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El contenido total y fiel de la decisi�n debe ser verificado en la respectiva Secretar�a. PROEDIMIENTO PENAL / PRIVACI�N DE LA LIBERTAD / PRISI�N DOMICILIARIA / REQUISITOS PRISI�N DOMICILIARIA � Requisitos. � En ese sentido, debe iniciar la Sala trayendo a colaci�n el contenido del art�culo 38B C.P. que dispone los requisitos para conceder la prisi�n domiciliaria de la siguiente manera: �1.
Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena m�nima prevista en la ley sea de ocho (8) a�os de prisi�n o menos. 2. Que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso 2o del art�culo 68A de la Ley 599 de 2000.3. Que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado. En todo caso corresponde al juez de conocimiento, que imponga la medida, establecer con todos los elementos de prueba allegados a la actuaci�n la existencia o inexistencia del arraigo. 4.
Que se garantice mediante cauci�n el cumplimiento de las siguientes obligaciones: a) No cambiar de residencia sin autorizaci�n, previa del funcionario judicial; b) Que dentro del t�rmino que fije el juez sean reparados los da�os ocasionados con el delito. El pago de la indemnizaci�n debe asegurarse mediante garant�a personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la v�ctima, salvo que demuestre insolvencia; c) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello; d) Permitir la entrada a la residencia de los servidores p�blicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusi�n. Adem�s, deber� cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de la prisi�n domiciliaria y las adicionales que impusiere el Juez de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad.� REP�BLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA SALA N� 2 DE decisi�n PENAL Magistrado Ponente CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Pereira, doce (12) de marzo de dos mil veinticinco (2025) ACTA DE APROBACI�N N� 289 SEGUNDA INSTANCIA Procesado: NCMRadicado:66001600003520190204101Delito:Fabricaci�n, tr�fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municionesBien jur�dico afectado:La seguridad p�blica Procedencia:Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira con Funci�n de ConocimientoAsunto:Decide la apelaci�n interpuesta por el se�or defensor contra la sentencia condenatoria proferida el 29 de noviembre de 2024, a trav�s de la cual se neg� a NCM el sustituto de la prisi�n domiciliaria.
SE CONFIRMA.El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisi�n en los siguientes t�rminos: 1.- hechos Y ACTUACI�N PROCESAL. 1.1.- De lo plasmado en el escrito acusatorio arrimado a la actuaci�n se desprende que el 11 de septiembre de 2019, aproximadamente a las 18:50 horas, en v�a p�blica, manzana 52 casa 4 del barrio San Vicente de la comuna Villasantana de Pereira (Rda.), miembros de la Polic�a Nacional en labores de patrullaje practicaron un registro personal al se�or NCM y producto de ello, le fue hallada en su poder un arma de fuego tipo rev�lver, marca Cassidy, calibre 38 Special, n�mero interno 03407 con 4 cartuchos sin percutir en el tambor.
El se�or NCM no present� permiso de autoridad competente para portar el elemento b�lico y; una vez practicado an�lisis del artefacto se concluy� su aptitud para realizar disparos y su buen estado de conservaci�n. 1.2.- Por lo anterior, el 12 de septiembre de 2019 ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funci�n de Control de Garant�as de Pereira (Rda.) se llevaron a cabo audiencias preliminares de legalizaci�n de captura, formulaci�n de imputaci�n y medida de aseguramiento.
En escenario de imputaci�n se comunicaron cargos al se�or NCM en calidad de autor a t�tulo de dolo del delito de Fabricaci�n, tr�fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones (art. 365 C.P. verbo rector portar), los cuales no fueron objeto de aceptaci�n. No se impuso medida de aseguramiento. 1.3.- El 5 de diciembre de 2019 la Fiscal�a General de la Naci�n, a trav�s de su Delegada Once Seccional, radic� escrito de acusaci�n. El conocimiento de la actuaci�n fue asignado mediante sistema de reparto al Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, autoridad que convoc� a audiencia de Formulaci�n de acusaci�n; entre otras fechas, para el 7 de febrero de 2022, en dicho escenario la Fiscal inform� que se hab�a llegado a un preacuerdo con el se�or NCM, ante ello precis� que los t�rminos de la negociaci�n consistieron en variar conforme a una ficci�n jur�dica y �nicamente para efectos punitivos el grado de participaci�n de autor al de c�mplice y as� aplicar a la pena m�nima contemplada para el delito el descuento del 50%, ello para un monto definitivo de 54 meses de prisi�n. Se corrobor� con el acusado y el defensor los t�rminos de la negociaci�n, y como consecuencia de ello NCM acept� de manera informada, libre, consciente y voluntaria su responsabilidad penal frente a los hechos materia de investigaci�n. 1.4.- El 26 de abril de 2023 en escenario del traslado del art�culo 447 C.P.P. la Fiscal refiri� las condiciones individuales, familiares y antecedentes de todo orden de NCM e indic� que el t�pico de subrogados y sustitutos los dejaba a entera disposici�n del despacho.
