66594318900120240016301 · Tribunal de Pereira

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El contenido total y fiel de la decisi�n debe ser verificado en la respectiva Secretar�a. TEMA: ACCI�N DE TUTELA / TUTELA CONTRA PROVIDENCIA / CAUSALES GENERALES Y ESPECIFICAS DE PROCEDENCIA DE LA ACCI�N DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA ACCI�N DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA � La procedencia de la acci�n est� supeditada a la acreditaci�n de la totalidad de causales generales o requisitos y a la configuraci�n de una o varias causales especificas de procedencia o defectos. � Cuando se dirige la tutela contra providencias judiciales, se convierte en un mecanismo de protecci�n excepcional�simo y por ello su prosperidad va ligada al cumplimiento de unos requisitos de procedibilidad que la jurisdicci�n constitucional ha precisado en m�ltiples providencias, entre otras, en la C-560/05 y T-332/06.

Los requisitos generales de procedencia de la acci�n de tutela contra providencias judiciales, ameritan que la cuesti�n que se discuta: (i) sea de evidente relevancia constitucional; (ii) se haya hecho uso de todos los mecanismos de defensa judicial -ordinarios y extraordinarios- a disposici�n del afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio iusfundamental irremediable;

(iii) se cumpla el requisito de la inmediatez. As�, la tutela debe haber sido interpuesta en un t�rmino razonable y proporcionado desde el momento de ocurrencia de la vulneraci�n del derecho fundamental; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, que �sta tenga un efecto decisivo en el fallo objeto de controversia y afecte los derechos fundamentales de la parte actora, y (v) que no se trate de sentencias de tutela.

De otra parte, los requisitos de car�cter espec�fico pueden sintetizarse as�: a) defecto org�nico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profiri� la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b) defecto procedimental, que se origina cuando el juez actu� sin observar o aplicar las reglas procesales para dictar su decisi�n o durante la actuaci�n surtida; c) defecto f�ctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicaci�n del supuesto legal en el que se sustenta la decisi�n; d) defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicci�n entre los fundamentos y la decisi�n; f) error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue v�ctima de un enga�o por parte de terceros y ese enga�o lo condujo a la toma de una decisi�n que afecta derechos fundamentales; g) decisi�n sin motivaci�n, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos f�cticos y jur�dicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivaci�n reposa la legitimidad de su �rbita funcional; h) desconocimiento del precedente, hip�tesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance.

PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCI�N DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS EMITIDAS EN EL CURSO DE UNA TUTELA O DE UN INICDENTE DE DESACATO. � la H. Corte Constitucional, si bien ha sido esc�ptica a la procedencia de la tutela contra providencias emitidas en material de tutela, ha determinado que de manera excepcional esta puede interponerse contra providencias que resuelven el incidente de desacato en ciertos eventos.

Al efecto, en la sentencia de unificaci�n SU-034/2018, se precisaron como requisitos: �i) La decisi�n dictada en el tr�mite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que la acci�n de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el tr�mite �incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso�. ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acci�n de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuraci�n una de las causales espec�ficas (defectos). iii) Los argumentos del promotor de la acci�n de tutela deben ser consistentes con lo planteado por �l en el tr�mite del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a colaci�n alegaciones nuevas, que dej� de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no ten�a que practicar de oficio�.

Fuentes: Jurisprudencia: Corte Constitucional, Sentencias: T-698 de 2004, T-315 de 2005, T-825 de 2007, SU-034/2018, T-041/18 y T-631 de 2008. REP�BLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA SALA n� 2 de decisi�n PENAL Magistrado Ponente CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Pereira, tres (3) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) Acta de Aprobaci�n No. 1274 Hora: 1:50 p.m. Radicaci�n: 66594318900120240016301 1.- VISTOS Desata la Sala por medio de este prove�do la impugnaci�n interpuesta por el apoderado judicial del se�or JORGE ALBEIRO OCAMPO ZAPATA, frente al fallo proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinch�a, con ocasi�n de la acci�n de tutela interpuesta contra el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Bel�n de Umbr�a (Rda.). 2.- SOLICITUD Los hechos y pretensiones que plantea en el escrito de tutela el accionante, se concretaron por el despacho de primera instancia, as�: �Manifest� el accionante que el d�a 29 de abril del 2024 radic� una acci�n de tutela, buscando la protecci�n del derecho fundamental al debido proceso y el derecho al trabajo, en contra de la Secretar�a Municipal de Gobierno de Bel�n de Umbr�a y la Inspecci�n de Polic�a de la misma localidad.

