66170310500120250000801 · Tribunal de Pereira

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El contenido total y fiel de la decisi�n debe ser verificado en la respectiva Secretar�a. ACCI�N DE TUTELA / PETICI�N / DEBIDO PROCESO / DIGNIDAD HUMANA / REPARACI�N INTEGRAL A V�CTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INDEMNIZACI�N ADMINISTRATIVA Y AYUDA HUMANITARIA � Direferencias. � La Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-205 de 2021, estudi� la acci�n de tutela interpuesta por un accionante, integrante de una comunidad ind�gena y v�ctima de desplazamiento forzado, en contra de la Unidad para la Atenci�n y Reparaci�n Integral a las V�ctimas (UARIV) y otras autoridades, alegando la vulneraci�n de sus derechos fundamentales, entre ellos la dignidad humana y el m�nimo vital.� En ambas instancias, se ampararon sus derechos fundamentales y se orden� a las autoridades competentes brindar ayuda humanitaria inmediata, albergue temporal y asistencia alimentaria.

Respecto de la UARIV, se dispuso la priorizaci�n del pago de la indemnizaci�n administrativa previamente reconocida al accionante.� � Es as� como el Alto Tribunal reiter� la importancia de la protecci�n reforzada a las v�ctimas del desplazamiento forzado, se�alando que la ayuda humanitaria garantiza la subsistencia m�nima, mientras que la indemnizaci�n administrativa tiene como finalidad reparar el da�o sufrido.

Radicado: �� 66170310500120250000801� Proceso: �� Acci�n de tutela (Impugnaci�n)� Accionante: �� Ana Delfa Orozco de Acosta� Accionada: Unidad Administrativa Especial de Atenci�n y Reparaci�n a las V�ctimas� Juzgado de Origen: Laboral del Circuito de Dosquebradas� Magistrada Ponente: Ana Luc�a Caicedo Calder�n� � � TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA SALA PRIMERA DE DECISI�N LABORAL� �� Magistrada Ponente: Ana Lucia Caicedo Calder�n� Pereira, cinco (05) de marzo de dos mil veinticinco (2025)� � Procede la judicatura a resolver la impugnaci�n propuesta por la accionante ANA DELFA OROZCO DE ACOSTA contra la sentencia proferida el 06 de febrero de 2025, por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda dentro de la acci�n de tutela promovida en contra de la UNIDAD�ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCI�N Y REPARACI�N INTEGRAL A LAS V�CTIMAS - UARIV, tr�mite al a trav�s de la cual pretende se tutelen los derechos fundamentales a la Dignidad Humana, salud, igualdad y equidad.

Para ello se tiene en cuenta lo siguiente:� � DEMANDA DE TUTELA� � En el escrito correspondiente, la accionante informa que tiene 73 a�os de edad, es v�ctima del conflicto armado y est� incluida en el Registro �nico de V�ctimas (RUV) por desplazamiento forzado. Por esta raz�n, solicita ser priorizada para el pago de la indemnizaci�n.� � Sin embargo, hasta la fecha, no ha recibido dicho pago y ha enfrentado respuestas evasivas por parte de la Unidad Administrativa Especial para la Atenci�n y Reparaci�n a las V�ctimas (UARIV).� � CONTESTACI�N� � La Unidad Administrativa Especial para la Atenci�n y Reparaci�n Integral a las V�ctimas (UARIV), en su calidad de accionada, solicita declarar la carencia actual de objeto en la acci�n de tutela, en raz�n de la respuesta emitida el 3 de febrero de 2025 a la direcci�n de correo dispuesto por la peticionaria, mediante la cual informa sobre las validaciones necesarias que se est�n adelantando para emitir una respuesta de fondo.� � En este sentido, la entidad se�ala que no ha vulnerado el derecho fundamental de petici�n de la accionante, ya que respondi� dentro del t�rmino legal y de manera adecuada, es decir, de forma clara, precisa y de fondo.� �� SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA� � Mediante sentencia proferida el 6 de febrero de 2025, el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, resolvi� amparar el derecho fundamental de petici�n de la accionante.

