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El contenido total y fiel de la decisi�n debe ser verificado en la respectiva Secretar�a. PROCEDIMIENTO PENAL / PRECLUSI�N / VIOLENCIA INTRAFAMILIAR / SUJETOS DE LA CONDUCTA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR � Sujetos activo y pasivo. � el delito de marras en lo que tiene que ver con los sujetos activos y pasivos del reato, requiere para su adecuaci�n t�pica que ambos sujetos sean calificados, por cuanto solamente pueden ser sujetos agentes de este delito, aquellas personas que tengan lazos consangu�neos, conyugales o maritales con la v�ctima, o que hagan parte integrante de la misma unidad domestica; as� como las dem�s personas consagradas en los par�grafos 1� y 2� del art�culo 229 del C.P. entre los cuales, a modo de ejemplo, descollan: Los c�nyuges o compa�eros permanentes, aunque se hubieren separado o divorciado; el encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia en su domicilio o residencia;
Las personas con las que se sostienen o hayan sostenido relaciones extramatrimoniales de car�cter permanente que se caractericen por una clara e inequ�voca vocaci�n de estabilidad. �Asimismo, solamente pueden detentar la condici�n de sujeto pasivo del delito, o sea el destinatario de la conducta punible, aquellas personas que integran el mismo n�cleo familiar del cual hace parte el sujeto agente.
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR � Modificaciones de la Ley 1959 de 2019. Pero es de anotar que, en la actualidad, como consecuencia de las modificaciones que el art�culo 1� de la ley # 1.959 de 2.019 le introdujo al delito de violencia intrafamiliar, se ampli� el radio de acci�n del inter�s jur�dicamente protegido al establecer una serie de hip�tesis en las que para que se configure el delito de marras ya no es necesario que el victimario haga parte del mismo grupo familiar de la v�ctima, o que ambos integren la misma unidad dom�stica. �de todo lo hasta ahora expuesto, la Sala v�lidamente puede concluir que en la actualidad, en escenario de la tipicidad, existen dos hip�tesis diferentes para la configuraci�n del delito de violencia intrafamiliar: a) Una en la que es necesario que la v�ctima y el victimario hagan parte del mismo n�cleo familiar o que integren la misma unidad dom�stica, la cual se encuentra tipificada en el inciso 1� del art�culo 229 del C.P.; b) Otra en la que no es necesario que el sujeto activo y el sujeto pasivo integren misma unidad dom�stica, o que ellos hagan parte del mismo n�cleo familiar, la cual se encuentra tipificada en el par�grafo 1� del art�culo 229 del C.P. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR � Medidas de protecci�n para evitar reiteraci�n de la conducta. � la Sala no puede desconocer que en el presente asunto el procesado ha sometido a la v�ctima a un reiterativo patr�n de actos de violencia de g�nero que tienen su g�nesis en su aparente comportamiento machista, y ante la existencia de evidencias que nos ense�an que es factible que el procesado reincida en esa clase de reprochables comportamientos, a fin de evitar que la v�ctima sea nuevamente expuesta a semejantes riegos o sea incluso, v�ctima de un feminicidio, la Sala, acorde con lo regulado en el los art�culos 4� y 5� de la ley # 294 de 1.996, en consonancia con lo establecido en el art�culo 18 de la ley # 1257 de 2.008, oficiar� a la Comisaria de Familia Centro de Pereira, o en su defecto la que sea competente de conformidad con el lugar de residencia de la v�ctima, y la Polic�a Nacional, para que implementen las medidas de protecci�n a que haya lugar.
REP�BLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER P�BLICO TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA SALA DE DECISI�N PENAL # 1 M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA SENTENCIA DE 2� INSTANCIA Aprobado por acta # 029 Pereira, veinte (20) de enero de dos mil veinticinco (2.025) Hora: 3:45 p.m. Procesado: J.A.L.C. Delito: Violencia intrafamiliar agravada.
Radicaci�n # 66 001 60 00036 2019 00363 01. Procede: Juzgado 8� Penal Municipal de Pereira, con funciones de conocimiento. Asunto: Resuelve recurso de apelaci�n interpuesto por la Defensa en contra de sentencia condenatoria. Temas: Yerros valoraci�n probatoria. Requisitos para la adecuaci�n t�pica del delito de violencia intrafamiliar. Configuraci�n de la causal de agravaci�n punitiva de la condici�n de mujer del sujeto pasivo del delito de violencia intrafamiliar.
Decisi�n: Confirma el fallo opugnado, y precluye la actuaci�n procesal, porque la acci�n penal se encontraba extinta, por haber operado el fen�meno de la prescripci�n. VISTOS: Procede la Colegiatura a resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por la Defensa en contra de la sentencia proferida por parte del Juzgado 8� Penal Municipal de Pereira, con funciones de conocimiento, en las calendas del 28 de febrero de 2.024, dentro del proceso que se surti� en contra del ciudadano J.A.L.C., quien fue acusado de incurrir en la presunta comisi�n del delito de violencia intrafamiliar agravada.
ANTECEDENTES: Del contenido de unas denuncias instauradas por parte de la Sra. L.J.M.V. � en contra de su excompa�ero permanente J.A.L.C. � se extrae que ella fue v�ctima de una serie de actos de violencia dom�stica perpetrados por su exmarido, tanto durante el tiempo en el que convivieron juntos, como despu�s de la conclusi�n de la relaci�n marital habida entre ellos.
En la acusaci�n, se tuvieron en cuenta, como relevantes, los siguientes episodios de violencia dom�stica: Uno que tuvo ocurrencia a eso de las 11:40 horas del 03 de enero de 2.019 en el interior de un inmueble ubicado en el barrio �la Carbonera�, sector �Caimalito�, casa # 099, y est�n relacionados con unas agresiones que el Sr. J.A.L.C. efectu� en contra de la Sra. L.J.M.V., porque al tel�fono de la madre de esta �ltima entr� una llamada que ella respondi�, pero que no obtuvo respuesta de su interlocutor.
