66001600003620120401701 · Tribunal de Pereira

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El contenido total y fiel de la decisi�n debe ser verificado en la respectiva Secretar�a. TEMA: SISTEMA PENAL ACUSATORIO / PRECLUSI�N DE LA ACTUACI�N / IMPOSIBILIDAD DE INICIAR O CONTINUAR EL EJERCICIO DE LA ACCI�N PENAL / PRESCRIPCI�N DE LA ACCI�N PENAL EN EL TIPO PENAL DE FRAUDE PROCESAL. PRECLUSI�N DE LA ACTUACI�N � Opera ante la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acci�n penal � para que opere la preclusi�n con fundamento en la mencionada causal primera (art. 332 C.P.P.), lo es por cuanto se advierte inequ�vocamente, que se ha consolidado al menos uno de los fen�menos jur�dicos objetivos que inhiben la potestad punitiva del Estado, es decir, que impiden la prosecuci�n del tr�mite procesal y de contera llevan a disponer la terminaci�n anticipada de la actuaci�n -enti�ndase prescripci�n, aplicaci�n del principio de oportunidad, amnist�a, oblaci�n, caducidad de la querella, desistimiento, muerte del procesado, prescripci�n, indemnizaci�n integral en los casos previstos en la ley, pago o compensaci�n de las obligaciones tributarias, etc.

PRESCRIPCI�N DE LA ACCI�N PENAL EN EL TIPO PENAL DE FRAUDE PROCESAL � Su c�mputo inicia a partir del ultimo acto de inducci�n en error, esto es, desde cuando la il�cita conducta ha dejado de producir sus consecuencias. � La Corte en lo fundamental ha dicho, y se reitera, que si bien respecto del delito de fraude procesal no se exige el resultado (la providencia judicial pretendida), �s�lo debe considerarse consumado, cuando el autor en desarrollo de su actividad fraudulenta y dolosa, induzca en error al funcionario y perdura mientras subsista el error, porque la vulneraci�n del inter�s jur�dico protegido por la norma se prolonga a trav�s del proceso durante el tiempo en que la maniobra enga�osa siga produciendo sus efectos sobre el empleado oficial.

De ah� que, para los fines de la prescripci�n de la acci�n penal, el t�rmino s�lo debe contarse a partir del �ltimo acto de inducci�n en error, o sea desde cuando la il�cita conducta ha dejado de producir sus consecuencias y cese la lesi�n que por este medio se ven�a ocasionando a la administraci�n de justicia. REP�BLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA SALA n� 2 de decisi�n PENAL Magistrado Ponente CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Pereira, once (11) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) ACTA DE APROBACI�N N� 1315 SEGUNDA INSTANCIA RADICACI�N: 66001600003620120401701 Indiciados: J.J.A.J. C�dulas de ciudadan�a:7.56X.XXX expedida en Armenia (Q.)Delito:Fraude procesal V�ctima:La eficaz y recta administraci�n de justiciaProcedencia:Juzgado S�ptimo Penal del Circuito de Pereira (Rda.)Asunto:Decide apelaci�n interpuesta por la defensa contra el auto proferido en julio 29 de 2024, por medio del cual se neg� la preclusi�n de la investigaci�n. Se confirma. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisi�n en los siguientes t�rminos: 1.- hechos Y actuaci�n procesal 1.1.- Los hechos materia de este asunto se encuentran consignados en el escrito acusatorio de la siguiente manera: �J.A.P.D. propietaria del microb�s Kia Piaggio, placas UFS 852, modelo 2003, servicio p�blico, color blanco claro lo puso en venta para finales del a�o 2009, present�ndose como interesado quien se hizo llamar J.J.B. acompa�ado de su esposa, A.P.A. El interesado en la adquisici�n siempre fue J.J.B., pero insisti� que el contrato de compraventa se hiciera a nombre de su esposa.

El 10 de noviembre de 2009 J.A.P.D. y A.P.A. firman en la ciudad de Pereira contrato de compraventa sobre ese veh�culo por un valor de 50 millones, estableciendo como condiciones el que J.J.B. entregar�a a la firma del contrato la suma de 18 millones, otros 2 millones el 30 de noviembre de 2009, 10 millones en enero de 2010 y el restante al 16 de mayo.

El carro fue entregado materialmente con contrato de la Aeron�utica Civil y afiliado a la Empresa de Transporte Especial Cali Expreso Ltda. El traspaso se har�a al momento de finalizar el pago. En el tr�mite de cesi�n del contrato de transporte fueron informados que el verdadero nombre de J.J.B. era J.J.A.J., cambio de identidad que, seg�n su esposa, obedec�a a un tema de seguridad, pues hab�a sido v�ctima de secuestro cuando ejerc�a como agente de polic�a, raz�n incluso que lo llev� a pedir asilo en el pa�s de Espa�a. Como a enero de 2010 J.J.A.J. adeudaba varias cuotas, J.A.P.D. y su padre exigieron devolver el negocio y ser indemnizados, iniciando las controversias judiciales de resoluci�n de contrato.

