66001310500420220022801 · Tribunal de Pereira

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El contenido total y fiel de la decisi�n debe ser verificado en la respectiva Secretar�a. SEGURIDAD SOCIAL / PENSIONES / PENSI�N DE VEJEZ / PENSI�N PROVISIONAL / GARANT�A DE PENSI�N M�NIMA GARANT�A DE PENSI�N M�NIMA � Marco normativo. � la pensi�n de vejez en el R�gimen de Ahorro Individual con Solidaridad se financia: i) S�lo con los aportes contenidos en la cuenta de ahorro individual y los rendimientos financieros que ellos generen, ii) Ora con estos y con los bonos y, o, t�tulos pensionales si a ellos hubiese lugar y iii) En eventos espec�ficos, cuando se cumplen las condiciones previstas por el art�culo 65 de la Ley 100 de 1993, con la garant�a de pensi�n m�nima. � cuando al afiliado arriba a la edad de pensi�n (57 a�os si son mujeres y 62 si son hombres) y cuenta con m�s de 1.150 semanas cotizadas o de tiempo de servicios, pero no re�ne el capital m�nimo necesario para el financiamiento de su pensi�n m�nima, en los t�rminos del art�culo 64 de la Ley 100 de 1993, podr� ser beneficiario de la garant�a de pensi�n m�nima, es decir, la Naci�n completar� la parte que le haga falta para obtener la pensi�n. � N�tese que para obtener, bien sea la pensi�n de vejez (art. 64 L.100/93) o la garant�a de pensi�n m�nima (art. 65 L.100/93), es indispensable y apenas l�gico conocer el valor del bono pensional, el cual se obtiene con el requerimiento que efect�e el fondo pensional del afiliado a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, organismo que liquida y emite el bono, previo al agotamiento de las siguientes etapas: i) Conformaci�n de la historia laboral del afiliado, ii) Solicitud y realizaci�n de la liquidaci�n provisional, iii) Aceptaci�n por parte del afiliado de la liquidaci�n provisional, iv) Emisi�n, v) Expedici�n, vi) Redenci�n y vii) Pago del bono pensional.

(SL4305-2018) PENSI�N PROVISIONAL DE VEJEZ � Sanci�n por la mora en la emisi�n del bono pensional. � cuando las Administradoras de Fondo de Pensiones no cumplen con los deberes legales en el proceso de emisi�n del bono pensional, a modo de sanci�n deber�n reconocer una pensi�n provisional en favor del afiliado con cargo a sus propios recursos, en aquellos casos en que sea responsabilidad del fondo.

Tal norma reza:� �� Art�culo 21�.- Las administradoras que incumplan el plazo establecido para pronunciarse respecto de una solicitud de pensi�n deber�n pagar, con cargo a la respectiva cuenta individual de ahorro, una pensi�n provisional en favor del afiliado, calculada tomando en consideraci�n los mismos criterios establecidos para la determinaci�n de la mesada pensional a trav�s de retiros programados.

Auto Aceptar la renuncia de la doctora Anna Carolina Cuesta Molina, identificada con la c�dula No. 1.053.766.299 de Manizales y tarjeta profesional No. 174.741 del C.S. de la J., quien ven�a actuando como apoderada del Departamento de Caldas. (anexo07, C02Apelaci�n) Reconocer personer�a para actuar a la abogada Laura Mar�a Alzate Ocampo, identificada con cedula de ciudadan�a n�mero 1.053.822.595 y tarjeta profesional 264.292 del C.S. de la J., conforme al poder otorgado por la doctora Sandra Milena Ram�rez Vasco identificada con la c�dula de ciudadan�a No. 24.344.374., en calidad de Secretaria Jur�dica del Departamento de Caldas, seg�n el Decreto No. 002 del 01-01-2024.

(anexo04, C02Apelacion). Reconocer personer�a al doctor Francisco Gabriel Bedoya G�mez, identificado con la c�dula 71.755.072 y tarjeta profesional No. 145.062 para actuar como apoderado sustituto de la Unidad Administrativa Especial de Gesti�n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social � UGPP, seg�n el poder otorgado por el doctor Andr�s Fernando Carcamo �lvarez identificado con la c�dula No. 8.433.780 y tarjeta profesional No. 168.792 del C.S. de la J. (anexo13, C02Apelaci�n) Reconocer personer�a para actuar al doctor Daniel Felipe Zapata Duque, identificado con la c�dula No. 1.020.802.936 y tarjeta profesional No. 315.436 del C.S. de la J., en calidad de apoderado de La Naci�n � Ministerio de Salud y Protecci�n Social.

(Anexo16, C02Apelaci�n) Seguidamente se procede a proferir la decisi�n por escrito aprobada por esta Sala, conforme al art�culo 15 del Decreto No. 806 de 2020, adoptado como legislaci�n permanente por la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, la cual se traduce en la siguiente, SENTENCIA No. 26 ANTECEDENTES 1.- Pretensiones. AMPARO DE LOS R�OS OSPINA pretende que se declare que tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensi�n de vejez, desde el 31 de julio de 2019, que se declare que la Naci�n � Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, Departamento de Caldas- Direcci�n Territorial de Salud de Caldas, E.S.E. Hospital San F�lix, E.S.E Hospital Mental de Risaralda y el Ministerio de Salud y de la Protecci�n Social, fueron negligentes en la emisi�n y pago del bono pensional con destino a Porvenir S.A. Por ende, las demandadas est�n obligadas a reparar a la demandante y pagar la indemnizaci�n de perjuicios por un valor de $57.870.982.

Como consecuencia, solicita que se condene a Porvenir S.A. a pagar la pensi�n de vejez a partir del 31 de julio de 2016 (fecha en que se retir� del sistema) con su correspondiente retroactivo, por la suma de $57.870.982 o, subsidiariamente, de manera temporal la modalidad de retiro programado sin negociaci�n del bono pensional hasta que se redima el mentado bono o se trasladen los aportes por parte del Ministerio de Hacienda, y sea condenada a pagar los intereses moratorios.

Tambi�n pretende que se condene a la Naci�n � Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, Departamento de Caldas- Direcci�n Territorial de Salud de Caldas, E.S.E. Hospital San F�lix, E.S.E Hospital Mental de Risaralda y el Ministerio de Salud y de la Protecci�n Social, a pagar la indemnizaci�n de perjuicios, correspondiente al lucro cesante consolidado por valor de $57.870.982, el lucro cesante futuro y el da�o extrapatrimonial por la suma de 100 salarios m�nimos por concepto de perjuicios morales.

Finalmente, solicita que se condene a las demandadas a pagar las costas procesales y agencias en derecho y a lo ultra y extra petita que resulte probado en el proceso. 2.- Hechos. En s�ntesis, relata la demandante que naci� el 24 de mayo de 1955 y cumpli� los 57 en el a�o 2012, que se encuentra afiliada a PORVENIR S.A. y alcanz� a cotizar un total de 1.333 semanas, distribu�das as�: 930 semanas de bono pensional y 403 cotizadas al fondo privado.

Cuenta que, seg�n el certificado de vinculaci�n, labor� en la E.S.E. HOSPITAL SAN FELIX entre el 21 de agosto de 1980 hasta el 5 de abril de 1988 y para la E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA entre el 24 de abril de 1988 al 7 de abril de 2002. Que el 11 de noviembre de 2021 solicit� a esta �ltima entidad, la expedici�n del Cetil, pero no obtuvo respuesta por parte de la entidad.

Inform� que el 16 de febrero de 2021 reiter� a PORVENIR S.A. el reconocimiento y pago de la pensi�n de vejez y en respueta del 01 de julio de 2021, le indicaron que se encontraban realizando las validaciones pertinentes para la obtenci�n del bono pensional por parte de las E.S.E. debido a una posible concurrencia y la objeci�n del DEPARTAMENTO DE CALDAS frente a su participaci�n en la liquidaci�n del bono pensional.

Sostuvo que desde el a�o 2018 ha solicitado el reconocimiento y pago de la pensi�n de vejez, pero las demandas han dilatado el tr�mite e incumplieron sus obligaciones legales, lo cual le ha ocasionado da�os inmateriales, en tanto que, la dejaron desprovista de la prestaci�n econ�mica que le garantiza la calidad de vida y le permita sufragar sus gastos necesarios para ella y su familia, m�xime que no couenta con una actividad econ�mica que le ayude a solventar sus gastos.

Conforme a lo anterior, indic� que entre de marzo y abril de 2022 solicit� ante PORVENIR S.A., el MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO, el DEPARTAMENTO DE CALDAS, la E.S.E. HOSPITAL SAN FELIX, la E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA y el MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCI�N SOCIAL el pago de la indemnizaci�n de perjuicios por concepto de las mesadas que dej� de recibir por culpa de la mala gesti�n de las entidades involucradas en el reconocimiento de la pensi�n de vejez que le corresponde desde el 31 de julio de 2016, por un valor de $57.870.982.

No obstante, todas las entidades negaron la petici�n a trav�s de diferentes oficios administrativos. Finalmente, advirti� que el 7 de junio de 2022 solicit� conciliaci�n prejudicial ante la Procuradur�a General de la Naci�n y el 14 del mismo mes y a�o, la Procuradur�a 157 Judicial II para Asuntos de Conciliaci�n Admnistrativa consider� que la petici�n no era susceptible de conciliaci�n. Dicha decisi�n se confirm� en el Auto No. 150 del 01 de julio de 2022.

(anexo06) 3.- Posici�n de las demandadas. 1. La MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCI�N SOCIAL se opuso a las pretensiones de la demanda, indicando que no se vio involucrada en los hechos descritos en la demanda, pues la demandante se limit� a mencionar que elev� petici�n el 12 de abril de 2022 de reconocimiento y pago de la indemnizaci�n de perjuicios por concepto de las mesadas que dej� de recibir en el pago de la pensi�n de vejez.

Manifest� que frente al Contrato Interadministrativo de Concurrencia No. 083 de 2001, en el caso particular de la se�ora Amparo de los R�os, no qued� inscrita en calidad de beneficiaria, ya que no se encontraba incluida dentro de la Certificaci�n de Beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud expedida por la Direcci�n General de Descentralizaci�n y Desarrollo Territorial del entonces Ministerio de Salud.

Por lo anterior, sostiene que la actora no es beneficiaria del pasivo prestacional del sector salud, por lo tanto, le corresponde a la E.S.E. Hospital San F�lix de la La Dorada (Caldas) y/o E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda, el reconcimiento de la cuota parte del bono pensional por los tiempos laborados por la demandante, ya que la Naci�n no est� obligada a asumir pasivos por fuera del contrato de concurrencia suscrito.

Como excepciones propuso: falta de legitimaci�n en la causa por pasiva, inexistencia de la obligaci�n y ausencia de responsabilidad, el ministerio de salud y protecci�n social no act�a como administradora de pensiones, prescripci�n, buena fe y gen�rica. (anexo9) 2. La E.S.E HOSPITAL SAN F�LIX DE LA DORADA � CALDAS se opuso a las pretensiones de la demanda e indic� que no es responsable de pagar el bono pensional durante el lapso comprendido entre el 21 de agosto de 1980 hasta el 05 de abril de 1988, con interrupciones desde el 21 de septiembre de 1987 hasta el 20 de octubre de 1987 y desde el 12 de marzo de 1988 hasta el 05 de abril de 1988, ya que los pasivos pensionales de los empleados del sector salud causados con anterioridad al 31 de diciembre 1993 no son responsabilidad de las empresas sociales del estado ni entidades del sector salud, por cuanto antes de dicha data no ten�an personer�a jur�dica y eran administradas y financiadas por el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, en este caso ser�a responsabilidad del Departamento de Caldas y la Naci�n. Agreg� que el Hospital surgi� al a vida jur�dica a partir de la expedici�n de la ordenanza 116 del 28 de diciembre de 1994, por lo que, los tiempos reclamados por la actora datan de una fecha anterior a la creaci�n de la entidad, lo cual genera una inexistencia de la obligaci�n para pagar pasivos prestacionales.