Tal situaci�n suscit� que J.A.L.C. tuviera ataque de celotipia, y en consecuencia procedi� a despojar a la Sra. L.J.M.V. del tel�fono m�vil-celular para devolver la llamada, y luego, preso de la ira, regres� profiriendo en contra de la Sra. L.J.M.V. una serie de insultos, en los que la trataba con expresiones desobligantes, tales como perra, y no conforme con ultrajarla con palabras soeces, procedi� a propinarle a la Sra. L.J.M.V. un fuerte pu�etazo en el rostro.
El otro episodio, tuvo ocurrencia a eso de las 20:45 horas del 07 de septiembre del 2.019, cuando la Sra. L.J.M.V. transitaba por un callej�n del barrio �la Carbonera�, con destino hacia su residencia, y traicioneramente fue sorprendida por J.A.L.C., el cual se encontraba escondido acech�ndola entre las sombras, quien, de manera alevosa, le propin�, cuando ella estaba de espaldas, un fuerte golpe en la cabeza, al parecer con un objeto contundente, y cuando ella cay� de rodillas en el piso, procedi� a rematarla d�ndole muchos m�s golpes por diferentes partes del cuerpo.
Como consecuencia de la anterior agresi�n de la que fue v�ctima la ofendida L.J.M.V., el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses � I.N.M.L.C.F. � le dictamin� un periodo de incapacidad m�dico-legal provisional de 35 d�as. LA ACTUACI�N PROCESAL: El traslado del escrito de acusaci�n, por cuanto al presente asunto se le dio el tr�mite a la luz de lo establecido en la Ley # 1.826 de 2.017 que consagr� el denominado �Procedimiento Especial Abreviado�, se surti� el 28 de noviembre de 2.019.
En dicho libelo acusatorio, la Fiscal�a le enrostr� cargos al ciudadano J.A.L.C. por incurrir en la presunta comisi�n del delito de violencia intrafamiliar agravada, tipificado en el inciso 2� del art�culo 229 del C.P. en concurso homog�neo-sucesivo. El conocimiento de la actuaci�n le correspondi� al entonces Juzgado 1� Penal Municipal con Funci�n de Conocimiento de esta localidad, el cual, luego de m�ltiples aplazamientos, en las calendas del 27 de febrero de 2.023 pudo llevar a cabo la audiencia concentrada.
Posteriormente, se llev� a cabo la audiencia de juicio oral en sesiones celebradas los d�as 15 de junio y 29 de septiembre de 2.023. La sentencia se profiri� en las calendas del 28 de febrero de 2.024, mediante la cual: a) Se absolvi� al procesado por los eventos de violencia intrafamiliar sucedidos el 03 de enero de 2.019; b) Se declar� la responsabilidad penal del procesado en lo que ten�a que ver con los acontecimientos de violencia dom�stica acaecidos el 07 de septiembre del 2.019.
En contra del fallo condenatorio, la Defensa del procesado J.A.L.C. se alz� de manera oportuna. LA SENTENCIA OPUGNADA: Como ya se dijo, se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado 8� Penal Municipal de Pereira, con funciones de conocimiento, en las calendas del 28 de febrero de 2.024, mediante la cual se declar� la responsabilidad criminal del ciudadano J.A.L.C., por incurrir en la comisi�n del delito de violencia intrafamiliar agravada.
De igual manera, en dicho fallo se absolvi� al procesado J.A.L.C. de los cargos enrostrados en su contra por incurrir en el delito de violencia intrafamiliar seg�n hechos ocurridos el 03 de enero de 2.019, los cuales � en sentir del Juzgado de primer nivel � deber�an ser considerados como at�picos, porque cuando esos hechos sucedieron el procesado y la v�ctima se encontraban separados, y a�n no hab�an entrado en vigencia las disposiciones consagradas en la ley # 1.959 de 2.019 que modificaron la estructura t�pica del delito de violencia intrafamiliar, al ampliar su radio de acci�n para aquellas hip�tesis en las que los c�nyuges o compa�eros permanentes se encuentren separado.
Es de anotar que como consecuencia de la declaratoria del compromiso penal del procesado J.A.L.C., por incurrir en la comisi�n del delito de violencia intrafamiliar agravada, dicho ciudadano fue condenado a purgar una pena de 96 meses y 01 d�a de prisi�n, sin que se le reconociera el disfrute del subrogado penal de la suspensi�n condicional de la ejecuci�n de la pena, por lo que se libraron las correspondientes �rdenes de captura en su contra, dado que no se cumpl�an los requisitos de ley para la concesi�n del subrogado de marras.
Los argumentos esbozados por parte del Juzgado de primer nivel para proceder a declarar el compromiso penal que se le reproch� al procesado J.A.L.C., b�sicamente se fundamentaron en la credibilidad que se le otorg� al testimonio absuelto por la ofendida L.J.M.V., sobre el aleve del cual ella fue v�ctima a eso de las 20:45 horas del 07 de septiembre del 2.019, del cual se�al� al procesado como el perpetrador, por cuanto la ofendida absolvi� un relato en el que fue reiterativa; concreta; coherente y homog�nea � sin que se avizorara ning�n inter�s de querer perjudicar al acriminado � de lo que le sucedi� con el ahora procesado, cuando �l la atac� a mansalva con un objeto contundente.
De igual manera, en el fallo opugnado, se expuso que lo atestado por la v�ctima, de una u otra forma, se encontraba corroborado por las siguientes pruebas: a) El m�dico legista HERN�N VILLA MEJ�A, quien le dictamin� a la ofendida un periodo de incapacidad m�dico-legal provisional de 35 d�as. De igual manera, el testigo expuso que la agraviada presentaba un historial de violencia � f�sica, sexual y psicol�gica � cr�nica por parte de su expareja, por lo que exist�a un riesgo de muerte; b) La m�dico ANDREA L�PEZ ISAZA, quien fue la persona que atendi� a la ofendida luego del ataque que sufri� a eso de las 20:45 horas del 07 de septiembre del 2.019.
Seg�n opini�n de la testigo, no tuvo lugar dentro del contexto de una ri�a; c) La perito en psicolog�a forense, LAURA MAR�A MART�NEZ, adver�, luego de hacer unos estudios de evaluaci�n de riesgos, que la ofendida se encontraba en un riesgo extremo. Finalmente, el Juzgado de primer nivel expuso que en el presente asunto se estaba en presencia de un delito de violencia intrafamiliar agravada, porque los hechos ocurrieron dentro de un contexto de violencia de g�nero.