Para esa misma �poca, y debido a que el automotor ten�a prenda a favor del Banco de Bogot�, sus apoderados iniciaron acciones judiciales contra J.A.P.D., orden�ndose como medida cautelar el embargo de ese carro, el que fuera ciertamente inmovilizado en agosto de 2010 en la CONSGINATARIA LA 24, donde fuera hallado. Se pudo establecer que para el 4 de mayo de 2010 J.J.A.J. acudi� a esa consignataria o compraventa, realizando el siguiente negocio con M. M.C.: J.J.A.J. adquiri� un Renault Twingo con plazo de pago de 45 d�as, entregando como garant�a el MICROBUS DE PLACAS UFS 852, para lo cual le hizo entrega de la tarjeta de propiedad, seguro obligatorio, tarjeta de operaci�n, fotocopia de la c�dula de la propietaria J.A.P.D., ofreciendo incluso su venta en 43 millones.

Pasados tres meses y al no cumplir por J.J.A.J. esta obligaci�n, el se�or M.M.C. inici� los tr�mites para la venta del microb�s, pero no le fue posible porque al intentar registrar el traspaso ante Tr�nsito de Cali le dijeron que esa documentaci�n era falsa y el carro ten�a un embargo [�]�. 1.2.- Identificado el presunto responsable de la ilicitud como J.J.A.J., ante el Juzgado Sexto Penal Municipal de Pereira (Rda.), con funci�n de control de garant�a, se llev� a cabo en febrero 10 de 2023 la formulaci�n de imputaci�n como probable autor, a t�tulo de dolo, del delito de falsedad en documento privado agravado por recaer sobre documentos relacionados con medios motorizados -art. 289 y 290 inc.2� C.P.- en concurso homog�neo -3 eventos-, en concurso heterog�neo con falsedad material en documento p�blico -art. 289 C.P.-, agravado por el uso -art. 290 inciso 1� �dem-, en concurso homog�neo -2 eventos- y fraude procesal -art. 453 C.P.-, cargos que NO ACEPT�. 1.3.- Por lo anterior, La Fiscal�a 14 Seccional de Pereira, radic� escrito de acusaci�n (mayo 18 de 2023), cuyo conocimiento le fue asignado al Juzgado S�ptimo Penal del Circuito de esta ciudad, despacho ante el cual, luego de diversos aplazamientos, y cuando se pretend�a llevar a cabo la audiencia de formulaci�n de acusaci�n (julio 29 de 2024), por parte de la delegada del ente acusador se anunci� que se variar�a dicha audiencia para solicitar la preclusi�n exclusivamente por el punible de fraude procesal.

Al respecto se indic� por la fiscal lo siguiente: -. Pide se decrete la preclusi�n del delito de fraude procesal, con fundamento en el numeral 1� del art. 332 C.P.P., por prescripci�n de la acci�n penal, por cuanto el se�or J.J.A.J. determin� la realizaci�n de un documento espurio dirigido al Director Territorial del Ministerio de Transporte de Cali, con el que ped�a la desvinculaci�n del veh�culo de placas UFS-852, afiliado a la empresa Cali Expreso, lo cual conllev� a que dicho funcionario emitiera la Resoluci�n de Desvinculaci�n N� 1000643 de octubre 28 de 2010 y como quiera que la pena m�xima para tal conducta es de 12 a�os, conforme el art�culo 453 C.P., no se logr� suspender el t�rmino prescriptivo que lo fue en octubre 28 de 2022, ya que la imputaci�n se efectu� en febrero 10 de 2023. -.

El defensor del encartado solicit� se accediera a lo pedido por la Fiscal�a, al presentarse el fen�meno prescriptivo, toda vez que la desvinculaci�n del rodante de placas UFS-852 se dio en octubre 28 de 2010, conforme la Resoluci�n N� 1000643, que a su vez anul� la tarjeta de operaci�n N� 500637, y dada la pena para tal il�cito la prescripci�n se gener� en octubre 28 de 2022, es decir, cuando se materializ� la imputaci�n la conducta estaba prescrita.

Con miras a determinar el momento de consumaci�n del delito de fraude procesal, trajo a colaci�n la sentencia SP072-2023, rad. 58706, con fundamento en la cual sostuvo que ello se dio cuando se indujo en error al funcionario y se concret� la cancelaci�n de la tarjeta de operaci�n. -. El agente del Ministerio P�blico no elev� oposici�n alguna, por cuanto los hechos datan del 2010 y para el a�o 2022 ya no hab�a lugar a adelantar la acci�n penal.

De igual manera la apoderada de v�ctimas coadyuv� la petici�n de la Fiscal�a, ya que la conducta se encontraba prescrita para el momento de la formulaci�n de imputaci�n. 1.4.- La A-quo neg� lo reclamado, al estimar que en decisi�n anterior y con fundamento en la providencia que cit� el defensor, dispuso la preclusi�n de otro asunto, determinaci�n que revoc� el Tribunal Superior, ya que la Corte retom� la postura anterior, para se�alar que en el delito de fraude procesal no se exige resultado, y la conducta se entiende consumada cuando el actor induce en error al funcionario y perdura mientras este subsista, esto es, se produzcan sus efectos, por lo que el plazo prescriptivo debe contarse a partir del �ltimo acto y una vez haya cesado la lesi�n ocasionada.

