n de la ineficacia en sentido estricto�y no desde el r�gimen de las nulidades sustanciales.��(Negrillas fuera de texto).� �� 2.

Sobre el deber de informaci�n.�� Frente a este �tem, la Corte Suprema de Justicia en providencia SL1452 de 3 de abril de 2019, se�al� que el deber de informaci�n a cargo de las administradoras de fondos de pensiones ha sido exigible desde el momento de su creaci�n, identificando tres etapas en el que el nivel de exigencia en la informaci�n se ha incrementado de acuerdo con la evoluci�n hist�rica de las normas que regulan la materia; lo que expuso en resumen as�:� �� El anterior recuento sobre la evoluci�n normativa del deber de informaci�n a cargo de las administradoras de pensiones podr�a, a grandes rasgos, sintetizarse as�:� �� Etapa acumulativa�Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar informaci�n�Contenido m�nimo y alcance del deber de informaci�n�Deber de informaci�n��Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993� Art. 97, numeral 1 del Decreto 663 de 1993, modificado por el art�culo 23 de la Ley 797 de 2003� Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la informaci�n, no menoscabo de derechos laborales y autonom�a personal�Ilustraci�n de las caracter�sticas, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los�reg�menes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un r�gimen de transici�n y la eventual p�rdida de beneficios pensionales�Deber de informaci�n, asesor�a y buen consejo�Art�culo 3, literal c) de la Ley 1328 de 2009� Decreto 2241 de 2010�Implica el an�lisis previo, calificado y�global de�los antecedentes del afiliado y los pormenores de los reg�menes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendaci�n al afiliado acerca de lo que m�s le conviene y, por tanto, lo que podr�a perjudicarle�Deber de informaci�n, asesor�a, buen consejo y doble asesor�a.��Ley 1748 de 2014� Art�culo 3 del Decreto 2071 de 2015� Circular Externa n. 016 de 2016�Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesor�a de los representantes de ambos reg�menes pensionales.�� 3.

Sobre la valoraci�n probatoria� / / � Continuando con su exposici�n argumentativa, el m�ximo �rgano de la jurisdicci�n laboral sent� frente al punto:/ � / / � Seg�n lo expuesto precedentemente, es la demostraci�n de un consentimiento informado en el traslado de r�gimen, el que tiene la virtud de generar en el juzgador la convicci�n de que ese contrato de aseguramiento goza de plena validez./ / � / / � Bajo tal premisa, frente al tema puntual de a qui�n le corresponde demostrarla, debe precisarse que si el afiliado alega que no recibi� la informaci�n debida cuando se afili�, ello corresponde a un supuesto negativo que no puede demostrarse materialmente por quien lo invoca./ / � / / � En consecuencia, si se arguye que a la afiliaci�n, la AFP no suministr� informaci�n veraz y suficiente, pese a que deb�a hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumpli� voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de aseguramiento.

En ese sentido, tal afirmaci�n se acredita con el hecho positivo contrario, esto es, que se suministr� la asesor�a en forma correcta. Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibi� informaci�n, corresponde a su contraparte demostrar que s� la brind�, dado que es quien est� en posici�n de hacerlo.�./ � � Sin embargo, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en sentencia SU107-2024 decidi� modular el referido precedente de la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en torno a la inversi�n de la carga probatoria respecto a los procesos ordinarios en los que se invoca la ineficacia de los traslados entre reg�menes pensionales por la falta de informaci�n, al concluir que dicho precedente resulta �desproporcionado en materia probatoria y con ello viola el derecho constitucional al debido proceso en los casos en los cuales se discute la ineficacia del traslado de los afiliados del RPM al RAIS por problemas de informaci�n ocurridos entre 1993 y 2009.�, a�adiendo que �La Corte consider� que de conformidad con la Constituci�n y la ley procesal no se pueden imponer cargas probatorias imposibles de cumplir para ninguna de las partes (ni al afiliado, ni a la AFP), as� como no se puede despojar al juez de su papel de director del proceso, de su autonom�a judicial para decretar y practicar todas las pruebas que sean necesarias, pertinentes y conducentes para analizar las pretensiones o las excepciones propuestas y de su facultad para conforme a las reglas de la sana cr�tica valorar las pruebas con el objeto de resolver los casos de ineficacia de traslados de los afiliados del RPM al RAIS.�.� � Bajo ese entendido, el m�ximo �rgano de la jurisdicci�n constitucional dispuso, que:�� en los procesos donde se pretenda declarar la ineficacia de un traslado deben tenerse en cuenta, de manera exclusiva, las reglas contenidas en la Constituci�n Pol�tica, el C�digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y en el C�digo General del Proceso que se refieren al debido proceso.

