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El contenido total y fiel de la decisi�n debe ser verificado en la respectiva Secretar�a. PENSIONES / AFILIACI�N / TRASLADO DE R�GIMEN PENSIONAL / DEBER DE INFORMACI�N / INEFICACIA DE LA AFILIACI�N. DEBER DE INFORMACI�N � Su transgresi�n se estudia bajo la instituci�n de la ineficacia. � en sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL 31314, 9 sep. 2008, CSJ SL 33083, 22 nov. 2011, CSJ SL12136-2014, CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL452-2019, CSJ SL1688-2019 y SL1689- 2019, esta Sala ha determinado de manera pac�fica que la reacci�n del ordenamiento jur�dico -art�culos 271 y 272 de la Ley 100 de 1993- a la afiliaci�n desinformada es la ineficacia, o la exclusi�n de todo efecto jur�dico del acto de traslado.�Por este motivo, el examen del acto del cambio de r�gimen pensional, por transgresi�n del deber de informaci�n, tiene que abordarse desde la instituci�n de la ineficacia en sentido estricto�y no desde el r�gimen de las nulidades sustanciales.�� PRECEDENTE CONSTITUCIONAL � Consecuencias de la declaratoria de ineficacia de traslado. � la Sala Plena de la Corte Constitucional adopt� como regla de decisi�n, la concerniente a que �(iii) en los casos en los que se declare la ineficacia del traslado solo es posible ordenar el traslado de los recursos disponibles en la cuenta de ahorro individual, rendimientos y el bono pensional si ha sido efectivamente pagado, sin que sea factible ordenar el traslado de los valores pagados por las distintas primas, gastos de administraci�n y porcentaje del fondo de garant�a de pensi�n m�nima ni menos dichos valores de forma indexada (supra 298 y ss)�.
INEFICACIA DE TRASLADOS DE LOS AFILIADOS DEL RPM AL RAIS � Reglas de valoraci�n probatoria. � en los procesos en los cuales se pretenda declarar la ineficacia de un traslado de un afiliado del RPM al RAIS deben tenerse en cuenta, de manera exclusiva, las reglas contenidas en la Constituci�n Pol�tica, en el C�digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y en el C�digo General del Proceso.
En tal virtud, conforme a ellas, al juez corresponder�, seguir cuando menos las siguientes directrices: (1) Decretar, practicar y valorar en igualdad todas las pruebas que soliciten las partes que sean necesarias, pertinentes y conducentes para demostrar los hechos que sirven de causa a las pretensiones o las excepciones. (2) Procurar, de manera oficiosa, la obtenci�n de pruebas acudiendo a las enlistadas en el C�digo General del Proceso, tales como �(�) la declaraci�n de parte, la confesi�n, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspecci�n judicial, los documentos, los indicios, los informes�, y las dem�s que considere necesarias, pertinentes y conducentes.
(3) Valorar las pruebas decretadas y debidamente practicadas con su inmediaci�n, de manera individual y en su conjunto con las dem�s, luego de lo cual puede determinar el grado de convicci�n que aquellas ofrecen sobre lo ocurrido. (4) Acudir a la prueba indiciaria si lo estima necesario, en los t�rminos de los art�culos 176 y 242 del CGP.
(5) Invertir la carga de la prueba cuando, analizando el caso concreto y la posici�n de las partes, est� ante un demandante que se encuentra en la imposibilidad de demostrar sus dichos, y en un proceso donde no haya sido posible desentra�ar por completo la verdad a pesar de los esfuerzos oficiosos. � TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL� SALA DE DECISI�N LABORAL MAGISTRADO PONENTE: JULIO C�SAR SALAZAR MU�OZ�� PEREIRA,�SEIS DE�MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO Acta de Sala de Discusi�n No 31 de 3 de marzo de 2025� � SENTENCIA ESCRITA� � Se resuelve el recurso de apelaci�n interpuesto por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 30 de octubre de 2024, as� como el grado jurisdiccional de consulta dispuesto a favor de COLPENSIONES, dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia que promueve la se�ora SOF�A GALVIS COBO y en el que tambi�n esta demandado el fondo privado de pensiones PORVENIR S.A., cuya radicaci�n corresponde al N�66001310500420240009001.
AUTO Por medio de memoriales allegados el 23 de enero de 2025 y el 24 de febrero de 2025 -archivos 10 y 13 carpeta primera instancia- las apoderadas judiciales de la Administradora Colombiana de Pensiones y del fondo privado de pensiones Porvenir S.A. solicitan la terminaci�n del proceso y su posterior archivo, argumentando que en el caso de la se�ora Sof�a Galvis Cobo se dan los presupuestos previstos en el art�culo 76 de la Ley 2381 de 2024 -reforma pensional- para que pueda trasladarse del RAIS al RPMPD, esto es, regresar a la Administradora Colombiana de Pensiones, dentro de los dos a�os siguientes a la promulgaci�n de la Ley.
En ese sentido, en el Cap�tulo I del T�tulo �nico de la Secci�n Quinta del C�digo General del Proceso se establecen las reglas para la terminaci�n anormal del proceso, determin�ndose concretamente en su art�culo 312 que ello opera cuando se presenta una transacci�n entre las partes implicadas en el litigio -demandante y demandado-; situaci�n que no se presenta en este asunto, pues con la solicitud elevada por la Administradora Colombiana de Pensiones no se ha allegado transacci�n realizada con la se�ora Sof�a Galvis Cobo en la que se zanjen parcial o totalmente los problemas jur�dicos que se debaten en la litis, que entre otras cosas, no corresponde a la cuesti�n que se pretende abordar con esa petici�n, ya que en el presente asunto se debate la ineficacia del acto jur�dico que signific� el cambio de r�gimen pensional de la demandante, m�s no la posibilidad legal de ejecutar un nuevo traslado entre reg�menes pensionales, razones m�s que suficientes para negar la solicitud elevada por la Administradora Colombiana de Pensiones, siendo pertinente agregar, que tampoco se dan los presupuestos del art�culo 314 del CGP -Desistimiento de las pretensiones-, pues claramente no es la parte activa de la acci�n quien solicita la terminaci�n del proceso bajo los par�metros all� establecidos, ni tampoco se da alguna de las condiciones previstas en el art�culo 316 de ese compendio normativo -Desistimiento de ciertos actos procesales-, ya que Colpensiones a trav�s de su apoderada judicial no est� desistiendo del recurso de apelaci�n formulado en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 30 de octubre de 2024.