Como excepciones propuso: falta de legitimaci�n en la causa por pasiva, inexistencia de obligaciones de pagar pasivos prestacionales del sector salud, la obligaci�n relativa al pago de esos pasivos se encuentra claramente radicada en un tercero respecto del cual la E.S.E demandada no tiene un v�nculo que la haga solidaria, prescripci�n de derechos, buena fe, excepci�n innominada.

(Anexo11) 3. La DIRECCI�N TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS � DEPARTAMENTO DE CALDAS present� oposici�n de las pretensiones, explicando que no existi� negligencia en el tr�mite, pues no tiene competencia para reconocer la pensi�n reclamada por la demandante. Advirti� que la demandante no fue incluida en el listado de retirados del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud por parte de la entidad hospitalaria San F�lix de la Dorada, Caldas, raz�n por la cual, es improcedente la aplicaci�n del Decreto 586 de 2017 y el verdadero responsable es la Naci�n en cabeza del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, conforme lo establecido por el art�culo 78 de la Ley 1438 de 2011, Ley 60 de 1993, Ley 100 de 1993, Ley 715 de 2001 y la Ley 1438 de 2011.

Como excepciones present�: obligaci�n legal de otras entidades, falta de legitimaci�n en la causa por pasiva, inexistencia de la obligaci�n, cobro de lo no debido y prescripci�n del derecho. (anexo12) 4. La E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA � HOMERIS se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que dio respuesta oportuna a las peticiones de la demandante y el fondo privado, anexando el certificado CETIL del 10 de enero de 2020 por el tiempo laborado por la demandante en la entidad.

De modo que, no incurri� en los hechos que se le endilgan ni tiene ninguna obligaci�n de reconocer prestaciones o indemnizaci�n de perjuicios que se solicitan en la demanda. Como excepciones present�: falta de legitimaci�n por pasiva en la causa de la demandada, falta de personer�a sustantiva en la demandada, inexistencia de las obligaciones, carencia de acci�n, de causa y de derecho, cobro de lo no debido, prescripci�n. (anexo13) 5.

La SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANT�AS PORVENIR S.A. present� oposici�n a las pretensiones indicando que la demandante no elev� solicitud formal para el reconocimiento y pago de la pensi�n de vejez, pues para conceder la prestaci�n es indispensable agotar previamente la etapa de emisi�n del bono pensional. No obstante, asegur� que no es beneficiaria de la pensi�n de vejez, debido a que el capital actualmente depositado en su cuenta de ahorro individual no le permite financiar una pensi�n en los t�rminos del art�culo 64 de la Ley 100 de 1993.

Adem�s, explic� que la negativa en corregir los certificados laborales por parte de la E.S.E Hospital San F�lix de la Dorada y la E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda, es lo que ha impedido resolver definitivamente la prestaci�n reclamada, ya que sostienen que el pago debe ser asumido por el Departamento de Caldas y la Naci�n. Al mismo tiempo, el Departamento de Caldas y la Direcci�n Territorial de Salud de Caldas objetaron la liquidaci�n del bono pensional, aduciendo que la demandante no pertenece al grupo de funcionarios reconocidos como beneficiarios del extinto fondo de pasivo prestacional del sector salud y, por lo tanto, dicho pasivo debe ser asumido por el empleador E.S.E. Hospital San F�lix de la Dorada.

Como excepciones propuso: inexistencia de la obligaci�n a cargo de Porvenir S.A. cobro de lo no debido y ausencia de derecho sustantivo, ausencia de los requisitos de ley, responsabilidad exclusiva de los codemandados, buena fe, prescripci�n y la innominada o gen�rica. (anexo15) 6. El MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO se opuso a las pretensiones de la demanda e inform� que no tiene competencia para establecer la prestaci�n a la cual podr�a llegar a acceder la demandante, pues dicha tarea recae exclusivamente en cabeza de Porvenir S.A. y que la actora tiene derecho a que se emita el bono pensional tipo A modalidad 2 y para su emisi�n concurren la Naci�n por los tiempos laborados en la ESE Hospital Mental Universitario de Pereira que fueron cotizados a CAJANAL y el Departamento de Caldas como contribuyente por los tiempos laborados en la ESE Hospital San F�lix de la Dorada, Caldas.

Empero, el bono se encuentra pendiente de procesar, debido a que el Departamento de Caldas no ha confirmado la historia laboral y no ha reconocido ni pagado la obligaci�n a su cargo. Conforme lo anterior, explic� que para que la Naci�n en su calidad de emisor del bono pueda reconocer el cup�n principal a su cargo, se requiere que previamente exista una confirmaci�n de la informaci�n laboral por parte de los contribuyentes y/o los empleadores de la demandante y acto seguido, el reconocimiento y pago de la cuota parte a cargo del contribuyente, bien sea, el Departamento de Caldas o la ESE Hospital San F�lix de la Dorada, Caldas.

Como excepciones present�: litisconsorcio necesario, inexistencia de la obligaci�n, buena fe, excepci�n gen�rica. (anexo16) 7. La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTI�N PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCI�N SOCIAL � UGPP present� oposici�n de la demanda e indic� que no le constan los hechos de la demanda, pues son ajenos a su conocimiento y no cuenta con expediente administrativo de la actora.

Asegur� que no tiene ninguna responsabilidad frente a las pretensiones y debe ser desvinculado del proceso ordinario laboral. Como excepciones propuso: falta de competencia de la unidad administrativa especial de gesti�n pensional y contribuciones parafiscales de la protecci�n social � UGPP para reconocer el bono pensional que hoy reclama el accionante, falta de legitimaci�n en la causa por pasiva, imposibilidad de asumir funciones expresamente asignadas a otra entidad, inexistencia de la obligaci�n por parte de la UGPP, buena fe, la gen�rica y prescripci�n trienal.

(anexo24) 8. El DEPARTAMENTO DE CALDAS se opuso a las pretensiones de la demanda y explic� que contest� dentro del t�rmino todas las peticiones de la actora y que objet� el reconocimiento y pago del cup�n pensional por el periodo del 21 de agosto de 1980 al 5 de abril de 1988, laborado en la E.S.E Hospital San F�lix de la Dorada porque la demandante no pertenece al grupo de funcionarios reconocidos como beneficiarios del extinto Fondo de Pasivo Prestacional del Sector Salud y, por tanto, debe ser el empleador el que asuma dicho pago.

M�s cuando no ha suscrito nuevos contratos de concurrencia para que sea beneficiaria la actora. Como excepciones present�: falta de legitimaci�n en la causa por pasiva, prescripci�n de las mesadas pensionales, inexistencia de la obligaci�n y ausencia de responsabilidad y buena fe. (anexo40) SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Mediante decisi�n del 02 de octubre de 2023, la Jueza Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dispuso: �PRIMERO: ORDENAR a la ESE HOSPITAL SAN F�LIX, a que proceda a realizar los tr�mites administrativos pertinentes para liquidar, emitir y pagar el bono pensional a favor de la se�ora AMPARO DE LOS RIOS OSPINA, en la cuota parte que le corresponde, esto es, los ciclos que van del 21 de agosto de 1980 hasta el 5 de abril de 1988, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: ORDENAR a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico a que proceda a realizar los tr�mites administrativos pertinentes para liquidar, emitir y pagar el bono pensional a favor de la se�ora AMPARO DE LOS RIOS OSPINA, en la cuota parte que le corresponde, esto es, los ciclos que van de mayo de 1988 a agosto de 1998, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: DECLARAR que la se�ora AMPARO DE LOS RIOS OSPINA tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensi�n provisional a cargo de PORVENIR S.A., quien otorgar� dicha prestaci�n con cargo a sus propios recursos, a partir del 11 de julio de 2019, en cuant�a igual a un salario m�nimo legal mensual vigente, con derecho a 13 mesadas.

CUARTO: CONDENAR a PORVENIR S.A. a pagar en favor de la actora, por concepto de mesadas causadas desde el 11 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2023, un total de $52.177.530, sin perjuicio del que cause con posterioridad.

QUINTO: CONDENAR a PORVENIR S.A. a reconocer y pagar a favor de la se�ora AMPARO DE LOS RIOS OSPINA los intereses moratorios de que trata el art�culo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre cada una de las mesadas dejadas de pagar a ella y que integran el retroactivo, a partir del 11 de julio de 2019 y hasta el pago efectivo de la prestaci�n.

SEXTO: NEGAR los dem�s pedimentos de la demanda. S�PTIMO: NEGAR las dem�s excepciones de fondo enfiladas en las contestaciones, a excepci�n de la de prescripci�n que triunfo parcialmente y la excepci�n de falta de legitimaci�n en la causa por pasiva que result� probada a favor por las demandadas DEPARTAMENTO DE CALDAS, DIRECCI�N TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS, ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA Y MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCI�N SOCIAL.

OCTAVO: CONDENAR en costas a cargo de los demandados ESE HOSPITAL SAN F�LIX, MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO y PORVENIR y a favor de la demandante en 60% de las causadas. Igualmente, se condenar� en costas a la demandante y favor de las demandadas DEPARTAMENTO DE CALDAS, DIRECCI�N TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS, ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA Y MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCI�N SOCIAL en un 100% de las causadas.�.

Para arribar a tal decisi�n, la A quo estableci� que revisada la certificaci�n de beneficiarios del fondo pasivo prestacional del DEPARTAMENTO DE CALDAS, se evidenci� que la se�ora Amparo de los R�os Ospina no fue incluida como beneficiaria del Contrato de Concurrencia No. 083 de 2001, por lo que, no ha sido posible definir la entidad obligada a asumir el pago de los tiempos laborados en el Hospital San F�lix y el Hospital Mental Universitario de Risaralda.

Conforme al art�culo 242 de la Ley 100 de 1993, indic� que las entidades del sector salud deb�an seguir presupuestando y pagando las cesant�as y pensiones de los trabajadores hasta tanto no se realice el corte de cuentas y se establezca la concurrencia a las que est�n obligadas las entidades territoriales, en los t�rminos previstos en la Ley 60 de 1993 y la Ley 715 de 2001.

De esta manera, consider� que aunque las instituciones de salud no est�n llamadas a concurrir con el pago del pasivo prestacional de sus trabajadores, la misma Ley 100 de 1993 contempl� la obligaci�n en cabeza de aquellas cuando no se ha establecido el respectivo contrato de concurrencia, tal como lo reconoci� la Corte Constitucional en sentencias como la T-748 de 2013 y T-404 de 2015 y el Consejo de Estado.

Acorde a la jurisprudencia y el marco normativo citado, concluy� que como la ESE HOSPITAL SAN F�LIX no report� a la demandante dentro de los beneficiarios es la que debe asumir la cuota parte del bono pensional por los tiempos laborados en dicha instituci�n, que van desde el 21 de agosto de 1980 al 5 de abril de 1988. Y precis� que, aunque esta entidad no ten�a vida jur�dica antes de 1993 no la exime de su obligaci�n, pues seg�n la sentencia C-314 de 2004 reiterada en la T-748 de 2013 �la modificaci�n en la estructura administrativa de las entidades p�blicas, incluyendo el cambio de r�gimen laboral de sus servidores, no autoriza el desconocimiento de los derechos que han ingresado definitivamente en el patrimonio personal.� Respecto del tiempo comprendido entre el 24 de abril de 1988 al 7 de abril de 2002, aclar� que la ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA realiz� los aportes a PORVENIR S.A. por el lapso entre el 25 de agosto de 1998 al 7 de abril de 2002, por lo que, queda resolver a qu� ente le corresponder pagar el bono entre el 28 de abril de 1988 al 24 de agosto de 1998.

