Micelio

Providencia — Tribunal Superior de Pasto

Radicado: 521106000507-2014-00190-04

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VERSIONES RENDIDAS ANTES DEL JUICIO - Cuando el testigo comparece a juicio para cambiar su versi�n anterior o retractarse de la misma, se presenta una situaci�n en la que la declaraci�n anterior resulta incompatible con el testimonio rendido en juicio lo cual habilita a la parte procesal afectada para que la declaraci�n previa se constituya en prueba.

VERSIONES ANTERIORES INCOMPATIBLES CON EL TESTIMONIO RENDIDO EN JUICIO Y PRUEBA DE REFERENCIA � Diferencia: Lo es la posibilidad efectiva de contrainterrogar al testigo sobre lo expuesto por fuera del juicio oral. RETRACTACI�N � Valoraci�n probatoria: No implica descartar de plano la versi�n inicialmente conocida ni tampoco acoger indefectiblemente la �ltima, su an�lisis se efect�a en conjunto con las dem�s pruebas.

RETRACTACI�N - Diferencias con la impugnaci�n de credibilidad. DECLARACIONES ANTERIORES INCONSISTENTES CON LO QUE EL TESTIGO DECLARA EN JUICIO � TESTIMONIO ADJUNTO: Presupuestos y requisitos. INCORPORACI�N DE UNA DECLARACI�N ANTERIOR AL JUICIO A T�TULO DE TESTIMONIO ADJUNTO � Procedimiento. INCORPORACI�N DE UNA DECLARACI�N ANTERIOR AL JUICIO A T�TULO DE TESTIMONIO ADJUNTO � Derecho de confrontaci�n. DECLARACI�N ANTERIOR AL JUICIO A T�TULO DE TESTIMONIO ADJUNTO: Apreciaci�n probatoria.

DECLARACIONES RENDIDAS ANTES DEL JUICIO - Testimonio Adjunto: Las imprecisiones durante el proceso de incorporaci�n deben tener la trascendencia suficiente para desestimar dichas pruebas. INCORPORACI�N DE UNA DECLARACI�N ANTERIOR AL JUICIO A T�TULO DE TESTIMONIO ADJUNTO � Al cumplirse los presupuestos y ante la retractaci�n del testigo, procede el ingreso de la declaraci�n anterior como medio de prueba para que el juzgador cuente con las dos versiones a fin de determinar cu�l de ellas tiene mayor peso suasorio.

PRUEBA DE REFUTACI�N � Reglas: Solo puede ser solicitada y decretada en el juicio oral y requerida solo por la contraparte y no para controvertir la propia prueba. PRUEBA DE REFUTACI�N - Legitimidad para realizar su solicitud. PRUEBAS DE REFUTACI�N - Diferencias con las pruebas decretadas en la audiencia preparatoria. PRUEBA DE REFUTACION - Diferencia con medios empleados para impugnar la credibilidad del testigo.

RECONOCIMIENTOS FOTOGR�FICOS - Naturaleza jur�dica, utilizaci�n y poder demostrativo. RECONOCIMIENTO FOTOGR�FICO - No es prueba en s� misma, hace parte del testimonio, como tal no es exigible incorporar el acta de la diligencia de reconocimiento. (�) De acuerdo con el ofrecimiento probatorio realizado por el ente acusador (�) present� como su testigo al se�or JGPI, persona que, de acuerdo, a la investigaci�n adelantada habr�a rendido un interrogatorio de indiciado y participado en las diligencias de reconocimiento fotogr�fico, actuaciones que involucran a los precitados.

(�) No obstante, la Fiscal�a enfrent� los siguientes obst�culos: i) El testigo no acredit� o autentic� el interrogatorio de indiciado ni las actas de reconocimiento fotogr�fico que le fueron presentados por la Fiscal�a. ii) El testigo hizo referencia a varias irregularidades en el tr�mite de las mencionadas actuaciones. iii) Neg� el contenido tanto del interrogatorio de indiciado como de las diligencias de reconocimiento fotogr�fico que le fueron presentados por la Fiscal�a (�) (�) la Fiscal�a acudi� b�sicamente a dos estrategias para solventar los obst�culos determinados.

As� para el primero y segundo requiri� de manera inmediata la pr�ctica de los testimonios de la Dra. M�NICA MARIANA MORA, Fiscal Especializada, del Dr. ALFONSO JEREMIAS B�RCENAS, abogado defensor, de la PT. del GAULA, CAROLINA GUERRERO SALAZAR, del representante del Ministerio P�blico Dr. LUCIO RODR�GUEZ CHAVES y del investigador ARIEL LEONARDO VILLOTA GUEVARA, quienes habr�an intervenido en las diligencias en las que se aduce particip� JGPI.

(�) (�) la Fiscal�a requiri� prueba pericial dactilosc�pica (�) y el decreto probatorio de las audiencias preliminares adelantadas con ocasi�n de la captura de JGPI, ya que de esa actuaci�n se deriv� la necesidad de adelantar el interrogatorio de indiciado. Para el tercer obst�culo solicit� la introducci�n del interrogatorio de indiciado rendido por JGPI y las actas de reconocimiento fotogr�fico.

(�) (�) respecto de los testimonios, la prueba pericial, y las audiencias preliminares adelantadas con ocasi�n de la captura de JGPI surge un interrogante (�) pues resulta que durante el juicio oral la Fiscal�a los requiri� como prueba de refutaci�n y as� fue decretado por la Jueza de primera instancia. (�) (�) los testigos presentados por la Fiscal�a al explicar cu�l fue el procedimiento adelantado simplemente cumplieron una funci�n de autenticaci�n, as� no lo haya expuesto de manera expresa la Fiscal�a, y no como lo entendi� el delegado del Ministerio P�blico, que fueron presentados con la finalidad de impugnar la credibilidad del testigo, este objetivo nunca fue expuesto por la Fiscal�a ni tampoco se deduce de su comportamiento procesal adelantado.

La impugnaci�n de credibilidad, adem�s, puede intentar hacerse de manera directa a trav�s del mismo testigo en el contrainterrogatorio cuando se pone en evidencia por ejemplo una contradicci�n en sus respuestas o tambi�n puede acudirse al uso de declaraciones previas. (�) (�) las pruebas testimonial y pericial practicadas a favor de la Fiscal�a no podr�an considerarse prueba de refutaci�n respecto del testimonio de PI, quien fue presentado como prueba de cargo de la Fiscal�a, raz�n por la cual no pod�a la misma parte procesal presentar prueba de refutaci�n en contra de su testigo.

(�) (�) la prueba introducida (�) cumplieron un objetivo de autenticaci�n de las actuaciones en las que intervino JGPI tanto del interrogatorio de indiciado como de las diligencias de reconocimiento fotogr�fico dada su negaci�n a reconocer dichas actuaciones. Y aunque (�), la Fiscal�a se equivoc� en la denominaci�n de la prueba lo importante es lo que material y jur�dicamente tuvo ocurrencia en la audiencia de Juicio Oral, atendiendo adem�s a que conforme lo adujo el delegado del Ministerio P�blico, se permiti� la controversia en la solicitud y la confrontaci�n durante la pr�ctica probatoria a la bancada defensiva.

La irregularidad expuesta no es de la trascendencia que pueda invalidar la actuaci�n ni afectar el debido proceso probatorio, al punto de que deba excluirse la prueba (�) (�) los testimonios atr�s enunciados de quienes intervinieron en el interrogatorio de indiciado y las diligencias de reconocimiento fotogr�fico que fueron presentados por la Fiscal�a, as� como la prueba pericial dactilosc�pica permiten determinar claramente que no solamente el tr�mite se realiz�, sino que se hizo acorde a los par�metros legales sin quebrantamiento de los derechos y garant�as del entonces procesado JGPI, respecto de lo cual no constituyen prueba de refutaci�n, ni de referencia, ni sobreviniente, ni de impugnaci�n, sino testimonios directos que dan cuenta de la forma en que se adelant� el tr�mite y que ning�n tipo de montaje se realiz� al respecto.

Y as� la Fiscal�a logr� superar los dos primeros escollos para avanzar hacia su objetivo de introducir estas declaraciones previas en el torrente probatorio. (�) (�) el otro obst�culo que encontr� la Fiscal�a cuando pretendi� apoyar su teor�a del caso con el relato que pudiera suministrar PI, fue que este neg� tambi�n el contenido tanto del interrogatorio de indiciado como el de las actas de reconocimiento fotogr�fico.

La soluci�n a la que acudi� la Fiscal�a consisti� en solicitar que fuesen introducidas en el juicio oral dichas diligencias como declaraciones previas. (�) (�) para el presente asunto, se trata claramente de una retractaci�n (�) el comportamiento procesal de PI constituy� una de las modalidades por las cuales resultaba procedente introducir sus declaraciones anteriores como testimonio adjunto, como as� se hizo, raz�n por la cual no le asiste raz�n al delegado del Ministerio P�blico cuando aduce que se trat� de una prueba de referencia. (�) (�) Falta, entonces revisar qu� ocurre con las actas de reconocimiento fotogr�fico (�) los reconocimientos son actos de investigaci�n, no son una prueba en s� misma, que adquiera tal calidad a trav�s de la introducci�n del acta que da cuenta del reconocimiento como si se tratara de un medio de prueba documental, los reconocimientos constituyen una prolongaci�n de los testimonios, por lo cual no es necesario aportar al juicio el acta.

(�) (�) el hecho de que se hayan incorporado las actas a trav�s del investigador no significa que se trate de pruebas introducidas de manera ilegal, s�lo que su valoraci�n se realiza de manera diferente que la de aquellas que se introducen como testimonio adjunto. (�) (�) la versi�n suministrada por PI en sus declaraciones previas merece mayor credibilidad que la entregada en la audiencia de Juicio Oral, por lo que concierne ahora precisar cu�l es la informaci�n que se obtiene de los testimonios adjuntos rendidos por �l y que conforme al an�lisis ya realizado constituyen medio de prueba directo y no prueba de referencia. (�) (�) la defensa no present� prueba para controvertir el testimonio adjunto de JGPI, tanto en el proceso de autenticaci�n de las declaraciones previas como en su contenido (�) SENTENCIA CONDENATORIA � Procede al lograrse el convencimiento y conocimiento, m�s all� de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal de los acusados.

EFECTIVA PROTECCI�N DE LOS DERECHOS DE LOS NNA COMO V�CTIMAS DE DELITOS � PERSPECTIVA DE G�NERO: Obligaciones del Estado. EFECTIVA PROTECCI�N DE LOS DERECHOS DE LOS NNA COMO V�CTIMAS DE DELITOS � PERSPECTIVA DE G�NERO: Deber de prevenir, investigar, judicializar, sancionar y reparar las conductas cometidas contra ni�os, ni�as y adolescentes.

EFECTIVA PROTECCI�N DE LOS DERECHOS DE LOS NNA COMO V�CTIMAS DE DELITOS DE DESAPARICI�N FORZADA � Reforzamiento de las actividades preventivas y protocolos que se deben activar en caso de reporte de desaparici�n de una v�ctima menor de edad. EFECTIVA PROTECCI�N DE LOS DERECHOS DE LOS NNA COMO V�CTIMAS DE DELITOS DE TRATA DE PERSONAS � La trata, adem�s de ser una forma de violencia de g�nero, tambi�n es una manera de discriminaci�n. FISCALIA GENERAL DE LA NACI�N Y POLIC�A NACIONAL � Deber, dentro de sus competencias, de cumplir sus funciones de recepci�n de denuncias, investigaci�n y judicializaci�n de delitos en contra de NNA dentro de la debida diligencia, con perspectiva de g�nero, adoptando las acciones y medidas necesarias y urgentes a fin de proteger sus derechos. ___________________________________________________________________ TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SALA DE DECISI�N PENAL Magistrada Ponente: Dra. Blanca Lidia Arellano Moreno Proceso No.: 521106000507-2014-00190-04 N�mero Interno: 15567 Sentenciado: BDLL Y OTROS Delito: Desaparici�n Forzada Agravada Aprobado: Acta No. 27 de 23 de agosto de 2023 San Juan de Pasto, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr�s (2023) OBJETO DE LA DECISI�N Corresponde a esta Sala resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por el Procurador 144 Judicial II Penal y la bancada defensiva que representa a BDLL, EDQM, LALO y JFLB en contra de la sentencia del 13 de diciembre de 2018 proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pasto, por medio de la cual se impuso condena en contra de los precitados, en calidad de coautores responsables del delito de Desaparici�n Forzada Agravada.

ANTECEDENTES SUPUESTOS F�CTICOS En lo que corresponde al tema objeto de apelaci�n, los f�cticos se exponen en la sentencia de primera instancia en los siguientes t�rminos: �El d�a 28 de diciembre de 2014, en la vereda San Antonio del Municipio de Buesaco, varios moradores del sector estaban dedicados al juego del carnaval del agua, entre ellos los familiares de la menor PNPN.

Ya en horas de la tarde, esto es aproximadamente entre las 3 y 4 de la tarde, la ni�a se dirigi� de la vivienda en donde resid�a con su madre NENI a la casa de habitaci�n de su t�a I con el fin de recoger unas prendas de vestir, sin embargo, la menor nunca regres�, por ello desde ese momento sus familiares y vecinos iniciaron su b�squeda con resultados negativos desconoci�ndose su paradero.

Es as� como el padre de la menor, JEPM en horas de la noche del 28 de diciembre del 2014, dio a conocer la noticia criminal a la Estaci�n de Polic�a del municipio de Buesaco, activ�ndose el mecanismo de b�squeda urgente por parte de los policiales en dicho sector y en sus alrededores y luego en toda la regi�n, anunci�ndose incluso por las autoridades territoriales una alta recompensa para quien suministre informaci�n que permita ubicar a la menor sin que se haya obtenido noticias de ello.

De acuerdo con la investigaci�n realizada por la Fiscal�a y los funcionarios de Polic�a Judicial del GAULA, en horas de la tarde del d�a 28 de diciembre del 2014 por el sector de San Antonio, se observaron dos veh�culos, uno detallado con mayor precisi�n, el cual corresponde a una camioneta de color rojo que se desplazaba por la v�a aleda�a al sitio de donde desapareci� la menor, inform�ndose por dos testigos que dentro de �ste veh�culo viajaba el se�or JGPI y a su lado la menor PNPN que forcejeaba sin que ellas entendieran esto, pero cuando ya observan los carteles de recompensa donde se publica la foto de la ni�a PNPN, concluyeron que se trataba de la citada menor.

Con base en la citada informaci�n se procedi� a realizar reconocimientos fotogr�ficos y se emiti� la orden de captura en contra del se�or JGPI, quien antes de la audiencia de formulaci�n de imputaci�n decide rendir interrogatorio de indiciado en el cual reconoce haber participado en el hecho el 28 de diciembre de 2014, refiriendo que en horas de la tarde estuvo a bordo de la banca trasera de una camioneta roja en el cual llevaban contra su voluntad a la menor PNPN, pero adem�s revel� que en el citado veh�culo viajaban, BDLL, YPM, LAL y el conductor quien desconoc�a su nombre y a quien previamente hab�a contactado la se�ora BDLL para llevar a cabo el rapto de una menor de edad.

Adem�s, refiri� que a �l le solicit� buscara una persona adicional que supiera conducir moto o carro, de su confianza, para que acompa�ara a esa actividad, optando �l por ubicar a un conocido suyo dedicado al mototaxismo en la regi�n de El Remolino, de nombre DQ. Ya para el 28 de diciembre de 2014, �l y DAVID se desplazaron en moto desde El Remolino hasta el municipio de Buesaco, donde se encontraron con las dem�s personas por instrucci�n de B, concretando la sustracci�n y retenci�n de la menor PNPN a quien se llevaron en la camioneta roja que ocupaban, utilizando las v�as veredales hasta llegar a la v�a Panamericana, tomando luego rumbo Norte con destino a los departamentos de Cauca y Valle, desconociendo el destino final de la menor, pues �l se baj� en el sector de El Remolino. Se pudo establecer entonces que hubo un acuerdo previo, con una verdadera planificaci�n para consumar la sustracci�n de la menor de su entorno, para lo cual BDLL habr�a convocado a JGP quien a su vez le propuso acompa�arlos en el reato a EDQM para que actuara como �campanero� sobre la v�a, as� como tambi�n particip� DYPM y LALO, quienes estuvieron al momento de la sustracci�n y finalmente fueron con la menor con destino a un lugar hasta ahora desconocido.

Todo lo anterior se fundament� en la informaci�n suministrada por JGPI y los reconocimientos fotogr�ficos positivos se adelantaron luego de obtenerse la identificaci�n plena de los mencionados�. Adem�s de los hechos anteriormente expuestos, a trav�s de reconocimiento fotogr�fico en el que particip� JGPI quien reconoci� al conductor del veh�culo, se determin� que responde al nombre de JFLB. 2.2.

ACTUACI�N PROCESAL RELEVANTE Por los hechos anteriores, se tramitaron �rdenes de captura en contra de BDLL, EDQM, LALO, JFLB Y FIIN, las cuales fueron emitidas el 05 de noviembre de 2015 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Buesaco con Funci�n de Control de Garant�as. El 30 de noviembre de 2015 fue capturado el se�or LALO, llev�ndose a cabo el 01 de diciembre del mismo a�o ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Buesaco con Funci�n de Control de Garant�as las audiencias preliminares de legalizaci�n de captura, la cual fue avalada por la Funcionaria Judicial en la medida en que se hab�a cumplido conforme a los lineamientos constitucionales y legales; acto seguido se tramit� la audiencia de formulaci�n de imputaci�n en el cargo de coautor en la modalidad dolosa del delito de Desaparici�n Forzada previsto en el art�culo 165 del C.P., Agravado por el numeral 3 del art�culo 166 ib�dem, en atenci�n a la minor�a de edad de la v�ctima, lo cual no fue aceptado por el imputado; por �ltimo, se impuso por la Jueza, medida de aseguramiento intramural.

Prosiguiendo el tr�mite correspondiente, el 07 de abril de 2016 se radic� el escrito de acusaci�n, el 29 de marzo del a�o siguiente se llev� a cabo la audiencia de formulaci�n de acusaci�n. La audiencia preparatoria tuvo lugar el 22 de mayo de 2017, sin embargo, al ser apelada la decisi�n que se adopt� en la citada diligencia, la Sala Penal presidida por el H. Magistrado Dr. Jos� An�bal Mej�a Camacho, confirm� el auto emitido.

De otra parte, la se�ora BDLL y el se�or EDQM, fueron capturados el 27 de noviembre de 2015. Las diligencias preliminares se realizaron el 28 del mes y a�o indicado ante el Juzgado Promiscuo Municipal de El Tabl�n de G�mez con Funci�n de Control de Garant�as, donde se declar� legal la captura, se les formul� imputaci�n en calidad de coautores del delito de Desaparici�n Forzada previsto en el art�culo 165 del C.P., Agravado por el numeral 3 del art�culo 166 ib�dem, al ser la v�ctima menor de 18 a�os, y donde finalmente se impuso por la Judicatura, medida de aseguramiento intramural.

Siguiendo con el tr�mite, el 07 de abril de 2016 se radic� el escrito de acusaci�n en contra de la se�ora BDLL y del se�or EDQM, correspondiendo el conocimiento del caso al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pasto, llev�ndose a cabo la audiencia de formulaci�n de acusaci�n el 16 de agosto de 2016; sin embargo, ante la declaratoria de impedimento deprecada el 29 de diciembre de ese mismo a�o por la nueva funcionaria del Despacho, el 17 de enero de 2017 asumi� el conocimiento de proceso el Juzgado Primero de la misma especialidad con sede en Pasto.

La audiencia preparatoria tuvo lugar entre los d�as 2 y 3 de febrero de 2017, sin embargo, al ser apelada la decisi�n que se adopt� en la citada diligencia, la Sala Penal presidida por la suscrita Magistrada, confirm� el auto emitido. Por otro lado, los se�ores JFLB y FIIN, fueron capturados el 21 de enero de 2016 y al d�a siguiente ante el Juzgado Tercero Penal Municipal de Pasto con Funci�n de Control de Garant�as, se adelantaron las diligencias preliminares, donde se declar� legal la captura y se les formul� imputaci�n en calidad de coautores del delito de Desaparici�n Forzada previsto en el art�culo 165 del C.P., Agravado por el numeral 3 del art�culo 166 ib�dem, al ser la v�ctima menor de edad.

En ese orden, el 31 de mayo de 2016 se radic� escrito de acusaci�n en contra de los se�ores JFLB y FIIN y el 29 de agosto de 2016 se practic� la audiencia de acusaci�n. Acto seguido, los d�as 25 de mayo, 15 de junio y 25 de julio se tramit� audiencia preparatoria, resolvi�ndose en audiencia de 27 de septiembre la petici�n de conexidad de los procesos tramitados en contra de los se�ores FIINN, JFLB, BDLL, LALO y EDQM.

Finalmente, los d�as 12 y 13 de octubre; 7, 8, y 9 de noviembre; 11 y 12 de diciembre de 2017; 22 y 26 de enero de 2018; 12, 13, 14 y 15 de junio de 2018, se tramit� la vista p�blica de juicio oral, realiz�ndose el 18 de julio de 2018 la audiencia de sentido de fallo y de individualizaci�n de pena. La Sentencia se emiti� el 13 de diciembre de 2018 y ante la apelaci�n presentada, se asign� el asunto a este despacho el 4 de febrero de 2019.

LA SENTENCIA APELADA La Jueza de primera instancia inici� con una breve rese�a de los supuestos f�cticos, enseguida registr� los datos que permiten identificar a los acusados, rememor� la actuaci�n procesal vertida, para luego hacer un resumen de los alegatos conclusivos presentados en juicio por la Fiscal�a, Ministerio P�blico, Representante de la V�ctima y de la bancada defensiva de los procesados.

Indic� que el 18 de julio de 2018 fue anunciado el sentido de fallo condenatorio en contra de JFLB, LALO, BDL y EDQ, en la calidad y modalidad que se mencion� atr�s, y absolutorio en lo que respecta al se�or FII, en la medida que en la pr�ctica de la prueba no se hicieron acusaciones en su contra. Posteriormente, registr� lo actuado en audiencia de que trata el art�culo 447 del C.P.P. y pas� a realizar la calificaci�n jur�dica de los hechos de conformidad con lo previsto en el art�culo 448 del C.P.P. Examin� la competencia para conocer del proceso, procediendo de tal manera a revisar el material probatorio recaudado en el juicio oral a fin de verificar, de una parte, la concurrencia del delito objeto de juicio, y de otra, la responsabilidad de los procesados.

Bajo ese derrotero, sobre el primero de los t�picos, dijo, que con la realizaci�n de la audiencia de juicio oral se demostr� de manera irrefutable a trav�s de la prueba aportada por el ente acusador, la existencia del delito de Desaparici�n Forzada del que fue v�ctima la menor P.N.P.N. Para llegar a esa conclusi�n, indic� que comparecieron al juicio la se�ora NENI y el se�or JEP, madre y padre de la infante, respectivamente, refiriendo la primera de los nombrados que el 28 de diciembre de 2014, como era de costumbre en el corregimiento de San Antonio del Municipio de Buesaco, jugaban al d�a de inocentes, que consiste en mojarse y echar agua a las personas que pasan por la carretera, es por ello que la menor v�ctima P.N.P.N., de 5 a�os de edad, tambi�n comparti� con ellos dicho juego hasta cierta parte del d�a. Pero que, en la tarde de aquel d�a, aproximadamente a las 03:30 p.m., despu�s de cambiarse de ropa, la ni�a sale de la casa, por lo que indaga a los dem�s por el paradero de la menor, pero como nadie le da raz�n, entre las 04:00 pm y 04:30 pm, le pide a su hermana AL que la acompa�e a buscarla al pueblo, labor a la cual se unieron familiares, amigos, y ante la falta de resultados, al d�a siguiente decide presentar la denuncia ante la Polic�a. Que, por su parte, el se�or JEP, una vez se enter� de lo sucedido, pas� por la Estaci�n de Polic�a de Buesaco a presentar la denuncia, sin embargo, la misma, no le fue recibida porque la Fiscal no se encontraba, acto seguido, arrib� a San Antonio entre las 09:00 y 09:30 pm de aquel d�a para unirse a la b�squeda, sin que se recabara alg�n dato o informaci�n. De lo expuesto por los testigos, la Jueza de primera l�nea pudo establecer m�s all� de toda duda razonable, que la menor P.N.P.N fue raptada aproximadamente entre las 03:30 y 04:00 pm del 28 de diciembre de 2014, sin que sea regresada al seno de su hogar, que por lo tanto se configura el delito de Desaparici�n Forzada previsto en el art�culo 165 del C.P., con la circunstancia de Agravaci�n descrita en el numeral 3 del art�culo 166 del C.P., al tratarse la v�ctima, de una menor de 5 a�os y 3 meses.

Acto seguido, procedi� a verificar la responsabilidad de los acusados, puntualizando que la Fiscal�a General de la Naci�n, formul� acusaci�n en contra de BDLL, EDQM, LALO, JFLB y FIIN, en calidad de coautores del delito antes relacionado. Para dilucidar el anterior t�pico, fraccion� su estudio, analizando inicialmente las pruebas de cargo presentadas por el ente acusador, y de manera posterior, las que llev� a juicio la bancada defensiva de los procesados, para finalmente adoptar la decisi�n. En el orden enunciado, trajo a colaci�n la declaraci�n del IT.

CARLOS CH�VEZ LOAIZA, quien adelant� la correspondiente investigaci�n, asegurando que fue al lugar de los hechos y obtuvo informaci�n de varias personas sobre la presencia, el d�a, hora y lugar de la desaparici�n de la menor P.N.P.N, de una camioneta roja doble cabina, parecida a una de la alcald�a, que merodeaba por esos lados y que luego aparecen dos testigos ADRIANA y YANETH, quienes ratifican esa informaci�n y dan a conocer que la persona que llevaba a la ni�a al interior de ese veh�culo, era el se�or JGPI.

Que de esa manera, seg�n el testigo, se identific� al primer interviniente, dando lugar a que se tramitara la orden de captura en contra del se�or JGPI, la cual se hizo efectiva el 17 de noviembre de 2015 en el Corregimiento de El Remolino, present�ndose al capturado ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Buesaco para la legalizaci�n de captura al d�a siguiente; sin embargo, refiri� que antes de empezar la audiencia de formulaci�n de imputaci�n, el defensor del procesado Dr. B�rcenas, dio a conocer que su defendido quer�a brindar informaci�n para esclarecer los hechos, por lo cual se suspende la audiencia con el fin de recibirle el interrogatorio en las instalaciones del GAULA, del cual se desprenden las identificaciones de otras personas que participaron en el il�cito, que aunado a los reconocimientos fotogr�ficos que hizo el testigo, permitieron solicitar las �rdenes de captura de las personas vinculadas a la presente investigaci�n. En tal sentido, describi� la manera c�mo se adelant� dicha actuaci�n respecto de BDLL, y LALO, documentos que al ser autenticados por el testigo se admitieron como pruebas No. 3 y 4 de la Fiscal�a. Adujo, que el testigo concluy� diciendo que con la informaci�n que obtuvo, permiti� establecer que la menor fue raptada en una camioneta roja en una curva cerca al lugar de habitaci�n de aquella, y que, en dicho sitio, efectivamente, pudo verificar la existencia de una huella de freno de un veh�culo, continuando con el recorrido se encuentra el Coliseo y la v�a a Buesaco.

Agreg� que, de acuerdo con la investigaci�n, en el hecho, adem�s de participar JGPI, intervinieron BDLL, DYPM, LALO y EDQM, precisando que los primeros iban en la camioneta junto con la ni�a, y el �ltimo en una motocicleta describiendo la ruta utilizada, y aunque se�al� que intervinieron m�s personas, indic� que no las conoc�a. Reflexion� entonces el Despacho, que era evidente que el testigo no tuvo percepci�n directa de los f�cticos, pero que, en el juicio oral, dio cuenta de la informaci�n que obtuvo con ocasi�n de la investigaci�n que despleg� en su condici�n de Investigador de la Polic�a Nacional.

Acto posterior, la Judicatura hizo alusi�n al testimonio del se�or JGPI, durante el juicio oral, quien describi� que el 28 de diciembre de 2014, cuando desapareci� P.N.P.N, se enter� por los noticieros ya que estaba trabajando en los galpones de pollos de propiedad del se�or WILSON RUANO, labor que realiza durante 6 a�os, siendo vinculado a la investigaci�n que deriv� en su captura en el mes de noviembre de 2015, y aunque fue puesto en libertad, el 31 de octubre de 2016 nuevamente fue capturado.

Sigui� su relato indicando que, con ocasi�n de la primera captura, el Fiscal del caso le inform� que dos mujeres lo iban a denunciar por la desaparici�n de P.N.P.N. y que lo mejor era que se convierta en testigo, y aunque no tiene relaci�n con ese hecho firm� unas hojas en blanco para reclamar un dinero y en el documento que digit� una se�orita, impuso su huella una sola vez, hecho que tuvo lugar en presencia del investigador DAVID GIL y del Fiscal NICOL�S. Al ponerle de presente por la Fiscal Delegada que intervino en el Juicio Oral, el interrogatorio a indiciado rendido por �l, reafirm� su posici�n de que lo plasmado en dicho documento jam�s lo dijo, que la firma no era de �l y que solo la huella de la primera hoja es suya, adem�s advirti� que su abogado no estuvo presente en ese momento, puesto que pr�cticamente lo ten�an secuestrado.

Similar postura asumi� cuando se le puso de presente las actas de reconocimiento fotogr�fico de BDLL, LALO, JFLB y EDQM, indicando que lo hab�an preparado dos d�as antes y que cuando lo capturaron las fotos ya exist�an, por tanto considera que se trata de un falso positivo, y que as� lo manifest� tiempo despu�s en una Notar�a; incluso, frente al contrainterrogatorio realizado por la defensa de BDLL, asever� que el Fiscal del caso le dijo que en la medida en que no hab�an encontrado a P.N.P.N., le daban $200.000.000.oo para ir al cementerio a conseguir los restos de una ni�a y hacerlos pasar como los de la v�ctima.

En definitiva, que jam�s afirm� lo que aparece en las actas, que eso lo elaboraron los investigadores y que las firmas que aparecen en tales documentos eran falsas. Que durante los dos meses que permaneci� en �detenci�n� en las instalaciones del GAULA; el Fiscal le hizo saber que BL y DYP, hab�an hecho unas acusaciones en su contra, que ya ten�an las fotocopias de las c�dulas de B, D y de los procesados T, F, B y de un muchacho del Remolino llamado DQ, de los cuales solo conoce a T porque hab�a trabajado en el Putumayo en el a�o 98 � 99, con F son familiares lejanos. Finalmente se�ala el testigo que junto con los funcionarios del GAULA fue a Buesaco a realizar labores de campo para hacer verificaciones durante tres d�as enteros por la carretera que de San Antonio conduce a Villamoreno, la cual no conoc�a ya que a ese lugar solo hab�a ido en las fiestas patronales en el 95.

Insiste en que las impresiones dactilares contenidas en el documento que se identifica como interrogatorio de indiciado no son de �l, al igual que el contenido de los dem�s documentos y frente a la posibilidad de que un perito analice si la huella es o no suya, manifiesta que de pronto puede ser pero que �l, coloc� una sola vez su huella.

Ya en el contrainterrogatorio adujo que su defensor el Dr. B�rcenas le dijo que diga la verdad si sabe algo porque hay una recompensa de 100 millones por la ni�a, de los cuales le dijo �50 cojes vos y 50 cojo yo, m�s lo que est� en la Gobernaci�n, te vas al Ecuador o donde quieras y haces vida all�. Adem�s, hace referencia a que se pag� 2 millones a ROBERTH MONCAYO, quien convive con una prima suya y por �l se dio con el paradero de BL, ya que �l conoce la ciudad de Cali y tiene un t�o que vive all�, lo mismo fue con las capturas de AL, F y del se�or B. Igualmente adujo que todo el tiempo que estuvo en el GAULA, le hicieron pintar los tres pisos, pero nunca le pagaron, que no lo dejaban salir para protegerlo.

As�, recibido el testimonio del se�or JGP, la delegada de la Fiscal�a, indic� al Despacho que dicho testigo, no solo se retract� de lo dicho en el interrogatorio suministrado a la Fiscal�a y los reconocimientos fotogr�ficos, sino que ahora desconoce en su totalidad el contendi� de los mismos, sus firmas, sus huellas y menciona una serie de irregularidades que se cometieron en su recaudo, por tanto de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 362 del C.P.P. solicit� se decrete como prueba de refutaci�n los testimonios de la Dra. M�NICA MARIANA MORA, Fiscal Especializada que estuvo presente en la diligencia de interrogatorio, de la PT. del GAULA, CAROLINA GUERRERO SALAZAR, quien digit� el interrogatorio y particip� en el reconocimiento fotogr�fico del se�or JFLB; del Dr. ALFONSO JEREMIAS B�RCENAS, defensor p�blico que acompa�� al testigo PI en las audiencias preliminares y particip� en la diligencia de interrogatorio y en todas las diligencias de reconocimiento fotogr�fico; el testimonio del representante del Ministerio P�blico Dr. LUCIO RODR�GUEZ, quien estuvo presente en las diligencias de reconocimiento fotogr�fico de la se�ora BLL, LALO y del se�or JFLB; tambi�n el testimonio del IT CARLOS CHAVES LOAIZA y del investigador ARIEL LEONARDO VILLOTA GUEVARA, en su condici�n de servidor de Polic�a Judicial encargado de adelantar las referidas diligencias; finalmente requiri� al dactiloscopista YEISON TABLA LUNA, para que adelante reconocimiento de las impresiones dactilares que el se�or P ha negado son suyas y se cotejen con la tarjeta de rese�a del citado a fin de establecer si pertenecen o no a la misma persona.

Escuchadas las partes e intervinientes, el Despacho orden� la pr�ctica de la prueba de refutaci�n solicitada al estimar que se cumplen los requisitos a que hacen referencia las subreglas extractadas de las decisiones emitidas por la Sala de Casaci�n Penal M.P. Dr. Eugenio Fern�ndez Carlier y la sentencia C 473 de 2016 por la Corte Constitucional.

De esa manera, despu�s de recepcionar todas las pruebas, la Jueza de primera l�nea pudo conocer que en las diligencias de interrogatorio a indiciado y reconocimiento fotogr�ficos realizados por el se�or JGPI, se aplicaron las normas previstas en el C.P.P. para estos eventos, verificando que no existi� ning�n ofrecimiento ileg�timo o enga�oso y que las manifestaciones realizadas por el se�or PI, se hicieron de manera libre, consciente, voluntaria, debidamente informado y con la constante asesor�a de su defensor, adem�s se pudo comprobar que las firmas y huellas que aparecen en esos documentos son las del testigo, y que las personas que aparecen suscribi�ndolas, no solo dan fe de tales circunstancias, sino que en realidad estuvieron presentes en todo momento y por tanto plasmaron su firma; misma que reconocieron en la audiencia de juicio oral.

Por lo expuesto, la A Quo estableci� que el se�or JGPI, en el testimonio rendido en el juicio oral, falt� a la verdad cuando neg� las manifestaciones que aparecen plasmadas en el interrogatorio a indiciado en los reconocimientos fotogr�ficos, aduciendo que las firmas y huellas dactilares que aparecen en tales documentos no son suyas. Por su parte, la delegada de la Fiscal�a, con fundamento en lo estatuido en el inciso 3 del art�culo 393 del C.P.P., al estar disponible el citado testigo, solicit� la ampliaci�n de su testimonio a fin de interrogarlo y contrainterrogarlo sobre el resultado de la prueba refutada, respecto de la cual la Judicatura orden� su recaudo.

Frente a esta nueva convocatoria, y pese a que la Delegada de la Fiscal�a, puso de presente las pruebas de refutaci�n, el testigo insisti� en que es inocente al igual que todas las personas que est�n vinculadas a la investigaci�n y que los doctores M�NICA MARIANA MORA, en su condici�n de Fiscal, miente como tambi�n lo hace el Dr. ALFONSO JEREMIAS B�RCENAS, su defensor, porque �l no estuvo en la diligencia de interrogatorio rendido en el GAULA ya que all� escrib�an sin que �l supiera lo que consignaban, adem�s reafirm� que puso una sola huella en una hoja en blanco para seg�n le dijo, DAVID GIL, recibir auxilios.

Por su parte, la Fiscal�a, solicita que lea el interrogatorio que �l rindi� el 19 de noviembre de 2015, donde se especifican los f�cticos materia de juicio, sin embargo, al terminar, el testigo no reconoce el contenido, ni la firma, menos la huella, pese a que la Fiscal�a le insisti� que las impresiones dactilares fueron cotejadas por un perito que concluye que le pertenec�an a �l. Precisa que lo mismo sucedi� con el acta de reconocimiento fotogr�fico y videogr�fico del 21 de noviembre de 2015 (evidencia No 3), con la que reconoci� a BDLL, por ser la autora de todo; igualmente con el acta de reconocimiento fotogr�fico y videogr�fico de similar fecha, donde reconoci� a LALO, porque ayud� a abrir las puertas de la camioneta roja en la que se rapt� a la menor, ayud� a subirla y tambi�n sali� con Y, B y el conductor hasta Cali con la ni�a; de igual forma, con el acta de reconocimiento fotogr�fico y videogr�fico de 28 de diciembre de 2016 reconoci� a FLB, como el chofer de la camioneta el 28 de diciembre.

Sin embargo, dichos documentos fueron autenticados por los testigos de refutaci�n y el perito experto en dactiloscopia, por lo tanto, se admitieron como prueba No 5 de la FGN, el interrogatorio de indiciado; prueba No 6, el acta de reconocimiento de EDQM, y el reconocimiento del se�or JFLB, como prueba No 7. La defensa del se�or FIIN, renunci� al derecho a contrainterrogar tras considerar que no se le endilg� ninguna responsabilidad a su prohijado.

El defensor del se�or JFLB, tambi�n renunci�, aduciendo no tener inter�s en contrainterrogar al testigo. Precis� que los defensores de los procesados BDLL, LALO y EDQM, s� hicieron ejercicio del mentado derecho, as� como tambi�n realiz� preguntas complementarias el representante del Ministerio P�blico y se absolvieron por el testigo las dudas planteadas por el Despacho.

En cuanto al uso de declaraciones anteriores al juicio, trajo a colaci�n jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia, para indicar que este tipo de declaraciones pueden utilizarse para facilitar el interrogatorio cruzado de testigos, bien para refrescar la memoria o para impugnar la credibilidad del testigo, como tambi�n para que en algunos eventos, las declaraciones anteriores, puedan ser incorporadas al juicio oral como medios de prueba, como una excepci�n a la regla general del principio de inmediaci�n de que trata el art�culo 16 de la Ley 906 de 2004.

As�, para la valoraci�n de las declaraciones rendidas por el se�or JGPI, y para determinar si las mismas pod�an ser consideradas como pruebas, por ser inconsistentes con lo declarado en juicio, enlist� los siguientes requisitos: Se tramite en desarrollo del juicio (de acuerdo a las resultas del testimonio rendido por el testigo adjunto). La declaraci�n anterior es inconsistente con lo declarado en juicio.

Que la parte contra la que se aduce el testimonio tenga la oportunidad de ejercer el contrainterrogatorio. Ya en el proceso de corroboraci�n, dijo que se encontraban acreditados los �tems previamente citados, toda vez que la declaraci�n inconsistente del se�or JG aconteci� en desarrollo del juicio oral, habi�ndose autorizado la incorporaci�n del interrogatorio de indiciado y de las actas de reconocimiento fotogr�fico realizadas por el testigo antes del juicio oral, mismas que fueron le�das por el testigo, denegadas por �l, pero autenticadas por los testigos de refutaci�n y el perito dactiloscopista, aunado que al estar pendiente el testigo, fue posible realizar la ampliaci�n del interrogatorio por parte de la Fiscal�a as� como el contrainterrogatorio por la bancada defensiva.

En ese orden, el Juzgado de primer nivel prosigui� a analizar cu�l de las dos versiones, antag�nicas, rendidas por el se�or PI, merece credibilidad. Precisando para el efecto, que no era posible brindarle mayor credibilidad a lo que el mentado testigo declar� en desarrollo del juicio oral, pues ello fue rebatido con las pruebas de refutaci�n de siete personas que intervinieron en el recaudo de dichas diligencias, quienes de manera un�nime expusieron que lo consignado en las actas y reconocimientos fotogr�ficos corresponden a la verdad y que el relato vertido en el interrogatorio a indiciado fue recaudado con todas las formalidades legales y en presencia del defensor, el cual resulta veros�mil y sin �nimo de enga�ar o de perjudicar a los incriminados.

