Micelio

AUTO — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 2006 0043 01

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Ariel Salazar Ramirez

Fecha: 2007-03-06

Sujetos procesales: SANDRA AVILA BONILLA / SALUD COLMENA E.P.S. Y HOSPITAL SAN IGNACIO

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REF: CONFLICTO DE COMPETENCIA. Entre los juzgados OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO y D�CIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOT� Ordinario de SANDRA AVILA BONILLA contra SALUD COLMENA E.P.S. y HOSPITAL SAN IGNACIO. Proyecto discutido y aprobado en sesi�n de Sala Mixta de 28-02-2007 Radicaci�n 2006 0043 01 Agotado el tr�mite correspondiente, decide el Tribunal el conflicto negativo de competencia suscitado entre los Jueces Octavo Civil del Circuito y D�cimo Laboral del Circuito de esta ciudad.

I. BREVE ANTECEDENTE A. En demanda que por reparto correspondi� al Juzgado Octavo Civil del Circuito, la se�ora Sandra Avila Bonilla, solicit� que con citaci�n y audiencia de Salud Colmena y el Hospital Universitario San Ignacio, se declarara que tales entidades son solidariamente responsables por los perjuicios sufridos por la actora con ocasi�n de la atenci�n m�dica recibida durante un parto mediante ces�rea que culmin� con procedimiento histerectom�a. En consecuencia, deprec� el pago de perjuicios morales subjetivados, morales objetivados, fisiol�gicos y materiales, junto con la correcci�n monetaria, la pr�ctica de cirug�a est�tica o el importe de su valor y finalmente, la condena en costas.

B. Inicialmente el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogot�, adelant� el proceso hasta la etapa de alegatos de conclusi�n y mediante providencia de julio 19 de 2006, se declar� incompetente para continuar con el tr�mite del proceso, al considerar que el asunto estaba asignado al Juez Laboral en virtud del art�culo 2 del C�digo Procesal del Trabajo, modificado por la Ley 712 de 2001, por tratarse de una controversia referente al Sistema de Seguridad Social integral; en tal virtud, orden� remitir el expediente para su reparto entre los Jueces Labores de este Circuito Judicial.

C. El conocimiento del proceso correspondi� entonces al Juzgado D�cimo Laboral de Bogot�, quien por auto de octubre 11 de 2006, rehus� la atribuci�n y plante� la colisi�n negativa de competencia, con el argumento de que la controversia es un asunto de responsabilidad civil no comprendido en la competencia fijada por los Decretos 456 y 931 de 1956 ni el art�culo 2 de la Ley 712 de 2001.

II.- CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL Corresponde a esta Sala decidir el conflicto suscitado entre los Juzgados Octavo Civil del Circuito y Once Laboral de Bogot�, en aplicaci�n de la regla seg�n la cual corresponde al Tribunal Superior por conducto de las Salas Mixtas resolver los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicci�n ordinaria que tengan distinta especialidad pertenecientes al mismo distrito, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2, art�culo 18 de la Ley 270 de 1996.

Conviene precisar de antemano, que la controversia aqu� generada se circunscribe a determinar si la declaraci�n responsabilidad derivada de la prestaci�n del servicio de seguridad social en salud, demandada por un usuario del sistema frente a la entidad promotora de Salud y la I.P.S. que prest� el servicio, compete exclusivamente a la jurisdicci�n ordinaria en su especialidad civil o a la especialidad laboral.

Para resolver el asunto, resulta imperioso indicar que, el Juez natural de un proceso, es aqu�l a quien la Constituci�n o la ley le ha asignado el conocimiento de ciertos asuntos para su resoluci�n. Este principio constituye, en consecuencia, elemento medular del debido proceso, en la medida en que desarrolla y estructura el postulado constitucional establecido en el art�culo 29 de la Constituci�n Pol�tica, conforme al cual �Nadie podr� ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio� (subraya fuera de texto).

Ahora bien, la competencia de una autoridad judicial ha sido entendida como �la porci�n, la cantidad, la medida o el grado de jurisdicci�n que corresponde a cada juez o tribunal, mediante la determinaci�n de los asuntos que le corresponde conocer, atendidos determinados factores (materia, cuant�a, lugar, etc-� . La competencia en particular, se fija de acuerdo con distintos factores, a saber: la naturaleza o materia del proceso y la cuant�a (factor objetivo), la calidad de las partes que intervienen en el proceso (factor subjetivo), la naturaleza de la funci�n que desempe�a el funcionario que debe resolver el proceso (factor funcional), el lugar donde debe tramitarse el proceso (factor territorial) y atendido la acumulaci�n de procesos o pretensiones (factor de conexidad).