Sobre el asunto, explic� que los ciclos entre el 28 de abril de 1988 al 24 de agosto de 1998 no fueron tenidos en cuenta en la historia laboral v�lida para bono y se report� la siguiente anotaci�n: �entidad no est� asumida por la naci�n o existen periodos no asumidos por la naci�n. SOLUCI�N. Si, los aportes fueron a CAJANAL la AFP debe enviar los soportes respectivos para que la OBP verifique los aportes registrados por la entidad para que esta sea asumida por la Naci�n. Si se trata de entidad liquidada que asunto que asumi� la naci�n, la AFP de verificar que se encuentre incluida en el c�lculo actuarial�.

Al respecto, la ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA afirm� que realiz� los aportes a CAJANAL y para demostrarlo aport� los recibos que dan cuenta de los pagos en los meses junio, julio y agosto de 1998 junto con los formatos 1, 2 y 3 de los salarios cancelados mes a mes desde el 28 de mayo de 1988 hasta el 7 de abril de 2002. Por su parte, la UGPP inform� que, una vez consultada la base de datos de los recibos de caja seccional Risaralda donde est� ubicado el HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO, se encontraron 138 soportes de pago realizados entre 1988 al 1998.

As� las cosas, la jueza concluy� que le corresponde a la OBP asumir el pago de la cuota aparte del bono pensional por los tiempos laborados desde mayo de 1988 hasta agosto de 1998, por ser la encargada de emitir, expedir, redimir y pagar o anular los bonos o cupones pensionales a cargo de la Naci�n. En lo relacionado con la pensi�n de vejez, advirti� que la AFP PORVENIR S.A. no tuvo una gesti�n diligente, por cuanto la reconstrucci�n de la historia laboral de la se�ora Amparo comenz� cuando ella solicit� el reconocimiento de su pensi�n de vejez y la AFP inici� el proceso para obtener el bono el 25 de febrero de 2016, pero deb�a comenzar dentro de los 6 meses siguientes a la afiliaci�n de la actora, es decir, desde el 27 de diciembre de 2000.

Ante tales circunstancias, consider� que aunque la demandante es candidata para acceder a la garant�a de pensi�n m�nima, primero se debe establecer si tiene el capital suficiente para obtener la pensi�n establecida en el art�culo 64 de la Ley 100 de 1993, para lo cual es indispensable conocer el monto definitivo del bono pensional, por lo tanto, solo es posible reconocer la pensi�n provisional a cargo de los recursos de PORVENIR S.A. y hasta tanto se determine la situaci�n pensional de forma definitiva.

De modo que, conden� a la AFP a pagar la pensi�n en cuant�a de un salario m�nimo, con derecho a 13 mesadas de forma provisional y sin perjuicio de las gestiones que realice para establecer si tiene derecho a la pensi�n de vejez dentro del RAIS o de que pueda elevar la solicitud de reconocimiento de la Garant�a de Pensi�n M�nima. Declar� probada parcialmente la excepci�n de prescripci�n, teniendo en cuenta que la primera reclamaci�n del derecho se hizo el 25 de febrero de 2016 y la demanda se interpuso el 11 de julio de 2022; es decir, transcurrieron m�s de 3 a�os, por ende, prescriben las mesadas causadas con anterioridad al 11 de julio de 2019 y calcul� el retroactivo en $52.177.530 sin perjuicio de las que se causen con posterioridad.

Con relaci�n a los intereses moratorios, conden� a la AFP a reconocerlos desde el 11 de julio de 2019 por efectos de la prescripci�n y hasta la fecha efectiva del pago. Sobre los perjuicios morales, neg� dicha pretensi�n argumentado que la demandante no alleg� pruebas ni evidencia documental que d� cuenta del da�o psicol�gico padecido. En todo caso, el da�o padecido se resarce con la imposici�n de las condenas por concepto de retroactivo e intereses moratorios, ya que es la sanci�n legal consagrada por el Legislador en caso de tardanza en el pago de obligaciones prestacionales del sistema de Seguridad Social y no es dable imponer dos penas con ocasi�n al mismo incumplimiento.

Declar� probada la excepci�n de falta de legitimaci�n en la causa propuesta por las demandadas Departamento de Caldas, Direcci�n Territorial de salud de Caldas, ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda y el Ministerio de Salud de la Protecci�n Social por no emitirse condenas en contra. Finalmente, conden� en costas a la ESE HOSPITAL SAN F�LIX, el MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO y la AFP PORVENIR a favor de la demandante en un 60% de las causadas y conden� a la demandante en costas a favor de las entidades absueltas.

RECURSOS DE APELACI�N Y GRADO DE CONSULTA 1) La parte demandante present� el recurso de apelaci�n contra la imposici�n de costas, argumentando que era necesario vincular a todas las entidades demandadas porque estaba en discusi�n el ente que era responsable de reconocer la cuota parte del bono pensional por los periodos trabajados; por lo tanto, deben revocarse las costas impuestas en su contra. 2) La ESE Hospital San F�lix consider� que existe un error en la distribuci�n de la cuota parte del bono pensional, pues no le corresponde asumir por el periodo comprendido entre el 21 de agosto de 1980 hasta el 5 de mayo de 1988, entre el 21 de septiembre de 1987 hasta el 21 de octubre de 1987, con interrupci�n y desde el 12 de marzo de 1988 hasta el 5 de abril de 1988.

Lo anterior se fundamenta en que los llamados a solventar las acreencias laborales de las personas que est�n en las mismas circunstancias de la se�ora Amparo de los R�os, fue establecida por el Legislador en las leyes 60 de 93, 100 de 1993, 715 de 2000, 1438 de 2011, por medio de las cuales cre� y luego elimin� el Fondo de Prestaciones del Sector Salud.

Estas normas obligan a la Naci�n, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, entes territoriales municipios, distritos y departamentos a concurrir con el pago de ese pasivo causado hasta el a�o de 1993. As� lo ha explicado el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Sostuvo que, mediante la suscripci�n del Contrato de Concurrencia No. 083 de 2001 se realiz� un acuerdo mediante el cual la Naci�n y el Departamento de Caldas convinieron la forma en que se financiar�a el pasivo pensional de las entidades de salud del orden departamental, certificadas como beneficiarias del extinto Fondo Pasivo Prestacional del Sector Salud, pero solamente para aquellas personas que estuvieran en calidad activas y jubiladas entre el 01 de septiembre de 1993 hasta 31 de diciembre de 1993.

Adem�s, se determinaron los porcentajes en los que cada una de las entidades deber�a converger para el pago de las obligaciones prestacionales, siendo un 78.18% a cargo de la Naci�n y un 21.82% a cargo del Departamento de Caldas. En su momento la Naci�n y las entidades territoriales, mediante la suscripci�n de un nuevo contrato, debieron incluir a todas y cada una de las personas que laboraban en alg�n momento dentro del centro hospitalario del Departamento de Caldas, en calidad de retirados y proporcionar la financiaci�n de dicha carga prestacional.

Para el caso espec�fico de la se�ora Amparo de los R�os, explic� que no figura en el listado de beneficiarios del extinto fondo del pasivo prestacional del sector salud, ni siquiera en calidad de retirada al 31 de diciembre de 1993. Esta situaci�n fue resuelta por la Corte Constitucional en la sentencia T-404 de 2015 en la que exhort� al MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO para que, en un plazo de 3 meses, reglamentara la manera de llevarse a cabo la actualizaci�n del pasivo pensional y la forma en que se garantizar�a el pago de las acreencias prestacionales de las personas que figuran como retiradas al 31 de diciembre de 1993.

A pesar de esta medida jurisprudencial de contingencia, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico expidi� el Decreto 586 del 5 de abril de 2017, mediante el cual dispuso el procedimiento para el saneamiento de pasivo prestacional causado por el personal que estuviera dentro del listado de beneficiarios en calidad de retirado. Empero, la demandante no figura dentro del listado.

Y aunque lo estuviera, el pasivo causado siempre ser� responsabilidad de la Naci�n, en cabeza del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y el Departamento de Caldas. De lo expuesto, concluy� que la suscripci�n del Contrato de Concurrencia No. 083 de 2001 incluye a los funcionarios retirados, sin distinci�n alguna. As� lo entendi� el Tribunal Superior de Manizales en la sentencia del 26 de mayo 2016, en la cual, orden� al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico en un t�rmino de 10 d�as incluir a un trabajador en la lista de beneficiarios del pasivo pensional del sector salud y conjuntamente al Departamento de Caldas dentro del mismo t�rmino, definieran la respectiva responsabilidad concurrente para cada uno de ellos, garantizando as� la reserva econ�mica con la que se financia la pensi�n del amparado.

Con todo, calific� de evidente que el Hospital San F�lix no ha vulnerado los derechos de la demandante, pues no tiene responsabilidad de pagar el bono, por lo tanto, debe declararse probada la excepci�n de falta de legitimaci�n en la causa por pasiva. Finalmente, agreg� que no tiene las obligaciones establecidas en el art�culo 242 de la Ley 100 de 1993, pues para esa fecha solo exist�a como una dependencia del Servicio Seccional de Salud de Caldas, por tanto, es la entidad territorial la responsable del bono en concurrencia con el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico. 3) El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico explic� que solo tiene funciones asignadas determinadas por la norma y no es la encargada de reconocer pensiones porque no es una administradora.

Sostuvo que suscribi� un contrato de concurrencia para colaborar con el pasivo causado al 31 de diciembre de 1993 y lo que surja con posterioridad a esa calenda debe ser reconocido y financiado en su totalidad por el empleador. De ah� que insisti� que no est� legitimado por pasiva para actuar dentro del proceso. Expuso que, conforme al art�culo 242 de la Ley 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado, no le corresponde reconocer la cuota parte a la cual fue condenada, pues en un caso an�logo el Consejo conden� a un Hospital a pagar la cuota parte del bono pensional de una trabajadora que no estaba inscrita en el listado de beneficiarios, pues no se logr� demostrar la concurrencia. Conforme lo anterior, insisti� en que las entidades del sector salud est�n obligadas a seguir presupuestando y pagando las cesant�as y pensiones hasta tanto no se realice el corte de cuentas con el fondo prestacional y se establezca para cada caso la concurrencia a que est�n obligadas las entidades territoriales.

En virtud de ello, solicit� la revocatoria de la sentencia de primera instancia, ya que la demandante no es beneficiaria del pasivo y la demora en el reconocimiento de la pensi�n no es una negligencia del Ministerio. 4) La AFP Porvenir S.A. solicit� la revocatoria de las condenas en su contra, especialmente, sobre el derecho al reconocimiento pensional de manera temporal, a partir del 19 de julio de 2016 junto con el retroactivo e intereses moratorios.

Lo anterior, teniendo en cuenta que adelant� todas y cada una de las gestiones tendientes a la emisi�n del bono pensional, a efectos de que fuera liquidado y emitido, incluso interpuso varias acciones constitucionales con ese prop�sito, es decir, cumpli� con la carga que le correspond�a y solo un juez pod�a dirimir el conflicto sobre la entidad responsable de asumir el pago de la cuota parte del bono pensional.

