Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 11001310301619950510901

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Jose Elio Fonseca Melo

Fecha: 2004-10-05

Sujetos procesales: BARBARA ABELLA RAMÍREZ Y MARÍA TERESA BLANCO ABELLA / RAFAEL MARÍA SÁNCHEZ ALFONSO

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FRUTOS CIVILES RECONOCIMIENTO DE MEJORAS COSTAS.ART�CULO 946 DEL C.C. ART�CULO 1746DEL C.C.Expediente 11001310301619950510901 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SALA CIVIL Bogot� D.C. cinco (05) de octubre de dos mil cuatro (2004) Magistrado Ponente: JOSE ELIO FONSECA MELO Dec�dese el recurso de apelaci�n interpuesto por las partes contra sentencia de 22 de febrero de 2002, proferida por el Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogot�, dentro de este proceso.

ANTECEDENTES: Barbara Abella Ram�rez y Mar�a Teresa Blanco Abella instauraron demanda por el tr�mite del proceso ordinario de mayor cuant�a contra Rafael Mar�a S�nchez Alfonso, seg�n los hechos que resumidos son: 1. Aprovechando el estado de inferioridad de B�rbara Abella Ram�rez, motivado por su avanzada edad y la condici�n de analfabeta, Rafael Mar�a S�nchez Alfonso la comprometi� a firmar el contrato que data del 28 de diciembre de 1994, seg�n el cual aquella y su hija se obligaban a vender el inmueble de la calle 167 No. 33 � 27 de Bogot�. 2.

Mar�a Teresa Blanco Abella aparece firmando el aludido contrato, pero en verdad no ten�a inter�s en la negociaci�n, pues se involucr� para darle solidez y ocultar la discapacidad de B�rbara Abella Ram�rez. 3. El precio acordado para el inmueble de la demandante ascendi� a $12.712.445,00, suma que se pagar�a de la siguiente manera: $4.000.000,00 como valor asignado a la casa de la diagonal 32C Sur No. 13C � 08, y la cifra restante, a trav�s de 24 cuotas mensuales por un valor de $363.018,50 cada una. 4.

El demandado s�lo ha cancelado las dos primeras cuotas, vale decir, las correspondientes a enero y febrero de 1995, y con respecto de la entrega de la casa, pactada para el 28 de marzo de 1995, a�n no ha entregado el s�tano puesto que permanece ocupado con muebles de su propiedad. 5. Las partes acordaron que las escrituras para perfeccionar la promesa de compraventa se firmar�an el 09 de marzo de 1995, a la hora de las 10:00 a.m. en la Notaria 4� de la ciudad, con respecto de la casa, y al d�a siguiente con respecto inmueble prometido en venta, esta vez en la Notaria 29 del mismo circuito, empero, el demandado no compareci� a tales Notarias, cosa que contrasta con la actitud de las demandantes, quienes se hicieron presentes y estuvieron prestas a cumplir. 6.

En s�ntesis, los siguientes son los hechos que denotan el incumplimiento del demandado: Negarse a pagar el precio acordado, a efectuar la entrega total del inmueble, y a suscribir las escrituras en los t�rminos acordados. 7. Al incumplir el contrato el demandado ha contra�do la obligaci�n de pagar la cl�usula penal, equivalente a la suma de $5.000.000,00, a favor de las demandantes.

Con fundamento en estos hechos las demandantes elevan las siguientes s�plicas principales: 1. Que se declare que Rafael Maria S�nchez Alfonso, en su condici�n de promitente comprador, incumpli� la promesa celebrada el 28 de diciembre de 1994 con B�rbara Abella Ram�rez y Mar�a Teresa Blanco Abella, en su condici�n de promitentes vendedoras, relacionada con el inmueble ubicado en la calle 167 No. 33 � 27 de Bogot�. 2.

Que en consecuencia se declare resuelto el contrato en alusi�n y se disponga que las cosas vuelvan a su estado anterior, esto es, que las partes se restituyan, dentro de un t�rmino prudencial, lo que hayan recibido una de la otra en cumplimiento de lo pactado. 3. Que se condene al demandado a pagar el valor de los frutos civiles y naturales que produjo o debi� producir el inmueble objeto de esta negociaci�n a partir del 28 de enero de 1994. 4.