En segunda instancia, el d�a 26 de junio del 2024, se modific� el numeral segundo de la sentencia de primera instancia, en los siguientes t�rminos: �Ordenar a la Inspecci�n de Polic�a de Bel�n de Umbr�a, Risaralda, o quien haga sus veces, que en el t�rmino improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir del d�a siguiente a la notificaci�n del presente fallo, levante los sellos de cierre del establecimiento del inmueble 10 A-B y lo entregue al aqu� accionante en las condiciones que lo ven�a ocupando�.

Tambi�n se revoc� el numeral tercero del fallo de primera instancia: �Revocar el numeral tercero y en su lugar, amparar el derecho fundamental al trabajo del accionante, para lo cual se le ordena a la Alcald�a del Municipio de Bel�n de Umbr�a - Secretar�a de Gobierno Municipal, que en caso de ordenarse de todos modos el cierre definitivo del cub�culo que ten�a autorizado el actor para la venta al p�blico, se le presenten alternativas de continuar con su medio de trabajo�.

Se�al� el actor que, en cumplimiento del fallo, la Secretar�a de Gobierno Municipal, por intermedio del Inspector de Polic�a, realiz� la entrega del puesto de trabajo, pero lo hizo en forma condicionada, impidiendo la actividad comercial que ha ejercido desde hace varios a�os y la que ejerc�a al momento de la imposici�n del cierre inicial.

El d�a 06 de julio reinici� sus labores comerciales, las mismas que ven�a realizado hasta el d�a en que se orden� el cierre por primera vez por parte de la Inspecci�n de Polic�a: venta de frutas y de jugos; ese mismo d�a fue abordado en su puesto de trabajo por el Inspector de Polic�a para notificarle una orden de polic�a, en la cual se le ordenaba suspender de forma inmediata la venta jugos y de frutas; por lo tanto se trataba del mismo procedimiento policivo que mediante orden judicial le hab�an ordenado anular por violaci�n al debido proceso.

El d�a 09 de julio del 2024, por medio de la direcci�n electr�nica: jo1708631@gmail.com, interpuso incidente de desacato ante el juzgado que conoci� la primera instancia la acci�n de tutela. El d�a 10 de julio del 2024 el Juzgado de conocimiento libr� un auto, previo a la apertura del desacato, instando a las autoridades vinculadas en el asunto para que, en un t�rmino de (02) d�as, cumplieran el fallo de tutela.

El 22 de julio del 2024 se notific�, por parte del despacho competente, auto por medio del cual se orden� el cierre del desacato propuesto. En dicho prove�do el Juzgado argument� que no es un condicionamiento el hecho de que la Administraci�n Municipal le indique al actor que, en caso de variar la destinaci�n inicial del local comercial, debe tramitar las respectivas autorizaciones, advertencia que no fue atendida, por cuanto qued� demostrado que sin ning�n reparo continu� con el ejercicio de venta de frutas y jugos sin presentar documentaci�n alguna que le permita ejercer dicha actividad.� El apoderado del accionante consider� que el juzgado accionado incurri� en (i) un defecto f�ctico, porque (a) no practic� las pruebas necesarias para determinar si el proceso policivo inmediato que adelant� el Inspector de Polic�a cuestionado vulner� nuevamente derecho al debido proceso, protegido en la sentencia de tutela referenciada, en tanto que, (b) abord� el estudio de la decisi�n policiva en forma incorrecta, dado que no se analiz� que esta contiene una orden administrativa en perjuicio del accionante sin el agotamiento del procedimiento legalmente definido.

Adem�s, identific� (ii) un defecto procedimental, dado que la decisi�n censurada desatiende la orden de tutela del juez de segunda instancia, por el contrario, emple� razones subjetivas sin sustento probatorio en el tr�mite de la tutela. As�, solicit� el amparo de tutela a sus derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo, vulnerados por el juzgado accionado por su determinaci�n contenida en el auto No. 119 de julio 25 de 2024; en consecuencia, se deje sin efectos el prove�do en menci�n y se ordene al despacho judicial que profiera una nueva decisi�n dentro del tr�mite incidental, teniendo en cuenta los lineamientos de ley y la jurisprudencia. 3.- TR�MITE Y FALLO 3.1.- El Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinch�a (Rda.) recibi� el expediente por el impedimento que declar� su hom�logo en el municipio de Bel�n de Umbr�a (Rda.) y, sin ejercer oposici�n, admiti� la tutela -agosto 09 de 2024- y dispuso correr traslado de esta a los Juzgados Primero Promiscuo Municipal y Promiscuo del Circuito de Bel�n de Umbr�a (Rda.), as� como a la Inspecci�n de Polic�a y a la Secretar�a de Gobierno del mismo municipio, el primero como accionado y las dem�s autoridades como vinculadas. 3.2.- El despacho accionado y los vinculados se pronunciaron en los siguientes t�rminos: 3.2.1.- El Juez Promiscuo del Circuito de Bel�n de Umbr�a (Rda.), mediante oficio de agosto 13 de 2024, sostuvo que ese despacho no ha vulnerado derecho fundamental alguno a la parte accionante y, por el contrario, se le garantiz� el amparo reclamado.