Agreg� que la demandante no hab�a solicitado formalmente el reconocimiento pensional y para resolverla dispon�a de 4 meses, contados a partir de la emisi�n del bono pensional del afiliado, seg�n lo establecido en el art�culo 33 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 510 de 2003. Y en el caso de la demandante, este tr�mite no ha finalizado, por tanto, no se le pueden atribuir las condenas para reconocer la pensi�n. Aclar� que no le ha causado perjuicios a la se�ora Amparo, pues adelant� todas las gestiones descritas en el art�culo 20 del Decreto 656 de 1994 para lograr obtener el bono pensional y fue diligente con las tareas que le asist�an, por lo cual, la tardanza en el reconocimiento de la prestaci�n es responsabilidad de las entidades encargadas del asumir el financiamiento del bono pensional y no de la AFP.

Aunado a ello, explic� que no es dable reconocer la garant�a de pensi�n m�nima, pues al momento en que se reconozca el bono pensional la demandante podr�a tener derecho a una pensi�n en los t�rminos del art�culo 64 de la Ley 100 de 1993. Como consecuencia, solicit� la revocatoria de la imposici�n de costas y dem�s condenas en su contra. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA Como la finalidad de esta etapa es atender la persuasi�n f�ctica y jur�dica sobre el tema objeto de discusi�n, bajo ese espectro se atienden los alegatos que guarden relaci�n directa con los temas debatidos.

Para tal efecto, mediante fijaci�n en lista, se corri� traslado a las partes para alegar de conclusi�n, los cuales obran en el expediente digital. De la presentaci�n de alegaciones en t�rmino, se remite a la constancia de la Secretar�a de la Sala. Surtido el tr�mite que corresponde a esta instancia, procede la Sala de decisi�n a dictar la providencia que corresponde, previas las siguientes, CONSIDERACIONES Conforme al anterior panorama, la Sala se ce�ir� a los fundamentos de los recursos de apelaci�n, seg�n lo dispuesto en el art�culo 66A del CPTSS y el grado de consulta en favor del MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO, de conformidad a lo consagrado en el art. 69 del C�digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS).

En ese sentido, el problema jur�dico se enmarca en: 1) Determinar si le corresponde a la ESE HOSPITAL SAN F�LIX asumir la cuota parte del bono pensional por el tiempo laborado por la se�ora AMPARO DE LOS R�OS OSPINA entre el 21 de agosto de 1980 y el 5 de abril de 1988. 2) Establecer si le corresponde al MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO asumir la cuota parte del bono pensional por el tiempo laborado entre el 01 de mayo de 1988 y el 01 de agosto de 1998. 3) Determinar si le corresponde a la AFP PORVENIR reconocer y pagar la pensi�n provisional en favor de la se�ora AMPARO DE LOS R�OS OSPINA junto con las costas procesales. 4) Establecer si le corresponde a la parte demandante pagar las costas de primera instancia en favor del DEPARTAMENTO DE CALDAS, DIRECCI�N TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS, ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA y MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCI�N SOCIAL. 5) Determinar la condena en costas en segunda instancia. Para resolver el problema jur�dico planteado, resulta oportuno traer a colaci�n los fundamentos normativos y jurisprudenciales aplicables.

Recuento Normativo del Contrato de Concurrencia en el Sector Salud La Ley 60 de 1993 en el art�culo 33, cre� el Fondo Prestacional del Sector Salud para garantizar la financiaci�n del pasivo pensional de los servidores del sector salud, causado hasta el 31 de diciembre de 1993. Dicha norma dicta lo siguiente: �Cr�ase el Fondo Nacional para el pago del pasivo prestacional de los servidores del sector salud, como una cuenta especial de la Naci�n, sin personer�a jur�dica, con independencia contable y estad�stica, con las siguientes caracter�sticas:� 1.- El Fondo Prestacional garantizar� el pago del pasivo prestacional por concepto de cesant�as, reservas para pensiones y pensiones de jubilaci�n, causadas hasta el fin de la vigencia presupuestal de 1993, de los servidores pertenecientes a las entidades o dependencias de que trata el numeral 2 del presente art�culo, que se encuentren en los siguientes casos: a) No afiliados a ninguna entidad de previsi�n y seguridad social, cuya reserva para cesant�as o pensiones de jubilaci�n no se haya constituido total o parcialmente, excepto cuando las reservas constituidas con anterioridad a la vigencia de la presente Ley se destinen a fin distinto al pago de cesant�as y pensiones. b) Afiliados a entidades de previsi�n y seguridad social pero cuyos aportes no hayan sido cancelados o hayan sido cancelados parcialmente, excepto cuando la interrupci�n de los pagos respectivos se haya producido con posterioridad a la vigencia de esta Ley, o cuando las reservas se hayan destinado a otro fin. c) Afiliados o pensionados de las entidades de previsi�n y seguridad social cuyas pensiones sean compartidas con las instituciones de salud, correspondiendo al Fondo el pago de la diferencia que se encuentre a cargo de la entidad de salud cuya reserva para cesant�as o pensiones de jubilaci�n no se haya constituido total o parcialmente, excepto cuando las reservas constituidas con anterioridad a la vigencia de la presente Ley se destinen a fin distinto al pago de cesant�as y pensiones. 2.- Son beneficiarios del Fondo y tienen derecho a exigir el pago de la deuda de sus pasivos prestacionales, los servidores mencionados en el numeral 1 del presente art�culo que pertenezcan a las siguientes entidades o dependencias del sector salud: a) A las instituciones o dependencias de salud que pertenezcan al subsector oficial del sector salud; b) A entidades del subsector privado del sector salud cuando se trate de instituciones que hayan estado sostenidas y administradas por el Estado, y aquellas privadas que se liquiden y cuyos bienes se destinen a una entidad p�blica. c) A las entidades de naturaleza jur�dica indefinida del sector salud cuando se trate de instituciones que hayan estado sostenidas y administradas por el Estado, o que se liquiden y cuyos bienes se destinen a una entidad p�blica. 3.- La responsabilidad financiera para el pago del pasivo prestacional de los servidores de las entidades o dependencias identificadas en el numeral 2, reconocidas en los t�rminos de la presente Ley, se establecer� mediante un reglamento expedido por el Gobierno Nacional que defina la forma en que deber�n concurrir la Naci�n y las entidades territoriales, para cuyo efecto se tendr� en cuenta la proporci�n en que han concurrido los diversos niveles administrativos a la financiaci�n de las entidades y dependencias del sector salud de que trata el presente art�culo, la condici�n financiera de los distintos niveles territoriales y la naturaleza jur�dica de las entidades. 4.- El Fondo se financiar� con los siguientes recursos: a. Un 20% de las utilidades de Ecosalud; b. Un porcentaje de los rendimientos, que fije el Gobierno Nacional, proveniente de las inversiones de los ingresos obtenidos en la venta de activos de las empresas y entidades estatales; c. Las partidas del presupuesto general de la Naci�n que se le asignen.

PAR�GRAFO 1�.-�La metodolog�a para definir el valor de los pasivos prestacionales y los t�rminos de la concurrencia financiera para su pago ser� establecida mediante reglamento por el Gobierno Nacional. Ese reglamento adem�s caracterizar� la deuda del pasivo prestacional, la forma de manejo del Fondo, al igual que su organizaci�n, direcci�n u dem�s reglas de funcionamiento, en un per�odo no mayor a los seis meses siguientes de expedida la presente Ley.

PAR�GRAFO 2�.-�El Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales Distritales y Municipales podr�n emitir bonos de reconocimiento u otros t�tulos de deuda p�blica para pagar el pasivo prestacional seg�n reglamento que para el efecto se expida. Los pagos del pasivo prestacional por cesant�as y pensiones podr�n ser hechos a los fondos privados de cesant�as y pensiones, a las cajas de previsi�n, al Instituto de Seguros Sociales o a los fondos territoriales que para el efecto se creen, y en todos los casos se entender� que en la fecha de los pagos del pasivo prestacional causado se interrumpe cualquier retroactividad con cargo a la Naci�n, a las entidades territoriales o a la entidad de prestaci�n de servicios de salud que corresponda.� Posteriormente, el art�culo 242 de la Ley 100 de 1993 complement� dicha norma y determin� la celebraci�n de contratos de concurrencia con los entes territoriales, as�: �ART�CULO 242.

Fondo Prestacional del Sector Salud. El fondo del pasivo prestacional para el sector salud, de qu� trata la Ley 60 de 1993, cubrir� las cesant�as netas acumuladas y el pasivo laboral por pensiones de jubilaci�n causado a 31 de diciembre de 1993. El costo adicional generado por concepto de la retroactividad de cesant�a del sector salud que a la vigencia de esta Ley tienen derecho a ello, conforme al art�culo 33 de la Ley 60 de 1993, y para los fines previstos en �sta, ser� asumido por el Fondo del Pasivo Prestacional y las entidades territoriales, en los plazos y t�rminos de concurrencia que establece la misma Ley.

A partir de la vigencia de la presente Ley no podr� reconocerse ni pactarse para los nuevos servidores del sector salud, retroactividad en el r�gimen de cesant�a a ellos aplicable. En el caso de que las instituciones a que se refiere el art�culo 33 de la Ley 60 de 1993 y para los efectos all� previstos, est�n reconociendo por un r�gimen especial un sistema pensional distinto del exigido por la entidad de previsi�n social a la cual se afilien o se encuentren afiliados los trabajadores correspondientes, la pensi�n ser� garantizada por el Fondo del Pasivo Prestacional y las entidades territoriales, hasta el momento en que el trabajador re�na los requisitos exigidos por la entidad de previsi�n y los diferenciales de pensi�n ser�n compartidos y asumidos por el Fondo, las entidades territoriales y la mencionada entidad previsional, en la proporci�n que a cada cual le corresponda.

Las entidades del sector salud deber�n seguir presupuestando y pagando las cesant�as y pensiones a que est�n obligadas hasta tanto no se realice el corte de cuentas con el fondo prestacional y se establezcan para cada caso la concurrencia a que est�n obligadas las entidades territoriales en los t�rminos previstos en la Ley 60 de 1993. PAR�GRAFO.

Para los efectos de lo dispuesto en el presente art�culo, enti�ndase por cesant�as netas, las cesant�as acumuladas menos las pagadas a 31 de diciembre de 1993.� En concordancia, el Decreto 530 de 1994 que reglament� los art�culos 33 y 242 de las normas arriba mencionadas. En los art�culos 8 y 10, se facult� al Ministerio de Salud para determinar si la instituci�n de salud y el servidor o trabajador re�ne los requisitos para ser beneficiario del Fondo del Pasivo.

En caso positivo, deb�a definir la responsabilidad financiera de la Naci�n y los entes territoriales con el fin de suscribir contratos de concurrencia para asumir el pago de la deuda prestacional de dichos beneficiarios. Asimismo, se dispuso el procedimiento para ser beneficiario de dicho Fondo, donde se deb�a allegar la relaci�n completa del personal activo, pensionado o retirado que no tenga totalmente garantizado el pago del pasivo prestacional.

Para lo cual, ten�an un plazo definido dentro de los nueve (9) meses siguientes a la fecha de expedici�n de dicho decreto. El anterior Decreto fue adicionado y modificado por el Decreto 3061 de 1997 que en su art�culo 1, adicion� el art�culo 12 del Decreto 530 de 1994 as�: �Teniendo en cuenta que el c�lculo de la deuda prestacional puede realizarse individualmente por cualquiera de los conceptos definidos en el presente art�culo, los contratos de concurrencia podr�n firmarse de manera independiente por las obligaciones inmediatas, correspondientes a cesant�as o a pensiones incorporadas en n�mina o por aquellas obligaciones diferidas.