Para ello, tuvo en cuenta que la Corte Constitucional, en el Auto 206 de 2017, estableci� que la indemnizaci�n administrativa no tiene como finalidad cubrir necesidades inmediatas, sino restablecer la dignidad de la v�ctima y permitir la reconstrucci�n de su proyecto de vida. Adem�s, reconoci� que ciertas v�ctimas en situaci�n de vulnerabilidad deben recibir un trato prioritario.� A su vez, en la Sentencia T-205 de 2021, la Corte Constitucional reiter� que las v�ctimas tienen derecho a conocer de manera clara y cierta las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se evaluar� su caso para la priorizaci�n del pago.� � Por lo anterior, el juzgado consider� que la Unidad para la Atenci�n y Reparaci�n Integral a las V�ctimas (UARIV) no brind� una respuesta de fondo a la accionante, pues, aunque reconoci� su condici�n prioritaria, no estableci� una fecha concreta para el pago.� � En consecuencia, el a quo orden� a la entidad accionada emitir, en relaci�n con la solicitud presentada el 9 de agosto de 2024, una respuesta de fondo, clara, completa y congruente, en la que se indique una fecha probable de pago y la forma en que ser� entregada la indemnizaci�n administrativa.�� IMPUGNACI�N� � Inconforme con la decisi�n de primera instancia, la accionada sostiene que s� dio respuesta a la solicitud de la accionante, toda vez que, paralelo a la impugnaci�n, mediante oficio fechado el 11 de febrero de 2025, complement� la respuesta emitida el 3 de febrero de 2025.� � Aclara la accionada que la se�ora Ana Delfa Orozco de Acosta, al encontrarse en situaci�n de vulnerabilidad extrema, ingres� al procedimiento por la ruta priorizada.

No obstante, la UARIV se�ala que, al momento de emitir la resoluci�n en la que se reconoci� su derecho a recibir la indemnizaci�n administrativa, no se encontraba acreditado el criterio de priorizaci�n. Por tal raz�n, al haber sido acreditado con posterioridad, la entidad se encuentra adelantando las validaciones y verificaciones correspondientes para el pago de la medida.� � En este orden de ideas, la UARIV indica que la solicitud de la accionante se encuentra en la fase de entrega de la indemnizaci�n, en la cual los pagos se priorizan seg�n la disponibilidad presupuestal, especialmente en casos de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad.

Si el presupuesto asignado no cubre todas las solicitudes, el pago se realizar� en la siguiente vigencia. En consecuencia, enfatiza que la UARIV ha respondido adecuadamente y no ha incumplido su obligaci�n, pues ha actuado dentro de sus posibilidades jur�dicas y materiales.� � Adicionalmente, sostiene que el fallo emitido por el a quo constituye una providencia ilegal, ya que vulnera el debido proceso que debe regir toda actuaci�n administrativa, superponiendo los derechos de la accionante sobre los de otras v�ctimas y desconociendo el procedimiento establecido para el acceso a las medidas de indemnizaci�n. Asimismo, argumenta que la decisi�n judicial transgrede el derecho a la igualdad de quienes buscan ser reconocidas como v�ctimas del conflicto y acceder a las medidas de reparaci�n.� � En conclusi�n, la accionada sostiene que, en el presente caso, no existe vulneraci�n de derechos, toda vez que la respuesta brindada por la entidad fue de fondo, clara y precisa, por lo que considera que se configura un hecho superado.� � Finalmente, solicita la desvinculaci�n del Dr. Jes�s Leandro Tarazona Moncada, dado que el cargo de Director T�cnico de Reparaci�n de la Unidad para las V�ctimas fue asumido por la Dra. Diana Marcela G�mez Correal.� �� CONSIDERACIONES� � Competencia� � Esta Sala es competente para conocer de la presente acci�n de conformidad con lo establecido en el art�culo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del art�culo 86 de la Constituci�n Pol�tica, ya que el Tribunal es superior funcional del Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda.� � Problema jur�dico por resolver� � El problema jur�dico se circunscribe en determinar si la Unidad Administrativa para la Atenci�n y Reparaci�n Integral a las V�ctimas ha vulnerado el derecho fundamental de petici�n, debido proceso, dignidad humana, salud e igualdad de la se�ora�� Ana Delfa Orozco de Acosta al no brindarle respuesta de fondo a su petici�n.� � Procedencia de la acci�n de tutela� � Legitimaci�n en la causa�� El art�culo 86 de la Constituci�n, en conjunto con el art�culo 1 del Decreto 2591 de 1991 establecen que �toda persona tendr� acci�n de tutela para reclamar ante los jueces la protecci�n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales� As� mismo, el art�culo 10 del mismo decreto dispone que se podr� actuar: (i) a nombre propio, (ii) a trav�s de un representante legal, (iii) por medio de apoderado judicial o (iv) mediante un agente oficioso.� � En el presente caso, la accionante Ana Delfa Orozco de Acosta se encuentra legitimada por activa, dado que act�a per se, solicitando el amparo de los derechos fundamentales por la UARIV al no responder de fondo a su solicitud.�� As� mismo, se acredita que la Unidad Administrativa para la Atenci�n y Reparaci�n Integral a las V�ctimas est� legitimada por pasiva, puesto que, siendo la presunta vulneradora de los derechos invocados, est� llamada a gestionar todo lo relacionado con la entrega de la indemnizaci�n administrativa a la accionante.�� Inmediatez� � En cuanto al criterio de inmediatez, la Constituci�n determin� que la acci�n de tutela es un mecanismo que busca la protecci�n inmediata de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados.

