2001 01188 03 · Tribunal de Bogotá

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REQUISITOS PARA QUE SE CONFIGURE. PERJUICIOS DERIVADOS DE MEDIDA CAUTELAR.ART�CULO 2341 DEL C.C. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL BOGOTA D.C SALA CIVIL PRIVATE PRIVATE TC \l 1 " SALA CIVIL" Magistrado Ponente: Dr. ARIEL SALAZAR RAMIREZ Bogot� D. C., veintitr�s de mayo de dos mil siete. Ref: Proceso ordinario de FIDUBANCOOP FIDUCIARIA COOPERATIVA DE COLOMBIA contra CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO.

Proyecto discutido y aprobado en sesi�n de 3-V-2007 Radicaci�n. 2001 01188 03 ___________________________________________ Agotado el tr�mite que le es propio a esta instancia, se pasa a decidir el recurso de apelaci�n interpuesto contra la sentencia de siete de abril de dos mil seis proferida por la se�ora Juez Tercero Civil del Circuito de esta ciudad.

ANTECEDENTES: Las pretensiones y la demanda A. En demanda que fuera introductoria de este proceso, la sociedad Fiduciaria Cooperativas de Colombia �FIDUBANCOOP- en liquidaci�n, por conducto de gestor judicial formul� estas pretensiones: a. Declarar que la demandada �CAJA DE CREDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO �CAJA AGRARIA- EN LIQUIDACI�N�, es responsable extracontractualmente de todos los da�os y perjuicios ocasionados por el ABUSO DEL DERECHO ejercido contra la sociedad demandante y el �PATRIMONIO AUTONOMO denominado �FIG-220.067-02-96- FIDUBANCOOP�, por causa de la demanda y medidas cautelares decretadas y practicadas dentro del PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE MAYO CUANTIA adelantado por la entidad financiera aqu� demandada contra el se�or FABIO ANDRES ORTIZ RAMIREZ, FIDUBANCOOP y el PATRIMINO AUTONOMO precitado. b. Que como consecuencia de la anterior declaraci�n, deber� indemnizar en forma integral, todos los da�os y perjuicios ocasionados a la demandante, los cuales hizo consistir en $150.000.000,oo por concepto de da�o emergente, $300.000.000,oo de lucro cesante y la suma de $100.000.000,oo por la p�rdida del Good Will o buen nombre de la entidad, sumas de dinero que deber�n ser actualizadas. c. Como pretensiones subsidiarias, requiri� se condene a la entidad demandada a las sumas que fueren demostradas en el curso del proceso de conformidad con el art�culo 307 del C. de P.C., adem�s de las correspondientes costas y gastos del proceso.

B. En fundamento de esas peticiones se invocaron los siguientes hechos: a. La Caja Agraria en liquidaci�n inici� proceso ejecutivo singular de mayor cuant�a en contra de FABIO ANDR�S ORTIZ RAM�REZ, FIDUBANCOOP y el PATRIMONIO AUTONOMO ya referenciado, cuyo tr�mite correspondi� por reparto al Juzgado Quinto Civil del Circuito de C�cuta, bajo el radicado No. 463. b. Como t�tulos base del recaudo se presentaron dos pagar�s por la suma de $600.000.000,oo y $200.000.000,oo cada uno, por lo que el Juzgado de conocimiento del proceso ejecutivo, libr� mandamiento de pago a favor de la all� demandante y en contra de los prealudidos demandados. c. Asimismo, dicha autoridad judicial procedi� con providencia de fecha 9 de febrero de 1998 a decretar el embargo de los bienes de la SOCIEDAD FIDUCIARIA COOPERATIVA DE COLOMBIA y los bienes del PATRIMONIO AUTONOMO, para lo cual orden� embargar un total de 152 bienes inmuebles, los saldos que la FIDUCIARIA poseyera en los establecimientos bancarios, Corporaciones de ahorro y dem�s, en la ciudad de C�cuta, limitando la medida cautelar a la suma de $1.300.000.000,oo.