Esto supone que el juez, debe actuar como director del proceso judicial, con la autonom�a e independencia que le son propios y, dentro de las muchas actuaciones dirigidas a formar su convencimiento para decidir lo que en derecho corresponda, puede:� � (i) Decretar, practicar y valorar en igualdad todas las pruebas que soliciten las partes que sean necesarias, pertinentes y conducentes para demostrar los hechos que sirven de causa a las pretensiones o las excepciones.� � (ii) Procurar, de manera oficiosa, la obtenci�n de pruebas acudiendo a las enlistadas en el C�digo General del Proceso, tales como �(�) la declaraci�n de parte, la confesi�n, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspecci�n judicial, los documentos, los indicios, los informes�, y las dem�s que considere necesarias, pertinentes y conducentes.� � (iii) Valorar las pruebas decretadas y debidamente practicadas con su inmediaci�n, de manera individual y en su conjunto con las dem�s, luego de lo cual puede determinar el grado de convicci�n que aquellas ofrecen sobre lo ocurrido.� � (iv) Acudir a la prueba indiciaria si lo estima necesario, en los t�rminos de los art�culos 176 y 242 del CGP; e� � (v) Invertir la carga de la prueba cuando, analizando el caso concreto y la posici�n de las partes, est� ante un demandante que se encuentra en la imposibilidad de demostrar sus dichos, y en un proceso donde no haya sido posible desentra�ar por completo la verdad a pesar de los esfuerzos oficiosos.�� Definiendo finalmente que esa decisi�n �que supone una modificaci�n al precedente de la Corte Suprema de Justicia, debe ser extendida, con efectos inter pares y de inmediato cumplimiento, a todas las demandas que est�n en curso ante la Jurisdicci�n Ordinaria Laboral en todos aquellos procesos que siguen su tr�mite actualmente, y en los que se inicien con posterioridad a esta providencia.�. �� As� las cosas, en atenci�n a lo determinado por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la referida sentencia SU107-2024, a la que le otorg� efectos inter pares y de inmediato cumplimiento para todos los procesos que se est�n adelantando actualmente ante la Jurisdicci�n Ordinaria Laboral en materia de ineficacia de traslado entre reg�menes pensionales, esta Sala de Decisi�n empez� a dar cumplimiento inmediato al precedente definido por la Corte Constitucional en materia probatoria en este tipo de asuntos a partir de la providencia emitida dentro del proceso radicado bajo el N�66001310500320200025501. 4./ Sobre los denominados actos de relacionamiento.� � A pesar de que la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL3752-2020 hizo una ampl�a explicaci�n de la importancia de los actos de relacionamiento para ratificar la voluntad de permanecer y pertenecer al r�gimen de ahorro individual con solidaridad, pese a que el acto jur�dico con el que se materializaba el traslado entre reg�menes pensionales hubiere sido defectuoso al no hab�rsele suministrado al afiliado la informaci�n que por ley correspond�a; lo cierto es que la Alta Magistratura, en sentencia CSJ SL1055-2022, recogi� dicha postura argumentando que la discusi�n que rodea la validez del cambio de r�gimen pensional de los afiliados se sit�a �nica y exclusivamente en el momento en que se produce el traslado entre reg�menes pensionales, ya que resulta equivocado ubicar esa discusi�n en actuaciones posteriores que no tienen la virtud de validar un acto jur�dico anterior que no cumpli� con el lleno de los requisitos legales torn�ndolo ineficaz; nueva postura que explic� en los siguientes t�rminos:�� Pues bien, como se explic� en las sentencias CSJ SL5686-2021 y SL5688-2021, los argumentos de esta �ndole son inadmisibles pues desatienden que el eje central de estas discusiones est� en determinar si al momento del traslado de prima media al RAIS la persona cont� con informaci�n suficiente para tomar esa decisi�n. En este sentido, los actos u omisiones posteriores del afiliado, bien sea porque se traslad� entre fondos privados o no retorn� a prima media en las oportunidades legales previstas, no pueden validar el desacato legal que genera la ineficacia del acto jur�dico del traslado de r�gimen, precisamente porque al ser posteriores dejan intactos los hechos u omisiones que anteceden al acto jur�dico ineficaz, el cual no puede sanearse como la nulidad.�� De modo que no es dable siquiera sugerir que los posteriores traslados entre administradoras pueden configurar un acto de relacionamiento capaz de ratificar la voluntad de permanencia en ellas, como se infiere de las decisiones de la Sala de Descongesti�n de esta Corte CSJ SL249-2022 y SL259-2022.