Por ello, se exige al accionante que, dentro de un t�rmino razonable y prudencial, a partir del hecho que gener� la eventual vulneraci�n, ejerza la acci�n constitucional. Ha sostenido esta Corte que, aunque la acci�n de tutela no tiene un tiempo de caducidad propiamente dicho, s� es necesario que se formule en un lapso razonable.� � En el presente caso, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, ya que la accionante present� la acci�n de tutela el 24 de enero de 2025, es decir, en un lapso no mayor a 3 meses despu�s de haber recibido respuesta por parte de la Unidad Administrativa para la Atenci�n y Reparaci�n Integral a las V�ctimas, el d�a 28 de octubre de 2024.� � �Subsidiariedad�� El inciso 4 del art�culo 86 de la Constituci�n Pol�tica de 1991, establece el principio de subsidiariedad como requisito de procedencia de la acci�n de tutela y determina que �esta acci�n s�lo proceder� cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable�.

Por lo anterior, se infiere que, si existen otros mecanismos de defensa judicial que resultan id�neos y eficaces para solicitar la protecci�n de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe acudir a ellos y no a la tutela.� � Con todo, es importante tener en cuenta la posici�n de la Corte Constitucional en�torno a la excepci�n al presupuesto de subsidiariedad mediante sentencia T-028/18, la cual dicta:� � �19.1.

La acci�n de tutela no procede para satisfacer prestaciones de tipo patrimonial y econ�mico, ni su finalidad es, desde punto de vista alguno, indemnizatoria. Ello implica, naturalmente, que pretensiones de tal naturaleza deben ser reclamadas a trav�s de las v�as administrativas y judiciales ordinarias dispuestas por el legislador. Sin embargo, cuando se trata de v�ctimas del conflicto armado, y de poblaci�n desplazada en especial �sujetos de especial protecci�n constitucional-, existe una l�nea jurisprudencial pac�fica de esta Corporaci�n en torno a la necesidad de flexibilizar considerablemente la exigencia de subsidiariedad, al punto de que, en casos como estos, la regla general formulada por la Corte consiste en que, prima facie, la acci�n de tutela resulta ser el mecanismo judicial id�neo, efectivo y adecuado para estudiar la solicitud de amparo del derecho a la reparaci�n integral y al m�nimo vital�� Como quiera que en el presente caso la accionante se encuentra incluida en el Registro �nico de V�ctimas por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, se cumple con el principio de subsidiariedad.�� Indemnizaci�n Administrativa para V�ctimas del Conflicto Armado.� � Resulta necesario traer a colaci�n lo expuesto por esta Sala de Decisi�n mediante sentencia proferida el d�a 14 de marzo de 2023 dentro del proceso de radicado 66001310500120230000401 (MP.

Ana Luc�a Caicedo Calder�n), en el cual se se�al�:� � �Por la valiosa informaci�n que contiene este cap�tulo en la sentencia de primera instancia, se transcribir� lo que la A-quo manifest� al respecto, as�:� � �En lo que tiene que ver con la indemnizaci�n por v�a administrativa, el art�culo 69 de la Ley 1448 de 2011 se�ala lo siguiente:� � �Las v�ctimas de que trata esta ley, tienen derecho a obtener las medidas de reparaci�n que propendan por la restituci�n, indemnizaci�n, rehabilitaci�n, satisfacci�n y garant�as de no repetici�n en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simb�lica.

Cada una de estas medidas ser� implementada a favor de la v�ctima dependiendo de la vulneraci�n en sus derechos y las caracter�sticas del hecho victimizante.�� De otro lado, mediante el Decreto Reglamentario 4800 de 2011 el Gobierno Nacional dispuso radicar la responsabilidad del programa de reparaci�n individual por v�a administrativa, en manos de la Unidad Administrativa Especial de Atenci�n y Reparaci�n Integral a V�ctimas, para ello, dispuso en su art�culo 146 que: �La Unidad Administrativa Especial para la Atenci�n y Reparaci�n Integral a las V�ctimas administrar� los recursos destinados a la indemnizaci�n por v�a administrativa velando por el cumplimiento del principio de sostenibilidad.�� As� pues, la norma en cita, tambi�n dispone el procedimiento para acceder a la reparaci�n administrativa por v�a administrativa, contemplando lo siguiente:� � �Art�culo 151.