Encontr� as�, que la raz�n de la retractaci�n del testigo en el juicio, la dio al finalizar el interrogatorio cuando adujo tener temor por su vida y la de su familia. Que, en tal sentido, no solo debe darse credibilidad a la versi�n que consign� en el interrogatorio a indiciado, sino tambi�n a los reconocimientos fotogr�ficos realizados, de que participaron BDLL, LALO, JFLB y DQ en la sustracci�n de P.N.P.N. de su entorno familiar. Con todo, consider� probada la empresa criminal, argumentado que BDLL, ide� la conducta delictual, luego convoc� al conductor JFLB, contrat� la camioneta, as� como al se�or GP, quien a su vez contact� al se�or EDQ, habi�ndose encargado a los dos �ltimos de arribar al sitio de los hechos en la moto de E, para luego unirse a BD y DYP, en el parque del municipio de Buesaco, luego las mencionadas se ubicaron en la entrada del Colegio, la ni�a estaba como a 5 mts, mientras en el veh�culo se encontraban LALO y JGPI junto con el conductor, es entonces que B les hizo se�as que all� estaba la ni�a, en ese momento �l abri� la puerta, se baj� y Y subi� a la ni�a, el subi� detr�s, por lo que la menor qued� en medio de Y y �l. LALO, ayud� a abrir la puerta de la camioneta y luego a subir a la ni�a a ese veh�culo, finalmente se fueron con ella con destino al Valle del Cauca, P se qued� en el Remolino; por su parte, el se�or EDQM, durante el rapto de la peque�a estuvo pendiente de alguna novedad que les impidiera ejecutar el delito, es decir, que hizo las veces de campanero, en la motocicleta de su propiedad, con la que finalmente los acompa�� hasta Popay�n. Respecto de la aseveraci�n formulada por uno de los defensores de los sentenciados, consistente en que el interrogatorio del se�or PI junto con los reconocimientos fotogr�ficos, se hicieron a cambio de beneficios y que por tanto no deber�an tenerse en cuenta conforme a lo previsto por el C.P.P., dijo el Despacho que ello estaba totalmente descartado en la medida que fue la Fiscal�a quien sostuvo en el juicio oral, que fue por iniciativa del se�or PI y de su defensor, que se suspendi� la audiencia de formulaci�n de imputaci�n, por cuanto el precitado quer�a suministrar informaci�n valiosa de la investigaci�n y obtener alg�n posible beneficio, pero que por parte de la Fiscal�a no se realiz� ning�n ofrecimiento, menos de realizar variaci�n de la imputaci�n. An�lisis y valoraci�n de las pruebas recaudadas por solicitud de la defensa de los sentenciados.

Al respecto dijo la Judicatura que no son de recibo las declaraciones de los testigos de la bancada defensiva, pues se observa que est�n destinados a armar una coartada tendiente a ubicar a los procesados, el 28 de diciembre de 2014, en un sitio diferente al del lugar donde ocurrieron los hechos investigados. Para arribar a esa conclusi�n, rememor� que la valoraci�n de la prueba se compone de una fase interpretativa o descriptiva, y la de valoraci�n o prescriptiva.

As� precis� que, en la segunda fase, son las reglas de la experiencia y la l�gica las que permiten hacer un control del testimonio, que junto a los postulados de la ciencia � parte de la sana cr�tica � constituyen el margen de movilidad intelectual dentro del cual se asigna m�rito a las pruebas, trayendo a colaci�n fundamentos doctrinarios, jurisprudenciales y procedimentales como el art�culo 404 del C.P.P. Bajo ese derrotero, puntualiz� que los testigos AAAC, DML y DJMC, ubican a la se�ora BD, el 28 de diciembre de 2014, en las horas de la ma�ana y la tarde, acudiendo a la predicaci�n de la Iglesia del Barrio Los Lagos en la ciudad de Cali, de la siguiente manera: El primero, se�al� ser predicador y haber desplegado su labor aquel domingo y que siendo las 12:15 y 12:30 meridiano, dialog� con BD, puesto que se acerc� para recibir una orientaci�n, charlaron de la idolatr�a y le pregunt� si pod�a viajar al �festival de negros y blancos�, frente a lo cual le recomend� que lo hiciera pero que evitara el consumo de bebidas alcoh�licas.

Sobre lo dicho por el testigo, la Jueza, le rest� credibilidad al considerar sospechosa la total evocaci�n de un d�a en espec�fico, que dentro de la labor del deponente resultaba cotidiano y sin mayor particularidad que permitiera exaltarlo frente a los dem�s, pues ha manifestado que en su pr�dicas asisten los domingos 1.020 personas y los dem�s d�as m�s de 500, cantidad sumamente alta para diferenciar pormenorizadamente qui�n asiste en cada oportunidad, y otros pormenores que indicaron que su labor en la iglesia es reiterado, repetitivo y constante, coligiendo que de tal cotidianidad, para que recuerde con precisa memoria respecto al 28 de diciembre de 2014, resulta inveros�mil.

Tampoco le merece a la jueza de conocimiento credibilidad el testimonio de DML hijo de BDL ya que por un lado indica la rutina de su madre para la fecha en cuesti�n como si estuviese en contacto permanente con ella, pero de otro lado aduce vivir en la ciudad de Cali 7 a�os y en el Cauca cuatro meses, y aunque rememora el 28 de diciembre del 2014 no ocurre lo mismo respecto a la fecha de aprehensi�n de su madre que resulta un hecho m�s significativo.

En cuanto al testimonio de Diana Ximena Mej�a Cabrera quien hace referencia al pago de un dinero en la ciudad de Cali el 28 de diciembre del 2014 no resulta trascendente para cambiar el an�lisis que se realiza respecto de los otros testigos. La Jueza de primera instancia pasa a analizar lo concerniente a la prueba de descargo del se�or EDQM, quien da cuenta de lo ocurrido el 28 de diciembre del 2014 y se presentan en juicio los se�ores Alfredo Mu�oz y Jos� Ever para respaldarlo.

El enjuiciado justifica su capacidad de memoria para esa fecha teniendo en cuenta la tradici�n de nuestra regi�n de echar agua, sin embargo, no cuentan con la misma evocaci�n respecto del mismo d�a para a�os diferentes, por lo cual tampoco resulta cre�ble esta versi�n. Se presenta tambi�n una contradicci�n entonces entre lo dicho por el procesado y el testigo Jos� Ever, cuando describen un incidente relacionado con un altercado en el que particip� el primero ya que �l menciona que ello tubo ocurrencia entre las 12 y la una de la tarde, sin embargo, el testigo menciona que solo sali� de su casa despu�s de las tres de la tarde.

Adem�s, si estuvo con ellos el testigo Alfredo Mu�oz, no se entiende por qu� no menciona nada respecto del altercado que se dice que tuvo ocurrencia. En cuanto al se�or JFLB, se present� al testigo Carlos Alberto Tuapante, quien relata que el 28 de diciembre del 2014 cuando se dirig�a al barrio Guapiay a visitar a sus hijos mir� al procesado echando agua con una manguera entre la entre las 12 y la una de la tarde y que luego lo mir� cuando se dirig�a a Comfamiliar y que lo volvi� a observar a las 8:30 de la noche entrando a la discoteca la Rumbera, no obstante no da detalles de otras personas con las que se encontr� en esos recorridos.

De otra parte, aunque trata de explicar lo que recuerda para esa fecha porque se enter� de la desaparici�n de la ni�a, no suministra detalles de c�mo se enter� de ello. Se presenta tambi�n contradicci�n entre lo dicho por el anterior testigo y el relato de Luis Javier Bola�os ya que suministra horas diferentes respecto del mismo hecho relacionado con el encuentro del se�or JL y su familia cuando se dirig�an a Comfamiliar.

La contradicci�n en cuanto al tiempo tambi�n se presenta con el testimonio de Nelly esperanza Estrada D�az, quien aduce que mir� a JFLB siendo las 2:00 de la tarde del 28 de diciembre del 2014 en el kil�metro 33 en el barrio Pedregal del municipio de Chachag��, cerca de Comfamiliar, no obstante del testimonio de Carlos Alberto, se establece que el precitado se encontraba a esa misma hora en el barrio Guapiuy, en el centro urbano del municipio de Chachag��.

As� se determina al analizar los anteriores testimonios que no son cre�bles por las contradicciones y adem�s porque no resulta muy claro el sustento de su evocaci�n. En cuanto al testimonio de Isa�as Trujillo Parra, aunque que resulta cre�ble su motivaci�n de recuerdo en cuanto a la vinculaci�n laboral que tuvo el se�or LA desde diciembre del 2014 a febrero del 2015, al informar que esa informaci�n la ten�a registrada en un control que lleva en un cuaderno dicho documento no fue aportado por la defensa.

Respecto del testigo Jairo Andr�s Arteaga no presenta tampoco un motivo concreto que sustente su evocaci�n precisa del d�a 28 de diciembre del 2014, sucediendo lo mismo con el testigo EQJ, persona que adem�s mencion� haber visto al acusado desde las seis de la tarde, hora para la cual el delito ya se hab�a cometido. Concluye la primera instancia que todos los testimonios presentados por la defensa de los acusados incurren en contradicciones e inconsistencias determinando un claro inter�s en ubicar a los procesados en otros lugares con unos relatos aprendidos, y m�s si se tiene en cuenta el interrogatorio rendido por P quien siendo coautor del relato vincul� a los procesados en el mismo de quien no se ha demostrado que tenga un inter�s indebido en relacionarlos falsamente.

Por lo anterior se puede establecer m�s all� de toda duda razonable que la menor fue raptada aproximadamente entre las 3:15 y 4:00 de la tarde sin que hasta el momento se sepa su paradero. En cuanto a la responsabilidad de los sentenciados BDLL, EDQM, LALO y JFLB, se concluye que participaron en calidad de coautores del delito de desaparici�n forzada de la menor al haberse probado de manera suficiente y m�s all� de toda duda que actuaron previo acuerdo y con clara divisi�n de trabajo criminal en la comisi�n del delito.

En consecuencia, resulta la conducta t�pica, antijur�dica y culpable ya que se lesion� efectivamente y de manera injustificada tanto el bien jur�dico protegido de la libertad, dignidad e integridad sin que existiera causal alguna que justifique su actuar culpable a t�tulo de dolo por cuanto ellos ten�an conocimiento de la ilicitud de su actuar y voluntaria y libremente decidieron obrar contrariamente a la ley.

Dosificaci�n punitiva Una vez determinados los cuartos punitivos del art�culo 166 que tipifica el delito de desaparici�n forzada agravada, determin� la primera instancia que ninguno de los sentenciados registra antecedentes penales por lo que se presenta la circunstancia de menor punibilidad prevista en el art�culo 55-1 del C�digo Penal, por lo que se ubic� en el cuarto m�nimo de movilidad que oscila entre 480 a 510 meses de prisi�n. Luego acudiendo a los criterios que se fijan en el inciso tercero del art�culo 61 del Estatuto penal sustantivo, en primera medida se invocaron varios instrumentos internacionales de derechos humanos, que resaltan la gravedad del delito de desaparici�n forzada, para luego hacer el estudio en concreto de la siguiente manera.

En este caso el delito se torna mucho m�s grave por ser la v�ctima una menor de edad y a la vez mujer sujeto de especial protecci�n constitucional dada la especial vulnerabilidad que la cobija, separ�ndola del seno de su familia de su comunidad y del amparo de la ley sin dar ning�n tipo de informaci�n o noticias de su paradero con lo cual se afecta no solo el derecho a la libertad sino tambi�n el derecho a la vida la integridad personal, la dignidad humana, la familia y en general los derechos de los ni�os consideradas fundamentales.

En cuanto al da�o real causado es innegable en la medida en que no se tiene ninguna informaci�n respecto al paradero de la menor ya que los acusados han guardado hermetismo total, con lo cual no solo le generan dolor y aflicci�n a la v�ctima sino tambi�n a su familia y a la comunidad en general. En cuanto a la naturaleza de la causal de agravaci�n de la punibilidad tambi�n se tiene en cuenta en la medida en que la peque�a contaba con tan solo 5 a�os de edad cuando fue separada de manera violenta de su familia y llevada con un destino incierto por desconocidos, lo que constituye un trato cruel e inhumano que no puede resistir una persona adulta menos una ni�a de tan corta edad.

En cuanto a la intensidad del dolo se eleva a su m�ximo grado en tanto que se trata de una acci�n previamente preparada por varios adultos quienes en forma cruel e inhumana separaron a una peque�a de su madre y su padre con la grave afecci�n a sus m�nimos derechos de la libertad, la autonom�a personal, la dignidad, desarrollo e integridad personal y en general todos sus derechos en la medida que los derechos de los ni�os son fundamentales, pues no se tiene ning�n dato que permita su ubicaci�n lo que lleva a concluir que en este caso existe necesidad de imponer una pena ejemplar para que cumpla adem�s una funci�n de prevenci�n especial y general para que los sentenciados no vuelvan a cometer esta clase de delitos y para que la sociedad se sienta prevenida de la comisi�n de las mismas.

Por lo anterior la pena ser� la m�s alta del cuarto m�nimo de movilidad es decir 510 meses de prisi�n equivalente a 42 a�os y 6 meses de prisi�n. Para imponer la pena de multa una vez que se ubica en el cuarto correspondiente que va de 2.666,66 a 3.875,995 smlmv, la determin� en 3000, dada la enorme gravedad del delito. En cuanto a los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad fueron negados y en vista de que la se�ora BDLL y el se�or EDQ se encuentran en libertad a fin de hacer efectiva la pena de prisi�n impuesta dispuso librar las correspondientes �rdenes de captura.

Finalmente orden� compulsar copias en contra de JGPI por el delito de falso testimonio. 4. SUSTENTACI�N DE LA APELACI�N

4.1. DELEGADO DEL MINISTERIO P�BLICO El Procurador 144 Judicial II para Asuntos Penales de Pasto, indic� inicialmente que se encuentra conforme con la absoluci�n del se�or FIIN, m�s no con la condena impuesta a los otros procesados, respecto de lo cual procede a exponer sus razones. Sin discusi�n en cuanto a la existencia del delito, considera que las pruebas practicadas se encuentran inmersas en la tarifa legal negativa (inciso final del art. 381 C�digo de Procedimiento Penal), es decir que tienen car�cter de prueba de referencia y pas� a analizar los siguientes testimonios: El Intendente Carlos Ch�vez Loaiza, no tuvo percepci�n directa de los hechos, por lo que, solo debe tener m�rito probatorio la informaci�n que obtuvo con ocasi�n de las labores investigativas que despleg�, lo que le permiti� conocer que la menor fue raptada en una camioneta roja cerca al lugar de habitaci�n de la menor y que en el hecho, participaron: JGPI, BDL, DYP, LAL y EDQ.

En tal sentido, describi� c�mo se realiz� con GPI, el reconocimiento fotogr�fico de BDL y LALz, que se introdujo como evidencia, pero tal reconocimiento tiene car�cter de prueba de referencia. As� que las apreciaciones realizadas por CL en el juicio oral, dirigidas a sugerir la responsabilidad penal de los acusados, �son de o�das� (especie del g�nero prueba de referencia-CSJ AP,18 de agosto de 2010, rad.34258 y SP, 4 de noviembre de 2018, rad 27508).

Estas pruebas son susceptibles de estimaci�n por el juzgador, pero carecen de la misma fuerza suasoria que tiene la prueba testimonial directa y se han establecido algunos criterios para su apreciaci�n (CSJ. SP, 24 de jul de 2013, rad 40702). As� las cosas, las afirmaciones del testigo en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto de la participaci�n de los acusados, se derivaron de las afirmaciones realizadas por otras personas en su presencia y en ejercicio de sus funciones investigativas, por lo que, su poder suasorio es limitado e insuficiente para fundamentar una condena.

An�lisis del testimonio del se�or JGPI En vista de que neg� haber realizado las manifestaciones que aparecen plasmadas en el interrogatorio a indiciado y en los reconocimientos fotogr�ficos y se�al� que las firmas y las huellas dactilares que aparecen en dichos documentos tampoco son suyas, llev� a la Fiscal�a a presentar �pruebas de refutaci�n�, con las que se demostr� que en dichas diligencias se aplic� un procedimiento legal, sin ofrecimientos ileg�timos o enga�osos y que, las firmas y huellas que aparecen en los documentos s� pertenecen al testigo, los cuales la Fiscal�a logr� introducir en el Juicio, raz�n por la cual procedi� a exponer jurisprudencia respecto de la forma en que se debe valorar tanto el testimonio de PI, como las actuaciones en las que intervino. Expres� as�, que en la Ley 906 de 2004, las declaraciones anteriores al juicio oral no son prueba y solo en casos excepcionales podr�n ser incorporadas en esa calidad en el juicio oral.

Para esto, se refiri� a la l�nea fijada por la Corte Suprema de Justica-Sala de Casaci�n Penal (CSJ AP, 25 enero de 2017, rad 44950 y CSJ AP, 30 enero de 2017, rad 42656). A ra�z de la jurisprudencia referida, en ninguno de los eventos planteados, las declaraciones anteriores al juicio ingresan al caudal probatorio, por lo que, no pueden ser tenidas como pruebas; sin embargo, en el presente proceso, se trata de un problema de impugnaci�n de credibilidad que no se somete a las reglas referidas en la cita jurisprudencial, sino que se debe al cambio de versi�n de PI.

De otro lado, si bien en principio se puede considerar que el testigo estuvo disponible en el juicio, al comparecer en dos ocasiones, por lo que no habr�a lugar a aplicar lo previsto en el art�culo 438 de la Ley 906 de 2004, sin embargo, conforme se explica en la sentencia 44950 de 2017, esa disponibilidad no debe ser simplemente f�sica, por lo que no es aceptable decir que el testigo est� disponible cuando se niega rotundamente a contestar el interrogatorio directo, en cuyo caso la declaraci�n anterior del testigo tiene el car�cter de prueba de referencia. As� las cosas, para el Ministerio P�blico, el interrogatorio a indiciado que rindi� PI, tiene car�cter de prueba de referencia por las siguientes razones: En primer lugar, se tiene que el espec�fico comportamiento de PI en la audiencia de juicio oral no ha sido desarrollado por la doctrina y por la jurisprudencia, y debe asimilarse a una situaci�n de indisponibilidad del testigo, por lo que, dicha situaci�n encuadra en una de las hip�tesis de prueba de referencia admisible conforme al literal b del art�culo 438 de la Ley 906 de 2004.

Por otro lado, se tiene que ante el comportamiento de PI, la Fiscal�a solicit� la pr�ctica de varias pruebas para refutar lo afirmado por el testigo, sin embargo, en estricto sentido no se est� frente a una prueba de refutaci�n, conforme lo regulado en el art�culo 362 de la Ley 906 de 2004 y lo ense�ado por la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia 43749 de 20 de agosto de 2014, sino ante una modalidad de impugnaci�n de credibilidad por la parte del ente acusador.

No obstante, la denominaci�n que se dio a las pruebas de refutaci�n en la audiencia de Juicio Oral, para el Agente del Ministerio P�blico, no afecta de manera sustancial el debido proceso ni las garant�as fundamentales de las partes, pues se trat� materialmente del ejercicio leg�timo de la parte interesada para impugnar la credibilidad del testigo, y no se puede reprochar que tales testimonios debieron ser solicitados en la audiencia preparatoria, pues la Fiscal delegada no pudo advertir que el testigo asumir�a el comportamiento que adopt� en el desarrollo del interrogatorio.

Ahora bien, es cierto que los procesados tuvieron la oportunidad de presentar su oposici�n a la solicitud de la denominada prueba de refutaci�n realizada por la Fiscal�a, adem�s, contaron con los medios de impugnaci�n y contradicci�n frente a la decisi�n de la judicatura de admitir y practicar dichas pruebas. Posteriormente, se resalt� que, a pesar de los resultados de las pruebas de refutaci�n, PI se mantuvo en la posici�n de negar que el contenido incluido en el interrogatorio a indiciado, la firma y la huella plasmada en el mismo, provinieran de �l. En otro sentido, se manifest� que el hecho de condenar teniendo como �nico fundamento la prueba de referencia implica una afectaci�n al derecho de confrontaci�n y contradicci�n que tiene la contraparte.

En relaci�n con el derecho de confrontaci�n y su situaci�n con la prueba de referencia se se�al� la Sentencia 46153 de 30 de septiembre de 2015 de la Corte Suprema de Justicia. Siguiendo esta l�nea, afirm� que el derecho de confrontaci�n y contradicci�n de la defensa fue casi nulo, pues la defensa no tuvo la posibilidad de controvertir ninguna de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se�al� P INSANDAR� en el interrogatorio al indiciado, esto porque el testigo afirm� que jam�s dijo nada de lo que est� plasmado en el documento, lo que implic� que no existiera posibilidad de realizar alguna confrontaci�n frente a ello.

En este sentido, el Agente del Ministerio P�blico afirm� que se deb�a hacer una reflexi�n para establecer si materialmente la defensa pudo realizar una confrontaci�n del testigo con lo consignado en el interrogatorio a indiciado, mismo que al fin fue dotado de credibilidad y sirvi� para acreditar la sentencia condenatoria. Por lo que, afirm� que si lo que se pretende es que el testimonio adjunto tenga el alcance de prueba directa y no de referencia, es necesario que la defensa cuente con la posibilidad de confrontar al testigo.

Ahora bien, si se entiende que el derecho de confrontaci�n y contradicci�n se cumple con otorgarle el uso de la palabra a la defensa para que formule preguntas luego del interrogatorio directo surtido por la Fiscal�a, se trata de derechos meramente formales, pues no se puede ejercer una defensa real a favor del acusado si el testigo niega que realiz� las afirmaciones contenidas en el interrogatorio a indiciado y en las actas de reconocimiento fotogr�fico.

Adicionalmente, manifest� que si bien, se comprende que de acuerdo con el criterio de la Corte Suprema de Justicia, la eventualidad de las declaraciones anteriores incompatibles con lo declarado por el testigo en Juicio Oral o testimonio adjunto tienen el car�cter de prueba directa siempre y cuando se observen las reglas establecidas para tal fin, es necesario tener en cuenta la postura de los magistrados disidentes frente a este tema, por esto, se refiri� al Salvamento de Voto de la Sentencia 45581 de 22 de febrero de 2017.

De otra parte, con relaci�n a la cita jurisprudencial realizada, mencion� que la prueba de corroboraci�n tiene un papel determinante, y es preciso verificar cu�les son las otras pruebas de cargo en contra de los acusados, y en este punto, afirm� que era necesario recurrir a las actas de reconocimiento fotogr�fico. Frente a este punto, retom� lo expuesto en la Sentencia 46847 de 06 de abril de 2016.

Luego de revisar lo relacionado con las actas de reconocimiento fotogr�fico, expuso que en el presente caso, dichas actas fueron utilizadas en el interrogatorio directo de los testigos, y a tal medio, pod�a recurrirse a trav�s de los investigadores que realizaron la diligencia, pero tambi�n por PI, quien efectu� el se�alamiento con la intenci�n de que sus manifestaciones al respecto fueran valoradas como parte del testimonio.

As� las cosas, se mencion� que las actas de reconocimiento fotogr�fico correspondientes a BDLL y LAL, fueron introducidas al juicio a trav�s del testimonio del INTENDENTE CARLOS CHAVES LOAIZA y las actas de reconocimiento fotogr�fico correspondientes a EDQM Y JFL, fueron introducidas mediante el testimonio de PI. Por lo anterior, manifest� que las actas de reconocimiento fotogr�fico que introdujo la Fiscal�a en el interrogatorio que rindi� el investigador, tienen car�cter de prueba de referencia, pues tal funcionario solo puede dar cuenta de la forma en la que se realiz� la diligencia y qui�nes intervinieron en la misma, pero las manifestaciones relacionadas con las afirmaciones que realiz� PI al momento de reconocer a las personas que junto con �l participaron en el rapto de la menor, son de o�das, pues ninguno de los investigadores fue testigo directo de los hechos del delito.

Ahora, si bien es cierto que la jurisprudencia acepta que la utilizaci�n de los reconocimientos fotogr�ficos se podr� hacer con el reconocente y que, dejar�a de ser una prueba de referencia para ser una prueba directa, en el presente caso, el testigo neg� que las manifestaciones consagradas en las actas de reconocimiento hubieran sido realizadas por �l, en este sentido, dichas actas tambi�n tienen car�cter de prueba de referencia por cuanto la defensa no tuvo la posibilidad de confrontar materialmente al testigo en relaci�n al contenido de las actas ya referidas.

Posteriormente, el Procurador se�al� la necesidad de determinar qu� otras pruebas de cargo obran en el proceso y que sirvan de corroboraci�n a las pruebas que se han revisado, y su conclusi�n fue que no existe ninguna otra prueba de corroboraci�n, pues la testigo DYPM decidi� guardar silencio y no se supo cu�les fueron los hechos de la desaparici�n de la menor de los cuales ella tuvo conocimiento.

En el mismo sentido, se tiene que las manifestaciones realizadas por parte de los padres de la v�ctima sirven para acreditar la existencia del delito, pero no aportan nada en relaci�n con la responsabilidad de los acusados, adem�s, algunos detalles de los cuales tienen conocimiento fueron allegados por terceras personas, por lo que, sus aportes son de o�das.

En relaci�n con lo expuesto, el Agente del Ministerio P�blico se�al� que dichas apreciaciones tienen aplicaci�n frente a la acusaci�n de los se�ores JFL, LAL, EDQ y BDL, pues respecto al se�or FII, no hubo ninguna prueba que lo comprometiera con la desaparici�n de la menor. Para concluir, afirm� que es necesario que los medios probatorios lleven al Juez m�s all� de toda duda razonable, a la responsabilidad de los autores o part�cipes, por lo que, la solicitud de absoluci�n se fundamenta en la aplicaci�n de principio de resoluci�n de duda en favor del procesado como base de la presunci�n de inocencia. No obstante, indic� que lo expuesto no significa para el Ministerio P�blico que los acusados no hayan tenido participaci�n en el rapto de la menor, sino que, en atenci�n al car�cter de referencia de las pruebas que los compromete, se estar�a frente a la aplicaci�n de la tarifa legal negativa que se encuentra estipulada en el inciso final del art�culo 381 del C�digo de Procedimiento Penal.

Por lo anterior, se�al� que se encontraron deficiencias investigativas por parte de la Fiscal�a que impiden determinar la responsabilidad de los procesados, adem�s, no se adelant� ninguna actividad investigativa para corroborar las afirmaciones de un testigo �falaz�. En consecuencia, solicit� que se revoque la sentencia impugnada y que, se absuelva a los procesados en virtud de que existe duda sobre su responsabilidad penal.

4.2. DEFENSA DE LALO Inicia con una cr�tica a la labor investigativa de la Fiscal�a y el Gaula de la Polic�a por no concretar, de manera contundente, que los imputados fueron realmente los autores materiales del delito de Desaparici�n Forzada. Con ello, afirm� que la responsabilidad de su poderdante se encuentra en duda, por raz�n de las deficiencias investigativas que la sentencia impugnada jam�s destac�.

Sobre el punto, manifest� que los testigos de cargo de la Fiscal�a manifestaban que ni siquiera se realiz� registro fotogr�fico del lugar de los hechos. Sobre dos de esos testigos� GP y DY- sent� que, el primero se retract� y neg� los apartes dichos en interrogatorio, al considerarse v�ctima de presiones por parte de la Fiscal�a y Gaula; la segunda, por su parte, manifest� ser inocente y guard� silencio.

Aleg� que la condena se impuso usando una prueba ileg�tima de la Fiscal�a, la evidencia No. 5, consistente en un interrogatorio, respecto del cual, inicialmente el Juzgado, al decretar prueba de refutaci�n, determin� que el ente fiscal no podr�a introducirlo, y sin embargo, la introdujo al terminar los testimonios de refutaci�n, sin considerar las oposiciones de la defensa.

Aludi� que se hizo uso de las conversaciones donde se encontraba el imputado, las cuales ten�an como prop�sito una negociaci�n para obtener alternativas punitivas �principio de oportunidad, o preacuerdo-, y que se introdujeron a juicio sin ser pruebas anticipadas o de referencia, o sin haberse decretado en audiencia preparatoria, acto que se justific� en un presunto argumento jurisprudencial que permit�a el uso de declaraciones extra juicio oral como medio probatorio.

Cuestiona la credibilidad del testigo JGP, aseverando que act�a en aras de obtener beneficios para s� mismo, y dilatar el proceso en su contra. En cuanto a los testigos cuyos testimonios fundamentaron la determinaci�n de responsabilidad penal de su defendido, explic� que Carlos Ch�vez Loaiza (investigador Gaula) no tuvo percepci�n directa de los hechos, por ende, lo todo lo dicho por el testigo debi� estar respaldado con informes de investigaci�n, registros fotogr�ficos, no obstante no se soport� de ninguna forma con EMP organizados en un informe pericial que otorgue credibilidad a su testimonio.

Asimismo, aludi� que las actividades desarrolladas por el investigador fueron escazas y solo lograron la identificaci�n de las personas vinculadas con el punible, e incluso manifest� que con su declaraci�n se dej� constancia de que no se adelantaron m�s labores investigativas, y se le dio plena credibilidad a lo dicho por JGP. Respecto de JGPI, aludi� que este testimonio es el que merece un mayor an�lisis, por raz�n de las particularidades que se presentaron en el desarrollo de su testimonio.

Por un lado, manifest� que el testigo, al pon�rsele de presente el acta de reconocimiento fotogr�fico de dos de los acusados dijo que esas im�genes ya exist�an y que se trataba de un �falso positivo�, adem�s que asever� que el fiscal del caso le manifest� que en la medida de que no hab�an encontrado a P.N.P.N. le ofreci� 200 millones de pesos para ir al cementerio para dar con los restos de una ni�a y hacerlos pasar como los de la v�ctima.

Tambi�n aludi� que el testigo no reconoci� las actas porque las firmas de esos documentos son falsas. De otro lado se retract� de su testimonio, desconoci� los documentos y no reconoci� su firma. Manifest� que el hecho de que la sentencia condenatoria manifestara que lo novedoso no era el desconocimiento del documento, sino desconocer las firmas, concluyendo que el primer hecho es consecuencia del otro, pues en manos de la Fiscal�a reposaba la declaraci�n extra juicio del testigo, situaci�n que gener� una recusaci�n de cada uno de los defensores de los procesados, sobre el Dr. Nicol�s Moncayo.

Despu�s de resumir algunos de los testimonios, concluy� que el se�or P falt� a la verdad al afirmar que las firmas en los documentos son falsas y no son suyas, igualmente con sus huellas dactilares. Aclar� que el problema que surge en este instante procesal es determinar el poder suasorio del contenido del interrogatorio de indiciado rendido por PI, pues de su declaraci�n se dijo que el testigo neg� el contenido de su interrogatorio, no es un debate sobre si recuerda o no lo que dijo en �l. Asever� que PI compareci� dos veces a rendir testimonio, mismo que no puede concurrir, al no concretar ninguna de las causales excepcionales de admisi�n de la prueba, porque este cambio de versi�n afectar�a la teor�a del caso de la Fiscal�a, distinto a lo que suceder�a si el testigo no estuviera disponible, convirti�ndose en una prueba de referencia. Contrario sensu, el testigo es quien niega la versi�n anteriormente rendida.

La defensa no tuvo oportunidad de controvertir el contenido del interrogatorio porque el testigo no se retract�, sino que neg� ese contenido. Las actas de reconocimiento fotogr�fico son prueba de referencia y los funcionarios que intervinieron �nicamente pueden dar cuenta de la forma en que se adelantaron las diligencias y qui�nes intervinieron.

En su criterio tampoco se encuentra una situaci�n de impugnaci�n de credibilidad porque lo que manifest� el testigo es que lo que aparece en el contenido del interrogatorio indiciado jam�s lo manifest�. El interrogatorio constituye prueba de referencia porque la defensa no tuvo oportunidad de controvertir ninguna de las circunstancias de modo tiempo y lugar expuestas por el testigo en el interrogatorio simplemente porque �l no se retract�, sino que neg� haber dicho lo que ah� estaba plasmado Asegur� que la Fiscal�a nunca demostr� que tal variaci�n en la declaraci�n del se�or P haya surgido debido al peligro a su integridad y su vida, o a la de su familia.

De esta manera, acudi� a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia para fundamentar que �un testimonio rendido antes del juicio oral por ning�n motivo deja de ser prueba de referencia a pesar de las reglas y subreglas expuestas en la sentencia porque se vulnera el derecho de contradicci�n de la prueba de la parte contra quien se aduce dicha prueba�.

Consider� entonces que PI minti� en audiencia de juicio oral, al decir que no firm� o puso su huella en las actas de reconocimiento o de interrogatorio. En todo caso ninguna de las dos versiones rendidas por el testigo merece credibilidad. Adem�s, expresa que no comparte la jurisprudencia vertida en la sentencia 42656 de enero 30 del 2017 y tampoco la decisi�n de primera instancia en cuanto a considerar que el testimonio adjunto constituye prueba directa por lo cual se apoya en el salvamento de voto de dicha providencia de la CSJ y en jurisprudencia precedente registrada en los radicados 26411 de noviembre 8 del 2007 y 25738 de noviembre 9 del 2006.

De otra parte, la sentencia 42656 de enero 30 del 2017 no resulta aplicable al presente caso porque en aquella ocasi�n, quien se retract� fue la v�ctima de un delito sexual. En todo caso tanto el interrogatorio de indiciado del se�or JGPI como las actas de reconocimiento en las que se dice intervino, constituyen prueba de referencia. Por lo que en el presente asunto se aplic� la figura de la tarifa legal negativa de la que trata el inciso final del art�culo 381 del c�digo de procedimiento penal, adem�s de controvertir el art�culo 437 del CPP, relativo a informaciones obtenidas por fuera del juicio oral, sobre pruebas de referencia. Con esto llega a la conclusi�n de que, a su parecer, el testimonio adjunto permiti� que se condene con base en pruebas no debatidas en juicio, en contraposici�n con los postulados de la Ley 906 de 2004, por ende, adujo que la informaci�n contenida en dicha exposici�n no puede tomarse como prueba por no haber sido practicada con sujeci�n al interrogatorio de las partes, y que solo podr�a alcanzar la categor�a de prueba, si se tratara de una prueba anticipada, situaci�n que no se concreta en la situaciones en concreto.

Aludi� que se avizora parcialidad de la jueza al adoptar el testimonio del se�or P, a quien considera como un testigo mentiroso, cuyo interrogatorio ilegal fue introducido. Adujo tambi�n a la dudosa interpretaci�n de lo narrado por DYPM, sin que se haya introducido ninguna informaci�n de su parte en juicio. Denot� parcialidad tambi�n con la negativa de dar tr�mite a la PETICION DE NULIDAD interpuesta por el Dr. ERWIN SALAZAR, al finalizar la recepci�n del Dr. B�RCENAS, respecto del decreto de la prueba de refutaci�n. Manifest� la presunta falta del descubrimiento de una entrevista rendida por la testigo JANETH ROC�O COLIMBA NAUSIL, la cual suministra hechos diferentes a los narrados por JGP, quien considera ten�a un inter�s directo en el proceso no solo desde el punto de vista de responsabilidad penal y punitivo, sino tambi�n econ�mico.

Tambi�n coment� que el investigador jam�s tom� las huellas de frenado de la camioneta, al haber llegado tiempo despu�s al lugar de ocurrencia de los hechos, inclusive que David Gil jam�s fue escuchado. Aleg� que el interrogatorio de GP fue producto de una negociaci�n en virtud de un principio de oportunidad, mismo que no debi� llevarse a cabo por prohibici�n legal.

Cont� que el apoderado del se�or P pidi� la suspensi�n de las audiencias concentradas para plantear la posibilidad de un principio de oportunidad, sobre el que hubo acuerdo por parte de la fiscal delegada, resultando en la liberaci�n del procesado, contrariando lo expresado por el defensor en declaraci�n recibida, donde manifest� no existir ning�n tipo de beneficio en favor de su defendido.

Esta situaci�n se controvirti� por la apelante, en raz�n de que, para ella, esa declaraci�n se realiz� de forma posterior a la suspensi�n de la audiencia, dejando claro el contexto de la irregularidad alegada, adem�s, puso de presente que, seg�n el relato del abogado defensor, el interrogatorio y los reconocimientos fotogr�ficos eran producto de una negociaci�n. De otra parte, dej� por sentado que la Fiscal�a no construy� la coautor�a, sin embargo, seg�n sus argumentaciones, la delegada fiscal no mencion� ning�n pronunciamiento sobre el tema en ninguna de las etapas procesales, y que, por esta raz�n, se le trasladaba esta labor a la Jueza de Instancia, quien no deb�a plantear este tipo de an�lisis, pues rompi� con la imparcialidad caracter�stica del juez Por �ltimo, expres� que, en relaci�n con los testigos presentados para la defensa de su poderdante, los mismos son poblaci�n campesina, sin estudios y sin �nimo de mentir y que dicen la verdad.

De tal modo que se solicita que se observen los videos de sus declaraciones, para absolver cualquier duda que cuestiona la Jueza de Instancia, respecto de la capacidad de rememoraci�n de los mismos. Con estos argumentos solicita se revoque la sentencia impugnada y se absuelva a ALO.

4.3. DEFENSA DE EDQM Ante el sorpresivo retracto del testimonio del se�or JGPI �(testimonio estrella)�, la Fiscal�a realiz�, refutaci�n de la retractaci�n, figura que no prosper�, lo que desencaden� en un �minijuicio� dentro del juicio principal, con pr�ctica de pruebas, y que pese a haber presentado los recursos pertinentes, el se�or EDQM, fue condenado.

Describe que, existi� claridad suficiente para concluir que el precitado, no particip� en la realizaci�n del hecho delictivo, quedando s�lo como duda, si colabor� o no como �campanero�, pues las pruebas no lo comprometen, a excepci�n de la declaraci�n dada por GP, quien desisti� de la misma en etapa de juicio. Esto debi� conducir a que la juzgadora, valore el grado de credibilidad en todo el proceso.

Sobre la declaraci�n de GPA, manifest� tambi�n, que la Fiscal�a, no adelant� actos investigativos para establecer como se comunicaron los acusados, o para establecer la credibilidad de su relato, en cuanto a las declaraciones hechas contra servidores p�blicos, por lo tanto, queda en duda. No establece un v�nculo real y efectivo que comprometa al procesado QM.

Adiciona que, no puede determinarse la figura de coautor�a de su prohijado, m�s all� de toda duda, pues se fundament� en la declaraci�n confusa de GP, sin tener en cuenta que Q manifest�, no haber estado en el lugar de los hechos, adem�s no fueron tenidos en cuenta los testimonios de la defensa para desvirtuar tal hecho, reafirmando que el se�or QM se encontraba en el sector de Remolino, jugando en las fiestas del agua, en el momento de la realizaci�n de los hechos delictivos.

Incluy� la declaraci�n de CARLOS CHAVES LOAIZA, investigador del GAULA, quien describe la defensa, fue un testigo de referencia, que no fue suficientemente claro en el contra interrogatorio, pues sus afirmaciones no ten�an soporte probatorio. Hace alusi�n a la tranquilidad de los padres, como si hiciesen parte del operativo delictual. Queda demostrado que QM, estuvo en Remolinos, que la t�cnica de la Fiscal�a en el contrainterrogatorio no logr� desvirtuar los testigos de la defensa, quienes no ten�an inter�s alguno en favorecer a su defendido.

Solicita: se revoque la decisi�n, y se absuelva de toda responsabilidad penal al se�or EDQM.

4.4. DEFENSA DE JFLB Se�ala que el trabajo investigativo de la Fiscal�a y el Gaula no fue serio, y tuvo muchas deficiencias investigativas y errores t�cnicos, que la sentencia impugnada no destac� La responsabilidad penal de JFLB est� en absoluta duda, pues existen testigos que determinan que el procesado estaba en un lugar distinto al momento de los hechos.

Tambi�n manifest� que la Fiscal�a dej� de descubrir prueba favorable al procesado en la que se demostraba su inocencia. Agrega que los mismos testigos de la Fiscal�a reconocieron que no se tom� un registro fotogr�fico del lugar de los hechos, tampoco hubo seguimiento a personas y cosas, interceptaciones de llamadas, reconocimiento fotogr�fico o en fila de persona y registro en base de datos.

Dice tambi�n que la Fiscal�a llev� a 2 testigos por ser presuntamente presenciales (GP y DYP), quienes se retractaron desde la audiencia de acusaci�n. Tambi�n GP neg� cada uno de los apartes dichos en el interrogatorio y recalc� ser v�ctima de presiones por parte de los funcionarios del Gaula y Fiscal�a y DYP acudi� al juicio manifestando ser inocente y guard� silencio.

Dijo tambi�n que se conden� a su defendido solo con prueba de referencia, ya que a pesar de que de manera ileg�tima se introdujo un interrogatorio � rendido por el se�or P, no reconoce el testigo al se�or L�PEZ BOLA�OS, como autor o participe de los hechos investigados y se tom� como extensi�n de su testimonio los reconocimientos fotogr�ficos, que fueron introducidos de forma incompleta.

Que el testigo P, quien estuvo presente para dar su testimonio, pero se permiti� usar una declaraci�n por fuera del juicio oral, como medio de prueba, no se dio valor a lo dicho en el juicio a pesar de que el testigo haya estado presente, a pesar de que en este caso dicho interrogatorio no fue decretado en la audiencia preparatoria. Se�al� que todo el juicio de responsabilidad est� afincado en el interrogatorio rendido con anterioridad al juicio oral, que rindiera el testigo de la Fiscal�a el se�or JGP, ante el Gaula, y se le dio a la entrevista rendida por el testigo el valor de prueba directa, bajo el esquema de valoraci�n de credibilidad.