Se�ala que entre los bienes embargados se afect� el Certificado a T�rmino Fijo (C.D.T) No. 0045189 por la suma de $215.580.000,oo, en la Corporaci�n Las Villas, valor �ste que qued� inmobilizado y a �rdenes del Juzgado, y los bienes propios de la sociedad FIDUCIARIA, es decir, la ense�a o nombre comercial, los muebles y enseres, etc. d. Asegura el demandante que la firma impuesta en los pagar�s presentados como base del recaudo por la representante legal de la fiduciaria, en virtud de las normas mercantiles (Arts. 1226 y ss. del C.C.), fue impuesta en calidad de vocera y representante del PATRIMONIO AUTONOMO CONSTITUIDO y no compromete a la Fiduciaria, puesto que los bienes de �ste no ingresan al patrimonio del fiduciario por expresas disposiciones legales. e. De lo anterior result� que la aqu� demandante, una vez notificada del mandamiento de pago, interpuso los recurso de ley contra el mandamiento ejecutivo y el decreto de las medidas cautelares, puesto que el Juzgado de conocimiento no tuvo en cuenta que los art�culos 684-13 del C. de P.C. y 1238 del C. de Co., reconocen que los bienes que se posean fuduciariamente son INEMBARGABLES y que s�lo podr�n perseguirse los remanentes o rendimientos que produzcan o llegaren a producir tales bienes.

No obstante el a quo resolvi� no reponer el auto recurrido, lo modific� en el sentido de que se embarga son los rendimientos que hayan producido, produzcan o llegaren a producir los bienes del patrimonio aut�nomo. f. Frente la anterior decisi�n, la CAJA AGRARIA como entidad demandante, insisti� en el embrago de los bienes del patrimonio aut�nomo y de otros, peticiones que a la postre fueron denegadas y confirmadas en segunda instancia y, mediante auto del 31 de marzo de 2000, se orden� dar cumplimiento a lo dispuesto por el superior, por lo que se expidieron las �rdenes de las medidas cautelares. g. Aduce el actor que entre la Sociedad Fiduciaria Cooperativa de Colombia y la Sociedad Comercial, Industrial y El�ctrica LTDA. �CIEL LTDA-, representada legalmente por el se�or FABIO ORTIZ RAMIREZ, se celebr� contrato de fiducia mercantil irrevocable de garant�a, seg�n consta en la escritura p�blica 1722 del 26 de abril de 1996 otorgada en la Notar�a Quinta de C�cuta y se constituy� patrimonio aut�nomo �FIG-220.067-02-96 FIDUBANCOOP� en el que la fiduciaria actu� como vocera al tenor del art�culo 1234 del C. de Co. h. Indica el demandante que finalmente mediante escritura p�blica No. 4882 del 15 de diciembre de 1998 otorgada en la Notar�a Veinticinco del C�rculo de Bogot�, se protocoliz� el acta No. 09 del 25 de noviembre de 1998 de la Asamblea General de Accionistas en la cual se acord� la disoluci�n y liquidaci�n de la Sociedad fiduciaria Cooperativa de Colombia -FIDUBANCOOP-, por lo que, arguye, le son aplicables los efectos jur�dicos del art�culo 117 del la ley 79 de 1988, seg�n el cual �A partir del momento en que se ordene la liquidaci�n, las obligaciones a t�rmino a cargo de la Cooperativa, se hacen exigibles, pero sus bienes no podr�n ser embargados�. i. No obstante lo anterior, la demandada CAJA AGRARIA, adem�s de omitir dar cumplimiento a la norma trascrita, no dio aplicaci�n al art�culo 684 del C�digo de Procedimiento Civil e incumpli� cl�usulas contractuales referentes al contrato de fiducia, al insistir reiteradamente en mantener embargados los bienes de la Sociedad Fiduciaria en liquidaci�n, generando perjuicios a la sociedad fiduciaria, al patrimonio aut�nomo, cuya finalidad nunca se pudo concretar debido a las consecuencias generadas por la demanda, constituy�ndose de esta forma un abuso del derecho.

La actuaci�n procesal Se admiti� la demanda en auto del 3 de diciembre de 2001, frente a la cual LA CAJA AGRARIA propuso excepciones de m�rito a las cuales denomin� �AUSENCIA DE PRESUPUESTOS QUE ESTRUCTUREN LA RESPONSABILIDADA CIVIL EXTRACONTRACTUAL, NO CONFIGURACI�N DEL ABUSO DEL DERECHO e INEFICACIA DE LA VIA PROCESAL ESCOGIDA�. En la sentencia impugnada, el a quo declar� infundada la defensa titulada �Ineficacia de la v�a procesal escogida�y declar� probada la excepci�n de m�rito denominada �Ausencia de presupuestos que estructuren la responsabilidad civil extracontractual�, toda vez que al haberse limitado la medida cautelar a los rendimientos del patrimonio aut�nomo, no pudo producirse da�o alguno. Inconforme con la decisi�n adoptada en primera instancia, la parte actora interpuso recurso de apelaci�n con fundamento a lo dispuesto en los art�culos 1227 y 1233 del estatuto mercantil, para concluir que los bienes que conforman el patrimonio de a fiduciaria en manera alguna pueden ser embargados con ocasi�n de un negocio fiduciario.