Lo anterior no implica que la prescripci�n se torne indefinida, puesto que en este caso se formul� imputaci�n en febrero 10 de 2023 y por tal raz�n dicha conducta prescribir�a en febrero 9 de 2029, misma que deber� continuarse al no haberse presentado tal fen�meno. 1.5.- Inconformes con tal determinaci�n, la Fiscal�a interpuso recurso de reposici�n, el defensor y el agente del Ministerio P�blico de apelaci�n, que procedieron a sustentar. 2.- Debate 2.1.- Fiscal -recurrente en reposici�n- Pide se reponga lo decidido y para ello expone: En punto del concepto de permanencia en la consumaci�n del delito de fraude procesal, han existido recientes pronunciamientos de la Corte en alusi�n al t�rmino prescriptivo, desde el momento mismo en que se produzcan los actos que originaron el enga�o a una autoridad, y en este caso se cree con bastante probabilidad que JUAN JOS� realiz� comportamientos atentatorios contra la Fe P�blica, as� como la recta y eficaz Administraci�n de Justicia, dada la enajenaci�n irregular de un veh�culo que pertenec�a a la v�ctima, habi�ndolo entregado al due�o de una compraventa como parte de dicha transacci�n comercial dici�ndole que pod�a disponer de este y le entreg� los documentos pertinentes, evidenci�ndose el acto de desvinculaci�n del Ministerio de Transporte del microb�s de placas UFS-852 que anul� la tarjeta de operaci�n N� 500637, lo que ocurri� en octubre 28 de 2010 y es ah� donde se induce en error.

Ahora, aunque no lo dijo en su argumentaci�n, se tiene que el se�or M.M.C., a quien probablemente el procesado le entreg� toda la documentaci�n falsa, en su relato coincide en la fecha, pues luego de gestionar con un tramitador el traspaso de dicho veh�culo, se enter� que los traspasos y actos administrativos eran falsos, siendo all� donde se finiquitar�a el enga�o a las autoridades p�blicas y a los ciudadanos respecto a la validez de estos, por lo que considera que seg�n su exposici�n, ello se dio en noviembre de 2010 y por lo mismo la acci�n estar�a prescrita. 2.2.- Defensor -recurrente en apelaci�n- Solicita a la Corporaci�n se revoque lo decidido y se precluya la actuaci�n por prescripci�n de la acci�n penal, con fundamento en lo siguiente: Estima desacertada la decisi�n de la instancia, ya que en su sentir la juez no hizo referencia a cu�l ser�a el t�rmino donde se agotaba el delito de fraude procesal, el cual que no puede prolongarse durante toda su existencia, sin decir cu�ndo se ejecut� el �ltimo acto para contar desde all� el lapso pertinente, m�xime que lo �nico que aduce, es que dicho tiempo se interrumpi� con la imputaci�n y que prescribir�a en febrero de 2029.

Ac� se dijo que ese enga�o se dio con el acto administrativo de desvinculaci�n del rodante y anulaci�n de la tarjeta de operaci�n, lo que ocurri� en el a�o 2010, incluso como lo se�al� la fiscal, tal enga�o culmin� en noviembre de ese a�o cuando al realizar las gestiones con dichos documentos la persona se percat� que eran falsos, mismo que no puede prolongarse en el tiempo, de ah� la postura de la Corte en la sentencia a que aludi�, cuyos apartes nuevamente retom�.

En este caso el delito se consum� en octubre 28 de 2020 cuando qued� ejecutoriada la desvinculaci�n, y como lo dijo la fiscal ya se cancel� el registro obtenido fraudulentamente, de ah� que el fraude procesal se agot� cuando la administraci�n se dio cuenta en noviembre de 2010 que ello era falso, y desde ah� debe contarse el plazo de 12 a�os que feneci� en noviembre de 2022 y aunque existi� ese cambio jurisprudencial, estima que aun as� se gener� tal fen�meno. 2.3.- Ministerio P�blico -recurrente en apelaci�n- Luego de hacer menci�n a lo contenido en las providencias SP072-2023 y AP1053-2023 y exponer su punto de vista respecto a lo que la Corte refiri� que en este caso existieron dos momentos, uno ser�a la anulaci�n de la tarjeta de operaci�n, donde se advierte que hubo una falsedad documental y que no podr�a seguirse operando ese veh�culo, y otro, cuando se va a registrar el cambio de propietario ante las autoridades de tr�nsito de Cali, donde se advirti� la falsedad, y fue para el a�o 2010, cuando se hizo notorio las consecuencias de ese acto administrativo, al no poderse registrar esa documentaci�n falsa, al ser ah� donde se indujo en error al funcionario, es decir, no solo se consum� la ilicitud, sino que produjo consecuencias jur�dicas.

En su sentir, por cualquiera de las dos l�neas jurisprudenciales, en este asunto se suscit� el fen�meno prescriptivo. 2.4.- En prove�do de agosto 28 de 2024, la funcionaria neg� la reposici�n pedida por la Fiscal�a, al reiterar lo ya decidido, para considerar que en este caso, el lapso prescriptivo debe contabilizarse desde el instante en que cesan los efectos del acto administrativo, que aparentemente fue expedido bajo enga�os por parte del Ministerio de Transporte, esto es, la resoluci�n de desvinculaci�n N� 1000643 de octubre 28 de 2010, mediante la cual se anul� la tarjeta de operaci�n 500637, sin existir EMO o evidencia en el sentido que esa anotaci�n haya sido modificada, anulada o corregida y que hayan cesado sus resultados en el mundo jur�dico, por lo cual se infiere que contin�a vigente la desvinculaci�n del rodante UFS-852.