Tambi�n que la sentencia recurrida vulnera el principio de congruencia, en raz�n a que da por probado hechos que la Fiscal�a no logr� demostrar en juicio, como la responsabilidad de Fabio Iv�n Isandara Narv�ez, donde trae a colaci�n lo que dijo la testigo DYPM, testigo que si bien compareci� al juicio guard� silencio por estar vinculada al proceso, y la jueza dijo: � situaci�n jur�dica del se�or Fabio Iv�n Isandara NARV�EZ.

Es claro que el citado sentenciado fue vinculado a la investigaci�n, por el interrogatorio rendido por la se�ora Dorys YPM, en el que acept� haber estado a bordo de la camioneta en la cual sustrajeron a la menor PNPN y luego trasladaron a otra regi�n y revel� informaci�n del conductor de la camioneta, indicando que se trataba de alias Chamo, adem�s dio cuenta de una persona allegada a la familia de la menor de nombre Fabio, quien hizo la entrega material de la ni�a a BDL; sin embargo si bien la citada testigo compareci� al juicio no rindi� testimonio en ejercicio de su derecho a guardar silencio ya que a�n est� vinculada a la investigaci�n; sin embargo si bien la citada testigo compareci� al juicio no rindi� testimonio y guard� silencio, ya que aun est� vinculada a la investigaci�n; de manera que concluy� el juicio oral sin prueba que comprometa al se�or Fabio Iv�n Insandar� Narv�ez�.

Agrega que, si bien la jueza hace la salvedad de que la testigo guard� silencio en el juicio oral, utiliz� en el an�lisis de responsabilidad, hechos relatados por la se�ora DP que refieren a la participaci�n de Fabio Insandar� y alias Chamo, que seg�n la jueza en la sentencia termina concluyendo que es JLB, y manifiesta que nunca se dijo ni se prob� que alias chamo sea su defendido, igualmente dice que respecto a su supuesta participaci�n, en los hechos narrados por la Fiscal�a siempre se mencion� que hubo una persona que conduc�a la camioneta y que la �nica que lo reconoci� fue DYPM, pero no GP, pero la jueza reconoci� como un hecho cierto que el conductor de la camioneta fue reconocido por GP, es decir la Jueza da validez a hechos que son de su conocimiento particular fruto de haber sido la Jueza que lo conden� en un juicio anterior a este.

En cuanto a la responsabilidad de JFLB, la A Quo afirm�, que el art 29 inciso 2 del C. Penal, los procesados actuaron en coautor�a por existir en los hechos materia de juzgamiento una empresa criminal, donde existe, un acuerdo com�n, divisi�n del trabajo criminal, asegurando, adem�s la jueza que, analizando el acervo probatorio del juicio, la declaraci�n del IT.

Carlos Chavez Loaiza, quien adelant� la correspondiente investigaci�n y por ello asegura que fue al propio lugar de los hechos y obtuvo informaci�n de varias personas, sobre la presencia, d�a, hora y lugar de la desaparici�n de la menor, de una camioneta roja, que merodeaba por esos lados, y que luego aparecen 2 testigos Adriana y Yaneth, quienes ratifican esa informaci�n y dan a conocer que la persona que llevaba a la ni�a al interior de ese veh�culo, era el se�or JGPI, por lo que se tramit� la orden de captura correspondiente en su contra, que se hizo efectiva el 17 de noviembre de 2015 en el Corregimiento de el Remolino, present�ndolo ante el juez promiscuo municipal de Buesaco para la legalizaci�n de captura al d�a siguiente; sin embargo refiere que antes de empezar la audiencia de formulaci�n de imputaci�n el defensor del procesado, dio a conocer que su defendido quer�a brindar informaci�n para esclarecer los hechos, por lo que se suspende la audiencia con el fin de recibirle el interrogatorio en las instalaciones del Gaula, del cual se desprenden las identificaciones de otras personas que participaron en el il�cito, que aunados a los reconocimientos fotogr�ficos que hizo el testigo permitieron solicitar las �rdenes de captura correspondiente.

Concluy� el testigo, que la informaci�n que obtuvo, permiti� establecer que la menor fue raptada en una camioneta roja en una curva cerca al lugar de habitaci�n de aquella, en dicho sitio se verific� que existe una huella de frenado de un veh�culo, agrega que de acuerdo a la investigaci�n en el hecho adem�s de participar JPI intervinieron BDLL, DYPM, LALO y EDQM; los primeros iban en la camioneta con la ni�a y el �ltimo en una motocicleta describiendo la ruta, y aunque se�al� que intervinieron m�s personas, indic� que no los conoc�a. Respecto a este testigo, es evidente que no tuvo percepci�n directa de los hechos que derivaron en la desaparici�n de la menor, pero en la audiencia de Juicio Oral dio cuenta de la informaci�n que obtuvo con ocasi�n de las labores investigativas que despleg� en su condici�n de investigador de la Polic�a Nacional, habi�ndose percatado de la huella de frenado y del trato dado al testigo JGPI, durante su permanencia en las instalaciones del Gaula.

Manifest� que en el proceso de construcci�n de la coautor�a a que aduce la A Quo, en la sentencia recurrida, no existen pruebas dentro del juicio que permitan hacer ese juicio, y lo dicho en la sentencia al respecto, rompe con el principio de igualdad de partes. Puesto que quien hizo y busc� demostrar la coautor�a fue la jueza de conocimiento y no la Fiscal�a, pues en ning�n momento realiz� ese an�lisis dial�ctico de la prueba dando a conocer al juez de conocimiento c�mo se conform� la empresa criminal, cu�ndo y c�mo se dio el acuerdo previo para cometer el delito; y mucho menos se determin� por el ente investigador la divisi�n del trabajo y la eficacia de la colaboraci�n de cada uno de los procesados en el delito investigado; este an�lisis sistem�tico y dial�ctico lo hizo la A Quo.

Menciona tambi�n que la jueza construy� la responsabilidad con testimonios que no ofrecen credibilidad, no son testigos directos de los hechos y son solo prueba de referencia, ya que en la mayor�a son investigadores del Gaula y no testigos directos, por lo que difiere del valor probatorio que se da a estos testigos. En primer lugar se�ala que el testigo Carlos Chaves Loaiza � investigador del Gaula: quien trat� de demostrar que se realiz� una investigaci�n seria y con diferentes l�neas de investigaci�n, pero precisa que �l no tuvo una percepci�n directa de los hechos, y en audiencia de Juicio Oral dio cuenta de que fue quien dirigi� la investigaci�n y que despleg� toda su capacidad obtenida en su funci�n de investigador de la polic�a nacional, por lo que las menciones que hizo respecto a la responsabilidad penal de los acusados no dejan de ser una referencia dentro del debate probatorio, y m�s cuando sus dichos no los soport� con ning�n informe de investigaci�n, ni registros fotogr�ficos del lugar de los hechos, ni libro de apuntes, ni efectu� la cadena de custodia correspondiente a las huellas de frenado de una presunta camioneta roja que avizoraron ciertas personas en aquella fecha.

Se�al� que este testimonio permite inferir que la investigaci�n termin� solo con una l�nea investigativa, y esta la fijaron JGP y DYP, por ello el se�or Ch�vez nunca verific� o individualiz� la camioneta y el autom�vil que presuntamente participaron o que estuvieron presentes en los hechos, por eso omiti� corroborar si la camioneta roja pertenec�a a la alcald�a de Chachag��, y le permiti� desestimar otras pruebas como la entrevista ante el Gaula de la se�ora Janeth Roc�o Colimba Nausil, quien dijo que fue testigo directo de los hechos e individualiz� al se�or JGP y al presunto conductor de la camioneta utilizada en los hechos ( resalta que la descripci�n de esta testigo del conductor le fue ocultada a la defensa y difiere mucho de la dada por DYPy JGP, quien da una descripci�n gen�rica), el investigador consider� que lo dicho por P y Pera suficiente para esclarecer los hechos.

Se�ala que el investigador Ch�vez conoc�a de la existencia de otros testigos que, en el caso de JFLB, daban fe de que �l no hab�a participado en los hechos, que la Fiscal�a se equivoc�, pero ocult� este conocimiento, degenerando en la sindicaci�n y condena de una persona inocente. Dice tambi�n que el investigador, despleg� actividades de entrevistas donde se pudo conocer que en el d�a y lugar donde desapareci� la ni�a hab�a una camioneta parecida a una que se encuentra al servicio de la alcald�a de Chachag��, obteniendo informaci�n importante por parte de una testigo que permiti� dar con la captura de JGPI (la testigo fue la se�ora Janeth Roc�o Colimba Nausil) persona que particip� en el rapto de la menor.

Se�ala que en la declaraci�n se reconoci� que no se adelantaron m�s labores investigativas porque se le dio plena credibilidad a lo dicho por JGP. Frente al contrainterrogatorio realizado por defensor se destaca que, no corrobor� la informaci�n sobre el veh�culo que se parec�a al de la alcald�a de Chachag��, que tampoco hizo fijaci�n de la huella porque cuando fue ya hab�a pasado bastante tiempo, sus investigadores tampoco, no fue sometida a ning�n tipo de experiencia t�cnica que permitiera corroborar la informaci�n, que t�cnicamente no se puede afirmar si la huella es reciente o antigua a los hechos, que los investigadores no fijaron la huella, respecto a la informaci�n que le suministro su contacto con P es la informaci�n del interrogatorio, que la informaci�n no la dio a conocer a la Fiscal�a, que la informaci�n est� pasmada en la entrevista, que no recibi� informaci�n directa de Adriana y Janeth, dice que Adriana y Janeth pudieron ver a 450 metros de donde iba la ni�a, dice que hay fotograf�as sobre el lugar de la huella, y que P identific� e individualiz� a unos participantes pero no individualiz� al conductor.

Por lo anterior se�ala que con ese contrainterrogatorio se observa que la investigaci�n no fue hecha t�cnicamente, sino que solo corroboraron lo que dijo GP quien ten�a un inter�s directo en el proceso, no solo desde el punto de vista de la responsabilidad penal sino econ�mico. A�adi� que los testimonios de Janeth Roc�o Colimba Nausil, quien individualiz� a JGP e individualiz� al conductor de la camioneta, difiere a la que corresponde a su defendido (entrevista no descubierta de 15 de junio de 2015 y entrevista no descubierta de fecha de 23 de septiembre de 2016), por lo que el investigador Ch�vez a fecha de 15 de junio de 2015 ten�a una l�nea de investigaci�n diferente en cuanto al conductor del veh�culo, diferente que la dada por el se�or JP en fecha de 19 de noviembre de 2015.

Se encuentra entonces que el investigador Ch�vez no descubri� pruebas a la defensa que eran favorables al procesado. Por otra parte, respecto al testimonio del investigador Ariel Villota Guevara, la Jueza resalta la labor investigativa de este testigo, la cual en conjunto con la realizada del investigador Ch�vez y Carolina, fueron fundamentales para demostrar en conjunto con el interrogatorio de JGP la responsabilidad del implicado, ante lo cual dice que esto no es cierto, que el testigo jam�s tuvo una labor destacada en la investigaci�n del caso, en el interrogatorio del 12 de octubre en desarrollo de la prueba de refutaci�n dijo: Que la desaparici�n o secuestro de la menor fue en Buesaco el 28 de diciembre de 2014, que para esa fecha laboraba en el Gaula Nari�o en Pasto, y que hizo una �nica diligencia de reconocimiento en un �lbum fotogr�fico que le orden� la Fiscal�a Sexta Especializada Delegada del Gaula, se�ala que una vez le asignan esa actuaci�n procedi� a citar al testigo imputado, al ministerio p�blico y a la defensa, que tambi�n solicit� los �lbumes fotogr�ficos que se hab�an elaborado, cit� a las partes y procedi� a realizar las diligencias en las instalaciones del Gaula Nari�o, luego, cuando se le indica la primera plantilla al testigo, reconoci� a una persona con el nombre de Edwin David, el hizo las exposiciones del caso, que no recuerda qu� dijo, pero que �l lo reconoci�.

En cuanto al contrainterrogatorio del defensor Carlos Enrique Hurtado, el investigador contest� que la diligencia se realiz� en mayo, que existe un error de digitaci�n respecto a la fecha pues aparece de noviembre. Por lo anterior se�ala que este testimonio est� limitado al reconocimiento fotogr�fico que el se�or P supuestamente realiz� de EQM, y no respecto de todas las actuaciones como la hace ver la Jueza.

Quien no observ� las inconsistencias como la fecha de la actuaci�n, y que el se�or P no miente cuando dice que no hizo esos reconocimientos y que le fueron mostrados los �lbumes de las personas que �l iba a reconocer con dos d�as de antelaci�n, esto es el del se�or QM y su defendido LB. Por otra parte, en cuanto al testigo de la Fiscal�a JGPI, se�ala que este es el testigo clave de la fiscal�a, con el cual pretendieron construir un caso en contra de su representado y de los dem�s implicados, por lo que merece un mayor an�lisis, tambi�n por las particularidades que se presentaron en el desarrollo de su testimonio.

Pues en el juicio oral del 12 de octubre de 2017, se�al� que el 28 de diciembre de 2014 cuando desapareci� la menor, �l no particip� en los hechos, se enter� por noticieros, ya que �l estaba trabajando, posteriormente por dicha desaparici�n fue vinculado a una investigaci�n que deriv� en su captura en el mes de noviembre de 2015 y luego fue nuevamente capturado el 31 de octubre de 2016, indic� que con ocasi�n de la primera captura el fiscal Nicol�s Moncayo, inform� que dos mujeres lo iban a denunciar por la desaparici�n de la menor, y que era mejor que sea testigo, que aunque no tuvo ninguna relaci�n con ese hecho, le hicieron firmar una hoja en blanco para reclamar un dinero y que en el documento que digit� una se�ora, puso su huella en la primera hoja y manifiesta que la firma que aparec�a no es suya, circunstancia que se present� en presencia �nicamente del investigador David Gil y el Fiscal Nicol�s. Y cuando la Fiscal�a delegada procede a confrontar su dicho, poni�ndole de presente el interrogatorio al indiciado este afirm� que lo plasmado en dicho documento jam�s lo dijo, que la firma no era de �l y que solo la huella de la primera hoja es suya y advirti� que su abogado p�blico, no estuvo presente en ese momento.

Similar posici�n asumi� cuando se le pusieron de presente diferentes actas de reconocimiento fotogr�fico de dos de los acusados, entre los cuales est� su defendido, y afirm� que para se�alar a su defendido JFLB en dicha diligencia los funcionarios del Gaula lo hab�an preparado dos d�as antes, y cuando lo capturaron las fotos ya exist�an, que se trataba de un falso positivo, as� lo manifest� tiempo despu�s en una notar�a; y frente al contrainterrogatorio de la defensa de BDLL, dijo que el fiscal del caso le ofreci� 200 millones de pesos para ir al cementerio y dar con los restos de una ni�a y hacerlos pasar como los de la v�ctima, por lo que concluy� que, el testigo jam�s afirm� lo que aparecen en esas actas.

Ante lo dicho por el testigo de la Fiscal�a, le solicit� a la A Quo que se le permitiera una prueba de refutaci�n, por lo que solicit� el decreto y pr�ctica de varias pruebas dirigidas a impugnar la credibilidad de su testigo, y por ende establecer la forma c�mo se realizaron las diligencias del interrogatorio del entonces indiciado P, y los reconocimientos fotogr�ficos realizados por este.

Por lo que pidi� los testimonios de la se�ora M�nica Mora C�rdoba (Fiscal de preliminares) Carolina Guerrero Salazar (investigadora del Gaula), Alfonso Jerem�as B�rcenas (defensor publico), Ariel Villota Guevara ( investigador del Gaula) y Walter Jeison Tabla (t�cnico de dactiloscopia), para establecer si las huellas de los documentos son de PI.

La anterior prueba se decret� y practic�, luego de lo cual se incorporaron en el Juicio Oral, los reconocimientos fotogr�ficos de la procesada BDL como evidencia #3 y manifest� que dicha incorporaci�n se hace con oposici�n de la bancada de la defensa, a pesar de la oposici�n de la defensa tambi�n se incorpor� el reconocimiento fotogr�fico del se�or LALO, como evidencia #4.

Precis� que los reconocimientos fotogr�ficos contenidos en la evidencia 3 y 4 no fueron debidamente trasladados a la defensa en la audiencia de juicio oral, de lo cual manifest� dejar constancia en la audiencia. De igual manera con oposici�n de la defensa, se introduce como evidencia #6 el acta de reconocimiento fotogr�fico del se�or EQM, y como evidencia #7 el reconocimiento fotogr�fico del se�or JFLB, sin embargo manifest� que dichos reconocimientos se autenticaron e incorporaron a Juicio Oral de forma incompleta, ya que, se omiti� incorporar por parte de la fiscal�a los �lbumes fotogr�ficos.

Esta autenticaci�n e incorporaci�n se hace con la investigadora del Gaula Carolina Guerrero Salazar. Tambi�n, se admiti� como evidencia #5, pese a la oposici�n de la defensa, el interrogatorio del indiciado JGP. La defensa tambi�n resalta que la incorporaci�n de estas evidencias en cuanto a la forma de autenticaci�n e incorporaci�n a Juicio Oral se hizo como prueba de referencia sobreviniente, sin embargo la jueza le dio a todas estas evidencias la connotaci�n de testimonio directo rendido por el se�or JGP antes del juicio oral, por lo que manifest� que la t�cnica de incorporaci�n de esta evidencia y el momento en que se hizo determinan la naturaleza de prueba de referencia; la fiscal delegada en el caso se apresur� en la autenticaci�n e incorporaci�n de las evidencias 3,4,5,6 y 7 al Juicio Oral, ya que debi� hacerlo despu�s de confrontar la prueba de refutaci�n con el testigo se�or P. Al respecto manifiesta que si se acepta e incorpora una evidencia en juicio con la naturaleza de prueba de referencia, teniendo en cuenta con quien se autentica y con quien se incorpora, su utilizaci�n posterior no le cambia la naturaleza de prueba de referencia, y en el presente caso la evidencia cinco (5) consiste en el interrogatorio del indiciado del se�or GP, fue autenticado e incorporado por los testigos de la prueba de refutaci�n Carolina Guerrero Salazar investigadora del Gaula, Alfonso Jerem�as B�rcenas defensor p�blico de la �poca y del intendente Ariel Villota Guevara investigador del Gaula y del t�cnico de dactiloscopia Walter Jeison Tabla Luna, Dra M�nica Mora y Dr Lucio Rodr�guez Procurador, al usarse posteriormente para confrontar al testigo P por parte de la fiscal�a, el interrogatorio no pierde su naturaleza de prueba de referencia. Sin embargo la A Quo toma precedentes jurisprudenciales (C.S.J, Rad 44950 del 25 de enero de 2017 � 42656 del 30 de enero de 2017 � sentencia 48959 del 21 de febrero de 2018) como fundamento para determinar que la declaraci�n rendida por el se�or JGP, antes del juicio oral debi� ser valorada como prueba al ser inconsistente con lo declarado por este testigo en juicio y llega a la conclusi�n que lo dicho por el se�or JGP antes del Juicio Oral en su interrogatorio de indiciado, tiene plena credibilidad, ya que lo que dijo en juicio es falso, conforme a las pruebas de refutaci�n. La A Quo manifest� que la raz�n de la retractaci�n en el juicio la dio el propio JGPI, cuando adujo tener temor por su vida y por la de su familia, sin embargo, en ning�n momento dentro del Juicio Oral, se demostr� por la delegada de la fiscal�a, que exist�a riesgo para la vida e integridad del testigo P y su familia, y mucho menos se demostr� que su defendido el se�or JFLB fuese un peligro para la vida e integridad de testigo y su familia.

Y tampoco se demostr� en Juicio Oral que el cambio de versi�n o retractaci�n del testigo P tuviera como motivo que su vida o la de sus parientes corriera riesgo, tambi�n manifiesta que la A Quo extiende injustificadamente el supuesto peligro que representa la se�ora BL al testigo P y a su familia. Al respecto cita la sentencia 42656 del 30 de enero de 2017, M.P Eugenio Fern�ndez Carlier, que tiene aclaraci�n de voto realizado por el mismo M.P quien asegura que un testimonio rendido antes del juicio oral, por ning�n motivo deja de ser prueba de referencia a pesar de las reglas y subreglas expuestas en la sentencia, porque se vulnera el derecho a la contradicci�n de la prueba de la parte contra quien se aduce dicha prueba.

Adicionalmente las sentencias expuestas por la A Quo, y que sirven para darle valor probatorio a lo dicho por el testigo P antes de juicio, se produce en un contexto de hechos absolutamente distintos de los tratados en este asunto, pues se emite dentro de un proceso referente a delitos sexuales en contra de menor de 14 a�os, el testigo cambia su versi�n en juicio, es la v�ctima del delito, y tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia han buscado proteger a la v�ctima y sus derechos, evitando su revictimizaci�n o doble victimizaci�n, en este caso la persona que se retracta es el se�or P quien es una persona mayor y supuesto testigo directo de los hechos por ser uno de los presuntos autores del delito investigado.

Precis� tambi�n que se opuso a la incorporaci�n del interrogatorio como evidencia 5, porque consider� que ten�a valor de prueba de referencia, que la Jueza al momento de autenticar y aceptar su incorporaci�n con los testigos de la prueba de refutaci�n hab�a vulnerado el derecho de contradicci�n, por lo que su naturaleza es de prueba de referencia, adem�s, en el interrogatorio del se�or P no hace referencia alguna a su defendido, el se�or JFLB.

La oposici�n tambi�n se sustent� en el hecho de que el interrogatorio del testigo JP, antes del juicio oral, contiene una prueba de referencia sobreviniente y que la fiscal no justific� ninguna causal del art 438 del C.P.P. Resulta tambi�n inapropiada la valoraci�n del testimonio del defensor p�blico del se�or P, quien en juicio oral en la construcci�n de la prueba de refutaci�n manifest� que �l lo asisti� en las audiencias preliminares, y que lo acompa�� en un interrogatorio de indiciado, pero el mencionado defensor asegur� que la versi�n dada por P en dicha diligencia se realiz� con �nimos de negociaci�n y preacuerdo, y que as� lo sab�a la Fiscal�a. Sin embargo, su valoraci�n se hace de manera incoherente por parte de la Jueza ya que este testimonio es cre�ble en lo que sirve para fundamentar una condena, pero no en los hechos que favorecen a los procesados.

Tambi�n manifiesta que respecto a los reconocimientos fotogr�ficos de los acusados y en el caso del se�or JFLB, la A-Quo en la sentencia dijo que frente al interrogatorio rendido por JGP antes del juicio oral que: no solo debe d�rsele credibilidad a la versi�n que consign� en el interrogatorio a indiciado, sino tambi�n a los reconocimientos fotogr�ficos por �l realizados de haber participado, los se�ores BDL, LAL, JOLB y DQ, en la sustracci�n de la menor, con clara divisi�n de trabajo criminal, al ser estos una prolongaci�n de su testimonio, y manifest� que as� lo ha reconocido la Sala de Casaci�n de la Corte Suprema de Justicia, en la decisi�n del 27 de febrero de 2013, casaci�n 38773.

Sin embargo, la Jueza no tiene en cuenta que dichas evidencias fueron autenticadas e incorporadas con los testigos de la prueba de refutaci�n y no con el testigo P, con �l solo se us� la evidencia, por ello tienen el valor de prueba de referencia, adem�s no tiene en cuenta que menciona el testigo que lo indujeron a reconocer a unas personas que supuestamente participaron en el hecho punible, y para ello le mostraron las fotograf�as de aquellos a quienes deb�a reconocer.

Aclar� adem�s el se�or P en el contrainterrogatorio del defensor, que conoci� al se�or JFLB en la c�rcel judicial de Pasto, y que antes no lo hab�a visto nunca. Circunstancia que fue alegada por la defensa en sus alegatos de conclusi�n, pero no tenida en cuenta por la A- Quo. Agrega que la Jueza tampoco tuvo en cuenta que los documentos que contiene el reconocimiento fotogr�fico son fruto de la t�cnica de cortar y pegar, puesto que al decir las razones que supuestamente ten�a el testigo P del reconocimiento que hizo, son las mismas en las 3 oportunidades, es decir igual en todos los t�rminos, y que la m�s grave omisi�n de valoraci�n, fue que las diligencias de reconocimiento fotogr�ficos solo contiene las actas y no los �lbumes fotogr�ficos, y no pudo hacer contradicci�n la defensa por ser una prueba incompleta, por lo que la defensa no pudo determinar si ciertamente las casillas se�aladas en los �lbumes fotogr�ficos, correspond�an con lo se�alado en la evidencia 7.

Agreg� que incluso la testigo Diana Carolina Guerrero Salazar, quien introdujo el reconocimiento fotogr�fico, se le pregunt� si en el acto de reconocimiento fotogr�fico hab�a sido documentado fotogr�ficamente o en video, respondiendo que no, lo que es extra�o, pues por lo general son registrados fotogr�ficamente y en video, y dada la trascendencia del proceso, es particularmente extra�o que en este caso los funcionarios del Gaula que dirigieron el reconocimiento fotogr�fico hayan omitido el registro fotogr�fico o de video de esta actuaci�n. Resulta entonces que en el caso de JFLB, el reconocimiento fotogr�fico, es la �nica evidencia en su contra, ya que el testigo P en su interrogatorio de indiciado y que la jueza A Quo le da pleno valor probatorio de prueba directa, menciona que la camioneta iba conducida por una persona que hab�a sido contratada por la se�ora B y se vieron en Buesaco, y al cual el testigo no conoc�a, pero resulta que en juicio como elemento extensivo del testimonio de JP aparece el �lbum fotogr�fico en el que reconoce a JFLB, como el conductor, con todos los inconvenientes e inconsistencias antes se�aladas.

Argument� tambi�n que la Fiscal�a en el Juicio Oral no demostr� la forma de c�mo lleg� al conocimiento de que JFLB, era el conductor del veh�culo, ni de c�mo obtuvo la fotograf�a del procesado para que lo reconozca el testigo P, pues dice que en el escrito de acusaci�n y la audiencia preparatoria, las diligencias de reconocimiento fotogr�fico iban a ser introducidos a trav�s de DP y no por P, ya que la se�ora D era quien supuestamente ten�a el conocimiento, pero como se retract� la Fiscal�a busc� introducir dicho reconocimiento fotogr�fico (incompleto) a trav�s de P. Por lo anterior el defensor manifiesta que no se le puede dar el valor probatorio que se le ha dado, y que con ello no basta para desvirtuar la presunci�n de inocencia. Agreg� que continu� el error de producci�n e interpretaci�n de la prueba en juicio, cuando la jueza en audiencia de juicio oral, frente al testimonio de Ch�vez Loaiza, en el estadio de prueba de refutaci�n, permiti� el ingreso del reconocimiento fotogr�fico de la se�ora BL, sin que haya sido trasladado el documento a la defensa, para que ejerza la correspondiente contradicci�n, pese a la oposici�n a la defensa para que esta evidencia fuera incorporada a juicio y valorada como extensi�n del testimonio rendido antes del juicio por el se�or P. La introducci�n fue irregular porque los investigadores no pod�an autenticar los reconocimientos, �nicamente el se�or P Igualmente, en cuanto a la valoraci�n de la prueba de descargo fue inadecuada, ya que los testigos ubicaron al implicado JFLB, en un lugar distinto de los hechos, pese a la curiosa forma del contrainterrogatorio, adelantado por la fiscal�a con el prop�sito de escudri�ar, y de forma inadecuada impugnar credibilidad, pese a la oposici�n de la defensa a la forma de interrogar de la Fiscal�a y de introducir en el contrainterrogatorio temas no tratados en el interrogatorio.

Agreg� que con el fin de demostrar la inocencia de, la defensa en audiencia del 12 de junio, trajo como pruebas los testimonios de Carlos Tuapante, Javier Bola�os y Nelly Estrada D�az, con quienes se reconstruy� el qu� hacer del precitado durante los d�as 27, 28 y 29 de diciembre de 2014, pus el se�or Tuapante dijo que lo vio entre las 9 y una de la tarde, cuando el procesado estaba jugando el d�a de los inocentes echando agua con su familia, y que luego vio a las 8 pm, cuando ingres� a la discoteca con su esposa, saliendo cerca de las 10 p.m a dejar a su esposa y regres� a la discoteca, cerca de las 10:15 del d�a 28 de diciembre, pese a la particular forma del contrainterrogatorio de la Fiscal�a, que buscaba llevar al error al testigo para impugnar credibilidad, no logr� dicho fin, de igual manera rindi� testimonio el se�or Carlos Bola�os, con quien se encontr� el 27 de diciembre en la noche, y quedaron de verse al d�a siguiente para ir al Comfamiliar, y afirma que cumplieron con la cita y estuvieron en ese lugar hasta las 5 o 5:30, posteriormente fueron a tomar cerveza a un billar, donde fueron observados a esas horas por la se�ora Nelly Estrada, quien iba a cargar gasolina a una bomba cercana, luego cogen un taxi y se van al pueblo y se toman 2 cervezas hasta cerca de las 8 pm, cuando se despiden y no se vuelven a ver m�s, agreg� que, la se�ora Nelly Estrada D�az, afirm� en su declaraci�n que el 28 de diciembre de 2014 vio al procesado a la 1 pm, cuando le llev� unas papas que le hab�a pedido que le llevara, y manifiesta verlo en el billar y en el taxi rumbo a Chachag��.

Por otra parte, el apelante menciona lo relacionado con el ocultamiento de pruebas que favorec�an al procesado. Y argumenta que despu�s del sentido de fallo de car�cter condenatorio contra Janeth Roc�o Colimba Nausil, le manifest� que ella hab�a sido testigo en el juicio adelantado en contra del se�or JP, y que gracias a su testimonio y al de la se�ora Adriana, �l fue condenado, y agreg� que la se�ora Janeth Colimba, le dijo que hab�a visto de manera directa al conductor de la camioneta roja, a lo que �l respondi� que no se pod�a hacer nada ya que hubiese sido importante que ella hubiera declarado en juicio.

Frente a esa respuesta, la se�ora Janeth Colimba, oficia a la Jueza Primera Penal del Circuito Especializado, asegurando que, el se�or JFLB, no iba en la camioneta, pero sus declaraciones han sido ignoradas por las autoridades, por lo cual la informaci�n del se�or P es err�nea y no debe d�rsele cr�dito a todo lo que dice. De este oficio fue enterado por la Secretar�a del Juzgado, lo que le caus� inquietud el hecho de la existencia de entrevistas, por lo que contrat� servicios de un investigador, para que entrevistara a la se�ora Janeth Colimba, la cual se llev� a cabo el 17 de diciembre del 2018, despu�s de conocer el contenido de la sentencia, en donde manifiesta en repetidas ocasiones que el se�or JL es inocente, que no es el conductor de la camioneta, que ella se comunic� con el Gaula para manifestar esta situaci�n, pero la ignoraron y le dijeron que el nuevo testigo de la Fiscal�a es GP.

Al respecto el defensor, argument� que la fiscal�a al igual que el Gaula ocultaron prueba fundamental para la defensa, por no descubrir el testimonio de Janeth Roc�o Colimba Nausil, quien fue testigo directo y dice que el conductor no es JL, adem�s dio caracter�sticas f�sicas del conductor de forma precisa, la primera rendida el 15 de mayo de 2015 a las 12:10 en las instalaciones del Gaula, y recepciona esta entrevista el investigador Alberto Gil, y en la misma describe a una persona con rasgos f�sicos distintos al acusado JFLB, y agreg� que la Fiscal�a y el Gaula conoc�an de este testimonio y de este testigo antes de la audiencia de acusaci�n y lo ocult� porque difiere de lo dicho por GP, tambi�n dice que la testigo rinde una entrevista el 23 de septiembre de 2016 a las 10:30 am en las instalaciones del Gaula, recepcionada por el investigador Huberth Yobany Jojoa, donde describe al conductor.

Agreg� que la testigo ha acudido al Gaula, a la Fiscal�a, la Procuradur�a, Gobernaci�n de Nari�o, UNP, Jueza de conocimiento, periodismo, tambi�n ha presentado quejas ante la polic�a por el no pago de las recompensas que ofrec�a la Alcald�a de Buesaco y la Polic�a, para dar con el paradero de los responsables, y ha sido amenazada por la informaci�n suministrada en contra del se�or P. A�adi� que la Fiscal�a le dio total credibilidad a la se�ora Janeth Colimba y la utiliz� como testigo presencial, pero no le da credibilidad cuando esta individualiza al conductor de la camioneta y dice que el supuesto conductor JFLB no es quien ella mir� el d�a de los hechos.

Argument� tambi�n que la defensa no tuvo conocimiento de esta prueba y en particular de las entrevistas rendidas por Janeth Colimba antes de la acusaci�n y menos durante el juicio oral, solo se conoci� en el juicio por los hechos narrados por ella. Por todo lo expuesto, solicita que se revoque la sentencia condenatoria en contra del se�or JFLB.

4.5. DEFENSA DE BDLL La defensa despu�s de rememorar los hechos y la actuaci�n procesal pertinente expuso las siguientes razones de disenso:

PRIMERO: La sentencia proferida en contra de la se�ora BDLL y dem�s acusados no es clara en todo su compendio toda vez que adolece de errores tanto en la estructuraci�n de los hechos como en el an�lisis contentivo de lo indicado y realizado en el juicio oral, como tambi�n, dicho juicio se encuentra viciado de toda una serie de aspectos, en los que se vulner� por parte de la Se�ora Jueza de conocimiento el debido proceso.

SEGUNDO: Los hechos por los que la Fiscal�a formul� acusaci�n en contra de su defendida por el delito de desaparici�n Forzada agravada de la menor P.N.P.N., y en la que se dice que el d�a 28 de Diciembre del a�o 2014 en la vereda San Antonio del Municipio de Buesaco, tal como es costumbre l�dica de esta regi�n, varios de los moradores estaban dedicados al juego del carnaval de agua, entre ellos los familiares de la menor P.N.P.N., manifestando que seg�n informan los padres de la mencionada menor esta desapareci� en horas de la tarde aproximadamente entre las 3 a 4 PM toda vez que la menor se fue desde la vivienda donde resid�a con su madre NENI hacia una residencia cercana de una t�a con el fin de recoger unas prendas que d�as anteriores le hab�an regalado, sin embargo la menor no regres� y desde ese momento sus familiares y vecinos iniciaron la b�squeda de ella, desconociendo su paradero hasta la presente fecha.

Es entonces a ra�z de la desaparici�n de la menor cuando se inicia la b�squeda tanto en la estaci�n de Polic�a de Buesaco donde pusieron en conocimiento y a la b�squeda por todos los alrededores, hasta el punto en el cual se extendi� en todo el pa�s, ofreciendo para ello una recompensa por parte de las entidades territoriales. En desarrollo de m�ltiples labores de b�squeda dijo la Fiscal�a que se hab�an acopiado varias informaciones, destac�ndose que en un momento dado se obtuvo unas entrevistas de algunos ciudadanos seg�n los cuales en la tarde del 28 de Diciembre de 2014, efectivamente se observ� la presencia en la regi�n una camioneta color rojo, pero en especial una persona de manera concreta indic� que en una v�a aleda�a a la regi�n observ� el paso de una camioneta color rojo, en la cual en la banca trasera hab�a observado a un conocido de nombre GP y observ� como a su lado llevaba una menor de edad que la testigo pens� se trataba de alguna hija del mencionado ciudadano, pero luego de observar los carteles de recompensa donde se publicaba la foto de la menor PNPN surgi� la posibilidad de que podr�a tratarse de la misma persona.

Con base en ello se procedi� a la b�squeda seg�n la Fiscal�a de alg�n ciudadano que pudiese corresponder a ese nombre, alude aqu� el se�or defensor que aqu� ya se observa una mera duda por parte de la Fiscal�a cuando menciona la b�squeda del Sr. JGPI, al manifestar que se procedi� a la b�squeda de alg�n ciudadano que pudiese corresponder a ese nombre.

Lo m�s sensato y correcto es que si esa persona que reconoci� al se�or GP deb�a ser interrogada sobre c�mo lo conoci�, d�nde lo conoci�, d�nde vive, por qu� sabe que se llama GP y en qu� sitio se lo puede encontrar, entonces aqu� si ya existe certeza sobre el citado ciudadano, en consecuencia la misma Fiscal�a est� incurriendo en el incumplimiento de la investigaci�n en relaci�n a este hecho y en donde no se aclara un hecho de relevancia, requisito este establecido en la sentencia en la que se debe puntualizar hechos jur�dicamente relevantes, hechos indicadores y medios de prueba, jurisprudencia proferida por la Doctora PATRICIA SALAZAR CU�LLAR Mag.

Ponente, 15 de marzo de 2017 SP3623-2017 y Radicaci�n No. 48175 Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci�n Penal. La Fiscal�a igualmente manifiesta en su escrito de acusaci�n, que en la camioneta roja viajaban BDLL, YPM, LAL y el conductor de quien desconoc�a de quien se trataba. Con base a estos hechos la Fiscal�a solicit� la captura de su defendida sin contar con los argumentos de fondo que necesariamente ten�a esta que recopilar y tener para poder acusar a mi defendida y l�gicamente presentar los elementos materiales probatorios a fin de ser introducidos en el juicio para que estos puedan ser considerados como prueba.

Pero la Fiscal�a no tuvo ni cont� con elementos probatorios para el juicio. EN CUANTO A LAS PRUEBAS DE CARGO DE LA FISCALIA: Expuso que, La Fiscal�a present� en Juicio la declaraci�n de los padres de la menor P.N.P.N. como son la Se�ora NENI, y el Se�or JEPM personas estas que en su condici�n de padres declararon en el Juicio sobre los hechos, la forma en que desapareci� su menor hija, como tambi�n dieron a conocer el grave dolor que los embargaba con este triste episodio de la menor P.N.P.N. y dieron los datos m�s especiales de los cuales ellos ten�a conocimiento, pero en s� no relievaron ni tampoco lanzaron ninguna acusaci�n en contra de los acusados pues no sab�an nada de ellos.

Tambi�n se present� por parte del ente acusador como prueba, la declaraci�n del Sargento Carlos Ch�vez Loaiza, miembro de la Polic�a Nacional adscrito al grupo Gaula. Present� igualmente al Sr. JGPI quien efectivamente rindi� declaraci�n de la cual coment�. Una vez rendido sus generales de ley y haberse establecido el parentesco o no para con los acusados introdujo unos elementos materiales probatorios relacionados con unos documentos que contienen interrogatorios realizados con anterioridad al juicio al Sr. GP, pero una vez que se estableci� que solo eran para refrescar memoria o impugnar credibilidad se estableci� que en relaci�n con la Se�ora BDLL no se decret� este tipo de prueba para refrescar memoria.

A esta conclusi�n lleg� el Juzgado de conocimiento en que las declaraciones del Sr. GP realizadas con anterioridad al juicio no fueron descubiertas en la audiencia preparatoria y en consecuencia no se decret� la prueba para refrescar memoria ni impugnar credibilidad, tal como aparece en el respectivo audio, por esta raz�n el togado adujo que desde este punto de vista no podr�a y no deb�a utilizarse declaraciones anteriores dadas por el Sr. JGP en contra de la Sra. BDLL por cuanto al no ser descubiertas en la audiencia preparatoria con los fines de impugnar credibilidad o de refrescar memoria no podr�an ser v�lidamente decretadas en contra de su defendida ni utilizadas porque no fueron descubiertas en la audiencia preparatoria tal como lo se�ala el C. de P. Penal en su Art.346 y la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia en su sala de Casaci�n Penal.

Por otra parte, despu�s de la lectura realizada por la Fiscal�a de unos documentos que contiene seg�n se dijo por parte de esta respuesta a un interrogatorio realizado por la Fiscal�a al Sr. GP quien manifiesta: No haber firmado dichos interrogatorios y se retract� de todo su contenido, diciendo que eso es falso que �l no ha dicho eso, manifiesta adem�s que �l firm� en las instalaciones del Gaula una hoja en blanco y que se la hicieron firmar en blanco porque era para retirar o sacar una plata, adem�s en el contrainterrogatorio presentado por el defensor al Sr. GP en la audiencia de Juicio expres� que conoce a la Sra. BL porque ella es la esposa de un t�o de �l, que la conoce desde la infancia, dijo que con la se�ora BL dialog� por �ltima vez en al a�o 2010, 2011 porque ella estuvo trabajando con el hijo en los Galpones, entonces desde el 2011 no ha tenido contacto con ella hasta la fecha en la cual rindi� el presente contrainterrogatorio.

Expres� adem�s que, en el Gaula lo prepararon y que tanto el Sargento Ch�vez, el Dr Nicol�s y el Sr. Gil que eran los que lo preparaban diariamente pues uno lo hac�a un d�a y al otro el siguiente y as� sucesivamente y que adem�s le colocaron unas fotos en un escritorio manifest�ndole �mire este es el tal F�, lo cual a ellos nunca los distingu�a, entonces �l dec�a verdad este es el Chamo y as� sucesivamente con todos los detenidos tal como se puede escuchar y demostrar en el Audio 6 CD2, concluy�ndose de esta manera que la Sra. BDL habl� con el Sr. GP en al a�o 2011 contraviniendo todo el argumento de la Fiscal�a cuando expresa que la mencionada se�ora particip� con los dem�s detenidos en la desaparici�n forzada de la menor PNPN el d�a 28 de Diciembre del a�o 2014.