En id�ntico sentido se pronunci� la representante del Ministerio P�blico, quien adem�s acot� que de considerarse por parte del Juzgado la procedencia de alg�n beneficio o subrogado no tendr�a oposici�n. A su turno, el Defensor se�al� que no contaba con alguna informaci�n diversa a las condiciones individuales y familiares expuestas por la Fiscal�a y elev� solicitud de concesi�n de prisi�n domiciliaria, para ello arguy� que se cumpl�a con los requisitos establecidos en el art�culo 38B C.P., toda vez que el delito de Fabricaci�n, tr�fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones no estaba enlistado en las exclusiones contempladas en el art�culo 68A C.P., su representado contaba con arraigo y; adicionalmente, pese a que la pena m�nima contemplada para el delito por el cual se condenaba era superior a los 8 a�os, el precedente jurisprudencial que se ten�a para el momento de ocurrencia de los hechos permit�a analizar la procedencia de subrogados y sustitutos a partir de la pena preacordada, por lo cual se deb�a aplicar una interpretaci�n arm�nica, cit� las decisiones 46.684 de 2016, SU479 de 2019, 52.227 de 2020 y la emitida en radicado 660016000035201502814 por la Sala de Decisi�n Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira del 31 de octubre de 2019 M.P. Jorge Arturo Casta�o Duque. 1.5.- El 29 de noviembre de 2024 se profiri� la correspondiente sentencia condenatoria, mediante la cual se declar� la responsabilidad penal del se�or NCM en calidad de autor a t�tulo de dolo del delito de Fabricaci�n, tr�fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones (art�culo 365 C.P. verbo rector portar); consecuente con ello, se impuso la pena principal de 54 meses de prisi�n de conformidad con el preacuerdo celebrado con la Fiscal�a y aprobado por el despacho.
De igual manera, se le conden� a la pena accesoria de Inhabilitaci�n para el ejercicio de derechos y funciones p�blicas por id�ntico t�rmino de la pena principal y a la prohibici�n de portar armas por periodo de 6 meses. No se concedieron subrogados ni el sustituto de la prisi�n domiciliaria solicitado por el defensor, ello bajo el argumento de que la aceptaci�n de cargos del se�or NCM se dio como autor del reato contenido en el art�culo 365 C.P., con las consecuencias que ello acarrea, a excepci�n del exclusivo descuento punitivo que se hizo bajo la figura de c�mplice para reducir la pena a imponer en un 50%. 2.- DEBATE. 2.1.- Sobre lo decidido manifest� su inconformidad la Defensa, quien cumpli� con la carga de sustentar en debida forma la alzada.
Los argumentos de su disenso se concretaron as�: La �nica respuesta otorgada frente a la argumentaci�n expuesta por la defensa para deprecar la concesi�n del sustituto de la prisi�n domiciliaria fue que el preacuerdo celebrado se estructur� con posterioridad al proferimiento de las sentencias SU 479 de 2019 y SP2073 de 2020, por lo cual, al no abordar tal an�lisis la totalidad de t�picos expuestos en la solicitud se configura una nulidad por violaci�n al debido proceso, ello al impedir que se presente una adecuada exposici�n de las ranzones del disenso por cuanto la motivaci�n de la sentencia es contradictoria o confusa.