Inform� que las actuaciones que adelant� ese despacho dentro del asunto objeto de debate, se contraen al conocimiento del expediente radicado 66088408900120240006200, por impugnaci�n del fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de esa localidad. En tal virtud, se profiri� sentencia de segunda instancia en junio 25/2024, misma que modific� la decisi�n confutada para disponer el levantamiento de los sellos de cierre del establecimiento del inmueble 10 A-B y su entrega al accionante en las condiciones que lo ven�a ocupando; adem�s, se ampar� el derecho fundamental al trabajo del acto y le orden� a la entidad territorial, en su Secretar�a de Gobierno que, de procederse con el cierre definitivo del cub�culo autorizado al accionante para la actividad comercial, se le presenten alternativas de continuar con su medio de trabajo.

Dicha sentencia se notific� a las partes y al juzgado de origen, procedi�ndose a su remisi�n a la Corte Constitucional para su eventual revisi�n. 3.2.2.- El Juez Primero Promiscuo Municipal de Bel�n de Umbr�a (Rda.), en oficio de agosto 13 de 2024, se�al� que las actuaciones surtidas, tanto en la acci�n de tutela como en el tramite incidental, est�n acorde con la Constituci�n y la Ley, respetan el debido proceso y el derecho al trabajo, en asocio a la situaci�n f�ctica demostrada tanto por el accionante y las entidades accionadas, junto con los medios de prueba aportados.

Destac� que, para adoptar la decisi�n de no continuar el incidente de desacato propuesto por el se�or OCAMPO ZAPATA, se analizaron las sentencias de primera y segunda instancia en su conjunto, as� como las pruebas dentro del tr�mite incidental, coligi�ndose que la autoridad administrativa accionada cumpli� con la orden del fallo de segundo nivel, esto es, �levante (sic) los sellos de cierre del establecimiento del inmueble 10 A-B y lo entregue (sic) al aqu� accionante en las condiciones que lo ven�a ocupando�, en tanto que, seg�n se corrobor�, despu�s de la entrega -junio 27/2024- el incidentante continu� con la actividad comercial no autorizada y ese fue el motivo por el cual la autoridad procedi� con la suspensi�n de la actividad e inici� el tr�mite policivo respectivo, sin que se haya adoptado decisi�n de cierre definitivo de los cub�culos involucrados, condici�n necesaria para hacer exigible la orden de brindar otras alternativas que pueda ejercer el afectado. 3.2.3.- La Secretaria de Gobierno del municipio de Bel�n de Umbr�a (Rda.) y el Inspector de Polic�a de la misma localidad, en oficio octubre 09 de 2024, advirti� que la administraci�n municipal cumpli� el fallo de tutela, seg�n sentencia de segunda instancia de junio 25/2024, en cuanto se hizo devoluci�n del cub�culo respectivo al se�or OCAMPO ZAPATA, lo cual consta en acta de entrega de junio 27 de 2024.

Adem�s, se precis� que, como el mismo fallo de segunda instancia lo reconoci�, el accionante ten�a permiso de la administraci�n para la venta de confites/dulcer�a, sin que le fuera permitido dar un uso diferente o cambiar su destinaci�n, pues la estructura del cub�culo no cuenta con los requisitos m�nimos de salubridad para manipular alimentos (no tiene puntos de agua, ni para acumular desechos, no cuenta con conceptos fitosanitarios ni se le pueden expedir por falta de direcci�n en c�mara y comercio, entre otros factores que impiden que la manipulaci�n de alimentos en ese espacio), pero el accionante pretende que se le autorice tal actividad sin observar las normas de higiene y salud p�blica.

Considera que el actuar del accionante es temerario porque, con la presente acci�n, ya son tres acciones constitucionales que interpone, sin entenderse el porqu� de la insistencia del se�or OCAMPO ZAPATA para adelantar una actividad que pone en peligro la salud de la comunidad bajo condiciones insalubres que la administraci�n observ�, incluso, con manipulaci�n de productos vencidos.

Solicit� que, en caso de prosperar la tutela deprecada, se precisen los alcances del fallo de tutela en cuesti�n para indicar (i) c�mo permitir una actividad de comercio sin que el accionante cuente con los permisos necesarios, (ii) qu� debe hacer la administraci�n municipal con los permisos de salubridad y de uso de suelo que no son posibles obtenerlos, (iii) qui�n asumir�a las responsabilidades en caso de que alg�n ciudadano resulte afectado por permitirse la manipulaci�n de alimentos mediante orden judicial, dado que una tal orden limitar�a las funciones legales encaminadas a la protecci�n de la salud, vida, seguridad y bienestar de los habitantes de ese municipio.

