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El contenido total y fiel de la decisi�n debe ser verificado en la respectiva Secretar�a. PENSIONES / AFILIACI�N / TRASLADO DE R�GIMEN PENSIONAL / DEBER DE INFORMACI�N / RESPONSABILIDAD CIVIL. RESPONSBAILIDAD CIVIL POR VULNERACI�N AL DEBER DE INFORMACI�N � indemnizaci�n de perjuicios a cargo de la AFP responsable del traslado. � De conformidad con las disposiciones del Decreto 720 de 1994, si las administradoras de fondos de pensiones privados incurren en enga�os o malas asesor�as para lograr la afiliaci�n de personas que estaban en el RPMPD, son ellas las que deben asumir las consecuencias econ�micas indemnizatorias por el perjuicio que eventualmente hayan causado con ese proceder. � De modo que, si se prueba en el proceso el enga�o o la responsabilidad de la AFP privada en el traslado del afiliado y o pensionado, y como consecuencia de ello, la causaci�n de un perjuicio al usuario, el afectado cuenta con la acci�n adecuada para pedir la indemnizaci�n de ese perjuicio, pero obviamente a cargo de quien se lo caus�, esto es la AFP que propici� el traslado. � Ahora bien, los art�culos 2341 y 2343 del C�digo Civil establecen que quien comete un da�o por culpa est� obligado a su reparaci�n o indemnizaci�n, de modo que, si un pensionado considera que la administradora incumpli� su deber de informaci�n, y por ello sufri� un perjuicio en el monto de su pensi�n, tiene derecho a demandar la indemnizaci�n de perjuicios a cargo de la entidad administradora de pensiones que caus� el da�o. � TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL� SALA DE DECISI�N LABORAL MAGISTRADO PONENTE: JULIO C�SAR SALAZAR MU�OZ�� PEREIRA,�TRES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO Acta de Sala de Discusi�n No 049 de 1� de abril de 2025 � SENTENCIA ESCRITA� � Se resuelven los recursos de apelaci�n interpuestos por la demandante CARMEN CECILIA G�MEZ TORRES y por la demandada PORVENIR S.A. en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito el 6 de noviembre de 2024, dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia en el que tambi�n est�n demandados los fondos privados de pensiones PROTECCI�N S.A. y SKANDIA S.A., adem�s de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, habiendo sido llamada en garant�a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., cuya radicaci�n corresponde al N�66001310500220210022002.
ANTECEDENTES Pretende la se�ora Carmen Cecilia G�mez Torres que la justicia laboral declare que el fondo privado de pensiones Porvenir S.A., con el que se surti� el cambio de r�gimen pensional, incumpli� con el deber legal de informaci�n que le asist�a con ella para el momento en el que se traslad� del r�gimen de prima media con prestaci�n definida al de ahorro individual con solidaridad y, en consecuencia, que se condene a los fondos privados de pensiones accionados a pagar la indemnizaci�n total de perjuicios por el valor en la mesada pensional, lo que resulte probado extra y ultra petita, adem�s de las costas procesales.
Subsidiariamente pide que se declare la ineficacia del traslado realizado desde el r�gimen de prima media con prestaci�n definida al de ahorro individual con solidaridad ejecutado a trav�s del fondo privado de pensiones Porvenir S.A. y, en consecuencia, que se declare valida y vigente su afiliaci�n primigenia realizada al RPMPD actualmente administrado por Colpensiones.
Con base en esas declaraciones aspira en consecuencia que se condene a los fondos privados de pensiones accionados a restituir a la Administradora Colombiana de Pensiones las sumas de dinero a las que haya lugar, lo que resulte probado extra y ultra petita, as� como las costas procesales. Refiere que: Naci� el 1� de diciembre de 1963; luego de afiliarse al r�gimen de prima media con prestaci�n definida a trav�s del extinto Instituto de Seguros Sociales, decidi� trasladarse al r�gimen de ahorro individual con solidaridad por medio de la vinculaci�n que hizo al fondo privado de pensiones Porvenir S.A.; antes de suscribir el acto jur�dico que signific� su traslado del RPMPD al RAIS, el fondo privado de pensiones accionado no le suministr� la totalidad de la informaci�n que la Ley exig�a para ese momento; posteriormente se moviliz� al interior del RAIS, estando vinculada actualmente al fondo privado de pensiones Skandia S.A., quien en el mes de septiembre del a�o 2017 le reconoci� la pensi�n de vejez bajo la modalidad de retiro programado en cuant�a mensual equivalente a la suma de $1.337.000; de haber permanecido afiliada al r�gimen de prima media con prestaci�n definida, el valor de su mesada pensional para el momento de iniciar la acci�n ordinaria laboral arribar�a a la suma de $3.935.706.
La demanda fue admitida en auto de 1� de septiembre de 2021 -archivo 8 carpeta primera instancia-. El fondo privado de pensiones Porvenir S.A. respondi� la acci�n -archivo 9 carpeta primera instancia- manifestando que el 16 de septiembre de 1994 la se�ora Carmen Cecilia G�mez Torres suscribi� formulario de afiliaci�n con esa entidad -antes Colpatria S.A.-, habiendo cumplido con la totalidad de los requisitos que la Ley exig�a para esa �poca, entre otras cosas, suministr�ndole la totalidad de la informaci�n que deb�a conocer frente a las consecuencias que conllevaba trasladarse del RPMPD al RAIS; as� mismo sostuvo que la actora se moviliz� en varias oportunidades al interior del r�gimen de ahorro individual con solidaridad, habi�ndose concretado su derecho pensional en el mes de septiembre de 2017 cuando la AFP Skandia S.A. le reconoci� la pensi�n de vejez en la modalidad de retiro programado.
Se opuso a la totalidad de las pretensiones elevadas por la demandante y propuso como excepciones de m�rito las que denomin� �Inexistencia de los perjuicios patrimoniales�, �Obligaci�n de medio y no de resultados�, �Desconocimiento de los actos propios�, �Imposibilidad de reversar situaciones jur�dicas consolidadas�, �Pago�, �Compensaci�n� y �Prescripci�n�.
La Administradora Colombiana de Pensiones contest� la demanda -archivo 11 carpeta primera instancia- oponi�ndose a la prosperidad de las pretensiones de la actora, ya que el acto jur�dico que le permiti� a la se�ora G�mez Torres trasladarse del RPMPD al RAIS cumpli� con la totalidad de los requisitos exigidos en la Ley. Plante� las excepciones de fondo que denomin� �Validez de la afiliaci�n al RAIS�, �Aceptaci�n impl�cita de la voluntad del afiliado�, �Saneamiento de una presunta nulidad�, �Solicitud de traslado de dineros de gastos de administraci�n�, �Prescripci�n�, �Imposibilidad jur�dica para reconocer y pagar derecho por fuera del ordenamiento legal�, �Buena fe: Colpensiones�, �Imposibilidad de condena en costas�, �Declaratoria de otras excepciones�.
LA AFP Skandia S.A. respondi� la demanda -archivo 13 carpeta primera instancia- oponi�ndose a la prosperidad de las pretensiones elevadas por la se�ora Carmen Cecilia G�mez Torres, no solamente porque no fue esa la entidad con la que se surti� su cambio de r�gimen pensional, sino tambi�n porque al momento en que se produjo el traslado del RPMPD al RAIS, el fondo privado de pensiones correspondiente cumpli� con la totalidad de los requisitos que la Ley exig�a para que ese actor jur�dico se reputara v�lido y eficaz.
