MARCO TULIO BORJA PARADAS Magistrado Ponente FOLIO 041-2024 Radicación n° 23-001-31-05-001-2023-00209-01 Estudiado, discutido y aprobado de forma virtual Montería, veintidós (22) de marzo de dos mil veinticuatro (2.024). I. OBJETO DE LA DECISIÓN Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte ejecutante, contra el auto de 11 de diciembre de 2.023, proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería, dentro del Proceso Ejecutivo Laboral promovido por MARTHA LUZ OYOLA DE LA VEGA, ONORYS DE JESUS NERO LLORENTE, BERTA LUZ ROJAS CARDOZA, OMAIRA DEL CARMEN MARTINEZ GÓMEZ, ROBERTO MANUEL GONZALEZ FLOREZ, ANGELA LUCIA ALVAREZ VILLEGAS, FREDY MANUEL DIAZ TEHERAN, ELVIRA ROSA CASTELLANOS MONTERROSA, EVA ENA MARTINEZ DIAZ, AMBROSIO 2 Rad. 23-001-31-05-001-2023-00209-01.
Folio 041-2023. JOSÉ PACHECO ROMERO, JOSÉ MANUEL GUERRA PASTRANA, JULIAN ARGEL CERVERA, ELYS DEL CARMEN HERRERA CAMARGO, ISMAEL RODRIGO CASTELLANOS, YOLANDA NEGRETE BRUNA, YANETH FERRADO CURA, VICTOR DIOMEDEZ DIAZ GARCIA, YANETH DEL SOCORRO ROJAS CARDOSO, NATALIA DEL CARMEN TANO NASRALLATH, NAYIBE DEL CARMEN NEGRETE BRUNAL, DINORAT IZQUIERDO RODRIGUEZ, BLANCA BERNALDA BALLESTA VILLALVA, GLENYS ORTEGA TRIANA, NILSA ROSA DE LA VEGA, EDITH MARIA MORA BRUNAL, DORELYS EMILSA JIMENEZ LLORENTE, DANIEL MANUEL ARGEL MURILLO, NAFER IZQUIERDO RODRIGUEZ, HECTOR AUGUSTO GAMERO CORCHO, GUMERCINDO JAVIER GONZALEZ MARTINEZ, REYNELDA CARMEN MARTINEZ CUETO, OFELIA DEL SOCORRO ATENCIA GUZMAN, ARISTIDES GONZALEZ FLORES, CRISTINA YANEZ GUEVARA, BRIGIDA BIGDONIA BALLESTA VILLALBA, MARIA DE JESUS SOTELO CALDERIN, CESAR TULIO BELTRAN PEÑATA, LEONARDO JORGE ARGEL RAMIREZ, JOSE ALFREDO HERNANDEZ PEREZ, LAZARO MANUEL VILLALBA JARAMILLO, OVERCIO MANUEL MESTRA DURANGO, SAMIRA FARITH MARTINEZ GALEANO, OSCAR LUIS JARAMILLO LOPEZ, MARIELA ISABEL DIAZ ALVAREZ, BENERANDA GONZALEZ CHICA, ANADELFA PAEZ ESQUIVEL, ABRAHAN ARGEL MURILLO, ARACELY 3 Rad. 23-001-31-05-001-2023-00209-01.
Folio 041-2023. ISABEL CARMONA SOTELO, LINEY MARIA HURTADO SIERRA, MARGARITA SOFIA MONTIEL ALVAREZ, JOHN JAIRO MIRANDA DELGADO, LUZ ESTELA GONZALEZ QUINTERO, MARIA ELENA CASTELLANOS GUEVARA, JOSE MIGUEL DIAZ ORTIZ, CONSUELO DEL CARMEN DIAZ NEGRETE, AMIRA RORIGUEZ PATRON, DELIA DE LA ROSA ROSALES DE LA VEGA, EVER MANUEL LOBO NORIEGA, JOSE DE LOS SANTOS MARTINEZ DIAZ, MIRIAM JUDITH CASTRO HERAZO, NORGE EMILIO ACOSTA MESTRA, GLENIS CECILIA ARGEL MONTALVO, DAIRA LUZ PADILLA HERNANDEZ, DIEGO RAMON ALMANZA LOPEZ, DAVID MEZA CABRIA, CLAUDIA PATRICIA PEREZ HERNANDEZ, EMERITA PATRON ARGEL, NELLY JUDITH RUIZ PALMERA, ANGEL MARTINEZ ALVAREZ, ENEIDA CASTELLANOS GUEVARA, MANUELA DEL SOCORRO RIVERA FERNANDEZ, CARMEN HOYOS JARABA, DIEGO ALMANZA LÓPEZ, EMIRO CASTRO NEIRO, FRANCIA ELENA VERA FURNIELES, LUCILA MEZA CABRIA, LUIS EMILIO FURNIELES FUENTES, MARTHA CHANCI ZAPATA, NELLY VERTEL DURANGO, NORCIS CHICA ESQUIVIA, OLGA LUCÍA OSORIO LÓPEZ, OSCAR GREGORIO HURTADO HERNÁNDEZ, ROBERTO DANIEL ROMERO GALLEGO, RODRIGO PEREZ CUITIVA y SANTIAGO HURTADO HERNANDEZ contra el MUNICIPIO DE TIERRALTA. 4 Rad. 23-001-31-05-001-2023-00209-01.