N�tese que, conforme la perspectiva explicada, esa voluntad de permanencia en el RAIS es inane dado que no desvirt�a el incumplimiento del deber de informaci�n y adem�s ubica la discusi�n en actuaciones que estar�an respaldadas en un acto jur�dico ineficaz, esto es, el del traslado inicial.�� Justamente lo anterior explica que la acci�n para demandar estos asuntos no sea la de nulidad -como tambi�n lo sugieren de forma equivocada aquellas providencias- sino la de ineficacia, en la cual, se reitera, lo relevante es determinar, sin m�s agregados, si la persona al momento de suscribir el acto de traslado de r�gimen pensional ha sido debidamente informada sobre las ventajas, desventajas y consecuencias de su traslado y permanencia en el RAIS.�� Por tanto, nuevamente se enfatiza que este es el precedente vigente y en vigor de la Sala de Casaci�n Laboral de esta Corte, y recoge cualquier otro que le sea contrario, en especial el condensado en aquellas providencias.�.

(Negrillas por fuera de texto).�� Tal postura, entiende la Sala, fue ratificada por el m�ximo �rgano de la jurisdicci�n ordinaria laboral en las sentencias STL7302-2023 y STL9792-2023 en las que insisti� que la discusi�n en este tipo de casos se centra �nicamente en la validez del acto jur�dico con el que se materializa el cambio de r�gimen pensional de los afiliados, al punto que en la �ltima de ellas �STL9792-2023- la Corte le rest� efectos a un documento que conten�a la reasesor�a de un afiliado.� � En el anterior orden de ideas, esta Sala de Decisi�n continuar� realizando el estudio de este tipo de casos, bajo la senda ordenada por la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. 5.

Consecuencias pr�cticas de la declaratoria de ineficacia del traslado del RPMPD al RAIS. Sobre el tema, ha sido pacifica la jurisprudencia de la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sostener que, al no tener ning�n efecto jur�dico los traslados ejecutados por los afiliados del r�gimen de prima media con prestaci�n definida al de ahorro individual con solidaridad, ante la ausencia del deber legal de informaci�n por parte de los fondos privados de pensiones, la consecuencia pr�ctica de la declaratoria de ineficacia de esos actos jur�dicos consiste en ordenarle a las administradoras pensionales que infringieron la normatividad legal en esa materia, que procedan a restituir a la Administradora Colombiana de Pensiones -como �nica administradora del r�gimen de prima media con prestaci�n definida-, la totalidad de los dineros que se encuentren depositados en la cuenta de ahorro individual del afiliado que correspondan a las cotizaciones o aportes al sistema general de pensiones junto con sus intereses y rendimientos financieros, adem�s del valor del bono pensional en caso de haberse pagado en la cuenta de ahorro individual y, adicionalmente, restituir tambi�n a Colpensiones, con cargo a los propios recursos de los fondos privados de pensiones y debidamente indexados, los gastos de administraci�n, primas de los seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes, as� como los dineros destinados a financiar la garant�a de pensi�n m�nima, debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos; postura que reiter� en la sentencia CSJ SL3179-2023, en los siguientes t�rminos: �Ello significa que en este caso el regreso al statu quo implica que la actora debe ser redirigida al �nico ente que hoy administra las afiliaciones del r�gimen de prima media con prestaci�n definida, esto es, el ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, tal como se advirti� en casaci�n. En consecuencia, como la ineficacia implica que para todos los efectos legales el demandante siempre estuvo afiliado al RPM, adem�s de los saldos obrantes en la cuenta de ahorro individual, sus rendimientos y bonos pensionales, si hay lugar a ellos, Porvenir S.A. deber� devolver a Colpensiones el porcentaje correspondiente a los gastos de administraci�n y primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garant�a de pensi�n m�nima, debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos, pues estos conceptos, desde el nacimiento del acto ineficaz, debieron ingresar al RPM administrado por Colpensiones (CSJ SL3465-2022, CSJ SL2229-2022 y CSJ SL3188-2022).

Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deber�n aparecer discriminados con sus respectivos valores con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y dem�s informaci�n relevante que los justifiquen (CSJ SL3803-2021).� Bajo esas directrices, esta Corporaci�n ha venido aplicando estrictamente lo dispuesto en ese aspecto por el m�ximo �rgano de la jurisdicci�n ordinaria laboral, sin embargo, la Sala Plena de la Corte Constitucional en la referida sentencia SU107-2024 -que como se advirti� precedentemente, le otorg� a ella efectos inter pares y de inmediato cumplimiento para todos los procesos que se est�n adelantando actualmente ante la Jurisdicci�n Ordinaria Laboral en materia de ineficacia de traslado entre reg�menes pensionales-, al analizar la postura adoptada en ese tema por la Corte Suprema de Justicia, concluy� que las condenas econ�micas impuestas a los fondos privados de pensiones tienen un impacto en la sostenibilidad financiera del sistema, expresando en los puntos 298 y 299 de la providencia, lo siguiente: �298.