Propuso como excepciones de m�rito las de �Prescripci�n�, �Prescripci�n de la acci�n de nulidad�, �Cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligaci�n�, �Inexistencia de los perjuicios reclamados�, �Inexistencia de perjuicios a cargo de Skandia� y �Compensaci�n�. De otro lado, solicit� que fuera llamada en garant�a Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., con ocasi�n de los contratos de seguros previsionales suscritos entre ambas entidades, para que, en caso de que se le condene a devolver las primas de los seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes, se le ordene a esa aseguradora proceder con el pago de esas primas.
El fondo privado de pensiones Protecci�n S.A. contest� el libelo introductorio -archivo 15 carpeta primera instancia- se opuso a las pretensiones de la se�ora Carmen Cecilia G�mez Torres argumentando que �esta entidad se opone a la declaraci�n de nulidad por omisi�n en la informaci�n y/o por inducci�n a error por parte de la Administradora que participara del traslado, teniendo por entendido que dicho suceso jur�dico no debe adolecer de vicios en el consentimiento que deban recaer sobre la voluntad del (de la) actor(a) porque no existieron precisamente las maniobras preterintencionales que se le endilgan.�.
Enlist� como excepciones de m�rito las que denomin� �Gen�rica o innominada�, �Prescripci�n�, �Buena fe�, �Compensaci�n�, �Exoneraci�n de condena en costas�, �Inexistencia de la obligaci�n�, �Falta de causa para pedir�, �Falta de legitimaci�n en la causa y/o ausencia de personer�a sustantiva por pasiva de mi representada�, �Inexistencia de la fuente de la obligaci�n�, �Inexistencia de la causa por inexistencia de la oportunidad�, �Ausencia de perjuicios morales y materiales irrogados por parte de esta entidad llamada a juicio�, �Afectaci�n de la estabilidad financiera del sistema en caso de acceder al traslado�, �Excepci�n de m�rito seguro previsional�, �Excepci�n de m�rito cuotas de administraci�n� y �Inexistencia de responsabilidad por inexistencia de sus elementos esenciales contractuales de car�cter asistencial�.
La aseguradora Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. contest� la demanda y el llamamiento en garant�a -archivo 34 carpeta primera instancia- oponi�ndose a la prosperidad de ambos, argumentando frente a la acci�n interpuesta por la se�ora G�mez Torres que se adhiere a todos los argumentos expuestos por las entidades accionadas en sus fundamentos de hecho y de derecho, as� como en las excepciones planteadas por cada una de ellas y, respecto al llamamiento en garant�a, sostiene que no existe ninguna relaci�n contractual entre ella y la AFP Skandia S.A. de la que se derive la responsabilidad de garantizar el pago de indemnizaciones o sanciones a cargo de esa administradora pensional.
Plante� como excepciones las de �Falta de causa para pedir�, �Prescripci�n�, �Gen�rica o innominada�, �Inexistencia de derecho por parte de la llamante en garant�a�, �Cumplimiento de la obligaci�n por parte de AFP Skandia�, �El contrato de seguro previsional es un contrato aut�nomo y obligatorio�, �El Juez en sus decisiones debe respetar el imperio de la Ley�, �Pacta sunt servanda�, �El contrato de seguro previsional es oponible al asegurado quien carece de legitimaci�n para demandarlo�, �El contrato de afiliaci�n del demandante y los fondos es inoponible a mi representada�, �Mi representada no est� en la obligaci�n de soportar una carga que constituya un gravamen excepcional�, �Validez, cumplimiento y agotamiento del contrato de seguro�, �Prima devengada�, �Responsabilidad de Skandia�, �Inoponibilidad de la ineficacia demandada�, �Pagos, compensaciones y restituciones mutuas�, ��Falta de t�tulo y causa�, �Inexistencia de obligaci�n�, �Prescripci�n� y �Buena fe�.
En la audiencia de que trata el art�culo 77 del CPTSS, la falladora de primera instancia, concretamente en la etapa correspondiente a la decisi�n de excepciones previas, luego de valorar las pruebas allegadas al plenario, declar� probada la excepci�n de cosa juzgada planteada por varias de las entidades accionadas frente a las pretensiones subsidiarias elevadas por la se�ora Carmen Cecilia G�mez Torres, al haberse configurado los requisitos previstos en el art�culo 303 del CGP; decisi�n que qued� debidamente ejecutoriada, dado que la parte actora no la recurri�.
En sentencia de 6 de noviembre de 2024, la funcionaria de primera instancia aplicando en su integridad la jurisprudencia vigente que sobre el tema ha emitido la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, concluy�, luego de invertir la carga de la prueba en cabeza de la AFP Porvenir S.A. y de analizar las pruebas allegadas al plenario, que ese fondo privado de pensiones no cumpli� con la carga probatoria que le incumb�a, consistente en demostrar que le suministr� a la demandante la totalidad de la informaci�n que deb�a ponerle de presente antes de que se produjera el cambio de r�gimen pensional; raz�n por la que consider� que, en los t�rminos del Decreto 720 de 1994 y del art�culo 16 de la Ley 446 de 1998, es viable analizar si se dan los presupuestos para acceder a la indemnizaci�n de perjuicios solicitada por la parte actora; anunciando que ello procede en la medida en que: i) se haya afectado el derecho pensional, consistente en las diferencias de la pensi�n que el demandante ha dejado de percibir y que no se hubiese producido de haber mediado la informaci�n debida, (ii) la culpa por la conducta negligente de la administradora de pensiones y, (iii) el nexo de casualidad.
A continuaci�n, determin� que si bien la demandante accedi� a la pensi�n de vejez en el r�gimen de ahorro individual con solidaridad desde el 1� de septiembre de 2017 cuando se le reconoci� como mesada pensional la suma de $1.337.000, lo cierto es que de haber permanecido afiliada al r�gimen de prima media con prestaci�n definida habr�a consolidado su derecho pensional el 1� de diciembre de 2020 cuando arribo a los 57 a�os, habiendo cotizado en toda su vida laboral un total de 1382 semanas, que le hubiesen permitido obtener para esa anualidad una mesada pensional del orden de $5.119.814, que resulta superior a la que deveng� la demandante en esa anualidad; motivo por el que declar� que el fondo privado de pensiones Porvenir S.A. le ocasion� un perjuicio a la se�ora Carmen Cecilia G�mez Torres con el traslado de r�gimen pensional ejecutado irregularmente en el a�o 1994.
Sin embargo, a pesar de tener por demostrado el da�o, la juzgadora de primer grado concluy� que en este caso la demandante no inici� la acci�n de resarcimiento de perjuicios dentro de los tres a�os siguientes a la comunicaci�n de 19 de octubre de 2017 en la que se le reconoci� la pensi�n de vejez en el RAIS, ya que como se ve en el acta individual de reparto, el presente ordinario laboral de primera instancia fue incoado el 17 de junio de 2021; motivo por el que declar� probada la excepci�n de prescripci�n planteada por la AFP Porvenir S.A. y, en consecuencia, neg� las pretensiones condenatorias elevadas por la demandante, lo que conllev� a que condenara en costas procesales a la parte actora en contra de las entidades accionadas.