En el anterior orden de ideas, como ya se advirti�, se niega la solicitud presentada por la Administradora Colombiana de Pensiones. CUESTI�N PRELIMINAR� � En atenci�n a que la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU107-2024, luego de analizar las acciones de ineficacia de los traslados del r�gimen de prima media con prestaci�n definida al r�gimen de ahorro individual con solidaridad, decidi�, con efectos �inter pares�, modular el precedente de la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en varios aspectos -valoraci�n probatoria y consecuencias pr�cticas de la declaratoria de ineficacia-, ratificando que la acci�n que debe incoarse en ese tipo de asuntos es precisamente la de ineficacia del acto jur�dico que signific� el traslado entre reg�menes pensionales; lo que implica la aplicaci�n estricta de esa l�nea de pensamiento.� ANTECEDENTES Pretende la se�ora Sof�a Galvis Cobo que la justicia laboral acceda a la ineficacia de la afiliaci�n efectuada al r�gimen de ahorro individual con solidaridad y consecuencialmente que se declare v�lida y vigente la afiliaci�n primigenia efectuada al r�gimen de prima media con prestaci�n definida.
Con base en esas declaraciones aspira que se condene al fondo privado de pensiones Porvenir S.A. a girar la totalidad de los dineros a que haya lugar a la Administradora Colombiana de Pensiones, adem�s de las costas procesales. Refiere que: Se afili� al r�gimen de prima media con prestaci�n definida en el mes de agosto del a�o 1986, en donde realiz� cotizaciones interrumpidas hasta antes del 22 de agosto de 2006, fecha en la que suscribi� el formulario de vinculaci�n con el que se produjo su traslado al r�gimen de ahorro individual con solidaridad por medio del fondo privado de pensiones Porvenir S.A.; antes de firmar ese documento, el asesor comercial con el que se ejecut� ese acto jur�dico no le suministr� la totalidad de la informaci�n que deb�a ponerle de presente, vici�ndose de esa manera su consentimiento; el 22 de marzo de 2024 elev� solicitud de ineficacia del traslado ante Colpensiones, petici�n que fue negada en comunicaci�n 2024_5518452 de ese mismo d�a, argument�ndose que ella no pod�a volver al RPMPD por estar inmersa en la prohibici�n legal establecida en el literal e) del art�culo 13 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art�culo 2 de la Ley 797 de 2003.
La demanda fue admitida en auto de 19 de junio de 2024 -archivo 6 carpeta primera instancia-. La Administradora Colombiana de Pensiones contest� la acci�n -archivo 8 carpeta primera instancia- oponi�ndose a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que el acto jur�dico por medio del cual la se�ora Sof�a Galvis Cobo se traslad� del r�gimen de prima media con prestaci�n definida al de ahorro individual con solidaridad en el a�o 2006 tiene plena validez y eficacia, ya que no se evidencia que el fondo privado de pensiones Porvenir S.A. haya incumplido con las obligaciones que le incumb�an para ese momento, ni mucho menos que haya ejecutado actos tendientes a enga�ar a la afiliada, pues por el contrario, lo que se advierte es que ese acto jur�dico se hizo bajo la plena autonom�a y libertad de escogencia con la que contaba la demandante; agregando que, en todo caso la demandante se encuentra inmersa en la prohibici�n establecida en el literal e) del art�culo 13 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art�culo 2� de la Ley 797 de 2003.
Formul� como excepciones de m�rito las que denomin� �Ausencia de los requisitos exigidos por la Ley para obtener la ineficacia del traslado de r�gimen y el reconocimiento de la pensi�n�, �Inexistencia de la obligaci�n y cobro de lo no debido�, �Carencia probatoria�, �Prescripci�n gen�rica�, �Buena fe� y �Gen�rica�. El fondo privado de pensiones Porvenir S.A. respondi� la demanda -archivo 9 carpeta primera instancia- aceptando que la se�ora Sof�a Galvis Cobo se traslad� del r�gimen de prima media con prestaci�n definida al de ahorro individual con solidaridad el 22 de agosto de 2006 a trav�s de esa administradora pensional, pero aclarando que dicha entidad cumpli� con todas las exigencias legales de la �poca, raz�n por la que ese acto jur�dico es eficaz; pero, en el caso hipot�tico que se acceda a la ineficacia del traslado, conforme con lo definido por la Corte Constitucional en la sentencia SU107-2024, no resulta procedente que se emita condena en su contra por concepto de restituci�n de gastos o cuotas de administraci�n, primas de los seguros previsionales y porcentaje destinado a financiar la garant�a de pensi�n m�nima.
Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y plante� como excepciones de fondo las que denomin� �Ausencia de requisitos legales para que se declare la nulidad o ineficacia del traslado�, �Imposibilidad de reintegrar gastos de administraci�n por estricta aplicaci�n de la sentencia SU107 de 2024�, �Buena fe�, �Aceptaci�n t�cita de las condiciones del RAIS�, �Prescripci�n� e �Innominada o gen�rica�.
En sentencia de 30 de octubre de 2024, la funcionaria de primera instancia, aplicando en su integridad la jurisprudencia vigente que sobre el tema ha emitido la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en concordancia con lo determinado por la Corte Constitucional en la sentencia SU107-2024, concluy�, despu�s de analizar las pruebas allegadas al proceso, que el fondo privado de pensiones Porvenir S.A. no demostr� haberle brindado a la se�ora Sofia Galvis Cobo la informaci�n necesaria que deb�a suministrarle antes de que suscribiera el formulario de afiliaci�n con el que se surti� su traslado del r�gimen de prima media con prestaci�n definida al r�gimen de ahorro individual con solidaridad, raz�n por la que accedi� a la ineficacia del traslado al RAIS ejecutado el 22 de agosto de 2006, declarando posteriormente v�lida y vigente la afiliaci�n primigenia efectuada al r�gimen de prima media con prestaci�n definida administrado actualmente por Colpensiones.
Como consecuencia de esas declaraciones y aplicando la regla de decisi�n definida por la Corte Constitucional en la sentencia SU107-2024, conden� al fondo privado de pensiones Porvenir S.A. a restituir a la Administradora Colombiana de Pensiones el saldo acumulado en la cuenta de ahorro individual, relativo a las cotizaciones o aportes realizados al sistema general de pensiones junto con sus rendimientos e intereses financieros; orden�ndole a continuaci�n que, al momento de cumplir con esa condena, realice una discriminaci�n de los valores y los conceptos que se restituyen, los respectivos ciclos de cotizaci�n, as� como el IBC y en general, toda la informaci�n relevante que los justifique.