LA ALZADA: Al expresar su discrepancia con lo resuelto y decidido por parte del Juzgado de primer nivel, la Defensa deprec� por la revocatoria del fallo opugnado para que en su lugar el procesado sea absuelto de los cargos enrostrados en su contra, por cuanto la Fiscal�a con las pruebas allegadas al proceso no pudo desvirtuar la presunci�n de inocencia que le asiste al acusado.
De manera subsidiaria, el recurrente deprec� que se redosificaran las penas impuestas al procesado, por cuanto: a) No se cumpl�an con los presupuestos para la procedencia de la causal de agravaci�n punitiva pregonada en contra del procesado; b) Se incurrieron en yerros en las operaciones de dosimetr�a punitiva, lo que implicaba que deb�an ser menores las penas impuestas al procesado, dado que se ten�a que partir del cuarto m�nimo de punibilidad.
A fin de demostrar la tesis de su inconformidad, el apelante expres� lo siguiente: En el proceso no exist�an pruebas que corroboraban los se�alamientos efectuados por la ofendida en contra del procesado como la persona quien la agredi� con un objeto contundente, y por ende no se acredit� en debida forma la responsabilidad criminal del encausado, sobre lo cual qued� un manto de dudas, porque todo lo dicho por los Sres.
HERN�N VILLA MEJ�A; ANDREA L�PEZ ISAZA, y LAURA MAR�A MART�NEZ se deb�a considerar como prueba testimonial de o�das, dado que se estaba en presencia de unas personas que lo �nico que hicieron fue testificar sobre todo aquello que a ellos les dijo la ofendida sobre lo acontecido. El delito de violencia intrafamiliar, para su adecuaci�n t�pica requiere de un sujeto activo calificado, ya que el sujeto agente debe detentar la condici�n de c�nyuge o compa�ero permanente, aunque se hubiere separado o divorciado, o una persona con quien se haya sostenido relaciones extramaritales de car�cter permanente.
En sentir del apelante, la Fiscal�a, con las pruebas allegadas al proceso, no logr� demostrar que el acusado detentaba esa cualidad que califica al sujeto activo, porque como consecuencia de la deficiente investigaci�n, solo se content� con llevar al juicio �nicamente al testimonio de la v�ctima. No se pod�a declarar la responsabilidad criminal del procesado por incurrir en la comisi�n del delito de violencia intrafamiliar agravada, porque no se pudo demostrar probatoriamente que la situaci�n de discriminaci�n, subyugaci�n o dominaci�n se dio para la �poca de los hechos por los cuales se declar� la responsabilidad criminal del procesado, o sea el periodo comprendido entre el 20 de junio de 2.019 al 07 de septiembre de 2.019; y si los mismos se dieron con anterioridad a ese periodo, no pod�an ser retrotra�dos para ajustarlos a los requisitos vigentes a partir de la ley 1.959 de 2.019.
La dosificaci�n de la pena fue err�nea, porque si inicialmente el Juzgado A quo se ubic� en el cuarto m�nimo de punibilidad � 72 a 96 meses � dado que en contra del procesado no le figuraban antecedentes, no se entiende el porque ante la presencia del agravante punitivo, decidi� moverse dentro del primer cuarto medio; lo cual es errado porque se est� incurriendo en una agravaci�n de la agravaci�n, porque cuando se dosifican penas no pueden volver a tomarse nuevamente los agravantes para incrementar el quantum punitivo.
Por lo tanto, expuso el recurrente, si se deb�a de partir del cuarto m�nimo de punibilidad, la pena imponer debi� haber sido la m�nima, o sea la de 72 meses de prisi�n. PARA RESOLVER SE CONSIDERA: - Competencia: La Sala, acorde con lo establecido en el numeral 1� del art�culo 34 C.P.P. y el art�culo 176 ibidem, es competente para asumir el conocimiento del presente asunto, en atenci�n a que estamos en presencia de un recurso de apelaci�n interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de una sentencia de primera instancia, proferida por un Juzgado Penal Municipal que hace parte de este Distrito Judicial.
As� mismo no se avizora irregularidad o m�cula alguna que pueda viciar de nulidad la actuaci�n procesal. - Problemas jur�dicos: Del contenido de los argumentos del disenso expuestos por el recurrente, a juicio de la Sala se desprenden como problemas jur�dicos los siguientes: �Se present� por parte del Juzgado de primer nivel una indebida valoraci�n de las pruebas debatidas en el proceso, las cuales, por no satisfacer los requisitos exigidos por parte del art�culo 381 del C.P.P. hac�an que fuera improbable que en contra del procesado J.A.L.C. se pudiera dictar una sentencia de tipo condenatoria por incurrir en la presunta comisi�n del delito de violencia intrafamiliar agravada? �La calificaci�n jur�dica dada los hechos fue errada, porque ellos no se adecuaban t�picamente en el delito de violencia intrafamiliar gravada, sino en el reato de violencia intrafamiliar simple? �El Juzgado A quo incurri� en yerros en las operaciones de dosimetr�a punitiva, porque al momento de dosificar las penas, debi� partir del primer cuarto de punibilidad, y no de los cuartos medios? - Soluci�n: Al efectuar un an�lisis del contenido de la tesis de la discrepancia propuesta por parte del apelante en contra del fallo opugnado, observa la Sala que la inconformidad de la Defensa se encuentra circunscrita en establecer que: a) No se cumpl�a con todos los presupuestos necesarios para que en contra del procesado se pudiera dictar una sentencia condenatoria, porque: I. Del contenido de las pruebas debatidas en el juicio solo afloraban dudas que debieron haber sido capitalizadas en favor del procesado acorde con los postulados del principio del in dubio pro reo;
II. La conducta enrostrada en contra del procesado es at�pica, porque la Fiscal�a no logr� demostrar uno de los elementos necesarios para la adecuaci�n t�pica del delito de violencia intrafamiliar, como lo es la condici�n del procesado como sujeto activo calificado del reato; b) Los hechos no se adecuaban t�picamente en el delito de violencia intrafamiliar agravada.
