Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 2004-10233

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Ruth Marina Diaz Rueda

Fecha: 2004-03-31

Sujetos procesales: MIGUEL ANGEL PINEDA / JOSE ALVARO ALBERTO VELASCO RUIZ, HELIODORO GAMEZ VACA Y FERRER DEL CARMEN QUINTERO PACHECO

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REF: PROCESO ORDINARIO DE MIGUEL ANGEL PINEDA CONTRA JOSE ALVARO ALBERTO VELASCO RUIZ, HELIODORO GAMEZ VACA Y FERRER DEL CARMEN QUINTERO PACHECO. RAD.10.233. Magistrada Ponente: DRA. RUTH MARINA DIAZ RUEDA Discutido y aprobado en Salas del 21 de enero y 11 de febrero de 2004. Actas Nos 001 y 004. A S U N T O Resuelve el Tribunal el recurso de apelaci�n que la parte demandante interpuso contra la sentencia proferida el 25 de julio de 2003 por el Juzgado 29 Civil del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso promovido por Miguel �ngel Pineda, frente a Jos� �lvaro Alberto Velasco Cruz, Heliodoro Gamez Vaca y Ferrer del Carmen Quintero Pacheco.

ANTECEDENTES Asumi� mediante reparto el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogot�, el conocimiento del proceso ordinario de mayor cuant�a por medio del cual el demandante impetra: Se declare que el demandado Jos� �lvaro Alberto Velasco Cruz es civilmente responsable de los da�os causados al veh�culo de propiedad del accionante, Cami�n internacional 1.800, placas SUO382, afiliado a Translaser Ltda., modelo 1970, como autor directo de la colisi�n ocurrida el 9 de mayo de 2003, en la carrera 7� con calle 163 A, por ser quien conduc�a al momento de la misma, el veh�culo de placas XI-1336, Bus Dodge �verde-rojo, azul y blanco�, modelo 1975, motor ST 7004577, Chasis No. 6249505, servicio �turismo, escolar�, con el que ocasion� el accidente. 2.

Que igualmente se declare a Ferrer del Carmen Quintero Pacheco, en condici�n de propietario del automotor con el que se caus� el da�o, y a su poseedor Heliodoro Gamez Vaca, o a quien haga sus veces, solidariamente responsables de los perjuicios ocasionados al cami�n del demandante. 3. Que como consecuencia de las anteriores, se condene solidariamente a los demandados a pagar a favor del accionante $3�000.000,oo como da�o emergente, correspondiente a los da�os causados al veh�culo de propiedad del actor, valor este al que fue condenado a pagar, el demandado Jos� �lvaro Alberto Velasco por la Inspecci�n Sexta de Tr�nsito de Transportes de Bogot� mediante Resoluci�n del 8 de noviembre de 1993; y a $10�800.000,oo por concepto de lucro cesante, equivalente a la permanencia en el taller del veh�culo durante 108 d�as, desde el 9 de mayo de 1993 al 27 de agosto del a�o ib�dem, a raz�n de $100.000.oo diarios; debi�ndose actualizar las sumas relacionadas, seg�n la correcci�n monetaria desde el 8 de noviembre de 1993 hasta cuando se verifique el pago total de los perjuicios.

El actor ciment� sus pretensiones en los hechos que procede a compendiar la Sala as�: a). Que el 9 de mayo de 1993, en la carrera 7� con calle 163 A, el demandado Jos� �lvaro Alberto Velasco, conduciendo el veh�culo de placas XI-1336 en forma imprudente, sin respetar la prelaci�n que ten�a el veh�culo de placas SU-0382 de propiedad del demandante, y realizando un cruce prohibido, ocasion� da�os que ascienden a $3�000.000.oo, los cuales fueron valorados por el perito de Tr�nsito y Transporte de Bogot�. b).