Sin embargo, para efectos de estimar la concurrencia y asignar responsabilidades a la Naci�n y a los entes territoriales, deber� figurar en el contrato que se suscriba un valor de referencia aproximado que englobe la totalidad de la deuda de cada una de las instituciones (obligaciones inmediatas y diferidas). Este valor ser� reajustado en la medida en que se vaya determinando el valor de la deuda de cada instituci�n, manteniendo siempre los porcentajes de concurrencia establecidos para su pago y debiendo modificarse los contratos en lo correspondiente.

En todo caso el Ministerio de Salud conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico deber�n calcular un valor de referencia aproximado que englobe la totalidad de la deuda, as� como el porcentaje de la concurrencia de que trata el art�culo 33 1993, antes del 31 de diciembre de 1998� A su turno, la Ley 715 de 2001 en su art�culo 61 y 62, suprimi� el Fondo del Pasivo Prestacional para el Sector Salud y determin� que el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico era la entidad responsable del pago, le facult� para celebrar nuevos convenios de concurrencia aplicando los procedimientos del extinto Fondo del Pasivo, revisar aquellos que se encontraban ya en ejecuci�n y le impuso la obligaci�n de �actualizar en forma peri�dica el valor de la deuda prestacional, definiendo la responsabilidad de cada uno de los entes que suscribe el convenio de concurrencia�.

A su turno, el Decreto 306 de 2004 que reglament� los art�culos 61, 62 y 63 de la Ley 715, se incluy� dentro del pasivo prestacional causado al 31 de diciembre de 1993, las cesant�as, pensiones, reserva pensional de activos y reserva pensional de retirados. Estos �ltimos, hacen referencia a los servidores p�blicos que prestaron sus servicios en las instituciones hospitalarias beneficiarias y se encontraban retirados a dicha fecha.

No obstante, el Consejo de Estado mediante sentencia 5242 del 21 de octubre de 2010 declar� nulo ciertos apartes del Decreto al considerar que el Gobierno se excedi� en sus facultades reglamentarias al incluir a las instituciones hospitalarias como sujeto obligado del pasivo prestacional, ya que, desde la Ley 715 de 2001 se asign� como obligados �nicamente a la Naci�n y las entidades territoriales y, en su lugar, se expidi� el Decreto 700 de 2013.

En este �ltimo, Decreto 700 de 2013 en el art�culo 1, se confirm� que la �financiaci�n del pasivo causado hasta el 31 de diciembre de 1993 por concepto de cesant�as y pensiones de los trabajadores del sector salud que hubieren sido reconocidos como beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, es responsabilidad de la Naci�n y de las entidades territoriales.� Y para determinar las concurrencias entre estas dos, se debe proceder as�: �a) La Naci�n a trav�s del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, asumir� el pago de la concurrencia, en una suma equivalente a la proporci�n de la participaci�n del situado fiscal en la financiaci�n de las instituciones de salud, en los cinco (5) a�os anteriores al 1� de enero de 1994. b) Los Departamentos, los Municipios y los Distritos en donde est� localizada la instituci�n de salud, deber�n concurrir en una proporci�n equivalente al porcentaje en que participan las rentas de destinaci�n especial para salud incluyendo las cedidas, en la financiaci�n de las instituciones de salud en los cinco a�os anteriores al 1� de enero de 1994. c) El porcentaje restante, esto es, el derivado de los recursos propios de cada entidad hospitalaria, ser� asumido por la Naci�n y las entidades territoriales, a prorrata de la participaci�n de cada entidad en la concurrencia.� As� las cosas, conforme al recuento normativo antes expuesto, se puede concluir que para que la Naci�n asuma el pasivo prestacional compuesto por las cesant�as, pensiones, reserva pensional de activos y reserva pensional de retirados y beneficiarios del extinto Fondo Prestacional del Sector Salud, debe mediar un contrato de concurrencia suscrito entre la Naci�n y la entidad territorial que al mismo tiempo impone la obligaci�n en el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico de actualizar peri�dicamente la deuda a fin de determinar el porcentaje de la concurrencia, excluyendo la responsabilidad de las entidades hospitalarias.

Garant�a de Pensi�n M�nima de Vejez De conformidad con el art�culo 60 de la Ley 100 de 1993, una de las caracter�sticas del R�gimen de Ahorro Individual con Solidaridad es que la cuant�a de la prestaci�n depende de los aportes de los afiliados y empleadores, sus rendimientos financieros, y el de los subsidios del Estado, cuando a ellos hubiere lugar.�� M�s adelante, en el literal h) ib�dem se indica que el bono pensional es un t�tulo al cual tienen derecho los afiliados que hayan efectuado aportes o cotizaciones al extinto Instituto de Seguros Sociales, o a las cajas, fondos o entidades del sector p�blico o prestado servicio como servidores p�blicos; el cual se emite al momento en que se trasladen de r�gimen.�� Por su parte, los art�culos 65 y 68 de la mentada norma, se�alan que para el c�lculo de la pensi�n de vejez en el R�gimen de Ahorro Individual con Solidaridad se tendr� en cuenta el valor del bono pensional, cuando a �ste hubiere lugar; en otras palabras, las pensiones de vejez se financian con los recursos de la cuenta de ahorros individual de cada afiliado, para ello se tiene en cuenta el valor de los bonos pensionales, solo cuando el afiliado re�na los requisitos para ello; y podr�n ser efectivos a partir de la fecha en la cual cumplan las edades para acceso a la pensi�n. (Art. 67 ib�dem)� � En resumen, la pensi�n de vejez en el R�gimen de Ahorro Individual con Solidaridad se financia: i) S�lo con los aportes contenidos en la cuenta de ahorro individual y los rendimientos financieros que ellos generen, ii) Ora con estos y con los bonos y, o, t�tulos pensionales si a ellos hubiese lugar y iii) En eventos espec�ficos, cuando se cumplen las condiciones previstas por el art�culo 65 de la Ley 100 de 1993, con la garant�a de pensi�n m�nima.� � Esta �ltima figura de garant�a de pensi�n m�nima, como se expres�, est� regulada por el art�culo 65 de la Ley 100 de 1993, en los siguientes t�rminos:� � ART�CULO 65.

GARANT�A DE PENSI�N M�NIMA DE VEJEZ. Los afiliados que a los sesenta y dos (62) a�os de edad si son hombres y cincuenta y siete (57) si son mujeres, no hayan alcanzado a generar la pensi�n m�nima de que trata el art�culo 35 de la presente Ley, y hubiesen cotizado por lo menos mil ciento cincuenta semanas (1.150), tendr�n derecho a que el Gobierno Nacional, en desarrollo del principio de solidaridad, les complete la parte que haga falta para obtener dicha pensi�n.� PAR�GRAFO.

Para efectos del c�mputo de las semanas a que se refiere el presente art�culo se tendr� en cuenta lo previsto en los par�grafos del art�culo 33 de la presente Ley.� � De lo anterior, se colige que cuando al afiliado arriba a la edad de pensi�n (57 a�os si son mujeres y 62 si son hombres) y cuenta con m�s de 1.150 semanas cotizadas o de tiempo de servicios, pero no re�ne el capital m�nimo necesario para el financiamiento de su pensi�n m�nima, en los t�rminos del art�culo 64 de la Ley 100 de 1993, podr� ser beneficiario de la garant�a de pensi�n m�nima, es decir, la Naci�n completar� la parte que le haga falta para obtener la pensi�n.�� N�tese que para obtener, bien sea la pensi�n de vejez (art. 64 L.100/93) o la garant�a de pensi�n m�nima (art. 65 L.100/93), es indispensable y apenas l�gico conocer el valor del bono pensional, el cual se obtiene con el requerimiento que efect�e el fondo pensional del afiliado a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, organismo que liquida y emite el bono, previo al agotamiento de las siguientes etapas: i) Conformaci�n de la historia laboral del afiliado, ii) Solicitud y realizaci�n de la liquidaci�n provisional, iii) Aceptaci�n por parte del afiliado de la liquidaci�n provisional, iv) Emisi�n, v) Expedici�n, vi) Redenci�n y vii) Pago del bono pensional.

(SL4305-2018)� Pensi�n Provisional de Vejez El Decreto 656 de 1994 en su art�culo 20, se�ala las obligaciones y acciones que deben llevar a cabo las Administradoras de Fondos Pensionales en los procesos de solicitud y emisi�n de bonos pensionales de los afiliados. As� determin�:� � Art�culo 20�.- Reglamentado parcialmente Decreto Nacional 13 de 2001 Corresponde a las sociedades que administren fondos de pensiones adelantar, por cuenta del afiliado, pero sin ning�n costo para �ste, las acciones y procesos de solicitud de emisi�n de bonos pensionales y de pago de los mismos cuando se cumplan los requisitos establecidos para su exigibilidad.� � Las solicitudes de emisi�n de bonos pensionales deber�n ser presentadas a la entidad previsional correspondiente dentro de los seis (6) meses inmediatamente siguientes a la vinculaci�n del afiliado que tenga derecho a dicho beneficio, y hasta tanto sean emitidos efectivamente deber�n efectuar un seguimiento trimestral al tr�mite de su emisi�n. Para estos efectos, los afiliados deber�n suministrar a las administradoras la informaci�n que sea necesaria para tramitar las solicitudes y que se encuentre a su alcance.

En todo caso, las administradoras estar�n facultadas para solicitar las certificaciones que resulten necesarias, las cuales ser�n de obligatoria expedici�n por parte de los destinatarios.� � Las solicitudes de pago de bonos pensionales deber�n ser presentadas por la administradora a la cual se haya formulado una solicitud de reconocimiento de una pensi�n de invalidez, sobrevivencia o vejez por personas que hayan cumplido la edad establecida para obtener la garant�a de pensi�n m�nima del Estado.

Trat�ndose de personas que se hayan pensionado por vejez con anterioridad a dicha edad y se hayan acogido a la modalidad de retiro programado, la solicitud de pago del bono pensional ser� presentada por la administradora que se encuentre pagando la pensi�n al momento de cumplirse todos los requisitos se�alados para la redenci�n del t�tulo.� � La solicitud de pago de un bono para atender una pensi�n de invalidez, sobrevivencia o vejez por cumplimiento de la edad para acceder a una pensi�n m�nima deber� ser presentada dentro de los veinte (20) d�as h�biles siguientes a la decisi�n de la administradora acerca del cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos para acceder a la pensi�n. Trat�ndose de personas que hayan obtenido una pensi�n de vejez con anterioridad a dicha edad, la solicitud de pago del bono deber� presentarse por la entidad que tenga a su cargo el pago de la pensi�n al momento en que el pensionado cumpla esa edad.� � En todo caso, el seguimiento del proceso de pago efectivo de los bonos pensionales se adelantar� por las entidades que tengan a su cargo el pago de la respectiva pensi�n.� � M�s adelante, en el art�culo 21 ib�dem establece que cuando las Administradoras de Fondo de Pensiones no cumplen con los deberes legales en el proceso de emisi�n del bono pensional, a modo de sanci�n deber�n reconocer una pensi�n provisional en favor del afiliado con cargo a sus propios recursos, en aquellos casos en que sea responsabilidad del fondo.

Tal norma reza:� � Art�culo 21�.- Las administradoras que incumplan el plazo establecido para pronunciarse respecto de una solicitud de pensi�n deber�n pagar, con cargo a la respectiva cuenta individual de ahorro, una pensi�n provisional en favor del afiliado, calculada tomando en consideraci�n los mismos criterios establecidos para la determinaci�n de la mesada pensional a trav�s de retiros programados.