Estando delimitado el contexto de la controversia, la Sala, a fin de determinar si le asiste o no la raz�n a la tesis de la inconformidad propuesta por el apelante, o si en su defecto el Juzgado de primer nivel atin� al declarar el compromiso penal del acusado por incurrir en la presunta comisi�n del delito de violencia intrafamiliar agravada, proceder� a llevar a cabo un breve y somero an�lisis de los requisitos que son necesarios para la adecuaci�n t�pica del delito de violencia intrafamiliar; as� como los requisitos exigidos para la procedencia de la causal especifica de agravaci�n punitiva consagrada en el inciso 2� del art�culo 229 del C.P. que tiene que ver con la condici�n de mujer de la v�ctima del reato.
De igual manera, se apreciar� el acervo probatorio, a fin de establecer si en efecto el Juzgado A quo incurri� en los yerros de valoraci�n probatoria denunciados por el apelante. - Los requisitos necesarios para la adecuaci�n t�pica del delito de violencia intrafamiliar. El delito de violencia intrafamiliar se encuentra tipificado en el art�culo 229 del C.P. y para su adecuaci�n t�pica, la Corte ha dicho que es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: �El sujeto activo es determinado, de tal suerte que incurre en �l quien haga parte del n�cleo familiar, o sin serlo, ejecute la conducta contra las personas mencionadas en el par�grafo 1� del tipo penal, o re�na la condici�n exigida en el par�grafo 2� de la misma descripci�n t�pica.
La acci�n requiere que el sujeto activo, maltrate a alguno o algunos de los citados sujetos pasivos determinados, esto es, que ejerza sobre �l o ellos actos violentos que le causen da�o f�sico o psicol�gico. Es un tipo penal subsidiario, dado que el comportamiento descrito en �l, es imputable �nicamente cuando los actos no son constitutivos de otro hecho punible sancionado con pena mayor.
La conducta es agravada si el maltrato recae en sujetos pasivos teniendo en cuenta su edad, g�nero, condiciones f�sicas, sensoriales o psicol�gicas, o el estado de indefensi�n o condici�n de inferioridad en el que se encuentren. (:::) El tipo penal es esencialmente de ejecuci�n dolosa��. De igual manera, el delito de marras en lo que tiene que ver con los sujetos activos y pasivos del reato, requiere para su adecuaci�n t�pica que ambos sujetos sean calificados, por cuanto solamente pueden ser sujetos agentes de este delito, aquellas personas que tengan lazos consangu�neos, conyugales o maritales con la v�ctima, o que hagan parte integrante de la misma unidad domestica; as� como las dem�s personas consagradas en los par�grafos 1� y 2� del art�culo 229 del C.P. entre los cuales, a modo de ejemplo, descollan: Los c�nyuges o compa�eros permanentes, aunque se hubieren separado o divorciado; el encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia en su domicilio o residencia;
Las personas con las que se sostienen o hayan sostenido relaciones extramatrimoniales de car�cter permanente que se caractericen por una clara e inequ�voca vocaci�n de estabilidad. Asimismo, solamente pueden detentar la condici�n de sujeto pasivo del delito, o sea el destinatario de la conducta punible, aquellas personas que integran el mismo n�cleo familiar del cual hace parte el sujeto agente.
Para poder saber qu� tipo de personas hacen parte de la aludida unidad familiar, se torna necesario acudir a lo que en tal sentido ha sido regulado por el art�culo 2� de la ley # 294 de 1.996, seg�n el cual: �La familia se constituye por v�nculos naturales o jur�dicos, por la decisi�n libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.
Para los efectos de la presente Ley, integran la familia: a) Los c�nyuges o compa�eros permanentes; b) El padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar; c) Los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos; d) Todas las dem�s personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad dom�stica��.
Lo antes expuesto, en un principio, nos quiere decir que para que se pueda pregonar como t�pica la conducta del delito de violencia intrafamiliar, se requiere que la v�ctima y el victimario hagan parte del mismo n�cleo familiar, o est�n integrados a la misma unidad dom�stica, y por ende ambos deben de constituir una familia, acorde con las voces del aludido art�culo 2� de la ley # 294 de 1.996.
Pero es de anotar que en la actualidad, como consecuencia de las modificaciones que el art�culo 1� de la ley # 1.959 de 2.019 le introdujo al delito de violencia intrafamiliar, se ampli� el radio de acci�n del inter�s jur�dicamente protegido al establecer una serie de hip�tesis en las que para que se configure el delito de marras ya no es necesario que el victimario haga parte del mismo grupo familiar de la v�ctima, o que ambos integren la misma unidad dom�stica.
En tal sentido, la Corte ha expuesto lo siguiente: �Bajo ese panorama, con la Ley 1959 de 2019, el legislador dej� sin vigencia el criterio jurisprudencial de la Sala fijado en las providencias CSJ SP8064-2017 y CSJ AP395-2018, mediante las cuales se adujo que para que se estructurara el delito de violencia intrafamiliar entre exparejas era necesario que el autor y la v�ctima compartieran la misma vivienda.
En su lugar, extendi� el marco de protecci�n del bien jur�dico tutelado y opt� por una interpretaci�n que abarca una gran variedad de relaciones familiares que pueden ser objeto de dicha conducta punible. Resulta relevante lo anterior, debido a que dogm�ticamente en el delito de violencia intrafamiliar la noci�n de n�cleo familiar y dem�s circunstancias incluidas resultan de obligatoria constataci�n en el �mbito de la tipicidad, pero a su vez, en sede de la categor�a de la antijuridicidad.
Esto se debe a que, como se sabe, se verifica tanto si la conducta contrar�a el ordenamiento jur�dico considerado en su integridad �antijuridicidad formal�, como si el maltrato tuvo entidad suficiente para lesionar o poner en peligro, sin justa causa, el bien jur�dico protegido legalmente �antijuridicidad material�. (:::) La reforma del delito de violencia intrafamiliar aplicada en esta oportunidad �Art. 1� de la Ley 1959 de 2019�, vigente para la fecha de los hechos (16 de diciembre de 2019), no protege exclusivamente la coexistencia pac�fica de un proyecto colectivo de vida que supone el respeto por la autonom�a �tica de los integrantes del mismo n�cleo familiar en sentido estricto, debido a que no exige que los agresores y las v�ctimas pertenezcan al mismo grupo familiar ni su convivencia, como alega el censor��.