Procedimiento para la solicitud de indemnizaci�n. Las personas que hayan sido inscritas en el Registro �nico de V�ctimas podr�n solicitarle a la Unidad Administrativa Especial para la Atenci�n y Reparaci�n Integral a las V�ctimas, la entrega de la indemnizaci�n administrativa a trav�s del formulario que �sta disponga para el efecto, sin que se requiera aportar documentaci�n adicional salvo datos de contacto o apertura de una cuenta bancaria o dep�sito electr�nico, si la Unidad Administrativa Especial para la Atenci�n y Reparaci�n Integral a las V�ctimas lo considera pertinente.

Desde el momento en que la persona realiza la solicitud de indemnizaci�n administrativa se activar� el Programa de Acompa�amiento para la Inversi�n Adecuada de los Recursos de que trata el presente decreto.� � La Unidad Administrativa Especial para la Atenci�n y Reparaci�n Integral a las V�ctimas entregar� la indemnizaci�n administrativa en pagos parciales o un solo pago total atendiendo a criterios de vulnerabilidad y priorizaci�n.� � Para el pago de la indemnizaci�n administrativa la Unidad Administrativa Especial para la Atenci�n y Reparaci�n Integral a las V�ctimas no deber� sujetarse al orden en que sea formulada la solicitud de entrega, sino a los criterios contemplados en� �� desarrollo de los principios de progresividad y gradualidad para una reparaci�n efectiva y eficaz, de conformidad con lo establecido en el art�culo 8 del presente decreto.�� Por su parte, el Decreto 1290 de 2008, establece el programa de reparaci�n individual por v�a administrativa para las v�ctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley, estableciendo en su art�culo 20 y s.s., el procedimiento para el reconocimiento de dicha reparaci�n, estableciendo los requisitos que deben acreditar los interesados en tal indemnizaci�n, as� como, los criterios para reconocer la calidad de v�ctima.� � Adem�s, la Resoluci�n 1049 del 15 de marzo de 2019, establece el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnizaci�n por v�a administrativa, instaurando los criterios de priorizaci�n; para lo cual, en su art�culo 6� dispone las fases del procedimiento para acceso a la referida indemnizaci�n, siendo estas las siguientes:� � a) Fase de solicitud de indemnizaci�n administrativa;� b) Fase de an�lisis de la solicitud;� c) Fase de respuesta de fondo a la solicitud;� d) Fase de entrega de la medida de indemnizaci�n.� � Con relaci�n a la �ltima fase del proceso, el art�culo 14 de la referida Resoluci�n, determina que:� � �En el caso que proceda el reconocimiento de la indemnizaci�n y la v�ctima haya acreditado alguna de las situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad referidas en el art�culo 4o del presente acto administrativo, se priorizar� la entrega de� �� la medida de indemnizaci�n, atendiendo a la disponibilidad presupuestal de la Unidad para las V�ctimas.� � En caso que los reconocimientos de indemnizaci�n en estas situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad superen el presupuesto asignado a la Unidad para las V�ctimas en la respectiva vigencia, el pago de la medida se har� efectivo en la siguiente vigencia presupuestal.

En el tr�nsito entre vigencias presupuestales no se modificar� el orden o la colocaci�n de las v�ctimas priorizadas en las listas ordinales que, se posicionar�n en la medida que obtengan firmeza los actos administrativos que reconocen la medida de indemnizaci�n y ordenan su pago.� � En los dem�s casos donde haya procedido el reconocimiento de la indemnizaci�n, el orden de priorizaci�n para la entrega de la medida de indemnizaci�n se definir� a trav�s de la aplicaci�n del m�todo t�cnico de priorizaci�n. La entrega de la indemnizaci�n se realizar� siempre y cuando haya disponibilidad presupuestal, luego de entregar la medida en los t�rminos del inciso primero del presente art�culo.� � En todos los casos que proceda la entrega de la indemnizaci�n, la Unidad para las V�ctimas comunicar� a la v�ctima solicitante acerca del periodo de que dispone para hacer efectivo el pago de la medida de indemnizaci�n (�)�� Criterios de priorizaci�n del pago de reparaci�n administrativa a las v�ctimas del conflicto armado� � La Resoluci�n 1049 de 2019 estableci� el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnizaci�n por v�a administrativa y cre� el M�todo T�cnico de Priorizaci�n, el cual debe aplicarse a las solicitudes de las v�ctimas que se encuentren en el Registro �nico de V�ctimas y por hechos susceptibles de ser indemnizados.