Se insisti� en que, en raz�n de los principios pro homine, in favor rei y pro libertate se debi� dar aplicaci�n a la jurisprudencia vigente para la fecha de los hechos y no para la de la fecha de celebraci�n del preacuerdo, ello ante un necesario marco de favorabilidad. En virtud de ello, se solicit� la revocatoria de la sentencia de primera instancia, para en su lugar conceder la prisi�n domiciliaria o subsidiariamente acceder al decreto de nulidad elevado. 2.2.- Los sujetos no recurrentes no efectuaron pronunciamiento alguno. 2.3.- Sustentado el recurso, la a-quo lo concedi� en el efecto suspensivo y dispuso la remisi�n de los registros ante esta Corporaci�n con el fin de desatar la alzada. 3.- Para resolver, SE CONSIDERA. 3.1.- Competencia. La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y funcional a voces de los art�culos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 modificado este �ltimo por el art�culo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido oportunamente interpuesto y debidamente sustentado el recurso de apelaci�n contra la sentencia condenatoria que neg� el sustituto de prisi�n domiciliaria, por parte de la defensa. 3.2.- Problema jur�dico a resolver Se contrae b�sicamente a establecer si la determinaci�n adoptada por la juez de instancia relativa a negar la concesi�n del sustituto de la prisi�n domiciliaria cont� con motivaci�n y; de ser as�, verificar si esta se encuentra ajustada a derecho. 3.3.- Soluci�n a la controversia Aunque fue formulada de manera subsidiaria, se anuncia que de entrada se estudiar� la solicitud de nulidad elevada por la defensa, ello por cuanto de ser la misma procedente resultar�a inocuo cualquier an�lisis y orden emitida frente al t�pico del sustituto de prisi�n domiciliaria, pues la nulidad implicar�a un retroceso en las fases de la actuaci�n. 3.3.1 Del decreto de nulidad por falta de motivaci�n. En el caso espec�fico, se observa que la inconformidad planteada por la recurrente se enmarca de manera precisa en el escenario de la falta de motivaci�n de la sentencia, empero exclusivamente en cuanto a la argumentaci�n ofertada para negar la concesi�n del sustituto de la prisi�n domiciliaria.
Se inicia por indicar que, la adecuada motivaci�n de un prove�do es lo que permite que se pueda ejercer un control objetivo por parte del superior funcional de quien emite la decisi�n y por los sujetos procesales. La motivaci�n se encuentra intr�nsecamente ligada al derecho constitucional a un debido proceso, pues al conocerse las razones que fundamentaron la toma de una decisi�n se garantiza que quien presente inconformidad pueda ejercer debidamente su derecho de contradicci�n y defensa.
La Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia ha establecido la existencia de diversas modalidades a trav�s de las cuales se recae en el incumplimiento del deber de motivaci�n, estas son la ausencia absoluta de motivaci�n; la motivaci�n incompleta o deficiente; la motivaci�n equ�voca, ambigua, dil�gica o ambivalente y la motivaci�n sof�stica, aparente o falsa; empero, en sentencia SP1783 de 2018 precis� que �solo la carencia total de motivaci�n, la ausencia de decisi�n sobre un problema jur�dico fundamental para la resoluci�n del caso o la motivaci�n ambivalente, conducen a la nulidad de la decisi�n� Derivado de lo anterior, una vez observado el prove�do de primer nivel, se tiene que registra en numeral 9.2. el apartado denominado �Prisi�n domiciliaria�, en �l se avizora que la a-quo trajo a colaci�n el precepto legal que regula la materia y el contenido de este, para lo cual relacion� cada uno de los requisitos que exige la ley para la procedencia del mecanismo sustitutivo.
Acto seguido, de manera concisa la juez rese�� los argumentos que expuso el defensor para sustentar su solicitud, para lo cual incluso refiri� las decisiones por �l citadas. Prosigui� la funcionaria con la exposici�n de los t�rminos del preacuerdo que fue aprobado por el despacho y que dio pie a la emisi�n de la correspondiente sentencia y; seguidamente, expuso que en la negociaci�n nada se hab�a pactado respecto de concesi�n de subrogados penales, pues de haber sido as�, era altamente probable que se hubiera improbado lo acordado porque ello representar�a la concesi�n de un doble beneficio.