Tambi�n destac� como hecho importante para tener en cuenta que, la Fiscal�a formul� acusaci�n en contra de su defendida, pero en esta acusaci�n nunca mencion� en su escrito, ni descubri� elementos materiales probatorios distintos de los que en esta se se�ala, es decir nunca expres� ni descubri� escritos que conten�an interrogatorios o declaraciones dadas por el Sr. GP, ni tampoco, ning�n elemento de los que ahora en el Juicio present�.

Este hecho fue confirmado por la Sra Jueza de la primera instancia en audiencia de Juicio en donde se dijo y se dej� constancia por el Juzgado de conocimiento Primero penal de circuito especializado cuando se dice que: "QUE PARA BDL NO SE DECRET� ESTE TIPO DE PRUEBAS NI PARA REFRESCAR MEMORIA�. Igualmente la defensa, hizo constar que esos documentos que presenta la se�ora Fiscal no fueron descubiertos en su oportunidad, ni tampoco fue decretado en Audiencia Preparatoria, lo anterior por cuanto la Fiscal�a contraviniendo la norma en menci�n introdujo elementos materiales probatorios que no fueron descubiertos para hacerlos valer como 'prueba en el Juicio, aspecto que ri�e y est� en contrav�a de la lealtad procesal, del derecho de defensa como tambi�n con lo establecido en el Art. 346 del C. de Proc.

Penal. Como tal los elementos materiales que la Fiscal�a present� no fueron descubiertos, ni tampoco se decret� por parte de la Sra. Jueza de Conocimiento la pr�ctica de estas pruebas, ni tampoco se expuso por parte de la Fiscal�a que podr�an ser elementos para refrescar memoria. Tampoco se acredit� alguna presunta o posible causa que acredite aspectos no imputables a la parte que omiti� el descubrimiento.

Es por esto por lo que, dicha defensa de manera oportuna en la audiencia respectiva hizo dejar esa constancia en la forma en que aparece. El Se�or GP, en su declaraci�n manifest� que todo lo que afirma la Fiscal�a con relaci�n a su declaraci�n es completamente falso ya que �l no hab�a dicho eso, haciendo claridad que a �l tres personas le insinuaban de manera diaria lo que ten�a que decir, referente a las personas que estaban acusadas de la comisi�n de la conducta punible, pero �l se sostiene en que jam�s dijo eso que present� la Fiscal�a, ya que a algunas personas ni siquiera las conoc�a. En consecuencia, la Fiscal�a en medio de su desesperaci�n y al darse cuenta que su testigo o mejor el Testigo de la Fiscal�a estaba declarando en contra de ellos de lo enunciado por esta, present� unas pruebas de refutaci�n en contra de lo manifestado por su testigo, el Sr P. Recalcando que aqu� existieron dos aspectos completamente diferentes: Uno es la prueba de referencia y otro fue la prueba de refutaci�n. El Juzgado de conocimiento le dio un valor de connotaci�n a la prueba de referencia y fundament�ndose en ello estableci� y construy� la Sentencia condenatoria en contra de los acusados.

Pero frente a esto, la defensa se pregunta entonces qu� valor le puede dar a la prueba de referencia cuando esta ha sido desmentida, desvalorada y lo que es peor a�n tachada de falsa por parte de la persona que como en el presente caso lo hace el Sr. GP. Asever� que, en el presente caso la Fiscal�a present� las declaraciones de algunas personas que para la �poca ten�an investidura como empleados, una al servicio de la fiscal�a y otros al servicio de la Polic�a Nacional, sin embargo, estos afirman que lo que dice el se�or P es falso, que la firma que contienen esos documentos es de �l o por lo menos no se demostr� dubitaci�n sino uniprocedencia en la misma.

Ahora bien si se parte del hecho que el Sr. P hubiese dicho eso necesariamente tambi�n habr�a que partir de una circunstancia en la que a �l lo amparaba como acusado la presunci�n legal de inocencia y el derecho a no auto incriminarse y si lo hizo debe constar en una acta en la que se le expuso los derechos que el se�or ten�a y en presencia de su Abogado defensor, pero frente a esto surge entonces otro aspecto de vital importancia, que es precisamente c�mo al Sr. GP le realizaron las audiencias preliminares de legalizaci�n de captura, de imputaci�n mas no lo hicieron en su momento la de medida de aseguramiento en el municipio de Buesaco, y no le hicieron esta audiencia por cuanto dijeron que el mencionado se�or se iba a someter a un principio de oportunidad, a un preacuerdo con la Fiscal�a en aras de obtener toda una serie de beneficios y si esas declaraciones fueron ciertas tambi�n es muy cierto entonces que lo hizo en virtud de las promesas realizadas al Se�or P por parte de la Fiscal�a y como no se efectu� ni se dio, no se consolid� el principio de oportunidad ni tampoco preacuerdo de ninguna naturaleza, entonces estas declaraciones no pueden ser utilizadas en ning�n momento, y si se hace carecen de valor jur�dico y es entonces el aspecto por el cual concluy� que fueron objeto de unas premisas de acuerdos para obtener beneficios con la Justicia. Y este hecho se encuentra plasmado en las audiencias realizadas en el municipio de Buesaco y constan en los respectivos audios grabados en cd y por ello suspendieron esa audiencia, en consecuencia, siendo la mejor prueba para desvirtuar las declaraciones.

Coment� que, referente a unas manifestaciones realizadas por el Se�or P como son: que la Se�ora B lo llam� tres o cuatro d�as antes del 28 de Diciembre con el fin de decirle que �estuviera pendiente porque apenas ella mire a la ni�a se venga con David para el corregimiento de San Antonio, que para ese 28 de Diciembre �l estaba en el Remolino y recibi� la llamada como a las nueve dici�ndole aquella que se fueran que ella ya estaba en San Antonio, por lo que �l llam� a D y se fueron a Buesaco donde se reunieron B, Y, AL, E D�.

Al respecto se evidencian caracter�sticas incongruentes, pues la ni�a no es una persona adulta, que fuera una viajera, comerciante o algo similar para que estuviese viajando de un lugar a otro y en su momento estar en la Poblaci�n de San Antonio y peor a�n cuando narran que de El remolino llegaron al municipio de Buesaco cuando lo m�s f�cil y m�s cercano era entrar a San Antonio por Chachag�� y no desvi�ndose de la Panamericana hasta el municipio de Buesaco para luego tener que devolverse nuevamente a la Panamericana y coger por Chachag�� para entrar a San Antonio, son cosas, detalles incongruentes que demuestran la inexistencia de una l�gica en la realizaci�n o el actuar pero m�s que todo salta a la vista que fue una gran invenci�n en el texto y redacci�n del hecho.

Tambi�n dijo que, en relaci�n con el supuesto de que las se�oras daban vueltas en la poblaci�n de San Antonio y que lo realizaban a pie, era incoherente que no existieran testigos que las hayan visto m�s aun siendo d�a del carnaval de agua, cuando la gente se encontraba en tumultos ech�ndose agua y estando la camioneta por ah� estacionada cerca al coliseo, pues perfectamente los iban a ver a unos y a otros, por lo que cuestion� el proceder investigativo realizado por los funcionarios.

Posteriormente mencion� lo concerniente a la prueba de refutaci�n, en donde el testigo propuesto por la Fiscal�a declar� de manera concisa las falsedades en que el ente investigador incurri�, por lo que se solicit� hacer uso de la prueba de refutaci�n de los testimonios que son: Dra. M�nica Mariana Mora (Fiscal Especializada), Carolina Guerrero Salazar (Persona quien digito el interrogatorio), Dr Alfonso Jerem�as B�rcenas (Defensor P�blico que acompa�� al testigo GPI), Dr Lucio Rodr�guez (Quien era representante del Ministerio P�blico en aquella �poca), Testimonio del Intendente Carlos Ch�vez Loaiza y del Investigador Ariel Leonardo Villota Guevara, como tambi�n del Dactiloscopista Yeison Tabla Luna.

Con las citadas personas la Fiscal�a pretendi� refutar el testimonio de su propio testigo, sin embargo, precis� tener en cuenta que la refutaci�n por s� misma no es una modalidad probatoria o forma de conocimiento adicionado al Art. 382 del C. de P.P. pero la refutaci�n necesariamente debe cumplir con los requisitos de pertinencia, conducencia y admisibilidad de toda prueba y como tal esta est� sometida necesariamente al requisito de descubrimiento probatorio y este requisito fundamental no se cumpli� por cuanto no se descubri� ni en la formulaci�n de acusaci�n ni en la audiencia preparatoria ni mucho menos se decret� en la audiencia preparatoria.

Inform� tambi�n sobre un requisito fundamental al cual la Fiscal�a no dio cumplimiento como fue el de sentar las bases probatorias o fundamentos probatorios, esto no se hizo, ya que la Fiscal�a al solicitar la prueba ten�a y deb�a sentar las bases probatorias para que de esta manera clarificara el objetivo sentido del por qu� solicitaba esa prueba, citando lo enunciado jurisprudencialmente en la sentencia CSJ SP 43749 del 20 de agosto de 2014.

Por otra parte, tambi�n aludi� sobre la doctrina del fruto del �rbol envenenado el cual consider� se asemejaba al caso de marras. Despu�s precis� sobre el reconocimiento fotogr�fico, exponiendo que, si bien se presume que a su defendida se le practic� el reconocimiento fotogr�fico, en ning�n momento y por ninguna circunstancia se le efectu� el reconocimiento en fila de personas, siendo este hecho comprobado en audiencia preparatoria por parte del fiscal que acept� no haberse realizado tal diligencia. As� mismo enfatiz� en la inexistencia de la coautor�a, bajo el supuesto de que la Fiscal�a como ente Investigador se�al� a BDLL como tambi�n en contra de los se�ores EDQM, LALO y JFLB como Coautores de la conducta punible de desaparici�n forzada agravada, frente a este hecho se�al� que la coautor�a tiene determinadas exigencias para su estructuraci�n como tal y por ello se hace necesaria la realizaci�n de un an�lisis estructural referente a la demostraci�n de si esos requisitos se presentaron, se dieron determinantemente y si estos se probaron por parte de la Fiscal�a dentro del Juicio, lo primero la divisi�n de trabajo entre quienes intervienen, con un control compartido o con dominio de las acciones, aspecto que la Fiscal�a no logr� demostrar espec�ficamente cu�l era la funci�n de cada una de las personas a quienes se investig�, pues no basta que se aduzca o se diga qu� actividad puede realizar o llevar a cabo determinada persona pues en esto necesariamente hay que probarlo y demostrarlo, de igual forma el ente investigador no pudo o no supo coordinar ni dirigir la investigaci�n a trav�s de polic�a judicial para poder demostrar la actividad que cada una de las personas realiz� en un hecho de esta naturaleza. tampoco demostr� si efectivamente se consolidaron, cu�l era el objetivo fundamental que los motivaba a la comisi�n de una conducta ni tampoco el roll que cada uno de los sujetos ten�a que realizar o llevar a cabo, m�s a�n cuando estas personas han demostrado que residen en lugares completamente distintos, diferentes del lugar donde tuvo ocurrencia el hecho, pues mientras su defendida reside en la ciudad de Cali las dem�s personas residen en lugares diferentes y la fiscal�a no ha demostrado cu�ndo se reun�an o se reunieron, qu� fin persegu�an de manera exacta al perpetrar una conducta de esta naturaleza ni cu�l era el resultado, qu� factores externos de manera objetiva son los beneficiarios un delito desaparici�n Forzada, dentro del Juicio no se present� la menor prueba que demuestre de manera categ�rica estos aspectos fundamentales en la comisi�n de la conducta de la cual se acusa a sus defendidos.

Por �ltimo, sobre las nulidades del proceso y del juicio asever� que, dentro del presente proceso en la etapa del juicio se present� toda una serie de aspectos generativos de nulidades procesales por cuanto vulneran el derecho de defensa y consecuencialmente el del debido proceso tales como: En diligencia de audiencia, en la que el testigo n�mero 3, Intendente de la polic�a nacional Carlos Am�rico Ch�vez Loaiza se present� como testigo de refutaci�n, pero tambi�n se lo llam� para que realizara reconocimiento fotogr�fico, estas dos actividades desplegadas por parte del mencionado se�or, una como testigo y otra como persona que realiza el reconocimiento fotogr�fico cuando ya precisamente dieron objeciones a dichas circunstancias por parte del Dr. NEYIP JAVIER ONATE PAZ y lo propio del abogado ERWIN SALAZAR GARC�A, ante lo cual el juzgado expres� que este hecho fue decretado como prueba y que ser�a utilizado en su momento a la hora que el Juzgado tenga que valorarlo como prueba y que efectivamente lo que el testigo estaba diciendo servir�a para lo que la fiscal sustentara y que el Dr. Neyip lo utilizara en su momento, pero se decret� tambi�n como prueba para presentarla en el Juicio las actas de reconocimiento.

As� tambi�n, la A quo estableci� que admiti� como evidencia Numero 3 de la Fiscal�a General de la Naci�n, el acta de reconocimiento fotogr�fico fechado el d�a 20-11.2015 por el Fiscal Sexto especializado, verbalizando adem�s que no se tiene en cuenta las objeciones presentadas por los Se�ores defensores, en cuanto quien lo ingresa tal como lo autoriza el Art. 425 del C. de P.P. y el 426 respecto a los m�todos de autenticaci�n y de igual manera en donde se se�ala que el documento puede ser ingresado o bien por uno de los investigadores que participaron en el caso o por el investigador que recibi� el elemento material probatorio o evidencia f�sica, de todas maneras se corri� traslado de la evidencia del sobre cerrado y en este caso el testigo reconoci� como si �l hubiera elaborado el documento, por lo que se admiti� como evidencia No. 3 de la Fiscal�a sin lugar a interponer ning�n recurso, advirtiendo que tal como lo ha se�alado la C.S.J. este tipo de decisiones admiten al menos de que se interponga recurso de reposici�n. Con base a lo anterior, el togado expuso que, esa evidencia se�alada con el N�mero 3 consistente en acta de reconocimiento fotogr�fico, si bien la Fiscal�a corri� traslado pero corri� traslado �nicamente a la persona que se encontraba como testigo, es decir el Sargento, mas no corri� traslado a la defensa, en consecuencia esta es la hora que la defensa no conoce el acta de reconocimiento y al no correrse traslado a los defensores de ese documento se vulner� el debido proceso y como tal el derecho de defensa.

As� mismo dispuso que las nulidades procesales originadas en el proceso se pueden presentar en cualquier momento del proceso, pues estas no tienen se�alado una etapa correspondiente, en consecuencia solicit� al despacho se tenga en cuenta que aqu� se violaron las garant�as fundamentales tanto de su defendida como tambi�n de los dem�s procesados, T�ngase como prueba el Audio respectivo en el cual se podr� dar cuenta de la actuaci�n en menci�n cuando la se�ora fiscal introduce al proceso elementos materiales de los cuales no corri� traslado a los sujetos procesales siendo esta una obligaci�n pr�stina y garantizada en la ley adjetiva penal, por lo tanto solicit� se declare nula la actuaci�n procesal por violaci�n a las garant�as fundamentales de todos los procesados.

Por otra parte, en lo referido a las pruebas testimoniales vertidas por la Fiscal�a dijo que, son pruebas para refutar lo contradicho por su testigo, queriendo hacer prevalecer la prueba de referencia. Pero frente a esto surgieron las pruebas testimoniales presentadas al Juicio, que dan cuenta c�mo es que la Se�ora BDL el d�a 28 de Diciembre de 2014, se encontraba en la ciudad de Cali, que fue vista y dialog� en horas de la ma�ana en la sede de una iglesia Cristiana donde ella asiste al culto religioso, este testimonio lo ofreci� la acusada como es la declaraci�n del Se�or Andr�s Angulo quien dio cuenta de todos los hechos de manera pormenorizada en el Juicio declarando bajo la gravedad del Juramento que en esa fecha la Sra BL estuvo en la ciudad de Cali y que recuerda por cuanto ella pidi� una orientaci�n referente a los Carnavales de Nari�o, de igual manera la declaraci�n en Juicio la Sta.

DIANA MEJ�A quien tuvo pleno conocimiento de los hechos como investigadora, dando cuenta de la manifestaci�n que le hiciera un testigo de la ciudad de Cali referente al pago que le hicieron al esposo de la mencionada como maestro de obra en dicha ciudad el d�a 28 de Diciembre de 2014 y en el que se encontraba presente la Sra. BDL. Lo mismo sobre una existente declaraci�n Juramentada del Sr. Dimar L�pez quien en su condici�n de hijo la acompa�� despu�s del culto religioso a la realizaci�n de unas compras y en donde despu�s de esto se trasladaron a su casa de habitaci�n en la ciudad de Cali, manifestando que almorzaron y despu�s no sali� a ninguna parte y que dichas declaraciones se encuentran contenidas en el respectivo audio.

Por todo lo expuesto anteriormente el abogado defensor concluy� enunciando que su representada fue involucrada en el delito de desaparici�n forzada de la menor P.N.P.N sin que la Fiscal�a y los �rganos encargado de la investigaci�n hayan aducido alguna prueba que demuestre con certeza absoluta que su defendida es responsable del il�cito, en consecuencia no se puede condenar a una persona con pruebas de referencia contrariando los postulados de la Corte Suprema de Justicia en relaci�n a la prueba de referencia y prueba de refutaci�n, porque el testigo que declar� en Juicio es el ofrecido por la Fiscal�a y desconoci� en la forma realizada lo aseverado por esta.

Adem�s, que se debe tener en cuenta que esas pruebas de referencia fueron dadas por el citado testigo, con el objeto de someterse al principio de oportunidad y llegar a acuerdos con la fiscal�a, por esto y por lo anterior, no pueden introducirse como pruebas dentro del proceso. Por ende, ante la inexistencia de pruebas que no puedan dar un conocimiento pleno, certero m�s all� de toda duda acerca de la existencia de este delito y de la responsabilidad penal de la acusada solicit� se revoque la Sentencia de Primera Instancia proferida en contra de la Se�ora BDL y se absuelva de todo cargo. 4.6.

BDLL En calidad de acusada, acudi� coadyuvando el recurso de apelaci�n de la sentencia presentado por su defensor, raz�n por la cual expres� su total desacuerdo con el fallo de la referencia, lo cual solicit� sea tenido en cuenta al momento de decidir el recurso de apelaci�n. Expuso que, su inconformidad con la sentencia apelada se basa especialmente en dos aspectos, a saber: en primer lugar, el hecho de haberle dado plena credibilidad a la primera versi�n del se�or P; y en segundo lugar el haber desechado las declaraciones de descargo.

Respecto de la primera versi�n del se�or P y su retractaci�n en el Juicio Oral, el despacho opt� por no darle credibilidad a la misma, con lo cual est� de acuerdo, no porque la primera versi�n sea cierta, sino en la medida en que las irregularidades planteadas por el se�or P para recepcionar dicha versi�n fueron desvirtuadas por las personas que intervinieron en la pr�ctica de la misma; pero esta situaci�n, por s� misma, solamente no debi� llevar a la simple conclusi�n de que, si lo uno es falso, lo otro es verdadero.

Asever� que el juzgado sustenta la credibilidad de la primera versi�n de P, en frases de caj�n que se utilizan en estos casos, cuando no hay m�s argumentos, sin adentrarse en lo profundo de la misma; sin analizar la l�gica de la misma, sin que hubiese trabajos de investigaci�n por parte de la Fiscal�a que corroboraran de alguna manera, en todo o en parte lo dicho por el se�or P, respecto de los hechos y respecto de la suscrita.

Manifest� que, en cuanto al testimonio del se�or Pse presentaron varias inconsistencias y falacias, como que se realiz� con las formalidades legales, en compa��a de su defensor, libre de presiones, cre�ble y veros�mil; porque las circunstancias de tiempo, modo y lugar fueron corroboradas por la madre de la v�ctima; porque no se evidencia �nimo de enga�ar ni de perjudicar a los encartados, ni de contradicciones que afecten su credibilidad, ante lo cual asever� su divergencia seg�n lo enunciado por la primera instancia y que esa versi�n rendida por el testigo se trat� de una historia construida por �l, donde a su antojo introduce actores en la misma; tanto con el �nimo de obtener beneficios de la justicia, o con el �nimo de vengarse como sucede con ella; historia que no solo ri�e con la verdad, sino tambi�n con la l�gica y con las reglas de la experiencia como me permitir� dejarlo en evidencia. En primer lugar, es falsa la versi�n de P ante el GAULA, en sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, adem�s en que hayan sido corroboradas por la madre de la v�ctima: quien a lo sumo declar� sobre el sitio y la hora de los acontecimientos en los cuales desapareci� la menor; mas no sobre los dem�s aspectos; en especial la forma como fue raptada la ni�a y por qu� persona o personas se realiz�, luego entonces, este argumento se cae de su peso.

De igual manera puntualiz� sobre la presunci�n de que se la relaciona supuestamente como l�der de la delincuencia en materia de tr�fico de armas, pues en el testimonio se dice que ha traficado con armas y drogas, a�n con las FARC, y que se dedicaba a la trata de personas; lo cual es totalmente falso, pues enfatiza en que es una mujer cristiana, humilde y trabajadora, adem�s esa supuesta versi�n puede ser corroborada al no existir ning�n tipo de antecedentes penales, ni investigaciones judiciales sobre los delitos enunciados, adem�s que la versi�n rendida ri�e contra la l�gica de las reglas de experiencia. Se pronunci� tambi�n sobre el hecho que se rindi� en la versi�n, donde se estipula que ella realiz� llamadas concertando el delito, pero que en ning�n lado existen investigaciones de polic�a judicial o fiscal�a que corroboren esa hip�tesis, m�s a�n cuando en la actualidad es muy f�cil acceder a la verificaci�n de estos medios tecnol�gicos de comunicaci�n. Con base a lo anterior enfatiz� que se encuentra una versi�n plagada de inconsistencias, contraria a la verdad, a la l�gica y a las reglas de la experiencia; versi�n que pudo constituir una l�nea de investigaci�n, cuyos datos debieron ser corroborados, pero que la Fiscal�a, por negligencia o por comodidad no investig�, para corroborarla o para descartarla, yendo as� en contrav�a del principio de la investigaci�n integral; y sobre dicha prueba, que no deja de ser una prueba de referencia, a trav�s de la cual el juzgado bas� la sentencia condenatoria en su contra.

Por otra parte, indic� de un lejano parentesco que tiene el testigo con su esposo y adem�s del hecho que ella trabaj� con el se�or P en un galp�n en un periodo de 15 d�as, en el a�o 2011, y que en dicho periodo observ� un hurto realizado por el prenombrado, raz�n por la cual acudi� a su jefe para darle a conocer lo que observ� en ese momento, ante lo cual su jefe decidi� darle aviso a las autoridades y posteriormente procedieron a capturar al se�or P. As� mismo coment� que, despu�s de dicho suceso se mud� a la ciudad de Cali en donde reside y trabaja y no volvi� a saber m�s del se�or Phasta el momento de su captura y relaci�n con el testimonio rendido al caso de marras.

Asever� tambi�n que, existi� una contradicci�n a lo dicho por el se�or P, siendo esta la declaraci�n de uno de los predicadores de La Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional en el Barrio Los Lagos de la ciudad de Cali, quien acudi� a la audiencia a testificar, indicando que el d�a de los hechos, ella hab�a acudido al culto de la ma�ana y hab�a solicitado orientaci�n de su parte, ante lo cual el Juzgado desech� el testimonio del predicador Andr�s Angulo con el argumento de que, por ser su actividad cotidiana, se hac�a inveros�mil remembrar una fecha espec�fica, lo cual dicho en t�rminos generales parecer�a l�gico, pero lo cierto es que ese d�a espec�fico, era un d�a 28 de diciembre, d�a que gran parte de la humanidad lo ha denominado como d�a de los inocentes, por lo tanto se cuestiona el hecho de que el predicador haya hecho memoria de esa fecha y no de otras, pues lo cierto es que aqu� concurrieron dos circunstancias especiales, a saber: no era una fecha cualquiera, era una de aquellas que consideramos dedicada a la idolatr�a; y la otra fue que dicho d�a solicit� orientaci�n. Finalmente aludi� que, se desconoci� por parte del juzgado que en el sistema penal acusatorio las partes est�n en posibilidad de preparar a sus testigos, refresc�ndoles memoria para que depongan la verdad; no puede perderse de vista que fue un caso de connotaci�n nacional, de gran difusi�n en los medios de comunicaci�n y en las redes sociales que mantuvieron la situaci�n vigente en la mente del testigo como el mismo lo relat�.

Por todo lo anteriormente expuesto solicit� se revoque la sentencia apelada y se le absuelva de la acusaci�n formulada por la Fiscal�a. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. COMPETENCIA De conformidad con lo preceptuado en el numeral 1� del art. 34 de la Ley�906 de 2004, es competente esta Sala para resolver el recurso de apelaci�n formulado por el Delegado del Ministerio P�blico y la defensa en contra de la sentencia del 13 de diciembre de 2018, proferida por la se�ora Jueza Primera Penal del Circuito Especializado de Pasto. 5.2.

PROBLEMAS JUR�DICOS Atendiendo a la fundamentaci�n de la apelaci�n y el tr�mite adelantado en primera instancia, se plantean los siguientes cuestionamientos. Establecer si lo expuesto por el testigo JGPI en interrogatorio de indiciado y en las actas de reconocimiento, en las cuales se�ala a los acusados BDLL, EDQM, LALO y JFLB como autores de los hechos en los que fue desaparecida la menor P.N.P.N. pueden o no fundamentar el fallo de condena.

Para obtener una respuesta al interrogante anterior se deber�n resolver los siguientes problemas jur�dicos asociados: �El testimonio de JGPI rendido en la audiencia de Juicio Oral contiene una retractaci�n? �El interrogatorio de indiciado y las actas de reconocimiento en las que intervino JGPI se incorporaron en la audiencia de Juicio Oral de manera ilegal como lo expone la defensa en su conjunto? �El interrogatorio de indiciado y las actas de reconocimiento en las que intervino JGPI y que se incorporaron en la audiencia de Juicio Oral constituyen prueba de referencia? �C�mo deben atenderse desde el punto de vista procesal los testimonios de la Dra. M�NICA MARIANA MORA-Fiscal Especializada, de la PT. del GAULA CAROLINA GUERRERO SALAZAR, del representante del Ministerio P�blico Dr. LUCIO RODR�GUEZ, del investigador ARIEL LEONARDO VILLOTA GUEVARA, y del dactiloscopista YEISON TABLA LUNA? En caso de que se determine que la incorporaci�n del interrogatorio de indiciado y las actas de reconocimiento en las que intervino JGPI fue legal, �Cu�l es su valor probatorio? �Al imponerse sentencia condenatoria por COAUTOR�A se afecta el principio de congruencia respecto de la acusaci�n formulada por la Fiscal�a? De otro lado, se expone en la apelaci�n que la valoraci�n probatoria realizada por la jueza de primera instancia se denota parcializada, por citar apartes del relato de DYPM que no ingres� al juicio y porque no dio tr�mite a la solicitud de nulidad del defensor Edwin Salazar realizada durante la audiencia de Juicio Oral, raz�n por la cual la Sala adelantar� el estudio al respecto para establecer si le asiste la raz�n a la defensa en ese sentido.

Para resolver los anteriores cuestionamientos, se abordar�n las siguientes tem�ticas: prueba de refutaci�n y testimonio adjunto o complementario, prueba sobreviniente, impugnaci�n de credibilidad, testigo de o�das, prueba de referencia, diferencias entre retractaci�n e impugnaci�n de credibilidad, diferencias entre testimonio adjunto y prueba de referencia. 5.3.

FUNDAMENTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES 5.3.1. Reglas probatorias aplicables: Uso de las declaraciones previas: Se�ala la Corte, en la sentencia SP606-2017, enero 25 de 2017, radicado 44950, que las declaraciones rendidas con anterioridad al juicio oral podr�n ser utilizadas en �ste en la pr�ctica del �interrogatorio cruzado del testigo�, como mecanismo de refrescamiento de memoria (art�culo 392 literal d del C.P.P.), o de impugnaci�n de credibilidad (art�culo 393 literal b del C.P.P.); sumado a dos eventos excepcionales, en los cuales las declaraciones pueden constituirse en pruebas, a saber: �(i) cuando el testigo no se encuentra disponible, como ocurre en las situaciones descritas por el art�culo 438 ib�dem, adicionado por el 3 de la Ley 1652 de 2013, que habilitan la prueba de referencia; y (ii) cuando el testigo comparece a juicio para cambiar su versi�n anterior o retractarse de la misma.� Declaraciones anteriores incompatibles con el testimonio rendido en juicio: Como se ve en el aparte precedente, cuando el testigo comparece a juicio para cambiar su versi�n anterior o retractarse de la misma, se presenta una situaci�n en la que la declaraci�n anterior resulta incompatible con el testimonio rendido en juicio lo cual habilita a la parte procesal afectada para que la declaraci�n previa se constituya en prueba.

Cuando ello ocurre se genera una serie de tensiones en el tr�mite de juicio oral, sobre todo cuando se trata de aquella prueba que respalda la teor�a del caso acusadora, situaci�n que no fue ajena al asunto que nos ocupa raz�n por la cual es importante conocer las precisiones que sobre el tema ha realizado la Alta Corporaci�n en materia penal y que permitir� resolver varios de los cuestionamientos que realizaron los abogados integrantes de la bancada defensiva y el Delegado del Ministerio P�blico.

En primer lugar, en el precedente ya citado CSJ, SP 25 ene 2017, radicado 44950, enuncia la Corte que al tratarse de un fen�meno de muy frecuente ocurrencia en los estrados judiciales, de aplicarse la regla general concerniente a que s�lo pueden valorarse como prueba las declaraciones rendidas durante el juicio oral, el juez �nicamente podr�a considerar lo que el testigo dijo en dicho escenario, lo que podr�a afectar la recta y eficaz administraci�n de justicia, ante la posibilidad de que el relato rendido por fuera del juicio oral sea veraz y el testigo lo haya cambiado por amenazas, miedo, sobornos, etc�tera.

Se necesita por lo anterior lograr un punto de equilibrio entre los derechos de los procesados y la rectitud y eficacia de la administraci�n de justicia, para lo cual la Corte hace una revisi�n de la forma en que otros sistemas procesales solucionan la tensi�n, como los de Espa�a, Puerto Rico y Estados Unidos, que comparten posiciones en com�n, ya que si bien hay una tendencia clara a evitar que cualquier declaraci�n anterior al juicio oral y bajo cualquier circunstancia pueda ser incorporada como prueba, a la vez reconocen que en caso de que se re�nan los presupuestos, es importante que la declaraci�n anterior ingrese como medio de prueba para que el juzgador cuente con las dos versiones para determinar cu�l de ellas tiene mayor peso suasorio.

Y continua explicando la Corte, en cuanto a la forma en que debe ingresar la declaraci�n anterior, que en sus precedentes se ha arribado a dos caminos diferentes: �(i) aceptar como medio de prueba todas las declaraciones anteriores rendidas por el testigo que comparece al juicio oral, sin otro requisito que la autenticaci�n del documento que las contiene; y (ii) aceptar como medio de prueba las declaraciones anteriores cuando son inconsistentes con lo declarado en el juicio, siempre y cuando se re�nan ciertos requisitos ��.

En esta oportunidad, el �rgano de Cierre penal, resolvi� apartarse de la primera posici�n, al establecer que con ella se contraviene principios del sistema penal acusatorio, entre otros que por regla general, las declaraciones anteriores son actos preparatorios del juicio oral y no deben ser incorporadas como prueba �nicamente con su autenticaci�n, porque as� se permitir�a el ingreso de declaraciones anteriores al juicio oral, por fuera de la reglamentaci�n de la prueba de referencia y sin establecer requisitos que permitan armonizar esta posibilidad con los derechos del procesado.

As�, la Alta Corporaci�n acogi� la segunda postura para hacer un an�lisis desde el punto de vista de la admisibilidad de esas declaraciones, con dos requisitos: (i) que haya inconsistencia con lo declarado en juicio, y (ii) que la parte contra la que se aduce el testimonio tenga la oportunidad de ejercer el contrainterrogatorio. - Declaraciones anteriores incompatibles con el testimonio rendido en juicio y prueba de referencia Explica la Corte en el asunto con radicado No. 44950 de 2017, que los presupuestos f�cticos de la declaraci�n anterior incompatible con el testimonio rendido en el juicio son diferentes a los que activan el debate sobre prueba de referencia, porque no se trata de un testigo no disponible, sino de un declarante que comparece al juicio oral y cambia su versi�n (respecto de lo que hab�a dicho con antelaci�n).

Pero tambi�n explica que esa disponibilidad del testigo resulta de vital importancia para determinar si la declaraci�n anterior ingresa como prueba de referencia o como prueba directa, como as� lo indica en el mencionado fallo: �La posibilidad de ingresar como prueba las declaraciones anteriores al juicio oral est� supeditada a que el testigo se haya retractado o cambiado la versi�n, pues de otra forma no existir�a ninguna raz�n que lo justifique, sin perjuicio de las reglas sobre prueba de referencia. Este aspecto tendr� que ser demostrado por la parte durante el interrogatorio.

Es requisito indispensable que el testigo est� disponible en el juicio oral para ser interrogado sobre lo declarado en este escenario y lo que atestigu� con antelaci�n. Si el testigo no est� disponible para el contrainterrogatorio, la declaraci�n anterior quedar� sometida a las reglas de la prueba de referencia. En tal sentido, la disponibilidad del testigo no puede asociarse �nicamente a su presencia f�sica en el juicio oral.

As�, por ejemplo, no puede hablarse de un testigo disponible para el contrainterrogatorio cuando, a pesar de estar presente en el juicio oral, se niega a contestar las preguntas, incluso frente a las amonestaciones que le haga el juez. Mirado desde la perspectiva de la parte que solicita la pr�ctica de la prueba, no es aceptable decir que el testigo est� disponible cuando se niega rotundamente a contestar el interrogatorio directo, as� el juez le advierta sobre las consecuencias jur�dicas de su proceder, porque ante esa situaci�n no es posible la pr�ctica de la prueba�.

(Subrayado fuera del texto original) La exigencia de que el testigo est� disponible para el contrainterrogatorio se reiter� tambi�n por la Corte en su decisi�n SP 934-2020 radicado No. 52045, del 20 de mayo de 2020, enfatizando que, si ello no ocurre, la declaraci�n anterior quedar� sometida a las reglas de la prueba de referencia. Testimonio adjunto Se trata de la figura jur�dica a trav�s de la cual se incorpora la declaraci�n anterior, cuando esta resulta incompatible con el testimonio rendido en juicio.

Al respecto, la CJS, en SP4103-2020, radicado No. 56919, del 21 de octubre de 2020, explic� lo siguiente: �Finalmente, la Sala se ha referido ampliamente al fen�meno de la retractaci�n o cambio de versi�n de los testigos durante el juicio oral. Sobre el particular, ha resaltado lo siguiente: (i) se trata de un fen�meno de frecuente ocurrencia en los �mbitos nacional e internacional;

(ii) naturalmente, solo puede hablarse de retractaci�n o cambio de versi�n cuando el testigo ha rendido declaraciones anteriores al juicio oral; (iii) cuando ello ocurre, la parte tiene la opci�n de pedir la incorporaci�n de la declaraci�n anterior, a t�tulo de �testimonio adjunto�, siempre y cuando se cumplan los requisitos que permiten mantener el equilibrio entre las garant�as debidas al procesado y la necesidad de proteger los derechos de las v�ctimas en el �mbito de una justicia pronta y eficaz.

Posteriormente, en la decisi�n adoptada en SP1875-2021, radicado No. 55959, del 12 de mayo de 2021, la CSJ, indic�: �La figura del testimonio adjunto, tambi�n llamada declaraci�n complementaria, ha sido desarrollada por la jurisprudencia, pues como al amparo de los art�culos 271, 272 y 347, entre otros, de la Ley 906 de 2004, las partes tienen la facultad de recibir entrevistas y declaraciones para preparar el juicio, puede ocurrir que cuando los testigos concurran al debate p�blico se retracten de cuanto expusieron anteriormente, introduzcan modificaciones sustanciales o incluso nieguen haber realizado tales atestaciones, proceder en ocasiones determinado por amenazas, sobornos, miedo, el prop�sito de no mantenerse en una mentira, etc�tera, y que atenta contra la recta y eficaz administraci�n de justicia. A su vez, tal variaci�n en lo expuesto por el declarante puede impedir a la parte que solicit� la prueba acreditar su teor�a del caso, precisamente porque la fund� total o parcialmente en las versiones recogidas antes del juicio�.

(�) Tiene dilucidado la Sala que por regla general, �nicamente pueden ser objeto de ponderaci�n judicial los testimonios escuchados en el juicio, pues cuando tienen lugar fuera de tal escenario son inadmisibles como elementos de convicci�n, a menos que se acredite una causal de admisi�n excepcional por tratarse de una prueba de referencia o de un testigo disponible en juicio que se retract� o vari� sustancialmente su versi�n anterior, el cual puede ser incorporado como testimonio adjunto.

En ambos casos es necesario cumplir los requisitos definidos en la jurisprudencia, respectivamente. Entonces, la Corte ha dispuesto un conjunto de reglas orientado a superar en el juicio aquellas situaciones de retractaci�n o modificaci�n trascendente de lo declarado por el testigo, en orden a conseguir los mecanismos para que en el marco de un debido proceso garantista de las exigencias de confrontaci�n y contradicci�n (art�culo 16 de la Ley 906 de 2004), la parte interesada pueda integrar como testimonio adjunto, susceptible de ponderaci�n judicial, aquellas manifestaciones anteriores al debate oral. - Presupuestos y requisitos para introducir la declaraci�n previa como testimonio adjunto La CSJ en SP4103-2020, radicado No. 56919, del 21 de octubre de 2020, resalt� que la incorporaci�n de una declaraci�n anterior a t�tulo de testimonio adjunto supone lo siguiente: �(i) por razones obvias, el testigo debe estar presente en el juicio oral;

(ii) como el juez no conoce �ni debe conocer- el contenido de las declaraciones antes de la pr�ctica de la prueba en el juicio oral-, son las partes �especialmente la que presenta el testigo- las que primero detecten el cambio de versi�n; (iii) para ilustrar al juez sobre lo que est� sucediendo, se debe demostrar a trav�s del interrogatorio que el testigo se ha retractado o cambiado su versi�n;

(iv) hasta ese momento, la declaraci�n anterior no existe como prueba, porque estas versiones, por regla general, solo constituyen actos preparatorios del juicio oral; (v) la parte interesada en que se incorpore la declaraci�n anterior a t�tulo de �testimonio adjunto� debe hacer la solicitud expresa, entre otras cosas para que la contraparte tenga la oportunidad de oponerse;

(vi) si el juez decide que es procedente la admisi�n, debe procederse a la incorporaci�n de la declaraci�n anterior; (vi) es requisito esencial que el testigo no solo est� (sic) disponible f�sicamente, sino que lo est� para ser contrainterrogado, ya que la posibilidad de ejercer esta faceta crucial del derecho a la confrontaci�n constituye la principal diferencia entre la prueba de referencia y el testimonio adjunto; y (vii) por tanto, si el testigo no est� disponible para ser contrainterrogado sobre lo que declar� en el juicio y lo que declar� con antelaci�n, la declaraci�n rendida por fuera del juicio oral constituye prueba de referencia, sometida a las reglas ya referidas (CSJSP, 25 ene 2017, Rad. 44950;

CSJ, 20 mayo 2020, Rad. 52045; CSJSP, 4 dic 2019, Rad. 55651, entre otras)�. Posteriormente en SP1875-2021, radicado No. 55959, del 12 de mayo de 2021, la CSJ, complement� lo anterior e indic� que para incorporar al juicio una declaraci�n previa se precisa de lo siguiente: �(i) El declarante debe retractarse en la vista p�blica de lo narrado antes, es decir, ofrece un relato sustancialmente diverso al que ya hab�a expuesto.

(ii) El testigo debe estar disponible para declarar en el juicio, oportunidad en la cual expondr� los hechos, ser� confrontado respecto de sus declaraciones anteriores y responder� las preguntas que sobre el particular le sean formuladas, con el objeto de permitir al juez ponderar la credibilidad de lo dicho antes del debate oral y lo manifestado luego en su desarrollo.

La demostraci�n de que el testigo se ha retractado o cambiado la versi�n, ata�e al fundamento del instituto. Esa disponibilidad del testigo para ser contrainterrogado permite desarrollar el derecho a la confrontaci�n, constituye la principal diferencia entre prueba de referencia y testimonio adjunto, y es uno de los principales fundamentos de la admisi�n de tal declaraci�n anterior al juicio como prueba, en cuanto asegura el equilibrio entre la eficacia de la administraci�n de justicia y la materializaci�n de las garant�as debidas al procesado.