Y si bien es cierto tal conducta no puede perdurar en el tiempo, el t�rmino de prescripci�n de la acci�n penal debe contabilizarse desde el momento en que se formul� la imputaci�n, es decir, desde el 10 de febrero del a�o 2023, de tal manera que dicho fen�meno vendr�a a producir efectos el 9 de febrero del a�o 2029. 2.5.- Finalizada dicha intervenci�n, la A-quo concedi� la palabra a la Fiscal para que sustentara como sujeto no recurrente -respecto de la apelaci�n presentada, como as� debe entenderse-, quien indic� que nada agregar�a, en tanto solo advierte que lo decidido debe ser revocado, y a su turno la apoderada de v�ctimas, se�al� no ser conveniente que el delito prescriba y adujo estar conforme con el prove�do adoptado. 2.6.- Sustentada la alzada en debida forma, la juez la concedi� en el efecto suspensivo, y dispuso remitir el expediente digital a esta Corporaci�n para que se desatara el recurso impetrado. 3.- Para resolver, se considera 3.1.- Competencia La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y funcional a voces de los art�culos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004, al haber sido oportunamente interpuesta y sustentada una apelaci�n contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo, en nuestro caso la defensa y el agente del Ministerio P�blico. 3.2.- Problema jur�dico planteado Se contrae b�sicamente a establecer si en este tr�mite, como as� lo considera la defensa y el agente del Ministerio P�blico recurrente, se present� el fen�meno de la prescripci�n de la acci�n penal, evento en el cual deber� declararse la preclusi�n de la actuaci�n; o si, por el contrario, acorde con la l�nea jurisprudencial vigente, se advierte que dicho lapso a�n no ha fenecido, como as� lo sostuvo la funcionaria de primer nivel. 3.3.- Soluci�n a la controversia En este evento, cuando se pretend�a dar comienzo a la etapa de juicio, concretamente con la realizaci�n de la audiencia de formulaci�n de acusaci�n, por parte de la delegada del ente acusador se solicit� su variaci�n, para solicitar la preclusi�n en favor del se�or J.J.A.J., exclusivamente por el delito de fraude procesal -por cuanto frente a la falsedad documental, formular�a acusaci�n-, a favor del mismo, con fundamento en la causal 1� del par�grafo �nico dispositivo 332 CPP.

En efecto, la aludida normativa es del siguiente tenor: �Durante el juzgamiento, de sobrevenir las causales contempladas en los numerales 1� [imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acci�n pena] y 3o, el fiscal, el Ministerio P�blico o la defensa, podr�n solicitar al juez de conocimiento la preclusi�n�, norma que fue declarada exequible en sentencia C-920/07.

As� que, al menos desde un punto de vista formal, si bien es cierto, tanto el defensor como el Ministerio P�blico no fueron quienes elevaron la solicitud preclusiva, como bien podr�an haberlo solicitado, toda vez que tal labor que recay� en la Fiscal�a, estos coadyuvaron tal pretensi�n, y por consiguiente en atenci�n al momento procesal en el que se encuentra la actuaci�n -etapa de juzgamiento-, los mismos si est�n legitimados para controvertir la decisi�n cuestionada.

Ahora, para que opere la preclusi�n con fundamento en la mencionada causal primera, lo es por cuanto se advierte inequ�vocamente, que se ha consolidado al menos uno de los fen�menos jur�dicos objetivos que inhiben la potestad punitiva del Estado, es decir, que impiden la prosecuci�n del tr�mite procesal y de contera llevan a disponer la terminaci�n anticipada de la actuaci�n -enti�ndase prescripci�n, aplicaci�n del principio de oportunidad, amnist�a, oblaci�n, caducidad de la querella, desistimiento, muerte del procesado, prescripci�n, indemnizaci�n integral en los casos previstos en la ley, pago o compensaci�n de las obligaciones tributarias, etc.-.

En tal sentido a nivel jurisprudencial se ha sostenido: �Los lineamientos rese�ados, esto es, que en el juzgamiento se puede invocar la preclusi�n �nicamente por las causales 1� y 3� del art�culo 332 procesal, cuando se estructuren por hechos que sobrevengan a la acusaci�n, surgen del entendimiento de que en las fases previas es viable declarar el instituto por cualquiera de los motivos reglados, pero en el juicio solamente puede hacerse por causales que no exigen valoraci�n alguna, cuya constataci�n es simplemente objetiva.

Ello sucede con la muerte del procesado, el desistimiento, la amnist�a, la prescripci�n, la oblaci�n, la conciliaci�n, la indemnizaci�n integral, la retractaci�n, supuestos en los cuales, una vez verificados, exigen la preclusi�n por v�a de la causal 1�, por cuanto en tales casos es imposible iniciar la acci�n penal, o continuarla. Lo propio ha de hacerse ante la inexistencia del hecho (causal 3�).� As� que no basta con la mera enunciaci�n formal del texto para que operen dichas causales, toda vez que se requiere obviamente establecer que el fen�meno que se esboza en verdad encuadra en tales dispositivos.