Sumado a ello, se plante� en ese marco de estudio de subrogados y beneficios que el acuerdo al que se lleg� por parte de Fiscal�a y procesado se estructur� con marcada posterioridad al proferimiento de las sentencias SU479 de 2019 y SP2073 de 2020. Para finalizar, hizo alusi�n al contenido de la SP359 de 2022 con ponencia de los H. Magistrados Gerson Chaverra Castro y Jos� Francisco Acu�a Vizcaya, para precisar que el acuerdo pactado �nicamente ten�a como efecto el habilitar la aplicaci�n de la pena contemplada para el c�mplice, pero no implic� de manera alguna la alteraci�n de la base f�ctica, ni la calificaci�n jur�dica de la conducta, por tanto la a-quo coligi� que �la declaraci�n de responsabilidad del procesado se produjo a t�tulo de autor como se encuentra acreditado en la situaci�n f�ctica y e (sic) los elementos materiales probatorio (sic) aportados por la fiscal�a, por lo tanto, para todos los efectos diferentes a la pena de prisi�n, entre ellos la sustituci�n de la prisi�n intramural por la domiciliaria, debe aplicarse la pena correspondiente a la del autor.� Para culminar, expuso insatisfechos los requisitos para conceder el beneficio reclamado, toda vez que la pena m�nima contemplada para el delito del art�culo 365 C.P. era de 9 a�os de prisi�n, monto que superaba el de 8 a�os que indica la norma.
Del anterior an�lisis, estima la Sala que no hay lugar a predicar la carencia total de motivaci�n o la ausencia de decisi�n frente al problema jur�dico que se plante�, pues claro est� la a-quo abord� -tal vez de manera sucinta, pero no nula- el t�pico del beneficio solicitado, refiri� el soporte legal de su decisi�n y trajo a colaci�n el sustento jurisprudencial que aplic� al asunto, con lo que a su vez sent� la base para inaplicar el precedente referido por la defensa, fue clara en su argumento principal relativo a que la postura que se deb�a aplicar era la vigente para el momento de celebraci�n del acuerdo, por lo cual no era posible armonizar el panorama con decisiones precedentes.
En virtud de lo dicho, no hay lugar a imprimir validez a la argumentaci�n ofertada por la defensa en torno a obtener una declaratoria de nulidad de la decisi�n por ausencia de motivaci�n y; por ende, se despacha desfavorablemente el pedimento. 3.3.2. De la prisi�n domiciliaria Ahora bien, se pasar� a establecer si la decisi�n de negar el sustituto result� o no acertada conforme con las regulaciones existentes en la materia y el soporte probatorio allegado a la actuaci�n. En ese sentido, debe iniciar la Sala trayendo a colaci�n el contenido del art�culo 38B C.P. que dispone los requisitos para conceder la prisi�n domiciliaria de la siguiente manera: �1.
Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena m�nima prevista en la ley sea de ocho (8) a�os de prisi�n o menos. 2. Que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso 2o del art�culo 68A de la Ley 599 de 2000.3. Que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado. En todo caso corresponde al juez de conocimiento, que imponga la medida, establecer con todos los elementos de prueba allegados a la actuaci�n la existencia o inexistencia del arraigo. 4.
Que se garantice mediante cauci�n el cumplimiento de las siguientes obligaciones: a) No cambiar de residencia sin autorizaci�n, previa del funcionario judicial; b) Que dentro del t�rmino que fije el juez sean reparados los da�os ocasionados con el delito. El pago de la indemnizaci�n debe asegurarse mediante garant�a personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la v�ctima, salvo que demuestre insolvencia; c) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello; d) Permitir la entrada a la residencia de los servidores p�blicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusi�n. Adem�s, deber� cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de la prisi�n domiciliaria y las adicionales que impusiere el Juez de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad.� Enmarcado lo anterior al caso concreto, se tiene que no hay discusi�n -as� incluso lo indic� el defensor- en que el delito de Fabricaci�n, tr�fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, por el cual se conden� al se�or NCM, no se encuentra enlistado en las exclusiones de los beneficios y subrogados penales que plantea el art�culo 68A C.P. Tampoco se desvirt�a que a trav�s de la informaci�n aportada por la Fiscal�a y el informe de arraigo allegado por la defensa qued� debidamente acreditado que el sentenciado goza de arraigo familiar y social, aunado a que mostr� marcado inter�s en permanecer atento al avance del proceso para lo cual realiz� conexi�n a las audiencias programadas.