En el informe anterior, la Procuradur�a Delegada para la Salud, Protecci�n Social y Trabajo Decente alert� sobre otra problem�tica derivada del precedente de la Corte Suprema de Justicia en relaci�n con el cumplimiento de las ordenes que se�alan que la ineficacia supone que tiempo se retrotrae al momento del traslado entre 1993 y el 2009.

Esto es, la imposibilidad material de devolver todo al momento del traslado, pues no todos los recursos pueden devolverse ya sea porque en el proceso ordinario no se vincularon a las aseguradoras, o a todos los fondos donde estuvo afiliado el demandante, o la AFP fue disuelta y liquidada, ordenan a la �ltima administradora la devoluci�n de gastos de administraci�n que nunca ha tenido en su poder.

En suma present� m�s de 25 escenarios creados por los magistrados y jueces para el pago y cumplimiento de sentencias judiciales o v�a tutela, que no pueden ser cumplidos. 299. En relaci�n con estas 25 modalidades de devoluci�n, es menester aclarar que materialmente a pesar de que se declare la ineficacia del traslado no es posible retrotraer al afiliado al d�a previo al traslado.

As�, tan solo es susceptible de traslado el ahorro de la cuenta individual, los rendimientos y si se ha pagado el valor de un bono pensional, pues no toda la cotizaci�n es apta de traslado toda vez que el aporte se desglosa entre otros, en primas de seguros, gastos de administraci�n, el porcentaje para el fondo de garant�a m�nima. Incluso, tampoco ser�a posible devolver los aportes voluntarios realizados por el afiliado mientras estuvo en el RAIS y que implicaron beneficios tributarios a efectos de la declaraci�n de renta, la compra de acciones u otro tipo de inversiones, pues se trata de una serie de situaciones que consolidaron.� De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional adopt� como regla de decisi�n, la concerniente a que �(iii) en los casos en los que se declare la ineficacia del traslado solo es posible ordenar el traslado de los recursos disponibles en la cuenta de ahorro individual, rendimientos y el bono pensional si ha sido efectivamente pagado, sin que sea factible ordenar el traslado de los valores pagados por las distintas primas, gastos de administraci�n y porcentaje del fondo de garant�a de pensi�n m�nima ni menos dichos valores de forma indexada (supra 298 y ss).�.

En el anterior orden de ideas y, como ya se anunci� en el cap�tulo de la valoraci�n probatoria, al hab�rsele otorgado a la sentencia SU107-2024 efectos inter pares y de inmediato cumplimiento para la autoridad judicial competente, esta Corporaci�n procede a dar cumplimiento al precedente definido en esta materia por la Corte Constitucional. �� CASO CONCRETO.

Conforme se expuso en el primer punto del fundamento jurisprudencial, la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia/ tiene definido que la acci�n que se debe�estudiar�cuando se reclama la ausencia total o parcial del deber de informaci�n por parte de los fondos privados de pensiones, no es otra que la ineficacia del acto jur�dico/ que permiti� el traslado entre reg�menes pensionales, postura que fue ratificada por la Corte Constitucional en la sentencia SU107-2024, por lo que�al haber�orientado la actora la demanda en ese sentido,�por imperativo jurisprudencial, lo que corresponde es analizar el caso en la forma determinada por la Corte Suprema de Justicia y por la Corte Constitucional, esto es, si el cambio de r�gimen pensional de la demandante se dio en t�rminos de eficacia, como correctamente lo abord� la funcionaria de primera instancia. Con la solicitud de vinculaci�n N�7551152 realizada por la se�ora Olga G�mez G�mez el 23 de marzo de 2006 -p�g.60 archivo 13 carpeta primera instancia- la demandante se traslad� del r�gimen de prima media con prestaci�n definida al de ahorro individual con solidaridad, sin embargo, la actora inicia la presente acci�n al considerar que el cambio de r�gimen pensional no se cumpli� con el lleno de los requisitos legales, al no�hab�rsele suministrado la informaci�n sobre las consecuencias que conllevaba tomar esa decisi�n, vici�ndose de esa manera su consentimiento; mientras que la Administradora Colombiana de Pensiones y el fondo privado de pensiones Protecci�n S.A. sostienen que el traslado efectuado por la accionante del RPMPD al RAIS, se ejecut� bajo el estricto cumplimiento de la Ley, entre otros aspectos, brind�ndosele la informaci�n b�sica que se exig�a para ese momento hist�rico (primera etapa). � Conforme con la litis que se plantea en este asunto y siguiendo lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU107-2024, proceder� a verificar la Sala s�, de acuerdo con el material probatorio incorporado en el plenario, el cambio de r�gimen pensional ejecutado por la demandante del r�gimen de prima media con prestaci�n definida al de ahorro individual con solidaridad el 23 de marzo de 2006, se hizo brind�ndole a la se�ora Olga G�mez G�mez una informaci�n b�sica, que, seg�n lo establecido en la jurisprudencia de la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia consist�a en: Realizar una �Ilustraci�n de las caracter�sticas, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los/ reg�menes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un r�gimen de transici�n y la eventual p�rdida de beneficios pensionales../ � Para tales efectos, fueron incorporadas al plenario las siguientes pruebas documentales: i) Formulario de afiliaci�n; ii) Historial de vinculaciones emitido por el SIAFP de Asofondos, iii) Historia Laboral emitida por la AFP Protecci�n S.A., iv) Comparativo de caracter�sticas de los reg�menes pensionales y v) Comunicado de prensa.