(iii) La declaraci�n anterior debe ser incorporada a trav�s de su lectura, a solicitud de la parte interesada, para que el juez, contando con las dos versiones, pueda valorarlas y definir la credibilidad de una y otra, o inclusive, de apartes de la anterior y fragmentos de la �ltima, o descartarlas. De ninguna manera se quiere significar que la primera versi�n de los testigos recoja de manera fidedigna la forma en que ocurrieron los sucesos, sino resaltar la importancia de que el fallador pueda discernir entre la declaraci�n anterior y la expuesta en el juicio a cu�l o a qu� segmentos otorga credibilidad, motivando debidamente su decisi�n. La incorporaci�n de dicho texto permite que todos conozcan su contenido, m�xime si tendr� el car�cter de medio probatorio, a partir de lo cual se podr�n ejercer los derechos de contradicci�n y confrontaci�n, adem�s de que el juez estar� en condici�n de dimensionar su aporte demostrativo, en especial al momento de expresar por qu� le otorga mayor credibilidad a la declaraci�n anterior al juicio o a la recibida en �l, sin perjuicio de que ambas puedan ser razonadamente desestimadas.

(iv) Es necesario que la parte interesada solicite en el desarrollo del juicio la incorporaci�n de la declaraci�n anterior, como prueba, al percatarse de la retractaci�n del testigo o de la modificaci�n sustancial de su atestaci�n pret�rita. En un derecho de partes le est� vedado al juez incorporar oficiosamente tal versi�n anterior. Esa solicitud de parte cumple dos importantes funciones: En primer lugar, le permite a la contraparte oponerse, pues no puede olvidarse que la incorporaci�n de una declaraci�n rendida por fuera del juicio oral, como prueba, constituye una excepci�n a lo dispuesto en el art�culo 16 de la Ley 906 de 2004 que corresponde a una norma rectora.

Adem�s, puede afectar derechos de la contraparte en el �mbito de la contradicci�n y la confrontaci�n. Finalmente, por tratarse de una decisi�n trascendente en el �mbito probatorio, debe contar con la garant�a del contradictorio, esto es, la posibilidad de oposici�n a que sea incorporada. En segundo t�rmino, brinda claridad sobre las pruebas que pueden fundamentar el fallo, pues en el proceso no puede haber incertidumbre acerca de los medios de convicci�n practicados o incorporados con vocaci�n para sustentar la sentencia, finalidad desarrollada por el legislador al establecer las reglas del descubrimiento probatorio, la enunciaci�n, solicitud y decreto de pruebas en la audiencia preparatoria, as� como en la regulaci�n de la prueba sobreviniente.

Dentro de la misma funci�n se constata que si por regla general las declaraciones anteriores al juicio oral no tienen el car�cter de pruebas, su admisi�n excepcional en tal condici�n debe ser ordenada por el juez a solicitud de la parte interesada, exigencia que sirve para diferenciar la prueba de referencia y el testimonio adjunto, de otros usos posibles de las declaraciones anteriores, como el refrescamiento de memoria y la impugnaci�n de credibilidad.

Desde luego, la claridad sobre las pruebas que pueden fundamentar el fallo evita debates como el aqu� suscitado, en contra de la celeridad y eficacia de la administraci�n de justicia, motivo por el cual se impone que la Fiscal�a, entre otros sujetos procesales e intervinientes, asuma su rol con la precisi�n necesaria en orden a solicitar la incorporaci�n de las declaraciones anteriores como testimonio adjunto, una vez cumplidas las dem�s exigencias para que tengan tal car�cter, sin que, desde luego, se trate de una f�rmula rigurosamente sacramental, como que en cada caso deber� constatarse si materialmente se trat� o no de un testimonio adjunto.

Resta se�alar, que las falencias en el cumplimiento de los referidos requisitos deben analizarse a la luz del principio de trascendencia, de tiempo atr�s desarrollado por la Corte en el �mbito de las nulidades y en el estudio de la exclusi�n probatoria, sobre todo cuando se trata de las denominadas pruebas ilegales, en contraposici�n a las llamadas pruebas il�citas.

En efecto, la Sala ha precisado que cuando se alega la violaci�n de alg�n requisito para la obtenci�n o pr�ctica de los medios de convicci�n, debe analizarse la trascendencia del yerro, en orden a establecer si el mismo es de tal entidad que justifique una decisi�n tan importante como la exclusi�n de una prueba pertinente. Lo anterior, sin perjuicio de los requisitos establecidos para cada medio de prueba se cumplan a cabalidad, precisamente para evitar situaciones como la que ahora ocupa la atenci�n de la Corte�.

Testigo hostil Se hace es necesario conocer en qu� consiste esta figura jur�dica para analizar el comportamiento procesal asumido por el testigo JGPI, a fin de responder los cuestionamientos formulados al respecto por parte del delegado del Ministerio P�blico. Al respecto la CSJ en SP4940-2019, del 13 de noviembre de 2019, expone: �Cuarto. La jurisprudencia ha precisado la distinci�n y efectos del uso dado a declaraciones anteriores por fuera del juicio: (i) para facilitar el interrogatorio cruzado de testigos, sea para refrescar memoria o impugnar credibilidad, y (ii) para incorporarlas como prueba de referencia o como declaraciones anteriores incompatibles con lo que el testigo declara en juicio.

Baste recordar, por todas, las SP del 25 de enero de 2017, Rad. 44950, y del 11 de julio de 2018, Rad 50637, para reafirmar que la impugnaci�n de credibilidad mediante la utilizaci�n de declaraciones por fuera del juicio es una muy concreta forma de confrontar al testigo que concurre al juicio, entendido no en su presencia f�sica, sino como el acto de voluntad de declarar, que es lo que no sucede con el testigo hostil, que si bien est� presente reh�sa testimoniar.

Ante estas eventualidades, los efectos probatorios de las declaraciones anteriores al juicio cuando el testigo declara y no recuerda son unas, y cuando es hostil son otras. En el �ltimo caso, las declaraciones anteriores se deben incorporar a manera de prueba de referencia, pues la confrontaci�n en esas condiciones es imposible (rehusarse a responder es tanto como no asistir), mientras que en el primer caso pueden ser apreciadas sin esa restricci�n. Acerca de esta �ltima eventualidad, en la SP del 11 de julio de 2018, Rad 50637, con la ductilidad propia con que se pondera la solemnidad probatoria cuando se trata de menores de edad, la Corte se�al� lo siguiente: ��para que opere la incorporaci�n de una declaraci�n anterior al juicio oral a manera de declaraci�n anterior incompatible con lo declarado en juicio ��testimonio adjunto�-, es requisito indispensable que la parte contra la que se aduce tenga la oportunidad de formular preguntas sobre lo expuesto por el declarante por fuera del juicio oral, de lo que depende la �disponibilidad� del testigo�� Testimonio de o�das y prueba de referencia Tambi�n es importante determinar estos conceptos para determinar qu� valor probatorio se otorga a varios de los testimonios presentados por la Fiscal�a seg�n las cr�ticas elevadas por el delegado del Ministerio P�blico y la defensa de cada uno de los procesados.

Al respecto, la CSJ en SP, 6 mar. 2008, rad. 27477 y AP 25 de mayo de 2015, radicado 45578, establece una diferenciaci�n entre el testigo de o�das y la prueba de referencia, a la vez que permite comprender en qu� consiste la primera: �De otra parte, el censor incurre en el error de calificar a (sic) al supranombrado como �testigo de referencia�, basado en que no presenci� el hecho en que se dio muerte a Miguel Antonio Pinilla Pinilla, sino que un tercero le cont� sobre lo ocurrido, con lo cual revela que confunde el concepto del testimonio de o�das, �que es aquel cuyo conocimiento de un hecho le ha sido transmitido por comentarios o experiencias de terceros, pudiendo garantizar la existencia del relato o la fuente de su informaci�n�, con la prueba de referencia, que para ser considera (sic) como tal, seg�n la jurisprudencia de la Sala, debe reunir los siguientes elementos: �(i) una declaraci�n realizada por una persona fuera del juicio oral, (ii) que verse sobre aspectos que en forma directa o personal haya tenido la ocasi�n de observar o percibir, (iii) que exista un medio o modo de prueba que se ofrece como evidencia para probar la verdad de los hechos de que informa la declaraci�n (testigo de o�das, por ejemplo), y (iv) que la verdad que se pretende probar tenga por objeto afirmar o negar aspectos sustanciales del debate (tipicidad de la conducta, grado de intervenci�n, circunstancias de atenuaci�n o agravaci�n punitivas, naturaleza o extensi�n del da�o causado, entre otros)�.

Ahora bien, el testimonio de o�das puede en un momento dado tratarse como prueba de referencia, como as� lo expres� la CSJ, pero ello depende de la finalidad de la pr�ctica de aquel testimonio, como se pasa a ver: �La prueba testimonial llamada indirecta, de o�das, hearsay o ou� dire (o�r decir), es por antonomasia una especie de prueba de referencia, pero no la �nica.

Existen otros modos o medios, igualmente admisibles, a trav�s de los cuales puede intentarse probar la verdad de la declaraci�n emitida por fuera del juicio oral, como por ejemplo una evidencia escrita (una carta) o un medio t�cnico (una grabaci�n). Lo importante es que se trate de un medio leg�timo, legalmente admisible, a trav�s del cual se aspire llevar al proceso un conocimiento personal ajeno (de un tercero).

Una de las particularidades m�s sobresalientes de la prueba de referencia, y la que, a no dudarlo, marca la diferencia con la prueba directa, es que tenga por objeto probar la verdad de una declaraci�n rendida por fuera del juicio oral por una persona que tuvo conocimiento personal y directo de aspectos que interesan a la justicia, quien no concurre al proceso.

O lo que es igual, que la prueba tenga por finalidad introducir al debate oral conocimientos personales ajenos. Si A, por ejemplo, escuch� a B decir que C fue el autor del homicidio de Z, y A es llevado a juicio para probar la verdad de la afirmaci�n hecha por B, es decir, que C fue el autor del homicidio, se estar� frente a una prueba de referencia, pues lo buscado, a trav�s de ella, es probar la verdad de un conocimiento personal ajeno. Pero si lo pretendido es simplemente acreditar que B hizo la manifestaci�n, o que �sta simplemente existi�, independientemente de que su contenido sea o no veraz, se estar� frente a una prueba directa, porque el aspecto que se pretende probar (que la manifestaci�n se hizo), fue personalmente percibido por el testigo�.

Adem�s de lo anterior, la jurisprudencia penal, nos entrega una gu�a que incluye algunos puntos de evaluaci�n a la hora de apreciar lo que el testigo de o�das puede aportar al conocimiento de los hechos. Al respecto la CSJ, en SP, 24 jul. 2013, rad. 40702, expone: �De esa forma, se ha concluido que aun cuando el testigo de o�das no es de por s� prueba deleznable, el operador jur�dico est� en la obligaci�n de dedicar especial cuidado al ejercicio valorativo que implica esa clase de medios de prueba, ya que esta especie de testimonio adquiere preponderancia en aras de reconstruir la verdad hist�rica y hacer justicia material, �nicamente cuando es imposible obtener en el proceso la declaraci�n del testigo o testigos que tuvieron directa percepci�n del suceso.

Por eso, la Sala ha establecido, seg�n surge de sus precedentes jurisprudenciales, cuatro presupuestos a aplicar con ocasi�n de la apreciaci�n del referido medio de persuasi�n: En primer lugar, se requiere que se trate de un testigo de referencia de primer grado, entendiendo como tal quien sostiene en su declaraci�n que lo narrado lo escuch� directamente de una persona que tuvo conocimiento inmediato de los hechos, en contraste con el testigo de segundo grado o de grados sucesivos, que es quien al deponer afirma que oy� a una persona relatar lo que �sta, a su turno, hab�a o�do a otra, y as� sucesivamente.

Tal exigencia se justifica porque en el an�lisis de esa prueba de orden testimonial, el de primer grado ofrece mayor fiabilidad y fortaleza que el de segundo, tercero, etc., dado que lo conocido no es de una tercera o cuarta fuente, sino de la inicial respecto de lo afirmado o narrado por el testigo directo. En segundo t�rmino, es preciso que el testigo de o�das se�ale cu�l es la fuente de su conocimiento, esto es, al testigo directo del evento de quien recibi� o escuch� la respectiva informaci�n, identific�ndolo con nombre y apellido o con las se�ales particulares que permitan individualizarlo, condici�n que resulta sustancial, de una parte, para que en el curso del proceso el funcionario intente por todos los medios legales que �ste asista a declarar acerca de su cognici�n personal del suceso, indistintamente de que por razones debidamente justificadas (muerte, enfermedad, localizaci�n, etc.) resulte imposible obtener tal comparecencia; y de otra, porque de no ser as�, es decir, de acoger o conceder m�rito a la declaraci�n de un testigo de referencia que no precisa qui�n es su referente, o que atribuye la ciencia de su dicho al comentario p�blico o rumor popular �divulgado por personas desconocidas, creado, alimentado y dirigido por intereses inciertos, transformado por fen�menos de psicolog�a colectiva, y difundido sin direcci�n ni sentido de responsabilidad�, en la pr�ctica equivaldr�a a admitir una prueba testimonial an�nima, cuya validez es contraria a elementales postulados que sustentan el Estado Social de Derecho.

En tercer lugar, es imperioso establecer las condiciones en que el testigo directo transmiti� los datos a quien despu�s va a dar referencia de esa circunstancia, de manera que sea posible evidenciar que lo referido de modo indirecto por el declarante ex auditu es trasunto fiel de la informaci�n vertida a �ste por el cognoscente directo. Y, en cuarto t�rmino, es fundamental para otorgar poder suasorio a la especie de prueba en comento la confluencia de otra clase de medios de persuasi�n, as� sean indiciarios, con la capacidad de reforzar las atestaciones del testigo de o�das, pues valorados en conjunto pueden suministrar elementos aptos para acreditar que lo referido al testigo indirecto se le transmiti� en la forma como �ste lo se�al� y que efectivamente el suceso debatido ocurri� de conformidad con su narraci�n.

En conclusi�n, el testimonio de o�das se erige como medio de persuasi�n id�neo, serio y cre�ble cuando, adem�s de reunir los dos primeros presupuestos, �aparece corroborado o respaldado por otros elementos de convicci�n que no permiten dudar de la veracidad del relato hecho por otras personas al testigo�, lo cual implica afirmar que la prueba testifical de referencia �nica, por s� sola, es decir, hu�rfana de otros medios probatorios que la confirmen y robustezcan, en cualquier caso carece de eficacia suficiente para desvirtuar la presunci�n constitucional y legal de inocencia.

Prueba de refutaci�n Concepto: La CSJ, en AP3455-2014, del 25 de junio de 2014, radicado No. 43303, nos explica en qu� consiste esta prueba, en los siguientes t�rminos: �Conviene resaltar que en la citada normativa la �nica alusi�n a la prueba de refutaci�n est� contenida en el art�culo 362, que reza: Decisi�n sobre el orden de la presentaci�n de la prueba.

El juez decidir� el orden en que debe presentarse la prueba. En todo caso, la prueba de la fiscal�a tendr� lugar antes que la de la defensa, sin perjuicio de la presentaci�n de las respectivas pruebas de refutaci�n en cuyo caso ser�n primero las ofrecidas por la defensa y luego las de la fiscal�a. (Subraya fuera de texto) Sin pretender ahondar en el tema, en un primer acercamiento al mentado concepto, queda claro que el legislador no indic� lo que debe entenderse por prueba de refutaci�n, tampoco dijo si se trataba de una figura aut�noma o c�mo debe aplicarse, ni en qu� eventos resulta admisible, como s� lo hizo, por ejemplo, en relaci�n con la prueba sobreviniente (art. 344 CPP) y la prueba de referencia (art. 437 ib�dem).

En esa medida, si refutar significa �Contradecir, rebatir, impugnar con argumentos o razones lo que otros dicen�, bien puede afirmarse que en sentido lato la prueba de refutaci�n es aquella que se ofrece con la finalidad de controvertir o contraprobar la presentada por la contraparte, en orden a restarle credibilidad. Ahora bien, de una interpretaci�n sistem�tica de las normas que regulan el r�gimen probatorio en el procedimiento consagrado en la Ley 906 de 2004, surge claro que la prueba de refutaci�n no puede ser ajena a las reglas que informan el debido proceso probatorio, esto es, el descubrimiento de los elementos de convicci�n que las partes pretendan hacer valer en el juicio, que va desde el escrito de acusaci�n y la respectiva audiencia de formulaci�n de acusaci�n, para el caso de la Fiscal�a, y se extiende hasta la audiencia preparatoria, inclusive, donde la carga corresponde a la defensa; su posterior enunciaci�n y solicitud probatoria en la antedicha oportunidad; y, por �ltimo, su pr�ctica y aducci�n en el juicio oral.

En tal sentido, es deber de las partes efectuar el descubrimiento de los elementos de prueba, incluyendo aquellos de refutaci�n, en las oportunidades que la ley se�ala, cuyo incumplimiento genera su rechazo en los t�rminos del art�culo 346 del C�digo de Procedimiento Penal, para posteriormente enunciar los que llevar� al juicio y hacer las respectivas solicitudes probatorias con indicaci�n de su pertinencia, utilidad y admisibilidad, a fin de que se decrete su pr�ctica, puesto que �toda prueba debe ser solicitada o presentada en la audiencia preparatoria�, conforme lo dispone el art�culo 374 ib�dem.

Ahora, en caso de que la prueba de refutaci�n surja en desarrollo del juicio oral, para su admisi�n deben concurrir las exigencias contenidas en el inciso final del art�culo 344 de la Ley 906 de 2004, valga decir, que la parte encuentre el elemento de convicci�n durante el juicio o se derive de otra prueba all� practicada, que hasta ese momento no conoc�a o no le era previsible conocer, que sea muy significativo para el caso y que la omisi�n en su descubrimiento no obedezca a causas atribuibles al interesado, am�n que el juez deber� evaluar el impacto negativo que su aceptaci�n acarree al derecho de defensa y a la integridad del juicio.

Reglas aplicables a la prueba de refutaci�n Resulta relevante la decisi�n de la CSJ que fue citada y ampliamente analizada por el delegado del Ministerio P�blico, esto es la AP4787- 2014 del 20 de agosto 2014, radicado No. 43749. En dicho pronunciamiento la Alta Corporaci�n sent� muchos de los lineamientos a seguir para determinar cu�ndo una prueba se considera o no de refutaci�n, varios de los cuales ser�n citados m�s adelante, seg�n que se requiera para el an�lisis de las censuras formuladas por el Ministerio P�blico y la bancada defensiva.

Por el momento, se resalta lo siguiente: �La denominaci�n no la convierte en un medio de prueba diferente a los establecidos en el art�culo 382 del C de P.P. La refutaci�n en s� misma no constituye una modalidad probatoria o medio de conocimiento adicionado al art�culo 382 del C de P.P., ese adjetivo califica con dicha denominaci�n a la evidencia cuando est� presente ese prop�sito en el testimonio, pericia, documento, inspecci�n o medio t�cnico o cient�fico.

Cualquiera de estos medios puede ser el instrumento para refutar y demeritar la prueba refutada. Ha de precisarse que en sentido amplio la contradicci�n puede ejercerse en el proceso penal a trav�s de i) pruebas que versen sobre las teor�as del caso que presenten la Fiscal�a o la defensa, ii) las pruebas o sus resultados se cuestionan con los medios de impugnaci�n de credibilidad, iii) la impugnaci�n probatoria puede hacerse con pruebas sobrevinientes, iv) en algunos casos la declaratoria de testigos hostiles es una manera para controvertir la credibilidad de un declarante, v) el contrainterrogatorio el un instrumento id�neo para refutar los testimonios de la contraparte y, vi) con el interrogatorio directo de que trata el art�culo 391 del C de P.P. la misma parte que solicit� la prueba puede poner en tela de juicio la credibilidad de un testigo.

Todos los medios referidos anteriormente, por raz�n de la oportunidad procesal en que deben postularse, el objeto o los fines espec�ficos de los mismos y el �rgano de prueba con el que se producen, resultan diferentes a la prueba de refutaci�n de que trata el art�culo 362 del C de P.P. y del cual en este prove�do se ocupa la Sala. Cabe precisar que, la refutaci�n que autoriza el art�culo 391 �dem a trav�s del interrogatorio directo para demeritar �la credibilidad de otro declarante� no es en s� una regulaci�n de la prueba de refutaci�n a que alude el citado art�culo 362.

La refutaci�n hecha con un testimonio convocado desde la fase probatoria que corresponde a la controversia principal, se puede hacer preguntando directamente sobre �aspectos relativos a la credibilidad de otro declarante� (Articulo. 391 del C.P.P). Esta situaci�n es propia y exclusiva de la prueba testimonial, adem�s de ser una facultad de quien la solicit�, quien hace los cuestionamientos con el interrogatorio.

Estas caracter�sticas son notoriamente diferentes con las que identifican la prueba de refutaci�n que ocupa la atenci�n de la Sala (Art�culo 362 �dem.). Dada la finalidad de la refutaci�n y el medio a trav�s del cual se hace, cuando tiene como �nico objetivo en el proceso el se�alado en esta providencia y corresponde a la referida en el art�culo 362 del C de P.P., resulta ser independiente y diferente a las enunciadas por las partes para llevar al juicio oral en la fase preparatoria del proceso con el fin de sustentar sus pretensiones.

La prueba refutada se practica en el juicio oral a petici�n de una de las partes y es ofrecida, descubierta y solicitada en la fase probatoria ordinaria de la actuaci�n procesal (audiencia preparatoria, a menos que sea sobreviniente y deba cumplirse ese rito en el juicio oral). Con ellas, cualquiera sea su naturaleza o especie, se busca sustentar las pretensiones expresadas en la teor�a del caso o en los descargos, por tanto su objeto versa sobre aspectos principales de la controversia procesal, probatoria, jur�dica y sobre los hechos objeto del juicio y que dieron lugar al adelantamiento de la causa penal.

En tanto que la prueba de refutaci�n es un medio diferente al refutado y se dirige directamente a controvertir, rebatir, contradecir o impugnar aspectos novedosos e imprevistos y relevantes, suministrados por los medios de conocimiento practicados en el juicio oral a petici�n de la contraparte para sustentar su pretensi�n. Dicho de otra manera, la prueba de refutaci�n tiene por objeto cuestionar un medio refutado, en aspectos relativos a la veracidad, autenticidad o integridad, pero con las connotaciones de ser la primera de las citadas directa, novedosa, trascendente, conocida a trav�s de un medio suministrado por la contraparte en la audiencia p�blica, para contradecir otra prueba y no el tema principal del litigio penal�.

Importante tambi�n resulta traer a colaci�n, el pronunciamiento de la CSJ, emitido en SP729-2021 del 3 de marzo de 2021, radicado No. 53.057, que explica lo siguiente a fin de contextualizar el objeto de la prueba de refutaci�n: �� en el sistema de enjuiciamiento criminal regulado en la Ley 906 de 2004 son las partes quienes deben suministrar la informaci�n atinente a la credibilidad de los testigos, lo que opera en dos sentidos claramente diferenciados: (i) la parte que presenta el testimonio, debe suministrarle al juez la mayor informaci�n posible sobre su verosimilitud, lo que pasa por explicar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la percepci�n de los hechos (Art. 402), e incluye la explicaci�n o aclaraci�n de las inconsistencias o cualquier otro aspecto que comprometa su credibilidad; y (ii) la parte contra la que se presenta el testigo, encuentra en el contrainterrogatorio, la utilizaci�n de declaraciones anteriores y la prueba de refutaci�n, herramientas suficientes para lograr el efecto contrario, esto es, para demostrar que el testimonio no es digno de cr�dito. 5.3.2.

Valoraci�n del testimonio en caso de retractaci�n Que un testigo al comparecer a la audiencia de Juicio Oral cambie su versi�n inicial, es un fen�meno frecuente que l�gicamente genera problemas probatorios nada f�ciles de solucionar, lo cual ha dado lugar a debates que no son ajenos al estudio jurisprudencial del �rgano de Cierre en materia penal, que establece algunas pautas a fin de adelantar la evaluaci�n de este tipo de testimonios.

As� se explica en la SP del 5 de junio de 2013, radicado 34134: ��el acontecer cotidiano ense�a que no son pocas las ocasiones en que un testigo �directo o indirecto- asegura haber observado o escuchado un hecho o narra lo referido por otro acerca del tema, para luego, en cambio, negar tal conocimiento. Este comportamiento humano ha sido estudiado cl�nicamente por la ciencia psicol�gica al examinar los procesos de funcionamiento de la memoria llegando a establecer que �los motivos por los que una persona decide retractarse son muchos.

Alguien puede retractarse por miedo, por un caso de conciencia o porque se halla en un gran estado de confusi�n (�)�. En el mismo sentido, se predica que: �(�) a los motivos por los que un individuo se retracta hay que unir los que a ese mismo individuo lo llevaron antes a la denuncia, que tambi�n son varios. Se puede testimoniar para acusar, a otros o a s� mismo, para cooperar con la polic�a; normalmente se testimonia para que un crimen no quede impune.

Y al testimoniar, se puede decir la verdad o mentir. Los motivos de la retractaci�n var�an de acuerdo a los motivos que llevaron a hacer una cierta declaraci�n durante el testimonio�. Y en cuanto a las pautas a que hacemos menci�n, tanto en la anterior sentencia como en la SP del 27 de noviembre de 2013, radicado No. 39311, se recuerda la l�nea que ha mantenido la Corte de tiempo atr�s acerca de que la valoraci�n probatoria no implica descartar de plano la versi�n inicialmente conocida ni tampoco acoger indefectiblemente la �ltima, por lo cual se ilustra: �La retractaci�n, ha sido dicho por la Corte, no destruye per se lo afirmado por el testigo arrepentido en sus declaraciones precedentes, ni torna verdad apod�ctica lo dicho en sus nuevas intervenciones.

"En esta materia, como en todo lo que ata�e a la credibilidad del testimonio, hay que emprender un trabajo anal�tico de comparaci�n y nunca de eliminaci�n, a fin de establecer en cu�les de las distintas y opuestas versiones, el testigo dijo la verdad. Quien se retracta de su dicho ha de tener un motivo para hacerlo, el cual podr� consistir ordinariamente en un reato de conciencia, que lo induce a relatar las cosas como sucedieron, o en un inter�s propio o ajeno que lo lleva a negar lo que s� percibi�.

De suerte que la retractaci�n solo podr� admitirse cuando obedece a un acto espont�neo y sincero de quien lo hace y siempre que lo expuesto a �ltima hora por el sujeto sea veros�mil y acorde con las dem�s comprobaciones del proceso" (Cfr. Casaci�n de abril 21/55 y noviembre 9/93, entre otras).�  Retomando este criterio, en sentencia del 12 de diciembre de 2000, radicaci�n 13.407, la Sala predic�: �(�) Es que ni siquiera la retractaci�n del testigo, como lo ha expresado la Sala, es por s� misma una causal que destruya de inmediato lo que ha sostenido en sus afirmaciones precedentes, o que conduzca a su descr�dito total, sino una circunstancia que debe llevar al establecimiento del motivo de las versiones opuestas, el cual debe ser apreciado por el Juez para determinar si le otorga credibilidad a alguna de ellas y con qu� alcances, naturalmente teniendo en cuenta las dem�s pruebas del proceso.� (Subrayas fuera del texto original).

Con igual cometido, ha precisado que no es necesariamente viable otorgar m�rito a la primera o a la �ltima de las declaraciones entregadas por un testigo, sino que mediante un proceso l�gico se debe escoger la que involucre contenidos de credibilidad verificables a trav�s de otros medios de convicci�n, lo que adem�s se lograr� determinando cu�l fue la causa racional para que el deponente se apegara o faltara a la verdad en uno u otro momento�.

Ese criterio de evaluaci�n que tiene como elemento fundamental la aplicaci�n de las reglas de la sana cr�tica ya hab�a sido definido por la Corte con anterioridad a trav�s de la SP del 2 de febrero de 2011, radicado No. 26347, reiterada en SP del 13 de abril de ese a�o, radicado 30894, en los siguientes t�rminos. �Ahora, atinente a la retractaci�n, positiva o negativa, el int�rprete de la prueba no puede contentarse con advertir, en esa verificaci�n matem�tica ajena a la sana cr�tica, que las distintas versiones contrapuestas se eliminan y, entonces, la sola manifestaci�n del fen�meno impone desechar lo dicho.

No. La sana cr�tica obliga del funcionario judicial examinar las distintas aristas, intr�nsecas y extr�nsecas, que gobiernan las varias versiones, para ver de extractar cu�l de ellas lleva la verdad, en el entendido que siempre una y otra atestaciones obedecen a determinada motivaci�n y en alguna, por lo general, se halla la verdad�. En SP del 27 de noviembre de 2013, radicado No. 39311, la Corte adujo adem�s como uno de los criterios a tener en cuenta cuando se escoge la �ltima de las versiones, el siguiente; �De ah� que la retractaci�n s�lo pueda ser de recibo para el funcionario cuando la reflexi�n llevada a cabo respecto de �sta permita concluir que corresponde a un acto natural, franco y serio de quien lo hace y, por sobre todo, cuando lo expuesto a �ltima hora por el testigo sea cre�ble y guarde armon�a con las dem�s comprobaciones del proceso�.

Posteriormente, en SP del 11 de julio de 2018, radicado SP2709-2018, 50637, que reitera varios apartes de la SP del 25 de enero de 2017, radicado 44950, explica: �El hecho de que un testigo haya entregado dos versiones diferentes frente a un mismo aspecto, obliga a analizar el asunto con especial cuidado, bajo el entendido de que: (i) no puede asumirse a priori que la primera o la �ltima versi�n merece especial credibilidad bajo el �nico criterio del factor temporal;

(ii) el juez no est� obligado a elegir una de las versiones como fundamento de su decisi�n; es posible que concluya que ninguna de ellas merece credibilidad; (iii) ante la concurrencia de versiones antag�nicas, el juez tiene la obligaci�n de motivar suficientemente por qu� le otorga mayor credibilidad a una de ellas u opta por negarles poder suasorio a todas;

(iv) ese an�lisis debe hacerse a la luz de la sana cr�tica, lo que no se suple con comentarios gen�ricos y ambiguos sino con la explicaci�n del raciocinio que lleva al juez a tomar la decisi�n, pues s�lo de esa manera la misma puede ser controlada por las partes e intervinientes a trav�s de los recursos; (v) la parte que ofrece el testimonio tiene la carga de suministrarle al juez la informaci�n necesaria para que �ste pueda decidir si alguna de las versiones entregadas por el testigo merece credibilidad, sin perjuicio de las potestades que tiene la parte adversa para impugnar la credibilidad del testigo;

(vi) la prueba de corroboraci�n juega un papel determinante cuando se presentan esas situaciones; entre otros aspectos�. Y agreg� la Corte: �Como lo anterior se estableci� en un caso donde la declarante era mayor de edad, deben hacerse las siguientes precisiones frente a los casos de ni�os que comparecen a la actuaci�n penal en calidad de v�ctimas: (i) seg�n se indic� en precedencia, la Fiscal�a cuenta con m�ltiples opciones para el manejo del testimonio de las v�ctimas menores de edad;

(ii) cada una de esas posibilidades est� sometida a los requisitos y limitaciones all� referidos, que deben ser considerados en la planeaci�n del caso; (iii) el ordenamiento jur�dico es m�s laxo cuando se trata de la incorporaci�n de este tipo de declaraciones a t�tulo de prueba de referencia; (iv) para que opere la incorporaci�n de una declaraci�n anterior al juicio oral a manera de declaraci�n anterior incompatible con lo declarado en juicio ��testimonio adjunto�-, es requisito indispensable que la parte contra la que se aduce tenga la oportunidad de formular preguntas sobre lo expuesto por el declarante por fuera del juicio oral, de lo que depende la �disponibilidad� del testigo;

(v) esta oportunidad debe garantizarse, incluso con las limitaciones inherentes a la pr�ctica del testimonio de menores; y (vi) si esto �ltimo no es posible, por la indisponibilidad del testigo o por cualquier otra raz�n, la declaraci�n anterior tendr� el car�cter de prueba de referencia, porque encaja en la definici�n del art�culo 437 y, adem�s, por la completa imposibilidad de ejercer el derecho a la confrontaci�n. As�, mientras en la decisi�n CSJSP, 28 Oct. 2015, Rad. 44056 la Sala se pronunci� sobre la posibilidad de incorporar las declaraciones rendidas por fuera del juicio oral, cuando se trata de ni�os que comparecen en calidad de v�ctimas de abuso sexual u otros delitos graves, incluso cuando estos son presentados como testigos en el juicio, en esta oportunidad se aclara que ello puede hacerse a t�tulo de prueba de referencia o de declaraciones anteriores incompatibles con lo declarado en juicio (�testimonio adjunto�), lo que depender�, en esencia, de que el menor est� disponible como testigo, esto es, que pueda ser interrogado y contrainterrogado sobre lo que expres� con antelaci�n, sin perjuicio de las cautelas que deben tomarse para garantizar su integridad�. 5.3.3.

Naturaleza jur�dica, utilizaci�n y poder demostrativo de los reconocimientos fotogr�ficos Al respecto, la Alta Corporaci�n en materia penal, resulta muy ilustrativa en su decisi�n SP4107-2016, del 6 de abril de 2016, por lo que vale la pena, registrar en esta decisi�n lo ah� explicado: �Reconocimiento Fotogr�fico-Naturaleza El reconocimiento fotogr�fico es un m�todo de identificaci�n, seg�n se desprende del cap�tulo cuarto, t�tulo primero, del libro segundo del C�digo Penal, cuya denominaci�n es justamente �M�todos de Investigaci�n�, incluyendo dentro de �stos, en el art�culo 252, el reconocimiento por medio de fotograf�as o videos.

Al respecto esta Corporaci�n ha sostenido: Sin embargo, es claro que el acto de reconocimiento se presenta en desarrollo de una declaraci�n, entendida en sus aspectos formal y sustancial. Sobre lo primero, recu�rdese c�mo con fundamento en los estatutos procesales penales expedidos con anterioridad a la Ley 906 de 2004, esta Corporaci�n ha sido enf�tica en se�alar que los reconocimientos constituyen una prolongaci�n de los testimonios.

Y en relaci�n con lo segundo, porque el se�alamiento constituye una afirmaci�n en virtud de la cual una persona identifica a otra como quien llev� a cabo un determinado comportamiento. (CSJ SP, 27 feb. 2013, rad. 38773). La Sala ha venido construyendo una l�nea jurisprudencial con la que se busca dar claridad en torno a que reconocimientos a trav�s de fotograf�as o videos, no son una prueba en s� misma, que adquiera tal calidad a trav�s de la introducci�n del acta que da cuenta del reconocimiento como si se tratada de un medio de prueba documental, sino que aquellos comportan actos de investigaci�n cuyo resultado puede hacer parte del testimonio cuando en el juicio el declarante alude a la existencia de dicha actividad investigativa, a los logros obtenidos a trav�s de la misma o a la forma como se efectu�, atestaciones que habr�n de ser valoradas integralmente con el testimonio de quien efect�a el reconocimiento y, en conjunto, con los dem�s medios de convicci�n. Utilizaci�n en el juicio y poder demostrativo La apreciaci�n y el poder demostrativo del reconocimiento fotogr�fico o videogr�fico, no son aspectos que se determinen a partir de si el acta o documento que recoge la ocurrencia de tal acto investigativo, es introducido al juicio, m�s bien si los testigos dan cuenta de la ocurrencia de un se�alamiento en esa forma, afirmaci�n que entra a formar parte integral de la prueba testimonial.

En estos t�rminos la Sala en CSJ SP, 29 ago. 2007, rad. 26276, sostuvo: �De todos modos, no puede perderse de vista que el reconocimiento sea fotogr�fico o en fila de personas, por s� solo, no constituye prueba de responsabilidad con entidad suficiente para desvirtuar el derecho a la presunci�n de inocencia, pues la finalidad del juicio no es, ni podr�a ser, la de identificar o individualizar a una persona sino que tiene una cobertura mayor.

Esto si se tiene en cuenta que una vez lograda la identidad del autor en la fase de investigaci�n, por medio del juicio se debe establecer su responsabilidad penal o su inocencia en una espec�fica conducta delictiva, sin dejar de reconocer que es all�, en el juicio, en donde el acto de reconocimiento necesariamente debe estar vinculado con una prueba testimonial v�lidamente practicada, pues es en la apreciaci�n de �sta, en conjunto con las dem�s pruebas practicadas, en que tal medio de conocimiento puede dotar al juez de elementos de juicio que posibiliten conferirle o restarle fuerza persuasiva a la declaraci�n del testigo�. De lo expuesto se concluye que un se�alamiento incriminatorio no depende del reconocimiento que por medio de fotograf�as, videos o en fila de personas se hubiere adelantado previamente, puesto que aqu�l se puede dar sin que en la investigaci�n hubiere sido necesario acudir a los m�todos de identificaci�n. Sin embargo, en el plano de las similitudes, pude decirse, ambas hacen parte de un testimonio.

El reconocimiento que de esa forma se hace en el juicio resulta v�lido como parte del interrogatorio directo adelantado por la Fiscal�a porque, sin duda, comporta una pregunta destinada a la verificaci�n de las proposiciones f�cticas de su teor�a del caso, a trav�s de la solidez y credibilidad del testigo al que se le interrogue sobre el particular; de manera que en el escenario del proceso adversarial corresponder� a la parte contraria o al Ministerio P�blico, oponerse a la pregunta supuesto de que viole las reglas del interrogatorio, o al juez prohibirla si se propone de manera sugestiva, capciosa o confusa. Adem�s, la doctrina relacionada con las t�cnicas del interrogatorio, destaca la importancia de que el fiscal en la pregunta final, que tiene por objeto dejar la informaci�n del caso en el punto m�s alto (de mayor inter�s), haga que el testigo presencial identifique claramente al agresor.

(Subrayado fuera del texto original) En el mismo sentido, en CSJ SP, 1 Jul. 2009, rad. 28935, se indic�: Resulta igualmente de inter�s precisar que como los m�todos de identificaci�n son herramientas a las que debe acudir la Fiscal�a en las situaciones referidas (falta de conocimiento o duda acerca de la persona indiciada o imputada), por s� solos no constituyen prueba en tanto que en el proceso penal acusatorio el principio de inmediaci�n impone que �En el juicio �nicamente se estimar� como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma p�blica, oral, concentrada, y sujeta a confrontaci�n y contradicci�n ante el juez de conocimiento�, condiciones que no se cumplen en el tr�mite de identificaci�n. Lo anterior no obsta para que el fiscal cuando lo considere conveniente, en orden a solventar la credibilidad del testigo y de acreditar las proposiciones f�cticas de su teor�a del caso (�) en aspectos como la intervenci�n del acusado en el punible que se le imputa, traiga a juicio los documentos elaborados durante el reconocimiento, para que puedan ser autenticados y acreditados por la persona que los ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado o producido. (Subrayado y resaltado fuera del texto original) (�) De ese modo se tiene que el valor de los elementos de identificaci�n y su capacidad persuasiva, se descubren en el testimonio de la persona por medio de la cual se traen al juicio, el cual se rige por las reglas del interrogatorio cruzado y se valora seg�n los criterios de apreciaci�n previstos en el art�culo 404 del C�digo de Procedimiento Penal [Apreciaci�n del testimonio].

Tambi�n se ha precisado que sobre el mentado acto de investigaci�n puede dar cuenta la persona que hace el reconocimiento o el investigar judicial que realiza la diligencia, casos en los cuales, en el primero, se trata de prueba directa, mientras que en el segundo se habla de prueba de referencia. As� se indic� en CSJ SP, 30 abr. 2014, rad. 37391: En el caso de los reconocimientos, se tiene que pueden incorporarse a trav�s de quien realiza el se�alamiento o del funcionario que practica el reconocimiento.

Sin embargo, las implicaciones jur�dicas son diferentes en uno u otro caso. En el primero, como el reconocente rinde testimonio ante el juez de la causa y puede, por ende, ser contrainterrogado sobre las circunstancias en que conoci� los hechos e identific� al acusado como quien particip� en la ejecuci�n del punible, la prueba deja de tener car�cter de referencia para mudar en prueba directa, adquiriendo entonces la misma naturaleza del respectivo testimonio.

Si, en cambio, el reconocimiento se introduce a trav�s del funcionario que lo practic� la prueba no pierde su car�cter de referencia. La raz�n es evidente: en ese caso la parte contra quien se aduce, aun cuando puede contrainterrogar al testigo acerca de la forma como realiz� la diligencia de reconocimiento, carece de esa posibilidad frente a las circunstancias en las cuales el reconocente percibi� la ocurrencia de los hechos.

Pero es m�s, y precisamente por desconocer esas particularidades, todo lo declarado por el funcionario sobre �stas girar� en torno a lo que escuch� del testigo directo de los acontecimientos criminales, luego su declaraci�n ser� de o�das. En ese orden de ideas, habi�ndose indicado que el reconocimiento fotogr�fico hace parte de la prueba testimonial, para su valoraci�n no es dable exigir la introducci�n al juicio del acta en la que se consigna esa diligencia, y a trav�s de la t�cnica propia para la pr�ctica de la prueba documental, por manera que su m�rito se fija a partir del poder suasorio del testimonio, el cual corresponder� definir al fallador con base en los criterios de la sana cr�tica y la valoraci�n del conjunto probatorio.