Inconformes con la decisi�n, la parte actora y el fondo privado de pensiones Porvenir S.A. interpusieron recurso de apelaci�n en los siguientes t�rminos: La apoderada judicial de la parte actora interpuso recurso de apelaci�n manifestando literalmente lo siguiente: �le solicito me conceda el recurso de apelaci�n para solicitar ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira si se puede evaluar nuevamente el tr�mite en curso y solicitar si se puede estudiar la viabilidad de la nivelaci�n de la mesada pensional a que tendr�a derecho la se�ora Carmen Cecilia G�mez Torres en el r�gimen solidario de prima (sic) que hubiere recibido en el r�gimen solidario de prima media con prestaci�n definida y para que ellos eval�en la totalidad de la sentencia proferida en primera instancia, much�simas gracias su se�or�a.�.
Por su parte, el apoderado judicial del fondo privado de pensiones Porvenir S.A. manifestando que en el curso del proceso qued� demostrado que esa administradora pensional cumpli� con la totalidad de las obligaciones que la Ley exig�a para el a�o 1994 cuando la demandante decidi� trasladarse del RPMPD al RAIS, entre otras cosas, porque le brind� la totalidad de la informaci�n necesaria que le permiti� conocer las consecuencias jur�dicas que conllevaba tomar esa decisi�n; agregando que la demandante no se ha visto perjudicada con el cambio de r�gimen pensional, pues, por el contrario, se benefici� de las caracter�sticas propias del RAIS, al haber obtenido la pensi�n de vejez de manera anticipada a los 53 a�os, cuando no ten�a derecho a acceder en ese momento a la misma prestaci�n econ�mica al interior del RPMPD, es decir que, la demandante no ha sufrido ning�n perjuicio.
ALEGATOS DE CONCLUSI�N� � Conforme se dej� plasmado en la constancia emitida por la Secretar�a de la Corporaci�n, la parte actora y los fondos privados de pensiones Porvenir S.A. y Skandia S.A. hicieron uso del derecho a remitir alegatos de conclusi�n en esta sede. En cuanto a su contenido,/ teniendo en cuenta que el art�culo 279 del CGP dispone que/ No se podr� hacer transcripciones o reproducciones de actas, decisiones o conceptos que obren en el expediente.,/ baste decir que, los argumentos expuestos por la parte actora y por la AFP Porvenir S.A. coinciden con los narrados en las sustentaciones del recurso de apelaci�n; mientras que los emitidos por el fondo privado de pensiones Skandia S.A. se circunscriben en solicitar la confirmaci�n integral de la sentencia de primer grado, al estimar que ella se ajusta a derecho.
As� las cosas, atendidas las argumentaciones a esta Sala de Decisi�n le corresponde resolver los siguientes:�� PROBLEMAS JUR�DICOS�� 1. De acuerdo con la valoraci�n probatoria que se realice al interior del proceso: �Se le brind� a la se�ora Carmen Cecilia G�mez Torres la informaci�n que la Ley exig�a para el momento en el que se produjo su cambio del r�gimen de prima media con prestaci�n definida al de ahorro individual con solidaridad? 2. �Qued� demostrado en el plenario que la se�ora Carmen Cecilia G�mez Torres sufri� un perjuicio luego de haberse trasladado del RPMPD al RAIS? Con el prop�sito de dar soluci�n a los interrogantes en el caso concreto, la Sala considera necesario precisar, los siguientes aspectos:� ������ 1.
Sobre el deber de informaci�n al momento de ejecutarse el cambio de r�gimen pensional por parte de los afiliados. �� Frente a este �tem, la Corte Suprema de Justicia en providencia SL1452 de 3 de abril de 2019, se�al� que el deber de informaci�n a cargo de las administradoras de fondos de pensiones ha sido exigible desde el momento de su creaci�n, identificando tres etapas en el que el nivel de exigencia en la informaci�n se ha incrementado de acuerdo con la evoluci�n hist�rica de las normas que regulan la materia; lo que expuso en resumen as�:� �� �El anterior recuento sobre la evoluci�n normativa del deber de informaci�n a cargo de las administradoras de pensiones podr�a, a grandes rasgos, sintetizarse as�:� �� Etapa acumulativa�Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar informaci�n�Contenido m�nimo y alcance del deber de informaci�n�Deber de informaci�n��Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993� Art. 97, numeral 1 del Decreto 663 de 1993, modificado por el art�culo 23 de la Ley 797 de 2003� Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la informaci�n, no menoscabo de derechos laborales y autonom�a personal�Ilustraci�n de las caracter�sticas, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los�reg�menes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un r�gimen de transici�n y la eventual p�rdida de beneficios pensionales�Deber de informaci�n, asesor�a y buen consejo�Art�culo 3, literal c) de la Ley 1328 de 2009� Decreto 2241 de 2010�Implica el an�lisis previo, calificado y�global de�los antecedentes del afiliado y los pormenores de los reg�menes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendaci�n al afiliado acerca de lo que m�s le conviene y, por tanto, lo que podr�a perjudicarle�Deber de informaci�n, asesor�a, buen consejo y doble asesor�a.��Ley 1748 de 2014� Art�culo 3 del Decreto 2071 de 2015� Circular Externa n. 016 de 2016�Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesor�a de los representantes de ambos reg�menes pensionales.��� 2.
Sobre la valoraci�n probatoria� / / � Continuando con su exposici�n argumentativa, el m�ximo �rgano de la jurisdicci�n laboral sent� frente al punto:/ � / / � Seg�n lo expuesto precedentemente, es la demostraci�n de un consentimiento informado en el traslado de r�gimen, el que tiene la virtud de generar en el juzgador la convicci�n de que ese contrato de aseguramiento goza de plena validez./ / � / / � Bajo tal premisa, frente al tema puntual de a qui�n le corresponde demostrarla, debe precisarse que si el afiliado alega que no recibi� la informaci�n debida cuando se afili�, ello corresponde a un supuesto negativo que no puede demostrarse materialmente por quien lo invoca./ / � / / � En consecuencia, si se arguye que a la afiliaci�n, la AFP no suministr� informaci�n veraz y suficiente, pese a que deb�a hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumpli� voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de aseguramiento.
En ese sentido, tal afirmaci�n se acredita con el hecho positivo contrario, esto es, que se suministr� la asesor�a en forma correcta. Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibi� informaci�n, corresponde a su contraparte demostrar que s� la brind�, dado que es quien est� en posici�n de hacerlo.�./ � � Sin embargo, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en sentencia SU107-2024 decidi� modular el referido precedente de la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en torno a la inversi�n de la carga probatoria respecto a los procesos ordinarios en los que se invoca la ineficacia de los traslados entre reg�menes pensionales por la falta de informaci�n, al concluir que dicho precedente resulta �desproporcionado en materia probatoria y con ello viola el derecho constitucional al debido proceso en los casos en los cuales se discute la ineficacia del traslado de los afiliados del RPM al RAIS por problemas de informaci�n ocurridos entre 1993 y 2009.�, a�adiendo que �La Corte consider� que de conformidad con la Constituci�n y la ley procesal no se pueden imponer cargas probatorias imposibles de cumplir para ninguna de las partes (ni al afiliado, ni a la AFP), as� como no se puede despojar al juez de su papel de director del proceso, de su autonom�a judicial para decretar y practicar todas las pruebas que sean necesarias, pertinentes y conducentes para analizar las pretensiones o las excepciones propuestas y de su facultad para conforme a las reglas de la sana cr�tica valorar las pruebas con el objeto de resolver los casos de ineficacia de traslados de los afiliados del RPM al RAIS.�.� � Bajo ese entendido, el m�ximo �rgano de la jurisdicci�n constitucional dispuso, que:�� � �� en los procesos donde se pretenda declarar la ineficacia de un traslado deben tenerse en cuenta, de manera exclusiva, las reglas contenidas en la Constituci�n Pol�tica, el C�digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y en el C�digo General del Proceso que se refieren al debido proceso.