Al no haberse generado un bono pensional tipo A en favor de la demandante con el fallido traslado del RPMPD al RAIS, dado que ella tan solo ten�a cotizadas 106,1 semanas en el Instituto de Seguros Sociales antes del 22 de agosto de 2006, determin� que no hab�a lugar a emitir ninguna orden en ese sentido. Finalmente, conden� a la AFP Porvenir S.A. en costas procesales en un 100%, en favor de la parte actora.
Inconforme con la decisi�n, la apoderada judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones interpuso recurso de apelaci�n sosteniendo que en este tipo de casos en los que se declara la ineficacia del traslado del RPMPD al RAIS no solamente se debe condenar al respectivo fondo privado de pensiones a restituir el saldo existente en la cuenta de ahorro individual junto con sus intereses y rendimientos financieros, sino tambi�n a que restituyan a la Administradora Colombiana de Pensiones los dineros correspondientes a las cuotas o gastos de administraci�n, primas de los seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes y porcentaje destinado a financiar la garant�a de pensi�n m�nima, debidamente indexados, dado que con ello lo que se procura es la sostenibilidad financiera del sistema.
Al haber resultado afectados los intereses de la Administradora Colombiana de Pensiones, se dispuso tambi�n el grado jurisdiccional de consulta a su favor. ALEGATOS DE CONCLUSI�N� � Conforme se dej� plasmado en la constancia emitida por la Secretar�a de la Corporaci�n, la totalidad de los intervinientes hicieron uso del derecho a remitir en t�rmino los alegatos de conclusi�n en esta sede.
En cuanto a su contenido,/ teniendo en cuenta que el art�culo 279 del CGP dispone que/ No se podr� hacer transcripciones o reproducciones de actas, decisiones o conceptos que obren en el expediente. ,/ baste decir que, los argumentos expuestos por Colpensiones coinciden con los emitidos en la sustentaci�n del recurso de apelaci�n. Por su parte, la AFP Porvenir S.A., reiterando las razones de su defensa incluidas en la contestaci�n de la demanda, considera que en este caso no hay lugar a acceder a las pretensiones elevadas por la demandante; pero, en caso de que se confirme la declaratoria de ineficacia del traslado del RPMPD al RAIS, pide que se confirme la decisi�n emitida por la a quo; mientras que la parte actora solicita la confirmaci�n de la sentencia de primer grado, estimando que ella se ajusta a derecho.
As� las cosas, atendidas las argumentaciones a esta Sala de Decisi�n le corresponde resolver los siguientes:�� PROBLEMAS JUR�DICOS�� De acuerdo con la valoraci�n probatoria que se realice al interior del proceso: �Hay lugar a declarar ineficaz la afiliaci�n de la se�ora Sof�a Galvis Cobo al R�gimen de Ahorro Individual con Solidaridad a trav�s de la AFP Porvenir S.A.? �Cu�les son las consecuencias pr�cticas de declarar las ineficacias de los traslados surtidos entre reg�menes pensionales? �Con el cambio de r�gimen pensional ejecutado por la demandante se constituy� en su favor un bono pensional conforme con lo dispuesto en el art�culo 115 de la ley 100 de 1993?� �Existe alg�n inconveniente en torno a que la afiliada haya arribado a la edad m�nima de pensi�n prevista en el r�gimen de prima media con prestaci�n definida? Con el prop�sito de dar soluci�n a los interrogantes en el caso concreto, la Sala considera necesario precisar, el siguiente:� �� FUNDAMENTO JURISPRUDENCIAL� �� 1.
An�lisis jur�dico que debe abordar el juez cuando se alega ausencia de informaci�n parcial o total por parte de las administradoras en los traslados entre reg�menes pensionales.� �� En sentencia STL4759 de 22 de julio de 2020, la Sala de Casaci�n Laboral indic�:�� �� �En el caso bajo estudio, se hace necesario precisar, que en reiterada jurisprudencia esta Sala de Casaci�n Laboral ha dejado clara su postura al indicar que la elecci�n a cualquiera de los dos reg�menes pensionales existentes,�debe estar precedida de una decisi�n libre y voluntaria, de suerte que las administradoras de pensiones tienen el deber de brindar a sus afiliados una asesor�a que les permita tener los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisi�n tomada al momento del traslado, sin importar si la persona es o no beneficiaria del r�gimen de transici�n, o si est� pr�ximo a pensionarse.�.�(Negrillas fuera de texto).� �� Y m�s adelante reiter�:� �� �As�, en sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL 31314, 9 sep. 2008, CSJ SL 33083, 22 nov. 2011, CSJ SL12136-2014, CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL452-2019, CSJ SL1688-2019 y SL1689- 2019, esta Sala ha determinado de manera pac�fica que la reacci�n del ordenamiento jur�dico -art�culos 271 y 272 de la Ley 100 de 1993- a la afiliaci�n desinformada es la ineficacia, o la exclusi�n de todo efecto jur�dico del acto de traslado.�Por este motivo, el examen del acto del cambio de r�gimen pensional, por transgresi�n del deber de informaci�n, tiene que abordarse desde la instituci�n de la ineficacia en sentido estricto�y no desde el r�gimen de las nulidades sustanciales.��(Negrillas fuera de texto).� �� 2.
Sobre el deber de informaci�n.�� �� Frente a este �tem, la Corte Suprema de Justicia en providencia SL1452 de 3 de abril de 2019, se�al� que el deber de informaci�n a cargo de las administradoras de fondos de pensiones ha sido exigible desde el momento de su creaci�n, identificando tres etapas en el que el nivel de exigencia en la informaci�n se ha incrementado de acuerdo con la evoluci�n hist�rica de las normas que regulan la materia; lo que expuso en resumen as�:� �� �El anterior recuento sobre la evoluci�n normativa del deber de informaci�n a cargo de las administradoras de pensiones podr�a, a grandes rasgos, sintetizarse as�:� �� Etapa acumulativa�Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar informaci�n�Contenido m�nimo y alcance del deber de informaci�n�Deber de informaci�n��Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993� Art. 97, numeral 1 del Decreto 663 de 1993, modificado por el art�culo 23 de la Ley 797 de 2003� Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la informaci�n, no menoscabo de derechos laborales y autonom�a personal�Ilustraci�n de las caracter�sticas, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los�reg�menes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un r�gimen de transici�n y la eventual p�rdida de beneficios pensionales�Deber de informaci�n, asesor�a y buen consejo�Art�culo 3, literal c) de la Ley 1328 de 2009� Decreto 2241 de 2010�Implica el an�lisis previo, calificado y�global de�los antecedentes del afiliado y los pormenores de los reg�menes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendaci�n al afiliado acerca de lo que m�s le conviene y, por tanto, lo que podr�a perjudicarle�Deber de informaci�n, asesor�a, buen consejo y doble asesor�a.��Ley 1748 de 2014� Art�culo 3 del Decreto 2071 de 2015� Circular Externa n. 016 de 2016�Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesor�a de los representantes de ambos reg�menes pensionales.��� 3.