(Archivo 13 carpeta primera instancia) Con el formulario de afiliaci�n y el historial de vinculaciones emitido por el SIAFP de Asofondos se acreditan las fechas en las que la demandante hizo su vinculaci�n inicial al RPMPD y posteriormente su paso al RAIS y, si bien en el formulario de afiliaci�n obra la firma de la demandante y sus datos personales, adem�s de un recuadro preimpreso que se titula como �Pensiones obligatorias� en el que solamente se deja constancia que la selecci�n del r�gimen de ahorro individual con solidaridad se hace en forma libre, espont�nea y sin presiones; agreg�ndose que los datos all� proporcionados son verdaderos; lo cierto es que, como puede verse, en ese documento no reposa la informaci�n b�sica que le permitiera conocer a la actora las consecuencias que conllevaba ejecutar ese acto jur�dico.

En la historia laboral consolidada emitida por la AFP Protecci�n S.A., obra informaci�n relativa a los aportes realizados por la demandante al sistema general de pensiones, sin embargo, del contenido inmerso en ese documento no se desprende que a la actora se le hubiere suministrado la informaci�n b�sica exigida en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia para el 23 de marzo de 2006.

Ahora, si bien el fondo privado de pensiones Protecci�n S.A. allega el comparativo de las caracter�sticas de los reg�menes pensionales que componen el sistema general de pensiones, con el que se podr�a acreditar el suministro de la informaci�n b�sica exigida para el 23 de marzo de 2006, la verdad es que a ese documento no se le puede dar el alcance probatorio pretendido por ese fondo privado de pensiones, ya que el mismo carece de la fecha de su elaboraci�n, es decir, se desconoce cu�ndo se emiti�, pero sobre todo, no tiene constancia de haber sido recibido por la demandante, ya que no contiene ning�n signo que permita concluir que �l le fue debidamente entregado a la se�ora Olga G�mez G�mez el 23 de marzo de 2006, lo que permite concluir que la demandante no tuvo acceso a ese documento antes de tomar la decisi�n de trasladarse del RPMPD al RAIS.

En lo atinente al comunicado de prensa, si bien en ese documento no se vislumbra su fecha de emisi�n, la verdad es que de su contenido se extracta que los fondos privados de pensiones pon�an en conocimiento p�blico de sus afiliados el contenido de las normas que permitieron, por una sola vez, el cambio de r�gimen pensional de los afiliados que se encontraran a menos de 10 a�os de cumplir la edad m�nima de pensi�n en el RPMPD para el 28 de enero de 2004, es decir que, se trata de un documento emitido con posterioridad a esa fecha, esto es, que no es una informaci�n que deb�a pon�rsele de presente a la demandante para el 23 de marzo de 2006 y por tanto no incide en nada en la litis planteada en el presente asunto.

En el interrogatorio de parte, la se�ora Olga G�mez G�mez respondi� que actualmente se encuentra activa como cotizante prestando sus servicios como profesional universitaria en la IPS del municipio de Cartago, agregando que no ha solicitado el reconocimiento de la pensi�n de vejez en el RAIS, ya que est� esperando los resultados precisamente del presente proceso; contest� que al momento de suscribir el formulario de afiliaci�n con el que se traslad� al RAIS, el asesor comercial no le hizo un comparativo sobre las caracter�sticas existentes entre los dos reg�menes pensionales, ni tampoco le hablaron sobre la posibilidad de retracto dentro de los cinco d�as h�biles posteriores, ni mucho menos sobre los rendimientos financieros y la posibilidad de obtener la garant�a m�nima; pero si le indicaron que en caso de deceso, sus herederos podr�an obtener el ahorro acumulado por ella y que deb�a realizar ese traslado porque el ISS iba a desaparecer y en consecuencia perder�a los aportes hechos hasta ese momento.