Esto supone que el juez, debe actuar como director del proceso judicial, con la autonom�a e independencia que le son propios y, dentro de las muchas actuaciones dirigidas a formar su convencimiento para decidir lo que en derecho corresponda, puede:� � (i) Decretar, practicar y valorar en igualdad todas las pruebas que soliciten las partes que sean necesarias, pertinentes y conducentes para demostrar los hechos que sirven de causa a las pretensiones o las excepciones.� � (ii) Procurar, de manera oficiosa, la obtenci�n de pruebas acudiendo a las enlistadas en el C�digo General del Proceso, tales como �(�) la declaraci�n de parte, la confesi�n, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspecci�n judicial, los documentos, los indicios, los informes�, y las dem�s que considere necesarias, pertinentes y conducentes.� � (iii) Valorar las pruebas decretadas y debidamente practicadas con su inmediaci�n, de manera individual y en su conjunto con las dem�s, luego de lo cual puede determinar el grado de convicci�n que aquellas ofrecen sobre lo ocurrido.� � (iv) Acudir a la prueba indiciaria si lo estima necesario, en los t�rminos de los art�culos 176 y 242 del CGP; e� � (v) Invertir la carga de la prueba cuando, analizando el caso concreto y la posici�n de las partes, est� ante un demandante que se encuentra en la imposibilidad de demostrar sus dichos, y en un proceso donde no haya sido posible desentra�ar por completo la verdad a pesar de los esfuerzos oficiosos.�� Definiendo finalmente que esa decisi�n �que supone una modificaci�n al precedente de la Corte Suprema de Justicia, debe ser extendida, con efectos inter pares y de inmediato cumplimiento, a todas las demandas que est�n en curso ante la Jurisdicci�n Ordinaria Laboral en todos aquellos procesos que siguen su tr�mite actualmente, y en los que se inicien con posterioridad a esta providencia.�. �� As� las cosas, en atenci�n a lo determinado por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la referida sentencia SU107-2024, a la que le otorg� efectos inter pares y de inmediato cumplimiento para todos los procesos que se est�n adelantando actualmente ante la Jurisdicci�n Ordinaria Laboral en materia de ineficacia de traslado entre reg�menes pensionales, esta Sala de Decisi�n empez� a dar cumplimiento inmediato al precedente definido por la Corte Constitucional en materia probatoria en este tipo de asuntos a partir de la providencia emitida dentro del proceso radicado bajo el N�66001310500320200025501. 3./ Sobre los denominados actos de relacionamiento.� � A pesar de que la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL3752-2020 hizo una ampl�a explicaci�n de la importancia de los actos de relacionamiento para ratificar la voluntad de permanecer y pertenecer al r�gimen de ahorro individual con solidaridad, pese a que el acto jur�dico con el que se materializaba el traslado entre reg�menes pensionales hubiere sido defectuoso al no hab�rsele suministrado al afiliado la informaci�n que por ley correspond�a; lo cierto es que la Alta Magistratura, en sentencia CSJ SL1055-2022, recogi� dicha postura argumentando que la discusi�n que rodea la validez del cambio de r�gimen pensional de los afiliados se sit�a �nica y exclusivamente en el momento en que se produce el traslado entre reg�menes pensionales, ya que resulta equivocado ubicar esa discusi�n en actuaciones posteriores que no tienen la virtud de validar un acto jur�dico anterior que no cumpli� con el lleno de los requisitos legales torn�ndolo ineficaz; nueva postura que explic� en los siguientes t�rminos:�� � �Pues bien, como se explic� en las sentencias CSJ SL5686-2021 y SL5688-2021, los argumentos de esta �ndole son inadmisibles pues desatienden que el eje central de estas discusiones est� en determinar si al momento del traslado de prima media al RAIS la persona cont� con informaci�n suficiente para tomar esa decisi�n. En este sentido, los actos u omisiones posteriores del afiliado, bien sea porque se traslad� entre fondos privados o no retorn� a prima media en las oportunidades legales previstas, no pueden validar el desacato legal que genera la ineficacia del acto jur�dico del traslado de r�gimen, precisamente porque al ser posteriores dejan intactos los hechos u omisiones que anteceden al acto jur�dico ineficaz, el cual no puede sanearse como la nulidad.�� � De modo que no es dable siquiera sugerir que los posteriores traslados entre administradoras pueden configurar un acto de relacionamiento capaz de ratificar la voluntad de permanencia en ellas, como se infiere de las decisiones de la Sala de Descongesti�n de esta Corte CSJ SL249-2022 y SL259-2022.
N�tese que, conforme la perspectiva explicada, esa voluntad de permanencia en el RAIS es inane dado que no desvirt�a el incumplimiento del deber de informaci�n y adem�s ubica la discusi�n en actuaciones que estar�an respaldadas en un acto jur�dico ineficaz, esto es, el del traslado inicial.�� � Justamente lo anterior explica que la acci�n para demandar estos asuntos no sea la de nulidad -como tambi�n lo sugieren de forma equivocada aquellas providencias- sino la de ineficacia, en la cual, se reitera, lo relevante es determinar, sin m�s agregados, si la persona al momento de suscribir el acto de traslado de r�gimen pensional ha sido debidamente informada sobre las ventajas, desventajas y consecuencias de su traslado y permanencia en el RAIS.��� � Por tanto, nuevamente se enfatiza que este es el precedente vigente y en vigor de la Sala de Casaci�n Laboral de esta Corte, y recoge cualquier otro que le sea contrario, en especial el condensado en aquellas providencias.�.
(Negrillas por fuera de texto).�� � Tal postura, entiende la Sala, fue ratificada por el m�ximo �rgano de la jurisdicci�n ordinaria laboral en las sentencias STL7302-2023 y STL9792-2023 en las que insisti� que la discusi�n en este tipo de casos se centra �nicamente en la validez del acto jur�dico con el que se materializa el cambio de r�gimen pensional de los afiliados, al punto que en la �ltima de ellas �STL9792-2023- la Corte le rest� efectos a un documento que conten�a la reasesor�a de un afiliado.� � En el anterior orden de ideas, esta Sala de Decisi�n continuar� realizando el estudio de este tipo de casos, bajo la senda ordenada por la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia.� 4.
Resarcimiento o indemnizaci�n de perjuicios por incumplimiento al deber legal de informaci�n. De conformidad con las disposiciones del Decreto 720 de 1994, si las administradoras de fondos de pensiones privados incurren en enga�os o malas asesor�as para lograr la afiliaci�n de personas que estaban en el RPMPD, son ellas las que deben asumir las consecuencias econ�micas indemnizatorias por el perjuicio que eventualmente hayan causado con ese proceder.