La verdadera discusi�n del asunto se da en torno al primero de los requisitos enlistados en la norma, el cual desde una vista inicial no se cumple, ello debido a que la pena m�nima de prisi�n prevista en el art�culo 365 asciende a los 9 a�os y el monto que exige la norma para que sea procedente el sustituto es que sea de 8 a�os de prisi�n o menos; no obstante, el defensor plante� que en el asunto se deb�a armonizar la aplicaci�n de la jurisprudencia proferida en la materia, ello con la finalidad de dejar a un lado la postura que estaba fijada para la fecha de presentaci�n del preacuerdo; es decir, que para determinar la procedencia de subrogados y sustitutos se deb�a tener en cuenta la pena fijada en la ley -9 a�os de prisi�n- y; en su lugar, dar aplicabilidad a la l�nea vigente para el momento de comisi�n de los hechos investigados, esto es, analizar la procedencia del sustituto a partir de la pena objeto del acuerdo -54 meses-.
Frente a lo anterior, se iniciar� por decir que constatado el registro de audio y video de la diligencia llevada a cabo el 7 de febrero de 2022 en la cual se present� el preacuerdo estructurado entre Fiscal�a y sentenciado, los t�rminos se verbalizaron de mantera puntual por parte de la delegada del ente acusador as� -r�cord 05:25-: ��l acepta de manera libre, consciente y voluntaria el cargo por la conducta punible de Fabricaci�n, tr�fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones bajo el verbo rector portar, en calidad de autor y a t�tulo de dolo y; en consecuencia, la Fiscal�a se compromete ante usted se�or Juez a solicitarle que en virtud del presente preacuerdo y teniendo en cuenta que existe un m�nimo probatorio, que se est� cumpliendo con el principio de legalidad y que no se est�n vulnerando derechos ni garant�as fundamentales, tipificar la conducta en el delito consagrado en el art�culo 365, Fabricaci�n, tr�fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; degradando la conducta solo para efectos punitivos de autor a c�mplice, lo que conllevar�a una rebaja del 50% de la pena a imponer, quedando en virtud del presente preacuerdo con una pena de 54 meses de prisi�n. Estos ser�an los �nicos aspectos del preacuerdo, no se estar�a violando el principio de legalidad porque ello corresponde a la situaci�n f�ctica que le fue imputada y del delito establecido en la norma penal� Acto seguido, en cumplimiento del deber de verificaci�n de una aceptaci�n de cargos colmada de conocimiento, consciencia y voluntad por parte del imputado, el se�or juez a-quo, intervino as�: �(�) a usted se le hall� un arma de fuego sin salvoconducto y por ese motivo entonces fue imputado de la conducta de Fabricaci�n, tr�fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones bajo el verbo rector portar.
Ahora, manifiesta la Fiscal�a que como parte basilar de este preacuerdo la Fiscal�a degradar�a la participaci�n que usted tuvo en estos hechos y responder�a para efectos pues punitivos como c�mplice, con la pena del c�mplice o con una rebaja del 50% de la pena, que quedar�a entonces su pena en 54 meses de prisi�n, atendiendo pues que la pena para este delito es de 9 a�os o 108 meses de prisi�n, la pena que habr�a de aplic�rsele a usted ser�a de 54 meses de prisi�n como pena principal.
La pregunta en consecuencia que le hago es si usted despu�s de escuchar los t�rminos de este preacuerdo est� en disposici�n de aceptarlo y si lo hace pues que nos diga si es de manera libre, consciente y voluntaria, asesorado y asistido por su abogado defensor� La respuesta otorgada por el se�or NCM fue �acepto el acuerdo�. Una vez m�s el Juez le consult� que si era consciente de que iba a ser condenado a una pena de 54 meses de prisi�n, ante lo cual indic� �si se�or estoy consciente de eso, pero que m�s se va a hacer�.