Dichas solicitudes, conforme a lo previsto en el art�culo 9, se clasificar�n en:�� Prioritarias: Cuando se acrediten situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, es decir, que cumplan con alguno de los criterios establecidos en el art�culo 4 ibidem:� Edad: Tener una edad igual o superior a los sesenta y ocho (68) a�os1. El presente criterio podr� ajustarse gradual y progresivamente por la Unidad para las Victimas, de acuerdo al avance en el pago de la indemnizaci�n administrativa a este grupo poblacional.� Enfermedad: Tener enfermedad(es) hu�rfanas, de tipo ruinoso, catastr�fico o de alto costo definidas como tales por el Ministerio de Salud y Protecci�n Social.� Discapacidad: Tener discapacidad que se certifique bajo los criterios, condiciones e instrumentos pertinentes y conducentes que establezca el Ministerio de Salud y Protecci�n Social o la Superintendencia Nacional de Salud.�� Generales: Que corresponden a aquellas solicitudes que no acrediten una situaci�n de extrema urgencia o vulnerabilidad.� � La resoluci�n tambi�n defini� las fases por las que pasa una solicitud: An�lisis, respuesta de fondo y entrega de la indemnizaci�n, esta �ltima fase, se�ala que se d� ser procedente el reconocimiento y acreditadas algunas de las situaciones de urgencia manifiesta o debilidad extrema, se priorizar� la medida de indemnizaci�n atendiendo a la disponibilidad presupuestal de la Unidad para las V�ctimas.�� Pago de la indemnizaci�n Administrativa�� La Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-205 de 2021, estudi� la acci�n de tutela interpuesta por un accionante, integrante de una comunidad ind�gena y v�ctima de desplazamiento forzado, en contra de la Unidad para la Atenci�n y Reparaci�n Integral a las V�ctimas (UARIV) y otras autoridades, alegando la vulneraci�n de sus derechos fundamentales, entre ellos la dignidad humana y el m�nimo vital.� � En ambas instancias, se ampararon sus derechos fundamentales y se orden� a las autoridades competentes brindar ayuda humanitaria inmediata, albergue temporal y asistencia alimentaria.

En consecuencia, orden� a la UARIV fijar un plazo razonable para la entrega de la indemnizaci�n reconocida, tal como se observa en los siguientes fragmentos:� � �La Sala Novena de Revisi�n reitera que los tr�mites previstos para satisfacer la indemnizaci�n administrativa debe garantizar el debido proceso de las personas involucradas y, en este sentido �se debe dar certeza a las v�ctimas sobre: (i) las condiciones de modo, tiempo y lugar bajo las cuales se realizar� la evaluaci�n que determine si se priorizar� o no al n�cleo familiar seg�n lo dispuesto en el art�culo 2.2.7.4.7 del Decreto 1084 de 2015;

(ii) en los casos en que sean priorizadas, la definici�n de un plazo razonable para que se realice el pago efectivo de la indemnizaci�n; y (iii) los plazos aproximados y orden en el que de no ser priorizados, las personas acceder�n a esta medida. Por lo anterior, no basta con informar a las v�ctimas que su indemnizaci�n se realizar� dentro del t�rmino de la vigencia de la ley.�� (& )De esta manera y, conforme a lo expuesto por la Corporaci�n en diversos pronunciamientos, en los que precis� que el sistema de priorizacion no puede derivar en una practica inconstitucional, consistente en restringir arbitraria y desproporcionadamente el acceso de un grupo particular de victimas a las medidas de indemnizacion (& ) y, que [e]l reconocimiento de los principios de gradualidad y progresividad no puede traducirse en que las personas desplazadas tengan que esperar de manera indefinida, bajo una completa incertidumbre, el pago de la indemnizacion administrativa, (& ) Negrilla fuera de texto� �� Entrega de indemnizaci�n administrativa y derechos fundamentales.� � Conforme a lo dispuesto en la sentencia previamente mencionada, la Corte Constitucional, al analizar el caso concreto, determin� que la Unidad para la Atenci�n y Reparaci�n Integral a las V�ctimas (UARIV) vulner� varios derechos fundamentales al no emitir una respuesta de fondo frente al derecho de petici�n radicado ante dicha entidad.

