66001600000020230006801 · Tribunal de Pereira

��ࡱ�>�� k ��tbjbj�Ȭ� ^�΢,j΢,j�i��RR�'�'(((��(((8S(g)l(�J�)�)(�)�)�),��,,�,sJuJuJuJuJuJuJ�M��PvuJ(�,�+",�,�,uJ((�)�)��J�0�0�0�,�(�)(�)sJ�0�,sJ�0�0:�5,I6�)�� H��.|�5 _J�J0�J�5RQ;/�QI6I6"Q(k7��,�,�0�,�,�,�,�,uJuJ�/��,�,�,�J�,�,�,�,��Q�,�,�,�,�,�,�,�,�,R[ �&: $PORTE DE ARMAS DE FUEGO / PRECLUSI�N / CONDUCTA AT�PICA / ARMA TRAUM�TICA � se sustent� la preclusi�n a favor de la se�ora YMHM, al considerar que la conducta era at�pica, conforme el art�culo 332 numeral 4� C.P.P. -cuya aplicaci�n solicit� en atenci�n al principio de favorabilidad- y para tal efecto sostuvo en esencia que acorde con la evoluci�n jurisprudencial -del Tribunal Superior de Bogot�, a la que aludi�-, por tratarse de un arma traum�tica aquella que le fue incautada a la ac� acusada, sin presentar modificaci�n alguna, como tampoco sus cartuchos, ello comporta pregonar que no se halla inmersa en lo contemplado en el Decreto 2535/93� Como es sabido, para que prospere una preclusi�n por la causal 4� consistente en la atipicidad del punible atribuido, debe tratarse de una atipicidad absoluta y no meramente relativa.

ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA � DEBE SER ABSOLUTA / NO RELATIVA �La causal 4� del art�culo 332 de la Ley 906 del 2004, se refiere a la �atipicidad del hecho investigado�, contexto dentro del cual resulta incontrastable que la atipicidad pregonada debe ser absoluta, pues para extinguir la acci�n penal con fuerza de cosa juzgada se requiere que el acto humano no se ubique en ning�n tipo penal, en tanto que la relativa, esgrimida por la Fiscal�a, hace referencia a que si bien los hechos investigados no se adecuan dentro de una espec�fica conducta punible (abuso de funci�n p�blica, valga el caso), s� encuadran dentro de otra (prevaricato, por v�a de ejemplo)�� OPORTUNIDAD / ETAPA DE JUZGAMIENTO / S�LO CAUSALES 1� Y 3� DEL ART. 332 CPP � en este caso como se dijo con antelaci�n, la actuaci�n se encuentra en etapa de juicio, y pese a las limitantes que para pedir la preclusi�n contempla el par�grafo del canon 332 C.P., las que perfectamente conoc�a la delegada fiscal, aun as�, �en atenci�n al principio de favorabilidad�, esgrimi� la causal se�alada en el numeral 4�, esto es, la de atipicidad de la conducta, la cual a la postre decret� el A-quo.

Frente a esa particular solicitud de la delegada del ente acusador, y como es sabido por ella, como as� lo dio a entender, de conformidad con el par�grafo del dispositivo 332 C.P.P., la fiscal�a -de quien provino la petici�n preclusiva-, solo est� facultada en la etapa de juzgamiento para reclamarla por imposibilidad de iniciar o continuar la acci�n penal, e inexistencia del hecho investigado, esto es, las causales 1 y 3 exclusivamente.