Se recalca en este punto que en la intervenci�n realizada por el se�or defensor aquel hizo hincapi� en que, la �nica contraprestaci�n ofrecida por la aceptaci�n de cargos era la �degradaci�n ficta o abstracta de su condici�n solo para efectos punitivos de autor a c�mplice� Claro lo anterior, se tiene que el �nico hecho cierto e indiscutible para la fecha de estructuraci�n de los hechos objeto de juzgamiento era que se dar�a la vinculaci�n del se�or NCM al proceso penal, situaci�n que, en efecto, se materializ� el 12 de septiembre de 2019 mediante el acto de comunicaci�n de formulaci�n de imputaci�n, no obstante, la suscripci�n de un preacuerdo entre �l y la Fiscal�a General de la Naci�n era solo una posibilidad, un hecho futuro o incierto, la cual �nicamente se estructur� ante la judicatura hasta el 7 de febrero de 2022.
Para la �ltima de las fechas enunciadas, es decir, la de presentaci�n del preacuerdo, resulta di�fano que ya exist�a una l�nea jurisprudencial consistente y redundante por parte de la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que: �la alusi�n a normas penales favorables al procesado, que no corresponden a la hip�tesis factual aceptada, tiene como �nica finalidad establecer el monto de la rebaja.
As�, por ejemplo, las partes aceptan que quien ontol�gicamente es autor sea condenado como tal, pero se le atribuya la pena que le corresponder�a si fuera c�mplice. Asimismo, y tambi�n a manera de ilustraci�n, no se pretende que el juez incluya en la calificaci�n jur�dica la circunstancia de menor punibilidad prevista en el art�culo 56, sino que rebaje la pena en la proporci�n que corresponder�a si la misma se hubiera demostrado.
(�) En s�ntesis: (i) en esta modalidad de acuerdo no se pretende que el juez, al emitir la condena, le imprima a los hechos aceptados una calificaci�n jur�dica que no corresponde, lo que elimina cualquier debate acerca de la correspondencia entre los hechos jur�dicamente relevantes y la norma penal aplicada; (ii) ello la diferencia de la modalidad de acuerdo analizada en el ac�pite anterior;
(iii) la alusi�n a normas penales que no corresponden tiene como �nica finalidad establecer el monto de la rebaja; (iv) bajo esta variante, el debate no se centra en la correspondencia entre los hechos y su calificaci�n jur�dica, sino en el monto del beneficio que finalmente se otorga a trav�s de la alusi�n a las consecuencias punitivas previstas en normas penales que no se avienen a los hechos aceptados por las partes;
(v) por tanto, su viabilidad legal solo podr�a verse afectada ante concesiones desproporcionadas, sin perjuicio de la trasgresi�n de los derechos del procesado o de otras formas de violaci�n de los derechos de las v�ctimas; y (vi) el acuerdo debe ser suficientemente claro, para evitar debates innecesarios sobre sus t�rminos, la concesi�n de subrogados, etc�tera.� Negritas fuera del texto original.
Si se acompasa el contexto descrito en la audiencia de verificaci�n de preacuerdo con la jurisprudencia reproducida, refulge di�fano que las intervenciones del Juez, la Fiscal y el Defensor fueron sumamente claras en indicar que la aceptaci�n realizada por el se�or NCM se configur� en calidad de autor del delito de Fabricaci�n, tr�fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y que, la variaci�n a c�mplice oper� de manera ficta �nicamente a efectos de habilitar la posibilidad de reducir el monto de la pena, todo ello, con respeto de la situaci�n f�ctica que le fue imputada, por lo cual no se puede concluir algo distinto a que para efectos o consecuencias distintas a la pena, entre ellos, lo atinente a sustitutos y subrogados, se deb�a analizar las normas y pronunciamientos pertinentes a partir de las condiciones de la imputaci�n original m�s no de la surgida a ra�z del preacuerdo, siendo evidente que para el caso concreto, la pena natural para el autor del delito contemplado en el art�culo 365 no resulta ser otra que la de 9 a 12 a�os de prisi�n. Con lo indicado cae al vaci� la hip�tesis planteada por la Defensa referente a que �si NCM fue vinculado procesalmente en la imputacion (sic) el 12 de septiembre de 2019 que (sic) hubiese sucedido si en la imputaci�n de cargos se hubiera hecho una imputaci�n preacordada y el (sic) hubiera dicho si yo acepto hagamos una imputacion (sic) preacordada de autor a c�mplice.