En el caso resulta de vital importancia el factor objetivo por la naturaleza del asunto o de la pretensi�n, toda vez que la competencia se asigna por la pertinencia y cercan�a tem�tica con la especialidad, en este sentido el art�culo 2 del C�digo Procesal del Trabajo, modificado por el art�culo 2 de la Ley 712 de 2001, dispuso: �La Jurisdicci�n ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de: (�) 4. �Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relaci�n jur�dica y de los actos jur�dicos que se controviertan�.

Esta distribuci�n de competencia efectuada por el legislador, de que sea la jurisdicci�n ordinaria en su especialidad del trabajo la que conozca de controversias producidas entre las entidades prestadoras del r�gimen de seguridad social integral y sus afiliados, obedece al prop�sito constitucional contenido en los art�culos 48 y 365 de la Carta Pol�tica de expedir un r�gimen jur�dico al cual se somete la prestaci�n de este servicio p�blico.

El �mbito de aplicaci�n de la norma es la de la seguridad social, la que por mandato superior �art. 48-, forma parte de los derechos sociales y econ�micos, como derecho irrenunciable de todos los habitantes del territorio nacional, debiendo prestarse en la forma de un servicio p�blico de car�cter obligatorio, bajo la direcci�n, coordinaci�n y control del Estado, con sujeci�n a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

Quiso el legislador que el sistema de seguridad social integral protegiera globalmente a todas las personas frente a las contingencias econ�micas y de salud que les impidan mantener una calidad de vida en condiciones dignas, de all� que haya establecido la Corte Constitucional  que cuando la Ley 100 hace referencia al sistema de seguridad social integral, debe entenderse que comprende todas �aquellas obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de car�cter econ�mico, de salud y servicios complementarios, materia de esta ley, que se incorporen normativamente en el futuro (art. 1)�.

De este modo, la seguridad social se evidencia como un conjunto arm�nico de entidades p�blicas y privadas, normas y procedimientos necesarios para la prestaci�n de los reg�menes generales establecidos para las pensiones, salud, riesgos profesionales y servicios complementarios definidos en la citada Ley 100. Por consiguiente, la articulaci�n de pol�ticas, instituciones, reg�menes, procedimientos y prestaciones de la seguridad social en un r�gimen jur�dico unificado y espec�fico, se refleja en la intenci�n del legislador de integrar tanto los asuntos de orden sustantivo � en la medida que permite desarrollar el derecho a la seguridad social-, como los de orden procedimental, los cuales agilizan la prestaci�n efectivas; a estos �ltimos, pertenecen las reglas de competencia de las respectivas autoridades judiciales destinadas a tramitar las materias que se deriven de estos asuntos.

Corolario de lo anterior es que la atribuci�n de la soluci�n de controversias contenidas en el numeral 4 del art�culo 2 de la Ley 712 de 2001, responde a la necesidad de especializar la jurisdicci�n ordinaria con la asignaci�n de dicha competencia a los jueces del trabajo, haciendo efectiva la aplicaci�n del r�gimen jur�dico sobre el cual se edific� la prestaci�n del servicio p�blico de la seguridad social.

Sin embargo, para efectos de resolver el conflicto planteado debe precisarse el alcance de la atribuci�n de la competencia del juez laboral en estos asuntos referentes a controversias suscitadas entre las entidades prestadoras del sistema de seguridad social integral y sus afiliados, beneficiarios y usuarios, dado que cuando la ley les atribuye tal competencia, no puede ampliarse la acepci�n �seguridad social�, m�s all� de su �rbita y llegar al extremo de comprender aspectos que se mantienen en otras especialidades de la jurisdicci�n ordinaria, como lo ser�an los juicios derivados de la responsabilidad estatal o particular, los cuales son de conocimiento de la jurisdicci�n contenciosa o de naturaleza civil o comercial.

En el caso, la parte demandante pretende obtener la declaraci�n de responsabilidad civil derivada de la prestaci�n del servicio de salud, materia ajena a las diferencias susceptibles de conocimiento de los jueces laborales en esta materia, ya que las mismas son en esencia las atinentes al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales econ�micas y de salud establecidas a favor de los afiliados, beneficiarios y usuarios a cargo de las entidades que conforman el sistema integral de seguridad social, as� como las que se suscitan sobre los servicios sociales complementarios contemplados en la misma Ley 100, como lo ser�an el reconocimiento de pensiones de jubilaci�n, vejez, invalidez, sustituci�n o sobrevivientes, reajustes o reliquidaciones a dichas pensiones y el reconocimiento y pago auxilios o incapacidades.

De lo expuesto se concluye que se escapa de la competencia de los jueces del trabajo, el reconocimiento y pago de indemnizaciones consecuencia de la responsabilidad derivada de la prestaci�n del servicio de salud por las entidades integrantes del mismo, ni con cargo a los recursos que en �l se recaudan. Por el contrario, por indicarlo en forma expl�cita el legislador, al tenor del numeral 1 del art�culo 16 del C�digo de Procedimiento Civil, el Juez Civil del Circuito tiene competencia para conocer de todo asunto contencioso de mayor cuant�a, como lo es el asunto que se debate.