As� las cosas, al valorarse integralmente las pruebas allegadas al plenario, cabe concluir que el traslado ejecutado por la se�ora Olga G�mez G�mez del RPMPD al RAIS no cumpli� con el lleno de los requisitos exigidos en la Ley, ya que el fondo privado de pensiones Protecci�n S.A. no le hizo a la afiliada una �Ilustraci�n de las caracter�sticas, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los/ reg�menes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un r�gimen de transici�n y la eventual p�rdida de beneficios pensionales.; siendo del caso recordar que, independientemente de que la demandante haya permanecido afiliada en ese r�gimen pensional por m�s de quince a�os realizando cotizaciones a trav�s de �l, lo cierto es que, como viene de verse, la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL1055-2022, cambi� su postura frente a los actos de relacionamiento, al determinar que las actuaciones posteriores al acto jur�dico ineficaz no tienen la fuerza jur�dica para validarlo, en otras palabras, que no existen actos de relacionamiento con la capacidad de hacer desaparecer la asimetr�a en la informaci�n que se produjo en el momento que se ejecut� el cambio de r�gimen pensional por parte de los afiliados.� Por lo expuesto, al no quedar probado en el proceso que a la accionante se le brind� la informaci�n que por Ley correspond�a el 23 de marzo de 2006, indefectiblemente,�conforme con lo sentado por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, no queda otro camino que confirmar la decisi�n emitida por el Juzgado�Segundo�Labora del Circuito, consistente en declarar la ineficacia del acto jur�dico por medio del cual�la accionante se traslad� del r�gimen de prima media con prestaci�n definida al r�gimen de ahorro individual con solidaridad el 23 de marzo de 2006 a trav�s de la AFP Protecci�n S.A., quedando v�lida y vigente la afiliaci�n primigenia efectuada por la se�ora G�mez G�mez al RPMPD administrado actualmente por la Administradora Colombiana de Pensiones, como correctamente lo defini� la a quo.

Al no tener ning�n efecto jur�dico el cambio de r�gimen pensional efectuado por la se�ora Olga G�mez G�mez, ni ninguno de los actos ejecutados al interior del RAIS, es del caso aplicar la regla de decisi�n que sobre el tema adopt� la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU107-2024, consistente en condenar al fondo privado de pensiones Protecci�n S.A. a reintegrar a la Administradora Colombiana de Pensiones la totalidad de los dineros que se encuentran depositados en la cuenta de ahorro individual de la afiliada que corresponden a las cotizaciones o aportes al sistema general de pensiones junto con sus intereses y rendimientos financieros, como en efecto lo hizo la a quo.

De otro lado, la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia CSJ SL3179-2023, determin� que �Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deber�n aparecer discriminados con sus respectivos valores con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y dem�s informaci�n relevante que los justifiquen�; directriz que fue debidamente atendida por la funcionaria de primer grado y por tanto habr� de confirmarse en esta sede.

Al haber operado un traslado desde el r�gimen de prima media con prestaci�n definida al r�gimen de ahorro individual con solidaridad el 23 de marzo de 2003 y, al haber cotizado el accionante m�s de 150 semanas al RPMPD antes de que se produjera el traslado al RAIS, concretamente 805 semanas de cotizaci�n, como se constata con la informaci�n inmersa en la historia laboral emitida por el fondo privado de pensiones Protecci�n S.A., se gener� en ese momento un bono pensional tipo A en favor de la se�ora Olga G�mez G�mez al cumplirse con los requisitos previstos en el art�culo 115 de la ley 100 de 1993.

A pesar de que no existe prueba que demuestre el estado actual de ese instrumento de deuda p�blica, lo cierto es que el mismo se redimi� normalmente el pasado 30 de agosto de 2024, fecha en que la accionante cumpli� los 60 a�os de edad, al haber nacido en la misma calenda del a�o 1964 como se ve en la copia de su c�dula de ciudadan�a -p�g.61 archivo 13 carpeta primera instancia-; por lo que, teniendo en cuenta que el art�culo 17 del Decreto 1748 de 1995 dispone que esta clase de bonos se pagan dentro del mes siguiente a la fecha de redenci�n (sin necesidad de solicitud previa), claro es que el mismo debi� ingresar a la cuenta de ahorro individual del accionante antes del 30 de septiembre de 2024; raz�n por la que, como lo ratific� la Corte Constitucional en la sentencia SU107-2024, ante tal situaci�n se debe condenar al fondo privado de pensiones Protecci�n S.A. a que, en caso de haber recibido el pago del bono pensional en favor de la cuenta de ahorro individual de la actora, proceda a restituir la suma pagada por ese concepto a favor de la OBP del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, suma que deber� estar debidamente indexada, precis�ndose que esa actualizaci�n del valor del bono pensional debe ser cancelada con los recursos propios del fondo privado de pensiones Protecci�n S.A., lo que conlleva la adici�n de la sentencia de primera instancia en ese sentido.