Adem�s, que al ser dicho patrimonio centro receptor de derechos subjetivos, desde el punto de vista sustancial, es titular de derechos y obligaciones, y desde el punto de vista procesal, comparecer a juicio como demandante o demandado a trav�s de su titular � el fiduciario-., por lo que la demanda ejecutiva debi� dirigirse exclusivamente contra el patrimonio aut�nomo constituido mediante contrato de fiducia y no contra la sociedad fiduciaria.

En traslado de que trata el art�culo 360 del C. de P.C., el apoderado de la entidad demandada, se refiri� a las razones esbozadas por el juez de conocimiento en la providencia impugnada y por las cuales �sta deb�a ser confirmada, toda vez que no se logra probar en el plenario el da�o irrogado a la demandante. II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL: 1.- Es indudable que los presupuestos jur�dicos procesales que integran la pertinente relaci�n procesal se establecieron de manera plena en este asunto, por lo que el litigio deb�a recibir un pronunciamiento de m�rito.- 2.- Se ha dicho, y con toda raz�n, que la responsabilidad delictual y cuasidelictual civil que ordinariamente se fundamenta en hechos u omisiones ejercidos con dolo o culpa y que causan da�o a un tercero, puede tambi�n encontrarse en el ejercicio de un derecho, lo que generalmente acontece cuando tal ejercicio es abusivo y produce un da�o. Es pues, el abuso del derecho otra de las fuentes de la responsabilidad civil, ya sea delictual o cuasidelictual.- 2.1.- Surgi� la teor�a del abuso del derecho como una l�gica reacci�n contra el absolutismo de que se revest�a. Para quienes lo defend�an se incurr�a en una contradicci�n aceptar el abuso de un derecho, pues si �stos consist�an en las facultades que la ley reconoc�a al individuo para ejercitarlos libremente, no incurr�a en responsabilidad as� la acci�n del derecho ocasionara un da�o. Se afirmaba que si el acto era leg�timo, jam�s podr�a ser il�cito porque �ste no pod�a ser l�cito e il�cito a la vez.

O el acto es abusivo, se afirmaba, y entonces "no puede ser el ejercicio de un derecho, o se conforma con �ste y en tal caso no puede haber abuso". Sosten�a PLANIOL, de donde se tom� la anterior cita, que el derecho cesaba donde el abuso comienza y no puede haber uso abusivo de un derecho por la raz�n irrefutable de que un mismo acto no puede ser a la vez conforme y contrario al derecho.

Puede haber -agregaba- abuso en la conducta de los hombres, pero ello no ocurre cuando ejercen sus derechos, sino cuando los exceden; "el hombre abusa de las cosas, pero no abusa de los derechos". ('Tratado Elemental de Derecho Civil`, t.II. 871, p: 298).- Fue JOSSERAND quien sistematiz� a partir de 1.932 la teor�a de la relatividad de los derechos.

Se opuso a la contradicci�n de que hablaran los absolutistas al explicar que era factible que un mismo acto sea al tiempo conforme y contrario a derecho, si se pensaba en que el derecho objetivo era el conjunto de reglas jur�dicas dadas, mientras que el derecho subjetivo consist�a en la facultad concedida al hombre para realizar ciertos y determinados actos.

Si se ejecutaba un acto abusivo en virtud al derecho subjetivo, pero en conflicto con el derecho en general u objetivo y se causaba un da�o, f�cil era entender que se incurr�a en responsabilidad. Conforme a la teor�a de los derechos relativos, cada uno de �stos tiene su raz�n de ser y su misi�n que cumplir; cada uno de ellos persigue un fin del cual no es posible desviarse a su titular, dado que los derechos se dan para la sociedad a la que han de servir, m�s que a la persona en s� misma considerada, por lo que no son absolutos sino relativos.

"Es cierto que los derechos son facultades que la ley otorga al individuo -sostiene ALESSANDRI-; pero no para que los utilice a su antojo, sino para realizar determinados fines. El objeto de la ley no es tanto reconocer o resguardar la libertad humana como asegurar el orden social, permitir la convivencia en sociedad. Para lograrlo, confiere esas facultades a sus miembros como un medio de que puedan desarrollar sus actividades y satisfacer sus necesidades; pero dentro de los fines para que ellos han sido creados.