La medida de suspensi�n inmediata de la actividad que adopt� la Inspecci�n de Polic�a del municipio, est� regulada en el C�digo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana -art. 161-, la cual result� ser procedente porque el se�or OCAMPO ZAPATA no cuenta con los permisos para la venta de alimentos ni tampoco ces� la actividad que representa el riesgo a la salud p�blica, pero el cub�culo sigue en tenencia del ciudadano, de quien depender� la duraci�n de dicha suspensi�n, ya que puede darle el uso autorizado -venta de confiter�a/dulcer�a-.

Se aclar� que dicha medida no equivale al procedimiento inmediato que refiere el accionante. 3.3.- El juzgado de primer nivel, luego de subsanar un yerro procesal que advirti� esta Corporaci�n y que dio lugar a la nulidad de una sentencia inicial, mediante sentencia de octubre 17 de 2024, neg� el amparo de tutela deprecado por el se�or JORGE ALBEIRO OCAMPO ZAPATA.

Para llegar a la anterior determinaci�n, el A-quo argument� que, seg�n se observ�, el juzgado accionado no incurri� en defecto f�ctico al proferir el auto con el cual cerr� el tr�mite incidental promovido pro el se�or JORGE OCAMPO, dado que cumpli� con la obligaci�n legal de verificar el estricto cumplimiento de la orden de tutela, contenida en la sentencia dictada por el Juez Promiscuo del Circuito en segunda instancia, no siendo posible adelantar valoraciones adicionales para ampliar el alcance de la orden judicial.

No existi� defecto f�ctico. En efecto, se corrobor� que el juez de segunda instancia emiti� dos �rdenes concretas: la primera, levantar los sellos de cierre del establecimiento del inmueble 10 A-B y entregarlo al accionante en las condiciones que lo ven�a ocupando, lo cual se verific� con el acta de entrega temporal de fecha junio 27/2024, misma que contiene la advertencia que, en caso de cambiar la destinaci�n o e uso del cub�culo debe tramitar las autorizaciones pertinentes; y, la segunda, en caso de ordenar el cierre definitivo del cub�culo, las entidades all� accionadas deb�an presentar las alternativas al ciudadano para continuar con su medio de trabajo, disposici�n que no es exigible a�n, dado que lo ahora debatido corresponde a una medida de suspensi�n que adopt� la autoridad policiva sobre la actividad no autorizada desarrollada por el accionante en el cub�culo entregado, y no atiene a una decisi�n de cierre definitivo del mismo.

En lo atinente al defecto procedimental invocado, el despacho consider� que la parte accionante expuso en su argumentaci�n razones subjetivas que no encuentran sustento probatorio en el tr�mite, adem�s, acorde con lo ya expuesto, tampoco se hall� tal vicio en la decisi�n cuestionada. Lo vislumbrado en este caso, es que, posterior a la entrega que realiz� la Inspecci�n de Polic�a, la autoridad efectu� un nuevo tr�mite y expidi� orden de polic�a relacionada con la suspensi�n de la venta de jugos y frutas, hecho que no es el mismo objeto de la acci�n constitucional en la que se enfoc� el debate y que no pueden ser discutidos mediante un tr�mite incidental. 4.- IMPUGNACI�N El apoderado judicial de se�or JORGE OCAMPO present� escrito de impugnaci�n al fallo de primera instancia e insisti� en su solicitud de amparo de tutela.

Al efecto, argument� que el A-quo no realiz� el an�lisis que correspond�a. Reitera que se configur� el defecto f�ctico porque el juzgado accionado al resolver la solicitud de incidente de desacato, debi� analizar si la orden del inspector de polic�a de suspender la actividad comercial, despu�s de realizar la entrega del cub�culo dispuesta en el fallo de segunda instancia, estuvo acorde con lo ordenado en la Ley 1801/2016 -art. 223- y si la suspensi�n inmediata respetaba el debido proceso protegido por los fallos de tutela que antecedieron la solicitud de desacato.

El despacho accionado no prob� que la decisi�n policiva mencionada estuviera ajustada al procedimiento legal, que garantizar� el debido proceso, el juzgado no analiz� dicho cargo, ni siquiera en el tr�mite de desacato. Frete al defecto procedimental, indic� que el mismo se configur� porque, al no dar tr�mite al incidente de desacato propuesto, el juzgado accionado desconoci� el fallo de segunda instancia, dado que la suspensi�n de forma inmediata de la actividad comercial contraviene el amparo de tutela, pues, en sentir del recurrente, la intenci�n del juez de segundo grado en la tutela era que el accionante ocupara su puesto de trabajo en las condiciones que lo ven�a ocupando, lo que implica que el despacho accionado debi� analizar los fallos de primera y segunda instancia para verificar qu� actividad ven�a ejerciendo el accionante antes del cierre definitivo que ces� con la orden judicial, las cuales fueron detalladas por la autoridad policiva en el tr�mite de la tutela conocida por el juzgado accionado.