En este caso en concreto, se tiene que la delegada de la Fiscal�a pidi� la preclusi�n del delito de fraude procesal, en favor del se�or �LVAREZ JARAMILLO con fundamento en el numeral 1� del art. 332 C.P.P., por prescripci�n de la acci�n penal, al advertir que si bien el mismo determin� la realizaci�n de un documento espurio, dirigido al Director Territorial del Ministerio de Transporte de Cali, con el cual ped�a la desvinculaci�n del veh�culo de placas UFS-852, afiliado a la empresa Cali Expreso, lo que conllev� a que dicho funcionario emitiera la Resoluci�n de Desvinculaci�n N� 1000643 de octubre 28 de 2010, y como quiera que la pena m�xima para tal conducta comporta una sanci�n de 12 a�os, tal fen�meno se gener� octubre 28 de 2022, sin haberse logrado interrumpir, toda vez que la formulaci�n de imputaci�n se efectu� en febrero 10 de 2023.

Tal postura, como viene de verse, fue avalada en su oportunidad por el defensor del procesado, el Procurador y la apoderada de v�ctimas. No obstante la funcionaria de primer nivel neg� lo pedido, con fundamento no solo en la postura que al respecto ha adoptado la Sala de Casaci�n Penal, sino esta misma Corporaci�n, al observar que en el delito de fraude procesal no se exige resultado, y dicha conducta se entiende consumada cuando el actor induce en error al funcionario y perdura mientras la maniobra enga�osa produzca sus efectos, por lo que el lapso prescriptivo debe contarse una vez haya cesado la lesi�n que se ocasionaba, sin que dicho t�rmino se torne indefinido, y por consiguiente una vez formulada imputaci�n, se procede a su interrupci�n, que empezar� a contarse por la mitad de la pena a que alude el canon 453 C.P. Dicha postura, como viene de verse, fue atacada inicialmente en sede de reposici�n por la Fiscal�a y en apelaci�n por defensa y Ministerio P�blico, al considerar, de consuno, que en este caso la prescripci�n ya oper�, por cuanto ya fuera que el tiempo de 12 a�os que contempla el delito, se contara desde octubre 28 de 2010, cuando se enga�� al Director del Ministerio de Transporte en Cali, al ordenarse la desvinculaci�n del veh�culo de placas UFS-852 y anularse su tarjeta de operaci�n, ora, para noviembre del 2010, cuando quien adquiri� tal rodante se percat� que la documentaci�n que le fue entregada era falsa, lo que impidi� su traspaso, toda vez que en uno u otro evento la prescripci�n se gener� en el a�o 2022.

Pues bien, en punto de lo que ahora es objeto de debate, debe empezar por decirse que en efecto, en la Sala de Casaci�n Penal, y como se evidenci� en el debate ac� presentado, se han originado sendas posturas, cuando se trata de determinar el momento en que ha de contabilizarse el plazo prescriptivo. La Alta Corporaci�n en sentencia CSJ SP072-2023, 8 mar. 2023, rad. 58706, concluy� como nov�sima hermen�utica sobre el punible de fraude procesal que este �[�] no es un delito permanente sino un tipo penal de estado, pues, aunque crea un estado antijur�dico duradero �el per�odo en el que el servidor p�blico permanece en el error, que puede ser indefinido�, la consumaci�n del delito se concreta desde la aparici�n de �ste �el error en el servidor p�blico�, porque el tipo s�lo describe la producci�n del estado y no su mantenimiento, a tal punto que no castiga mantener en error al servidor p�blico sino inducirlo en error, lo que significa que el delito se consuma en el mismo momento en el que se realiza el verbo del tipo objetivo; por lo que resulta del todo inocuo si el sujeto activo obtiene o no una sentencia, resoluci�n o acto administrativo contrario a la ley, o los efectos que ello pueda producir.�, para a la final se�alar que en el caso que all� fue objeto de estudio, tal il�cito se encontraba prescrito, al haber transcurrido el per�odo m�ximo de la pena de prisi�n, ya que con el acto de registro de un rodante que autoriz� un servidor de tr�nsito se agot� y consum� el fraude procesal, ello por cuanto se indujo en error al funcionario e inmediatamente se obtuvo el acto administrativo que se pretend�a. No obstante, dicho prove�do que no fue del todo pac�fico -aprobado por 3 magistrados titulares y 2 conjueces, y con salvamento de voto de 4 magistrados titulares-, fue r�pidamente recogido por nuestra superioridad, quien en CSJ AP1053-2023, 19 abr. 2023, rad. 62524 -postura reiterada en CSJ SP142, 7 feb. 2024, rad. 58881-, plasm� lo siguiente: �Con la finalidad de revisar los t�rminos de prescripci�n de la acci�n penal de la conducta de fraude procesal, es necesario recordar que mediante fallo de la Sala del 8 de marzo de 2023 en el caso de casaci�n 58706, por mayor�a de 5 votos (2 de conjueces) contra 4 votos, se declar� en el caso all� examinado la extinci�n de la acci�n por prescripci�n, a partir de una interpretaci�n relacionada con el momento consumativo del delito que no corresponde a la que ha sido pac�fica de la Corte y que es la sostenida actualmente por la Mayor�a de la Sala de Casaci�n Penal.