Folio 041-2023. II. LA PROVIDENCIA APELADA El A-quo, a través de la providencia apelada, negó la el mandamiento de pago, al estimar que los actos administrativos invocados como título ejecutivo no contienen una obligación clara y expresa en cuanto a la forma, fecha y términos para pagar, lo que a su vez no determina con certeza la exigibilidad de las obligaciones.
III. EL RECURSO DE APELACIÓN El apoderado de la parte ejecutante apeló la decisión, arguyendo en apretada síntesis de lo sustancial, que las resoluciones invocada como título ejecutivo contienen una obligación de hacer y, con sustento en esta, obligaciones de dar. Que la primera ha sido incumplida y así lo ha certificado el representante legal del municipio demandado.
Que, entonces, lo procedente es librar mandamiento de pago por la obligación de hacer, la que, de no cumplirse, correspondería librar orden de pago por las sumas de dinero expresadas en la Resolución No. 1981 del 29 de noviembre del 2013 y Resolución No. 1916 de fecha 4 de noviembre del 2014, más los intereses moratorios. IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN El vocero judicial de la parte ejecutante presentó alegaciones encaminadas a la prosperidad del recurso. 5 Rad. 23-001-31-05-001-2023-00209-01.
Folio 041-2023. V. CONSIDERACIONES 1. Problema jurídico a resolver Corresponde a la Sala determinar: si procede librar el mandamiento de pago por obligación de hacer y luego por obligación de pagar sumas de dinero. 2. Solución al problema planteado 2.1. El A-quo, a través de la providencia apelada, negó la el mandamiento de pago, al estimar que los actos administrativos invocados como título ejecutivo no contienen una obligación clara y expresa en cuanto a la forma, fecha y términos para pagar, lo que a su vez no determina con certeza la exigibilidad de las obligaciones. 2.2.
Frente a lo anterior, el apoderado de la parte ejecutante, en apretada síntesis, arguye que las resoluciones invocadas como título ejecutivo contienen una obligación de hacer y, con sustento en esta, obligaciones de dar. Que la primera ha sido incumplida y así lo ha certificado el representante legal del municipio demandado. Que, entonces, lo procedente es librar mandamiento de pago por la obligación de hacer, la que, de no cumplirse, correspondería librar orden de pago por las sumas de dinero expresadas en la Resolución No. 6 Rad. 23-001-31-05-001-2023-00209-01.
Folio 041-2023. 1981 del 29 de noviembre del 2013 y Resolución No. 1916 de fecha 4 de noviembre del 2014, más los intereses moratorios. 2.3. Pues bien, los títulos ejecutivos invocados, como se infiere de lo antes señalados, son las Resoluciones 1981 del 29 de noviembre del 2013 y No. 1916 de fecha 4 de noviembre del 2014, ambas expedidas por el Alcalde de ese entonces del MUNICIPIO DE TIERRALTA. 2.3.1.
Con la primera resolución, se reconoce y ordena el pago a 71 personas por concepto de acreencias laborales derivadas de su labor docente, concernientes al periodo del 1° de enero de 1.998 a 31 de diciembre de 2.000. No obstante, de los artículos 2 y 3 de dicha resolución, se desprende que el pago de esas acreencias, queda sujeto a que se obtengan los recursos y, para tal efecto, a que se adelante gestiones ante el gobierno nacional. 2.3.2.
Con la segunda relación, se procede de idéntica forma, pero con relación a 14 docentes. 2.4. Como se dijo, el apoderado de los ejecutantes, estima que ha de librarse mandamiento de pago por las obligaciones de hacer, concerniente a las gestiones ante al gobierno nacional para la consecución de los recursos, la que, según certificación del Alcalde, no fue cumplida.
Que, de no cumplirse el respectivo mandamiento ejecutivo por dicha obligación de 7 Rad. 23-001-31-05-001-2023-00209-01. Folio 041-2023. hacer, se mande el pago por las sumas de dinero expresadas en las aludidas resoluciones más los intereses moratorios. 2.5. Lo anterior no es de recibo, porque, en primer término, para la aludida obligación de hacer, esto es, gestionar ante el gobierno nacional la obtención de los recursos, no aparece en las resoluciones que sirven de título ejecutivo, un término, y, por ende, es dable concluir que, en últimas, no se trata de una obligación de carácter patrimonial, sino un deber, para lo cual lo procedente no sería el proceso ejecutivo; quizás, una acción constitucional de cumplimiento. 2.5.