De tal manera que el precedente jurisprudencial evocado por el Tribunal para fundar su sentencia (CSJ SP, 30 abr. 2014, rad.37391), fue indebidamente interpretado, puesto que all� la Sala no sent� el criterio seg�n el cual, actos de investigaci�n como los reconocimientos fotogr�ficos, adquieren la condici�n de prueba cuando el acta que los documenta es incorporada al juicio de la forma como se introducen los documentos, esto es, a trav�s de testigo de acreditaci�n, y que tal ejercicio resulta indispensable para que un se�alamiento de ese tipo pueda ser apreciado por el juez, como s� erradamente lo entendi� el ad quem.

Lo que se sostuvo en la providencia citada es que, como en ese caso, el acta que daba cuenta de una diligencia de reconocimiento fotogr�fico fue utilizada por la Fiscal�a en el interrogatorio directo a uno de los testigos, a tal medio pod�a recurrirse, bien sea, a trav�s de los investigadores que practicaron la diligencia, o por conducto de quien hizo el se�alamiento, a efecto de que las manifestaciones al respecto se valoren como parte del testimonio de cualquiera de ellos.

De all� que para acreditar un reconocimiento fotogr�fico o videogr�fico, no es menester que siempre y en todos los casos se integre el documento en el que se consigna la realizaci�n de ese acto investigativo�. ESTUDIO DEL CASO Para el an�lisis que debe adelantar la Sala en esta oportunidad se acoge lo inicialmente establecido en primera instancia y que ninguna de las partes procesales pone en duda en cuanto a la desaparici�n de la menor P.N.P.N. de 5 a�os y 3 meses de edad para ese entonces, que tuvo ocurrencia el d�a 28 de diciembre de 2014, en horas de la tarde, entre las 3:30 p.m. y 4:00 p.m. en el sector de San Antonio del Municipio de Buesaco, donde resid�a con su familia, fecha para la cual como es costumbre en algunos sectores de nuestra regi�n se estaba jugando el carnaval del agua, que implica lanzarse agua unos a otros.

Los momentos previos y posteriores a la desaparici�n los suministra con gran detalle su madre NENI, los cuales ser�n retomados m�s adelante. Ahora bien, para establecer qui�nes participaron en este hecho delictivo la Fiscal�a adelant� la investigaci�n correspondiente de la cual da cuenta el testigo Carlos Am�rico Ch�vez Loaiza quien logr� determinar con informaci�n que obtuvo de dos mujeres de quienes no recuerda su apellido pero identifica como A y Y, que una de las personas involucradas era el se�or JGPI y fue as� como al ser este aprehendido y vinculado como presunto autor del il�cito suministr� informaci�n que permiti� conocer detalles sobre el instante mismo del rapto de la ni�a a la vez que hizo delaci�n de algunos de los otros autores del il�cito, entre ellos quienes a este proceso fueron vinculados, es decir BDLL, EDQM, LALO y JFLB.

La forma en que se obtuvo esta informaci�n y su introducci�n en el Juicio Oral, as� como la valoraci�n adelantada al respecto por parte de la primera instancia es lo que gener� gran debate tanto para el delegado del Ministerio P�blico como para el conjunto de profesionales del derecho que representaron la defensa de los procesados y procesada.

Entonces debe la Sala revisar cada uno de los cuestionamientos formulados porque de ello depender� si efectivamente se cuenta con prueba que acredite los requisitos previstos en el art�culo 381 del C. de P.P. y seg�n el resultado de la valoraci�n establecer si hay lugar a confirmar la sentencia condenatoria emitida en primera instancia o caso contrario dirigir la decisi�n hacia la emisi�n de una sentencia absolutoria.

Empecemos por resaltar que, seg�n la petici�n probatoria de la Fiscal�a y su teor�a del caso, confi� en que esta ser�a respaldada principalmente con el testimonio de JGPI, lo cual a criterio de la defensa no fue alcanzado. Por su parte el delegado del Ministerio P�blico considera que la versi�n introducida del precitado en el juicio oral constituye prueba de referencia, la que, si bien da cuenta de la responsabilidad penal de BDLL, EDQM, LALO y JFLB, no puede acogerse como fundamento de la sentencia condenatoria en atenci�n a la tarifa probatoria negativa prevista en el inciso 2� del art�culo 381 del C. de P.P. Veamos qu� ocurri� entonces en la audiencia de Juicio Oral.

De acuerdo con el ofrecimiento probatorio realizado por el ente acusador y como era de esperarse, present� como su testigo al se�or JGPI, persona que, de acuerdo, a la investigaci�n adelantada habr�a rendido un interrogatorio de indiciado y participado en las diligencias de reconocimiento fotogr�fico, actuaciones que involucran a los precitados.

No obstante, la Fiscal�a enfrent� los siguientes obst�culos: El testigo no acredit� o autentic� el interrogatorio de indiciado ni las actas de reconocimiento fotogr�fico que le fueron presentados por la Fiscal�a. El testigo hizo referencia a varias irregularidades en el tr�mite de las mencionadas actuaciones. Neg� el contenido tanto del interrogatorio de indiciado como de las diligencias de reconocimiento fotogr�fico que le fueron presentados por la Fiscal�a Aqu� se debe de tener en cuenta que de acuerdo al contexto explicado por JGPI, aquellas irregularidades a las que hace referencia tienen como finalidad reforzar su posici�n de desconocer que particip� en las actuaciones expuestas por la Fiscal�a, as� por ejemplo adujo que �l hab�a colocado una firma y su huella en un documento en blanco, y que solo lo hizo en una ocasi�n y para obtener el pago de una recompensa, igualmente que para las diligencias de reconocimiento fotogr�fico hab�a sido instruido previamente a la realizaci�n de las actas.

Por esta raz�n, como adelante se ver� el an�lisis de los puntos 1 y 2 es convergente. De esa manera, vemos que la Fiscal�a acudi� b�sicamente a dos estrategias para solventar los obst�culos determinados. As� para el primero y segundo requiri� de manera inmediata la pr�ctica de los testimonios de la Dra. M�NICA MARIANA MORA, Fiscal Especializada, del Dr. ALFONSO JEREMIAS B�RCENAS, abogado defensor, de la PT. del GAULA, CAROLINA GUERRERO SALAZAR, del representante del Ministerio P�blico Dr. LUCIO RODR�GUEZ CHAVES y del investigador ARIEL LEONARDO VILLOTA GUEVARA, quienes habr�an intervenido en las diligencias en las que se aduce particip� JGPI.

Adicionalmente la Fiscal�a requiri� prueba pericial dactilosc�pica a cargo de YEISON TABLA LUNA, para establecer que las huellas plasmadas en las mencionadas diligencias le corresponden al testigo, as� como tambi�n requiri� el decreto probatorio de las audiencias preliminares adelantadas con ocasi�n de la captura de JGPI, ya que de esa actuaci�n se deriv� la necesidad de adelantar el interrogatorio de indiciado.

Para el tercer obst�culo se�alado la Fiscal�a solicit� la introducci�n del interrogatorio de indiciado rendido por JGPI y las actas de reconocimiento fotogr�fico. Todas estas solicitudes probatorias fueron decretadas por la Jueza de conocimiento y as� practicadas, no obstante, es necesario revisar varios de los cuestionamientos formulados tanto por el agente del Ministerio P�blico como por la bancada defensiva.

Se tiene as�, que, respecto de los testimonios, la prueba pericial, y las audiencias preliminares adelantadas con ocasi�n de la captura de JGPI surge un interrogante que lo formula el delegado del Ministerio P�blico, pues resulta que durante el juicio oral la Fiscal�a los requiri� como prueba de refutaci�n y as� fue decretado por la Jueza de primera instancia. Sin embargo, el delegado del Ministerio P�blico que en principio durante la audiencia de juicio oral no se opuso a este tr�mite y entendi� que efectivamente se trataba de pruebas de refutaci�n, se percat� ya para la presentaci�n de la apelaci�n que ella solo puede predicarse cuando es requerida por la contraparte y no as� para controvertir la propia prueba, por lo que entonces seg�n su criterio, debe entenderse que se trata de prueba con la que se impugn� la credibilidad del testigo.

Al respecto y al revisar la jurisprudencia, la Sala determina que solo en parte el delegado del Ministerio P�blico tiene la raz�n, ya que efectivamente los testimonios de los funcionarios, investigadores y empleados que intervinieron en las diligencias en las que se aduce particip� JGPI, no constituyen prueba de refutaci�n, pero se advierte que tampoco constituye prueba con la que se haya impugnado la credibilidad del testigo como enseguida se expondr�.

Bien lo explica la CSJ, en AP3455-2014, del 25 de junio de 2014, radicado No. 43303: �En esa medida, si refutar significa �Contradecir, rebatir, impugnar con argumentos o razones lo que otros dicen�, bien puede afirmarse que en sentido lato la prueba de refutaci�n es aquella que se ofrece con la finalidad de controvertir o contraprobar la presentada por la contraparte, en orden a restarle credibilidad�.

(negrilla fuera del texto original) Y en el radicado No. 43749 de 2014, al explicar lo relacionado a la legitimidad de quien puede pedir la prueba de refutaci�n, enuncia: �Legitimaci�n. La tienen el procesado y desde luego su defensor y el fiscal. Aunque no hay pautas jur�dicas para radicar en cabeza de la defensa con exclusividad la prueba de refutaci�n y en la Fiscal�a la contra refutaci�n, ambas partes tienen la posibilidad de ofrecer tales evidencias, seg�n obren bajo el supuesto de hecho que corresponda a la noci�n que se le ha asignado a cada uno de tales medios (refutaci�n y contra refutaci�n).

No pueden proponer la prueba de refutaci�n i) el Ministerio P�blico porque la facultad de pedir pruebas la tiene �nicamente en la audiencia preparatoria; ii) las v�ctimas no est�n autorizadas para formular una teor�a del caso propia y la iniciativa en la materia tratada en esta providencia es de las partes no de los intervinientes y iii) al juez le est� prohibida la actividad probatoria de oficio.

El derecho a solicitar prueba de refutaci�n con base en el art�culo 362 del C�digo de Procedimiento Penal la tiene una parte respecto de una prueba de la contraparte, siempre y cuando a ello haya lugar por raz�n de la oportunidad y de los objetivos se�alados para ese medio en esta providencia. La prueba solicitada por la parte no puede ella misma impugnarla con el medio de refutaci�n examinado, pues para tales efectos cuenta con la impugnaci�n de credibilidad del art�culo 391 del C�digo de Procedimiento Penal a trav�s del interrogatorio a otro declarante, puede hacerlo igualmente con un elemento de conocimiento sobreviniente, o con los autorizados para impugnar credibilidad y espec�ficamente regulados en los art�culos 403, 440 y 441 �dem, o con la declaraci�n de testigo hostil.

Si el cuestionamiento se vincula con una prueba de la contraparte y de ello se tiene conocimiento desde la fase ordinaria para solicitar pruebas en el proceso, la contradicci�n se ejerce no con un medio de refutaci�n sino a trav�s del contrainterrogatorio, la impugnaci�n de credibilidad (art�culos 403, 440 y 441 del C de P.P.) o con prueba sobreviniente.

(negrillas fuera de texto). De tal manera que los testigos presentados por la Fiscal�a al explicar cu�l fue el procedimiento adelantado simplemente cumplieron una funci�n de autenticaci�n, as� no lo haya expuesto de manera expresa la Fiscal�a, y no como lo entendi� el delegado del Ministerio P�blico, que fueron presentados con la finalidad de impugnar la credibilidad del testigo, este objetivo nunca fue expuesto por la Fiscal�a ni tampoco se deduce de su comportamiento procesal adelantado.

La impugnaci�n de credibilidad, adem�s, puede intentar hacerse de manera directa a trav�s del mismo testigo en el contrainterrogatorio cuando se pone en evidencia por ejemplo una contradicci�n en sus respuestas o tambi�n puede acudirse al uso de declaraciones previas. Veamos qu� es lo que explica la Corte en la decisi�n tantas veces citada, radicado No. 43749 de 2014: �Los medios autorizados para impugnar credibilidad no pueden identificarse con la prueba de refutaci�n. La refutaci�n que en esta oportunidad se examina no es la vinculada con los elementos que la ley autoriza utilizar a las partes en la audiencia p�blica para impugnar credibilidad de la prueba de la contraparte, de las cuales son ejemplos las situaciones a las que se refieren los art�culos 403, 440 y 441 del C de P.P. El prop�sito �nico y excluyente de la prueba de impugnaci�n de credibilidad a que se ha hecho referencia anteriormente es atacar el m�rito del testimonio o de quien rinde la declaraci�n y la oportunidad para hacerlo es a trav�s del contrainterrogatorio con elementos probatorios obtenidos en la investigaci�n o que fueron descubiertos por la contraparte.

Esta caracterizaci�n es suficiente para admitir las diferencias del citado medio con la prueba de refutaci�n. La credibilidad de un testigo se puede refutar con la declaraci�n de otro en el interrogatorio, pues as� se autoriza por el art�culo 391 del C de P.P., impugnaci�n de la que es indiscutible su diferencia con la prueba de refutaci�n del art�culo 362 de las Ley 906 de 2004�.

(Negrillas fuera de texto). De paso este pronunciamiento jurisprudencial unido a lo antes explicado respecto del alcance de la prueba de refutaci�n y la legitimidad para su solicitud, nos lleva a la conclusi�n que s� respalda la Sala respecto de la posici�n del delegado del Ministerio P�blico, que las pruebas testimonial y pericial practicadas a favor de la Fiscal�a no podr�an considerarse prueba de refutaci�n respecto del testimonio de PI, quien fue presentado como prueba de cargo de la Fiscal�a, raz�n por la cual no pod�a la misma parte procesal presentar prueba de refutaci�n en contra de su testigo.

Inclusive si la abogada y abogados defensores hubiesen comprendido lo que procesalmente estaba ocurriendo, hubiesen canalizado de manera m�s t�cnica y jur�dica sus oposiciones, aunque de todas formas la pertinencia estaba totalmente acreditada al menos para la prueba testimonial y pericial, en orden a lograr la autenticidad de las actuaciones en las que intervino JGPI, por lo que de todas maneras su pr�ctica deb�a decretarse.

Miremos lo que explica la CSJ al respecto, en el asunto AP4281-2019 con radicaci�n No. 55798, del 2 de octubre de 2019: ��debe diferenciarse cu�ndo una declaraci�n hace parte del tema de prueba y cuando es presentada como medio de prueba; (iii) la declaraci�n har� parte del tema de prueba, cuando constituye un elemento estructural del delito objeto de juzgamiento �falso testimonio, falsa denuncia, injuria, etc�tera-, o cuando puede tenerse como un hecho indicador de un hecho jur�dicamente relevante (�) En todo caso, cuando no se pretende utilizar como medio de prueba (para demostrar la verdad de lo aseverado), sino para establecer que la declaraci�n existi� y que de ello puede inferirse uno o varios hechos jur�dicamente relevantes, el debate sale del �mbito de la prueba de referencia y se traslada al de la pertinencia. Bajo esta l�gica, si la Fiscal�a pretende demostrar que el procesado, por fuera del juicio, hizo una declaraci�n, y que de la misma puede inferirse un dato relevante para la soluci�n del caso, no podr� hablarse de prueba de referencia, sin perjuicio del deber de evaluar la pertinencia de ese aspecto�.

(negrillas fuera de texto). Ahora bien, surge otro interrogante: si acaso la Fiscal�a se hubiera percatado que no pod�a requerir los testimonios aducidos como prueba de refutaci�n, �podr�a hacerlo como prueba sobreviniente?, atendiendo al hecho de que la situaci�n novedosa surgi� en la audiencia de juicio oral. La respuesta tambi�n resulta negativa, ya que tal como se explica en la sentencia con radicado No. 43749 de 2014, el objetivo de la prueba sobreviniente es respaldar la teor�a del caso acusadora o la de descargos.

Y as� lo expone la Corte: �Las pruebas de refutaci�n y sobreviniente comparten que su conocimiento surge en el juicio oral y lo trascendente que resulta la informaci�n que suministran. Pero, sustancialmente diferencia a las pruebas de refutaci�n y sobreviniente su objeto y prop�sito, la refutaci�n es significativa para demeritar otra prueba en concreto, mientras que la sobreviniente introduce materia distinta y busca soportar o infirmar la teor�a del caso o los descargos, pues su no incorporaci�n acarrea grave perjuicio en la decisi�n que debe adoptarse en el proceso o tambi�n cuando genera da�o a la garant�a de defensa�.

Aqu� cabe aclarar tambi�n que se present� una confusi�n en la decisi�n de la jueza de conocimiento cuando en un momento dado adujo que el tr�mite de refutaci�n lo puede adelantar tambi�n la parte respecto de su propia prueba, no obstante, se trata de un equ�voco en la interpretaci�n de la jurisprudencia, ya que por ejemplo en AP4787- 2014 del 20 de agosto 2014, radicado No. 43749, se indica que una cosa es la refutaci�n hecha con base en el art�culo. 391 del C.P.P. que efectivamente es una facultad de quien solicit� el testimonio desde la fase probatoria que corresponde a la controversia principal en la audiencia preparatoria, y hace los cuestionamientos con el interrogatorio y otra la referida al art�culo 362 �dem que ya hemos analizado ampliamente y que se presenta en el desarrollo del juicio oral respecto de los testigos de la contraparte.

En definitiva, la prueba introducida relacionada con los testimonios de la Dra. M�NICA MARIANA MORA, del Dr. ALFONSO JEREMIAS B�RCENAS y Dr. LUCIO RODR�GUEZ CHAVES, as� como el personal con funciones de polic�a judicial CAROLINA GUERRERO SALAZAR y ARIEL LEONARDO VILLOTA GUEVARA, y del perito en dactilosc�pica YEISON TABLA LUNA, cumplieron un objetivo de autenticaci�n de las actuaciones en las que intervino JGPI tanto del interrogatorio de indiciado como de las diligencias de reconocimiento fotogr�fico dada su negaci�n a reconocer dichas actuaciones.

Y aunque como se explic� atr�s, la Fiscal�a se equivoc� en la denominaci�n de la prueba lo importante es lo que material y jur�dicamente tuvo ocurrencia en la audiencia de Juicio Oral, atendiendo adem�s a que conforme lo adujo el delegado del Ministerio P�blico, se permiti� la controversia en la solicitud y la confrontaci�n durante la pr�ctica probatoria a la bancada defensiva.

La irregularidad expuesta no es de la trascendencia que pueda invalidar la actuaci�n ni afectar el debido proceso probatorio, al punto de que deba excluirse la prueba, es m�s, un ejemplo de este tratamiento procesal, aunque a la inversa, lo encontramos en SP2582-2019, del 10 de julio de 2019, radicaci�n No. 49283. En ese caso, el testigo de la defensa neg� algunos de los aspectos inicialmente dados a conocer a su padre quien hab�a rendido una declaraci�n anterior al juicio pero para el momento de la audiencia de juicio oral hab�a fallecido, raz�n por la cual la Fiscal�a al momento de adelantar el contrainterrogatorio, y con el fin de impugnar credibilidad pidi� que se le permitiera utilizar la entrevista rendida por el padre fallecido, y no solo eso sino que adem�s se introdujo en juicio dicho elemento, de esa forma se admiti� y practic�, ante lo cual la defensa reprochaba que se trat� de una prueba de referencia que no se hab�a ordenado previamente.

No obstante, la Corte determin� que en realidad se trat� de una prueba de refutaci�n. Como vemos en el caso la Fiscal�a incurri� en el error de pretender impugnar la credibilidad de un testigo con la declaraci�n previa de otro testigo, lo cual resultaba en un contrasentido, no obstante en el caso el ente acusador solicit� la introducci�n de esa prueba y como fue aceptada, ingres� al torrente probatorio, y fue valorada por la Corte en su real dimensi�n, es decir como prueba de refutaci�n y no como ejercicio de la facultad de impugnar la credibilidad del testigo con declaraciones que hubiese rendido con anterioridad al juicio.

De esa manera, los testimonios atr�s enunciados de quienes intervinieron en el interrogatorio de indiciado y las diligencias de reconocimiento fotogr�fico que fueron presentados por la Fiscal�a, as� como la prueba pericial dactilosc�pica a cargo de YEISON TABLA LUNA permiten determinar claramente que no solamente el tr�mite se realiz�, sino que se hizo acorde a los par�metros legales sin quebrantamiento de los derechos y garant�as del entonces procesado JGPI, respecto de lo cual no constituyen prueba de refutaci�n, ni de referencia, ni sobreviniente, ni de impugnaci�n, sino testimonios directos que dan cuenta de la forma en que se adelant� el tr�mite y que ning�n tipo de montaje se realiz� al respecto.

Y as� la Fiscal�a logr� superar los dos primeros escollos para avanzar hacia su objetivo de introducir estas declaraciones previas en el torrente probatorio. En este punto, cabe precisar a la defensa que el tr�mite que adelant� la Fiscal�a durante la audiencia de juicio oral no constituye ejercicio de la facultad prevista en el art�culo 391, de ah� que no pod�a exig�rsele que solicitara el testimonio por ejemplo de la fiscal que dirigi� el interrogatorio a indiciado Dra. Mariana M�nica Mora, desde la audiencia preparatoria.

La respuesta a la defensa respecto a este planteamiento expuesto como vulneratorio del debido proceso, que no lo es, lo encontramos en el siguiente aparte de la decisi�n contenida en AP4787- 2014 del 20 de agosto 2014, radicado No. 43749: �La refutaci�n hecha con un testimonio convocado desde la fase probatoria que corresponde a la controversia principal, se puede hacer preguntando directamente sobre �aspectos relativos a la credibilidad de otro declarante� (Articulo. 391 del C.P.P).

Esta situaci�n es propia y exclusiva de la prueba testimonial, adem�s de ser una facultad de quien la solicit�, quien hace los cuestionamientos con el interrogatorio. Estas caracter�sticas son notoriamente diferentes con las que identifican la prueba de refutaci�n que ocupa la atenci�n de la Sala (Art�culo 362 �dem.). Dada la finalidad de la refutaci�n y el medio a trav�s del cual se hace, cuando tiene como �nico objetivo en el proceso el se�alado en esta providencia y corresponde a la referida en el art�culo 362 del C de P.P., resulta ser independiente y diferente a las enunciadas por las partes para llevar al juicio oral en la fase preparatoria del proceso con el fin de sustentar sus pretensiones�.

Y aun si no se contara con esta orientaci�n jurisprudencial, acudiendo a la l�gica, se determina que no resultaba necesario que al momento de la audiencia preparatoria la Fiscal�a requiriera el testimonio de la persona que digit� el interrogatorio, por ejemplo, cuando era su aspiraci�n llevar al juicio a la persona que rindi� dicho interrogatorio.

Superado lo anterior, y antes de pasar al siguiente punto de an�lisis, conviene precisar lo ocurrido en cuanto a la informaci�n presentada respecto de la audiencia de imputaci�n que se adelant� en contra de PI, la que fue incluida por la Fiscal�a como parte de la prueba de refutaci�n, lo cual no resulta procedente como se acaba de ver; tampoco era pertinente para autenticar aquellas declaraciones previas del testigo, y menos se le puede otorgar el valor de prueba sobreviniente ya que no tiene relaci�n con la teor�a del caso de la Fiscal�a ni otorga elementos a favor de las diferentes posiciones defensivas.

Pero, adem�s, una vez decretada tampoco ofrec�a utilidad para efectos de impugnar credibilidad porque como bien lo sustent� en su oposici�n al acudirse a dicha actuaci�n en el Juicio Oral, el doctor Neyip O�ate, tanto el testigo PI como el Dr. B�RCENAS, su defensor para ese entonces, hab�an aceptado que dicha diligencia s� se realiz�. De esa manera, encuentra la Sala, que ninguna incidencia tiene la informaci�n que al respecto se introdujo en el Juicio Oral, para el presente caso.

Retractaci�n Como ya se explic� p�rrafos atr�s el otro obst�culo que encontr� la Fiscal�a cuando pretendi� apoyar su teor�a del caso con el relato que pudiera suministrar PI, fue que este neg� tambi�n el contenido tanto del interrogatorio de indiciado como el de las actas de reconocimiento fotogr�fico. La soluci�n a la que acudi� la Fiscal�a consisti� en solicitar que fuesen introducidas en el juicio oral dichas diligencias como declaraciones previas.

Al respecto se presentan m�ltiples cuestionamientos tanto por el delegado del Ministerio P�blico como por la bancada defensiva. El primero explica que no se trat� de una retractaci�n del testigo PI, ya que neg� totalmente el contenido de sus declaraciones previas, esto trajo como consecuencia que no se cumpla con uno de los requisitos para introducir alguna de esas actuaciones como testimonio adjunto, ya que no fue factible que de manera efectiva los abogados defensores pudiesen ejercer su derecho a controvertir el contenido de las declaraciones previas, y en ese sentido la versi�n que se trajo al juicio constituye prueba de referencia. Como se rese�� en la fundamentaci�n legal y jurisprudencial que ha servido de insumo para el an�lisis del caso, en el radicado No. 44950 de 2017, se establece la diferencia entre la prueba de referencia y la declaraci�n anterior incompatible con el testimonio rendido en el juicio, en tanto que los presupuestos f�cticos son diferentes porque en la primera se trata de un testigo no disponible, es decir que no comparece al juicio, en cambio en el segundo evento, el testigo comparece al juicio oral y cambia su versi�n (respecto de lo que hab�a dicho con antelaci�n).

No obstante, bien lo explica la Corte en la decisi�n adoptada en SP1875-2021, radicado No. 55959, del 12 de mayo de 2021: �La figura del testimonio adjunto, tambi�n llamada declaraci�n complementaria, ha sido desarrollada por la jurisprudencia, pues como al amparo de los art�culos 271, 272 y 347, entre otros, de la Ley 906 de 2004, las partes tienen la facultad de recibir entrevistas y declaraciones para preparar el juicio, puede ocurrir que cuando los testigos concurran al debate p�blico se retracten de cuanto expusieron anteriormente, introduzcan modificaciones sustanciales o incluso nieguen haber realizado tales atestaciones, proceder en ocasiones determinado por amenazas, sobornos, miedo, el prop�sito de no mantenerse en una mentira, etc�tera, y que atenta contra la recta y eficaz administraci�n de justicia�.

(negrillas fuera de texto). La esencia en el tr�mite que se adelanta para introducir el testimonio adjunto se encuentra en que hay incompatibilidad entre la declaraci�n previa y lo que el testigo relata de viva voz en el juicio oral, en cualquiera de las modalidades que se pueda presentar como se enuncia en el precedente indicado ya sea por retractaci�n, por cambios o modificaciones sustanciales o porque se niegue el contenido de esa declaraci�n anterior, inclusive su existencia. Entonces para el presente asunto, se trata claramente de una retractaci�n aun si PI hubiera negado totalmente lo ocurrido en las declaraciones previas, aunque no es ese el caso, ya que de todas formas el testigo admiti� varios de los aspectos que llevaron a que �l participara en los actos de investigaci�n, pues confirma su aprehensi�n inicial, su comparecencia ante un juez de garant�as en el municipio de Buesaco y su contacto con el sitio donde se realizaron las diligencias esto es las instalaciones del GAULA, y con varias de las personas que intervinieron en las diferentes actuaciones.

En cualquiera de los casos, a no dudarlo el comportamiento procesal de PI constituy� una de las modalidades por las cuales resultaba procedente introducir sus declaraciones anteriores como testimonio adjunto, como as� se hizo, raz�n por la cual no le asiste raz�n al delegado del Ministerio P�blico cuando aduce que se trat� de una prueba de referencia. Aunque s� cabe precisar que la retractaci�n de PI se dio en dos fases, la primera consisti� en negar la existencia de las actuaciones en las que intervino durante la investigaci�n, tanto del interrogatorio de indiciado como los reconocimientos fotogr�ficos, y negaci�n tambi�n de su contenido, lo primero fue solventado por la Fiscal�a a trav�s del proceso de autenticaci�n como bien ya se explic� atr�s, para lo segundo se solicit� la incorporaci�n de las declaraciones previas, sobre lo cual tambi�n la defensa en su conjunto expone que se incorporaron al juicio de manera ilegal porque se introdujo vulnerando el debido proceso, aunque algunos de los defensores no dan razones, pasemos a analizar al menos las que s� fueron explicitadas.

Espec�ficamente la defensa del se�or LALO indica que los testigos cuya prueba se solicit� durante el tr�mite del Juicio Oral, y que fueron presentados para que declararan sobre la forma en que se adelantaron el interrogatorio de indiciado y las actas de los reconocimientos fotogr�ficos, no fueron solicitados como prueba en la audiencia preparatoria, sobre todo porque la Fiscal�a ya conoc�a con anterioridad al juicio que el testigo se hab�a retractado.

Sin embargo, como respaldo de esta afirmaci�n hace menci�n a una prueba que no fue introducida en juicio refiri�ndose a una declaraci�n extrajuicio rendida por el testigo el 30 de agosto del a�o 2016, por lo cual no puede tenerse en cuenta para valoraci�n el an�lisis que al respecto realice la defensa, aun si como lo menciona acudi� a ese documento para requerir la revocatoria de la medida de aseguramiento, pues dicho elemento sigue siendo una declaraci�n previa que no fue utilizada ni introducida en juicio.

Es m�s, el Dr. Carlos Enrique Hurtado Quintana defensor del se�or EDQM, tuvo oportunidad de utilizar e introducir el elemento mencionado cuando estaba adelantando el contrainterrogatorio relacionado con el testimonio adjunto en la audiencia de juicio oral desarrollada el 8 de noviembre del 2017 en la sesi�n de la tarde encamin�ndose en principio ante lo aducido por el testigo cuando afirm� no recordar haber intervenido en otras actuaciones por fuera del proceso, a la t�cnica de refrescamiento de memoria, solo que ante la oposici�n de la Fiscal�a que fue aceptada por la se�ora jueza, al mencionar que dicho elemento no hab�a sido descubierto, ni hab�a sido objeto del interrogatorio, pudo tambi�n acudir a su facultad de solicitar prueba sobreviniente, pues ah� s� la declaraci�n previa estaba relacionada con los hechos materia de juzgamiento y la responsabilidad de su prohijado.

Es decir que la defensa representada a trav�s de cualquiera de los abogados, contaba con la facultad de que una vez que la Fiscal�a inicia el tr�mite para introducir el interrogatorio de indiciado bien pudo tambi�n acudir a aquella declaraci�n previa que se menciona se obtuvo en una notar�a lo que hubiese dado pie a conocer no dos, sino tres versiones del se�or PI, solo que no acudieron a los principios del debido proceso probatorio que exige el agotamiento del descubrimiento y la solicitud probatoria indicando entre otros aspectos su pertinencia, para que, sea estudiada la misma por la contraparte y la judicatura.

Por lo anterior, y atendiendo a que la declaraci�n previa que se aduce fue constituida en una notar�a no fue introducida por la defensa resulta inexistente para ser valorada. Adem�s, como bien lo explica la Corte en sentido estricto la retractaci�n �nicamente se conoce en el tr�mite de juicio oral, pues los elementos que contienen la versi�n de cualquier testigo anteriores a la audiencia de juicio oral son actos de investigaci�n y solo constituyen prueba hasta que se introducen en el debate p�blico oral y contradictorio, pues es ah� donde en definitiva se sabe la posici�n que asume cualquier testigo que se presente a la audiencia respectiva.

Otro de los reproches que realiza la defensa, espec�ficamente la Dra. Gaby Marcela Toro Moncayo es que la jurisprudencia que admite la introducci�n del testimonio adjunto por retractaci�n, no se aplica el presente asunto, en tanto que s�lo resulta aplicable respecto de las v�ctimas de delitos sexuales y no de testigos comunes y con relaci�n a menores de edad, haciendo alusi�n a la sentencia 42656 de enero 30 del 2017.

No obstante, encuentra la Sala que este entendimiento resulta equivocado, ya que la retractaci�n se puede dar durante el desarrollo de la audiencia de Juicio Oral de cualquier tipo de asunto independientemente del testigo de que se trate e independientemente del delito que se est� juzgando. Es m�s, la Alta Corporaci�n en materia penal ha realizado an�lisis respecto del tema de la retractaci�n y el testimonio adjunto en asuntos en los que las v�ctimas son personas adultas o los testigos no necesariamente son v�ctimas y en relaci�n con delitos diferentes a aquellos de connotaci�n sexual, como se puede observar en los casos analizados a trav�s de sus decisiones SP1875-2021 del 12 de mayo de 2021, radicado No. 55959 y SP1764-20, de la misma fecha, radicado No. 56531, en los cuales se trat� de un delito de homicidio, los testigos no eran v�ctimas y varios de ellos eran adultos.

Procede la Sala ahora a verificar si la introducci�n del testimonio adjunto cumpli� con los requisitos exigidos en la jurisprudencia. Verificaci�n de los requisitos del testimonio adjunto Se requiere adelantar esta verificaci�n, ya que como se acaba de explicar la defensa refiere que fue ilegal al haberse vulnerado el derecho al debido proceso.

De otro lado el delegado del Ministerio P�blico explica que por la actitud que asumi� el testigo JGPI en la audiencia de Juicio Oral no hubo oportunidad de que la defensa de todos los procesados ejerciera materialmente el derecho de confrontaci�n y contradicci�n, pues no tuvieron la posibilidad de controvertir ninguna de las circunstancias de modo, tiempo y lugar contenidas en las declaraciones anteriores al juicio oral.

Revisaremos b�sicamente lo se�alado en SP1875-2021, radicado No. 55959, aunque se�ala tambi�n la Corte que no se trata de imponer f�rmulas rigurosamente sacramentales, y que si alguna irregularidad se presenta debe analizarse si resulta trascendental para afectar el debido proceso. (i) El declarante debe retractarse en la vista p�blica de lo narrado antes, es decir, ofrece un relato sustancialmente diverso al que ya hab�a expuesto.

En el caso no solamente neg� haber participado en las diligencias de reconocimiento fotogr�fico y el interrogatorio de indiciado sino que adem�s neg� haber realizado las atestaciones contenidas en dichas diligencias, ello constituye claramente parte de su actitud procesal de retractarse e inclusive a fin de reforzar su nueva versi�n, adujo situaciones que resultaron totalmente inveros�miles, como por ejemplo que el fiscal investigador le hab�a ofrecido una suma de dinero para conseguir unos huesos de ni�o en alguno de los cementerios de Pasto o municipios aleda�os, lo cual no tiene sentido porque el mismo testigo hab�a informado que la ni�a fue conducida hasta la ciudad de Cali, de tal manera que no podr�a aparecer muerta en esta regi�n, como tampoco podr�a asumirse el riesgo de someter tales partes corporales a una prueba de ADN, puesto que ella no resultar�a positiva.

Ello constituye claramente un testimonio rendido en juicio incompatible con las declaraciones anteriores, adem�s de todo lo que ya explic� la Sala para determinar que en el presente caso s� se present� una retractaci�n. (ii) El testigo debe estar disponible para declarar en el juicio, para ser contrainterrogado Este requisito a criterio del delegado del Ministerio P�blico, no se cumpli� teniendo en cuenta la actitud que asumi� el testigo en la audiencia de Juicio Oral, ya que no hubo oportunidad para que la defensa de todos los procesados ejerciera materialmente el derecho de confrontaci�n y contradicci�n, a fin de indagar sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar contenidas en las declaraciones anteriores al juicio oral.

Sin embargo, la facultad es optativa, como as� lo establece el inciso 2� del art�culo 391 del C. de P.P. cuando establece �En segundo lugar, si lo desea,�la parte distinta�a quien solicit� el testimonio, podr� formular preguntas al declarante en forma de contrainterrogatorio que se limitar� a los temas abordados en el interrogatorio directo�.

(negrillas fuera de texto). De tal manera que lo importante es que el testigo est� disponible y resulta facultativo de la contraparte adelantar o no el contrainterrogatorio, como as� lo decidi� el Dr. Neyip Javier O�ate Paz o prepararse tambi�n para reaccionar ante la actitud procesal que pueda asumir la contraparte o el testigo, como atr�s se explic� cuando al parecer era importante para la defensa introducir una manifestaci�n previa rendida ante notaria por, pues con un buen interrogatorio pudo acudir a dicho elemento para refrescar memoria o impugnar credibilidad o requerir la prueba sobreviniente.

Es decir, la oportunidad para la defensa estaba al alcance solo que no la utilizaron o no agotaron el debido proceso probatorio. Aunque tambi�n cabe aclarar que de todas formas antes de que se introdujeran las declaraciones previas, y siendo evidente la retractaci�n del precitado, todos los profesionales del derecho que representan a los procesados ejercieron tambi�n su derecho a contrainterrogar al testigo, indagando entre otras circunstancias por la forma en que fue vinculado a la investigaci�n y las actuaciones en las que habr�a intervenido a lo largo de ella.

Adem�s de lo anterior, para el momento en que se agota la fase de lectura de las declaraciones previas, y una vez que se concede la palabra para contrainterrogar, tambi�n se abordaron con el testigo diferentes puntos, lo cual se llev� a cabo en la audiencia del 8 de noviembre de 2017 a partir de las 2:45 P.M., veamos solo algunas de las preguntas realizadas por parte de los diferentes defensores, para demostrar que el derecho s� se ejerci�.

El doctor Jairo Esteban Ponce Torres, como defensor en ese entonces del se�or LALO  realiz� la siguiente indagaci�n: -Abogado: Se�or GP, �s�rvase manifestar en esta audiencia precisamente si mi representado LALO particip� en lo que ha manifestado la se�ora fiscal en la desaparici�n de la ni�a N.?. -Testigo: No. Eso �es falso o sea tanto como la falsedad entre ellos y los m�os es falso no ha habido ning�n secuestro y ninguna desaparici�n. Doctor Edwin Salazar Garc�a, abogado de la se�ora BDLL : -Abogado: S�rvase expresar, �por qu� motivo conoce a la se�ora BDL? -Testigo: A la se�ora la distingo porque como hab�a dicho o mencionado antes porque ella era la esposa de un t�o m�o entonces a ella la distingo por ese motivo. -Abogado: S�rvase expresar �cu�nto tiempo hace que la conoce? -Testigo: Desde mi infancia se puede decir porque pues yo en ese tiempo viv�a � all� en el Convento y ella pues hac�a para las fiestas de carnavales all� hac�a comparsas entonces yo �ltimamente usaba uno de los disfraces entonces desde ese tiempo yo la distingo a ella. -Abogado: S�rvase expresar ya que se dice que la desaparici�n de la �ni�a PNPN ocurri� el 28 de diciembre del a�o 2014 exprese usted, �cu�nto tiempo hace desde la �poca que usted la conoce a la se�ora BL hasta la �poca en que dicen que desapareci� la menor PNPN usted hab�a dialogado con la se�ora BL? -Testigo: Con ella dialogu� en el 2010 2011 porque ya ella estuvo trabajando con el hijo en los galpones entonces desde el 2011 yo no tuve � contacto con ella. -Abogado: �Desde el 2011 hasta qu� fecha no ha tenido contacto? -Testigo: No hasta ahora se puede decir porque yo no he hablado con ella en ning�n momento. -Abogado: S�rvase expresar don G usted hace alusi�n en su declaraci�n que a usted lo preparaban � dos o 3 d�as antes de la diligencia de reconocimiento fotogr�fico exprese, �Qui�n o qui�nes lo preparaban a usted? -Testigo: A m� me preparaba el sargento Ch�vez, el doctor Nicol�s y David Gil un d�a me preparaba el uno y el otro d�a me preparaba el otro. -Abogado: Cuando lo preparaban, �qu� le dec�an? -Testigo: Que ten�a que o sea yo me mostraba me colocaban las fotos las fotograf�as en una mesa, no escritorio, y me dec�an vea este es el tal �Chamo� o sea este es el tal F lo cual yo a ellos no nunca los distingu�a, entonces yo le dec�a verdad es el �Chamo�, s�, este es el que fue el chofer del Ingeniero Arnulfo el que fue el alcalde en Chachag��, entonces vos tienes que conocerlo me dec�an ah� vos siendo de Chachag�� no lo vas a conocer y no pues que yo soy de Chachag�� pero no viv� en el tiempo que fue alcalde el doctor Arnulfo que dicen yo no estuve en Chachag��, yo estuve en el Caquet� entonces yo por eso a ninguno de ellos lo distingo. -Abogado: S�rvase expresar, �El Convento es, eso es una vereda, un corregimiento y a qu� municipio corresponde? -Testigo: En ese entonces era vereda y entonces cuando yo viv�a por all� era vereda ahora pues ya es como que corregimiento y eso le pertenece a Chachag�� Doctor Carlos Enrique Hurtado Quintana, defensor del se�or EDQM : -Abogado: De acuerdo a su manifestaci�n anterior dice no haber reconocido a mi representado el se�or EDQM sin embargo en el interrogatorio que se le hizo usted dice no haber firmado el contenido de los documentos que se nos puso de presente dice que no son ciertos, eso es as� lo ratifica en este momento. -Testigo: No es eso es falso se�or eso es falso -Abogado: O sea, �a qu� se refiere con decir eso es falso espec�ficamente a qu�? -Testigo: Resulta que cuando a �l le hicieron la captura ya �l fue de �ltimo el capturado, entonces ah� yo no estuve ya en ese en ese reconocimiento no estuve.