Colige que el funcionario que hizo la entrega del cub�culo ocupado por el se�or JORGE OCAMPO desconoci� el fallo de tutela mencionado porque condicion� la entrega, pero estima que, si la autoridad ten�a pruebas del incumplimiento a las condiciones de salubridad y de la actividad comercial, debi� iniciar el procedimiento verbal que prev� el art�culo 223 de la Ley 1801/16.

No obstante, afirm� que hasta el momento de la impugnaci�n, el accionante no hab�a sido objeto de proceso administrativo alguno, sancionatorio o policivo, por incumplimiento a las normas de salubridad y manipulaci�n de alimentos. 5.- POSICI�N DE LA SALA Se tiene competencia para decidir la impugnaci�n incoada contra el fallo proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinch�a (Rda.), de acuerdo con las facultades conferidas en los art�culos 86 y 116 de la Constituci�n Pol�tica y 32 del Decreto 2591/91. 5.1.- Problema jur�dico planteado Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto o desacierto contenido en la sentencia impugnada, en cuanto neg� el amparo de tutela deprecado por el se�or JORGE ALBEIRO OCAMPO ZAPATA.

Para tal efecto, es necesario establecer: (i) si la acci�n es procedente en el caso concreto, dado que la decisi�n atacada es una providencia judicial dentro de un tr�mite incidental que persigue el cumplimiento de una sentencia de tutela; y, en caso positivo, (ii) si con dicha determinaci�n se afectaron las garant�as fundamentales del hoy accionante, y en virtud de ello es viable dejarla sin efecto para que se prosiga con el tr�mite incidental pretendido. 5.2.- Soluci�n a la controversia La acci�n de tutela ha sido por excelencia el mecanismo m�s expedito en materia de protecci�n de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano logr� optimizarlos y hacerlos valer a todos los ciudadanos sin discriminaci�n alguna.

De la situaci�n f�ctica narrada por el apoderado del se�or JORGE ALBEIRO OCAMPO ZAPATA, se advierte que su finalidad es que se deje sin efectos la providencia de julio 22/2024, con la cual el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Bel�n de Umbr�a (Rda.) cerr� el tr�mite incidental por �l promovido, al considerar que se desconoci� la garant�a fundamental del debido proceso, por incurrir en un defecto f�ctico y defecto procedimental, en detrimento a su derecho al trabajo, dado que se tuvo por cumplida una orden de tutela sin analizar en debida forma los supuestos de hecho y de derecho que le fueron presentados.

Conforme a lo indicado anteriormente, se tiene que el amparo propuesto se dirige contra una decisi�n que puso fin a un tr�mite incidental de desacato; por tanto, es indispensable estudiar de manera inicial lo relacionado con la viabilidad de la acci�n constitucional para revisar decisiones judiciales, y de manera concreta las que definen el incidente de desacato, para luego establecer si hay o no lugar a efectuar un an�lisis de fondo al caso concreto.

Cuando se dirige la tutela contra providencias judiciales, se convierte en un mecanismo de protecci�n excepcional�simo y por ello su prosperidad va ligada al cumplimiento de unos requisitos de procedibilidad que la jurisdicci�n constitucional ha precisado en m�ltiples providencias, entre otras, en la C-560/05 y T-332/06. Los requisitos generales de procedencia de la acci�n de tutela contra providencias judiciales, ameritan que la cuesti�n que se discuta: (i) sea de evidente relevancia constitucional;

(ii) se haya hecho uso de todos los mecanismos de defensa judicial -ordinarios y extraordinarios- a disposici�n del afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) se cumpla el requisito de la inmediatez. As�, la tutela debe haber sido interpuesta en un t�rmino razonable y proporcionado desde el momento de ocurrencia de la vulneraci�n del derecho fundamental;

(iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, que �sta tenga un efecto decisivo en el fallo objeto de controversia y afecte los derechos fundamentales de la parte actora, y (v) que no se trate de sentencias de tutela. De otra parte, los requisitos de car�cter espec�fico pueden sintetizarse as�: a) defecto org�nico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profiri� la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b) defecto procedimental, que se origina cuando el juez actu� sin observar o aplicar las reglas procesales para dictar su decisi�n o durante la actuaci�n surtida; c) defecto f�ctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicaci�n del supuesto legal en el que se sustenta la decisi�n; d) defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicci�n entre los fundamentos y la decisi�n; f) error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue v�ctima de un enga�o por parte de terceros y ese enga�o lo condujo a la toma de una decisi�n que afecta derechos fundamentales; g) decisi�n sin motivaci�n, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos f�cticos y jur�dicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivaci�n reposa la legitimidad de su �rbita funcional; h) desconocimiento del precedente, hip�tesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance.