REP�BLICA DE COLOMBIA PEREIRA-RISARALDA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA SALA N� 2 DE DECISI�N PENAL Magistrado Ponente: CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Pereira, veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) Acta de Aprobaci�n N� 1099 Segunda instancia Radicaci�n: 66001600000020230006801 Imputada: YMHMC�dula de ciudadan�a:Delito:Fabricaci�n, tr�fico y porte de armas de fuego o municionesV�ctima:La seguridad p�blicaProcedencia:Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas Asunto:Decide apelaci�n interpuesta por el Ministerio P�blico contra el auto proferido en diciembre 18 de 2023, por medio del cual se decret� la preclusi�n de la investigaci�n. Se revoca. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la providencia en los siguientes t�rminos: 1.- hechos Y ACTUACI�N PROCESAL 1.1.- los hechos fueron plasmados en el escrito acusatorio por parte de la Fiscal�a, de la siguiente manera: �El d�a 29/04/2023 siendo las 17:50 horas, se ejecuta diligencia de allanamiento y registro en el inmueble ubicado en la carrera 17 no 56-11 del barrio guadualito en el municipio de Dosquebradas Risaralda, estando en el interior del inmueble de manera voluntaria la ciudadana YMHM identificada con C.C. 1.088.291.043 hace entrega de un arma de fuego tipo pistola color negro marca ekolfirat magnum calibre 9 mm con 6 cartuchos color dorado y un proveedor para la misma, elementos que carecen de permiso de autoridad competente para su porte o tenencia y de los que se pudo establecer, que el arma es de tipo traum�tico de baja letalidad, se encuentra en buen estado de funcionamiento igual que la munici�n y el proveedor tiene capacidad para 15 cartuchos calibre 9 mm de munici�n traum�tica.� 1.2.- Efectuada la aprehensi�n de la se�ora YMHM, entre otros, se llevaron a cabo ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Pereira (Rda.) con funci�n de control de garant�as, las audiencias preliminares (abril 30 de 2023), por medio de las cuales: (i) se declar� legal la diligencia de allanamiento, y la incautaci�n de elementos;

(ii) se declar� la legalidad de la captura efectuada; (iii) se le formul� imputaci�n como probable autora, a t�tulo de dolo del delito de fabricaci�n, tr�fico y porte de armas, municiones de uso restringido de uso privativo de las fuerzas armas o explosivos -art. 366 C.P.-, los cuales NO ACEPT�; y (iv) se le impuso medida de aseguramiento consistente en detenci�n preventiva en centro carcelario. 1.3.- La Fiscal�a 25 Seccional de esta capital, radic� escrito de acusaci�n (junio 9 de 2023), cuyo conocimiento le fue asignado al entonces Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Pereira (Rda.), pero cuando se realizar�a la audiencia de formulaci�n de acusaci�n (agosto 11 de 2023) se impugn� la competencia del despacho por el delegado del ente acusador -acorde con la sentencia SP256-2023, rad. 63192, atinente a que la capacidad del proveedor no determina el tipo penal-, por cuanto seg�n este la misma radicar�a en los juzgados penales del circuito de Dosquebradas, postura que acogi� el A-quo, y la actuaci�n se remiti� al Juzgado Segundo Penal del Circuito de esa municipalidad, donde se avoc� su conocimiento (agosto 24 de 2024); posteriormente, se llev� a cabo la audiencia de formulaci�n de acusaci�n (septiembre 22 de 2023) en la que se vari� la calificaci�n jur�dica para atribuirle finalmente a la procesada la conducta punible de fabricaci�n, tr�fico y porte de armas de fuego o municiones -art. 365 C.P.-; por �ltimo, para el d�a en que se realizar�a la audiencia preparatoria (diciembre 1� de 2023), la fiscal solicit� cambiar el objeto de la misma para sustentar una preclusi�n, con fundamento en el numeral 4� del art�culo 332 C.P.P., exponiendo los siguientes argumentos: -.

Se�ala que nos encontramos ante un arma traum�tica que fuera entregada por YMHM y conforme el canon 365 C.P. y el Decreto 2535/93, esta no se ajusta a la descripci�n de la conducta por la que le fue imputada y acusada, en tanto la normativa dej� en el vac�o este tipo de armas y su munici�n de goma. Hace menci�n de algunos apartes de la sentencia de noviembre 23 de 2023, de la Sala Penal del Tribunal de Bogot�, con radicaci�n N� 1100160000028202103752, con fundamento en la cual sostiene que el decreto 2197/22 contempla lo relativo a las armas menos letales, y de haberse realizado alguna alteraci�n o modificaci�n a esta o a sus municiones perder�an tal condici�n, pero conforme lo estableci� el perito forense, en este caso ello no ha sucedido.