En este sentido, la Corte se�al� que, adem�s del derecho de petici�n, tambi�n se encuentran vulnerados los derechos al debido proceso, al m�nimo vital, a la vida digna y a la reparaci�n administrativa, como se evidencia en el presente caso:�� En el caso del se�or/ Rafael/ concluy� que/ la Unidad Administrativa Especial para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas vulner� sus derechos fundamentales al debido proceso, al m�nimo vital, a la vida digna y a la reparaci�n administrativa, toda vez que no ha informado al accionante de forma clara y precisa las/ condiciones de modo, tiempo y lugar bajo las cuales se realizar� la evaluaci�n que determinar� si se priorizar� el pago de la indemnizaci�n administrativa, previamente reconocida y, por tanto, tampoco le ha indicado una fecha razonable y/o aproximada en la que se har� el desembolso de la referida medida.

Ello, sumado al hecho de que el accionante: (i) ha actuado de forma diligente, poniendo en conocimiento de dicha entidad su situaci�n de vulnerabilidad; (ii) es/ un sujeto de especial protecci�n constitucional, pues pertenece al/ resguardo ind�gena cabildo Nada Kiwe del Norte del Cauca; y (iii) presenta una condici�n socioecon�mica precaria. Negrilla fuera de texto.� CASO CONCRETO �� En el caso bajo estudio, la Sala conoce de la acci�n de tutela interpuesta con el prop�sito de proteger los derechos fundamentales de petici�n, dignidad humana, salud, igualdad y equidad, reclamados por la accionante Ana Delfa Orozco De Acosta, en contra de la Unidad para la Atenci�n y Reparaci�n Integral a las V�ctimas (UARIV).

La accionante argumenta que la entidad ha sido evasiva respecto de su solicitud de entrega de la medida de indemnizaci�n administrativa y que no ha realizado el pago correspondiente.� � Dicha solicitud se fundamenta en la petici�n radicada ante la UARIV el 9 de agosto de 2024, en la que se requiere una fecha cierta para el pago de la indemnizaci�n administrativa previamente reconocida. 2� � Por su parte, la UARIV, mediante comunicaci�n con c�digo lex 81415693 de fecha 12 de agosto de 2024, inform� que existe un acto administrativo del 13 de marzo de 2020 por medio del cual se reconoci� la medida de indemnizaci�n administrativa a la accionante.

Adicionalmente, identific� que la accionante acredita una situaci�n de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad. No obstante, la entidad advirti� que, hasta el 31 de diciembre de 2023, a�n exist�an v�ctimas en condici�n prioritaria que no hab�an recibido el pago de su indemnizaci�n.� � En este contexto, y conforme a lo dispuesto en la Resoluci�n 1049 de 2019, la UARIV indic� que la entrega de la indemnizaci�n prioritaria depend�a de la disponibilidad presupuestal y que, en caso de que los recursos asignados para la vigencia -2024- fueran insuficientes, el pago se efectuar�a en la siguiente vigencia presupuestal.� � Posteriormente, el 28 de octubre de 2024, la UARIV, mediante oficio identificado con c�digo lex 82722704 inform� a la accionante que se emiti� una alerta a la Subdirecci�n de Reparaci�n Individual, con el fin de desplegar las acciones necesarias para determinar si le asiste el derecho a la priorizaci�n del pago de la medida de indemnizaci�n administrativa.

Asimismo, se indic� que, una vez se estableciera la fecha de pago, se expedir�a y notificar�a el acto administrativo correspondiente.� � Con posterioridad a la admisi�n de la acci�n de tutela, la UARIV emiti� una nueva respuesta a la accionante, bajo el c�digo lex 84099145, el 3 de febrero de 2025, reiterando lo indicado en la respuesta anterior y se�alando que la entidad contin�a realizando las validaciones necesarias para emitir una respuesta de fondo en los pr�ximos d�as.� � Por su parte, el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas ampar� el derecho fundamental de petici�n de la accionante, argumentando que las v�ctimas, seg�n lo ha se�alado la Honorable Corte Constitucional, tienen derecho a conocer de manera clara y cierta las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se evaluar� su caso para la priorizaci�n del pago.� � Frente a lo anterior, la UARIV impugn� el fallo de tutela, aportando comunicaci�n identificada con c�digo lex 84297836, de fecha de 11 de marzo de 2025,�en la cual reitera que contin�a realizando las validaciones pertinentes con el fin de emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la solicitud de la accionante.� � De lo expuesto, no cabe duda de que la se�ora Ana Delfa Orozco De Acosta fue reconocida como v�ctima de desplazamiento forzado y, en consecuencia, mediante Resoluci�n N� 04102019-5147277 de 13 de marzo de 2020, le fue reconocida la medida de indemnizaci�n administrativa.� � Es relevante se�alar que, para la fecha en que se expidi� dicha resoluci�n, la Resoluci�n 1049 de 2019 establec�a en el literal a, art�culo 4, que una v�ctima se encontraba en urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad cuando acreditaba tener una edad igual o superior a setenta y cuatro (74) a�os.