Esta pensi�n comenzar� a reconocerse mensualmente a partir del d�a quince (15) h�bil contado desde el vencimiento del plazo se�alado para pronunciarse y deber� pagarse hasta el momento en el cual se efect�e el correspondiente pronunciamiento.� � Del mismo modo, cuando no existan recursos suficientes para atender el pago de una pensi�n por falta de presentaci�n oportuna de las solicitudes de pago de bonos pensionales, de las solicitudes de pago de las garant�as m�nimas estatales o de las solicitudes de pago de las diferencias a cargo de las compa��as aseguradoras, por razones imputables a las administradoras, �stas deber�n reconocer a los respectivos pensionados pensiones provisionales, con cargo a sus propios recursos.� � En general, corresponder� a las administradoras asumir pensiones provisionales con cargo a sus propios recursos en todos aquellos casos en los cuales el afiliado no disponga de la totalidad de las sumas a que tendr�a derecho para atender su pensi�n por falta de cumplimiento oportuno y adecuado de sus obligaciones por parte de la administradora.� � Par�grafo. - Lo dispuesto en este art�culo se entiende sin perjuicio de las dem�s sanciones personales e institucionales que puedan imponerse por el incumplimiento de las correspondientes obligaciones se�aladas en el presente cap�tulo.�(Negrilla fuera de texto) Caso Concreto Sea lo primero indicar que como aspectos por fuera de debate se encuentran los siguientes: i) la se�ora AMPARO DE LOS R�OS OSPINA naci� el 24 de mayo de 1955 y que en el a�o 2012 cumpli� los 57 a�os; ii) que seg�n el certificado del CETIL del 12 de junio de 2020, labor� en la ESE HOSPITAL SAN FELIX como empleada p�blica, ejerciendo funciones de Auxiliar �rea Salud, entre el 21 de agosto de 1980 hasta el 05 de abril de 1988 con dos interrupciones as�: entre el 21 de septiembre de 1987 hasta el 20 de octubre de 1987 y del 12 de marzo de 1988 hasta el 05 de abril de 1988 (fl.10, anexo4); iii) que seg�n el certificado del CETIL del 10 de enero de 2020, labor� en la ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA como empleada p�blica, desde el 27 de mayo de 1988 al 08 de abril de 2002 (fl. 25, anexo13); iv) que la demandante se afili� al R�gimen de Ahorro Individual el 25 de agosto de 1998 cuando suscribi� formulario de afiliaci�n con Colpatria y luego a Horizonte, qued�ndo v�lidamente afiliada a la AFP PORVENIR S.A., en virtud de la cesi�n por fusi�n. (fl.9, anexo15); v) que la demandante se afili� al R�gimen de Ahorro Individual el 25 de agosto de 1998 cuando suscribi� formulario de afiliaci�n con Colpatria y luego a Horizonte, qued�ndo v�lidamente afiliada a la AFP PORVENIR S.A., en virtud de la cesi�n por fusi�n. (fl.9, anexo15); vi) que seg�n la historia laboral, alcanz� a cotizar 1334 semanas entre ambos reg�menes y su �ltima cotizaci�n data de junio de 2022 cuando laboraba con la IPS HYL SALUD S.A.S (fl.381, anexo15); vii) que el MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO, el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCI�N SOCIAL, el DEPARTAMENTO DE CALDAS, el MUNICIPIO DE MANIZALES y el HOSPITAL RAFAEL HENAO TORO suscribieron un Contrato de Concurrencia No. 083 de 2001, (fl.28, anexo12). 1.

Bono pensional est� a cargo de la Naci�n a trav�s del DEPARTAMENTO DE CALDAS�y el MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO a) Tiempo laborado en la ESE HOSPITAL SAN F�LIX DE LA DORADA, CALDAS Para resolver el primer problema jur�dico planteado, esto es, determinar si a la ESE HOSPITAL SAN F�LIX le corresponde asumir la cuota parte del bono pensional por el tiempo laborado por la se�ora AMPARO DE LOS R�OS OSPINA entre el 21 de agosto de 1980 y el 5 de abril de 1988, sea lo primero recordar que el Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud creado por el art�culo 33 de la Ley 60 de 1993 naci� con el objeto de garantizar el pago de la deuda prestacional por concepto de cesant�as, reservas para pensiones y pensiones de jubilaci�n, causadas hasta el 31 de diciembre de 1993.�� Para ser beneficiario de dicho Fondo, el Ministerio de Salud deb�a determinar el cumplimiento de los requisitos para ello, conforme al Decreto 530 de 19942 que reglament� los art�culos 33 de la Ley 60 de 1993 y 242 de la Ley 100 de 1993.

Asimismo, se dispuso el procedimiento donde la entidad de salud deb�a allegar la relaci�n completa del personal activo, pensionado o retirado que no tenga totalmente garantizado el pago del pasivo prestacional, en un plazo de nueve (9) meses siguientes a la fecha de expedici�n de dicho decreto./ Posteriormente, los entes involucrados de cada departamento deb�an suscribir un Contrato de Concurrencia para distribuir entre la Naci�n y los Entes Territoriales el porcentaje o valores que le correspond�a asumir a cada uno y as� colaborar en la financiaci�n del pasivo prestacional de los funcionarios y exfuncionarios de las instituciones del sector de la salud./ � � La deuda prestacional de aquellos funcionarios y exfuncionarios beneficiados estar�an a cargo del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud creado por la Ley 60 de 1993, que hoy se encuentra en cabeza de la Naci�n, a trav�s del MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO y los entes territoriales, conforme lo estipulado en el art�culo 61 de la Ley 715 de 2001.

A contrario sensu, para aquellos servidores no beneficiados, la obligaci�n pensional continuar�a a cargo de las entidades hospitalarias o el empleador correspondiente, hasta tanto no se suscriban los contratos de concurrencia, seg�n lo dispuesto en el art�culo 242 de la Ley 100 de 1993.� � En el caso de marras, no queda duda de la se�ora AMPARO DE LOS R�OS OSPINA no es beneficiaria del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, ya que, analizada la certificaci�n de beneficiarios del Fondo del Pasivo Prestacional del Departamento de Caldas, expedido por el Ministerio de Salud el 11 de junio de 1999 (fl.81, anexo11), no se encontr� el nombre de la demandante dentro del listado de funcionarios beneficiados.

De modo que, el empleador omiti� reportarla como beneficiaria dentro de los t�rminos legalmente establecidos en el Decreto 530 de 19941.� � En ese sentido, recae en cabeza del empleador omiso la obligaci�n de reconocer y pagar el bono pensional por los tiempos laborados por la se�ora AMPARO DE LOS R�OS OSPINA, lo cual, en principio, ser�a la E.S.E. HOSPITAL SAN F�LIX DE LA DORADA por ser la entidad que figura como empleadora para esa �poca; sin embargo, dicha entidad hospitalaria naci� a la vida jur�dica como Empresa Social del Estado el 28 de diciembre de 1994, pues en el Certificado de Calidad de Beneficiarios del 11 de junio de 1999 se indica:� � �Hospital San Felix de la Dorada, es una instituci�n p�blica que tuvo su origen, mediante cesi�n que a t�tulo gratuito hizo la Naci�n, de los terrenos para las edificaciones, con resoluci�n No 3304 del 7 de septiembre de 1973 el Ministerio de Salud le otorg� los estatutos, posteriormente se transform� en Empresa Social del Estado con la Ordenanza Departamental No 116 del 28 de diciembre de 1994�.

(fl.84, anexo11)� � En concordancia, el art�culo 78 de la Ley 1438 de 2011 �Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones regula lo siguiente:� � ART�CULO 78./ Pasivo prestacional de las Empresas Sociales del Estado e instituciones del sector salud./ En concordancia con el art�culo 242 de la Ley 100 de 1993 y los art�culos 61, 62 y 63 de la Ley 715 de 2001, el Gobierno Nacional, a trav�s del Ministerio de Hacienda y Cr�dito p�blico y los entes territoriales departamentales firmar�n los contratos de concurrencia y cancelar�n el pasivo prestacional por concepto de cesant�as, reserva para pensiones y pensiones de jubilaci�n, vejez, invalidez y sustituciones pensionales, causadas en las instituciones del sector salud p�blicas causadas al finalizar la vigencia de 1993 con cargo a los mayores recursos del monopolio de juegos de suerte y azar y del fondo pensional que se crea en el Proyecto de Ley de Regal�as.� � PAR�GRAFO./ Conc�dase el plazo m�nimo de dos (2) a�os, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para que las entidades territoriales y los hospitales p�blicos le suministren al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico la informaci�n que le permita suscribir los convenios de concurrencia y emitan los bonos de valor constante respectivos de acuerdo a la concurrencia entre el Gobierno Nacional y el ente territorial departamental.

El incumplimiento de lo establecido en el presente art�culo ser� sancionado como falta grav�sima.� � Con esto se cumplir� con las Leyes 60 y 100 de 1993 y 715 de 2001 que viabilizan el pago de esta deuda que no es responsabilidad de las ESE, pues ellas no ten�an vida jur�dica antes de diciembre de 1993. En ese entonces eran financiados y administrados por los departamentos y el Gobierno Nacional.� (Subrayado fuera de texto)� � Basado en las normas expuestas, resulta jur�dicamente imposible endilgar la responsabilidad en el pago del bono pensional a la E.S.E. HOSPITAL SAN F�LIX DE LA DORADA por la omisi�n de la inscripci�n de la se�ora AMPARO DE LOS R�OS OSPINA como beneficiaria del contrato de concurrencia por los tiempos laborados entre 1980 y 1988, ya que el Contrato de Concurrencia No. 83 de 2001 en su OTROSI MODIFICATORIO No. 9, numeral 7, reconoce que se excluye como sujeto obligado al pago del pasivo prestacional a las Instituciones Hospitalarias tanto p�blicas como privadas, pues esa es responsabilidad exclusiva de la Naci�n y entes territoriales.

(fl.75, anexo12) Aunado a ello, antes de 1993 las Empresas Sociales del Estado no exist�an y espec�ficamente, la E.S.E. HOSPITAL SAN F�LIX DE LA DORADA surgi� el 28 de diciembre de 1994, lo cual, necesariamente obligaba al DEPARTAMENTO DE CALDAS a realizar las inscripciones de los beneficiarios porque fung�a como empleador, teniendo en cuenta que administraba los entes hospitalarios que carec�an de personer�a jur�dica y hac�an parte del Sistema Nacional de Salud.� Adem�s, el Acta No. 304 del 21 de agosto de 1980, mediante la cual la demandante se posesion� en el cargo de Auxiliar de Enfermer�a, figura el Departamento como su empleador.