Esa sentencia, entonces, a trav�s de la cual como es obvio se decidi� el caso concreto con fundamento en la postura jur�dica novedosa, no constituye un cambio de jurisprudencia porque el criterio de la Sala mayoritaria de los miembros permanentes de la Corte no est� all� reflejado. La Sala Mayoritaria mantiene el criterio jurisprudencial que por m�s de 30 a�os ha regido sobre el tema.

La Corte en lo fundamental ha dicho, y se reitera, que si bien respecto del delito de fraude procesal no se exige el resultado (la providencia judicial pretendida), �s�lo debe considerarse consumado, cuando el autor en desarrollo de su actividad fraudulenta y dolosa, induzca en error al funcionario y perdura mientras subsista el error, porque la vulneraci�n del inter�s jur�dico protegido por la norma se prolonga a trav�s del proceso durante el tiempo en que la maniobra enga�osa siga produciendo sus efectos sobre el empleado oficial.

Incluso y como lo reconoci� la funcionaria de primer nivel, esta Corporaci�n tuvo la posibilidad de pronunciarse sobre una decisi�n adoptada por ella en un tema de similar raigambre, donde luego de analizar lo contemplado en las aludidas jurisprudencias, procedi� a revocar su prove�do, y por el cual decret� la preclusi�n por prescripci�n del delito de fraude procesal.

En ese auto, entre otros aspectos, se dijo: �Teniendo como criterio v�lido y actual de interpretaci�n las recientes providencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia en relaci�n al tema propuesto por el recurrente, advierte esta Sala que el hecho que se investiga consiste en que, al parecer, XXX, vali�ndose de un mandato espurio, al encontrarse suscrito en una fecha posterior a aquella en la que el otorgante ya hab�a fallecido, logr� realizar escritura p�blica para vender parte del predio rural El Porvenir que era de propiedad del fallecido, y posteriormente obtuvo la inscripci�n de dicho acto el 3 de marzo de 2010 por el registrador de instrumentos p�blicos de Pereira.

Esa anotaci�n de la venta del bien inmueble, que a la postre es tachada de fraudulenta, no ha sido levantada del correspondiente registro de instrumentos p�blicos, por lo que a�n contin�a surtiendo efectos dicho acto de registro. En tal virtud, no pod�a tomarse como fecha para iniciarse el conteo del t�rmino prescriptivo el 3 de marzo de 2010, como de manera desacertada lo consider� la juez de instancia, ya que el acto de registro dispuesto por el registrador de instrumentos p�blicos sigui� surtiendo efectos despu�s de su emisi�n. Cuando el acto tachado de fraudulento se mantiene en el tiempo, y perdura el ataque al bien jur�dico de la eficaz y recta impartici�n de justicia al no levantarse el acto obtenido de un servidor p�blico de manera irregular, que de igual forma afecta el derecho de las v�ctimas al restringirlos de la facultad - como en este caso � de disponer del bien inmueble, de manera alguna se debe empezar a contabilizar el t�rmino de prescripci�n de la acci�n penal desde la emisi�n de dicho acto administrativo de origen fraudulento, sino cuando cesan sus efectos, como lo viene afirmando la jurisprudencia nacional.

Por eso, si el acto que al parecer realiz� XXX sigui� surtiendo sus efectos, a�n despu�s de que sobre el predio se hubiese dispuesto la medida de suspensi�n del poder dispositivo respecto del �ltimo propietario inscrito, no puede tenerse tal acontecimiento procesal como la fecha a partir de la cual se debe contabilizar el t�rmino prescriptivo, seg�n lo propuesto por el apelante.

Porque la medida cautelar dispuesta no conllev� que el acto o anotaci�n irregular en el certificado de tradici�n se levantara de forma autom�tica, y mucho menos que los terceros afectados, ll�mese herederos, propietarios, poseedores, etc., pudieran volver a disponer de la propiedad del bien que les fue arrebatada de manera fraudulenta. Lo anterior tampoco implica que la prescripci�n en las diligencias se torne indefinida, puesto que, el 28 de noviembre de 2022 se formul� imputaci�n, lo cual interrumpi� el conteo de dicho fen�meno prescriptivo, seg�n lo establece el art�culo 292 de la Ley 906 de 2004, reinici�ndose el conteo de un nuevo t�rmino de prescripci�n equivalente a la mitad del m�ximo de la pena, es decir, por seis a�os.