Se�ala que dicho tipo de armas est�n excluidas del Decreto 2535/93, al haber sido asumidas por la ley 2197/22 y podr�n ser parte de una sanci�n administrativa, cuando no hayan sufrido modificaci�n y, por consiguiente, dada esa actualizaci�n normativa, y en aplicaci�n del principio de favorabilidad, pese a ser conocedora que en esta etapa solo se puede pedir preclusi�n por las causales 1� y 3� del canon 332 C.P.P., pide la preclusi�n por atipicidad. -.

El Procurador se opone a tal pretensi�n por cuanto el art�culo 365 C.P., contempla la prohibici�n de llevar armas de fuego de defensa personal, y luego de acudir a la definici�n que consagra el art�culo 6� del Decreto 2535/93, estima que el arma objeto de este tr�mite es de fuego, sin existir duda al respecto, y al acudir a lo plasmado en el numeral 11 �dem, para establecer qu� armas son de uso de defensa personal, all� no se hace referencia a las caracter�sticas del material con el que se fabrica el proyectil, y la pregunta ser�a si �un proyectil de goma est� incorporado en la descripci�n que trae esa norma?.

Ahora, aunque el art. 28 de la Ley 2197/22 define unas armas como menos letales, se cuestiona si aquellas menos letales, son una nueva clasificaci�n de las armas de defensa personal o si quedan incorporadas a estas, pues podr�a tratarse de una subclasificaci�n. -. El defensor de la encartada acompa�� la postura del ente persecutor, y expone que el tema relativo a las armas traum�ticas es nov�simo, sin existir pronunciamientos de la Corte Suprema y solo obran decisiones como el que cit� la fiscal de la Sala Penal del Tribunal de Bogot�, donde se analiza que la conducta es at�pica cuando el arma traum�tica no ha sido modificada, por lo que se considera como de letalidad reducida y ello descarta la exigencia del canon 365 C.P. Esgrime que un juzgado penal del Circuito de Cartago (V.) en septiembre 14 de 2023, se pronunci� sobre ese particular como juez con funci�n de control de garant�as, y tales decisiones pueden tenerse como criterios orientadores y servir como soporte para fundamentar la decisi�n. 1.4.- Escuchadas tales intervenciones, el A-quo en decisi�n de diciembre 18 de 2023, decret� la preclusi�n en favor de la se�ora YMHM, en la que luego de hacer alusi�n a la circunstancia f�ctica y referirse en extenso a decisiones sobre la tem�tica objeto de an�lisis -emitidas por las Salas Penales de los Tribunales de Buga (V,) y Bogot� D.C., y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartago (V.)-, as� como a los EMP arrimados, entre ellos, el informe de perito en bal�stica, expres� que el arma traum�tica ni sus proyectiles ac� incautados fueron modificados, por lo que estamos ante un arma menos letal y conforme los pronunciamientos aludidos, no pueden tenerse como armas de fuego de defensa personal, por lo cual la conducta ser�a at�pica, aunado a que conforme el Decreto 1563/2022 se le concedi� a las personas un t�rmino de 6 meses para obtener el permiso pertinente so pena de su incautaci�n. Se�ala que de conformidad con la situaci�n f�ctica, en este asunto el arma estaba en un closet y de ella hizo entrega voluntaria la acusada y al respecto existe pronunciamiento de la Sala Penal del Tribunal de Pereira -con ponencia del Dr. MANUEL YARZAGARAY- donde se incaut� un arma que estaba guardada y se absolvi� al sostenerse que ese comportamiento no vulneraba la seguridad p�blica.