"Los derechos, a m�s de su aspecto individual, tienen una finalidad social que llenar, de la que su titular no puede prescindir. Deben, pues, ejercerse de acuerdo con los fines para que han sido otorgados. Quien prescinde de estos fines y los utiliza en otros diversos de aqu�llos que legitimaron su existencia, quien los desv�a de la misi�n social a que est�n destinados, abusa de ellos, y si causa un da�o, debe indemnizarlo.

As� como un funcionario p�blico no puede servirse de su cargo para satisfacer sus pasiones ni para otros fines que los se�alados en la ley, igualmente el titular de un derecho no debe utilizarlo con fines il�citos o contrarios a los que determinaron su raz�n de ser. Como dice Josserand, los derechos que la ley nos confiere los ejercemos bajo nuestra propia responsabilidad y no bajo la del Estado".

(` De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil`. t. I. Imprenta Universal. Santiago de Chile, 1.987, p: 252).- 2.2. Comprendido as�, como lo ha entendido tambi�n la jurisprudencia, el abuso del derecho constituye una especie de la culpa aquiliana y, por lo mismo, puede irse desde la culpa m�s grave, equivalente al dolo, cuando el agente procede movido por la intenci�n de causar da�o, animus nocendi, hasta el da�o ocasionado "por la simple negligencia o imprudencia no intencionada.

Estar� en el primer caso, por ejemplo, el propietario que ejecuta excavaciones en su predio, con la mira exclusiva de secar una fuente o manantial de su vecino; o el acreedor que por esp�ritu de persecuci�n contra su deudor honorable, intempestivamente lo ejecuta haci�ndole un embargo excesivo de bienes en relaci�n con el cr�dito que cobra, para empujarlo as� a un estado de ruina; o el litigante que confiando su causa menos en el examen cauteloso de su derecho que en el albur de todo pleito, promueve temerariamente controversias judiciales, y despu�s de someter a su adversario a larga, costosa y re�ida lucha, inesperadamente desiste de ella atento a eludir inminente fallo adverso que le diese a la contraparte la victoria judicial.

Y encontrarse en el segundo caso el que pone un denuncio criminal contra otra persona, formul�ndolo a la ligera o imput�ndole perentoriamente, sin base ser�a, la comisi�n de un hecho criminal (Caso resuelto por la misma Corte en sentencia de fecha 5 de agosto de 1.937, G. J. num. 1927, p: 419-422)". G.J> t.XLVI, 60).- Distingue la jurisprudencia las cuatro modalidades de que es susceptible el ejercicio de un derecho: a) el disfrute de hecho de su contenido; b) el hacerlo valer frente a los dem�s; c) el de disponer de �l, y d) el de hacerlo efectivo por medio de la acci�n procesal, lo que indica que el abuso del derecho comienza por afirmar, desde luego, un derecho que asiste a quien lo ejercita.

El abuso consiste en que "este ejercicio se exceda o se desv�e de los fines que econ�mica y socialmente corresponden, y as� perjudique al perseguido, sin siquiera obtener las m�s de las veces provecho para s�" (Corte, G. J. t. LV, p: 318).- 3.- Desde el a�o de 1.935 la Corte, de manera uniforme y reiterada, aceptando en este sentido las m�s modernas vertientes del derecho, ha sostenido que s�lo, en el supuesto de que el titular de un derecho subjetivo proceda en el ejercicio de sus derechos procesales con la intenci�n de perjudicar a la contraparte o a un tercero, o lo haga sin la cautela, cuidado o diligencia con que suelen obrar las personas prudentes y de tal actuaci�n resulte un da�o, puede predicarse la responsabilidad civil consagrada por el art�culo 2341 del c�digo civil.- Sostuvo, en concreto, que el fen�meno jur�dico del abuso del derecho ocurre en dos casos distintos: cuando se causa da�o a otro, intencional o culposamente as� la culpa sea leve o lev�sima, es decir no se requiere de culpa calificada, y cuando el derecho se ejerce de una manera mal dirigida, o sea, cuando el abuso se origina en la escogencia de los medios o instrumentos procesales establecidos en la ley para alcanzar la efectividad del derecho sustancial controvertido, caso en el cual se requiere que el litigante haya actuado dolosa, temerariamente o con culpa grave, en otras palabras con una imprudencia manifiesta.- "Es apenas claro -afirma- que el titular de un derecho subjetivo es, en principio, la persona legitimada para ejercitarlo frente a quien la norma positiva material ha impuesto la obligaci�n correlativa.