Al respecto se hace necesario traer a colaci�n las normas del referido decreto atinentes al caso: �CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES Art�culo 1� OBJETO. El presente Decreto regula las condiciones y t�rminos para el desarrollo de la actividad de promoci�n y distribuci�n de los productos de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones, incluidos los planes complementarios, alternativos y los planes pensiones.� Art�culo 2� DESTINATARIOS.
Igualmente se�ala las personas y entidades habilitadas para efectuar dichas labores, las disposiciones a las cuales han de sujetar su gesti�n, las condiciones de supervisi�n por parte de la Superintendencia Bancaria y el r�gimen sancionatorio correspondiente.� �� CAPITULO II. REGIMEN DE PROMOTORES Y OPERACIONES AUTORIZADAS Art�culo 3� PROMOTORES DE LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES.
Las sociedades administradoras del sistema general de pensiones podr�n utilizar para la promoci�n en la vinculaci�n de afiliados, vendedores, con o sin relaci�n laboral, a instituciones financieras, a intermediarios de seguros u otras entidades, en los t�rminos que prevea el presente decreto o las disposiciones legales pertinentes.� �� Art�culo 4� DISTRIBUCION MEDIANTE VENDEDORES.
Las sociedades administradoras del sistema general de pensiones podr�n utilizar vendedores, los cuales podr�n contar con o sin relaci�n laboral, seg�n se establezca en el respectivo convenio.� �� Las sociedades administradoras del sistema general de pensiones verificar�n la idoneidad, honestidad, trayectoria, especializaci�n, profesionalismo y conocimiento adecuado de la labor que desarrollar�n las personas naturales que vinculen como promotores.� �� Las actuaciones de los vendedores en el ejercicio de su actividad obligan a la sociedad administradora del sistema general de pensiones respecto de la cual se hubiere promovido la correspondiente vinculaci�n.� CAPITULO IV.
RESPONSABILIDAD DE LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES Y ORGANIZACI�N DE LOS PROMOTORES. �� Art�culo 10.�RESPONSABILIDAD DE LOS PROMOTORES. Cualquier infracci�n, error u omisi�n -en especial aquellos que impliquen perjuicio a los intereses de los afiliados- en que incurran los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones en el desarrollo de su actividad compromete la responsabilidad de la sociedad administradora respecto de la cual adelante de sus labores de promoci�n o con la cual, con ocasi�n de su gesti�n, se hubiere realizado la respectiva vinculaci�n sin perjuicio de la responsabilidad de los promotores frente a la correspondiente sociedad administradora del sistema general de pensiones.� Art�culo
12. OBLIGACION DE LOS PROMOTORES. Los promotores que empleen las sociedades administradoras del sistema general de pensiones deber�n suministrar suficiente, amplia y oportuna informaci�n a los posibles afiliados al momento de la promoci�n de la afiliaci�n, durante toda la vinculaci�n con ocasi�n de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado.� (Negrillas y subrayas fuera del texto).
A su turno, el art�culo 4 del Decreto 656 de 1994 establece que las administradoras del r�gimen de ahorro individual con solidaridad son instituciones de car�cter previsional y como tal, se encuentran obligadas a prestar en forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a dicha calidad, por lo que ser�n responsables de los perjuicios que por su culpa leve se puedan ocasionar a los afiliados.
Dichas disposiciones normativas regulan la manera y las condiciones como las AFP pueden promocionar sus productos dentro del sistema general de pensiones, as� como el personal que pueden utilizar para el efecto, pero, sobre todo, explicita la responsabilidad que les asiste a esas entidades por los errores o las omisiones -que causen perjuicios- en que incurran las personas que se encarguen de la afiliaci�n de los usuarios.
De modo que, si se prueba en el proceso el enga�o o la responsabilidad de la AFP privada en el traslado del afiliado y o pensionado, y como consecuencia de ello, la causaci�n de un perjuicio al usuario, el afectado cuenta con la acci�n adecuada para pedir la indemnizaci�n de ese perjuicio, pero obviamente a cargo de quien se lo caus�, esto es la AFP que propici� el traslado.
Ahora bien, los art�culos 2341 y 2343 del C�digo Civil establecen que quien comete un da�o por culpa est� obligado a su reparaci�n o indemnizaci�n, de modo que, si un pensionado considera que la administradora incumpli� su deber de informaci�n, y por ello sufri� un perjuicio en el monto de su pensi�n, tiene derecho a demandar la indemnizaci�n de perjuicios a cargo de la entidad administradora de pensiones que caus� el da�o. Dicha indemnizaci�n de perjuicios encuentra sustento adem�s en el art�culo 16 de la Ley 446 de 1998, que establece: �ARTICULO
16. VALORACION DE DA�OS. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administraci�n de Justicia, la valoraci�n de da�os irrogados a las personas y a las cosas, atender� los principios de reparaci�n integral y equidad y observar� los criterios t�cnicos actuariales.� �� CASO CONCRETO� Como se aprecia en la certificaci�n emitida por el SIAFP de Asofondos -p�g.116 archivo 13 carpeta primera instancia-, la se�ora Carmen Cecilia G�mez Torres se traslad� el 16 de septiembre de 1994 del r�gimen de prima media con prestaci�n definida al de ahorro individual con solidaridad; sin embargo, la actora inicia la presente acci�n al considerar que el cambio de r�gimen pensional no se cumpli� con el lleno de los requisitos legales, al no�hab�rsele suministrado la informaci�n sobre las consecuencias que conllevaba tomar esa decisi�n, vici�ndose de esa manera su consentimiento; mientras que el fondo privado de pensiones Porvenir S.A. sostiene en la sustentaci�n del recurso de apelaci�n que el traslado efectuado por ella del RPMPD al RAIS, se ejecut� bajo el estricto cumplimiento de la Ley, entre otros aspectos, brind�ndosele la informaci�n b�sica que se exig�a para ese momento hist�rico (primera etapa).
Conforme con la litis que se plantea en este asunto y siguiendo lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU107-2024, proceder� a verificar la Sala s�, de acuerdo con el material probatorio incorporado en el plenario, el cambio de r�gimen pensional ejecutado por la demandante del r�gimen de prima media con prestaci�n definida al de ahorro individual con solidaridad el 16 de septiembre de 1994, se hizo brind�ndole a la se�ora Carmen Cecilia G�mez Torres una informaci�n b�sica, que, seg�n lo establecido en la jurisprudencia de la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia consist�a en: Realizar una Ilustraci�n de las caracter�sticas, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los/ reg�menes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un r�gimen de transici�n y la eventual p�rdida de beneficios pensionales../ � Para tales efectos, fueron incorporadas al plenario las siguientes pruebas documentales: i) El historial de vinculaciones emitido por el SIAFP de Asofondos; ii) La historia laboral de la accionante; iv) Constancia sobre el pago de las mesadas de la pensi�n de vejez anticipada reconocida en el RAIS; v) Comparativo de caracter�sticas de los reg�menes pensionales; vi) Comunicado de prensa.
Con el historial de vinculaciones emitido por el SIAFP de Asofondos se acreditan las fechas en las que la demandante hizo su vinculaci�n inicial al RPMPD, su traslado al RAIS y los movimientos ejecutados al interior de ese r�gimen pensional; es decir que, al interior de ese documento no reposa la informaci�n b�sica que deb�a pon�rsele de presente a la se�ora G�mez Torres para el 16 de septiembre de 1994 y que le permitiera conocer las consecuencias que conllevaba ejecutar ese acto jur�dico.