Estim� que el il�cito endilgado a YMHM es at�pica, por lo cual orden� la preclusi�n de la actuaci�n, sin emitir pronunciamiento sobre el arma y un dinero incautado al no haber sido puesto a �rdenes del juzgado, para que sea la fiscal�a quien determine lo pertinente, y adem�s dispuso la libertad inmediata de la investigada, salvo que fuera requerida por otra autoridad. 1.5.- Inconforme con dicho prove�do, �nicamente el agente del Ministerio P�blico interpuso recurso de apelaci�n. 2.- Debate 2.1.- Procuradur�a -recurrente- Solicita se revoque la decisi�n, para lo cual manifiesta: Conforme el art�culo 5� del Decreto 2535/93 estamos ante un arma, al saberse que las traum�ticas pueden producir lesi�n o muerte de una persona, y aunque son clasificadas como menos letales, tienen posibilidades de serlo.

Aduce que el art�culo 6� idem, define las armas de fuego como aquellas que usan como agente impulsor del proyectil la fuerza creada por la expansi�n de los gases producidos por la combusti�n de una sustancia qu�mica, y al revisar el dictamen de bal�stica se puede afirmar que la ac� incautada es de fuego, al cumplir las exigencias de tal normativa, as� como los requisitos del art�culo 11 referente aquellas de defensa personal en cuanto a su calibre, capacidad del proveedor y funcionamiento.

La pregunta a resolver, ser�a si �el legislador con esta ley 2197/22 ha creado una clasificaci�n adicional al de uso privativo, de uso restringido o de defensa personal que dejar�a a las armas traum�ticas por fuera del Decreto 2535/93?, y al respecto considera que esta nueva clasificaci�n hay que plantearla desde la perspectiva de dicho decreto, m�xime si la caracter�stica del arma incautada encajada dentro de las de defensa personal, por lo que se puede decir que hay una variante que ser�an las armas traum�ticas.

Por tal motivo, el arma incautada a la se�ora YMHM es de fuego, de defensa personal, aunque menos letal, pero aun as� est� inmersa dentro de las especificaciones del Decreto 2535/93 y por ello la conducta no es at�pica. 2.2- Defensor -no recurrente- Pide se confirme lo decidido, y para ello manifiesta: La decisi�n fue acertada tanto f�ctica como jur�dicamente, lleg�ndose a esa premisa consistente en que se pod�a predicarse la atipicidad del hecho investigado, sin que sea la percepci�n del Procurador la llamada a otorgar una interpretaci�n al decreto 2535/93, al sostener que estamos frente a un arma de fuego por lo que el hecho no ser�a at�pico, raz�n por la cual estima como no recurrente, que es una lucha en solitario del delegado de la sociedad, por cuanto existen unas decisiones auxiliadoras, y la pregunta ser�a �est�n los Tribunales de Buga y de Bogot� y un juzgado de Cartago, equivocados?.