En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jur�dica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado, y i) violaci�n directa de la Constituci�n. Adem�s, la H. Corte Constitucional, si bien ha sido esc�ptica a la procedencia de la tutela contra providencias emitidas en material de tutela, ha determinado que de manera excepcional esta puede interponerse contra providencias que resuelven el incidente de desacato en ciertos eventos.

Al confrontar esos presupuestos de procedibilidad con lo expuesto en el presente asunto, se advierte que la acci�n propuesta cumple con los requisitos gen�ricos por cuanto: (i) se enfoca en una garant�a de relevancia constitucional, el cual es el debido proceso en el tr�mite incidental que propende por el acatamiento de una medida de protecci�n derivada de la acci�n de amparo de tutela;

(ii) contra la decisi�n cuestionada no proced�an recursos; (iii) el amparo se present� dentro de un t�rmino razonable; y (iv) no se trata de una sentencia de tutela, sino de un auto que pone fin al tr�mite incidental propuesto. En lo relacionado con las exigencias de tipo espec�fico, la parte accionante hizo referencia a un defecto f�ctico y otro defecto procedimental, en los cuales habr�a incurrido el juez que atendi� el tr�mite incidental y dispuso el cierre por cumplimiento.

Como se se�al�, el defecto f�ctico hace referencia a que el juez, para su determinaci�n, �carece del apoyo probatorio que permita la aplicaci�n del supuesto legal en el que se sustenta la decisi�n�, lo cual se alinea con la libertad y facultades del juez de conocimiento en materia probatoria en cada caso concreto, potestad que debe estar sujeta �a los principios de la sana cr�tica, atender necesariamente criterios de objetividad, racionalidad, legalidad y motivaci�n, entre otros, y respetar la Constituci�n y la ley�, en aras no incurrir en la arbitrariedad judicial.

En tal sentido, la intervenci�n del juez constitucional debe ser excepcional y, por dem�s, respetuosa de la autonom�a e independencia judicial. Seg�n lo sostiene la jurisprudencia constitucional, el defecto f�ctico surge cuando se verifica que: �i) existe una omisi�n en el decreto de pruebas que eran necesarias en el proceso; ii) se verifica una valoraci�n caprichosa y arbitraria de las pruebas presentadas; o iii) no se valora en su integridad el material probatorio. [�]�.

El defecto procedimental, por su parte, es definido como el que se origina cuando el funcionario actu� completamente al margen del procedimiento establecido, lo que atenta contra el debido proceso que debe observarse en todas las actuaciones judiciales, y m�s en un tr�mite constitucional que precisamente propende por la protecci�n de las garant�as constitucionales.

En esta oportunidad, la parte accionante sustent� someramente los defectos en cita, as�: el primero -defecto f�ctico-, se basa en que, en el prove�do censurado, le correspond�a al juez accionado analizar si la orden del inspector de polic�a, al suspender la actividad comercial despu�s la entrega del cub�culo dispuesta en el fallo de segunda instancia, estuvo acorde con lo ordenado en la Ley 1801/2016 -art. 223- y si la suspensi�n inmediata respetaba el debido proceso protegido en la acci�n de tutela por �l conocida; el segundo -defecto procedimental-, porque con la decisi�n de cierre del incidente se desconoci� el fallo de segunda instancia, pues la intenci�n con el amparo tutela, al disponer la entrega del local en las condiciones que lo ven�a ocupando, era que el accionante ocupara su puesto de trabajo con la actividad que ejerc�a antes del cierre, y no la que evoca la autorizaci�n inicial, condicionamiento que no contempl� el fallo de tutela.

Ahora, frente a los requisitos puntuales para que excepcionalmente proceda el amparo contra una sentencia de tutela, se tiene que (i) contra la decisi�n dictada no proced�a recurso judicial, por lo que se encontraba ejecutoriada; (ii) se verifican los requisitos generales de procedencia de este mecanismo contra providencias judiciales y se sustentaron causales espec�ficas; adem�s, (iii) los argumentos de la solicitud de amparo son consistentes con lo planteado en el tr�mite de desacato objeto del debate.

As�, le corresponde al Tribunal el estudio de fondo de las causales espec�ficas (defectos) atribuidas a la decisi�n cuestionada en sede de tutela y, de entrada, se advierte que la Sala comparte la decisi�n adoptada en primera instancia por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinch�a, por las razones que se destacan a continuaci�n. Lo primero que debe se�alarse, como as� lo resalt� el A-quo, es que, para atender el incidente de desacato, el juez no puede modificar la orden contenida en la sentencia de tutela, ni redefinir los alcances de la protecci�n, pues su actuar est� delimitado precisamente por las disposiciones establecidas como medida de protecci�n a los derechos amparados en el respectivo fallo.