Pero como quien demanda la intervenci�n de la jurisdicci�n para el arreglo de los conflictos surgidos con sus conciudadanos, ha de obrar siempre sin temeridad, tanto en sus pretensiones como en el ejercicio de sus derechos procesales y, adem�s, debe proceder con lealtad y buena fe, seg�n lo impera el art. 71 del estatuto de enjuiciamiento Civil, en caso de no observar esas pautas de mediana prudencia y dignidad, si causa un da�o a la contraparte o a terceros, entonces el legislador sanciona su obrar temerario o mal intencionado, y no simplemente cualquier clase de culpa, imponiendo por la temeridad o la mala fe en la escogencia de las v�as de derecho, la obligaci�n de indemnizar a la v�ctima por el abuso del derecho de litigar.

As� est� dispuesto expresamente en los arts. 72 y 74 del C. P. C. "El principio general, consagrado en el art. 2341 del C. C., relativo a quien a inferido da�o a otro, intencional o culposamente, as� la culpa sea leve o lev�sima, es obligado a la indemnizaci�n, es aplicable al campo del abuso del derecho, pero s�lo en trat�ndose del ejercicio de un derecho subjetivo.

Cuando, por el contrario, el abuso se ha realizado en la escogencia de las v�as de derecho, es decir en el ejercicio de los derechos procesales seleccionados para lograr la efectividad del derecho material discutido, entonces una culpa cualquiera del litigante no genera necesariamente, en caso de darse los otros elementos de la responsabilidad, la obligaci�n de indemnizar.

Desde luego que en la actividad procesal la ley no exige un m�ximo de cuidado, una diligencia suma, y como cualquiera que del contenido de las normas positivas no siempre ofrece una sola interpretaci�n, el legislador ha impuesto a los litigantes el deber de observar una conducta que excluya la mala fe y la temeridad, circunstancias �stas que la ley presume en los siguientes eventos, seg�n lo establece el art. 74 precitado: "1.

Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepci�n, recurso u oposici�n. "2. Cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad. "3. Cuando se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con prop�sitos dolosos o fraudulentos. "4. Cuando se obstruya la pr�ctica de pruebas.

"5. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca reiteradamente el desarrollo normal del proceso "En sentencia del 11 de octubre de 1.973, dictada en el ordinario de Luis Enrique P�ez Sierra contra la Caja de Cr�dito Agrario, Industrial y Minero, la Corte dijo lo siguiente: "El art. 2341 del C. Civil consagra el principio de que todo perjuicio causado por dolo culpa, obliga a su autor a la cabal indemnizaci�n. No se exige una determinada culpa para que surja la obligaci�n de resarcimiento.

Es suficiente una culpa sin calificaci�n, una culpa cualquiera, desde luego que no es indispensable que el autor del da�o haya actuado con intenci�n positiva de inferirlo o que se requiera, espec�ficamente, que se le declare reo de una determinada clase de culpa. "Y como el derecho de cada cual va hasta donde empieza el de su pr�jimo, resulta evidente que cuando su ejercicio traspasa este l�mite, tal actividad puede implicar un claro abuso del derecho, que si se origina en un proceder culposo de su titular, compromete la responsabilidad personal de �ste si causa da�o a terceros.

Quien act�a as�, no puede librarse entonces del deber de indemnizar perjuicios, afirmado: feci, sed jure feci, pues en principio, los derechos subjetivos no pueden ejercitarse en �mbitos que no est�n titulados por un inter�s serio y leg�timos cuando su ejercicio se sale de esta esfera, el titular de la facultad deja de obrar conforme al derecho y su actuar se torna t�pico abuso del mismo; tal el motivo para que, con raz�n dicho los MAZEAUD que no se nos han conferido nuestros derechos para que los ejerzamos con un fin puramente ego�sta, sin tener en cuanta el influjo que puede tener su ejercicio sobre nuestros semejantes, y que el inter�s social debe tener un sitio junto al inter�s individual del titular del derecho ejercido.

"Ahora bien, como no son los mismos elementos de la responsabilidad por el abuso de un derecho subjetivo o por el empleo de las v�as de derecho, necesario ser� advertir que, acogiendo lo que en el punto la doctrina francesa sostiene sobre el abuso de esta �ltima v�a, el nuevo C�digo de procedimiento Civil (arts. 71, 72, 73 y 74), para deducir responsabilidad a los terceros intervinientes, a las partes o a sus apoderados por los perjuicios que, con sus actuaciones procesales, causen a su adversario o terceros, exige expresamente que estos actos sean fruto de la temeridad o la mala fe.