Refiere que en este caso no se dio una modificaci�n al arma incautada a YMHM, y adem�s de encontrarse albergada en un closet de la vivienda allanada, fue ella quien voluntariamente dijo que la pose�a y el experticio t�cnico la cataloga como un elemento traum�tico que no fue modificado, por lo que nos encontramos ante la atipicidad del hecho. 2.3.- Por parte de la Delegada del ente acusador no existi� pronunciamiento como sujeto procesal no recurrente. 2.4.- El A-quo lo concedi� en el efecto suspensivo y dispuso remitir el expediente digital a esta Sala con el fin de desatar la alzada. 3.- Para resolver, se considera 3.1.- Competencia La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y funcional a voces de los art�culos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004, al haber sido oportunamente interpuesto y debidamente sustentado el recurso de apelaci�n contra el auto interlocutorio que precluy� la investigaci�n en favor de la acusada, por parte del delegado del Ministerio P�blico. 3.2.- Problema jur�dico planteado Si bien la atenci�n de la Sala deber�a contraerse a establecer si fue acertado el prove�do emitido por parte del funcionario A-quo, en el sentido de precluir la acci�n penal en favor de la se�ora YMHM, al encontrar acreditada la causal de atipicidad de la conducta; contrario a la postura que al respecto plante� el delegado de la sociedad, con antelaci�n a ingresar en el fondo de dicho asunto, el Tribunal deber� determinar si en efecto la Fiscal�a estaba facultada para sustentar una causal no prevista para le etapa en que se encuentra el tr�mite. 3.3.- Soluci�n a la controversia En este asunto, pese a encontrarse la actuaci�n en etapa del juicio, toda vez que ya se hab�a culminado la audiencia de formulaci�n de acusaci�n, est�ndose ad portas de la realizaci�n de la audiencia preparatoria, por parte de la delegada del ente acusador y con la venia del juez de instancia, se sustent� la preclusi�n a favor de la se�ora YMHM, al considerar que la conducta era at�pica, conforme el art�culo 332 numeral 4� C.P.P. -cuya aplicaci�n solicit� en atenci�n al principio de favorabilidad- y para tal efecto sostuvo en esencia que acorde con la evoluci�n jurisprudencial -del Tribunal Superior de Bogot�, a la que aludi�-, por tratarse de un arma traum�tica aquella que le fue incautada a la ac� acusada, sin presentar modificaci�n alguna, como tampoco sus cartuchos, ello comporta pregonar que no se halla inmersa en lo contemplado en el Decreto 2535/93, postura que aval� el funcionario de primer nivel.

No obstante, el delegado de la sociedad estim� que el arma objeto de este diligenciamiento, s� es de fuego, al cumplir con los requisitos de la aludida norma para ser apreciada como de defensa personal y por consiguiente no pod�a accederse a la atipicidad reclamada. Como es sabido, para que prospere una preclusi�n por la causal 4� consistente en la atipicidad del punible atribuido, debe tratarse de una atipicidad absoluta y no meramente relativa.

Y eso es primordial entenderlo, porque no son pocas las ocasiones en que la Fiscal�a propone la preclusi�n por un tipo penal determinado con respecto del cual evidentemente no est�n dados los elementos que lo configuran, pero se olvida o se pasa por alto que la acci�n o la omisi�n de la cual se trata s� encaja, pero en un tipo penal distinto al que se viene averiguando.

De all� que la Corte haya tenido que hacer esa claridad en diversas providencias, entre ellas en el radicado 31763 de julio 01 de 2009, donde expres�: �La causal 4� del art�culo 332 de la Ley 906 del 2004, se refiere a la �atipicidad del hecho investigado�, contexto dentro del cual resulta incontrastable que la atipicidad pregonada debe ser absoluta, pues para extinguir la acci�n penal con fuerza de cosa juzgada se requiere que el acto humano no se ubique en ning�n tipo penal, en tanto que la relativa, esgrimida por la Fiscal�a, hace referencia a que si bien los hechos investigados no se adecuan dentro de una espec�fica conducta punible (abuso de funci�n p�blica, valga el caso), s� encuadran dentro de otra (prevaricato, por v�a de ejemplo).

Si ello es as�, esto es, si de lo que se trata es de una atipicidad relativa, no parecer�a admisible que se aspirase a la preclusi�n, en tanto el sentido com�n indicar�a la necesidad de continuar la investigaci�n respecto del tipo penal que, al parecer, s� recoger�a en su integridad lo sucedido�. -resaltado excluido- En ese orden, para que la preclusi�n se viabilice debe existir plena prueba de alguna de las causales establecidas en la ley, nada distinto a tener que demostrar que en efecto el comportamiento endilgado no encaja en ninguno de los dispositivos de la ley penal sustantiva.