En resumidas cuentas, de todo lo hasta ahora expuesto, la Sala v�lidamente puede concluir que en la actualidad, en escenario de la tipicidad, existen dos hip�tesis diferentes para la configuraci�n del delito de violencia intrafamiliar: a) Una en la que es necesario que la v�ctima y el victimario hagan parte del mismo n�cleo familiar o que integren la misma unidad dom�stica, la cual se encuentra tipificada en el inciso 1� del art�culo 229 del C.P.; b) Otra en la que no es necesario que el sujeto activo y el sujeto pasivo integren misma unidad dom�stica, o que ellos hagan parte del mismo n�cleo familiar, la cual se encuentra tipificada en el par�grafo 1� del art�culo 229 del C.P. Al aplicar lo anterior al caso en estudio, vemos que el recurrente ancl� la tesis de su inconformidad con base en la hip�tesis consistente en que la Fiscal�a, con base en las pruebas allegadas al proceso � el testimonio �nico de la v�ctima L.J.M.V. � no logr� demostrar uno de los elementos necesarios para la adecuaci�n t�pica del delito de violencia intrafamiliar, como lo es la condici�n del procesado como sujeto activo calificado del reato de marras; lo cual para la Sala no puede ser de recibo, porque los reclamos del recurrente no se compadecen para nada con los postulados que orientan al principio de la libertad probatoria � consagrado en el art�culo 373 del C.P.P. � seg�n el cual �el funcionario judicial goza de liberalidad de arribar a un conocimiento con cualquier elemento de convicci�n, sin que le sea dable exigir uno determinado para cumplir con la obligaci�n de apreciar los medios de prueba, con respeto a los principios que rigen la sana cr�tica��.
Lo antes expuesto, nos quiere decir que con el testimonio absuelto por la Sra. L.J.M.V., bastaba para demostrar en el proceso la condici�n de sujeto activo calificado del delito que detentaba el procesado J.A.L.C., dado que la testigo en su relato fue clara, categ�rica y contundente en aseverar que sostuvo una relaci�n marital de convivencia con el procesado de marras, en la que ambos compartieron cama, techo y lecho; y que esa relaci�n se fue al traste como consecuencia de los constantes actos de violencia domestica a los que fue sometida por parte del ahora procesado J.A.L.C..
En resumidas cuentas, para la Sala con el testimonio absuelto por la Sra. L.J.M.V., se logr� demostrar que en efecto el procesado J.A.L.C. sostuvo con ella una convivencia propia de una uni�n marital de hecho; y en consecuencia, con dicho testimonio se acredit� en el proceso que el acriminado detentaba la condici�n de sujeto activo calificado � compa�ero o excompa�ero permanente � que se tornaba como necesario para la adecuaci�n t�pica del delito de violencia intrafamiliar. - Los yerros de valoraci�n probatoria.
En la alzada el recurrente denunci� que el Juzgado de primer nivel incurri� en yerros al momento de la valoraci�n del acervo probatorio, al considerar que aquejaban de orfandad probatoria las incriminaciones y dem�s se�alamientos que la agraviada efectu� en contra del procesado, los que no se encontraban corroborados con los testimonios absueltos por los Sres.
HERN�N VILLA MEJ�A; ANDREA L�PEZ ISAZA, y LAURA MAR�A MART�NEZ, porque esos testigos detentaban la simple y mera condici�n de testigos de o�das, dado que lo �nico que hicieron fue replicar lo que a ellos les cont� la ofendida. Frente a lo anterior, la Sala dir� que el recurrente se encuentra equivocado en los reproches formulados en contra del fallo opugnado por cuanto los testigos HERN�N VILLA MEJ�A y LAURA MAR�A MART�NEZ, comparecieron al proceso en calidad de peritos � m�dico forense y psic�loga forense � y en tal condici�n, respectivamente adveraron: a) Que a la ofendida se le deb�a dictaminar una incapacidad m�dico-legal provisional de 35 d�as, como consecuencia de la golpiza que le dieron; b) Que al hacer un estudio de evaluaci�n de riesgos, la ofendida se encontraba en los limites un riesgo extremo.
Mientras que a su vez la testigo ANDREA L�PEZ ISAZA, adver� de como eran las condiciones en las que la v�ctima se encontraba cuando la atendi�, las cuales a su vez fueron consignadas en una historia cl�nica. Como se podr� observar, el n�cleo central de lo declarado tanto por los peritos HERN�N VILLA MEJ�A y LAURA MAR�A MART�NEZ, como por la m�dico ANDREA L�PEZ ISAZA, no se encontraba circunscrito a lo que la ofendida les narr� a ello, sino sobre el contenido de su opini�n experta en lo que ten�a que ver sobre las razones por las cuales ellos dictaminaron que las lesiones infligidas a la v�ctima generaron cierto periodo de incapacidad m�dico-legal; o sobre el por qu�, como consecuencia de lo acontecido, la agraviada se encontraba dentro de los limites de lo que se podr�a considerar como un riesgo extremo; y porque se consign�, todo aquello que se document� en una historia cl�nica.
Tal situaci�n, para la Sala es clara en se�alarnos que la testigo y los peritos de marras no pod�an ser catalogados como testigos de o�das, sino como testigos directos, dado que expresaron su opini�n experta, luego de analizar el contenido lo acontecido con la ofendida. En fin, para la Colegiatura, el Juzgado de primer nivel estuvo atinado en la valoraci�n del acervo probatorio, porque con los testimonios absueltos por los Sres.
HERN�N VILLA MEJ�A; ANDREA L�PEZ ISAZA, y LAURA MAR�A MART�NEZ, se abonaba la credibilidad que ameritan todos los se�alamientos efectuados por la ofendida L.J.M.V., respecto a que su excompa�ero permanente, J.A.L.C., fue la persona quien la agredi�, a mansalva, con un objeto contundente, a eso de las 20:45 horas del 07 de septiembre del 2.019, cuando ella transitaba por un callej�n del barrio �la Carbonera�, con destino hacia su residencia. - La causal de agravaci�n punitiva del delito de violencia intrafamiliar, en lo que ata�e con la condici�n de mujer de la v�ctima del reato.