Sobre la valoraci�n probatoria� / / � Continuando con su exposici�n argumentativa, el m�ximo �rgano de la jurisdicci�n laboral sent� frente al punto:/ � / / � Seg�n lo expuesto precedentemente, es la demostraci�n de un consentimiento informado en el traslado de r�gimen, el que tiene la virtud de generar en el juzgador la convicci�n de que ese contrato de aseguramiento goza de plena validez./ / � / / � Bajo tal premisa, frente al tema puntual de a qui�n le corresponde demostrarla, debe precisarse que si el afiliado alega que no recibi� la informaci�n debida cuando se afili�, ello corresponde a un supuesto negativo que no puede demostrarse materialmente por quien lo invoca./ / � / / � En consecuencia, si se arguye que a la afiliaci�n, la AFP no suministr� informaci�n veraz y suficiente, pese a que deb�a hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumpli� voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de aseguramiento.
En ese sentido, tal afirmaci�n se acredita con el hecho positivo contrario, esto es, que se suministr� la asesor�a en forma correcta. Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibi� informaci�n, corresponde a su contraparte demostrar que s� la brind�, dado que es quien est� en posici�n de hacerlo.�./ � � Sin embargo, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en sentencia SU107-2024 decidi� modular el referido precedente de la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en torno a la inversi�n de la carga probatoria respecto a los procesos ordinarios en los que se invoca la ineficacia de los traslados entre reg�menes pensionales por la falta de informaci�n, al concluir que dicho precedente resulta �desproporcionado en materia probatoria y con ello viola el derecho constitucional al debido proceso en los casos en los cuales se discute la ineficacia del traslado de los afiliados del RPM al RAIS por problemas de informaci�n ocurridos entre 1993 y 2009.�, a�adiendo que �La Corte consider� que de conformidad con la Constituci�n y la ley procesal no se pueden imponer cargas probatorias imposibles de cumplir para ninguna de las partes (ni al afiliado, ni a la AFP), as� como no se puede despojar al juez de su papel de director del proceso, de su autonom�a judicial para decretar y practicar todas las pruebas que sean necesarias, pertinentes y conducentes para analizar las pretensiones o las excepciones propuestas y de su facultad para conforme a las reglas de la sana cr�tica valorar las pruebas con el objeto de resolver los casos de ineficacia de traslados de los afiliados del RPM al RAIS.�.� � Bajo ese entendido, el m�ximo �rgano de la jurisdicci�n constitucional dispuso, que:�� � �� en los procesos donde se pretenda declarar la ineficacia de un traslado deben tenerse en cuenta, de manera exclusiva, las reglas contenidas en la Constituci�n Pol�tica, el C�digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y en el C�digo General del Proceso que se refieren al debido proceso.
Esto supone que el juez, debe actuar como director del proceso judicial, con la autonom�a e independencia que le son propios y, dentro de las muchas actuaciones dirigidas a formar su convencimiento para decidir lo que en derecho corresponda, puede:� � (i) Decretar, practicar y valorar en igualdad todas las pruebas que soliciten las partes que sean necesarias, pertinentes y conducentes para demostrar los hechos que sirven de causa a las pretensiones o las excepciones.� � (ii) Procurar, de manera oficiosa, la obtenci�n de pruebas acudiendo a las enlistadas en el C�digo General del Proceso, tales como �(�) la declaraci�n de parte, la confesi�n, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspecci�n judicial, los documentos, los indicios, los informes�, y las dem�s que considere necesarias, pertinentes y conducentes.� � (iii) Valorar las pruebas decretadas y debidamente practicadas con su inmediaci�n, de manera individual y en su conjunto con las dem�s, luego de lo cual puede determinar el grado de convicci�n que aquellas ofrecen sobre lo ocurrido.� � (iv) Acudir a la prueba indiciaria si lo estima necesario, en los t�rminos de los art�culos 176 y 242 del CGP; e� � (v) Invertir la carga de la prueba cuando, analizando el caso concreto y la posici�n de las partes, est� ante un demandante que se encuentra en la imposibilidad de demostrar sus dichos, y en un proceso donde no haya sido posible desentra�ar por completo la verdad a pesar de los esfuerzos oficiosos.�� Definiendo finalmente que esa decisi�n �que supone una modificaci�n al precedente de la Corte Suprema de Justicia, debe ser extendida, con efectos inter pares y de inmediato cumplimiento, a todas las demandas que est�n en curso ante la Jurisdicci�n Ordinaria Laboral en todos aquellos procesos que siguen su tr�mite actualmente, y en los que se inicien con posterioridad a esta providencia.�. �� As� las cosas, en atenci�n a lo determinado por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la referida sentencia SU107-2024, a la que le otorg� efectos inter pares y de inmediato cumplimiento para todos los procesos que se est�n adelantando actualmente ante la Jurisdicci�n Ordinaria Laboral en materia de ineficacia de traslado entre reg�menes pensionales, esta Sala de Decisi�n empez� a dar cumplimiento inmediato al precedente definido por la Corte Constitucional en materia probatoria en este tipo de asuntos a partir de la providencia emitida dentro del proceso radicado bajo el N�66001310500320200025501. 4./ Sobre los denominados actos de relacionamiento.� � A pesar de que la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL3752-2020 hizo una amplia explicaci�n de la importancia de los actos de relacionamiento para ratificar la voluntad de permanecer y pertenecer al r�gimen de ahorro individual con solidaridad, pese a que el acto jur�dico con el que se materializaba el traslado entre reg�menes pensionales hubiere sido defectuoso al no hab�rsele suministrado al afiliado la informaci�n que por ley correspond�a; lo cierto es que la Alta Magistratura, en sentencia CSJ SL1055-2022, recogi� dicha postura argumentando que la discusi�n que rodea la validez del cambio de r�gimen pensional de los afiliados se sit�a �nica y exclusivamente en el momento en que se produce el traslado entre reg�menes pensionales, ya que resulta equivocado ubicar esa discusi�n en actuaciones posteriores que no tienen la virtud de validar un acto jur�dico anterior que no cumpli� con el lleno de los requisitos legales torn�ndolo ineficaz; nueva postura que explic� en los siguientes t�rminos:�� � �Pues bien, como se explic� en las sentencias CSJ SL5686-2021 y SL5688-2021, los argumentos de esta �ndole son inadmisibles pues desatienden que el eje central de estas discusiones est� en determinar si al momento del traslado de prima media al RAIS la persona cont� con informaci�n suficiente para tomar esa decisi�n. En este sentido, los actos u omisiones posteriores del afiliado, bien sea porque se traslad� entre fondos privados o no retorn� a prima media en las oportunidades legales previstas, no pueden validar el desacato legal que genera la ineficacia del acto jur�dico del traslado de r�gimen, precisamente porque al ser posteriores dejan intactos los hechos u omisiones que anteceden al acto jur�dico ineficaz, el cual no puede sanearse como la nulidad.�� � De modo que no es dable siquiera sugerir que los posteriores traslados entre administradoras pueden configurar un acto de relacionamiento capaz de ratificar la voluntad de permanencia en ellas, como se infiere de las decisiones de la Sala de Descongesti�n de esta Corte CSJ SL249-2022 y SL259-2022.