Que se condene al demandado a pagar la suma de $5.000.000,00 por concepto de la cl�usula penal. En forma subsidiaria las demandantes elevan las siguientes s�plicas: 1. Que se declare que hubo lesi�n enorme en la celebraci�n del contrato de promesa de compraventa en cuesti�n. 2. Que como consecuencia de la anterior declaraci�n, en caso de que el demandado persista en la ejecuci�n del contrato, se obligue a pagar el precio justo del inmueble prometido en venta, todo dentro de los cinco d�as siguientes a la ejecutoria de la sentencia. 3.

Que en caso de que el demandado no se avenga a pagar el precio justo se condene a restituir, a favor de las demandantes, el inmueble junto con sus mejoras y servicios entregados, y adicionalmente, los frutos naturales y civiles que produjo o debi� producir a partir del 28 de enero de 1995, fecha en que se realizo la entrega. 4. Que se condene en costas del proceso al demandado.

Admitida como fue la demanda de ella se notici� al demandado, hecho ocurrido el 01 de noviembre de 1995 (fl. 16 cuad. 1), de modo que asistido por abogado la contest� de la siguiente manera: Tras oponerse frontalmente a las pretensiones neg� los hechos que tocan con la condici�n de inferioridad de B�rbara Abella Ram�rez, advirti� que el otorgamiento de las escrituras se aplaz� de consuno y verbalmente, aclar� que el precio de la casa de la Diagonal 32C Sur No. 13C - 08 se convino de mutuo acuerdo pero que en realidad supera los $70.000.000,00, a�adi� que las cuotas que asumi� para cubrir el precio las pag� hasta el mes de agosto de 1995, fecha en la que la se�ora Mar�a Gladys Covelli Vda. de Rueda se neg� a recibir las siguientes por orden de la demandante, raz�n por la cual se vio obligado a consignarlas en el Banco Popular a �rdenes de este proceso, y finalmente, sobre la entrega del inmueble aduce que en el s�tano se dej� una cama, sin que signifique que dej� de entregarse, puesto que las demandantes recibieron la orden de disponer de ella.

En su defensa propuso la excepci�n de fondo que denomin� �Carencia de causales para demandar�, apoyada en que las demandantes no pod�an otorgar escritura del predio enajenado puesto que, seg�n lo proyecta el certificado de libertad, el inmueble est� englobado y aquellas solo poseen cuotas sobre su totalidad. Entrabada de esta forma la relaci�n jur�dico procesal, fracasada la conciliaci�n el proceso se abri� a pruebas, de modo que con las acercadas el Juzgado de conocimiento mediante sentencia de 22 de febrero de 2002, luego de negar las objeciones por error grave con respecto del primer dictamen, declar� la nulidad absoluta de la promesa con sus consecuenciales.

Inconforme con esa decisi�n la partes interpusieron recurso de apelaci�n, el que rituado en instancia, a continuaci�n la Sala procede a resolver. SE CONSIDERA: 1. Presupuestos procesales. Los consabidos presupuestos procesales demanda en forma, capacidad de parte, capacidad procesal y competencia se hallan actualizados en el presente caso, motivo por el cual el proceso se ha desarrollado normalmente, y por ende, se impone una decisi�n de fondo.

Desde el punto de vista de la actuaci�n tampoco observa la Sala causal de nulidad que pueda invalidar el proceso, de modo que ello aunado a lo anterior, conlleva a esa decisi�n de m�rito. 2. La sentencia del A quo. El Juzgado a trav�s del fallo apelado, se recuerda, declar� la nulidad de la promesa de compraventa, y con base en esta realidad, se adentro en el tema de las restituciones mutuas.

En punto a las prestaciones mutuas la Juez orden� a las partes restituir los inmuebles entregados por la una y la otra en las condiciones en que se encuentran, omiti� cualquier an�lisis sobre los posibles deterioros, y en torno a los frutos producidos por estos bienes, las mejoras y la devoluci�n del precio aportado en dinero, sobre el particular resolvi�: Conden� al demandado a pagar el 40% de los frutos dictaminados por los peritos, para lo cual tuvo en cuenta que la construcci�n actual fue levantada por este en el predio de la calle 67 No. 33 � 27, frutos que tas� desde el 15 de noviembre de 1995, fecha en que contest� la demanda, hasta el 31 de enero de 2002 en la suma de $15.641.309,00.