(fl.43, anexo11) � Esta tesis ha sido avalada por el Consejo de Estado en su basta jurisprudencia, espec�ficamente en la sentencia del 10 de julio de 2024, rad. 11001-03-06-000-2024-00173-00 con ponencia de la Consejera Mar�a del Pilar Baham�n Falla, en dicha oportunidad dijo:� � �La misma norma concedi� un plazo de dos (2) a�os para que las entidades territoriales y los hospitales p�blicos suministraran al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico la informaci�n necesaria para suscribir los convenios de concurrencia y para emitir los bonos respectivos de acuerdo a la concurrencia entre el gobierno Nacional y el ente territorial departamental respectivo, con lo cual se entendi� viabilizado el pago de las deudas que no son de responsabilidad de las empresas sociales del Estado, pues ellas no ten�an vida jur�dica antes de diciembre de 1993.�� La disposici�n mencionada, parte del presupuesto de que, antes de 1993 exist�an hospitales que carec�an de personer�a jur�dica, lo que hace necesaria la concurrencia de la entidad territorial a la cual se encontraban adscritos, teniendo en cuenta que su administraci�n estaba a cargo de los departamentos o del gobierno Nacional.� (Negrilla fuera de texto)� � Igualmente, en la providencia del 23 de julio de 2024, rad. 11001-03-06-000-2024-00376-00 con ponencia del Consejero Oscar Dar�o Amaya Navas, explic�:� � �En el departamento de Caldas, el organismo encargado de la direcci�n a nivel seccional del Sistema Nacional de Salud fue el servicio de salud de Caldas creado mediante la suscripci�n del contrato de fecha 25 de febrero de 197551 entre el departamento de Caldas y el Ministerio de Salud P�blica, como una dependencia administrativa del departamento de Caldas, sometido al r�gimen departamental (cl�usulas primera y segunda).� � En dicho contrato se indic� que el servicio de salud de Caldas comprender�a �todos los recursos de salud existentes en el territorio de CALDAS, tales como Hospitales, Centros y Puestos de Salud, agencias de Salud de las entidades descentralizadas y dem�s Instituciones de Salud y las que establezcan en el futuro a las cuales les corresponder� ejecutar todos los planes y programas de salud de su jurisdicci�n� (cl�usula tercera).�� Es por ello que, el Hospital San Juan de Dios de Riosucio (Caldas), con la reorganizaci�n del Sistema Nacional de Salud, pas� a depender administrativamente del servicio de salud de Caldas, el que, a su vez, era una dependencia del departamento de Caldas, y el personal qued� sujeto a la situaci�n legal y reglamentaria de los empleados p�blicos.�� Por lo tanto, la Sala entiende que es dicho ente territorial el que fung�a, para la �poca en que se reclama el bono pensional (del 16 de septiembre de 1981 al 31 de diciembre de 1984), como empleador del citado se�or, y, por ende, ten�a el deber de hacer los aportes correspondientes por concepto de pensi�n de sus empleados al fondo territorial y hasta tanto los mismos fueran afiliados al Sistema General de Pensiones.� (�)� En consecuencia, cuando la Ley 100 de 1993, en su art�culo 242, inciso final, se�ala que �[l]as entidades del sector salud deber�n seguir presupuestando y pagando las cesant�as y pensiones a que est�n obligadas hasta tanto no se realice el corte de cuentas con el fondo prestacional y se establezcan para cada caso la concurrencia a que est�n obligadas las entidades territoriales en los t�rminos previstos en la Ley 60 de 1993� se debe entender que es el departamento de Caldas, a trav�s de su dependencia servicio de salud de Caldas, el que estaba prestando, para la �poca en que se reclama el bono pensional, los servicios de salud directamente y, por lo tanto, era el obligado a seguir presupuestando y pagando las pensiones.� (Negrilla fuera de texto)� � As� las cosas, para esta Corporaci�n no hay razones para apartarse de la tesis desarrollada por el Consejo, en tanto que, para la �poca del bono que se adeuda (1980 a 1988) el verdadero empleador de la demandante era el DEPARTAMENTO DE CALDAS qui�n omiti� inscribirla como beneficiaria del extinto Fondo del Pasivo Prestacional; por ende, le corresponde a asumir el bono pensional desde el 21 de agosto de 1980 al 05 de abril de 1988.�� Aqu� no sobra mencionar que esta misma Sala de Decisi�n en la sentencia del 21-08-2024, resolvi� un caso de similares contornos al presente y se decidi� revocar las condenas impuestas al Hospital San Lorenzo de Sup�a y en su lugar, condenar a la Naci�n y el Departamento de Caldas a reconocer el bono de una trabajadora que aunque no estaba inscrita como beneficiaria del pasivo prestacional, prest� sus servicios cuando el ente hospitalario carec�a de personer�a jur�dica, siendo el Departamento el empleador omiso y obligado a asumir la cuota parte que le correspond�a. Por lo anterior, se revocar� el numeral primero de la sentencia apelada que endilg� la responsabilidad del bono a cargo de la E.S.E. HOSPITAL SAN F�LIX DE LA DORADA, en su lugar, se condenar� al DEPARTAMENTO DE CALDAS para que liquide, emita y pague el bono pensional de la demandante por el tiempo laborado entre el 21 de agosto de 1980 al 05 de abril de 1988, teniendo en cuenta las interrupciones surgidas desde el 21 de septiembre de 1987 al 20 de octubre de 1987 y del 12 de marzo de 1988 al 05 de abril de 1988, tal como se expuso en el recurso de apelaci�n. b) Tiempo laborado en la E.S.E HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA � Respecto al tiempo laborado por la se�ora AMPARO DE LOS R�OS OSPINA en el HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA, entre el 27 de mayo de 1988 al 24 de agosto de 1998, se evidencia en los Formatos No. 1, 2 y 3 expedidos el 20 de febrero de 2014 que durante dicho lapso se efectuaron aportes a la extinta Caja Nacional de Previsi�n CAJANAL.

(fl.26, anexo13). Sobre el tema, el Decreto 790 de 2021 que modific� el Decreto 1833 de 2016 compilatorio, en el art�culo 2.2.16.3.8. dispuso que el bono debe reconocerlo el �ltimo empleador o entidad pagadora de pensiones, pero La Naci�n asume el pago cuando el empleador indique en el certificado laboral que cotiz� a CAJANAL y para ello, deber� aportar copia de los recibos de caja o de las n�minas que contengan el sello de la Caja.

Pues bien, para cumplir con el requisito estipulado en la norma, se evidencia que el 19 de junio de 2016 PORVENIR S.A. solicit� a la E.S.E HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA allegar los recibos de pago de los aportes efectuados a CAJANAL (fl.127, anexo36) En respuesta, la ESE requerida aport� varios recibos de caja y relaci�n de descuentos de aportes con destino a CAJANAL, durante varios meses entre el a�o 1980 al 1994 (fl. 176, 235 y 268 anexo15) sin que se evidencie prueba de los aportes a CAJANAL entre 1995 a 1998.

Por su parte, la UGPP en respuesta del 8 de febrero de 2018 indic� que una vez revisada �la documentaci�n f�sica en 24.879 folios se encontraron 138 soportes de pago realizados en los a�os 1988 al 1998. Es importante aclarar que no estamos en la posibilidad de certificar que los soportes correspondan a la se�ora AMPARO DE LOS R�OS OSPINA con C.C. 24.709.662, ya que la documentaci�n entregada registra a nombre de persona jur�dica no persona natural.

As� mismo, se informa que el archivo f�sico de planillas de autoliquidaci�n de aportes pensionales solamente se puede consultar a partir del a�o 1994 hasta el 2013, en raz�n a que esta es la documentaci�n que reposa en el custodio que tiene contratado actualmente el Ministerio de Salud y que a su vez fue entregada por la extinta Cajanal. (Negrilla fuera de texto) (fl.53, anexo15) En esa medida, para esta Corporaci�n si bien no se allegaron la totalidad de los soportes de recibo de caja en los t�rminos del Decreto 790 de 2021 modificado, no cabe duda de que CAJANAL era la encargada de reconocer la cuota parte y el bono pensional de la demandante por el tiempo laborado entre el 27 de mayo de 1988 al 24 de agosto de 1998, pues la UGPP reconoci� la existencia de 138 soportes de pago realizados por la E.S.E HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA durante ese interregno y aunque no certific� que los aportes se encontraban a nombre de la demandante, tampoco alleg� pruebas en contrario.

En virtud de lo anterior, y conforme al art�culo 121 de la Ley 100 de 1993, en la actualidad la obligaci�n de reconocer el bono pensional que se encontraba a cargo de CAJANAL se asign� a la Naci�n por medio del MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO, por tanto, este �ltimo es el competente para asumir el pago del bono adeudado. De esta manera, se despachar�n desfavorables los argumentos de la apelaci�n; sin embargo, se hace necesario adicionar el numeral segundo de la sentencia de primera instancia que acertadamente conden� al MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO a liquidar, emitir y pagar el bono pensional en favor de la actora, en el sentido de indicar que los ciclos van desde el 27 de mayo de 1988 hasta el 24 de agosto de 1998, tal como se certific� en el Formato No. 1, del 20 de febrero de 2014.

(fl.26, anexo13) Sobre la Pensi�n Provisional a cargo de PORVENIR S.A. Para resolver el tercer problema jur�dico, respecto del reconocimiento de la pensi�n provisional, esta Sala no puede pasar por alto que la demora en resolver la Litis sobre el bono pensional que incrementa la tardanza en definir el derecho pensional, recae en cabeza de la AFP PORVENIR, ya que, si bien el fondo no ten�a la facultad coercitiva para obligar a las entidades a responder por la cuota parte que les correspond�a, lo cierto es que s� ten�a la responsabilidad de adelantar todas las acciones administrativas y judiciales para solicitar, como representante de la afiliada, la emisi�n del bono pensional hasta lograr su pago, seg�n lo dispone el Decreto 656 de 1994 art�culo 20.

Al respecto, ha establecido la jurisprudencia que tal obligaci�n se traduce en el deber de las AFP de tener la informaci�n actualizada de los afiliados, a tal nivel de detalle que en cada momento que sea se�alado por la ley o los reglamentos pueda desplegar las actividades necesarias que, al final, conduzcan a que se obtenga la prestaci�n econ�mica correspondiente sin ning�n retraso o tropiezo, o que habi�ndolos, sean identificables, para que con la antelaci�n debida puedan tomarse las medidas que corresponda para la finalidad que se ha mencionado, esto es, el reconocimiento y pago del beneficio correspondiente.

(SL1020-2022)� � Este deber de actualizaci�n de la informaci�n sobre la historia laboral, permite identificar, anticipadamente, todas las inconsistencias que puedan existir en la documentaci�n del afiliado, para asimismo corregirlas seg�n los mecanismos dispuestos para ello. Tal inmediatez que se exige por parte de los fondos, debe efectuarse en los seis (6) meses siguientes a la vinculaci�n del afiliado, con la finalidad de evitar contratiempos, demoras injustas y dem�s obst�culos que se puedan presentar al final del ciclo laboral de los beneficiarios cuando est�n pr�ximos a pensionarse.� � Tanta es la necesidad de compromiso, diligencia y profesionalismo que se reclama de las Administradoras que el mentado Decreto en su art�culo 21, dispuso que �cuando no existan recursos suficientes para atender el pago de una pensi�n por falta de presentaci�n oportuna de las solicitudes de pago de bonos pensionales, de las solicitudes de pago de las garant�as m�nimas estatales o de las solicitudes de pago de las diferencias a cargo de las compa��as aseguradoras, por razones imputables a las administradoras, estas deber�n reconocer a los respectivos pensionados pensiones provisionales, con cargo a sus propios recursos.� (Negrilla fuera de texto)� Pues bien, aplicando la normativa y jurisprudencia antes expuestas, para esta Corporaci�n los argumentos de PORVENIR S.A. referentes a que present� peticiones, solicitudes y acciones de tutela encaminados a obtener el reconocimiento de la cuota parte del bono que se encontraba pendiente, no bastan para eximirse de la responsabilidad que ten�a a su cargo.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, la actora se afili� al RAIS el 25 de agosto de 1998 cuando suscribi� formulario de afiliaci�n con Colpatria y luego a Horizonte, quedando v�lidamente afiliada a la AFP PORVENIR S.A., en virtud de la cesi�n por fusi�n (fl.9, anexo15); por lo tanto, en los 6 meses siguientes el fondo deb�a adelantar todas las acciones para construir en debida forma la historia laboral, el bono y todo lo referente al futuro derecho pensional.