Ahora bien, en este caso como se dijo con antelaci�n, la actuaci�n se encuentra en etapa de juicio, y pese a las limitantes que para pedir la preclusi�n contempla el par�grafo del canon 332 C.P., las que perfectamente conoc�a la delegada fiscal, aun as�, �en atenci�n al principio de favorabilidad�, esgrimi� la causal se�alada en el numeral 4�, esto es, la de atipicidad de la conducta, la cual a la postre decret� el A-quo.

Sobre el tema, la Corte Constitucional en sentencia C-920/07, expuso: �De otra parte, durante la fase de Juzgamiento, tal como lo prev� el par�grafo acusado, el legislador limit� a dos los motivos que, por hechos sobrevinientes, (sic) puede ser invocados por el fiscal, el Ministerio P�blico y la defensa para solicitar la preclusi�n durante el juzgamiento.

Ellas se reducen a: (i) la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acci�n penal; y (ii) la inexistencia del hecho investigado. La imposibilidad de proseguir con el ejercicio de la acci�n penal, durante el juicio, puede surgir debido a un evento sobreviniente (sic) a la acusaci�n, como puede ser la consolidaci�n del t�rmino de prescripci�n de la acci�n, la muerte del acusado, la despenalizaci�n de la conducta imputada, la constataci�n de la existencia de cosa juzgada, el decreto de una amnist�a, la rectificaci�n del escrito injurioso o calumnioso, y en general aquellos eventos susceptibles de verificaci�n objetiva, con potencialidad para extinguir la acci�n penal.

As� mismo, puede surgir como consecuencia de la constancia de circunstancias que indican que la acci�n penal no pod�a iniciarse, como podr�a ser la verificaci�n de la inexistencia de querella respecto de un delito que exige este presupuesto de procedibilidad. En cuanto a la inexistencia del hecho investigado, hace referencia a una situaci�n f�ctica, no jur�dica, como cuando aparece intacto el documento cuya destrucci�n se atribuy� al procesado� -negrillas y subrayado de la Sala- Por su parte, el �rgano de cierre en materia penal sostuvo: �2.

Un aspecto previo a considerar surge de la redacci�n del par�grafo trascrito, el cual determina que la postulaci�n en sede del juzgamiento se supedita a que en esa fase �sobrevengan� las causales rese�adas. De conformidad con el uso normal de las palabras, por �sobrevenir� se entiende un acaecer, suceder una cosa despu�s de otra, o algo que surge de repente, sin prevenci�n ni previsi�n.�� En esas condiciones, si en sede de investigaci�n la Fiscal�a no encuentra motivos para reclamar la preclusi�n, al punto tal que radica acusaci�n, en la fase del juzgamiento los facultados para reclamar ese instituto, no solamente est�n condicionados para hacerlo �nicamente respecto de los dos motivos se�alados, sino que deben hacerlo exclusivamente con fundamento en hechos, sucesos, acontecimientos que surjan con posterioridad, esto es, que hayan sobrevenido, sean �nuevos�, en el entendido de que son diversos a los elementos precisados en la acusaci�n.� La raz�n de ser del mandato es apenas obvia.

En efecto, si, previo a su decisi�n de acusar, la Fiscal�a cuenta con un elemento que acredite la estructuraci�n de una de las dos causales objetivas de que se trata, surge obvio que, encontr�ndose habilitada (facultad que, a la vez, comporta un deber) para reclamar la preclusi�n, as� lo haga para evitar su propio desgaste y el de la justicia si decide acusar y agotar un juicio en donde, finalmente, la decisi�n ser� la misma.� En ese contexto, conlleva incontrastable que si la Fiscal�a radica acusaci�n es porque no cuenta con elemento alguno que acredite la existencia de uno de los dos motivos objetivos de preclusi�n se�alados, contexto dentro del cual en la fase posterior del tr�mite hay lugar a postular el instituto �nica y exclusivamente con fundamento en elementos que sobrevengan, que surjan despu�s de la acusaci�n.� [�] 5.