En su historia laboral obra informaci�n relativa a los aportes realizados por la demandante al sistema general de pensiones, sin embargo, del contenido inmerso en ese documento no se desprende que a la actora se le hubiere suministrado la informaci�n b�sica exigida en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia para el 16 de septiembre de 1994.
Respecto a la constancia emitida por Skandia S.A. en la que certifica que a la demandante se le reconoci� la pensi�n anticipada de vejez bajo la modalidad de retiro programado a partir del 1� de septiembre de 2017 en cuant�a mensual de $1.337.000 en el r�gimen de ahorro individual con solidaridad, debe decirse que esos documentos nada inciden en el tema objeto de an�lisis, ya que fueron elaborados con posterioridad al 16 de septiembre de 1994, con el �nico objeto de acreditar el reconocimiento de la gracia pensional en el RAIS y el pago de cada una de las mesadas pensionales que se han generado en favor de la actora.
Ahora, si bien al plenario fue allegado el comparativo de las caracter�sticas de los reg�menes pensionales que componen el sistema general de pensiones, con el que se podr�a acreditar el suministro de la informaci�n b�sica exigida para el 16 de septiembre de 1994, la verdad es que a ese documento no se le puede dar el alcance probatorio pretendido, ya que el mismo carece de la fecha de su elaboraci�n, es decir, se desconoce cu�ndo se emiti�, pero sobre todo, no tiene constancia de haber sido recibido por la demandante, ya que no contiene ning�n signo que permita concluir que �l le fue debidamente entregado a la se�ora Carmen Cecilia G�mez Torres el 16 de septiembre de 1994, lo que permite concluir que la demandante no tuvo acceso a ese documento antes de tomar la decisi�n de trasladarse del RPMPD al RAIS.
En lo atinente al comunicado de prensa, si bien en ese documento no se vislumbra su fecha de emisi�n, la verdad es que de su contenido se extracta que los fondos privados de pensiones pon�an en conocimiento p�blico de sus afiliados el contenido de las normas que permitieron, por una sola vez, el cambio de r�gimen pensional de los afiliados que se encontraran a menos de 10 a�os de cumplir la edad m�nima de pensi�n en el RPMPD para el 28 de enero de 2004, es decir que, se trata de un documento emitido con posterioridad a esa fecha, esto es, que no es una informaci�n que deb�a pon�rsele de presente a la demandante para el 16 de septiembre de 1994 y por tanto no incide en nada en la litis planteada en el presente asunto.
En el interrogatorio de parte, la se�ora Carmen Cecilia G�mez Torres respondi� que actualmente se encuentra pensionada al interior del r�gimen de ahorro individual con solidaridad; contest� que en el a�o 1994 cuando se traslad� del r�gimen de prima media con prestaci�n definida al de ahorro individual con solidaridad no recibi� informaci�n por parte de alg�n asesor del fondo privado de pensiones Porvenir S.A., ya que el empleador de aquel entonces, a trav�s de la oficina de recursos humanos, le remiti� el formulario de vinculaci�n de esa entidad como un requisito previo para la renovaci�n de su contrato de trabajo, ella lo diligenci� y lo devolvi�, pero realmente nadie le brind� informaci�n sobre las consecuencias que conllevaba abandonar el Instituto de Seguros Sociales para afiliarse al r�gimen de ahorro individual con solidaridad.
As� las cosas, al valorarse integralmente las pruebas allegadas al plenario, cabe concluir que el traslado ejecutado por la se�ora Carmen Cecilia G�mez Torres del RPMPD al RAIS no cumpli� con el lleno de los requisitos exigidos en la Ley, ya que el fondo privado de pensiones Porvenir S.A. no le hizo a la demandante una �Ilustraci�n de las caracter�sticas, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los/ reg�menes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un r�gimen de transici�n y la eventual p�rdida de beneficios pensionales.; siendo del caso recordar que, independientemente de que la actora se haya movilizado al interior de ese r�gimen pensional y haya permanecido afiliada hasta alcanzar la pensi�n de vejez bajo la modalidad de retiro programado desde el 1� de septiembre de 2017, lo cierto es que, como viene de verse, la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL1055-2022, cambi� su postura frente a los actos de relacionamiento, al determinar que las actuaciones posteriores al acto jur�dico ineficaz no tienen la fuerza jur�dica para validarlo, en otras palabras, que no existen actos de relacionamiento con la capacidad de hacer desaparecer la asimetr�a en la informaci�n que se produjo en el momento que se ejecut� el cambio de r�gimen pensional por parte de los afiliados; por lo que, no cabe duda que dicha entidad incumpli� con el deber legal de informaci�n que le asist�a con la demandante, como adecuadamente lo defini� la falladora de primera instancia. Ahora bien, como viene de verse anteriormente, conforme con lo previsto en el Decreto 720 de 1994, son dichas administradoras pensionales las llamadas a asumir las consecuencias econ�micas derivadas de los perjuicios que les llegaren a causar a los afiliados como consecuencia de su omisi�n al deber legal de informaci�n al momento de ejecutarse el cambio de r�gimen pensional -como aqu� aconteci�-, siendo claro que en este tipo de casos el perjuicio se constituye cuando el afiliado accede a la pensi�n de vejez en el RAIS y, para ese momento, de haber permanecido vinculado en el RPMPD, habr�a obtenido una pensi�n de vejez con una mesada pensional superior a la reconocida por el respectivo fondo privado de pensiones, da�o que se genera precisamente porque, ante la falta de informaci�n sobre las consecuencias que conllevaba la decisi�n de trasladarse de un r�gimen pensional a otro, el entonces afiliado, ahora pensionado, no cont� con la posibilidad, inicialmente, de no aceptar la propuesta de trasladarse al RAIS y, posteriormente, le fue imposible regresar en tiempo al RPMPD para alcanzar una mesada pensional mucha m�s alta que la reconocida en el RAIS; siendo pertinente recordar que al sustentar el recurso de apelaci�n, el apoderado judicial del fondo privado de pensiones Porvenir S.A. sostiene que en el curso del proceso no qued� probado el perjuicio que reclama la demandante, por lo que, proceder� a verificar la Corporaci�n si la se�ora Carmen Cecilia G�mez Torres, de haber permanecido afiliada en el RPMPD, habr�a podido acceder a una pensi�n de vejez al interior de ese r�gimen pensional para el 1� de septiembre de 2017.