Otro de los temas objeto de controversia que fueron puestos a consideraci�n de la Colegiatura, tienen que ver con establecer si en el presente asunto se cumpl�an o no los requisitos necesarios para considerar que el proceder pregonado en contra del procesado se adecuaba o no en la causal especifica de agravaci�n punitiva del delito de violencia intrafamiliar relacionado por el hecho consistente en que la v�ctima detentaba la simple y mera condici�n de mujer.
Es de anotar que para la procedencia de la aludida circunstancia espec�fica de agravaci�n punitiva del delito de violencia intrafamiliar � consagrada en el inciso 2� art�culo 229 del C.P. � la que refiere un aumento punitivo cuando la conducta recaiga sobre �una mujer�, es necesario que los hechos ocurran dentro de un contexto de violencia de g�nero en el que se avizore que el sujeto agente actu� bajo el influjo de sentimientos de discriminaci�n, dominaci�n, supremac�a o sometimiento que tendr�a el g�nero masculino sobre el femenino. Por lo que no basta la simple y mera condici�n de mujer para pregonar la procedencia de la aludida causal especifica de agravaci�n punitiva, sino que la misma debe presentarse acompa�ada dentro de un contexto de violencia de g�nero.
Sobre lo anterior, la Corte se expres� en los siguientes t�rminos: �A manera de conclusi�n se�al� la Corte: (i) la referida circunstancia de agravaci�n est� orientada a proteger un bien jur�dico diferente al tutelado en el tipo b�sico; (ii) la mayor penalizaci�n se justifica por la afectaci�n del derecho a la igualdad y la consecuente prohibici�n de discriminaci�n;
(iii) la simple constataci�n del g�nero del sujeto pasivo no es suficiente; y (iv) en cada caso debe establecerse si la conducta reproduce la pauta cultural de discriminaci�n, irrespeto y subyugaci�n, que ha afectado hist�ricamente a las mujeres, cuya abolici�n constituye una de las razones principales del legislador para disponer el incremento punitivo.
Tambi�n se indic� que la mayor sanci�n se justifica si la conducta del sujeto activo reproduce la pauta cultural cuya abolici�n se pretende. Ello puede suceder, a manera de ejemplo, si la agresi�n a la mujer, aunque aislada, ocurri� porque se viste de una determinada manera, porque el hombre decidi� ejercer sobre ella una supuesta funci�n de correcci�n, o porque el agresor la considera un objeto de su propiedad, entre otras circunstancias.
La verificaci�n del contexto es importante para esclarecer dos temas fundamentales dentro del programa de investigaci�n: (i) el motivo por el cual se realiz� la conducta; y (ii) las circunstancias que la rodearon, todo ello en orden a constatar la hip�tesis de hechos jur�dicamente relevantes circunstanciados��. Al aplicar lo antes expuesto al caso en estudio, vemos que el Juzgado de primer nivel consider� que los hechos de violencia intrafamiliar pregonados en contra del procesado J.A.L.C. se adecuaban a la aludida circunstancia espec�fica de agravaci�n punitiva, porque del contenido de las pruebas debatidas en el juicio, se lograba avizorar que los maltratos infligidos a la v�ctima ocurrieron dentro de un contexto de violencia de g�nero, dado que la agraviada, como consecuencia de los tratos humillantes y degradantes que le prodigaba el ahora procesado, se encontraba en un estado de subyugaci�n y de subordinaci�n por su condici�n de mujer.
Para la Sala el pregonar en contra del procesado la aludida causal espec�fica de agravaci�n punitiva result� ser contraria a los postulados que orientan el debido proceso � por contrariar el principio de la congruencia � y por ende, la misma no debi� ser tenida en cuenta, lo que a su vez implicaba que el compromiso penal del procesado de marras solamente ten�a que ser declarado responsable por incurrir en la comisi�n del delito de violencia intrafamiliar en su versi�n b�sica, por lo que en su contra se debi� imponer la pena m�nima, o sea la de cuatro a�os de prisi�n, dado que al momento de dosificar las penas se deb�a partir del primer cuarto de punibilidad, en atenci�n a que en contra del procesado un fueron pregonadas circunstancias gen�ricas de mayor punibilidad, y por la inexistencia de antecedentes penales.
Lo anterior lo decimos con base en el argumento consistente en que la Fiscal�a, en la acusaci�n, en momento alguno le ofreci� una explicaci�n razonable y plausible a su contraparte sobre el por qu� los cargos endilgados en contra del procesado se adecuaban a la causal espec�fica de agravaci�n punitiva del delito de violencia intrafamiliar relacionado con la condici�n de mujer de la v�ctima, por cuanto solo se content� con hacer una fam�lica menci�n de las normas que consagraban la aludida causal espec�fica de agravaci�n punitiva.
Como bien es sabido, la Fiscal�a ten�a la obligaci�n y el deber de ofrecerle a la Defensa una argumentaci�n razonable y plausible sobre el por qu� consideraba que en el presente asunto los hechos endilgados en contra del procesado se amoldaban dentro de un contexto de violencia de g�nero, lo que obviamente hac�a parte de los hechos jur�dicamente relevantes; pero vemos que no lo hizo, lo que a su vez ocasion� que al procesado se le vulnerara el derecho a la defensa, el cual se vio limitado, ya que al desconocer sobre las razones o motivos del porqu� incurri� en la comisi�n de un delito agravado, se le cercen� la oportunidad de ofrecer pruebas con las cuales pudiera refutar tales cargos.
A su vez, el Juzgado de primer nivel incurri� en una violaci�n del debido proceso � en lo que ata�e con el principio de la congruencia � dado que pregon� en contra del procesado unas circunstancias espec�ficas de agravaci�n punitivas, que no le fueron endilgadas en debida forma al procesado en la acusaci�n. Por todo lo anterior, considera la Sala que se torna necesario eliminar la aludida causal espec�fica de agravaci�n punitiva que en el fallo confutado le fue pregonada al procesado, lo que a su vez implicar�a que el compromiso penal endilgado en su contra corresponder�a a la comisi�n del delito de violencia intrafamiliar en su versi�n b�sica y no en la agravada.