Los lineamientos rese�ados, esto es, que en el juzgamiento se puede invocar la preclusi�n �nicamente por las causales 1� y 3� del art�culo 332 procesal, cuando se estructuren por hechos que sobrevengan a la acusaci�n, surgen del entendimiento de que en las fases previas es viable declarar el instituto por cualquiera de los motivos reglados, pero en el juicio solamente puede hacerse por causales que no exigen valoraci�n alguna, cuya constataci�n es simplemente objetiva.� Ello sucede con la muerte del procesado, el desistimiento, la amnist�a, la prescripci�n, la oblaci�n, la conciliaci�n, la indemnizaci�n integral, la retractaci�n, supuestos en los cuales, una vez verificados, exigen la preclusi�n por v�a de la causal 1�, por cuanto en tales casos es imposible iniciar la acci�n penal, o continuarla.

Lo propio ha de hacerse ante la inexistencia del hecho (causal 3�).�� La situaci�n difiere cuando se est� ante motivos que pueden denominarse subjetivos, en cuanto exigen del juez la valoraci�n de las pruebas para desentra�ar su estructuraci�n. Mal puede el juzgador hacer tal ejercicio de estimaci�n probatoria en estos eventos, como que el mismo es la raz�n de ser del juicio, del debate oral, luego en tales supuestos ha de agotarse el procedimiento para que el asunto sea resuelto en la sentencia�. �-negrillas y subrayado excluidos- Al descender al caso concreto, se evidencia que le estaba vedado a la delegada del ente acusador, procurar la aplicaci�n de la causal de atipicidad invocada en favor de la acusada, independientemente que se pregonara de su parte que lo era en atenci�n al principio de favorabilidad, por cuanto la normativa es clara y no admite interpretaci�n, en el sentido que las �nicas causales a las que se puede acudir en la etapa en la que se encuentra la actuaci�n, no son diferentes a la 1� y 3� del art�culo 332 C.P.P. Lo anterior no era un asunto que pod�a definirse con la mera constataci�n objetiva del hecho, como as� lo disponen las causales que en juicio se pueden invocar -1� y 3� art. 332 C.P.P.- toda vez que ameritaba la incursi�n del funcionario de primer nivel en un an�lisis no solo de los elementos de prueba arribados a la actuaci�n, sino adem�s de determinaciones proferidas por otros despachos judiciales para llegar a la conclusi�n que la presunta ilicitud que se la endilg� a la se�ora YMHM, era en efecto at�pica.

Para la corporaci�n, debe ser en curso del juicio oral donde se dilucide si el arma traum�tica que le fue incautada a la se�ora YMHM se encontraba o no inmersa en aquellas a que alude el Decreto 2535/1993 y por consiguiente si a esta se le pod�a haber acusado -dada la expedici�n de la Ley 2197 de 2022-, del il�cito contemplado en el canon 365 C.P., siendo all� donde la Fiscal�a o los dem�s sujetos procesales podr�n elevar las pretensiones pertinentes.

Por lo anterior, el Tribunal revocar� el prove�do adoptado y negar� la preclusi�n solicitada en favor de la se�ora YMHM, orden�ndose que la actuaci�n contin�e con su curso normal. Ahora bien, como quiera que a ra�z de lo decidido por el funcionario de primer nivel, se le otorg� la libertad a la ac� investigada -quien se hallaba en detenci�n domiciliaria como consecuencia de una medida de aseguramiento-, y por consiguiente dada la revocatoria de tal providencia, lo procedente ser�a disponer de nuevo la internaci�n en su residencia, pero sobre ese particular advierte la Sala que dicha medida se le impuso en abril 30 de 2023, y acorde con lo reglado en el par�grafo 1� del canon 307 C.P.P., el plazo m�ximo de duraci�n no puede exceder de un a�o, salvo que se hubiera solicitado su pr�rroga, y como quiera que dicho lapso se encuentra ampliamente superado, la Sala no emitir� decisi�n al respecto.