La acci�n penal entonces tendr�a vigencia hasta el 28 de noviembre de 2028.� Pues bien, en este caso en concreto, y como as� lo refiri� la A-quo, en momento alguno se acredit� por parte del ente acusador, con los elementos de prueba que arrib�, que el acto administrativo emitido en octubre 28 de 2010, por parte del Director Territorial del Ministerio de Transporte en Cali, haya sido modificado, revocado o anulado, en tanto frente a ese particular nada se corrobor�, y una tan anulaci�n, solo qued� en una manifestaci�n insular que el defensor esgrimi� en su alzada, cuando ni siquiera la delegada Fiscal en su oportunidad hizo menci�n a un aspecto de tal naturaleza, ya que solo soport� su pretensi�n en la decisi�n emitida por el Ministerio de Transporte, o su defecto en el tr�mite que de traspaso le fue negado al ciudadano M.M.C., nada m�s Lo anterior comporta pregonar, como lo refiri� la A-quo, que a la hora de ahora, se desconoce si dicho acto administrativo, derivado al parecer de la presunta incursi�n en un delito contra la fe p�blica, fue cancelado o anulado y por consiguiente, debe inferirse que todav�a se encuentra vigente, por lo que f�cil es concluir que los efectos de la maniobra enga�osa aun producen consecuencias jur�dicas ante dicha entidad oficial, de ah� entonces y pese a la postura del abogado recurrente, que la A-quo no pod�a indicar a partir de qu� momento se empezaba a contar la prescripci�n. Ahora, es cierto, claro est�, que no puede decirse que el instante en que empieza a correr la prescripci�n del delito de fraude procesal sea indefinido, sino que como viene de verse, este lo ser�a cuando se corrobore que esa decisi�n administrativa perdi� su capacidad demostrativa -lo que se dar�a, a modo de ejemplo, con la anulaci�n de la resoluci�n de Desvinculaci�n-, pero tal aspecto f�ctico no se comprob� por parte del ente acusador, y por consiguiente, como en este caso ya se procedi� a formular imputaci�n en contra del se�or J.J.A.J., lo que aconteci� en febrero 10 de 2023, se entiende que a partir de esa oportunidad procesal se interrumpi� el lapso prescriptivo, y de conformidad con el canon 292 C.P.P., se reanudar� su contabilizaci�n por un plazo de seis a�os, equivalente a la mitad del m�ximo de la pena, por lo que la actuaci�n penal continuar� vigente hasta febrero 10 de 2029.

Para la Sala entonces, en este asunto y contrario a la postura de los recurrentes, el Estado aun no ha perdido la potestad punitiva en relaci�n con la conducta de fraude procesal que presuntamente se le atribuye al se�or J.J.A.J. y por tal motivo, se confirmar� la determinaci�n adoptada por el despacho de primer nivel. En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), en Sala N� 2 de Decisi�n Penal, CONFIRMA el auto de julio 29 de 2024 por medio del cual el Juzgado S�ptimo Penal del Circuito de esa capital, neg� la preclusi�n solicitada a favor del se�or JUAN JOS� ALVAREZ JARAMILLO, al no haberse configurado el fen�meno de la prescripci�n de la acci�n penal.

De conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el art�culo 4� del Acuerdo PCSJA20-11518 del 16 de marzo de 2020, la Circular CSJRIC20-75 expedida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, y la Ley 2213 de junio 13 de 2022, no se realizar� audiencia de lectura de este prove�do, y por consiguiente el mismo se le notificar� por la Secretar�a de esta Sala v�a correo electr�nico a las partes e intervinientes.