Finalmente, en el turno que le correspondi� al doctor Neyip Javier O�ate defensor del se�or JFLB  expres� que no ten�a ning�n inter�s en contrainterrogar, como ya se explic� atr�s. Como se ve el testigo siempre estuvo disponible y dispuesto a responder todas las preguntas que se le hicieron, solo que mantuvo una posici�n coherente con su retractaci�n. Fue tal la disposici�n del testigo a brindar sus respuestas, que inclusive suministr� informaci�n a trav�s del interrogatorio formulado por el delegado del Ministerio P�blico.

Y as� transcurrieron algunas de sus preguntas. -Ministerio P�blico: Don JG � usted al inicio de su declaraci�n el d�a de hoy nos mencion� y adem�s la fiscal lo interrog� sobre qui�nes estaban en la audiencia en Buesaco, usted me dijo que no recordaba a la doctora M�nica Mariana Mora. -Testigo: No, no me recuerdo de ella no -Ministerio P�blico: �De fiscal qui�n estaba, usted se acuerda? -Testigo: s� hab�a una mujer, pero no recuerdo ni el nombre ni el f�sico nada de eso. -Ministerio P�blico: �La fiscal era una mujer? -Testigo: S� una mujer. -Ministerio P�blico: Ya � en ese d�a � le entendemos que le legalizaron su captura. -Testigo: Si ese d�a s� -Ministerio P�blico: Y continu� la audiencia con otras audiencias o se suspendi�, �qu� sucedi�? -Testigo: Esa audiencia no, ya eso fue cortico eso no, fue simplemente el doctor Nico, les habl� y dijo que s� que �l se hac�a cargo de mi persona y que ya y no fue m�s entonces ya terminaron la audiencia ninguna de las partes habl� nada. -Ministerio P�blico: �su abogado no hizo alguna solicitud en esa audiencia? -Testigo: no o sea no �l no dijo nada, dijo �l, �l queda ya � pasa para protecci�n de Fiscal�a no m�s �l no dijo m�s nada. -Ministerio P�blico: �y por qu� iba a pasar a la protecci�n de Fiscal�a? -Testigo: Porque �l hab�a dicho que supuestamente yo era testigo de la Fiscal�a, entonces por eso no me daban no me sub�a digamos a la c�rcel, sino que yo pasaba a manos de protecci�n de la Fiscal�a a ser protegido de la Fiscal�a. -Ministerio P�blico: �Y usted era testigo de la Fiscal�a? -Testigo: pues supuestamente ellos dec�an que yo era testigo de la Fiscal�a por � los falsos papeles �. s� me entiende, dec�an � vos vas a ser testigo de la Fiscal�a dijo y te vamos a dar la libertad � Con lo anterior, concluye entonces la Sala que el testigo s� estuvo disponible para que la defensa ejerciera efectivamente sus derechos.

La declaraci�n anterior debe ser incorporada a trav�s de su lectura, a solicitud de la parte interesada Seg�n da cuenta el tr�mite procesal, este paso se agot� durante el desarrollo de la audiencia de juicio oral que tuvo lugar el 8 de noviembre de 2017 en la sesi�n de la ma�ana, luego de recibirse la ampliaci�n del testimonio de Carlos Am�rico Ch�vez Loaiza y el testimonio de Diana Carolina Guerrero Salazar, lectura que se adelant� respecto del interrogatorio de indiciado y de las actas de reconocimiento fotogr�fico de los se�ores BDLL, EDQM, LALO y JFLB.

Posteriormente al percatarse la judicatura que no qued� registro video gr�fico de esa sesi�n del juicio oral se realiz� reconstrucci�n de lo acontecido a trav�s del acta en la cual participaron tanto el despacho judicial como las partes procesales, lo cual no gener� mayor inconveniente en la medida en que lo fundamental de la audiencia fue la lectura por parte del se�or JGPI de las actuaciones previas en las que se demostr� hab�a intervenido, tr�mite que se adelant� en la audiencia del 8 de diciembre de 2017 y as� qued� registrado en el acta reconstruida.

Aqu� cabe indicar que si bien en el acta inicialmente realizada no qued� muy claro si el testigo realiz� la lectura de las actas de reconocimiento fotogr�fico, sin embargo, en la sesi�n de la tarde de la audiencia del 8 de noviembre de 2017, al realizar la Fiscal�a la solicitud para que se introduzcan tanto el interrogatorio de indiciado como las actas de reconocimiento indic� que se hab�a dado lectura tambi�n a estas, manifestaci�n sobre la cual no se present� ninguna oposici�n por parte de los abogados defensores.

De otro lado, al correrse traslado de la solicitud de incorporaci�n de las declaraciones previas por parte de la Fiscal�a al delegado del Ministerio P�blico, tambi�n confirm� que se hab�a dado lectura a dichos elementos. Es necesario que la parte interesada solicite en el desarrollo del juicio la incorporaci�n de la declaraci�n anterior, como prueba.

Si bien la Fiscal�a al momento de elevar esta solicitud no mencion� el concepto t�cnico de �testimonio adjunto�, fue clara y expresa a la hora de realizar la solicitud para que se introduzca el interrogatorio de indiciado que identific� como evidencia No. 5 y las actas de reconocimiento fotogr�fico, que rotul� como evidencia 6 la relacionada con el reconocimiento de EDQM y la evidencia 7 relacionada con el reconocimiento fotogr�fico de JFLB.

Recordemos al respecto que la Corte explica que no se trata de implementar f�rmulas sacramentales y que cualquier irregularidad se debe analizar desde la �ptica de su trascendencia. As� que a no dudarlo la actuaci�n adelantada permiti� a la Fiscal�a introducir las declaraciones previas de cuya lectura se adelant� en la sesi�n del 8 de noviembre de 2017, como testimonios adjuntos.

Hasta este punto del an�lisis se establece por parte de la Sala, que el tr�mite es legal, la prueba se introduce sin vulnerar el debido proceso probatorio. No obstante, resulta pertinente analizar en este punto otros de los reproches elevados por la bancada defensiva. El Dr. Neyip O�ate Paz, como defensor de JFLB menciona que lo procedente era manejar al testigo PI como hostil y as� introducir la declaraci�n previa, pero como no se le dio ese manejo por parte de la Fiscal, se opuso a la introducci�n lo que no fue aceptado por la Jueza de conocimiento; decisi�n que fue acertada, pues conforme lo explica la CSJ en SP4940-2019, del 13 de noviembre de 2019, reiterando lo explicado en SP del 25 de enero de 2017, Rad. 44950, y del 11 de julio de 2018, Rad 50637, el testigo hostil, es aquel que si bien est� presente en el Juicio Oral reh�sa testimoniar, lo que no ocurri� en el presente caso, en el que JGPI, siempre estuvo presto a contestar, as� sea para negar en parte lo sucedido, porque ya sabemos que hubo aspectos de su intervenci�n en la investigaci�n que s� acept�, de tal manera que el manejo procesal que dio la Fiscal�a en el caso fue el acertado en tanto que lo que oper� como ya lo analizamos en precedencia fue la retractaci�n. Es que adem�s los efectos procesales tambi�n son diferentes pues ya que en caso de manejarse como testigo hostil equivale como lo explica la Corte a la no asistencia del testigo y en ese caso la declaraci�n previa se introducir�a como prueba de referencia, situaci�n que no sucedi� en el presente juicio.

Resulta pertinente tambi�n analizar el reproche elevado por la defensa, cuando se aduce que el interrogatorio de indiciado rendido por JGPI no puede atenderse como prueba de cargo ya que su objeto al momento de rendirse era el de buscar beneficios procesales, en orden a lograr un principio de oportunidad o un preacuerdo. Si bien fue alegado durante el juicio oral, se insiste en dicho cuestionamiento en la apelaci�n, y en ese caso es procedente su estudio porque de todas maneras si en juicio se incorpora una prueba il�cita o ilegal, se debe excluir a efectos de no ser valorada, a�n de manera oficiosa.

Para el caso, independientemente del objetivo procesal pretendido por el acusado, del cual no adujo nada en concreto, dada su retractaci�n, resulta pertinente traer a colaci�n lo previsto en el art�culo 359 inciso 2� de la Ley 906 de 2004, pues lo que se pretende con dicha norma es proteger el derecho de no autoincriminaci�n de quien decida someterse a alguna de las figuras jur�dicas ah� establecidas, para luego y en caso de que no prosperen, dichas actuaciones no se utilicen en contra de esa persona.

Situaci�n muy diferente a la que tuvo ocurrencia en el Juicio Oral, ya que este no se adelanta en contra de JGPI por lo que perfectamente pod�a acudirse a las declaraciones previas a�n si ellas hubiesen involucrado alg�n condicionamiento para su utilizaci�n, pues lo que se trata de preservar es que si en alg�n momento renunci� a su derecho de no auto incriminarse en aras de lograr un beneficio procesal, y ese objetivo no se logra, no pueda cualquier manifestaci�n de culpabilidad ser utilizada en su contra, situaci�n diferente a la que ocurre en el presente caso en tanto que se acude a las declaraciones previas para demostrar la responsabilidad de los aqu� vinculados y no en contra del testigo.

Situaci�n diferente tambi�n a lo sucedido con la se�ora DYPM quien fue convocada al juicio y decidi� no declarar en su contra, en cuyo caso como se resolvi� en su momento no proced�a la incorporaci�n de sus declaraciones previas, puesto que en esta oportunidad PI s� compareci� y rindi� testimonio. Una vez realizado el anterior ejercicio, se debe concretar qu� es lo que la Fiscal�a en concreto incorpor� en el Juicio Oral, como testimonio adjunto.

Respecto del interrogatorio de indiciado, no se encuentra ya ning�n reparo en que s� constituye testimonio adjunto como se acaba de ver. Falta, entonces revisar qu� ocurre con las actas de reconocimiento fotogr�fico, para lo cual debemos establecer c�mo se introdujeron en el juicio y c�mo deben valorarse. Recordemos que seg�n lo explica la Corte, los reconocimientos son actos de investigaci�n, no son una prueba en s� misma, que adquiera tal calidad a trav�s de la introducci�n del acta que da cuenta del reconocimiento como si se tratara de un medio de prueba documental, los reconocimientos constituyen una prolongaci�n de los testimonios, por lo cual no es necesario aportar al juicio el acta.

Adem�s, el reconocimiento fotogr�fico como una de sus modalidades es un m�todo de identificaci�n. En cuanto al resultado del reconocimiento puede hacer parte del testimonio cuando en el juicio el declarante alude a la existencia de dicha actividad investigativa, a los logros obtenidos a trav�s de la misma, o a la forma como se efectu� Indica tambi�n la Corte: �En el caso de los reconocimientos, se tiene que pueden incorporarse a trav�s de quien realiza el se�alamiento o del funcionario que practica el reconocimiento.

Sin embargo, las implicaciones jur�dicas son diferentes en uno u otro caso. En el primero, como el reconocente rinde testimonio ante el juez de la causa y puede, por ende, ser contrainterrogado sobre las circunstancias en que conoci� los hechos e identific� al acusado como quien particip� en la ejecuci�n del punible, la prueba deja de tener car�cter de referencia para mudar en prueba directa, adquiriendo entonces la misma naturaleza del respectivo testimonio.

Si, en cambio, el reconocimiento se introduce a trav�s del funcionario que lo practic� la prueba no pierde su car�cter de referencia. La raz�n es evidente: en ese caso la parte contra quien se aduce, aun cuando puede contrainterrogar al testigo acerca de la forma como realiz� la diligencia de reconocimiento, carece de esa posibilidad frente a las circunstancias en las cuales el reconocente percibi� la ocurrencia de los hechos.

Pero es m�s, y precisamente por desconocer esas particularidades, todo lo declarado por el funcionario sobre �stas girar� en torno a lo que escuch� del testigo directo de los acontecimientos criminales, luego su declaraci�n ser� de o�das�. Como se ve, entonces, las actas de reconocimiento fotogr�fico por s� mismas no son prueba documental ni prueba aut�noma, de ah� que incurri� en error la se�ora Jueza durante el testimonio de Carlos Am�rico Ch�vez Loaiza en su primera intervenci�n, cuando justific� su incorporaci�n indicando que se trataba de prueba documental que se hab�a decretado en las audiencias preparatorias, solo que la defensa no supo canalizar su oposici�n o no lo hizo en el momento oportuno. En lo que s� acert� la Jueza de conocimiento fue en el hecho de que la evidencia puede ingresar como una extensi�n del testimonio ya sea del investigador que adelant� el tr�mite para el reconocimiento o el reconocente, y lo que aconteci� en ese momento fue que se introdujo a trav�s del primero. Veamos entonces, c�mo se introducen las actas de reconocimiento fotogr�fico respecto de cada uno de los procesados y bajo qu� par�metros se debe realizar su valoraci�n. La Fiscal, luego de agotar lo correspondiente a la solicitud para que se incorpore al juicio oral las declaraciones previas del testigo PI, lo hizo respecto del interrogatorio de indiciado que identific� como evidencia No. 5 y las actas de reconocimiento fotogr�fico, que rotul� como evidencia 6 la relacionada con el reconocimiento de EDQM y la evidencia 7 relacionada con el reconocimiento fotogr�fico de JFLB.

No as�, para las diligencias de reconocimiento fotogr�fico de BDLL y LALO ya que estas se hab�an introducido como evidencias 3 y 4, durante el testimonio de Carlos Am�rico Ch�vez Loaiza, raz�n por la cual dichas actas quedaron incorporadas como parte del testimonio de dicho investigador. A prop�sito de estas actas la defensa de la se�ora BDLL expone en su apelaci�n que de las actas de reconocimiento fotogr�fico de ella y el se�or LALO no se corri� traslado material a la defensa antes de que se solicitara su incorporaci�n, sin embargo, revisado el tr�mite en la audiencia de juicio oral, la Fiscal�a sent� las bases de manera suficiente, y no se expuso ninguna oposici�n en el uso de la evidencia documental que hiciera pensar que fuese diferente a la que fue descubierta, pues las objeciones se fundamentaron m�s bien en razones de fondo relacionadas con la persona que podr�a incorporar la prueba, de tal manera que, si alguna omisi�n se present� en ese momento en ese sentido, no es suficiente para declarar la ilegalidad de la incorporaci�n. En definitiva, el hecho de que se hayan incorporado las actas a trav�s del investigador no significa que se trate de pruebas introducidas de manera ilegal, s�lo que su valoraci�n se realiza de manera diferente que la de aquellas que se introducen como testimonio adjunto.

De esa forma, cualquier manifestaci�n del testigo Ch�vez Loaiza relacionada con la responsabilidad de los se�ores BDLL y LALO, percibida a trav�s de esas diligencias constituye testimonio de o�das, siendo su fuente de primer grado identificada, por tratarse del se�or PI, y las actas introducidas como evidencias 3 y 4, constituyen por un lado prueba de referencia respecto de esa responsabilidad y de otro, actos de investigaci�n que permitieron identificar a los procesados, aunque como lo miraremos m�s adelante, ellos ya se encontraban individualizados.

Reprocha tambi�n, pertinente en este punto, lo alegado por el Dr. Neyip O�ate Paz cuando aduce que no se trajeron los �lbumes fotogr�ficos que sirvieron de base para el reconocimiento para poder confrontar al testigo al respecto. No obstante se observa que para el tr�mite procesal que nos ocupa a la Fiscal�a no le interesaba introducir los elementos en su integridad porque ya no se trataba de identificar a los posibles coautores del il�cito, sino introducir aquellos apartes de la informaci�n suministrada por JGPI que permiten aclarar cu�l fue la participaci�n de los vinculados al presente proceso, en el hecho delictivo, ya que adem�s de adelantar ese proceso de identificaci�n realiz� se�alamientos en cuanto a la funci�n desempe�ada por cada una de las personas reconocida en la empresa delictiva.

Resulta ahora necesario ante la retractaci�n del testigo PI y la introducci�n de sus declaraciones previas como testimonio adjunto, determinar cu�l de las versiones conocidas del testigo merece mayor credibilidad. Ser�n valoradas como versi�n anterior, en su conjunto las siguientes declaraciones previas: Interrogatorio de indiciado vertido el 19 de noviembre del 2015 � Introducido como Evidencia 5.

Su existencia se demostr� con los testimonios de Diana Carolina Guerrero Salazar que fue la persona que digitaliz� la actuaci�n como patrullera de Polic�a Judicial del grupo Gaula de la Polic�a Nacional, el Dr. Alfonso Jeremias B�rcenas Rosero como abogado y la Dra. M�nica Mariana Mora C�rdoba como Fiscal Acta de reconocimiento fotogr�fico y video gr�fico realizado en Pasto el 27 de noviembre del 2015, respecto de EDQM � Introducido como Evidencia 6.

Su existencia se demostr� con los testimonios del delegado del Ministerio p�blico Dr. Lucio Rodr�guez Chaves, del abogado defensor doctor Alfonso B�rcenas Rosero y Ariel Leonardo Villota Guevara, quien actu� como servidor de polic�a judicial. Acta de reconocimiento fotogr�fico y v�deo gr�fico realizado en Pasto el 28 de diciembre del 2015, respecto de JFLB - Introducido como Evidencia 7.

Testigos con quienes se demuestra la existencia de la declaraci�n previa, el delegado del Ministerio p�blico Dr. Lucio Rodr�guez Ch�vez, el abogado defensor doctor Alfonso jerem�as B�rcenas Rosero y Diana Carolina Guerrero Salazar quien actu� como servidora de polic�a judicial. Las tres declaraciones previas se introducen como testimonio adjunto de PI en la audiencia de Juicio Oral, realizada en la sesi�n de la tarde del 8 de noviembre de 2017.

Veamos entonces, qu� dijo en el interrogatorio de indiciado PI para luego comparar esa versi�n con lo manifestado en el Juicio Oral. En lo relevante dio a conocer que un d�a para finales de noviembre del 2014, se encontr� con BDLL siendo las 10:00 de la ma�ana y ella le coment� que estaba trabajando con tr�fico de ni�os y de personas, que por cada ni�o pod�a recibir entre 50 a 70 millones de pesos y que ten�a contactos en Cali y en Bogot�.

Da cuenta que tambi�n le mencion� que ya hab�a mirado a la ni�a, pero que necesitaba reunir gente para �robarla� y llev�rsela, y que ya ten�a d�nde entregarla que era en la ciudad de Cali. En esa planeaci�n, al determinar las actividades que deb�an realizar e informar que �l no pod�a manejar se ponen de acuerdo en que �l busque a alguien que lo hiciera que pudiera manejar moto o carro; tambi�n le inform� que ten�a la camioneta o el veh�culo que se utilizar�a pero que se necesitaba adem�s alguien que maneje moto o carro que vaya adelante vigilando si se pod�an encontrar con polic�as o tr�nsito.

Ideado este plan a los dos d�as, cuando �l se encontraba en la granja Jazm�n en el sector de Remolino ella lo llam� a su celular a las cinco de la tarde y le pregunt� si ya lo hab�a pensado, �l a su vez le pregunt� que cu�ntos estaban en el negocio y le inform� que estaban ella, DYPM y un se�or conocido como TL. B le dijo que faltaban dos personas por lo que le encarg� a �l buscar una de ellas, en ese momento le coment� que ten�a un amigo en Remolinos. As� que ese d�a en la tarde llam� a su amigo D y le coment� del plan que ten�a por objeto robar una ni�a y le coment� tambi�n cu�l ser�a su funci�n es decir �ir adelante en una moto mirando que no hubiera polic�a mientras atr�s iba una camioneta�.

De esta gesti�n realizada le inform� luego a B, quien le comunic� que a la ni�a tocaba sacarla del 25 al 31 de diciembre, aunque no le explic� por qu� solo que las personas que la necesitaban estaban para esa fecha en Cali. Le pidi� que precise la fecha y ella le explic� que iba a estar pendiente en San Antonio y Buesaco y que cuando se diera el momento preciso ella lo llamaba a �l para que a su vez �l tambi�n llame a D y lleguen a San Antonio o a Buesaco y estuvieran pendientes.

As� que estuvieron en contacto permanente 3 a 4 d�as antes del 28 de diciembre y en cuanto ella mirara a la ni�a le dir�a que llegu� al sitio acordado con D momento en el cual deber�a llegar al corregimiento de San Antonio. Efectivamente, el 28 de diciembre recibe la llamada tipo 9 de la ma�ana y le inform� que deber�an salir y que ella estaba en San Antonio momento en el cual llam� a D quien para ese momento tambi�n estaba en Remolinos as� que �l lleg� en una moto y lo recogi� iniciando su recorrido, durante el cual recibi� otras llamadas de B y le indic� que deb�a entrar por COMFAMILIAR por una carretera que va a Cimarrones y pasar por Pasisara para luego llegar a San Antonio.

As� lo hicieron, y una vez en dicho sitio fueron a la iglesia y luego a una tienda, para esperar la siguiente llamada, cuando ello ocurri� confirm� que ya se encontraba en San Antonio, por lo que B les dijo que ella hab�a llegado a Buesaco por lo que deb�a ir all� para encontrarse en un asadero de pollos. Una vez en dicho sitio se encontraron con las se�oras B y Y, en total refiere que se encontraron cinco personas, momento en el cual les inform� que la camioneta ya estaba lista y que la hab�a alquilado en Popay�n. Informa que el color de la camioneta era rojo aunque no mir� la placa e inform� que el conductor de dicho veh�culo era un muchacho y que era conocido de ella, aunque en ese momento no supo qui�n era el conductor.

Da a conocer que en principio se les estaba asignando a �l y a D, la tarea de ir por la ni�a, lo cual no acept�, as� que decidieron que lo har�an las dos mujeres. De esa forma B, Y y T salieron en la camioneta y �l con D estar�an pendientes delante de la camioneta con la moto. Se dio la instrucci�n tambi�n de que al momento en que tuviesen a la ni�a si ella intentaba correr T o �l la deb�an coger.

Una vez ultimados estos puntos, salieron e ingresaron por Villa Moreno, luego pasaron al corregimiento de San Antonio, llegaron a la vuelta del coliseo y mir� que todav�a estaban jugando con agua, y se parquearon al frente de la Iglesia, momento en el que las dos se�oras se bajaron de la camioneta y empezaron a dar vueltas, momento para el cual �l se ubic� en el Plat�n de la camioneta.

Relata el testigo que pasaron 10 minutos y B lo llam� y le dijo que le diga al conductor que prenda la camioneta y que la lleven hacia el cementerio, una vez en dicho sitio voltearon y llegaron al coliseo. Al dar la vuelta dijeron que ya ten�an vista la ni�a que regresaran despacio y que D ponga cuidado adelante. El testigo mir� a la ni�a que estaba por ah� a unos 5 metros por la entrada del colegio, momento en el que B le hizo se�as que ah� estaba la ni�a, as� que �l se baj� y abri� la puerta, a la vez que Y subi� a la ni�a y luego el atr�s, as� sujet� a la ni�a, por lo que ella qued� sentada en medio de los dos y B amordaz� a la ni�a quien forcejeaba y lloraba.

Luego quedaron en la parte de adelante en la camioneta T y B y la camioneta arranc� saliendo por la v�a de Pasisara y luego a Cimarrones hasta llegar a la Panamericana, pasaron por el peaje y siguieron el recorrido por el transcurso de m�s o menos una hora y antes de llegar al Remolino en el caser�o que se llama Viento Libre, B le dec�a que se quedar� con ella y que la acompa�e a Cali o a Popay�n a dejar a la ni�a, �l no acept� porque deb�a ir a al trabajo de los pollos en Remolino y quedaron en que despu�s de cuatro d�as le pagar�a. Entonces en ese punto de Viento Libre se detiene la camioneta, y �l pas� a la moto con D, por lo que B se pas� a la parte de atr�s. �l le pregunt� a D y le dijo que �l los acompa�aba hasta Popay�n, as� que sigui� en la moto hasta llegar a Remolinos donde se qued� en los galpones para seguir trabajando y D sigui� en la moto acompa�ando la camioneta.

Se enter� luego por una llamada telef�nica que realiz� a D, que efectivamente �l lleg� hasta Popay�n, donde le entregaron los vi�ticos para pasar la noche en dicha ciudad y se devolvi� al d�a siguiente. Informa adem�s el testigo, que a los dos d�as de estos hechos B los llam� para hacerles entrega del pago, se reunieron en el sector donde se ubican los mototaxistas en el sector de Remolino y ah� le entreg� a D la suma de $ 3.900.000 y a �l el mill�n de pesos que era lo convenido.

Que le pregunt� c�mo les fue con la vuelta y les inform� que bien. Adem�s de lo anterior en las actas de reconocimiento fotogr�fico, mencion� respecto de la realizada sobre EDQM que �l es a quien conoce como D y desempe�� la funci�n de campanero. Y respecto de JFLB indic� que lo reconoce como el conductor. Veamos ahora qu� dijo PI en su intervenci�n en Juicio Oral.

Mencion� entre otras circunstancias sobre las cuales ya se han tocado algunos puntos en otros apartados de esta decisi�n, que �nicamente firm� un documento en blanco en el que se plasm� su firma y su huella, con el objetivo de cobrar una recompensa, y que no realiz� ninguna incriminaci�n en contra de otras personas, que todo lo que se dice en las declaraciones previas es falso, que fue aleccionado para las diligencias de reconocimiento fotogr�fico, que �l no las hizo, que se enter� de los hechos por los noticieros, y que todos los funcionarios y funcionarias, as� como el personal de polic�a judicial, est�n mintiendo.

Al hacer la comparaci�n entre la versi�n anterior y la rendida en juicio, sin duda, las declaraciones previas analizadas en su conjunto son las que dan a conocer la forma en que ocurri� el hecho delictivo y sus autores, ya que en ellas el se�or PI realiza su relato de manera tan circunstanciada, que permite conocer las diferentes etapas del hecho delictivo en lo que se refiere a la ideaci�n del plan, su ejecuci�n y los momentos inmediatamente subsiguientes.

Indica adem�s lugares precisos de partida, recorrido llegada y retiro, as� como los tiempos principales del accionar del grupo delincuencial. Por ejemplo, cuando menciona que el d�a de los hechos recibi� cerca de las 9:00 de la ma�ana la llamada que esperaba de B quien le informa que ya deben salir para ejecutar el plan; as� se encuentra con D e inicia el recorrido, y despu�s de varias llamadas coordinan el sitio de encuentro en el municipio de Buesaco donde proceden a consumir algo de alimentos y bebidas.

Hay una ubicaci�n temporo-espacial del testigo quien hace un relato coherente y secuencial que dif�cilmente resulta en cualquiera de sus aspectos inveros�mil, a diferencia de su intervenci�n en juicio oral cuando de manera contraevidente neg� haber realizado el interrogatorio de indiciado o las actas de reconocimiento; lo que oblig� a la Fiscal�a a llevar prueba para demostrar la existencia de esas declaraciones previas, pero al hacerlo adem�s qued� totalmente demostrado que en esas actuaciones se consign� en las actas lo que el testigo iba refiriendo y en ning�n momento que ya estuviesen sus contenidos elaborados o que haya suscrito documentos sin un contenido escrito.

Adem�s de lo anterior en cuanto a la consistencia del relato del testigo PI, se tiene que algunos de los detalles suministrados fueron corroborados o coinciden con varias de las circunstancias que rodearon los hechos conforme a lo narrado por la madre de la ni�a NENI y lo que logr� averiguar el investigador. Por ejemplo, cuando menciona que al llegar al sitio de San Antonio observ� que todav�a la gente estaba jugando con agua, lo que fue tambi�n mencionado por NENI durante su relato, pues fue en medio de dicho juego que la ni�a lleg� con su ropa mojada a la casa, procedi� a cambiarse y luego salir.

El espacio temporal informado por PI coincide tambi�n con lo informado por la madre de la menor, cuando se establece que efectivamente se dej� de tener noticia de ella ese d�a 28 de diciembre de 2014 en horas de la tarde. De otro lado, la descripci�n del lugar de los hechos que suministra la madre de la ni�a v�ctima NENI, coincide totalmente con la descripci�n que realiz� PI en el interrogatorio de indiciado, a la vez que coincide con la verificaci�n realizada por el investigador Carlos Ch�vez Loaiza.

PI describe el lugar donde estaciona la camioneta y el lugar exacto en el que la ni�a es raptada, que fue cuando mir� a B y Y en la entrada del colegio, momento en el cual la ni�a estaba a 5 metros. Si bien, en este punto la defensa de LALO, afirma que debi� realizarse registros fotogr�ficos para otorgar credibilidad a los relatos de la madre y el investigador, no resulta acertada tal apreciaci�n, ya que ante el principio de libertad probatoria, los detalles suministrados son tantos que resulta f�cil reconstruir la ruta final seguida por la ni�a desde su casa hasta que es raptada, as� como aquella que siguieron sus captores, porque adem�s los testigos NENI y Carlos Ch�vez Loaiza se apoyaron en evidencia ilustrativa que fue dise�ada y expuesta en audiencia de juicio oral de manera espont�nea, clara y coincidente, confirmando adem�s la existencia de varios de los puntos se�alados por PI quien de no conocerlos o no haber estado en contacto con ellos no los mencionar�a, como el colegio, el coliseo o la iglesia.

Se tiene tambi�n, conforme al relato de la madre, que ella se percata con relativa rapidez de la ausencia de su hija, y pese a que inicia inmediatamente su b�squeda no fue encontrada, no olvidemos en este punto que, de acuerdo con su descripci�n del sitio y la confianza que le generaba, se trata de zona rural, que no se caracteriza por representar peligro para cualquier persona.

El hecho de que no fuera encontrada pese a la r�pida reacci�n de los familiares en la b�squeda se explica porque la ni�a fue movilizada por parte de sus captores en un veh�culo automotor, y extra�da con rapidez de su entorno, lo cual impidi� que fuese encontrada en los alrededores de su lugar de residencia o en las zonas que eran frecuentadas por ella.

Se explica tambi�n porque la ni�a fue alejada totalmente de su lugar de residencia a kil�metros de distancia si se compara la ubicaci�n del corregimiento de San Antonio, la ruta del municipio de Chachag�� y el corregimiento de Remolinos, que en el relato de PI, fue recorrido por espacio de una hora. Otro detalle que se conoce seg�n lo informado por NENI es que su hija estuvo tambi�n jugando, y que lleg� a cambiarse la ropa que ya no quer�a que la mojen, luego de hacerlo escuch� que se iba a donde do�a Rosa Edilma quien tiene una tienda, m�s sin embargo se enter� despu�s que le hab�a escuchado mal porque en realidad hab�a llegado a donde la t�a I, dato que obtiene porque cuando hace averiguaciones y se encuentra con vecinos entre ellos el se�or Tulio y la se�ora Vianek, le inform� el primero que mir� a la ni�a en la curva y la segunda que la mir� entrar a la casa de I es decir a donde la t�a de la ni�a y que le dec�a �t�a I �brame la puerta� en repetidas ocasiones y golpeando la puerta.

Tambi�n se observa en el esquema que realiz� de manera ilustrativa, que en la ruta que utiliz� la ni�a, se encuentra primero la tienda, enseguida la casa de la t�a y luego el colegio, este �ltimo sitio mencionado por PI como aquel en el que estando la ni�a a 5 metros fue raptada. En ese esquema se observa perfectamente que el sitio mencionado por el testigo coautor, es decir el colegio efectivamente queda cerca del �ltimo lugar en el que fue vista la ni�a, en una curva luego de la casa de su t�a I. Se trata de un detalle que �nicamente pod�a conocerlo qui�n directamente actu� en los hechos, pues la familia no ten�a ni idea de que la menor fue raptada en el mismo sitio en el que fue vista por �ltima vez de ah� que la b�squeda la realizaron en el corregimiento, en zonas aleda�as y lugares que ella frecuentaba, lo cual no dar�a ning�n resultado.

PI tambi�n suministra un dato que en principio era desconocido en cuanto al veh�culo utilizado para el traslado de la ni�a, que fue una camioneta de color rojo, lo que fue corroborado por la madre de la ni�a, ya que su padre y su t�o P, le comentaron que efectivamente hab�an mirado pasar una camioneta gris y una camioneta vino tinto con vidrios polarizados pero que trataron de pararla y abrirle las puertas, pero que estaban con seguro, ya que la costumbre es que cuando pasa un veh�culo a veces abren las puertas para bajar a las personas y mojarlas, lo que se puede hacer porque por lo general los veh�culos transitan de manera lenta.

En cuanto a la investigaci�n adelantada por Ch�vez Loaiza, se tiene que �l da cuenta en su testimonio que se traslad� hasta el lugar de los hechos y pudo corroborar en terreno el recorrido que realizaron PI y sus compa�eros, realizando un esquema en el que se observa el punto donde est� el colegio y luego el recorrido que se hace hacia el cementerio y luego el recorrido que se hace de regreso hacia el colegio, as� como ubica tambi�n el coliseo que queda cerca al colegio y la curva donde fue vista por �ltima vez la ni�a. Confirma tambi�n que existe un punto denominado �El Convento� que fue la ruta indicada por el testigo como aquella que utilizaron para retirarse del lugar de los hechos y por ello nos podemos percatar de que efectivamente la camioneta pasa por el frente del lugar donde resid�a la menor, lo que corroborar�a la informaci�n que fue obtenida acerca del paso de la camioneta por el lugar donde estaba la gente jugando a echarse agua, lo que coincidir�a con la informaci�n obtenida por la madre de la v�ctima a trav�s de su padre y t�o. De esta forma el testigo investigador corrobora la existencia de los sitios se�alados por PI al igual que los se�alados por la madre de la ni�a. Con todo lo anterior, resulta irrelevante el dato de la huella que indicar�a el lugar donde estuvo estacionada la camioneta utilizada para el hecho delictivo, pues antes que haber realizado alg�n tipo de registro o estudio sobre ella, lo cual era dif�cil por la multiplicidad de variables a tener en cuenta, dado el paso del tiempo y los factores clim�ticos, se encuentra como dato m�s importante aquel mencionado por PI como el lugar del rapto que es a 5 metros del colegio, puesto que dicha locaci�n existe y se ubica cerca al sitio en el que fue observada por �ltima vez la ni�a y por supuesto se trata de una edificaci�n que no va a tener modificaciones en cuanto a su ubicaci�n. Igualmente, entre muchas otras inconsistencias del testimonio rendido en juicio, se encuentra que el testigo conoce y as� lo expres� en algunos de los apartes de su testimonio y lo ratific� durante el interrogatorio adelantado por el delegado del Ministerio P�blico, que en la audiencia de imputaci�n particip� en representaci�n de la Fiscal�a una funcionaria solo que no se acuerda su nombre, y sabemos que es durante esa actuaci�n que surge su iniciativa de brindar informaci�n acerca de las otras personas que intervinieron en el il�cito, m�s sin embargo en la fase de su retractaci�n hace menci�n a que en esa actuaci�n intervino el fiscal Nicol�s, lo cual claramente denota su inter�s simplemente de faltar a la verdad en el Juicio Oral, cuando adem�s la doctora Mariana M�nica Mora ratific� que fue ella quien adelant� esa actuaci�n porque el fiscal titular de la investigaci�n no se encontraba en la ciudad.

Se concluye entonces, que la versi�n suministrada por PI en sus declaraciones previas merece mayor credibilidad que la entregada en la audiencia de Juicio Oral, por lo que concierne ahora precisar cu�l es la informaci�n que se obtiene de los testimonios adjuntos rendidos por �l y que conforme al an�lisis ya realizado constituyen medio de prueba directo y no prueba de referencia. Y ello es as� porque la Corte Suprema de Justicia, acogi� la f�rmula de aceptar este tipo de testimonios, si se cumple con los requisitos para su incorporaci�n como ocurre en el presente caso.

Definido lo anterior, pasa la Sala a determinar qu� es lo que se desprende del testimonio adjunto, encontrando que este permite individualizar a varios de los autores del il�cito y sus roles en el hecho, as�: Sobre BDLL mencion� que la conoce hace unos 10 a�os respecto de la fecha de declaraci�n, el esposo trabaja en construcci�n se llama Mes�as L�pez estuvo trabajando igual que �l en el galp�n en el a�o 2010, que tiene un hijo que se llama Carlos L�pez.

Explica tambi�n que la conoc�a muy bien, porque viv�a en la vereda El Convento que pertenece al municipio de Chachag��, porque viv�a en la misma vereda que �l viv�a, y la describi� f�sicamente, indic� que fue la persona que lo incluy� en el plan delictivo. En cuanto a LALO, indic� el testigo que lo conoce como TO�O L�PEZ, que reside en El Convento, que el pap� se llama Antonio L�pez, y tiene una familiaridad, primos como en tercer grado, con la se�ora B. Tambi�n lo describe f�sicamente.

Como se ve, las actas de reconocimientos fotogr�ficos de BDLL y LALO, que fueron introducidas como prueba de referencia, fueron de utilidad para lograr su identificaci�n, aunque ello adem�s fue objeto de estipulaci�n probatoria, pero con los datos suministrados por PI, ya se encontraban individualizados en la medida en que los conoc�a de tiempo atr�s. Ahora, en cuanto al papel desempe�ado por los anteriores, acorde al relato de PI, se determina que BDLL ser�a la persona que tuvo la iniciativa de organizar el plan delincuencial, quien le inform� que estaba inmiscuida en la trata de personas, actividad en la cual pagaban ciertas sumas de dinero, especialmente por menores de edad, y que ya ten�a el contacto en la ciudad de Bogot� y no solo eso sino que ya ten�a escogida a su v�ctima que en este caso result� ser PN.

LALO corresponde a una de las personas de apoyo, que acompa�� a BDLL en la camioneta no solo en su arribo al sitio de sustracci�n de la ni�a sino de su retiro, quien adem�s estar�a pendiente de bloquear a la v�ctima en caso de que pretendiera huir. Respecto de EDQM, indic� PI en su interrogatorio de indiciado que lo conoce hace unos 2 a�os atr�s por su nombre de D, aunque no sabe cu�l es el apellido, se ha percatado que cambia de casa muy a menudo, y se dedica al moto taxismo.

Suministra su descripci�n f�sica. Por lo anterior ten�a bases para realizar su reconocimiento en el tr�mite que permiti� su identificaci�n, lo cual se complementa con la estipulaci�n realizada sobre su plena identidad. El precitado fue la persona contactada por PI para asegurar el escape del grupo delincuencial vigilando que no se encontraran con autoridades de tr�nsito o polic�a, lo cual se adelant� a trav�s de una motocicleta en lo cual ten�a experiencia, puesto que no solo PI dio a conocer que se dedicaba a dicha actividad, sino que adem�s el mismo QM al rendir testimonio en su propio juicio mencion� como su actividad principal el mototaxismo.

Veamos ahora qu� ocurri� en cuanto al proceso de individualizaci�n e identificaci�n de JFLB. En principio el testigo PI, mencion� que a la persona que fue contratada por BL para conducir la camioneta no la conoc�a y no sab�a c�mo se llamaba, solo sab�a que era amigo de ella, por lo que a diferencia de los anteriores no exist�a un conocimiento previo que permitiera contar con datos de individualizaci�n, en vista de lo cual es necesario revisar si contaba con bases que le permitieran intervenir en el tr�mite de reconocimiento fotogr�fico.

Encontramos en el relato del testigo que describe varios espacios temporales en los cuales entra en contacto visual con el conductor de la camioneta, as�: Lo observa por primera vez cuando se unen �l y D con los otros integrantes del grupo en el municipio de Buesaco donde ya se encontraba BDLL con AL y con la camioneta. Un segundo momento se presenta cuando menciona PI que iba en el plat�n de la camioneta, pero a la llegada al corregimiento de San Antonio cuando se parquea la camioneta, le dijeron que mejor ingresara al carro porque de pronto lo pod�an reconocer.

Un tercer episodio cuando recibe la orden de que le informe al conductor que lleve la camioneta, que se movilice hacia el sitio en el que ya hab�a sido ubicada la menor. Un �ltimo momento ocurre cuando ya las dos mujeres tienen en su poder a la ni�a, y PI abre la puerta de la camioneta e ingresan a la ni�a y �l queda en la parte de atr�s, al lado de ella e inician la acci�n de escape en un recorrido que dur� aproximadamente una hora hasta que en el punto conocido como Viento Libre se pasa a la motocicleta que era conducida por D. En esas condiciones, si bien PI no conoc�a con anterioridad al conductor de la camioneta, se encuentran bases para determinar que, gracias a ese contacto visual en al menos cuatro momentos fundamentales, pudo identificar a la persona que le fue presentada en el reconocimiento fotogr�fico, sin que en el Juicio Oral la defensa haya demostrado que se present� alg�n error en el procedimiento adelantado.

De esa manera ante la contundencia de la prueba presentada por la Fiscal�a en el Juicio Oral, se debilita la prueba presentada por la defensa de cada uno de los procesados, porque adem�s la delegada del ente acusador al momento de adelantar su contrainterrogatorio logr� con solvencia determinar aplicando la t�cnica para impugnar credibilidad prevista en el art�culo 403-2 de la Ley 906 de 2004, que la capacidad de rememoraci�n de los testigos se encontraba limitada a la fecha espec�fica del 28 de diciembre del 2014 sin recordar sucesos anteriores o posteriores a esa fecha.

De hecho, algunos de los defensores presentaron oposici�n a la forma en que se abord� el contra interrogatorio por parte de la Fiscal�a respecto de sus testigos, ya que inclu�a tem�ticas que no hab�an sido abordadas en el directo relacionadas con las actividades desarrolladas por los procesados y los sitios en los que hab�an estado para el d�a 28 de diciembre del 2014.