No obstante, quedar� en manos de la delegada del ente acusador establecer si pide de nuevo su aprehensi�n. En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), Sala N� 2 de Decisi�n Penal, REVOCA el auto de diciembre 18 de 2023, por medio del cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.) precluy� la investigaci�n que se adelanta en contra de la se�ora YMHM, y en su lugar se ordena que se contin�e con el tr�mite de ley.

En atenci�n a lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el art�culo 4� del Acuerdo PCSJA20-11518 del 16 de marzo de 2020, la Circular CSJRIC20-75 expedida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, y la Ley 2213 de junio 13 de 2022, no se realizar� audiencia de lectura, y por ende esta providencia se notificar� por la Secretar�a de la Sala v�a correo electr�nico a las partes e intervinientes, determinaci�n contra la cual no procede recurso alguno. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Magistrado JULI�N RIVERA LOAIZA Magistrado JAIRO MAURICIO CARVAJAL BELTR�N Magistrado Sentencia CSJ, SP, 16 jul. 2014, Rad. 44043, reiterada en CSJ STP, 16 ago. 2018, Rad. 99955. El cual sustent�, no a ra�z de una normativa m�s favorable, sino por una �evoluci�n jurisprudencial�, dada la postura sobre las armas traum�ticas de un Tribunal hom�logo, cuando la jurisprudencia tiene sentado que �[�] la favorabilidad es un principio de orden convencional y constitucional, seg�n el cual una situaci�n regulada desventajosamente por la ley vigente, puede solventarse mediante la aplicaci�n ultra o retroactiva de normas que regulan de mejor manera la misma situaci�n f�ctica y jur�dica de quien se encuentra avocado a un proceso penal.� Cfr. CSJ AP3329-2020, 2 dic. 2020, rad. 56180. Porte ilegal de armas Radicaci�n: 660016000000 2023 00068 01 Procesado: YMHM Se revoca auto A N� 055 P�gina PAGE 18 de NUMPAGES 18 IJKLL � � � A B C E ] ^ q s ~ � � � � � � � � � $%&'��}��ͼ��ͼ��xxjj����jjxjxhE1�CJOJQJ^JaJ hE1�hE1�CJOJQJ^JaJ &h&!:h&!:5�CJOJQJ\�^JaJ hE1�5�CJOJQJ\�^JaJ h.�CJOJQJ^JaJ h&!:h&!:CJOJQJ^JaJ h&!:CJOJQJ^JaJ &h&!:hPl5�CJOJQJ\�^JaJ h&!:5�CJOJQJ\�^JaJ )JB C � � %~�� !cde�� $d�a$gdE1� $da$gdKf� $d�a$gdKf�d�gdE1�d�gd&!:d�gdKf�}~�� !)*457 $$If�F��0� U"� ��0��U"�� 4�4� Fa�Fyt�?�CDQ��{{ $IfgdKf�{kd�$$If�F��0� U"� ��0��U"�� 4�4� Fa�Fyt�?��C�{{ $IfgdKf�{kd|$$If�F��0� U"� ��0��U"�� 4�4� Fa�Fyt�?�&689;ABCDEz{��ƶ��}n_nPnA2 h�nlh�gMCJ OJQJ^J hE1�h�gMCJEH^JaJ h�nlh�F@��CJ^JaJ h�nlh�B_@��CJ^JaJ h�nlh�gM@��CJ^JaJ h�nlhZ�@��CJ^JaJhPlh�gMCJ^JaJhPlh�gMCJ^JaJ hPlh� 5�CJ\�^JaJ hPlh�O�5�CJ\�^JaJ hPlhf j5�CJ\�^JaJ hPlh�v?5�CJ\�^JaJhPlh�v?CJ^JaJhPlh�JCJ^JaJCDE��@AZ[78�||t|t|tht|t ��d�^��gdKf�d�gdE1�dgdKf�{kd$$If�F��0� U"� ��0��U"�� 4�4� Fa�Fyt�?� ��@AEHUYAXYZ[\`��Ĵ��tbSC3 h�nlh 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