Ahora, si bien la falladora de primera instancia orden� comunicar la decisi�n adoptada a la OBP del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, lo cierto es que no era con el objeto de anular o dejar sin vigencia ese t�tulo de deuda p�blica, ya que esa orden opera en aquellos casos en los que no se ha redimido el bono pensional, situaci�n que no es la que acontece en este caso, ya que como se pudo ver, ese t�tulo de deuda p�blica se redimi� normalmente el pasado 30 de agosto de 2024, el cual debi� ser pagado a la cuenta de ahorro individual de la afiliada en la AFP Protecci�n S.A.; por lo que siendo as� las cosas, se modificar� el ordinal sexto de la sentencia de primera instancia, para que la OBP del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico tenga conocimiento de la orden impartida frente al bono pensional tipo A redimido y eventualmente pagado por esa entidad a favor de la cuenta de ahorro individual de la accionante, sino tambi�n para que, haciendo uso de tr�mites internos y a trav�s de canales institucionales, ejecute todas las acciones pertinentes a que haya lugar para que el cambio de r�gimen pensional fallido no continue produciendo efectos al interior del sistema general de pensiones.

En torno al hecho consistente en que la accionante arrib� a la edad m�nima de pensi�n en el RPMPD el 30 de agosto de 2021�� y6lmno��ѿ��v�_K:��+�hU&�hG2OJPJQJ^J hU&�hG2CJOJQJ^JaJ&hU&�hG26�CJOJQJ\�^JaJ,hU&�hG2CJOJPJQJ^JaJnH $tH $8hU&�hG25�6�CJOJPJQJ\�]�^JaJnH $tH $2hU&�hG26�CJOJPJQJ]�^JaJnH $tH $#hU&�hG26�CJOJQJ^JaJ#hU&�hG25�CJOJQJ^JaJ5hU&�hG2@��B*CJOJQJ^JaJnHph�tH&h�H�hG20J%5�OJPJQJ\�^J��Z [ � no��T��#$dh��9D[$\$a$gd�U� d��gdG2$d��a$gdG2$d��a$gdG24d��$d%d&d'd-DM� ��N��O��P��Q��gdG2� ( 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consumado legalmente el cambio de r�gimen pensional, el mismo no produjo efectos�y por tanto�la demandante�siempre ha estado afiliada al r�gimen de prima media con prestaci�n definida administrado actualmente por Colpensiones, lo que muestra que de ninguna manera se est� ordenando un nuevo traslado entre reg�menes pensionales y por tanto no se�transgrede�la prohibici�n legal prevista en el literal e) del art�culo 13 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art�culo 2� de la Ley 797 de 2003.� Como quiera que en la sentencia STL10364-2020 la Sala de Casaci�n Laboral inst� a esta Sala a tener en cuenta que la condena en costas se debe/ fulminar/ con independencia de los factores subjetivos que pudieren existir/ en favor de la persona que resulte vencida o de/ aquella a quien se resuelva desfavorablemente/ el recurso de apelaci�n, las costas en esta instancia/ corren/ a cargo de las entidades recurrentes en un 100%, en favor de la parte actora. � En m�rito de lo expuesto, la/ Sala de Decisi�n Laboral del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,/ / � / / � RESUELVE/ PRIMERO. ADICIONAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito, en el sentido de CONDENAR al fondo privado de pensiones PROTECCI�N S.A. a que, en caso de haber recibido el pago del bono pensional en favor de la cuenta de ahorro individual de la actora, proceda a restituir la suma pagada por ese concepto a favor de la OBP del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, suma que deber� estar debidamente indexada, precis�ndose que esa actualizaci�n del valor del bono pensional debe ser cancelada con los recursos propios del fondo privado de pensiones Protecci�n S.A..