Empero, la AFP inici� su labor solo cuando medi� la petici�n por parte de su afiliada en el a�o 2016 cuando solicit� el reconocimiento de la pensi�n de vejez y aunque a partir de ese momento el fondo inici� todas las gestiones para obtener el bono adeudado, no cumpli� de forma eficiente sus obligaciones como administradora. Este tipo de faltas o deficiente cumplimiento en las obligaciones por parte del fondo, han sido reprochadas en m�ltiples fallos de las Altas Cortes, espec�ficamente la Corte Suprema de Justicia, que en sentencias como la SL1079 de 2023, reiter�: �Aprovecha la Sala para reiterar una vez m�s que la obligaci�n de la administradora para la reconstrucci�n de la historia laboral a efectos de materializar el llamado t�tulo de deuda p�blica, debe ser desarrollada desde el momento en que se hace efectiva la afiliaci�n a la administradora respectiva, pues conforme al art�culo 20 del Decreto 656 de 1994 les concede el t�rmino de 6 meses siguientes a la vinculaci�n, para elevar la solicitud de emisi�n, adem�s del seguimiento que, frente al mismo, deben realizar.

(CSJ SL5658-2021). (�) Se extrae de la norma en cita que la obligaci�n de las administradoras de fondos de pensiones es de medio y no de resultado; no obstante, su deber de diligencia, conforme al dise�o normativo como se anot�, es superlativo, al punto de responder aun por culpa leve; y es precisamente dicho est�ndar lo que lleva a que la falta de diligencia imponga en su cabeza la consecuencia de su actuar y, al estar reglada su actuaci�n y el salirse de los par�metros en ella establecidos, comporta la consecuencia que la misma norma establece.

Es menester que todas las administradoras de pensiones que integran el sistema pensional adec�en su actuar al marco normativo ajustando su gesti�n a los plazos establecidas en la ley y si bien el tr�mite de la garant�a implica que el bono pensional se encuentre emitido, si evidencia la causaci�n del derecho bajo la garant�a estatal, debe requerir al ente gubernamental.� (Negrilla fuera de texto) En ese sentido, para esta Corporaci�n es clara la falta de diligencia de PORVENIR S.A. que, aunque estaba en conflicto la responsabilidad de la cuota parte del bono pensional, tal circunstancia se hubiera podido identificar con antelaci�n si el fondo hubiese realizado el estudio y reconstrucci�n juiciosa de la historia laboral de la demandante dentro de los 6 meses siguientes a su afiliaci�n, sin tener que esperar a que la afiliada se encontrara dentro de la edad pensional para comenzar a compilar la informaci�n del bono. En cualquier caso, la Litis de �ndole administrativa en ning�n caso puede afectar el derecho pensional de la demandante que no est� obligada a sufrir las demoras y discusiones entre las entidades obligadas, pues equivaldr�a a permitir el detrimento del derecho fundamental en virtud de discusiones meramente administrativas.

De conformidad con lo anterior, result� acertada la decisi�n de la jueza que conden� a PORVENIR S.A. a t�tulo de sanci�n, a reconocer y pagar la pensi�n provisional de vejez a cargo de sus propios recursos, en favor de la demandante, a partir del 11 de julio de 2019, en cuant�a de un salario m�nimo y con derecho a 13 mesadas. Aqu� se aclara que, si bien la condena de la pensi�n deb�a asignarse desde el d�a siguiente de la �ltima cotizaci�n reportada en la historia laboral, esto es, 01 de julio de 2022 (fl.381, anexo15), lo cierto es que, que el fondo no apel� este asunto, por tanto, se mantendr� la fecha inicialmente estipulada por la a quo.

Ahora, en atenci�n a lo dispuesto en el art�culo 283 del CGP, se actualiza la condena por concepto de retroactivo desde el 11 de julio de 2019 hasta el 31 de marzo de 2025, c�lculo que arroja un total de $77.992.998. RETROACTIVO � A�O VALOR MESADAS No. MESADASTOTAL2019 $ 828.116 6,666 $ 5.520.221 2020 $ 877.803 13 $ 11.411.439 2021 $ 908.526 13 $ 11.810.838 2022 $ 1.000.000 13 $ 13.000.000 2023 $ 1.160.000 13 $ 15.080.000 2024 $ 1.300.000 13 $ 16.900.000 2025 $ 1.423.500 3 $ 4.270.500 TOTAL $ 77.992.998 4.

Costas de primera y segunda instancia En este punto, el apoderado de la parte demandante se duele de la condena en costas impuesta por la a quo, pues considera que al encontrarse en discusi�n la responsabilidad del bono pensional por parte de los entes demandados era necesario realizar la vinculaci�n de todos los implicados para dirimir el conflicto a trav�s del proceso ordinario laboral.

Pues bien, la condena en costas es consecuencia de las resultas del proceso donde la parte que resulta vencida es condenada a pagar dicho emolumento, al tenor del numeral 1 del art�culo 365 del C.G.P, que dispone: �se condenar� en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelaci�n, casaci�n, queja, s�plica, anulaci�n o revisi�n que haya propuesto.

Adem�s, en los casos especiales previstos en este c�digo�. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia en su Sala Laboral ha explicado que las costas se imponen en forma objetiva cuando se verifique la causaci�n de las mismas, tal como sucedi� en este caso, por lo que no es viable acudir a criterios subjetivos para determinar la exoneraci�n de la parte vencida en juicio (AL3121-2021).

Lo anterior implica, que no tienen asidero los argumentos esbozados por la apelante, ya que ninguna de esas circunstancias se constituye como una excepci�n para exoneraci�n o reducci�n de la condena impuesta. Por ende, no hay lugar a revocar la impuesta en primera instancia. No obstante, teniendo en cuenta que se revoc� la condena contra la ESE HOSPITAL SAN F�LIX y en su lugar, se asign� la responsabilidad del pago del bono a cargo del DEPARTAMENTO DE CALDAS, se hace necesario modificar el numeral octavo, para excluir de la condena en costas a la E.S.E. absuelta en esta instancia y condenar al DEPARTAMENTO DE CALDAS.

Asimismo, se modificar� la condena en costas a cargo de la parte demandante, para incluir a la ESE HOSPITAL SAN F�LIX y excluir al DEPARTAMENTO DE CALDAS. Finalmente, como no sali� avante el recurso interpuesto por PORVENIR S.A. y la parte demandante, se les condenar� en costas en esta instancia, las cuales se liquidar�n por la secretar�a del juzgado de origen.

DECISI�N DE SEGUNDA INSTANCIA Por lo expuesto, la Sala de Decisi�n Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el numeral primero de la sentencia apelada y consultada que endilg� la responsabilidad del bono pensional a cargo de la E.S.E. HOSPITAL SAN F�LIX DE LA DORADA.

SEGUNDO: CONDENAR al DEPARTAMENTO DE CALDAS para que liquide, emita y pague el bono pensional de la se�ora AMPARO DE LOS R�OS OSPINA por el tiempo laborado entre el 21 de agosto de 1980 al 05 de abril de 1988, teniendo en cuenta las interrupciones surgidas desde el 21 de septiembre de 1987 al 20 de octubre de 1987 y del 12 de marzo de 1988 al 05 de abril de 1988.

TERCERO: ADICIONAR el numeral segundo de la sentencia de primera instancia, el cual, para mayor claridad quedar� as�:

SEGUNDO: ORDENAR a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico a que proceda a realizar los tr�mites administrativos pertinentes para liquidar, emitir y pagar el bono pensional a favor de la se�ora AMPARO DE LOS R�OS OSPINA, en la cuota parte que le corresponde, esto es, los ciclos que van desde el 27 de mayo de 1988 hasta el 24 de agosto de 1998, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO: MODIFICAR el numeral octavo de la sentencia de primera instancia, el cual para mayor claridad quedar� as�:

OCTAVO: CONDENAR en costas a cargo de los demandados DEPARTAMENTO DE CALDAS, MINISTERIO DE HACIENDA Y CR�DITO P�BLICO y PORVENIR y a favor de la demandante en 60% de las causadas. Igualmente, se condenar� en costas a la demandante y favor de las demandadas E.S.E. HOSPITAL SAN F�LIX DE LA DORADA, DIRECCI�N TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS, ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA Y MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCI�N SOCIAL en un 100% de las causadas.

QUINTO: CONFIRMAR en todo lo dem�s la sentencia apelada y consultada.

SEXTO: ACTUALIZAR la condena por concepto de retroactivo desde el 11 de julio de 2019 hasta el 31 de marzo de 2025, c�lculo que arroja un total de $77.992.998, en atenci�n a lo dispue�� 2 N O P j m } ~ � � � � K N g l � � �͹��͔�s�saL8L8L8L8L&haK�haK�6�CJOJQJ\�^JaJ)haK�haK�5�6�CJOJQJ\�^JaJ#h�ShaK�6�CJOJQJ^JaJ#h�ShaK�5�CJOJQJ^JaJ haK�5�CJOJQJ^JaJ h�ShaK�CJOJQJ^JaJ&h�GS5�B*CJOJQJ^JaJph&haK�5�B*CJOJQJ^JaJph,h�ShaK�5�B*CJOJQJ^JaJph5h�ShaK�@��B*CJOJQJ^JaJnH ph�tH ��O P ~ 8 � ��[�� d�`�gd�+� �d�`�gd�GS �d�`�gdaK�d�gdaK�6�d�$d%d&d'd-DM� ��N��O��P��Q��`�gdaK�� 8: � � r � ��&*loy{�� ^��۵��x�x�dU haK�5�CJOJQJ\�aJ&haK�h�GS6�CJOJQJ\�^JaJ)h�GSh�GS6�CJOJQJ\�]�^JaJ&h�GSh�GS6�CJOJQJ\�^JaJ&h�GSh�GS5�CJOJQJ\�^JaJ h�GS6�CJOJQJ\�^JaJ)haK�haK�5�6�CJOJQJ\�^JaJ haK�6�CJOJQJ\�^JaJ&haK�haK�6�CJOJQJ\�^JaJ �� #$-/07 TUVZbcmsy��Ѻ�裖gP *>&hF@CJOJPJQJ^JaJnH $tH $&h�hCJOJPJQJ^JaJnH $tH $3h�2�h�4�CJOJPJQJ^JaJmHnHtH $u-h G�CJOJPJQJ^JaJmHnHtH $u,h�2�h�4�CJOJPJQJ^JaJnH $tH $/h�2�h�4�5�CJOJPJQJ^JaJnH $tH $0h 2 5�CJOJPJQJ^JaJmHnHtH $u6h�2�h�4�5�CJOJPJQJ^JaJmHnHtH $u0h G�5�CJOJPJQJ^JaJmHnHtH $u iklm��²��~p�~e]R]eJReBeBeRJh G�OJQJh�{sOJQJh�$Th�$TOJQJh`0�OJQJh�$Th�4�OJQJh�$Th�4�OJQJ\�^Jh�$Th�4�OJQJ^J,jh4,eh4,eOJQJUmHnHtH $u h�$Th�4�OJQJmHnHu h�$Th�4�5�OJQJ\�^Jh�$Th�{sOJQJh�4�OJQJ,h�2�h�4�CJOJPJQJ^JaJnH $tH $&h G�CJOJPJQJ^JaJnH $tH $hklst�� "7o��'��~n^~N~ h|,�5�OJQJ\�mHnHu h�h5�OJQJ\�mHnHu h 2 5�OJQJ\�mHnHu h�P�5�OJQJ\�mHnHuhGwVhGwV5�OJQJ%h�P�h�P�5�OJQJ\�mHnHu h�$Th�4�OJQJmHnHuh�P�OJQJmHnHuh G�OJQJh�hOJQJh�$ThsV�OJQJh�v�OJQJh+T�OJQJh�$Th�4�OJQJ'��6MNOV] } � � � X � � � R � � � 6 � !�!�!" 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