No obstante, la Resoluci�n 582 de 2021 modific� dicho literal y redujo el requisito de edad a sesenta y ocho (68) a�os.� � As� las cosas, la accionante:� � Desde el 13 de marzo del a�o 2020, tiene derecho al reconocimiento de la medida de indemnizaci�n administrativa.� Desde la expedici�n de la Resoluci�n 582 de 2021 (26 de abril de 2021), cumple con el criterio de edad para su priorizaci�n.� Desde agosto de 2024, la UARIV ha manifestado que se encuentra adelantando gestiones para determinar su priorizaci�n, con el fin de garantizar una respuesta de fondo.� �En este contexto, es evidente que la petici�n a�n no ha sido resuelta de fondo y que han transcurrido aproximadamente seis (6) meses sin que la accionante reciba informaci�n sobre el estado de priorizaci�n de la indemnizaci�n reconocida a su favor.� � En consecuencia, conforme a lo se�alado por la Corte Constitucional, el reconocimiento de los principios de gradualidad y progresividad no puede derivar en que las personas desplazadas deban esperar de manera indefinida y bajo completa incertidumbre el pago de su indemnizaci�n administrativa.

En el presente caso, han transcurrido cinco (5) a�os desde el reconocimiento del derecho de la accionante a la indemnizaci�n, sin que a la fecha cuente con informaci�n clara y precisa sobre el estado de entrega de la misma. Esta situaci�n afecta no solo el derecho fundamental de petici�n, sino tambi�n el derecho al debido proceso, dignidad humana, reparaci�n administrativa e igualdad, en comparaci�n con aquellas v�ctimas que, teniendo el criterio de edad acreditado, han recibido informaci�n cierta sobre la fecha razonable de pago de su medida de reparaci�n. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en la Resoluci�n 1049 de 2019:�� .En el caso que proceda el reconocimiento de la indemnizaci�n y la v�ctima haya acreditado alguna de las situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad referidas en el art�culo 4 del presente acto administrativo, se priorizar� la entrega de la medida de indemnizaci�n, atendiendo a la disponibilidad presupuestal de la Unidad para las V�ctimas.�� (�)� En todos los casos que proceda la entrega de la indemnizaci�n, la Unidad para las V�ctimas comunicar� a la v�ctima solicitante acerca del periodo de que dispone para hacer efectivo el pago de la medida de indemnizaci�n.� Negrilla fuera de texto� � Por otra parte, en relaci�n con la solicitud hecha en la impugnaci�n de la acci�n de tutela, en la que se pide la desvinculaci�n del Dr. Jes�s Leandro Tarazona Moncada, dado que el cargo de Director T�cnico de Reparaci�n de la Unidad para las V�ctimas fue asumido por la Dra. Diana Marcela G�mez Correal, de conformidad con la Resoluci�n 188 del 3 de febrero de 2025, se proceder� con lo solicitado y, en se orden, se modificar� el numeral segundo de la sentencia respecto al responsable.� � Por las razones expuestas, la Sala modificar� y adicionar� el fallo proferido por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, dentro de la acci�n de tutela promovida por Ana Delfa Orozco De Acosta contra la Unidad para la Atenci�n y Reparaci�n Integral a las V�ctimas (UARIV), en el sentido de precisar a la fecha, quien ostenta el cargo de Director T�cnico de Reparaci�n de la Unidad de Victimas, as� como reconocer otros derechos no amparados en la sentencia de primera instancia.