SEGUNDO. MODIFICAR el ordinal SEXTO de la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2024, el cual quedar� as�: �SEXTO. COMUNICAR la decisi�n adoptada en el presente caso a la OBP del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, para que tenga conocimiento de la orden impartida frente al bono pensional tipo A redimido y eventualmente pagado por esa entidad a favor de la cuenta de ahorro individual del accionante; inst�ndola para que, haciendo uso de[� [#'2'�'�'6(�(�(�(�()�)�)�+�+<,��Ĥ��nT=T=T=,h�(h E/CJOJPJQJ^JaJnH $tH $2h�(h E/5�CJOJPJQJ\�^JaJnH $tH $2h�(h�U�5�CJOJPJQJ\�^JaJnH $tH $6h�(h�U�5�@��CJOJPJQJ\�^JaJnH tH >h�(h E/0J$B*CJOJQJ^JaJfHphq� ��>h�(h�U�0J$B*CJOJQJ^JaJfHphq� ��0h�(h�U�@��CJOJPJQJ^JaJnH tH U�(�(�+�+;,<,�4�4;5<5�6�6l7n7p7�7�7�7�7��$dh�*$a$gd�U�$�3dh�]�3a$gd�|$�7�7d��9D]�7^�7a$gd�|$dh�9Da$gd E/$dh�9Da$gd�U�<,=,N,�-4�4�45:5"6J6�6�6�ʴ��~g~gL4/h�(h E/CJOJPJQJ]�^JaJnH $tH $4h�(h E/CJOJPJQJ^JaJmH nH $sH tH $,h�(h E/CJOJPJQJ^JaJnH $tH $2h�(h E/5�CJOJPJQJ\�^JaJnH $tH $2h�(h E/6�CJOJPJQJ]�^JaJnH $tH $U*h�|h E/6�OJPJQJ]�^JnH $tH $0h�|h E/5�6�OJPJQJ\�]�^JnH $tH $8h�(h E/5�6�CJOJPJQJ\�]�^JaJnH $tH $ tr�mites internos y a trav�s de canales institucionales, ejecute todas las acciones pertinentes a que haya lugar para que el cambio de r�gimen pensional fallido no continue produciendo efectos al interior del sistema general de pensiones.� TERCERO. CONFIRMAR en todo lo dem�s la sentencia recurrida y consultada.

CUARTO. CONDENAR/ en costas en un 100% a las entidades recurrentes, en favor de la parte actora. Notif�quese por estado y a los correos electr�nicos de los apoderados de las partes. Quienes integran la Sala,/ � JULIO C�SAR SALAZAR MU�OZ Magistrado Pone�6�6j7l7p7�7�7�7�7�7�78<<��˵��m�M0.0U8h�(h�U�@��CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH >h�(h�U�5�@��CJOJPJQJ\�^JaJmH nH sH tH 0h�(h�|@��CJOJPJQJ^JaJnH tH *h�U�@��CJOJPJQJ^JaJnH tH 0h�(h�U�@��CJOJPJQJ^JaJnH tH *h�|@��CJOJPJQJ^JaJnH tH h�|CJOJQJ^JaJh�|CJOJPJQJ^JaJ,h�(h�U�CJOJPJQJ^JaJnH $tH $ �7�7<<<<< < <<< <<)<4<M<N<O<P<Q<R<��d��*$gd�U�$d��*$a$gd�|$d��*$a$gd�U�$d��*$a$gd�U�$d��*$a$gdM��{nte ANA LUC�A CAICEDO CALDER�N Magistrada En Comisi�n de Servicios GERM�N DAR�O G�EZ VINASCO Magistrado�� Sin constancias ni firmas secretariales conforme art�culo 9 de la Ley 2213 de 2022 Olga G�mez G�mez vs Colpensiones y otra.

Rad. 66001310500220220016001 PAGE \* MERGEFORMAT2 <<<<(<)<3<4<L<M<N<�§lR8l8h�(h�|@��CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 2h�|@��CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 2h�U�@��CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 8h�(h�U�@��CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH;h�(h�|5�@��CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 5h�|5�@��CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH;h�(h�U�5�@��CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH >h�(h�U�5�@��CJOJPJQJ\�^JaJmH nH sH tH N<O<P<Q<R<l<v<x<y<z<�̯�rU<'U(hit�h�U�0J%CJOJPJQJ^JaJ0hit�h�U�0J$CJOJPJQJ^JaJmH sH 8h�(h�U�@��CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH >h�(h�U�5�@��CJOJPJQJ\�^JaJmH nH sH tH 8h�(h�U�@��CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 8h�(h�|@��CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 2h�|@��CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 2h�U�@��CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH R<l<z<{<|<�<�<�<�<�<�<�<�<�<�<"=#===>=?=@=A=��--$a$+$a$gd�( d��gd�($a$gd�|gd�U�$d��*$a$gd2z<|<�<�<�<�<�<�<�<�<�<�<�<"=#=$=9=:=;=<=>=@=A=��¥��h�(mH sH h�(jh�(U(h�(h�(CJOJQJ^JaJmH sH hl;jhl;U h�(h�}CJOJQJ^JaJh�|CJOJPJQJ^JaJ h�(h�U�CJOJQJ^JaJ5 01�h:pit��/ ��=!��"��#��$��%��$$If��!vh#vs#v�#v�:V t��0��65�s5��5�� /��4� B�a��p��ytl;�$$If��!vh#vs#v�#v�:V 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