Contra esta providencia no procede recurso alguno. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Magistrado JULI�N RIVERA LOAIZA Magistrado JAIRO MAURICIO CARVAJAL BELTR�N Magistrado CSJ AP, 26 may. 2021, Rad. 59465 CSJ SP, 27 jun. 1989. Rad. 3268. Nos referimos concretamente al Auto Penal de junio 4 de 2024, rad. 660016000036-2011-01374-01, aprobado por Acta N� 513 M.P. Jairo Mauricio Carvajal Beltr�n. Las cuales se hicieron consistir en: (i) la autorizaci�n de Desvinculacion N� 1000643 de octubre 28 de 2010, que emiti� el Director Territorial del Ministerio de Transporte de Cali, el veh�culo de placas UFS-852, con la consecuente anulaci�n de la Tarjeta de Operaci�n N� 500637, y (ii) la entrevista que rindi� MERLY MARULANDA CORREA, quien como comerciante de veh�culos negoci� dicho rodante-. Aunque respecto a este �ltimo solo hizo alusi�n en la reposici�n, lo que a todas luces fue inapropiado, en tanto pretendi� hacer menci�n a hechos que no esgrimi� en la debida oportunidad, cuando se sabe que los recursos no es la oportunidad para hacer referencia a circunstancias nov�simas, y que por lo mismo no tuvo posibilidad de analizar la A-quo, para fundamentar su decisi�n. �[�] para calcular la prescripci�n cuando hay interrupci�n con la formulaci�n de la imputaci�n, el conteo debe realizarse a partir del d�a que ese acto procesal tuvo lugar hasta, inclusive, �ese mismo d�a� pero del a�o que corresponda seg�n el delito y el t�rmino de prescripci�n [�], Cfr. AP847-2019, 6 mar., rad. 49445, reiterado en CSJ SP2230-2022, 29 jun., rad. 57221 y CSJ SP1092-2024, 15 may. 2024, rad. 58833. FRAUDE PROCESAL RADICACI�N: 660016000036 2012 04017 01 PROCESADO: J.J.A.J. CONFIRMA AUTO A.N�064 P�gina PAGE 7 de NUMPAGES 7 �� ' ) n � � ' ) t � � � X � � � ��ü��vl^�T�Fjh AaUmHnHuh�b�@��CJ aJ h@wh�n�6�CJmH $sH $h@wh@w6�CJh8G5�CJmH $sH $h@wh@w5�CJh@w5�CJmH $sH $ hJ�5�CJ h@w6�CJh�~h�~6�CJ h�~6�CJ h@w5�CJ h�~5�CJ h8G5�CJh8Gh8G5�CJh=kahb �5�CJh�n�@��CJ aJ -h3[�hb �@��B*CJ^JaJnH ph�tH �� ' � � � � �� d^��gd@w ��d^��gd8Gd�gd�'r> ��!��d$d%d&d'd-DM� ��N��O��P��Q��]��^��gdb �� =Yl��.RS`�� d$Ifgd%"Mdgd�'r $da$gd�'rd�gd�AR$ ��d�a$gd�'r $d�a$gd�'rd�gdvv�d�gd�'rXtu� �h�'r@��hvv�@��CJ OJQJaJ h>�h�'r@��CJ OJQJaJ,h>�h�'r:�@��B*CJ OJQJaJ phh�'r5�@��CJ aJ h>�h�'r5�@��CJ aJ h�'r@��CJ aJ h>�h�'r@��CJ aJ -.:QRS]`hijkqr�� 89:B��ü��w��o�w��o�w��wg�gw��h�'r^JaJhvv�^JaJh\-h�'r^JaJhb �^JaJh�R^JaJ hfaJh\-h�'r^J h�R^J h \�^Jh\-h�'raJ h�'raJ h\-h�'rh\-h�J|CJaJ h�J|h�J|CJaJmH sH h�J|CJaJh�'rCJaJh\-h�'rCJaJhKr5CJaJ'`jk��zn_$d$Ifa$gd�R d$Ifgd%"Mxkd$$If�F��0t"`�0��t"�� 4�4� Fa�Fyt%"M $$Ifa$gdf��zz d$Ifgd%"Mxkd�$$If�F��0t"`�0��t"�� 4�4� Fa�Fyt%"M��zz d$Ifgd%"Mxkd4$$If�F��0t"`�0��t"�� 4�4� 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NA`��N Fuente de p�rrafo predeter.Ri@��R 0 Tabla normal �4� l4�a�,k ��, 0 Sin lista x `��x �'r Pie de p�gina#$ ��8!5$7$8$9DH$a$ CJOJPJQJ_HmH sH tH ^�/��^ �'rPie de p�gina Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH 2 2 ^�0�Texto nota pie,Footnote Text Char Char Char Char Char,Footnote Text Char Char Char Char,Ref. de nota al pie1,FA Fu,texto de nota al pie,Ref. de nota al pie2,Footnote reference,Footnote Text Char Char Char,Footnote referenc,C,ft,Footnote Text Chard�5$7$8$9DH$CJOJQJaJtH 6�/��!6 ^�0�Texto nota pie Car,Footnote Text Char Char Char Char Char Car,Footnote Text Char Char Char Char Car,Ref. de nota al pie1 Car,FA Fu Car,texto de nota al pie Car,Ref. de nota al pie2 Car,Footnote reference Car,Footnote Text Char Char Char Car,C Car,ft Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH &`��1 �'r�Ref. de nota al pie,Texto de nota al pie,Footnotes refss,Appel note de bas de page,referencia nota al pie,Footnote number,BVI fnr,f,Ref,de nota al pie,Footnote symbol,Footnote,Nota de pie,Pie de pagina,Ref.,Ref1,FC,Pie de P�gina,F,FZ,4_G,16 Point,RCJH*OJQJ4�o��A4 �'rAlgerian CJ OJQJ@ @R@ �'r Encabezado ��8!PJ X�/��aX �'rEncabezado Car$CJOJPJ QJ^JaJmH sH tH N�OrN �'r0Tabla identificadorad�CJRQ@�R �'r0Texto independiente 3�xCJaJn�/��n �'r0Texto independiente 3 Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH J�o��J �'rNumeraci�n t�tulo5�CJOJQJh^�h �'r0 Normal (Web)d��d�d[$\$a$ CJOJQJaJmH $sH $tH $f�o��f �'rDefault 7$8$H$1B*CJOJPJ QJ^J_HaJmH $phsH $tH $X�/��X �'rCuerpo del texto_ OJPJQJ^Jq� ��o�� 'r�Cuerpo del texto + 10,5 pto,Negrita,Versales,Nota al pie + Franklin Gothic Heavy,9,Cursiva,Espaciado 0 pto,Cuerpo del texto (3) + 16 pto,Cuerpo del texto (4) + 9 ptoR5�6�7�:�>*@�B*CJEHOJPJQJRHd\�]�^J_H aJmH phsH tH z�O�z �'rCuerpo del texto# d�� *B*ph� ��! l�b_aj^�2^ i`# P�rrafo de lista#d�^��a$CJOJQJaJtH JB@BJ %�Z/0Texto independiente$�xaJj�/��Qj $�Z/0Texto independiente Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH ~��c~ 8GpTabla con cuadr�cula7:V&�0��&PK!�� [Content_Types].xml��N�0E�H��-J��@%�ǎǢ|�ș$�ز�U��L�TB� l,�3��;�r� �Ø��J��B+$�G]��7O٭V�� 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