Excepcionalmente, por imposibilidad del cumplimiento o cuando se demuestre su absoluta ineficacia, en el tr�mite incidental el juez puede ajustar la orden dada o impartir �rdenes adicionales, siempre que se respecte el alcance de la medida inicial y el principio de la cosa juzgada. Pues bien, al observar la providencia objeto de reproche en la v�a constitucional, se colige que el juez accionado en manera alguna omiti� agotar las etapas procesales en el tr�mite incidental solicitado, ni dej� de valorar las pruebas allegadas al tr�mite o analizar las manifestaciones de las partes en el tr�mite para corroborar el acatamiento del fallo de tutela segunda instancia, emitido dentro del radicado 660884089001202400062; cuesti�n diferente es que el se�or OCAMPO ZAPATA no comparta la determinaci�n adoptada.

En efecto, en su decisi�n el funcionario tuvo en cuenta la medida de protecci�n y su alcance, conforme la motivaci�n del fallo de segundo grado, a partir de lo cual analiz� el informe de cumplimiento sustentado en el acta de entrega que suscribieron las partes involucradas en junio 27 de 2024, coligiendo que dicha actuaci�n se ajust� a los derroteros de la sentencia de segunda instancia, esto es, permitir al accionante la venta al p�blico,�[�] pues, las cosas deben volver al estado anterior�, y advirti� que, contrario lo se�al� el actor, tal premisa no lo habilita para retomar la actividad que realizaba al momento del cierre, correspondiente a la manipulaci�n de alimentos sin las medidas fitosanitarias, pues la confianza leg�tima no pod�a entenderse por encima del bien general ni por fuera de la ley, en tanto que en el tr�mite incidental no se acredit� que el interesado contara con permisos o autorizaciones para variar la destinaci�n del local y, pese a la salvedad que hizo la administraci�n al momento de la entrega temporal, se continu� el comercio de alimentos sin los permisos de rigor.

Los anteriores argumentos, como se indic� previamente, se alinean con las motivaciones de la orden de amparo constitucional, lo cual es notorio al observar la decisi�n del ad-quem en la que, al colegir la vulneraci�n del debido proceso en el caso concreto, se se�al� que ello fue por la pretermisi�n de las etapas del procedimiento policivo, lo que daba lugar a retrotraer la actuaci�n, medida que comportaba el levantamiento del cierre del local utilizado por el accionante para la venta al p�blico, es decir, al ser necesario rehacer la actuaci�n procesal perd�a legitimidad la orden de cierre del establecimiento, por ello ese cub�culo, pese a ser espacio p�blico, deb�a ser entregado nuevamente para su tenencia al se�or JORGE OCAMPO como beneficiario del permiso de la actividad de venta al p�blico.

De otro lado, acerca de la afectaci�n al derecho al trabajo, el fallador apalanc� su decisi�n en la expectativa creada al ciudadano por el prologado tiempo que llevaba con la autorizaci�n de venta en el espacio p�blico, desde los a�os �90, situaci�n que gener� una confianza leg�tima y que, en caso de que procediera en el proceso policivo el cierre del establecimiento, era necesario determinar qu� opciones ten�a el actor como vendedor.

Lo descrito permite entender que, si bien la orden de tutela en el caso objeto de estudio contempl� el reintegro al accionante del espacio autorizado para ejercer la actividad de venta al p�blico, nunca se se�al� que se otorgaba licencia para ventas indeterminadas ni mucho menos ajenas al control de las autoridades competentes, de manera que cualquier actuaci�n posterior derivada de dichas funciones p�blicas por parte de la entidad territorial o los entes de control, escapan al alcance de protecci�n del fallo de tutela en cuesti�n y, como bien lo coligi� el despacho accionado, no desvirt�an los actos de cumplimiento a la orden impartida.

Bajo ese contexto, el Tribunal no encuentra configuradas las causales espec�ficas alegadas por el censor, defecto f�ctico ni defecto procedimental, ni ninguna otra que invalide la determinaci�n del juzgado accionado al disponer el cierre del tr�mite incidental propuesto en el asunto referenciado, por lo que hab�a lugar a negar el amparo deprecado, como de manera acertada lo se�al� el juez de primer nivel.

As� las cosas, la Sala dar� cabal confirmaci�n a la providencia objeto de alzada. 6.- DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala N� 2 de Decisi�n Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por mandato de la Constituci�n y la ley, FALLA PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia proferida en octubre 17 de 2024, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinch�a (Rda.) por medio de la cual se neg� la tutela deprecada por el se�or JORGE ALBEIRO OCAMPO ZAPATA, en contra del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Bel�n de Umbr�a (Rda.).