Para tomar como punto de partida el 15 de noviembre de 1995 el Juzgado adujo que el demandado es poseedor de buena fe, as� que desde esta perspectiva y como quiera que en aquella fecha contest� el libelo, encontr� acertado aplicar el inciso 3� del art�culo 964 del C�digo Civil. Y, para avaluar los frutos en lo sucesivo el fallo remiti� al procedimiento contemplado en el inciso 2� del art�culo 308 del C.P.C. De otro lado, el A quo conden� a las demandantes a devolver las sumas de dinero entregadas como precio, debidamente indexadas conforme al I.P.C., correspondientes a las cuotas pactadas para los meses de marzo, abril, mayo y junio de 1995, de manera que en lo sucesivo tales cuotas se actualizaran conforme a estos par�metros y por el procedimiento establecido en el art�culo 308 Ib.

En derredor a los frutos producidos por el inmueble de la Diagonal 32C Sur No. 13C � 08 el Juzgado atendiendo el peritazgo practicado con el fin de evaluarlos, una vez advirti� que de acuerdo con la prueba testimonial el inmueble fue entregado a las demandantes en su totalidad y que ostentan la condici�n de buena fe, opt� por se�alarlos en la suma de $18.796.496,00, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de septiembre de 1995, fecha en que se present� la demanda, hasta el 31 de enero de 2002.

Ahora, con respecto de las mejoras, la Juez en su fallo sostuvo que implantadas por el demandado en el terreno de la calle 167 No. 33-27, todo seg�n los testimonios de Heliodoro Mendilvelso, Roque Fandi�o G�mez, Maritza Alexandra Puerta y Jord�n Franklin Reyes Puerto, las demandantes est�n obligadas a pagarlas, seg�n el dictamen de los expertos, por la suma de $21.000.000,00.

Con las condignas condenas el Juzgado remata el caso, no sin antes descartar las objeciones por error grave presentadas por las partes frente al primer peritazgo, conceder el derecho de retenci�n al demandado, y por �ltimo, autorizar las compensaciones a que haya lugar. 3. El recurso de apelaci�n. Las partes, cada una por su lado apelaron la sentencia as� emitida, de modo que la Sala se pronuncia a continuaci�n sobre los motivos de disconformidad expresados, esta vez en el siguiente orden: Las demandantes al sustentar el recurso fustigan el fallo por cuanto que, en primer lugar, los frutos correspondientes al inmueble del Barrio Tober�n deben ser reconocidos tal como lo se�alaron los peritos, vale decir, sin el descuento del 40% practicado por la Juez, y en segundo lugar, se obligue al demandado a restituir este inmueble �� en el estado en que le fuera entregado y si a bien lo tiene que retire del inmueble las mejoras por �l supuestamente levantadas �..�.

El demandado a su vez, dentro del t�rmino para sustentar el recurso atac� el fallo por cuanto que, de un lado, la condena en costas no procede en virtud de que la Juez declar� la nulidad de la promesa oficiosamente, y de otro, se impone la absoluci�n del demandado con respecto de la condena por frutos, pues en su decir las mejoras levantadas en el lote las hizo con sus propios recursos.

As� las cosas, como quiera que el recurso de apelaci�n obedece al criterio dispositivo, seg�n el cual corresponde al recurrente se�alar los puntos que lo separan del fallo y al Ad quem moverse en el terreno fijado por la censura, a los temas arriba enunciados el Tribunal contrae su actuaci�n. 4. El caso concreto. 4.1. En el asunto sub judice las partes enfrentadas al un�sono atacan el fallo en cuanto tiene que ver con la condena impuesta al demandado por concepto de frutos, cuyo monto el Juzgado fij� en la suma de $15.641.309,00, cada una desde su propia visi�n y tal como se advierte enseguida: Las demandantes porque la restituci�n de frutos en trat�ndose de una declaraci�n de nulidad, cuyo efecto conlleva a restituir a las partes al estado en que se hallar�an si el contrato no hubiese existido, y paralelamente, porque la cuant�a se�alada por los peritos no puede ser menguada so pretexto que las mejoras implantadas en el lote las sufrag� el demandado.