En ese orden de ideas, como el asunto se circunscribe a la declaraci�n de responsabilidad civil, es preciso concluir que las circunstancias previstas en el numeral 4 del art�culo 2 de la Ley 712 de 2001, no se dan en el caso bajo estudio, raz�n por la cual el conflicto se dirimir� atribuyendo la competencia al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogot�, al cual se remitir� el expediente para que contin�e con el tr�mite pertinente.

II. DECISION En virtud de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot� D.C., en Sala Mixta de Decisi�n, RESUELVE:

PRIMERO: Dirimir el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Octavo Civil del Circuito y D�cimo Laboral del Circuito de esta ciudad, asignando el conocimiento del proceso al primero de ellos.

SEGUNDO: En consecuencia, ordenar la remisi�n del expediente al Juzgado Octavo Civil del Circuito de esta ciudad, a fin de que contin�e el surtimiento de las etapas procesales que restan por verificar en el proceso. C�PIESE,

NOTIFIQUESE Y DEVU�LVASE Los Magistrados, ARIEL SALAZAR RAMIREZ 2006 0043 01 NANCY YANIRA MU�OZ MARTINEZ 2006 0043 01 CARLOS ALEJO BARRERA ARIAS 2006 0043 01  Sentencia C- 040/97, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.  Sentencia C-111/00, M.P. Dr. Alvaro Tafur Galvis.     PAGE 8 PAGE 8 2006 0043 01 l���& * + C E X q u � � � � � � � 7 , �� g��;'(+MN���q"r"�"�#2/:3I3������������������������㼮�㼛��������{����t hr~5�\�jhr~0JU]� hr~]�hr~6�>*]� hr~6�]�%jhr~0J6�CJOJQJU\�hr~5�6�CJOJQJ\�hr~6�CJOJQJ\�hr~5�CJOJQJ\�hr~6�\�]� hr~\�hr~CJOJQJ\�hr~6�CJOJQJ\�]�hr~-lmn�������   # E � � 7 O P Q R   ������������������������$dha$�@ &d P�� ^�@ �@ ^�@ $a$$a$86�6�6���, -. � � ()�������]^��NO����������������������������`��$dha$ $��dh`��a$$dha$���X!Y!5%6%~''))�+�+1/2/�1�193:3I3J3K3�3�3�3�3�3��������������������������$dha$$dha$�`�I3�3�3�3�3�4�4|5�5�5�5�5�5 6'64656768696:6t6u6v6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�������������������μ�μδδδδΪ�����Ϊ�������h�.}0JmHnHuhr~0JmHnHu hr~0Jjhr~0JUjhr~Uhr~mH $sH $jhr~0JUhr~ hr~5�hr~6�\�]� hr~5�\�hr~6�CJOJQJ\�]�hr~CJOJQJ\�0�3�3�4�4v5w5{5|5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5�5666 6������������������������$dha$$����dh^��`��a$ $��dh`��a$$dha$ 6 6 6 6'646567686t6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6�6��������������������������h]�h����&`#$$a$$a$$dha$�6�6�6��$a$#0&P��/ ��I!��"��#� $��%��@@��@ NormalCJ_HaJmH sH tH N@N T�tulo 1$$dh@&a$5�CJOJQJT@T T�tulo 2$$dh@&a$5�6�CJOJQJ]�J@J T�tulo 3$$dh@&a$ CJOJQJNA@���N Fuente de p�rrafo predeter.Vi@���V  Tabla normal:V �4�4� la�,k@���, Sin lista \@�\ Encabezado ��8!5$7$8$9DH$CJaJmH sH 8)@�8 N�mero de p�ginafC@f Sangr�a de t. independiente �@ ^�@ CJOJQJzR@"z Sangr�a 2 de t. independiente$��dh`��a$CJOJQJ\�B @2B Pie de p�gina  �C�"hB@Bh Texto independiente$dha$5�CJOJQJ\�^JaJbP@Rb Texto independiente 2$dha$CJOJQJ\�@@b@ Texto nota pieCJaJB&@�qB Ref. de nota al pieH*'q�.<qt�.J����lmn�������#E��7OPQR,-.��()� � � � � � � ] ^ ��NO����XY56~!!�#�#1'2'�)�)9+:+I+J+K+�+�+�+�+�+�+�,�,v-w-{-|-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-.......'.4.5.7.8.t.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.\>0\>0�\>0�\>0�\>0�\>0�\>0�\>0�\>0�\>0�\>0�\>0�\>0�\>0�\>0�\>0�\>0�\>0�\>0�\>0�\>0�\>0�\>0�\>0�\>0�\>0�\>0��0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0��0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0��0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0��(0���0���0���0���0���0���0���0��0���0���0���0���0���@0���@0��0Y|���@0���@0���@0���@0��\~00�\~00�\~00��@0���@0��\~00�0�  222225I3�6! 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