N�tese que, conforme la perspectiva explicada, esa voluntad de permanencia en el RAIS es inane dado que no desvirt�a el incumplimiento del deber de informaci�n y adem�s ubica la discusi�n en actuaciones que estar�an respaldadas en un acto jur�dico ineficaz, esto es, el del traslado inicial.�� � Justamente lo anterior explica que la acci�n para demandar estos asuntos no sea la de nulidad -como tambi�n lo sugieren de forma equivocada aquellas providencias- sino la de ineficacia, en la cual, se reitera, lo relevante es determinar, sin m�s agregados, si la persona al momento de suscribir el acto de traslado de r�gimen pensional ha sido debidamente informada sobre las ventajas, desventajas y consecuencias de su traslado y permanencia en el RAIS.��� � Por tanto, nuevamente se enfatiza que este es el precedente vigente y en vigor de la Sala de Casaci�n Laboral de esta Corte, y recoge cualquier otro que le sea contrario, en especial el condensado en aquellas providencias.�.
(Negrillas por fuera de texto).�� � Tal postura, entiende la Sala, fue ratificada por el m�ximo �rgano de la jurisdicci�n ordinaria laboral en las sentencias STL7302-2023 y STL9792-2023 en las que insisti� que la discusi�n en este tipo de casos se centra �nicamente en la validez del acto jur�dico con el que se materializa el cambio de r�gimen pensional de los afiliados, al punto que en la �ltima de ellas �STL9792-2023- la Corte le rest� efectos a un documento que conten�a la reasesor�a de un afiliado.� � En el anterior orden de ideas, esta Sala de Decisi�n continuar� realizando el estudio de este tipo de casos, bajo la senda ordenada por la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. 5.
Consecuencias pr�cticas de la declaratoria de ineficacia del traslado del RPMPD al RAIS. Sobre el tema, ha sido pacifica la jurisprudencia de la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sostener que, al no tener ning�n efecto jur�dico los traslados ejecutados por los afiliados del r�gimen de prima media con prestaci�n definida al de ahorro individual con solidaridad, ante la ausencia del deber legal de informaci�n por parte de los fondos privados de pensiones, la consecuencia pr�ctica de la declaratoria de ineficacia de esos actos jur�dicos consiste en ordenarle a las administradoras pensionales que infringieron la normatividad legal en esa materia, que procedan a restituir a la Administradora Colombiana de Pensiones -como �nica administradora del r�gimen de prima media con prestaci�n definida-, la totalidad de los dineros que se encuentren depositados en la cuenta de ahorro individual del afiliado que correspondan a las cotizaciones o aportes al sistema general de pensiones junto con sus intereses y rendimientos financieros, adem�s del valor del bono pensional en caso de haberse pagado en la cuenta de ahorro individual y, adicionalmente, restituir tambi�n a Colpensiones, con cargo a los propios recursos de los fondos privados de pensiones y debidamente indexados, los gastos de administraci�n, primas de los seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes, as� como los dineros destinados a financiar la garant�a de pensi�n m�nima, debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos; postura que reiter� en la sentencia CSJ SL3179-2023, en los siguientes t�rminos: �Ello significa que en este caso el regreso al statu quo implica que la actora debe ser redirigida al �nico ente que hoy administra las afiliaciones del r�gimen de prima media con prestaci�n definida, esto es, el ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, tal como se advirti� en casaci�n. En consecuencia, como la ineficacia implica que para todos los efectos legales el demandante siempre estuvo afiliado al RPM, adem�s de los saldos obrantes en la cuenta de ahorro individual, sus rendimientos y bonos pensionales, si hay lugar a ellos, Porvenir S.A. deber� devolver a Colpensiones el porcentaje correspondiente a los gastos de administraci�n y primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garant�a de pensi�n m�nima, debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos, pues estos conceptos, desde el nacimiento del acto ineficaz, debieron ingresar al RPM administrado por Colpensiones (CSJ SL3465-2022, CSJ SL2229-2022 y CSJ SL3188-2022).
Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deber�n aparecer discriminados con sus respectivos valores con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y dem�s informaci�n relevante que los justifiquen (CSJ SL3803-2021).� Bajo esas directrices, esta Corporaci�n ha venido aplicando estrictamente lo dispuesto en ese aspecto por el m�ximo �rgano de la jurisdicci�n ordinaria laboral, sin embargo, la Sala Plena de la Corte Constitucional en la referida sentencia SU107-2024 -que como se advirti� precedentemente, le otorg� a ella efectos inter pares y de inmediato cumplimiento para todos los procesos que se est�n adelantando actualmente ante la Jurisdicci�n Ordinaria Laboral en materia de ineficacia de traslado entre reg�menes pensionales-, al analizar la postura adoptada en ese tema por la Corte Suprema de Justicia, concluy� que las condenas econ�micas impuestas a los fondos privados de pensiones tienen un impacto en la sostenibilidad financiera del sistema, expresando en los puntos 298 y 299 de la providencia, lo siguiente: �298.
En el informe anterior, la Procuradur�a Delegada para la Salud, Protecci�n Social y Trabajo Decente alert� sobre otra problem�tica derivada del precedente de la Corte Suprema de Justicia en relaci�n con el cumplimiento de las ordenes que se�alan que la ineficacia supone que tiempo se retrotrae al momento del traslado entre 1993 y el 2009.