En segundo término, porque así se considerase que se está ante una obligación de hacer de carácter patrimonial, la misma no es de resultado, sino de medio, y, por ende, no cabría predicar que, con su incumplimiento, se suscitan como perjuicios directos el contenido de la obligación de dar que igualmente se pretende. 2.7. En tercer término, la obligación de hacer de la que, pende, el paso a la de dar, sería aquí improcedente, porque conllevaría, según los términos de los artículos 100 del CPTSS, 426 a 428 y 433 del CGP, y según los términos de lo pretendido por la parte ejecutante, a que se proceda por una ejecución subsidiaria de perjuicios, que, según dicha parte, se traduce en el valor de las acreencias laborales reconocidas e intereses moratorios; más, paso por alto el vocero judicial de esa parte, 8 Rad. 23-001-31-05-001-2023-00209-01.
Folio 041-2023. que la imposición de tales perjuicios sería aquí la consecuencia de una responsabilidad estatal por incumplimiento, lo cual no es del resorte de la jurisdicción ordinaria laboral. 2.8. Y, en cuarto término, tiene dicho esta Sala (Vid. TSMON, Sentencia 23 abr. 2021, Rad. 2019-00230-01, Folio 388-21. M.P. Dr. Marco Tulio Borja Paradas), que actos administrativos en los que se reconocen relaciones laborales, y más concretamente acreencias laborales de antigua causación y exigibilidad, sin quedar claro en dicho acto si las mismas estaban o no prescritas (los actos administrativos son del año 2013 y reconoce acreencias laborales entre los años 1998 a 2.000), constituyen un afectación al patrimonio público, y, por ende, una afectación al interés colectivo, de ahí que su inaplicación por inconstitucional se impone; criterio este que, por demás, fue aceptado o encontrado razonable por el órgano de cierre de esta jurisdicción ordinaria laboral, esto es, la Honorable Sala de Casación Laboral, en la sentencia STL7727- 2021, al discurrir en ésta así: “Por otra parte, el Tribunal censurado sostuvo (…) que no podía pasar por alto que la resolución que fue expedida el 30 de diciembre de 2015 «sin explicación alguna reconoce la pensión de sobreviviente a partir del 28 de agosto de 2003, sin declarar la prescripción de las mesadas pensionales a que haya lugar», circunstancia que se traduce en una decisión administrativa lesiva para el patrimonio público. 9 Rad. 23-001-31-05-001-2023-00209-01.
Folio 041-2023. (…). De ahí, el fallador de segundo grado afirmó que el funcionario público que expidió el acto administrativo que se presenta como título ejecutivo pasó por alto mandatos constitucionales, entre ellos, los artículos 1.º, 58 y 209 de la Carta Política, así como «toda esas normas constitucionales que implícitamente revelan la voluntad marcada del constituyente por la protección especial al patrimonio y recursos públicos, como se desprende de aquellas normas que crean órganos, como la Contraloría General de la República y la misma Procuraduría General de la Nación, para velar por dicha protección».
En tal contexto, el ad quem concluyó que el desconocimiento de normas de orden constitucional impone acudir a la excepción de inconstitucionalidad y, en ese orden, confirmar la decisión de primer grado. De lo anteriormente indicado se insiste que, contrario a lo afirmado por la recurrente, la Magistratura encausada realizó un estudio de la normativa, jurisprudencia y de las pruebas obrantes en el plenario para colegir que no era posible emitir mandamiento de pago con base en un acto administrativo que resultaba contrario a la Constitución. Así las cosas, no le asiste razón a la parte actora cuando pretende que se revoque la providencia censurada, toda vez que no se observa que haya sido caprichosa e inconsulta; por el contrario, no puede perderse de vista que el trámite cuestionado, tal como fue descrito por esta Sala, se adelantó con el análisis detallado de los 10 Rad. 23-001-31-05-001-2023-00209-01.
Folio 041-2023. elementos de juicio presentes en el plenario, con la aplicación de las normas y jurisprudencia que rigen el caso y con la percepción razonable del Colegiado convocado. De ahí, se observa que dicha autoridad actuó dentro del marco de la autonomía e independencia que le es otorgada por la Constitución y la ley”. 2.9.
Dado el principio de consonancia en la decisión de los autos apelados (CPTSS, art. 66-A), lo expuesto se estima suficiente para confirmar el auto apelado. 3. Costas Dado que no hubo réplica al recurso de apelación, no se impondrá condena en costas por el trámite de esta segunda instancia (CGP, art. 365-8°). VI. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería;
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el auto apelado.
SEGUNDO: Sin costas en esta instancia. 11 Rad. 23-001-31-05-001-2023-00209-01. Folio 041-2023.
TERCERO: Devolver el expediente a su juzgado de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE MARCO TULIO BORJA PARADAS Magistrado RAFAEL MORA ROJAS Magistrado 12 Rad. 23-001-31-05-001-2023-00209-01. Folio 041-2023. Contenido FOLIO 041-2024 Radicación n° 23-001-31-05-001-2023-00209-01 I. OBJETO DE LA DECISIÓN II. LA PROVIDENCIA APELADA III. EL RECURSO DE APELACIÓN IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN V. CONSIDERACIONES 1.
Problema jurídico a resolver 2. Solución al problema planteado 3. Costas VI. DECISIÓN