Es de anotar que tal cambio habido en la calificaci�n jur�dica dada a los hechos jur�dicamente relevantes, al pasar de un delito agravado a uno simple, ha generado unas consecuencias catastr�ficas en el proceso, porque para cuando se profiri� el fallo de 1� instancia, en el evento de que el Juzgado de primer hubiere declarado la responsabilidad penal del procesado por incurrir en la comisi�n del un delito de violencia intrafamiliar simple, se encontraba extinta la acci�n penal por haber operado el fen�meno de la prescripci�n. Para poder llegar a la anterior conclusi�n, es menester tener en cuenta que el traslado del escrito de acusaci�n se surti� el 28 de noviembre de 2.019, lo que nos quiere decir que a partir de esa fecha tuvo lugar el fen�meno de la interrupci�n del t�rmino de prescripci�n de la acci�n penal, y se dio inicio de un nuevo termino de prescripci�n por un lapso igual al de la mitad de la pena m�xima de los delitos imputados, el cual �no podr� ser inferior a tres (3) a�os�.
Teniendo en cuenta que el delito de violencia intrafamiliar, en su versi�n b�sica � consagrada en el inciso 1� del art�culo 229 del C.P. � es sancionado con una pena m�xima de ocho a�os de prisi�n, ello implicaba, acorde con lo antes expuesto, que al presentarse el fen�meno de la interrupci�n de la prescripci�n, a partir del 28 de noviembre de 2.019 empez� a correr un nuevo termino de prescripci�n de cuatro a�os, el cual concluy� el 28 de noviembre de 2.023, o sea mucho antes de cuando fue proferido el fallo opugnado, el que, como se sabe, data del 28 de febrero de 2.024.
De lo antes expuesto se desprende que el plazo que el Estado detentaba para poder ejercer su potestad punitiva fenec�a el 28 de noviembre de 2.023, plazo este que se encontraba vencido a la fecha en la cual se profiri� el fallo de 1� instancia. Como consecuencia de lo anterior, es claro que se est� en presencia de una de las hip�tesis de improseguibilidad del ejercicio de la acci�n penal, acorde con la causal del # 1� del articulo 332 C.P.P. y por ende al estar extinta la acci�n penal por haber operado la prescripci�n, se precluir� la actuaci�n procesal que se surti� en contra del procesado J.A.L.C., por incurrir en la comisi�n del delito de violencia intrafamiliar en su versi�n b�sica.
Ahora bien, la Sala no puede pasar por alto que dado que al procesado J.A.L.C. no se le reconocieron el disfrute de subrogados penales, en su contra se libr� orden de captura, de la cual no se sabe si se han hecho efectivas o no, y como consecuencia de lo acontecido, en donde se precluy� la actuaci�n procesal, a la Sala no le queda otra opci�n diferente que la de ordenar la cancelaci�n de la orden de captura librada en contra del procesado de marras.
A modo de conclusi�n de todo lo expuesto a lo largo y ancho del presente fallo de 2� instancia, se tienen las siguientes: El fallo opugnado debe ser confirmado, por cuanto el Juzgado de primer nivel no incurri� en yerros al momento de la valoraci�n del acervo probatorio, porque: a) Se demostr� la condici�n que detentaba el procesado como sujeto activo calificado del delito de violencia intrafamiliar; b) Un an�lisis en conjunto del acervo probatorio demostraba de manera indubitable el compromiso penal pregonado en contra del procesado.
Como consecuencia de que la Fiscal�a no especific� en la acusaci�n sobre el porqu� la conducta endilgada al procesado se adecuaba en la circunstancia especifica de agravaci�n punitiva de la condici�n de mujer de la v�ctima, el Juzgado de primer nivel en el fallo opugnado incurri� en una violaci�n del principio de la congruencia al pregonar en contra del procesado la susodicha causal espec�fica de agravaci�n punitiva.
El juicio de responsabilidad criminal que se ten�a que pregonar en contra del procesado deb�a ser por incurrir en la comisi�n de un delito de violencia intrafamiliar simple. Se debe de precluir la actuaci�n procesal, porque para la fecha en la cual se profiri� el fallo confutado, se encontraba extinta la acci�n penal, por haber operado el fen�meno de la prescripci�n, en todo aquello que ten�a que ver con la comisi�n de un delito de violencia intrafamiliar simple. - Consideraciones adicionales: A modo de cierre, la Sala no puede desconocer que en el presente asunto el procesado ha sometido a la v�ctima a un reiterativo patr�n de actos de violencia de g�nero que tienen su g�nesis en su aparente comportamiento machista, y ante la existencia de evidencias que nos ense�an que es factible que el procesado reincida en esa clase de reprochables comportamientos, a fin de evitar que la v�ctima sea nuevamente expuesta a semejantes riegos o sea incluso, v�ctima de un feminicidio, la Sala, acorde con lo regulado en el los art�culos 4� y 5� de la ley # 294 de 1.996, en consonancia con lo establecido en el art�culo 18 de la ley # 1257 de 2.008, oficiar� a la Comisaria de Familia Centro de Pereira, o en su defecto la que sea competente de conformidad con el lugar de residencia de la v�ctima, y la Polic�a Nacional, para que implementen las medidas de protecci�n a que haya lugar y que consideren necesarias, a fin de precaver y de evitar que la Sra. L.J.M.V. pueda volver a ser victimizada por parte del ciudadano J.A.L.C..
Finalmente, a modo de colof�n, se considera que en el presente asunto no es necesario que se lleve a cabo la correspondiente audiencia de lectura de decisi�n, dado que ese acto procesal de notificaci�n a las partes del contenido del fallo de 2� instancia v�lidamente se puede suplir mediante la remisi�n � v�a correo electr�nico � con destino a las partes y dem�s intervinientes, por parte de la Secretar�a, de copias integrales del contenido la presente providencia de 2� instancia, tal y cual como lo regula el art�culo 8� de la ley # 2.213 de 2.022 que avalan ese tipo de notificaciones, lo que adem�s no contrar�a las disposiciones que en materia de notificaciones regula el C.P.P. ya que se cumplir�a con la finalidad de la norma, la cual no es otra cosa diferente que la de enterar a las partes del contenido de lo resuelto y decidido en el presente asunto por parte de la Colegiatura; de igual manera, con tal postura de no hacer la audiencia de lectura, se estar�a haciendo gala de los principios de celeridad, de eficiencia y eficacia de la administraci�n de justicia consagrados en los art�culos 4� y 7� de la ley estatutaria de la administraci�n de justicia � Ley # 270 de 1.996 �.