Para tales efectos, conviene recordar que el art�culo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art�culo 9� de la Ley 797 de 2003 prev� que, para tener derecho a la pensi�n de vejez en el r�gimen de prima media con prestaci�n definida, las afiliadas deber�n cumplir 57 a�os y tener cotizadas por lo menos 1300 semanas al sistema general de pensiones; sin embargo, para el 1� de septiembre de 2017 cuando el fondo privado de pensiones Skandia S.A. le reconoci� a la se�ora Carmen Cecilia G�mez Torres la pensi�n de vejez bajo la modalidad de retiro programado en cuant�a mensual equivalente a la suma de $1.337.000, ella no habr�a podido acceder a la gracia pensional al interior del r�gimen de prima media con prestaci�n definida, ya que de acuerdo con la copia de su c�dula de ciudadan�a -p�g.1 archivo 4 carpeta primera instancia- para el 1� de septiembre de 2017 la actora solo ten�a cumplidos 53 a�os al haber nacido el 1� de diciembre de 1963; es decir que, para el momento en el que accedi� a la gracia pensional en el RAIS, la demandante no reun�a los requisitos m�nimos para consolidar el derecho pensional en el RPMPD; lo que implica que, al haber accedido de manera anticipada al beneficio pensional al interior del r�gimen de ahorro individual con solidaridad, la se�ora G�mez Torres perdi� el derecho a obtener el perjuicio que reclama, tal y como lo concluy� esta Corporaci�n en sentencia de 1� de abril de 2024 dentro del proceso radicado bajo el N�66001310500320210033202, en el que en un caso de similares connotaciones y con ponencia de la Magistrada Ana Luc�a Caicedo Calder�n se sostuvo: �Puestas de este modo las cosas, teniendo en cuenta que, a la luz de la jurisprudencia tra�da a colaci�n, en estos casos, el perjuicio ante el incumplimiento del deber de informaci�n se circunscribe al �pago a cargo de la AFP de la diferencia entre la prestaci�n reconocida en el RAIS y aquella que (el pensionado) hubiese tenido en el RPMPD�, en el entendido de que el perjuicio corresponde al menor valor de la pensi�n en el RAIS, lo que impone la obligaci�n de resarcir el da�o con un monto que equivalga a �una renta peri�dica en los mismos t�rminos en que lo habr�a hecho el r�gimen de prima media con prestaci�n definida�, encuentra la Sala que el pretensor que haya accedido a la pensi�n de vejez en el RAIS en edad inferior a la m�nima que se exige para obtener esa misma gracia en el RPM, pierde el derecho a reclamar el pago de perjuicio alguno por las siguientes razones: 1) porque es evidente que al momento en que accedi� a la pensi�n de vejez en el RAIS, todav�a no ten�a derecho a la misma prestaci�n en el RPM, en este caso por edad; 2) porque es indudable que el menor valor de la mesada en el RAIS, en comparaci�n con la que habr�a recibido 4 a�os despu�s en el RPM, de no haberse dado el traslado, se ve compensado por el beneficio de una pensi�n anticipada, que le permiti� disfrutar del retiro en una edad inferior a la que le ofrec�a el RPM.
Esta conclusi�n se refuerza con las razones que ha tenido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para negar la reliquidaci�n de las pensiones reconocidas con la Ley 33 de 1985 a las personas que accedieron a ella a la edad de 55 o menos de 60 (en el caso de los hombres) o 57 a�os (en el caso de las mujeres) y, con posterioridad, pretenden mejorar su tasa de reemplazo exigiendo la aplicaci�n del Acuerdo 049 de 1990 a sus casos, en estos asuntos, ha razonado la Corte de la siguiente manera: �(�) mientras la Ley 33 de 1985 exigi� como requisito para los hombres una edad de 55 a�os, el Acuerdo 049 de 1990 estableci� que la edad requerida era de 60 a�os, con lo cual se evidencia entre los dos reg�menes una diferencia de cinco a�os en las edades para la causaci�n del derecho, no obstante, en principio, ello no deber�a impedir la reliquidaci�n pensional basada en la sumatoria de tiempos p�blicos y cotizados al ISS.
Sin embargo, la reliquidaci�n se torna improcedente cuando la prestaci�n se reconoce inicialmente bajo la Ley 33 de 1985, pero a partir de una fecha en la cual el afiliado no hab�a cumplido a�n los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, pues la reliquidaci�n est� cimentada en un cambio de r�gimen y, por ello, para que sea viable deben estar acreditados los requisitos exigidos por ambos reg�menes a la fecha del reconocimiento inicial, dado que no existe disposici�n legal que permita acceder a una pensi�n de forma temporal y hasta que se cumplan los requisitos consagrados en otra normativa�.
De esta manera, si se accede inicialmente al reconocimiento pensional bajo la Ley 33 de 1985 sin el cumplimiento de los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, la reliquidaci�n posterior resultar�a contraria a derecho, porque al pensionado ya le fueron canceladas las mesadas pensionales que se causaron bajo el r�gimen inicial, las cuales, de efectuarse la reliquidaci�n, quedar�a sin soporte legal su reconocimiento, pero, adem�s, cualquier mecanismo de devoluci�n, retorno o descuento a futuro de lo ya cancelado, distorsiona la aplicaci�n efectiva del r�gimen de transici�n y pone en riesgo el funcionamiento del r�gimen de prima media con prestaci�n definida.
De la misma manera, conviene advertir que diferente es la situaci�n para las personas que inicialmente acceden a la prestaci�n bajo la Ley 33 de 1985, pero cumplen los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, situaci�n que suele coincidir en el caso de las mujeres porque en ambos reg�menes la edad es de 55 a�os y, trat�ndose de hombres, cuando por cualquier circunstancia no se pensionan sino hasta los 60 a�os o con posterioridad, eventos en los cuales s� es viable la reliquidaci�n en comento, ya que no se han cancelado mesadas pensionales en per�odos anteriores.
En la misma l�nea, los pensionados que en virtud de la transici�n accedieron al derecho bajo la Ley 71 de 1988, tambi�n son destinatarios de la reliquidaci�n de la pensi�n en los t�rminos del Acuerdo 049 de 1990, pues las edades tanto de las mujeres como de los hombres son id�nticas en los dos reg�menes, 55 a�os para ellas y 60 a�os en el caso de los hombres, raz�n por la cual, la reliquidaci�n se hace posible por no haberse recibido mesadas pensionales anteriores a la fecha en que se ordena la reliquidaci�n�.
Esas razones, �mutatis mutandis�, se aplican al asunto de marras, porque aqu�, como en ese caso, dado que la indemnizaci�n de perjuicios est� cimentada sobre la base del menoscabo patrimonial que le produjo al afiliado el traslado de r�gimen, para que este sea viable deben estar acreditados los requisitos exigidos por ambos reg�menes a la fecha del reconocimiento, pues si se cumple con los requisitos de uno, en este caso del RAIS, y se accede a la pensi�n en una edad inferior a la que exig�a el otro (esto es, el RPM), se registra en favor del afiliado la obtenci�n de un claro beneficio en su favor, que constituye un provecho derivado de las caracter�sticas diferenciadoras de uno u otro r�gimen, lo cual elimina o compensa el hecho de obtener una menor mesada, porque concurre con el beneficio de obtenerla estando m�s joven.
Adem�s, resultar�a contrario a derecho, porque al pensionado le fueron canceladas mesadas pensionales antes del origen del supuesto perjuicio, las cuales quedar�an sin soporte legal si concluye que el perjuicio se gener� en fecha posterior al reconocimiento, como lo sugiri� la a-quo, lo cual no es correcto, como quiera que el perjuicio se examina al momento en que se obtiene la pensi�n, pues solo en evento se puede efectuar la comparaci�n de la que se deriva la diferencia que constituye el factor determinante para la tasaci�n de la condena.�.