"Sin embargo, la doctrina jurisprudencial de la Corte sobre el abuso del derecho; no sufre modificaciones relativamente a que el titular de un derecho subjetivo, cuando abusa en su ejercicio, no ya en las v�as de derecho que utiliza para alcanzar su efectividad, compromete su responsabilidad personal si, por cualquier especie de culpa, con tal de proceder causa da�o. Y existe culpa, entonces, siempre que el titular del derecho haya obrado como no hubiera obrado un individuo diligente y juicioso, situado en las mismas circunstancias externas que el autor de la culpa.

"En resumen: quien cometa abuso en la elecci�n de las v�as de derecho, es decir, en sus actuaciones procesales, tambi�n debe indemnizar el da�o que cause, m�s solo cuando su proceder haya sido temerario o malicioso. Y, en cambio, quien es reo del mismo abuso, mas no ya por la elecci�n de las v�as de derecho, se hace responsable, en principio que en su actuar haya obrado culposamente, a pesar de que su proceder no pueda calificarse como temerario o malintencionado�.

"Ahora bien, como la responsabilidad civil por abuso de derechos subjetivos, generalmente en nada se separa de los lineamentos principales de la culpa aquiliana, o de la contractual, en su caso, s�guese que al demandante no le basta con acreditar la existencia de ese abuso con la calidad de culposo, sino que es menester que demuestre el da�o que haya padecido y la relaci�n de causalidad entre �ste y la culpa alegada.

El abuso del derecho, pues como especie de responsabilidad civil, solo puede ser fuente de indemnizaci�n cuando se pruebe que existen los tres elementos cl�sicos de ella: culpa, da�o, y relaci�n de causa o efecto entre aquella y �ste". (Sentencia dictada el 26 de enero de 1.978 en el proceso ordinario de Karol Fortich frente a Isaac Schuster y 24 de mayo de 1.980).

Alessandri participa del mismo criterio, cuando sostiene que "El ejercicio de las acciones judiciales y de los recursos que franquean las leyes de procedimiento no es abusivo por s� solo, aunque los tribunales no acojan esas acciones o recursos en definitiva y aunque con ese ejercicio se haya causado un da�o a otra parte. Para que lo sea, es menester que se pruebe que el litigante, al ocurrir a la justicia, al persistir en defenderse, al promover incidentes dilatorios, al retardar la marcha y fallo del litigio, al solicitar la quiebra de su deudor, al iniciar una ejecuci�n, al deducir una tercer�a, al hacer cumplir un fallo que causa ejecutoria, al resistir el cumplimiento de una sentencia, en general, al utilizar los diversos recursos o derechos que las leyes le otorgan, sea como demandante o demandado, ha procedido con culpa o dolo, es decir, con negligencia o imprudencia o con el deliberado prop�sito de da�ar a su contraparte, sea por puro esp�ritu tinterillesco, por venganza, por rencor o para arrancarle una transacci�n que de otro modo no obtendr�a. "En defecto de esta prueba, que puede resultar de la actuaci�n obstinada, tinterillesca, vejatoria o temeraria asumida por el litigante, el ejercicio de tales acciones o recursos, sin perjuicio de las costas y multas en que su titular pueda ser condenado, no le impone responsabilidad delictual o cuasidelictual, aunque con ello haya inferido da�o. Lo contrario ser�a coartar el derecho de defensa y admitir la responsabilidad objetiva, que nuestro C�digo no reconoce.

"Se ha fallado, por eso, que el hecho de que el ejecutante haya procedido a hacer rematar los bien embargados, a pesar de estar pendiente una tercer�a de dominio que no se fundaba en un instrumento p�blico otorgado con anterioridad a la ejecuci�n y que m�s tarde fu� acogida, no constituye un acto il�cito; fuera de que el acreedor, al pedir que se llevara adelante la subasta, ejercit� un derecho que le confiere expresamente la ley, del proceso resultaba que tuvo motivos fundados para dudar de la veracidad de la tercer�a, por lo cual no pod�a imput�rsele negligencia, descuido o imprudencia por haber continuado el procedimiento de apremio.-( Obra citada, p: 278 y 279).- 4.- De este conjunto de antecedentes doctrinales y de jurisprudencia, se llega a la conclusi�n de que ese elemento indispensable para que se configure la responsabilidad del demandado no est� acreditado en el caso sub-j�dice, para lo cual baste afirmar que del escrito introductorio de la demanda ni del plenario, se desprende en forma alguna la temeridad, dolo o mala fe, como presupuesto esencial a fin de que se configure el abuso del derecho de la entidad demandada.