Aunado a lo anterior, como quiera que el presente se tramit� bajo el procedimiento especial abreviado, habr� de tenerse en cuenta lo descrito en los art�culos 22 y 23 de la Ley 1826 de 2.017, y en ese sentido se tiene que para este tipo de procesos se permite la notificaci�n de las sentencias fuera de estrados, por lo cual, as� se dispondr�.
En m�rito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisi�n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por parte del Juzgado 8� Penal Municipal de Pereira, con funciones de conocimiento, en las calendas del 28 de febrero de 2.024, mediante la cual se declar� la responsabilidad criminal del ciudadano J.A.L.C., por incurrir en la comisi�n del delito de violencia intrafamiliar agravada; pero se ACLARA, que el juicio de responsabilidad criminal que se pregona en contra del procesado de marras, lo es por incurrir en la comisi�n del delito de violencia intrafamiliar en su versi�n b�sica.
SEGUNDO: PRECLUIR, por haber operado el fen�meno extintivo de la prescripci�n de la acci�n penal, la actuaci�n procesal que se surti� en contra del procesado J.A.L.C., por incurrir en la comisi�n del delito de violencia intrafamiliar en su versi�n b�sica.
TERCERO: ORDENAR la cancelaci�n de la orden de captura que pret�ritamente fue librada en contra del procesado J.A.L.C..
CUARTO: OFICIAR a la Comisaria de Familia Centro de Pereira, o en su defecto la que sea competente de conformidad con el lugar de residencia de la v�ctima, y a la Polic�a Nacional, para que implementen las medidas de protecci�n a que haya lugar y que consideren necesarias, a fin de precaver y de evitar que la Sra. L.J.M.V. pueda volver a ser victimizada por parte del ciudadano J.A.L.C..
QUINTO: ORDENAR que por Secretar�a se proceda a notificar a las partes y dem�s intervinientes del contenido de esta providencia mediante la remisi�n de copias de la misma v�a correo electr�nico, tal y cual como lo regula el art�culo 8� de la ley # 2.213 de 2.022 que avala ese tipo de notificaciones, lo que relevar�a, por innecesaria, llevar a cabo la correspondiente audiencia de lectura del presente fallo de 2� instancia.
SEXTO: ESTABLECER que contra de la presente sentencia de 2� instancia procede el recurso de Casaci�n, el cual deber� ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley; Asimismo, en contra de la decisi�n por medio de la cual se precluy� la actuaci�n procesal, solamente procede el recurso de reposici�n, el cual, por estar en presencia de un tr�mite escritural, deber� ser interpuesto y sustentado acorde con lo regulado en el art�culo 189 de la ley # 600 de 2.000.
NOTIF�QUESE Y C�MPLASE: MANUEL YARZAGARAY BANDERA Magistrado CON FIRMA ELECTR�NICA CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Magistrado CON FIRMA ELECTR�NICA JULI�N RIVERA LOAIZA Magistrado CON FIRMA ELECTR�NICA Actualmente Juzgado Octavo Penal Municipal con Funci�n de Conocimiento en virtud del cambio de denominaci�n efectuado mediante Resoluci�n No. UDAER23-74 del 28 de abril de 2023 emanada del Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Desarrollo y An�lisis Estad�stico. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci�n Penal: Sentencia del 13 de septiembre de 2.023.
SP417-2023. Rad. 62590. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci�n Penal: Providencia del 13 de septiembre de 2.023. AP2835-2023. Rad. # 63607. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Penal: Sentencia de 18 de mayo de 2.011. Rad. # 35668. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci�n Penal. Sentencia del 23 de junio de 2021. SP2532-2021.
Rad. # 55379. Inciso 2� del art�culo 292 del C.P.P. Esto en el evento que la Defensa decida renunciar a la prescripci�n, y no est� conforme con la declaratoria de la responsabilidad penal del procesado por incurrir en la comisi�n del delito de violencia intrafamiliar simple; o que la Fiscal�a, o el apoderado de las v�ctimas, no est�n conformes con la calificaci�n jur�dica dada a los hechos, y sean de la opini�n consistente en que ellos se adecuan t�picamente en el delito de violencia intrafamiliar agravada. Procesado: J.A.L.C. Delito: Violencia intrafamiliar agravada.
Radicaci�n # 66 001 60 00036 2019 00363 01. Procede: Juzgado 8� Penal Municipal de Pereira, con funciones de conocimiento. Asunto: Resuelve recurso de apelaci�n interpuesto por la Defensa en contra de sentencia condenatoria. Decisi�n: Confirma el fallo opugnado, y precluye la actuaci�n procesal. P�gina PAGE20 de NUMPAGES21 � $ ' = ? 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@���CJ8KH OJ PJQJ ^JaJ8T�/���T \xa� T�tulo Car(@���CJ8KH OJ PJQJ ^JaJ8mH XsH XPJP \xa� Subt�tulo & @�B*CJ PJ^JaJ phYYYX�/���X \xa� Subt�tulo Car%@�B*CJ PJ^JaJ mH XphYYYsH X �@>�WP]w)�����Q|"������G^�qq�=��b�0좏�@���>�hC�� ���W3� }4f ��r������,n�H�E��CO�p��/Q]#(���G/��,��T��#d�.�I�R��N�����N�N�f��~ tש��\ ��F��"�4+�Q+�X� ����2�7�"��z�$�:C �*���W��� ���22�ގJ�: C�wZ.�'*lσ\��,� ��͐��� ��=�z���O�]{z��bl�����~�J����?�ݿ�⇯^ ʙD�XI,G�a� 9 ��> X� ���8� d R_�{�]����PK! ѐ��'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels��M �0���wooӺ�&݈Э���5 6?$Q�� �,.�a��i����c2�1h�:�q��m��@RN��;d�`��o7�g�K(M&$R(.1�r'J��ЊT���8��V�"��AȻ�H�u}��|�$�b{��P����8�g/ ]�QAsم(����#��L�[������PK-!���� [Content_Types].xmlPK-!�֧��6 0_rels/.relsPK-!ky��� theme/theme/themeManager.xmlPK-!4x� ��theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ��'' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]" � �N!`�fÁ��W��f���W�"B���� {{����*� e � � "%�&�)�,�0�4Z;B 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