SEGUNDO: Por secretar�a se remitir� el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi�n. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Magistrado JULI�N RIVERA LOAIZA Magistrado JAIRO MAURICIO CARVAJAL BELTR�N Magistrado Pese a que en la actuaci�n procesal no obra copia del prove�do, se corrobor� que la Sala Civil-Familia de este Tribunal, en auto de octubre 01/2024 -AT2 2024-00163-01 (4507)- declar� la nulidad del fallo de agosto 23/2024 por irregularidades en la notificaci�n de la autoridad policiva y de la entidad territorial vinculadas. El recurrente cit� la respuesta ofrecida por la Inspecci�n de Polic�a en la tutela 2024-00062-00: �No obstante, el se�or Ocampo empez� con las ventas de frutas y verduras en el lugar, posteriormente, y sin autorizaci�n alguna por parte del municipio y/o secretaria de salud emprendi� con la venta de productos saludables, jugos, batidos con toda clase de vitaminas, s�ndwich y dem�s. Todos ellos hac�an necesaria la manipulaci�n de alimentos, y utilizaci�n de agua.

Este comportamiento transgredi� el acta de entrega de manera grave, toda vez, que los hechos son notorios y evidentes, ponen en riesgo la salud p�blica en el entendido que no ten�a documentaci�n legal alguna para ejercer dicha actividad.� Sobre el particular ver entre otras: Sentencias T-698 de 2004, T-315 de 2005, T-825 de 2007. Sentencia C-590/05 Sentencia T-041/18 Sentencia T-041/18 V�ase, entre otras, la sentencia T-631 de 2008. Expediente digital, carpeta �Anexo 2 Juzgado Municipal Bel�n�, �C01Principal�, documento �18AutoCierreIncidenteDesacato.pdf� Expediente digital, carpeta �Anexo 2 Juzgado Municipal Bel�n�, �C01Principal�, documento �10ActaTemporalEntrega.pdf� Copia del fallo obra en la carpeta �Anexo 2 Juzgado Municipal Bel�n�, �C01Principal�, documento �05SentenciaSegundaInstancia� SENTENCIA TUTELA 2� INSTANCIA N� 159 RADICACI�N: 665943189001 2024 00163-01 ACCIONANTE: JORGE ALBEIRO OCAMPO ZAPATA CONFIRMA P�gina PAGE 10 de NUMPAGES 10 ��g h j � � ��xyz� Q��Ǹ��ǂr[Q[rh�U�h�U�5�CJ,h�U�h�U�6�B*CJ^JaJmH $phsH $ h�U�h�U�6�@��CJ^JaJh�U�6�@��CJ^JaJh�U�5�CJ^JaJh�U�h�U�5�6�CJ#h�U�h�U�6�@��CJEH��^JaJ h�U�6�@��CJEH��^JaJ h�U�5�CJ hn�5�CJh=kahn�5�CJh�kx5�CJ aJ -h3[�hn�@��B*CJ^JaJnH ph�tH ��{ | h � � ��yz� �� dgd�U�dgd�U� ��d^��gd�U� ��d^��gdn�$��d]��a$gd&Hk> ��!��d$d%d&d'd-DM� ��N��O��P��Q��]��^��gdn�QV��*,��$1JKOdes�ɱɱɝ��qdU�L@7@h&Hk5�CJ aJ h� �h&Hk5�CJ aJ h�kx5�CJ aJ h�y�h�y�CJaJmH $sH $h�y�h�y�@��CJaJ h�y�h�y�CJaJmH sH h�y�h�y�5�6�CJ^JaJh�y�5�6�CJ^JaJ&h�U�6�CJ^JaJfHq� ��/h�U�h�U�5�6�CJ^JaJfHq� ��,h�U�h�U�6�CJ^JaJfHq� ��>h�U�h�U�6�B*CJPJ^JaJmH nH phsH tH wh ��KLMNOesu�� $da$gd�kxdgd&Hk$��d]��a$gd�kx$��d]��a$gd�kx ��d]��gd�y�$��d]��a$gd&Hk ��d^��gd�U�stu�� 378>DGHklmx��xt�xt�pjaVIhyphj�0J@��EH��h9c�h�EbCJaJh9c�h�kxaJ h�kxaJh*@�h3C� h�02h&Hkh�ah7#� h9c�h&Hkh&Hkh/`�h&Hk5�CJaJ h� �h&Hkh&HkCJ OJQJaJ h� �h&HkCJ OJQJaJ (h� �h&Hk:�B*CJ OJQJaJ ph"h&Hk:�B*CJ OJQJaJ ph0jh�y�h�y�CJ OJQJUaJ mHnHu 8Hlmxy� � � � ^ _ � � � o"��7�7d��x�x]�7^�7gd)�dgd�adgd�` $da$gd�` $��g�d^��`�g�a$gd�kxdgd�kxxy�� ! 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