El demandado por su parte porque esa cuant�a debe reducirse a ceros con fundamento en el mismo argumento, huelga decir, que no est� obligado a pagar frutos cuando estos son producidos debido a las mejoras por �l implantadas. En el campo de las restituciones mutuas, la ley obliga al Juez a pronunciarse sobre las mismas a�n de oficio, de manera que en trat�ndose de la nulidad, sea absoluta o relativa, las partes tienen ��. derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallar�an si no hubiese existido el acto o contrato nulo�� (art. 1746 del C. C.).

As�, las restituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes comprenden los conceptos de deterioros sufridos por la cosa, los intereses, frutos y las mejoras en sus distintas modalidades, de manera que en el prop�sito de establecerlas han de tenerse en cuenta los casos fortuitos y la posesi�n de buena o mala fe de las partes, todo de conformidad con las reglas generales.

Siendo que la remisi�n a las normas generales alude a las prestaciones mutuas de la acci�n reivindicatoria, en torno a la restituci�n de frutos en caso de nulidad, al armonizar los art�culos 1746 y 964 Ib. se tiene que la buena o mala fe de las partes incide para determinar la clase de frutos, sin que de ninguna manera estos conceptos influyan en las restricciones de tipo temporal previstas en la �ltima norma, porque en este sentido ��. se desconocer�a el efecto general propio de toda declaraci�n de nulidad, imposibilitando, en materia de restituci�n de frutos, el regreso de las cosas al estado en que se hallar�an si no hubiese existido el acto o contrato nulo �� (C.S.J. Sent. 15 de jun./95 exp. 4398).

De acuerdo con estas nociones, err� la Juez A quo al tasar los frutos a partir de la presentaci�n de la demanda y la contestaci�n en relaci�n con las demandantes y el demandado, respectivamente, empero, como quiera que �ste a trav�s de la impugnaci�n no toc� dicho yerro, el fallo resulta inmodificable por este aspecto y en relaci�n con aquellas, en el entendido que inmerso el recurso de apelaci�n dentro del principio dispositivo no constituye a la saz�n tema de revisi�n. 4.2.

Entonces, en cuanto a la temporalidad de la condena impuesta al demandado por concepto de frutos, materia del recurso dado que las apelantes solicitaron la correcci�n del error, habida cuenta que el efecto de la declaraci�n de nulidad conduce a volver las cosas como si no hubiese existido el contrato invalidado, de acuerdo con lo pactado en la promesa de compraventa las demandadas entregaron el lote el 28 de enero de 1995, de manera que esos frutos deben liquidarse a partir de esta fecha y no desde la presentaci�n de la demanda, pues esta es la f�rmula que se aviene con el mandato del art�culo 1746 del C. C. 4.3.

Ahora, en lo concerniente a la parte que adeuda el demandado por concepto de frutos, se�alada por el Juzgado en la suma de $15.641.309,00, las demandantes alegan, se recuerda, que no puede descontarse de su totalidad el 40%, y por su lado, el demandado aduce que deben rebajarse en raz�n de que las mejoras fueron levantadas a sus expensas y estas son las que generan tales frutos.

En este sentido, para elucidar la controversia as� planteada, precisa analizar el dictamen rendido por los peritos Sandra Patricia Gonz�lez y Jorge Enrique Ram�rez, la primera reemplazada con posterioridad por Winston Lara Pineda (fls. 104-112, 297-299 y 400-403 Ib.), de cuyo estudio se desprenden las siguientes conclusiones: De un lado, los peritos establecieron dos valores para el metro cuadrado, el primero con respecto del terreno sin consideraci�n de la construcci�n levantada por el demandado por la suma de $250.000,00 (fl. 108 Ib.), y el segundo, incluyendo el tipo de construcci�n por la suma de $280.000,00 (fl. 109 Ib.).