Esto es, la imposibilidad material de devolver todo al momento del traslado, pues no todos los recursos pueden devolverse ya sea porque en el proceso ordinario no se vincularon a las aseguradoras, o a todos los fondos donde estuvo afiliado el demandante, o la AFP fue disuelta y liquidada, ordenan a la �ltima administradora la devoluci�n de gastos de administraci�n que nunca ha tenido en su poder.
En suma present� m�s de 25 escenarios creados por los magistrados y jueces para el pago y cumplimiento de sentencias judiciales o v�a tutela, que no pueden ser cumplidos. 299. En relaci�n con estas 25 modalidades de devoluci�n, es menester aclarar que materialmente a pesar de que se declare la ineficacia del traslado no es posible retrotraer al afiliado al d�a previo al traslado.
As�, tan solo es susceptible de traslado el ahorro de la cuenta individual, los rendimientos y si se ha pagado el valor de un bono pensional, pues no toda la cotizaci�n es apta de traslado toda vez que el aporte se desglosa entre otros, en primas de seguros, gastos de administraci�n, el porcentaje para el fondo de garant�a m�nima. Incluso, tampoco ser�a posible devolver los aportes voluntarios realizados por el afiliado mientras estuvo en el RAIS y que implicaron beneficios tributarios a efectos de la declaraci�n de renta, la compra de acciones u otro tipo de inversiones, pues se trata de una serie de situaciones que consolidaron.� De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional adopt� como regla de decisi�n, la concerniente a que �(iii) en los casos en los que se declare la ineficacia del traslado solo es posible ordenar el traslado de los recursos disponibles en la cuenta de ahorro individual, rendimientos y el bono pensional si ha sido efectivamente pagado, sin que sea factible ordenar el traslado de los valores pagados por las distintas primas, gastos de administraci�n y porcentaje del fondo de garant�a de pensi�n m�nima ni menos dichos valores de forma indexada (supra 298 y ss).�.
En el anterior orden de ideas y, como ya se anunci� en el cap�tulo de la valoraci�n probatoria, al hab�rsele otorgado a la sentencia SU107-2024 efectos inter pares y de inmediato cumplimiento para la autoridad judicial competente, esta Corporaci�n procede a dar cumplimiento al precedente definido en esta materia por la Corte Constitucional. �� CASO CONCRETO.
Conforme se expuso en el primer punto del fundamento jurisprudencial, la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia/ tiene definido que la acci�n que se debe�estudiar�cuando se reclama la ausencia total o parcial del deber de informaci�n por parte de los fondos privados de pensiones, no es otra que la ineficacia del acto jur�dico/ que permiti� el traslado entre reg�menes pensionales, postura que fue ratificada por la Corte Constitucional en la sentencia SU107-2024, por lo que�al haber�orientado la actora la demanda en ese sentido,�por imperativo jurisprudencial, lo que corresponde es analizar el caso en la forma determinada por la Corte Suprema de Justicia y por la Corte Constitucional, esto es, si el cambio de r�gimen pensional de la demandante se dio en t�rminos de eficacia, como correctamente lo abord� la funcionaria de primera instancia. Con la solicitud de vinculaci�n N�11712161 realizada por la se�ora Sof�a Galvis Cobo el 22 de agosto de 2006 -p�g.65 archivo 9 carpeta primera instancia- la demandante se traslad� del r�gimen de prima media con prestaci�n definida al de ahorro individual con solidaridad, sin embargo, la actora inicia la presente acci�n al considerar que el cambio de r�gimen pensional no se cumpli� con el lleno de los requisitos legales, al no�hab�rsele suministrado la informaci�n sobre las consecuencias que conllevaba tomar esa decisi�n, vici�ndose de esa manera su consentimiento; mientras que la Administradora Colombiana de Pensiones y el fondo privado de pensiones Porvenir S.A. al responder la demanda sostienen que el traslado efectuado por la accionante del RPMPD al RAIS, se ejecut� bajo el estricto cumplimiento de la Ley, entre otros aspectos, brind�ndosele la informaci�n b�sica que se exig�a para ese momento hist�rico (primera etapa). � Conforme con la litis que se plantea en este asunto y siguiendo lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU107-2024, proceder� a verificar la Sala s�, de acuerdo con el material probatorio incorporado en el plenario, el cambio de r�gimen pensional ejecutado por la demandante del r�gimen de prima media con prestaci�n definida al de ahorro individual con solidaridad el 22 de agosto de 2006, se hizo brind�ndole a la se�ora Sof�a Galvis Cobo una informaci�n b�sica, que, seg�n lo establecido en la jurisprudencia de la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia consist�a en: Realizar una Ilustraci�n de las caracter�sticas, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los/ reg�menes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un r�gimen de transici�n y la eventual p�rdida de beneficios pensionales. ./ � Para tales efectos, fueron incorporadas al plenario las siguientes pruebas documentales: i) Formulario de afiliaci�n de 22 de agosto de 2006, ii) Historia Laboral emitida por la AFP Porvenir S.A. (P�gs.65 a 85 archivo 9 carpeta primera instancia) Con el formulario de afiliaci�n se acredita la fecha en la que la demandante hizo su traslado del RPMPD al RAIS y si bien en ese documento obra la firma de la actora y sus datos personales, adem�s de un recuadro preimpreso que se titula como �Voluntad de afiliaci�n pensiones obligatorias� en el que solamente se deja constancia que suscribe ese documento de manera libre, voluntaria y sin presiones, agreg�ndose que los datos all� proporcionados son verdaderos; lo cierto es que, como puede verse, en ese documento no reposa la informaci�n b�sica que le permitiera conocer a la accionante las consecuencias que conllevaba ejecutar ese acto jur�dico.
En la historia laboral emitida por la AFP Porvenir S.A., obra informaci�n relativa a los aportes realizados por el demandante al sistema general de pensiones, sin embargo, del contenido inmerso en ese documento no se desprende que a la actora se le hubiere suministrado la informaci�n b�sica exigida en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia para el 22 de agosto de 2006.