� � En consecuencia, se tutelar�n los derechos fundamentales de petici�n, debido proceso, dignidad humana e igualdad de la accionante, Ana Delfa Orozco De Acosta, identificada con c�dula de ciudadan�a No. 25.191.475 de Santuario, Risaralda, vulnerados por la UARIV.� � Asimismo, se modificar� la orden impartida al Dr. Jes�s Leandro Tarazona Moncada, para que en su lugar se ordene el cumplimiento a la Dra. Diana Marcela G�mez Correal, actual Directora T�cnica de Reparaci�n de la UARIV, dejando inc�lumes las dem�s disposiciones de la sentencia.� �� En m�rito de lo expuesto, la � a c d � � � � � =>��vdvdR:&&h�?Yh�?Y6�CJOJQJ\�^JaJ.h�?Yh�?Y6�CJOJQJ\�^JaJmH sH #h�?Yh�?Y6�CJOJQJ^JaJ#h�?Yh�?Y5�CJOJQJ^JaJh�?Y5�CJOJQJ^JaJ h�?Yh�?YCJOJQJ^JaJ&h�?Y5�B*CJOJQJ^JaJph,h�?Yh�?Y5�B*CJOJQJ^JaJph5h�?Yh�?Y@��B*CJOJQJ^JaJnHph�tH)h�?Yh�?YB*CJOJQJ^JaJphh�?YhzSj0JOJQJ^J��c d � ?@|~� � � � � � ��$�X�� "��9D[$\$]�X^�� `�"�a$gd�f�$��9D[$\$a$gd�f�$d��a$gd�?Y7$d��$d%d&d'd-DM� ��N��O��P��Q��a$gd�?Y>?@z~� � � � � � � � � � � � � � ��۵��}fb^fH}�8��}hzSj0JCJOJQJ^JaJ*h�@hzSj0J5�CJOJQJ\�^JaJh�KahzSj,h�@hzSj0JCJOJQJ^JaJmH sH hzSj5�CJOJQJ\�^JaJ$hzSj0J5�CJOJQJ\�^JaJ&hzSj0JCJOJQJ^JaJmH sH h�f�CJOJQJ^JaJ.h�?Yh�?Y6�CJOJQJ\�^JaJmH sH &h�?Yh�?Y6�CJOJQJ\�^JaJ h�?Y6�CJOJQJ\�^JaJ*+qrs��4568��Ͼ��j�[�[�H[�<hzSj0JOJQJ^J$hzSj0J5�OJQJ\�^JmH sH hzSj0J5�OJQJ\�^J*h["ThzSj0J5�CJOJQJ\�^JaJ,h["ThzSj0JCJOJQJ^JaJmH sH 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primero y MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 6 de febrero de 2025 por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas dentro de la acci�n de tutela interpuesta por la se�ora Ana Delfa Orozco De Acosta, de la siguiente manera:�� PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales de petici�n, debido proceso, dignidad humana, reparaci�n administrativa e igualdad de la se�ora Ana Delfa Orozco De Acosta, por lo expuesto en la parte motiva.�� SEGUNDO: ordenar a Diana Marcela G�mez Correal, en su condici�n de Directora T�cnica de Reparaci�n de la Unidad para la Atenci�n y Reparaci�n Integral a las v�ctimas � UARIV-, o quien haga sus veces, que en el t�rmino de cuarenta (48) horas siguientes a la notificaci�n de esta providencia, emita respuesta de fondo, clara, completa y congruente a la solicitud presentada por la accionante el 9/08/2024, esto es, indic�ndole la fecha probable de pago de la indemnizaci�n administrativa, teniendo en cuenta su estado de priorizada.

Dicho acto debe ser puesto en conocimiento de la parte accionante dentro del t�rmino antes indicado�� SEGUNDO: Notif�quese esta decisi�n a las partes conforme lo previene el art�culo 30 del Decreto 2591 de 1991.� � TERCERO: Rem�tase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi�n, conforme el art�culo 31 del Decreto 2591 de 1991.� � �NOTIF�QUESE Y C�MPLASE� � La Magistrada ponente, Con firma electr�nica al final del documento ANA LUC�A CAICEDO CALDER�N La Magistrada y el Magistrado, Con firma electr�nica al final del documento OLGA LUC�A HOYOS SEP�LVEDA Con firma electr�nica al final del documento GERMAN DARIO GOEZ VINASCO � ��M�P��rZZ$�dh��9D[$\$]�a$gdzSj$dh��9D[$\$a$gd�Ka$��+dh��9D[$\$]��^�+a$gdzSj$��dh��9D[$\$]��a$gdzSj$��dh��9D[$\$]��a$gd��8dh��9D[$\$gdzSj$�X��dh��9D[$\$]�X^��a$gdzSj �� Į��yk_kL6*h.2�hzSj0J6�OJQJ]�^JmH sH $h.2�0J6�OJQJ]�^JmH sH hzSj0JOJQJ^JhzSjCJOJQJ^JaJh��8hzSj0JOJQJ^J$h��8hzSj0JOJQJ^JmH sH $h�Kah-�0JOJQJ^JmH sH *h�KahzSj0J5�OJQJ\�^JmH sH 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