De otro lado, los peritos para determinar el valor de los frutos civiles, en este caso el precio del arrendamiento, tomaron como punto de partida el valor comercial del inmueble, adoptando como tal, de manera exclusiva, el precio del terreno sin la construcci�n (fl. 407 Ib.). Entonces, poniendo en relaci�n estas dos conclusiones no habr�a manera de decir que el valor de los frutos determinado por los peritos, teniendo en cuenta que la construcci�n fue levantada a expensas del demandado, debe reducirse al 40%, pues se insiste, los peritos no tuvieron en cuenta en su trabajo el valor del inmueble junto con las mejoras, sino por el contrario, el precio del terreno solamente, siendo este el valor adoptado por aquellos para avaluar los c�nones de arrendamiento reconocidos como frutos (fl. 407 Ib.).

En estas condiciones, con la advertencia que las objeciones a los peritajes se negaron en la sentencia impugnada y que a la saz�n constituye punto pac�fico dado que esta decisi�n no fue materia de censura, el valor de los frutos que el demandado adeuda es equivalente al determinado por estos peritos, pero con la advertencia que se liquidar�n a partir de la fecha de entrega del lote, eso es el 28 de enero de 1995. 4.3.

Con respecto de las mejoras, como quiera que las recurrentes insisten en que la construcci�n levantada por el demandado no es �til, y por dem�s, no es equitativo que haya demolido las existentes en el momento de la entrega y ahora pretenda reclamar las suyas, la Sala sobre el particular es de la siguiente opini�n: Los peritos, tras advertir que el metro cuadrado de la construcci�n all� levantada tiene un valor de $280.000,00, al cuantificar el valor de la construcci�n le asignan la suma de $21.000.000,00 (fl. 109 Ib.), as� que relacionadas estas mejoras con la edificaci�n de una casa en un �rea de 78.3 M2, la cual consta de tres alcobas, una cocina y un ba�o, no hay forma de desconocer su valor, pues en este sentido no pude pasarse de soslayo que el lote, ubicado en un sector residencial, tiene como finalidad econ�mica la construcci�n de vivienda y eso fue lo implantado en el aludido inmueble.

Con todo, cabe a�adir al anterior argumento que, en el empe�o de responder el ataque de �ltima hora que toca con la afirmaci�n consistente en que el demandado no levant� ninguna mejora, tal aseveraci�n se encuentra hu�rfana de prueba, y por el contrario, siendo evidente que conforme a la promesa las demandantes prometieron en venta exclusivamente un lote, y a este inmueble refiere la entrega (fls. 2-3 Ib.), desde esta nueva visualidad se impone el reconocimiento de las mejoras por la cuant�a determinada por los peritos. 4.4.

Ahora bien: Con respecto de los ataques del demandado contra el fallo, el primero relacionado, se recuerda, con la petici�n para que no se le condene en costas de primera instancia, la Sala teniendo en cuenta que el Juzgado no abord� la acci�n propuesta por las demandantes como principal, ni menos a�n la formulada como subsidiaria, en esta condiciones no existe vencedor ni vencido en este caso, motivo por el cual le asiste raz�n al apelante cuando pide que se le exonere de costas. 4.5.

Ahora, en relaci�n con el segundo ataque, consistente en que se reduzca a cero el monto de los frutos percibidos por el demandado con respecto del lote que recibi�, cargo que por estar correlacionado con el reclamo de las accionantes sobre el mismo tema desde el �ngulo de su propio inter�s, en criterio de la Sala este punto ya fue objeto de definici�n, raz�n por la cual se halla relevada de hacer cualquier comentario adicional. 5.

Puestas as� las cosas la sentencia apelada se confirmara en lo fundamental, pero en aras de materializar los temas de la censura que la Sala acoge, se modificara en lo pertinente En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogot� D.C. en Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero. Confirmar los numerales primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, s�ptimo, octavo, noveno, d�cimo, und�cimo, duod�cimo, decimocuarto, decimoquinto y decimosexto de la parte resolutiva sentencia de 27 de febrero de 2002, proferida por el Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogot� dentro de este proceso. Segundo. Modificar el numeral decimotercero de la parte resolutiva de la sentencia en alusi�n, en el sentido de reconocer como frutos civiles a cargo del demandado y a favor de las demandantes la suma de $42.051.397,00, correspondientes al per�odo comprendido entre el 28 de enero de 1995 hasta el 31 de enero de 2002.