La oposici�n no fue aceptada por parte de la Jueza de conocimiento, y de manera acertada ya que perfectamente pod�a la Fiscal�a abordar temas diferentes al indagar respecto de la credibilidad del testigo, como lo establece el art�culo 403-2 ya citado. Tambi�n lo explica la Corte Suprema de Justicia, en su decisi�n AP4281-2019 del 2 de octubre de 2019, radicado No. 55798: �(�) los temas concernientes a la credibilidad son pertinentes en el contrainterrogatorio, independientemente de que la Fiscal�a haya abordado esas tem�ticas en el interrogatorio directo, por la raz�n elemental de que la posibilidad de impugnaci�n no puede estar limitada por quien presenta la prueba�.

Este m�todo de impugnaci�n de credibilidad fue utilizado en el contrainterrogatorio por parte de la Fiscal�a con todos los testigos, como sucedi� con ANDR�S ALONSO ANGULO CHAVES quien aduce que para la fecha del 28 de diciembre del 2014 BDLL se encontrar�a en la ciudad de Cali participando de una actividad religiosa, pero no logr� diferenciar ese d�a de cualquier otro domingo anterior o posterior o de otros a�os o por qu� no recordaba detalles de los d�as anteriores y posteriores a ese d�a. De otra parte, conforme a los escritos que sustentan la apelaci�n, se resalta por parte de los diferentes defensores una cr�tica en cuanto a que la Fiscal�a no adelant� una investigaci�n integral aportando entre otros elementos la informaci�n relacionada con las llamadas entrantes y salientes del tel�fono celular que fue incautado a PI, para el momento de su captura y que seg�n su testimonio ser�a el que tambi�n utiliz� cuando estuvo en comunicaci�n con BDLL para la fecha de los hechos.

Se reprocha tambi�n que no se descubriera unas entrevistas que se aduce hab�an sido rendidas al parecer los d�as 15 de junio del 2015 y el 23 de septiembre del 2016 por parte de Yaneth Roc�o Colimba Nausil, seg�n lo mencionan la defensora del se�or LALO y el defensor del se�or JFLB y que al parecer los favorecer�a, igualmente este �ltimo consider� que eran necesario que se aportaran los �lbumes fotogr�ficos de las actas de reconocimiento para establecer si exist�a alg�n error que debilitara el resultado de esa actuaci�n investigativa.

No obstante, debe recordarse que dado que el sistema procesal penal vigente es del tipo adversarial la Fiscal�a como parte acusadora ten�a la facultad de aportar aquellas pruebas que seg�n su criterio pod�an sustentar su teor�a del caso dirigida a demostrar la responsabilidad de los procesados que como sabemos se centr� ante todo en el testimonio de PI y la madre de la ni�a v�ctima, as� como sus actividades investigativas seg�n lo relat� Ch�vez Loaiza.

De tal forma, que si la defensa conoc�a de la existencia de unas entrevistas en poder de la Fiscal�a, y se percat� que no fueron descubiertas, bien pudo en audiencia de acusaci�n pedir su descubrimiento para dirigir su investigaci�n defensiva, o si de ello se enter� con posterioridad tambi�n ostentaba la facultad de requerirlas para la audiencia preparatoria para conocer su contenido y solicitar la pr�ctica del testimonio o debidamente justificado acudir al derecho en el juicio de pedir una prueba sobreviniente.

O al menos intentar su recaudo, porque sabemos que existe tambi�n un derecho de no autoincriminaci�n que bien puede ejercerse como lo hizo DYP o igual pod�a tambi�n suceder que la testigo decidiera declarar pese a su vinculaci�n como lo hizo PI. Adem�s, el equipo defensivo ostenta en el sistema procesal penal vigente, el derecho a adelantar su propia investigaci�n, por lo que pudo realizar el seguimiento correspondiente a las comunicaciones adelantadas por PI a trav�s de su tel�fono celular, m�s a�n cuando era de su conocimiento que no fue incluido ning�n EMP al respecto en los diferentes escritos de acusaci�n y tampoco hubo alg�n complemento al respecto en la audiencia correspondiente.

De la misma forma, la defensa ten�a la carga de revisar el tr�mite realizado respecto de los reconocimientos fotogr�ficos y si alguna inconsistencia encontraba poner al tanto de ello a trav�s de las pruebas correspondientes en la audiencia de juicio oral, ya que no basta mencionar que se impidi� la controversia en el juicio lo que no es cierto, cuando los EMP al respecto fueron descubiertos en los escritos y audiencia de acusaci�n y qued� la defensa facultada para adelantar la verificaci�n acerca de la forma en que se elabor� el �lbum fotogr�fico, interrogando inclusive al respecto en el juicio, como efectivamente se hizo, porque el procedimiento adelantado fue ampliamente expuesto en la audiencia de juicio oral en la sesi�n de la tarde de octubre 12 de 2017, por el testigo CARLOS CHAVES LOAIZA.

Esta perspectiva equivocada de la forma en que se debe adelantar la investigaci�n puede llevar a omitir informaci�n importante que debe llevarse al juicio a trav�s de medios de conocimiento v�lidos para ser valorados por la judicatura, para que no se quede en el plano de las suposiciones. Raz�n por la cual el hecho de que la Fiscal�a no haya llevado al juicio toda evidencia recogida en la investigaci�n no demerita el valor suasorio de lo que efectivamente se incorpor� como prueba.

Encontr� adem�s la juzgadora de primera instancia varias inconsistencias en los testimonios presentados a favor de BDLL, LALO EDQM y JFLB que no es del caso repetir en esta instancia, y que podr�an en otros casos no ser relevantes, resulta que ante la contundencia del testimonio adjunto de PI deteriora la credibilidad de aquellos. N�tese tambi�n que los �nicos que se desplazaron desde afuera del sector de San Antonio eran PI y QM, por lo que dependiendo del lugar donde estuviesen los dem�s siendo residentes del sector bien pudieron ser observados en la misma fecha de los hechos en sus actividades rutinarias o en aquellas propias del 28 de diciembre al menos en horas de la ma�ana, por tratarse de zonas cercanas al lugar de los hechos, o que se encontraban en la ruta de acceso y escape.

En ese sentido, se cita por PI que en la ruta seguida de ingreso deb�an pasar por el sitio donde queda COMFAMILIAR tal como les recomend� BDLL. Si este sitio es cercano al lugar de los hechos, es factible que efectivamente el testigo Carlos Alberto Tuapante, cuando pasaba a COMFAMILIAR haya observado a JFLB. En conclusi�n, la defensa no present� prueba para controvertir el testimonio adjunto de JGPI, tanto en el proceso de autenticaci�n de las declaraciones previas como en su contenido, lo cual se pod�a adelantar conforme a lo previsto en el art�culo 441 de la Ley 906 de 2004, igual como sucede con la prueba de referencia sobre la que tambi�n se puede refutar o impugnar credibilidad.

En ese sentido y a manera de ejemplo se tiene lo aducido por BDLL en el escrito por medio del cual coadyuva a su defensor en la sustentaci�n de la apelaci�n, ya que refiere que el testigo PI, la habr�a involucrado es su interrogatorio de indiciado por motivos de venganza relacionados con hechos sucedidos para la �poca en la que trabajaron juntos en el a�o 2011, sobre lo cual no se aport� ninguna prueba ni informaci�n en el juicio oral, lo cual hubiese sido una estrategia pertinente para impugnar credibilidad.

Tampoco se presentaron medios de conocimiento que permitan corroborar las versiones suministradas por los testigos que ubican a los procesados en lugares distintos al que expuso el testigo JGPI Parcializaci�n de la Jueza de primera instancia Entre los argumentos expuestos por la defensa se expres� que la decisi�n de primera instancia se denota parcializada por las siguientes razones: i) Por invocarse a DYPM, sin que haya ingresado alguna versi�n de su parte al Juicio Oral. ii) Por no haberse tramitado en el Juicio Oral la nulidad deprecada por la defensa de la se�ora BDLL respecto al decreto probatorio de la prueba de refutaci�n. Frente a lo primero, se advierte que la informaci�n que se cita en la sentencia respecto de DYPM se realiza tomando la hip�tesis planteada en la acusaci�n de la Fiscal�a y era necesario hacerlo porque ella al parecer ser�a quien mencion� como posible part�cipe del hecho a FII quien en definitiva fue absuelto y no se interpuso recursos en contra de esa decisi�n, por lo cual no resulta procedente ahondar en ese aspecto, y no puede tenerse tampoco como base que indique que el an�lisis de primera instancia sea parcializado.

En cuanto a lo segundo, la solicitud de nulidad elevada resultaba totalmente improcedente y deb�a rechazarse de plano porque lo que pretend�a la defensa de la se�ora BDLL era que perdiera vigencia el decreto de la prueba que en definitiva tuvo la utilidad de demostrar la existencia de las declaraciones previas de JGPI, decisi�n que no pod�a ser atacada a trav�s de la v�a procesal de la nulidad, si acaso y �nicamente por medio del recurso de reposici�n y en el momento en que se adopt� la decisi�n y no cuando ya se hab�a iniciado la pr�ctica probatoria.

Para el efecto basta recordar el criterio final adoptado por la CSJ, al respecto, entre otros en AP1392-2021, 21 abr. 2021, Rad. 57164, en los siguientes t�rminos: �[�] Por ello, se ha reiterado que los criterios analizados deben aplicarse dentro del contexto de las garant�as del debido proceso probatorio, raz�n por la que se ratific� que �contra la decisi�n de admitir una prueba no procede la apelaci�n, salvo que se est� discutiendo la violaci�n de garant�as fundamentales en los �mbitos de la exclusi�n o el rechazo�.

Es decir que por haber adoptado la decisi�n de rechazar de plano una solicitud de nulidad totalmente improcedente de ninguna manera puede dar pie a considerar que la Jueza de conocimiento se encuentra parcializada, al contrario, actu� con apego a la legalidad. Coautor�a Se aduce por la bancada defensiva que la Jueza de primera instancia no estaba habilitada para imponer condena acudiendo a la figura de la Coautor�a. De manera espec�fica, la defensa de BDLL alega que la Fiscal�a no demostr� la divisi�n de trabajo entre quienes intervienen, o cu�l era la funci�n de cada una de las personas a quienes se investig� ya sea con un control compartido o con dominio de las acciones y cu�l era el objetivo fundamental que los motivaba a la comisi�n de una conducta ni tampoco el roll que cada uno de los sujetos ten�a que realizar o llevar a cabo.

Por su parte la defensa de JFLB expres� que en el proceso de construcci�n de la coautor�a a que aduce la A Quo, en la sentencia recurrida, no existen pruebas dentro del juicio que permitan hacer ese juicio de coautor�a, y el an�lisis realizado en la sentencia frente a dicho instituto jur�dico, rompe con el principio de igualdad de partes, puesto que quien busc� demostrar la coautor�a fue la jueza de conocimiento.

La Fiscal�a no demostr� c�mo se conform� la empresa criminal, cu�ndo y c�mo se dio el acuerdo previo para cometer el delito; y mucho menos se determin� por el ente investigador la divisi�n del trabajo y la eficacia de la colaboraci�n de cada uno de los procesados en el delito investigado, pues este an�lisis sistem�tico y dial�ctico lo hizo la A Quo.

Al analizar estos reproches, encuentra la Sala que no tienen un sustento procesal ni probatorio s�lidos, como para afirmar por un lado que fue la juzgadora quien por iniciativa propia atribuy� a los procesados haber actuado como coautores, en virtud de que la imputaci�n jur�dica registrada en los diferentes escritos de acusaci�n endilg� a todos sus destinatarios haber actuado como coautores.

De otro lado, tampoco puede aducirse que la juzgadora impuso condena por esta forma de participaci�n delictiva sin sustento probatorio, en la medida en que la prueba aportada conforme al an�lisis previo, en la versi�n suministrada por el testigo en su interrogatorio de indiciado y en las diligencias practicadas para el reconocimiento fotogr�fico, corroborada con prueba directa y de referencia, se describen las tres fases del punible de desaparici�n forzada del que fue v�ctima PN, relacionadas con la planeaci�n, ejecuci�n y consumaci�n, as� como el papel desempe�ado por cada uno de los integrantes del grupo, que debe entenderse corresponde seg�n el contexto f�ctico expuesto por la Fiscal�a al de la coautor�a impropia.

Miremos, lo que explica la Corte al respecto, en SP1175-2020, del 10 de junio de 2020, radicado No. 52341, cuando indica: �Recu�rdese que, conforme lo dispone el art�culo 29 del C�digo Penal, es autor �quien realice la conducta punible� y coautores aqu�llos que �mediando un acuerdo com�n, act�an con divisi�n del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte�.

A su vez, la coautor�a ser� propia si los sujetos �acordados de manera previa o concomitante, realizan el verbo rector definido por el legislador�, e impropia cuando no todos los concertados ejecutan el verbo rector, sino que act�an con �divisi�n del trabajo� y �sujeci�n al plan establecido�. En ese sentido, a no dudarlo en el caso, se demostr� que BDLL, LALO, EDQM y JFLB actuaron como coautores en la modalidad impropia, ya que hubo una inicial planeaci�n y organizaci�n por parte de la primera de las nombradas, qui�n adem�s tendr�a los contactos en la ciudad de Cali para entregar a la ni�a que ser�a sustra�da en el sector de San Antonio, quien adem�s fue la persona que escogi� a la v�ctima, plan al que se uni� desde su inicio JGPI.

Se denota adem�s que hubo una coordinada distribuci�n de tareas y funciones, el campanero, el conductor, aquellos que sustraer�an a la ni�a de su entorno, y tambi�n quienes evitar�an un posible escape, para al final unirse todos en el efectivo traslado de la ni�a hacia un destino hasta ahora desconocido, lo que adem�s tuvo con posterioridad su compensaci�n econ�mica que era el objetivo pretendido desde un inicio como aliciente com�n de todos los que se integraron al plan delictivo.

Se determina entonces que no es factible desconocer o eliminar este fundamento de la sentencia condenatoria. De esta manera, concluye la Sala que no hay lugar por esta �ltima raz�n y por todas las que en anterioridad se expusieron a revocar la sentencia de primera instancia como lo solicitan los diferentes abogados defensores y el delegado del Ministerio P�blico y en su lugar ser� confirmada.

Legalidad de la pena relacionada con la inhabilitaci�n para el ejercicio de derechos y funciones p�blicas Encuentra la Sala que la judicatura de primer nivel incurri� en un error en cuanto a la forma en que se impuso la pena de inhabilitaci�n para el ejercicio de derechos y funciones p�blicas, ya que no se percat� que la misma no se deb�a imponer como accesoria sino como principal seg�n lo establecido en el art�culo 166 del C�digo Penal y como tal deb�a imponerse adem�s con el art�culo 20 del mismo Estatuto sustantivo penal, lo cual es procedente revisar a�n de oficio atendiendo al principio de legalidad de la pena.

La soluci�n para el caso se inspira en aquella que fue aplicada en el asunto analizado por la CSJ en SP683-2018, del 21 de marzo de 2018, radicado No. 51082, en el que se realiz� el ajuste para que se entienda que la pena de inhabilitaci�n para el ejercicio de derechos y funciones p�blicas se aplique como principal y no como accesoria. De otro lado se explic� tambi�n que para el delito de desaparici�n forzada agravada, por el l�mite impuesto en el art�culo 20 del C.P., tanto la pena m�nima como la m�xima coinciden en el monto de 240 meses, raz�n por la cual no tiene efectos pr�cticos realizar el proceso de dosificaci�n punitiva, y como quiera que de todas formas en el presente caso la Jueza de primera instancia fij� el monto de esta pena en 240 meses, el mismo se mantendr�, reform�ndose �nicamente el efecto en que se impone de accesoria a principal.

RECOMENDACIONES Y PERSPECTIVA DE G�NERO Resulta notorio en el sub judice que el accionar delictivo desplegado fue de tal envergadura que dif�cilmente pueda tratarse de un hecho aislado o que la menor v�ctima fuese escogida al azar, ya que se llev� a cabo una planificaci�n orquestada semanas antes de su rapto, con una fecha l�mite fijada hasta el 31 de diciembre de 2014, y con una finalidad clara de ser entregada a unas personas de quienes se desconoce su identidad ubicadas para ese entonces en la ciudad de Cali pero que seg�n lo informado por su contacto BDLL tienen entre sus actividades la captaci�n de menores de edad.

Y no solo lo anterior llama la atenci�n, sino adem�s el n�mero de personas que intervinieron pues no se trat� de una o dos personas sino un grupo cercano a las 6 o 7, ubicados en nuestra regi�n, lo cual indica que los montos dinerarios involucrados pueden ser m�s elevados de lo que expres� o conoci� el se�or JGPI. La planificaci�n indica adem�s experiencia en este tipo de acciones delincuenciales, al menos en lo que tiene que ver con la intervenci�n de BDLL, al punto que la ni�a no ten�a ninguna posibilidad de escapar pues inclusive para el �ltimo momento se hab�a planeado abordarla desde un �ngulo que le impedir�a hacerlo seg�n las �ltimas instrucciones dadas a los integrantes del grupo delincuencial y espec�ficamente a LALO.

Ya se hab�a previsto transportar a la ni�a en un veh�culo previamente alquilado, y ubicarla en medio de dos adultos que impedir�a que se detectar� f�cilmente su traslado por carretera adem�s que BDLL la amordaz� inmediatamente la subieron al veh�culo. La ni�a fue tan r�pidamente alejada de su entorno que la familia tambi�n qued� totalmente desprotegida, por tratarse adem�s de una zona rural en la que no existir�a disponibilidad para una reacci�n policiva de manera inmediata y eficaz como suele adelantarse en otro tipo de operativos cuando hay comunicaci�n por radio o tel�fono como sucede en las ciudades.

El grupo delincuencial adopt� tantas precauciones, que aseguraron una gran ventaja frente a la v�ctima y su familia, incluyendo lo relacionado con la fecha en la que el com�n de las personas estar�an confiadas y desprevenidas y m�s en una zona rural, en la que la madre de la menor da cuenta que no representaba aparentemente ning�n riesgo para la menor y de ah� que ella acostumbrara trasladarse de un lugar a otro sin ning�n inconveniente trat�ndose adem�s de familiares y gente conocida en el sector.

Todo lo anterior nos lleva a determinar un nexo muy fuerte entre la desaparici�n de P.N.P.N. y la trata de personas, lo que nos obliga a adoptar medidas con perspectiva de g�nero por ser la v�ctima mujer, menor de edad, del sector rural, con un grado sumo de vulnerabilidad ante el accionar de un grupo delincuencial organizado. El abordaje de esta execrable conducta como una forma de violencia basada en g�nero, se expone en la sentencia T-236 de 2021, que, si bien hace referencia a una v�ctima identificada extranjera, resulta aplicable su an�lisis a cualquier caso de v�ctimas como P.N.P.N. En dicha decisi�n se expone en uno de sus apartes acudiendo a estudios especializados sobre el fen�meno: �Consideraciones sobre la perspectiva de g�nero y la vulnerabilidad particular de mujeres migrantes a la trata de personas: la trata, adem�s de ser una forma de violencia de g�nero, tambi�n es una manera de discriminaci�n.

El 79% de las v�ctimas de este delito son mujeres, ni�as y ni�os. El enfoque de g�nero en este fen�meno es relevante pues las mujeres son captadas de manera distinta a los hombres. Son explotadas de manera diferente y sufren las peores consecuencias al ser expuestas a formas espec�ficas de explotaci�n: sexual, servidumbre dom�stica y matrimonio forzado, acudiendo para ello a distintos mecanismos de coacci�n y formas de violencia basadas en g�nero.

As�, resulta necesario incorporar un enfoque con perspectiva de g�nero en el cumplimiento por parte del Estado de las obligaciones de prevenci�n, asistencia y judicializaci�n�. Se explica adem�s en este fallo que por tratarse de un comportamiento que afecta los derechos humanos, su manejo no solo debe limitarse o sujetarse al proceso penal y sus resultados.

Por lo anterior, resulta pertinente adoptar las siguientes medidas: La primera en orden a reforzar las actividades preventivas y protocolos que se deben activar en caso de que se reporte la desaparici�n de una v�ctima menor de edad, ya que en este caso se lleg� al punto inclusive de decirle al pap� de la menor JEP, cuando se acerc� a la estaci�n de polic�a de Buesaco que deb�a esperar 72 horas para que se determinara si efectivamente se trataba de una desaparici�n y requerir adem�s documentos que resultan innecesarios al menos para la reacci�n inmediata que se debe asumir.

As� lo dio a conocer NENI la madre de la ni�a y as� se lo expres�, el padre de la ni�a: �dicen que toca esperar 72 horas que la fiscal no est� y que toca venir con Registro Civil, fotocopia de c�dula suya y la fotocopia de c�dula m�a a colocar el denuncio�. Se trata de imponer condicionamientos que rayan con lo ilegal, y m�s cuando se trata de una ni�a de 5 a�os, por lo que debe activarse cualquier mecanismo de b�squeda con una presunci�n en sentido contrario y favorable a la posible situaci�n de riesgo, es decir adelantar acciones como si se tratara de una desaparici�n, ya que en caso que as� no sea, no se encuentra ning�n inconveniente porque significar�a que la posible v�ctima aparecer� en muy poco tiempo, pero si se trata de una desaparici�n las primeras horas son cruciales para ubicar a la posible v�ctima, o para activar mecanismos de b�squeda en v�as y carreteras, realizando por ejemplo reportes por radio o tel�fono que en cadena se transmitan a las diferentes estaciones de polic�a y autoridades.

No se conoce qui�nes estaban de turno en la estaci�n de polic�a de Buesaco para ese 28 de diciembre de 2014, y expusieron este tipo de justificaciones para no actuar, como la relacionada con el hecho de que no hab�a fiscal para esa hora, ya que nada de lo esbozado pod�a anteponerse para iniciar un plan de b�squeda, por lo que es importante que se eliminen ese tipo de presunciones y m�s cuando se trata de una ni�a de tan corta edad, por m�s que sean frecuentes este tipo de noticias o de reportes que al final resulten como com�nmente se conocen como una �falsa alarma�, ya que si uno de ellos resulta verdadero se pierde desde el inicio y de entrada toda posibilidad de encontrar a la persona desaparecida.

Como complemento de lo anterior se requiere tambi�n evitar la revictimizaci�n, durante la activaci�n de la b�squeda que realizan los familiares y allegados de las personas desaparecidas, especialmente de mujeres ni�as, as� como en el proceso, para que se eviten prejuicios que impidan una r�pida reacci�n o revictimizaci�n durante el juicio.

Al respecto, la Convenci�n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer �Convenci�n de Belem Do Par�, adoptada en Colombia por la Ley 248 de 1995, establece en su art�culo 2� literal c. que se entender� que violencia contra la mujer incluye la violencia f�sica, sexual y psicol�gica, �que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra�.

Igualmente, en su art�culo 7�, inciso e, se�ala como deber de los Estados adoptar medidas para modificar �pr�cticas jur�dicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer�. Tomemos por ejemplo de este tipo de pr�cticas que deben eliminarse, lo relacionado con el comentario que hace Carlos Am�rico Ch�vez Loaiza, cuando explica que es normal en Nari�o que se desaparezca un menor y al final se encuentra donde alg�n familiar y m�s cuando se trata de una ni�a de 5 a�os.

Y as� lo expres� en uno de los apartes de su testimonio: � � pues cuando informan de esa desaparici�n pues lo m�s probable es que que uno siempre dice bueno debe estar donde alg�n familiar porque pues una ni�a de 5 a�os obviamente no o sea personalmente no voy a decir que hubo un secuestro porque pues siempre uno est� pendiente de los menores y muchas veces se van donde los familiares y nunca y aparecen a los dos o 3 d�as o no dicen no es que se fueron para tal lado y aparecen si casos aqu� han pasado muchos�.

Si bien el testigo no hac�a parte de los integrantes del cuerpo de polic�a de la estaci�n de Buesaco y adelant� una muy buena investigaci�n para recoger informaci�n y pistas que al menos dieron resultados relacionados con la individualizaci�n e identificaci�n de algunos de los autores del delito, s� es importante que se maneje un lenguaje para eliminar este tipo de prejuicios por un lado y por otro para que la b�squeda en este tipo de casos se inicie de manera inmediata.

Por lo anterior se enviar� oficio a las autoridades policivas para que se imparta instrucciones en ese sentido. La segunda medida a adoptar, si a�n no se ha abordado la investigaci�n en ese sentido, est� dirigida a la Fiscal�a, para continuar la investigaci�n con un enfoque m�s amplio que permita hacer seguimiento de las posibles salidas de menores de edad el d�a o en las fechas posteriores y cercanas hacia el exterior, teniendo en cuenta adem�s cualquier informaci�n adicional que puedan brindar los otros posibles coautores ya identificados y buscar tambi�n informaci�n a trav�s de los diferentes grupos, comit�s y afines que trabajan de manera articulada en acciones preventivas de trata de personas, y que tengan informaci�n de posibles v�ctimas que pese al paso del tiempo hayan tenido alg�n tipo de contacto con una menor de 5 a�os para la fecha o fechas cercanas a los hechos.

No es del caso, ordenar que se investigue la posible ocurrencia del delito de trata de personas, ya que ello depender� del resultado que se obtenga de la investigaci�n que debe encontrarse activa por el delito de desaparici�n, pero s� que se revise el avance de la investigaci�n en aras de lograr la ubicaci�n de la menor P.N.P.N., para que cese la violencia ejercida en su contra con un enfoque diferente al de demostrar la existencia del delito de desaparici�n forzada y sus autores lo cual estar�a cumplido al menos hasta la fase en que la menor qued� bajo la responsabilidad de BDLL.

OTRAS DISPOSICIONES Como se determina de la revisi�n del expediente la orden emitida por la se�ora Jueza en el numeral SEXTO de la parte resolutiva de la sentencia relacionada con la orden de captura de BDLL y EDQM no fue cumplida, se debe requerir para que se emitan las correspondientes boletas. Lo anterior en acatamiento de lo previsto en el art�culo 450 de la Ley 906 de 2004 y los lineamientos jurisprudenciales, especialmente los expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-342 de 2017, que invoca a su vez precedentes de la CSJ, exigiendo entre otras medidas, la correcci�n en segunda instancia de aquellos yerros en que incurre el A quo cuando omite ordenar la privaci�n de la libertad siendo esta procedente, lo cual resulta pertinente para el caso que nos ocupa.

Y esto dice la Corte: �9.2. Posteriormente y mediante sentencia de enero 30 de 2008 la Sala de Casaci�n Penal precisar�a, que el enunciado contenido en el art�culo 450 del C.P.P. contiene una regla de car�cter general, conforme a la cual procede la detenci�n con el anuncio de la sentencia, cuando se niegan los subrogados o penas sustitutivas.

Espec�ficamente dijo la Sala: �Por mandato del anterior precepto se hace necesario que los jueces observen que en los t�rminos de la Ley 906 de 2004 la ejecuci�n de la sentencia y las �rdenes que en ella se imparten, especialmente cuando se condena a un procesado a pena privativa de la libertad y se le niegan subrogados o penas sustitutivas, resulta imperativo que la privaci�n de la libertad se ordene en el mismo momento en que se anuncia el sentido del fallo.

Dicho en otras palabras: cuando un acusado en contra de quien se anuncia un fallo de condena que conlleva la imposici�n de una pena privativa de la libertad cuya ejecuci�n no tiene que ser suspendida, los jueces deben cumplir la regla general consistente en disponer su captura inmediata para que empiece a descontar la sanci�n impuesta. Y si tal mandato lo incumple el a quo se debe impartir el correctivo por el ad quem.� (subraya realizada por esta Sala) Adicionalmente, en la sentencia de tutela STP1324-2023 del 14 de febrero de 2023, radicaci�n No. 128469, invocando este precedente, con ocasi�n de una demanda interpuesta en contra de este despacho para requerir que se suspensa el cumplimiento de la orden de captura, explic� la Corte: �Finalmente, si bien el art�culo 177 del C�digo de Procedimiento Penal establece que la apelaci�n de la sentencia condenatoria se concede en el efecto suspensivo, la misma norma se�ala el alcance de dicho efecto, esto es, que suspende �nicamente la competencia de quien profiri� la decisi�n, pero no su contenido.

En ese entendido, no encuentra la Sala irregularidad alguna en torno a la materializaci�n de la captura dispuesta en contra del aqu� accionante. Es claro que esa medida se adopt� por raz�n de la orden emitida por la autoridad judicial competente, es decir, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, autoridad que estaba habilitada para librarla cuando profiri� sentencia de car�cter condenatorio, habida consideraci�n que esa es la regla general, y la excepci�n es que el juez, motivadamente, se abstenga de dictarla�.

Corresponde entonces a la Sala adoptar los correctivos necesarios y ordenar a la primera instancia que se giren las �rdenes de captura en contra de BDLL y EDQM independientemente de que se interponga o no demanda de Casaci�n. En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en Sala de Decisi�n Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el numeral CUARTO de la parte resolutiva de la sentencia de 13 de diciembre de 2018 proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pasto, el cual ser� del siguiente tenor: Asi mismo se los condena a la PENA PRINCIPAL de inhabilitaci�n para el ejercicio de derechos y funciones p�blicas por un t�rmino de DOSCIENTOS CUARENTA MESES, de conformidad con lo se�alado en el art�culo 166 del C.P.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo dem�s la sentencia de primera instancia.

TERCERO: OFICIAR a las autoridades de polic�a y a la Fiscal�a conforme a las medidas adoptadas en el ac�pite de RECOMENDACIONES Y PERSPECTIVA DE G�NERO.

CUARTO: COMUNICAR esta decisi�n a la primera instancia a fin de que se giren las �rdenes de captura en contra de BDLL y EDQM independientemente de que se interponga o no demanda de Casaci�n.

QUINTO: Esta decisi�n se notifica en estrados y se hace saber que en su contra procede el recurso extraordinario de casaci�n. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE  6824 BLANCA LIDIA ARELLANO MORENO Magistrada  SILVIO CASTRILL�N PAZ Magistrado  FRANCO SOLARTE PORTILLA Magistrado   Repartido a este despacho el 4 de febrero de 2019  Se omite el componente f�ctico que hace referencia al se�or FI ya que se emiti� sentencia absolutoria a su favor y no fue objeto de apelaci�n.  De 20 de agosto de 2014  Sala de Casaci�n Penal, M.P. Dra. Patricia Salazar Cuellar, radicado 44950 de 25 de enero de 2017, reiterada en decisi�n 42656 de 30 de enero de 2017, M.P. Dr. Eugenio Fernandez Carlier.

Sentencia 48959 de 21 de febrero de 2018, M.P. Dra. Patricia Salazar Cuellar y la decisi�n SP. 09 nov. 2006, radicado 25738.  M.P. Dra. Mar�a del Rosario Gonz�lez, Casaci�n 38773  Corte Suprema de Justicia, enero 30 de 2017. Rad. No, 42656. Salvamento de voto. M.P. Dr. Eugenio Fern�ndez Carlier.  a) Manifiesta bajo juramento que ha perdido la memoria sobre los hechos y es corroborada pericialmente dicha afirmaci�n; b) Es v�ctima de un delito de secuestro, desaparici�n forzada o evento similar; c) Padece de una grave enfermedad que le impide declarar; d) Ha fallecido; y e) como ocurre en las situaciones descritas por el art�culo 438 ib�dem y en la adicionada por el art�culo 3 de la Ley 1652 de 2013.  CSJ SP5290-2018, dic. 5, rad. 44564.  Cfr. CSJ SP, 25 ene. 2017.

Rad. 44950, reiterada en CSJ SP, 20 may. 2020. Rad. 52045, entre otras.  Cfr. CSJ SP, 14 dic. 2019. Rad. 55651 y CSJ SP, 17 jul. 2017. Rad. 49509, entre otras.  Cfr. CSJ AP, 30 sep. 2015. Rad. 46153 y CSJ SP, 25 ene. 2017. Rad. 44950, entre otras.  CSJ AP, 25 mar. 2015, rad. 45126.  Cfr. CSJ Rad. 32050 � 14 de septiembre de 2009. Mg.P: YESID RAM�REZ BASTIDAS.  En similar sentido se pronunci� la Sala en la providencia del 19 de octubre de 2001, radicaci�n 30682.  Cfr. Parra Quijano, JAIRO. �Tratado de la Prueba Judicial� �El Testimonio�, Tomo I, p�g. 161 a 166.

Ed. El profesional, Bogot�.  Cfr. Sentencias de 2 de octubre de 2001 y 26 de abril de 2006, radicaciones 15286 y 19561, respectivamente.  Cfr. En ambos sentidos: Climent Duran, CARLOS, �La prueba Penal� �Testigos de referencia�, p�g. 174 a 177. Ed. Tirant lo blanch. Valencia (Espa�a) 1999. Y Jacobo L�pez Barja de Quiroga, JACOBO, �Tratado de Derecho Procesal Penal� �El testigo de referencia�, p�g 1326 a 1329.

Thomson Aranzadi, Navarra (Espa�a) 2004.  Cfr. Sentencia de 5 de octubre de 2006, radicaci�n 23960.  Cfr. Sentencia de 18 de octubre de 1995, radicaci�n 9226, criterio reiterado en sentencias de 2 de octubre de 2001, radicaci�n 15286, y 5 de octubre de 2006, radicaci�n 23960.  �dem, obras citadas.  Haciendo referencia a la Ley 906 de 2004  Diccionario de la Lengua Espa�ola, Vig�sima Segunda Edici�n, Real Academia Espa�ola, 2001.  MAZZONI, Giuliana. �Se puede creer a un testigo? El testimonio y las trampas de la memoria.

Editorial Trotta. Madrid. 2010. p. 134.  Op. cit.  Sentencia del 15 de junio de 1999, radicaci�n 10.547.  Cfr. sentencia de la Sala del 25 de mayo de 1999. Radicaci�n 12.885.  Invocada con posterioridad tambi�n en decisi�n de primera instancia en SEP00050-2018, Radicaci�n No. 50103, del 13) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)  �Cfr. Sentencia del 17 de septiembre de 2003, radicaci�n 17803.

En el mismo sentido, autos del 24 de febrero de 2011, radicaci�n 32277 y del 9 de marzo de 2011, radicaci�n 35466�.  �Sentencia del 29-08-07 Rad. 26276�.  �Art�culos 392-b y 395 del C.P.P�.  �Art. 16 Ib�.  �Art�culo 426-1 C.P.P�.  �Art�culo 391 Ib�.  Sus padres informan que naci� el 30 de septiembre de 2009  De acuerdo con lo explicado por la CSJ en SP3981-2022, Doble conformidad No. 56993. 30 de noviembre de 2022, acreditar la declaraci�n anterior o identificarla, corresponde a que el testigo �la reconozca como la declaraci�n que rindi� antes del juicio, bien porque all� esta su firma, ora por cualquier otra raz�n que le permita identificarla�  Diccionario de la Lengua Espa�ola, Vig�sima Segunda Edici�n, Real Academia Espa�ola, 2001.  Cfr. CSJ SP, 25 ene. 2017.

Rad. 44950, reiterada en CSJ SP, 20 may. 2020. Rad. 52045, entre otras.  CD 12 Archivo 4, r�cord 00:21:20 y ss  CD No. 11 Archivo No. 4 Audiencia de juicio oral del 8 de noviembre de 2017, sesi�n de la tarde  Idem, r�cord 00:10:48 y ss  Idem, r�cord 00:11:33 y ss  Idem, r�cord 00:21:20  Idem, R�cord 00:24:12  Idem, r�cord 00:30:04 y ss  CSJ SP, 30 abr. 2014, rad. 37391, reiterado en SP4107-2016, del 6 de abril de 2016  CD 4, �nico archivo, audiencia de Juicio Oral del 12 de octubre de 2017, R�cord 00:44:59  Idem, r�cord 01:01:54 y ss  CSJ, SP 25 ene 2017, radicado 44950  CSJ AP948-2018, rad. 51882;

CSJ AP1465-2018, rad. 52320; CSJ AP3018-2018; CSJ AP2218-2018, rad. 52051; CSJ AP384-2018, rad. 51917, entre otras  CSJ SP, 9 mar. 2006, rad. 22327; citada en CSJ SP, 26 jun. 2019, rad. 45272.  Declaraci�n sobre la eliminaci�n de la violencia contra la mujer, Asamblea General de Naciones Unidas, 1993, art�culo 2.b).  Para un an�lisis jur�dico de los impactos de g�nero de la trata de personas y de las obligaciones que tienen los Estados de trabajar para eliminar la discriminaci�n y la violencia contra las mujeres, incluyendo la trata, ver �Human Trafficking as a Gendered Phenomenon: CEDAW in perspective�, en Immigration, Asylum and Nationality Law, Vol 32, No 1, 2018.  Grupo de Trabajo Inter agencial contra la Trata de Personas.

Dimensiones de g�nero de la trata de personas. Disponible en: http://icat.network/sites/default/files/publications/documents/ICAT-IB-04-V.1.pdf  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci�n Penal. Sentencia de enero 30 de 2008. Radicado No. 28918 M.P. Yesid Ram�rez Bastidas, consideraci�n jur�dica No. 10  ART�CULO 177. EFECTOS. Art�culo modificado por el art�culo 13 de la Ley 1142 de 2007.

La apelaci�n se conceder�: En el efecto suspensivo, en cuyo caso la competencia de quien profiri� la decisi�n objeto de recurso se suspender� desde ese momento hasta cuando la apelaci�n se resuelva:1. La sentencia condenatoria o absolutoria (�).     Magistrada Ponente: Dra. Blanca Lidia Arellano Moreno Proceso No. 5211060005072014-00190-04 N.I. 15567 PAGE  PAGE \* MERGEFORMAT22 Magistrada Ponente: Dra. Blanca Lidia Arellano Moreno Proceso No. 521106000507-2014-00190-04 N.I. 15567  EMBED PBrush \s \* MERGEFORMAT  Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto Sala Penal  &'AFHM�� � � ��IJ�����xbJ2/hf�h�%�5�@���CJOJQJ^JaJmH $sH $/hf�h�3�5�@���CJOJQJ^JaJmH $sH $+hf�h�3�5�CJOJQJ^JaJmH sH +hf�h�%�5�CJOJQJ^JaJmH sH #hf�h�%�5�CJOJQJ^JaJ#hf�h�L5�CJOJQJ^JaJ#hf�h� �5�CJOJQJ^JaJ&hf�h� �5�CJOJQJ\�^JaJ&hf�h�15�CJOJQJ\�^JaJ&hf�h�!5�CJOJQJ\�^JaJ ��� � � � � � � � O P � � & ' ~ ; CJOJQJ^JaJ#hf�h�&�CJOJQJ\�^JaJ&hf�h�&�5�CJOJQJ\�^JaJ hf�h�&�CJOJQJ^JaJ hf�h�'qCJOJQJ^JaJ#hf�h�?CJOJQJ\�^JaJ hf�h�?CJOJQJ^JaJ hf�h|�CJOJQJ^JaJ hf�h>FCJOJQJ^JaJ\&_&`&�&�&�'�'�'�'�'5(:(�)�)�)�*�*,a,��������yh�h�hW�F5 hf�h�\�CJOJQJ^JaJ hf�hy%�CJOJQJ^JaJ hf�h�sCJOJQJ^JaJ hf�h�W;CJOJQJ^JaJ hf�h�O;CJOJQJ^JaJ$hf�h�{^CJOJPJQJ^JaJ$hf�h� dCJOJPJQJ^JaJ hf�h�{^CJOJQJ^JaJ hf�h� dCJOJQJ^JaJ,hf�h]=@���CJOJQJ^JaJmH $sH $,hf�h�WS@���CJOJQJ^JaJmH $sH 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de texto normal5�d�x^� CJOJQJaJmH $sH $tH Z�/��aZ 5� 0Sangr�a de texto normal Car CJaJtH ,X ��q, �n��nfasis6�]�rS�r 9~� Sangr�a 3 de t. independiente8��x^�CJOJQJaJv�/���v 8~�!Sangr�a 3 de t. independiente Car CJOJQJaJmH sH tHAw 81  0 00 02����&6FVfv������2(��&6FVfv������&6FVfv������&6FVfv������&6FVfv������&6FVfv������&6FVfv��8X�V~�������� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@6666 OJPJQJ_HmH $nH $sH $tH $D`��D &v�Normal CJOJ QJ _HmH sH tH TT �]�T�tulo 1$$��@&B*CJ OJ QJ aJ ph6_�VV �7DT�tulo 2$��� 8V�Ref. de nota al pie,Texto de nota al pie,referencia nota al pie,Footnotes refss,Appel note de bas de page,Footnote number,BVI fnr,4_G,16 Point,Superscript 6 Point,Texto nota al pie,Footnote Reference Char3,Footnote Reference Char1 Char,Ref. de nota al,RH*^JD��D 8VList Paragraph ��^��m$Z^@�Z 8V0 Normal (Web) �d�d[$\$OJQJaJmH $sH $tH $$�/���$ 8Vb_aj^JF�o���F 8Vapple-converted-space^J@U ��@ 8V0 Hiperv�nculo>*B*^Jph�H�H "�NjTexto de globo!CJOJQJaJ\�/��!\ !�NjTexto de 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