Sin embargo, es pertinente poner de resalto, como acertadamente lo hizo la se�ora juez de conocimiento en sentencia de primera, que los asuntos atinentes a la falta de legitimidad por pasiva de la FIDUCIRIA �FIDUCOOP-, en modo alguno es materia de estudio que pudiese ventilarse en la presente instancia, siendo un asunto meramente sustancial y que ya fuere tratado en el proceso ejecutivo tramitado ante la se�ora Juez Quinto Civil del Circuito de la ciudad de C�cuta y posteriormente confirmado en segunda instancia por el Tribunal de dicha ciudad.

Lo mismo ha de predicarse con respecto a la aplicaci�n de las normas pertinentes a las medidas cautelares practicadas en el juicio ejecutivo, se reitera, son asuntos pertenecientes a la esfera del proceso ejecutivo y, su mal o correcta aplicaci�n, es ajena a lo que la doctrina y la jurisprudencia han entendido como abuso del derecho; adem�s, valga decir, no seria la entidad demandada la llamada a responder por la errada aplicaci�n del derecho.

As� entonces, la temeridad, la mala fe o la grave imprudencia en que debe necesariamente haber incurrido el demandado al interponer los recursos y las acciones que le concede la ley de procedimiento, no aparece acreditada por cualquiera de los medios probatorios indicados en el estatuto procesal civil. De ah� que la conducta de donde se hace derivar la responsabilidad civil de la demandada no es fuente de derecho alguno en el presente caso, pues el solo hecho -se reitera- de mantenerse en sus planteamientos, al utilizar los diversos recursos o acciones que la ley le otorgaban, que por lo dem�s fueron acogidos por la competente autoridad judicial y confirmados en segunda instancia por el Tribunal, no constituye necesariamente abuso del derecho, y en tal situaci�n, para obtener indemnizaci�n de perjuicios con fundamento en esta clase de responsabilidad, es menester la plena prueba de los tres elementos que la configuran: da�o, culpa y la relaci�n de causalidad entre uno y otra, y la existencia de ese abuso realizado en forma malintencionada o con el prop�sito deliberado de da�ar al tercero. 5.

De todo cuanto viene de analizarse, fuerza colegir que la sentencia impugnada ha de mantenerse inc�lume. III. DECISION: En virtud a lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot� D.C., en Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia que por v�a de apelaci�n ha revisado.