Tercero. Revocar el numeral d�cimo s�ptimo de la parte resolutiva de dicha sentencia. Cuarto. Costas en esta instancia en un 20% a cargo del demandado.

NOTIFIQUESE Fallo discutido y aprobado en Sala Civil del Decisi�n seg�n Acta No. 35 de 13 de septiembre de 2004. JOSE ELIO FONSECA MELO Magistrado ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO Magistrado. JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA Magistrado. PAGE  PAGE 1 Expediente 19955109 01 QR~����+D��������)L&6R0�%�%W*u*�,-�/�/�/�/4�4�7�8�P�P�P�P�Q�S�SBT]TkT�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T����������������������������������������������������0JmHnHu0J j0JU6�6�CJ 5�CJ CJ \�5�\�CJ 5�CJ \�5�CJOJQJ\�^JC /IQRh~�������������������������$a$X$$If�F����{��0�������6��������4� Fa� $$Ifa$�T�T���BCD��� ��)+��( ) G H, - ������������������������������$a$$a$�Z[cd����78>?��������%&��$�����������������������������$a$$%&456RSXY123��Q!R!�"�"�#�#H$I$�%�%�'�'����������������������������$a$$a$�'E)F)W*X*u*v*:+;+--�.�.�/�/�/�/�0�0m2o2P3Q3�4�4 6!6�8�8����������������������������$a$$a$�8�:�:4=5=�>�>@@7A8AMBNB^D_DFFBGCG�I�I�K�K�M�MFOGO�OP�P������������������������������P�P�P�P�P�P�Q�Q4S5S�S�S�S�S�S�S�SBTCTDTETFT]ThTiTjTkTlT���������������������������$a$$a$lTmT�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T�T��������������������h]�h����&`#$$a$0&P1�h��/ ��I!�� "��#��$��%����� �� i8@��8 NormalCJ_HaJmH sH tH:@: T�tulo 1$$@&a$ 5�CJ \�:: T�tulo 2$$@&a$ 6�CJ ]�FA@���F Fuente de p�rrafo predeter.0>@�0 T�tulo$a$ 5�CJ \�DB@D Texto independiente$a$CJ NPN Texto independiente 2$a$ 6�CJ ]�DQ"D Texto independiente 36�]�0)@�10 N�mero de p�gina: @B: Pie de p�gina  �C�"4R4 Encabezado  �C�"�Pl���� /IQRh~�������BCD��� ��)+��()GH, -   � �   Z [ c d ����78>?��������%&��$%&456RSXY123��QR����H I �!�!�#�#E%F%W&X&u&v&:';'))�*�*�+�+�+�+�,�,m.o.P/Q/�0�0 2!2�4�4�6�64959�:�:<<7=8=M>N>^@_@BBBCCC�E�E�G�G�I�IFKGK�KL�L�L�L�L�L�L�M�M4O5O�O�O�O�O�O�O�OBPCPDPEPFP]PhPiPjPkPlPmP�P�P�P�P�P�P�P�P�P�P�P�P�P�P�0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0��0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0�� 0�@0���@0���@0�� 0 �T,��$�'�8�PlT�T-/012345�T. 1!�!���� cfy|jpqx|$�$�$�$�$�$�'�'�+�+�0�0�4�4�;�;�P�P�P /�)+�0�0�4�4�L�L]PhP�P�P�P�P�P�P�P�P�P��jfonsecmCONSEJO SUPERIOR JUDICATURACONSEJO SUPERIOR JUDICATURACONSEJO SUPERIOR JUDICATURACONSEJO SUPERIOR JUDICATURA�C:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\Guardado con Autorrecuperaci�n de RESOLUCION CONTRATO DE COMPRAVENTA BARBARA ABELLA.asdCONSEJO SUPERIOR JUDICATURA�C:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\Guardado con Autorrecuperaci�n de RESOLUCION CONTRATO DE COMPRAVENTA BARBARA ABELLA.asdCONSEJO SUPERIOR JUDICATURA8A:\RESOLUCION CONTRATO DE COMPRAVENTA BARBARA ABELLA.docConsejo SuperiortC:\PROVIDENCIAS SALA CIVIL 2004\FONSECA M. 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