As� las cosas, conforme con lo adoctrinado por la Corporaci�n, al haberse pensionado de manera anticipada la se�ora Carmen Cecilia G�mez Torres en el r�gimen de ahorro individual con solidaridad, esto es, a partir del 1� de septiembre de 2017 cuando a�n no reun�a los requisitos m�nimos para consolidar la gracia pensional en el r�gimen de prima media con prestaci�n definida, pues para esa calenda solo ten�a cumplidos 53 a�os, la demandante perdi� el derecho a obtener el pago del presunto �;
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En el anterior orden de ideas, al no haberse constituido perjuicio a favor de la demandante, no resulta procedente abordar el tema concerniente a la prescripci�n, que, de acuerdo con lo expuesto por la parte actora en la sustentaci�n del recurso de apelaci�n, pretend�a que se revisara en esta sede. Por lo concluido, se revocar� la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito, para en su lugar negar las pretensiones principales elevadas por la se�ora Carmen Cecilia G�mez Torres, al no haberse consolidado un perjuicio a su favor con el traslado del RPMPD al RAIS que se ejecut� el 16 de septiembre de 1994; siendo pertinente recordar que la a quo declar� probada la excepci�n de cosa juzgada frente a las pretensiones subsidiarias planteadas en su momento por la parte activa de la acci�n. Costas en ambas instancias a cargo de la parte actora en un 100%, en favor del fondo privado de pensiones Porvenir S.A. En m�rito de lo expuesto, la/ Sala de Decisi�n Laboral del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,/ / � / / � RESUELVE/ PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito el 6 de noviembre de 2024, para en su lugar NEGAR las pretensiones elevadas por la demandante al no haberse consolidado un perjuicio a su favor con el traslado del RPMPD al RAIS que se ejecut� el 16 de septiembre de 1994.
SEGUNDO. CONDENAR/ en costas procesales en ambas instancias a la parte actora en un 100%, en favor del fondo privado de pensiones PORVENIR S.A. Notif�quese por estado y a los correos electr�nicos de los apoderados de las partes. Quienes integran la Sala,/ � JULIO C�SAR SALAZ�H�HI�IJJ\JvJxJ�J�J�J�J�J�J�һ���v_v�vHv1,h�pih�"�CJOJPJQJ^JaJnH $tH $,h�pihdV�CJOJPJQJ^JaJnH $tH $,h�pih�CJOJPJQJ^JaJnH $tH $,h�pih}`�CJOJPJQJ^JaJnH $tH $,h�pih��CJOJPJQJ^JaJnH $tH $,h�pih�sJCJOJPJQJ^JaJnH $tH $,h�pih�$�CJOJPJQJ^JaJnH $tH $,h�pih[iqCJOJPJQJ^JaJnH $tH $,h�pihLx�CJOJPJQJ^JaJnH $tH $�J�J�JDKEK�K�K�K�KvL�L�L�L�L���Ҥ��v_H.H2h�pihw(u6�CJOJPJQJ]�^JaJnH $tH $,h�pihw(uCJOJPJQJ^JaJnH $tH $,h�pih!�CJOJPJQJ^JaJnH $tH $,h�pih��CJOJPJQJ^JaJnH $tH $,h�pih��CJOJPJQJ^JaJnH $tH $,h�pih�p_CJOJPJQJ^JaJnH $tH $,h�pihpU�CJOJPJQJ^JaJnH $tH $,h�pih4_RCJOJPJQJ^JaJnH $tH $,h�pih-~�CJOJPJQJ^JaJnH $tH $ �LFMGM�M:N�NVOfOjO~O�OPlP�һ�����lR;$,h�pih+7dCJOJPJQJ^JaJnH $tH $,h�pih�/>CJOJPJQJ^JaJnH $tH $2h�pih�/>5�CJOJPJQJ\�^JaJnH $tH $2h�pih�f5�CJOJPJQJ\�^JaJnH $tH $6h�pih�f5�@���CJOJPJQJ\�^JaJnH tH 0h�pih�f@���CJOJPJQJ^JaJnH tH,h�pih�CJOJPJQJ^JaJnH $tH $,h�pih4_RCJOJPJQJ^JaJnH $tH $,h�pih�gQCJOJPJQJ^JaJnH $tH $lPxP�Q�Q�Q RjR�R�R�R�ϵ��gCCFh�pih��0J$B*CJOJQJ^JaJfHmH phq� ����sH Fh�pih�f0J$B*CJOJQJ^JaJfHmH phq� ����sH 0h�pih��@���CJOJPJQJ^JaJnH tH 0h�pih�f@���CJOJPJQJ^JaJnH tH 6h�pih�f5�@���CJOJPJQJ\�^JaJnH tH 2h�pih�f5�CJOJPJQJ\�^JaJnH $tH $,h�pih�CJOJPJQJ^JaJnH $tH $2h�pih�5�CJOJPJQJ\�^JaJnH $tH $ �Q�R�R�S�S�S�S�S�S�S ````` `!`<`�����������������$d��*$a$gd5��H$d��*$a$gd�f$d��*$a$gd�f$d��*$a$gd��-{$dh1$7$8$H$a$gdo[$dh�9Da$gd�f$dh�*$a$gd�f�R�R�R�S�S�S�S�S�S�ST` `�λ��~h�O/-/U>h�pih�f5�@���CJOJPJQJ\�^JaJmH nH sH tH 0h�piho[@���CJOJPJQJ^JaJnH tH *h�f@���CJOJPJQJ^JaJnH tH 0h�pih�f@���CJOJPJQJ^JaJnH tH *ho[@���CJOJPJQJ^JaJnH tH ho[CJOJQJ^JaJ$h�O�ho[CJOJPJQJ^JaJ,h�pih�fCJOJPJQJ^JaJnH $tH $4h�pih�f0J$@���CJOJPJQJ^JaJnH tH AR MU�OZ Magistrado Ponente ANA LUC�A CAICEDO CALDER�N Magistrada GERM�N DAR�O G�EZ VINASCO Magistrado Sin constancias ni firmas secretariales conforme art�culo 9 de la Ley 2213 de 2022 Carmen Cecilia G�mez Torres vs Colpensiones y otras.
Rad 66001310500220210022002 PAGE \* MERGEFORMAT2 ```` `!`<`H`I`L`�Ū�qQ�72ho[@���CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 2h�f@���CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH >h�pih�f5�@���CJOJPJQJ\�^JaJmH nH sH tH;h�piho[5�@���CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 5ho[5�@���CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 5h�f5�@���CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH;h�pih�f5�@���CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 8h�pih�f@���CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH <`G`H`I`J`K`L`M`g`r`s`t`u`v`�`�`�`�`�`�`�`�`��������������������� d��gd�pi$dh1$7$8$H$a$gdo[$d��*$a$gd�;d��*$gd��$d��*$a$gd�fL`M`g`q`r`v`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`'a(a)a�æ�r_[�SOSOSOSO:O2jh�piU(h�pih�piCJOJQJ^JaJmH sH h�[jh�[Uho[$h�O�ho[CJOJPJQJ^JaJ2ho[@���CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 2h�}@���CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 8h�pih�f@���CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH >h�pih�f5�@���CJOJPJQJ\�^JaJmH nH sH tH 8h�piho[@���CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH �`�`�`'a(aBaCaDaEaFa���������$d��*$a$gd�;WW$a$U$a$gd�pi d��gd�pi )a>a?a@aAaCaEaFa�������8h�piho[@���CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH h�[h�pimH sH jh�piUh�pi5 01�h:p�~&��/ ��=!��"��#��$��%��������$$If��!vh#vr#v�#v�:V 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