Costas de la instancia a cargo del recurrente. T�sense COPIESE,

NOTIFIQUESE y DEVUELVASE Los Magistrados ARIEL SALAZAR RAM�REZ 2001 01188 03 EDGAR CARLOS SANABRIA MELO 2001 01188 03 LUIS ROBERTO SU�REZ GONZ�LEZ 2001 01188 03 2001 01188 03 PAGE PAGE 2 yz��QUk��r��`Q�`QMFF5�6�\�]�5�\�@��CJOJQJ^JmH sH "6�@��CJOJQJ]�^JmH sH 7�jT5�6�@��CJOJQJU\�]�^JmH sH 7�j5�6�@��CJOJQJU\�]�^JmH sH +�5�6�@��CJOJQJ\�]�^JmH sH 4�j5�6�@��CJOJQJU\�]�^JmH sH (5�6�@��CJOJQJ\�]�^JmH sH OJQJ^JCJOJQJ^J5^_vwyz{��`��}s �dh*$ $$ ��dh*$ $ ��dh*$a$$a$X$$If�F��`��0��6��4� Fa� $$Ifa$ �t�t�t��NQ�HK78KLjk.� � ��$ ��dh*$`��a$$ ��dh*$a$ ��d�^� ��dh^� � ��0�dh^��`�0� $ �dh*$a$�HK78:IKjkm��.0T � � � � 68/ 2 3 } ��pt�� )!*!+!,!��ƴ��5�6�\�]�CJOJQJmH sH 6�]�"6�@��CJOJQJ]�^JmH sH (5�6�@��CJOJQJ\�]�^JmH sH "5�@��CJOJQJ\�^JmH sH @��CJOJQJ^JmH sH 5�\�>� 56/ 0 z { ��op��$ ��dh*$`��a$$ ��dh*$a$��)!*!�"�"�%�%�&�&''�'�'�)�)[,\,P.Q.�0�0D2E2N4O4��$ ��dh*$`��a$$ ��dh*$a$,!J!P!w!�!�!'"�"�%�&�&'!'"'�'(�)�)�-.88>><>>>d>f>>�>#@%@�g�g�i�k�mr rrvryrzr�r�r�rHsQs�s�s�s��Ƽ��ͧ��ƖƋ�@��CJOJQJ@��CJOJQJaJ5�6�CJOJQJ\�]�5�\�(5�6�@��CJOJQJ\�]�^JmH sH 6�CJOJQJ]�CJOJQJ"6�@��CJOJQJ]�^JmH sH "5�@��CJOJQJ\�^JmH sH @��CJOJQJ^JmH sH 2O48 8�=�= @!@IBNB�D�D�H�HMM}M~M�M�MDNENvNwN�N�N�O�OwQ{Q��$ ��dh*$a${Q�U�U�W�W:Z>Z\\3_7_hcic@eCe�g�g�i�i�k�k�m�mr rvr��$ ��dh*$`��a$$ ��dh*$a$vrwrxr�r�r�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�st!t"t#t��$a$d�$ �0�dh*$5$7$8$H$a$$��dh`��a$$ ��dh*$a$$ ��dh*$`��a$�s�s�s�s�s�s�st!tAtRtqtt�t�t�t�t�t�t�t�t�t�t�t�t�t�t�t�t�t�t�t�t�t��л��{��vshe^�@��mH sH @��jUmHnHu@��CJ aJ 0JmHnHu0J j0JUCJOJQJmH sH 5�6�CJOJQJCJOJQJ"5�@��CJOJQJ\�^JmH sH (5�6�@��CJOJQJ\�]�^JmH sH "6�@��CJOJQJ]�^JmH sH @��CJOJQJ^JmH sH @��CJOJQJaJmH sH !#t$t%t&tAtOtPtQtRtStTtqtt�t�t�t�t�t�t�t�t�t�� $ �0�d�*$a$ �hd��]�h�h]�h��&`#$ $ ��dh*$a$$a$�t�t�t�t�t�t�t�t�� $ ��dh*$a$ $ �zd�*$a$ �0�d�*$200&PP��/ ��N!�"��#�$�%��n� TDphoenixTDphoenix i8@��8NormalCJ_HaJmH sH tH f@fT�tulo 1"$$ ��dh*$@&a$"5�@��CJOJQJ\�^JmH sH `@`T�tulo 2"$$ ��dh*$@&a$@��CJOJQJ^JmH sH FA@��FFuente de p�rrafo predeter.�C@��Sangr�a de t. independiente'$ ��d�*$^��a$@��CJOJQJ^JmH sH pB@pTexto independiente$ ��dh*$a$@��CJOJQJ^JmH sH �R@�Sangr�a 2 de t. independiente$$ ��dh*$`��a$@��CJOJQJ^JmH sH �S@"�Sangr�a 3 de t. independiente$$ ��dh*$`��a$@��CJOJQJ^JmH sH : @2: Pie de p�gina �C�"0)@�A0N�mero de p�gina4@R4 Encabezado �C�"`>@b`T�tulo$ ��dh*$a$(5�6�@��CJOJQJ\�]�^JmH sH �p��p��5^_vwyz{��NQ�HK78KLjk.��56/ 0 z { � � ��op��)*��!�!�"�"##�#�#�%�%[(\(P*Q*�,�,D.E.N0O04 4�9�9 <!<I>N>�@�@�D�DII}I~I�I�IDJEJvJwJ�J�J�K�KwM{M�Q�Q�S�S:V>VXX3[7[h_i_@aCa�c�c�e�e�g�g�i�in nvnwnxn�n�n�o�o�o�o�o�o�o�o�o�o�o�op!p"p#p$p%p&pApOpPpQpRpSpTpqpp�p�p�p�p�p�p�p�p�p�p�0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��@0��@0��@0��@0��@0��@0�� 0�0��0��***-�,!�s�t<@CG�� O4{Qvr#t�t�t=?ABDEFHI�t>!#-!�!t��@� @�� 0�( � ��B �S�� ?��( � �� <��?� #"�� '-J��>�q@qtQT��ln�� P\��!�!�!�!:$C$F$T$�%�%�%�%;*?*33�4�4#5)5*515�9�9�9�9�B�B�D�D�D�D�HI�K�KOO(O,O�R�R�X�X�X�X�Z�Z�Z[[[9[C[�^_�_�_�`�`�`�`LbOb�d�d�d�d�p�p�p�pw{H�o&pApTpqpp�p�p�p�p�p��Consejo SuperiorQC:\Mis documentos\ABUSO DEL DERECHO\2001 01188 03 ABUSO DEL DER.

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