En el interrogatorio de parte, la se�ora Sof�a Galvis Cobo respondi� que actualmente se encuentra activa como cotizante prestando sus servicios como profesional de educaci�n escolar; contestando a continuaci�n que el 22 de agosto de 2006, los asesores comerciales del fondo privado de pensiones Porvenir S.A. visitaron las instalaciones de la entidad en la que prestaba sus servicios en aquel entonces, y uno de ellos, en una reuni�n que no dur� m�s de cinco minutos, le manifest� que era fundamental que se trasladara del r�gimen de prima media con prestaci�n definida al de ahorro individual con solidaridad en consideraci�n a que el Instituto de Seguros Sociales, en el que ella estaba afiliada, iba a desaparecer, raz�n por la que ella inmediatamente procedi� a diligenciar el formulario de vinculaci�n, sin que la AFP Porvenir S.A. le explicar� cuales eran las consecuencias que conllevaba tomar esa decisi�n; concluy� su relato expresando que con posterioridad al 22 de agosto de 2006, esa administradora pensional no se volvi� a comunicar con ella para explicarle los efectos de la decisi�n que hab�a adoptado.
As� las cosas, al valorarse integralmente las pruebas allegadas al plenario, cabe concluir que el traslado ejecutado por la se�ora Sofia Galvis Cobo del RPMPD al RAIS no cumpli� con el lleno de los requisitos exigidos en la Ley, ya que el fondo privado de pensiones Porvenir S.A. no le hizo a la afiliada una Ilustraci�n de las caracter�sticas, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los/ reg�menes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un r�gimen de transici�n y la eventual p�rdida de beneficios pensionales. ; siendo del caso recordar que, independientemente de que la demandante haya permanecido afiliada en ese r�gimen pensional por m�s de dieciocho a�os realizando cotizaciones a trav�s de �l, lo cierto es que, como viene de verse, la Sala de Casaci�n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL1055-2022, cambi� su postura frente a los actos de relacionamiento, al determinar que las actuaciones posteriores al acto jur�dico ineficaz no tienen la fuerza jur�dica para validarlo, en otras palabras, que no existen actos de relacionamiento con la capacidad de hacer desaparecer la asimetr�a en la informaci�n que se produjo en el momento que se ejecut� el cambio de r�gimen pensional por parte de los afiliados.� Por lo expuesto, al no quedar probado en el proceso que a la accionante se le brind� la informaci�n que por Ley correspond�a el 22 de agosto de 2006, indefectiblemente,�conforme con lo sentado por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, no queda otro camino que confirmar la decisi�n emitida por el Juzgado�Cuarto�Laboral del Circuito, consistente en declarar la ineficacia del acto jur�dico por medio del cual�la accionante se traslad� del r�gimen de prima media con prestaci�n definida al r�gimen de ahorro individual con solidaridad el 22 de agosto de 2006 a trav�s de la AFP Porvenir S.A.; quedando v�lida y vigente la afiliaci�n primigenia efectuada por la se�ora Galvis Cobo al RPMPD administrado actualmente por la Administradora Colombiana de Pensiones, como correctamente lo defini� la a quo.
Al no tener ning�n efecto jur�dico el cambio de r�gimen pensional efectuado por la se�ora Sof�a Galvis Cobo, ni ninguno de los actos ejecutados al interior del RAIS, es del caso aplicar la regla de decisi�n que sobre el tema adopt� la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU107-2024 -a la cual le otorg� efectos inter pares-, consistente en condenar al fondo privado de pensiones Porvenir S.A. a reintegrar a la Administradora Colombiana de Pensiones la totalidad de los dineros que se encuentran depositados en la cuenta de ahorro individual de la se�ora Sof�a Galvis Cobo que corresponden a las cotizaciones o aportes al sistema general de pensiones junto con sus intereses y rendimientos financieros, como en efecto lo hizo la a quo.
De otro lado, la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia CSJ SL3179-2023, determin� que �Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deber�n aparecer discriminados con sus respectivos valores con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y dem�s informaci�n relevante que los justifiquen�; directriz que fue debidamente �� � x 5 k l m n � � � � ' ������r^M��>�)�)hU&�hU&�5�6�CJOJQJ\�^JaJ hU&�hU&�OJPJQJ^J hU&�hU&�CJOJQJ^JaJ&hU&�hU&�6�CJOJQJ\�^JaJ,hU&�hU&�CJOJPJQJ^JaJnH $tH $8hU&�hU&�5�6�CJOJPJQJ\�]�^JaJnH $tH $2hU&�hU&�6�CJOJPJQJ]�^JaJnH $tH $#hU&�hU&�6�CJOJQJ^JaJ#hU&�hU&�5�CJOJQJ^JaJ5hU&�hU&�@���B*CJOJQJ^JaJnH ph�tH ��Y Z � m n � ��S�����������������#$dh��9D[$\$a$gd�u/ d��gdU&� $d��a$gdU&� $d��a$gdU&�4d��$d%d&d'd-DM� ����N��O��P��Q��gdU&�' ���SU��������/01:?K_������ȴ��Ȥ���qd�d�qd�R�RCqdq hkK:h�|10J%OJQJ^J"hkK:h�|10J$5�OJQJ\�^Jh�|1h�u/OJQJ^J hkK:h�u/0J%OJQJ^J"hkK:h�u/0J$5�OJQJ\�^J"hkK:h�u/0J%5�OJQJ\�^J 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Al haber operado un traslado desde el r�gimen de prima media con prestaci�n definida al r�gimen de ahorro individual con solidaridad el 22 de agosto de 2006, exist�a la posibilidad de que se hubiere generado en favor de la se�ora Sof�a Galvis Cobo un bono pensional en los t�rminos establecidos en el art�culo 115 de la Ley 100 de 1993; sin embargo, como se ve en la historia laboral expedida por el fondo privado de pensiones Porvenir S.A. -pags.67 a 85 archivo 9 carpeta primera instancia-, la demandante �nicamente cotiz� 106,1 semanas al Instituto de Seguros Sociales antes del 22 de agosto de 2006, por lo que al no haber hecho aportes correspondientes a por lo menos 150 semanas como lo exige la norma en comento, no se gener� en favor de la actora un bono pensional tipo A, raz�n por la que no hay lugar a emitir ninguna orden en ese aspecto, como acertadamente lo defini� la falladora de primer grado.