Si el tema es de fechas, se hubiera tenido que haber respetado la jurisprudencia vigente en esa fecha y en la IPS y en el fallo se le hubiera reconocido la prisi�n domiciliara.� La situaci�n planteada dista de la acontecida, pues claro est� y como ya se indic�, la aplicaci�n de la l�nea jurisprudencial se acompas� con el momento de ocurrencia del hecho que motiva su empleo, por lo cual es evidente que de haberse estructurado una aceptaci�n de cargos al momento de la formulaci�n de imputaci�n muy seguramente se hubiese aplicado la postura vigente para tal fecha, pero al decidir con total autonom�a el se�or NCM aceptar cargos pasados m�s de dos a�os desde la fecha de su imputaci�n � con ello se resalta que no fue una diferencia de escasos d�as-, es ese momento y no otro, el cual dio origen a un hecho que se deb�a tratar conforme con la jurisprudencia preexistente al respecto, porque no constitu�a una situaci�n ajena a la voluntad del imputado, �l en pleno uso de sus derechos decidi� el momento procesal en que quer�a materializar su allanamiento a cargos y con ello consinti� las consecuencias que el escenario procesal traer�a, sin pasarse por alto como ya se dijo, que el t�rmino que hab�a transcurrido entre la imputaci�n, la variaci�n jurisprudencial y la aceptaci�n de cargos era evidentemente excesivo.
Por todo lo anterior, considera la Sala, que fue acertada la conclusi�n a la que arrib� la funcionaria de primer nivel, en el sentido de que el presente caso no colma las exigencias legales para que el sentenciado acceda al sustituto de la prisi�n domiciliaria. En ese orden, se confirmar� la providencia objeto de alzada. En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), Sala N� 2 de Decisi�n Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo condenatorio proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira (Rda.) con Funci�n de Conocimiento, en contra del ciudadano NCM, por el delito de Fabricaci�n, tr�fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y que a la vez le neg� la prisi�n domiciliaria.
La presente sentencia se notificar� por estrados y contra la misma procede el recurso extraordinario de casaci�n que podr�n interponer los interesados dentro de los t�rminos de ley. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Magistrado Con firma electr�nica al final del documento JULI�N RIVERA LOAIZA Magistrado Con firma electr�nica al final del documento MANUEL YARZAGARAY BANDERA Magistrado Con firma electr�nica al final del documento FABRICACI�N, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO RADICACI�N: 660016000035 2019 02041 01 PROCESADO: NMC SE CONFIRMA S.N�011 p�g. 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Car*5�CJOJPJQJ\�^JaJmH sH tH Z�/���Z Q9�� T�tulo 4 Car*5�CJ OJPJQJ\�^JaJ mH sH tH `�/���` Q9�� T�tulo 5 Car05�6�CJOJPJQJ\�]�^JaJmH sH tH ,X ���, �J8@�nfasis6�]�^�/���^ ?x�Default O7$8$H$)B*CJOJQJ_HaJmH $phsH $tH $Vv!��V ?x�0Menci�n sin resolverB*ph`^\q� ������� %W0�4_G Char,Appel note de bas de page Char,Appel note de bas de page Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char,Appel note de bas de page Char Char Char CharQd� CJH*OJPJQJmH $sH $tH $p�"p � � P�rrafo de listaRd��^��a$m$ CJOJPJQJaJmH $sH $tH �/��1 U�b_ajPPBP Ux�0Texto independiente 2 Td��xf�/��Qf Tx�0Texto independiente 2 Car CJOJPJQJmH sH tH 2��a2 ST normaltextrun\�r\ DL Profesi�nWdh�na$5�CJ OJQJmH $sH $tH �/��� 5[�i_aj~���~ n�pTabla con cuadr�cula7:VY�0������YPK!���� [Content_Types].xml���N�0E�H���-J��@%�ǎǢ|�ș$�ز�U��L�TB� l,�3��;�r� �Ø��J��B+$�G]��7O٭V�� G���R���U1�a$�N�%� ��ʣꂣKЛ�j�VkUDR�KQjg �-��x�$s��۪ S�#�B �)�*�8�1���B��R�] 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