En torno al hecho consistente en que la accionante arrib� a la edad m�nima de pensi�n en el RPMPD el pasado 17 de septiembre de 2020, al haber nacido en la misma calenda del a�o 1963 como se aprecia en la copia de su c�dula de ciudadan�a -p�g.3 archivo 2 carpeta primera instancia-, la verdad es que ese suceso no afecta en nada la decisi�n tomada en este proceso, por cuanto, como se ha explicado recurrentemente a lo largo de la presente providencia,�la declaratoria de ineficacia trae como consecuencia jur�dica que los actos emitidos a partir de ese momento no tienen ninguna validez, es decir que, al no haberse consumado legalmente el cambio de r�gimen pensional, el mismo no produjo efectos�y por tanto�la demandante�siempre ha estado afiliada al r�gimen de prima media con prestaci�n definida administrado actualmente por Colpensiones, lo que muestra que de ninguna manera se est� ordenando un nuevo traslado entre reg�menes pensionales y por tanto no se�transgrede�la prohibici�n legal prevista en el literal e) del art�culo 13 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art�culo 2� de la Ley 797 de 2003.� Como quiera que en la sentencia STL10364-2020 la Sala de Casaci�n Laboral inst� a esta Sala a tener en cuenta que la condena en costas se debe�fulminar�con independencia de los factores subjetivos que pudieren existir�en favor de la persona que resulte vencida o de�aquella a quien se resuelva desfavorablemente�el recurso de apelaci�n, las costas en esta instancia�corren�a cargo de la Administradora Colombiana de Pensiones en un 100%, en favor de la parte actora. � En m�rito de lo expuesto, la/ Sala de Decisi�n Laboral del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,/ / � / / � RESUELVE/ PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia recurrida y consultada.
SEGUNDO. CONDENAR/ en costas en un 100%/ a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, en favor de la parte actora. Notif�quese por estado y comun�quese a los correos electr�nicos de los apoderados de las partes. Quienes integran la Sala,/ � JULIO!f!�!�!�"#�#�#�#�#�ε��jQ8!,h�|1h�u/CJOJPJQJ^JaJnH $tH $0h�|1h�+:@���CJOJPJQJ^JaJnH tH 0h�|1h�5�@���CJOJPJQJ^JaJnH tH 0h�|1h�I�@���CJOJPJQJ^JaJnH tH 0h�|1hcT�@���CJOJPJQJ^JaJnH tH 0h�|1h�*?@���CJOJPJQJ^JaJnH tH 0h�|1h�J@���CJOJPJQJ^JaJnH tH 0h�|1h,�@���CJOJPJQJ^JaJnH tH 0h�|1he<A@���CJOJPJQJ^JaJnH tH �#L$�$�$�$%%D(0*n*�*�+�+�+�ε��p�P�4�4�6h�|1h�u/5�@���CJOJPJQJ\�^JaJnH tH >h�|1h�u/0J$B*CJOJQJ^JaJfHphq� ����0h�|1h�q�@���CJOJPJQJ^JaJnH tH +h�B\h�q�6�@���OJPJQJ^JnH tH +h�B\hEM 6�@���OJPJQJ^JnH tH 0h�|1hEM @���CJOJPJQJ^JaJnH tH 0h�|1h�g@���CJOJPJQJ^JaJnH tH 0h�|1h�u/@���CJOJPJQJ^JaJnH tH E(0*4*�+�+�+�+,,�,�,�-�-�-�-�-8����������������$d��*$a$gdy��A$dh1$7$8$H$a$gd�B\$dh�*$a$gdbA�$dh�9Da$gd�u/$dh�*$a$gd�u/$dh�*$a$gd�u/$dh�*$a$gd�.�+�+�+�+�+,,,6,^,�,�,�,�-���̵�̙�\B�2 h�B\0J$CJOJQJ^JaJ3h�|1h�u/@���CJOJPJQJ]�^JaJnH tH Fh�|1h�u/0J$B*CJOJQJ^JaJfHmH phq� ����sH 0h�|1h�u/@���CJOJPJQJ^JaJnH tH 6h�|1h�u/5�@���CJOJPJQJ\�^JaJnH tH,h�|1h�u/CJOJPJQJ^JaJnH $tH $2h�|1hbA�5�CJOJPJQJ\�^JaJnH $tH $2h�|1h�u/5�CJOJPJQJ\�^JaJnH $tH $ �-�-�-�-.88(8)8*8F8R8S8�Ѹ���y[=[y 8h�|1hbA�@���CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH;h�|1hbA�5�@���CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH;h�|1h�u/5�@���CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 8h�|1h�u/@���CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH U>h�|1h�u/5�@���CJOJPJQJ\�^JaJmH nH sH tH 0h�|1hbA�@���CJOJPJQJ^JaJnH tH 0h�|1h�u/@���CJOJPJQJ^JaJnH tH *h�B\@���CJOJPJQJ^JaJnH tH C�SAR SALAZAR MU�OZ Magistrado Ponente ANA LUC�A CAICEDO CALDER�N Magistrada GERM�N DAR�O G�EZ VINASCO Magistrado��� Sin constancias ni firmas secretariales conforme art�culo 9 de la Ley 2213 de 2022 Sofia Galvis Cobo vs Colpensiones y otra.
Rad. 66001310500420240009001 PAGE \* MERGEFORMAT2 8(8)8*8+8F8Q8R8S8T8n8|8}8�8�8�8�8�8�8�8�8�8��������������������� d��gd�|1 $dha$gd�B\gd�u/ d��*$gd�u/$d��*$a$gd�u/$d��*$a$gd�u/S8T8n8x8z8{8|8}8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8�8��㪕�veva�PHDHDHDHDh�hOjh�hOU h�|1h� }CJOJQJ^JaJh�B\ h7h�B\CJOJQJ^JaJh�B\CJOJQJ^JaJ h�|1h�u/CJOJQJ^JaJ(hkK:h�u/0J%CJOJPJQJ^JaJ0hkK:h�u/0J$CJOJPJQJ^JaJmH sH >h�|1h�u/5�@���CJOJPJQJ\�^JaJmH nH sH tH 8h�|1h�u/@���CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH �8�8�8�8�8;9<9V9W9X9Y9Z9�����������--$a$+$a$gd�|1 d��gd�|1 �8;9<9=9R9S9T9U9W9Y9Z9���������� h�|1h� }CJOJQJ^JaJh�|1mH sH h�|1jh�|1Uh�hO(h�|1h�|1CJOJQJ^JaJmH sH 5 01�h:pU&� ��/ ��=!��"��#��$��%����� ���$$If�'!vh#v� #v� #v�:V t��0�������G 65�O5�A 5�� /� �4� B�a�/p� ������yt�B\�$$If�'!vh#v� #v� #v�:V t��0�������G 65�O5�A 5�� /� �4� B�a�/p� ������yt�B\�$$If�'!vh#v� #v� #v�:V t��0�������G 65�O5�A 5�� /� �4� B�a�/p� ������yt�B\�$$If�'!vh#v� #v� #v�:V t��0�������G 65�O5�A 5�� /� �4� B�a�/p� 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