Que el accionante Miguel �ngel Pineda fue exonerado del pago de perjuicios por no haber tenido culpa en el accidente. c). Que la posesi�n del veh�culo con el que se caus� el da�o la detenta el demandado H�ctor Heliodoro Gamez Vaca, seg�n lo manifestado por Velasco Cruz en la audiencia p�blica del 21 de julio de 1993, y su propietario es Ferrer del Carmen Quintero Pacheco, tal como lo acredita el informe del Instituto de Tr�nsito de Boyac�, Registro de automotores del �Distrito 3 I.T.Bo.y de Duitama�. d).

Que el veh�culo de propiedad del actor permaneci� inmovilizado por reparaci�n a causa del accidente, desde el 9 de mayo de 1993 hasta el 27 de agosto del mismo a�o, es decir, 108 d�as, a raz�n de $100.000.oo para un total de $10�800.000.oo. e). Que los perjuicios causados por concepto de da�o emergente y lucro cesante han sido valorados en la suma de $13�800.000.oo.

Una vez subsanada la demanda, fue admitida por auto del 7 de octubre de 1994 (flo.17); siendo notificada personalmente al accionado Heliodoro Gamez Vaca el 20 de octubre de 1994 (flo.18 Cd.ppal), y por conducta concluyente al demandado �lvaro Alberto Velasco Cruz (flos. 21-24), quienes replicaron el libelo demandatorio oponi�ndose a la totalidad de las pretensiones, aceptando como ciertos algunos hechos, negando otros, ateni�ndose a lo probado dentro del proceso, sin proponer excepciones de fondo.

Al demandado Ferrer del Carmen Quintero Pacheco fue imposible notificarlo personalmente, y ante la manifestaci�n de la parte actora de ignorar el domicilio y el lugar de trabajo, as� como de no figurar dentro del directorio telef�nico en otra direcci�n diferente a la rese�ada en la demanda se procedi� de conformidad con lo establecido por el art. 318 del Estatuto Procedimental Civil, las publicaciones se realizaron con el lleno de los requisitos legales en el Diario La Rep�blica y la Emisora Nuevo Continente, y ante la no comparecencia del ejecutado se le design� Curador Ad-litem con quien se surti� la notificaci�n personal de rigor y se continu� el tr�mite procesal de primera instancia. El auxiliar de la justicia contest� la demanda sin proponer excepci�n alguna.

Agotadas la etapas procesales de rigor, el A-quo procedi� a dictar sentencia el 25 de julio de 2003 denegando las pretensiones de la demanda, absolviendo a los demandados de los cargos formulados en su contra, y condenando al accionante al pago de las costas procesales. La parte actora interpuso recurso de alzada en contra de la sentencia antes rese�ada, motivo por el cual se encuentra ante esta Corporaci�n para resolver.

III.-DECISION DE PRIMER GRADO Tras relatar los antecedentes que dieron origen a la iniciaci�n del proceso, de referirse a las incidencias m�s relevantes de la tramitaci�n y encontrando presentes en debida forma los presupuestos procesales, se ocupa el sentenciador de primer grado de analizar la legitimaci�n en la causa por activa, aludiendo que al expresar en el libelo demandatorio el demandante su condici�n de propietario del veh�culo SU-0382 para el d�a del accidente, le era imperativo acreditar dicha afirmaci�n con la prueba de la titularidad del automotor, bien al momento de presentaci�n de la demanda, o alleg�ndola posteriormente dentro de la oportunidad probatoria, en cumplimiento de la exigencia establecida en el art�culo 177 del Estatuto Procedimental Civil, por lo que ante su ausencia total considera, el accionante Miguel �ngel Pineda, carece de legitimaci�n para demandar el pago de la indemnizaci�n deprecada frente a los accionados, concluyendo con el despacho adverso de las pretensiones incoadas.

ALEGATOS DE INSTANCIA Dentro del t�rmino concedido en la segunda instancia, la parte actora manifest� su inconformidad con el fallo recurrido, afirmando que dentro del proceso obra una certificaci�n de Transportes Lasser Ltda., en la que se certifica que el accionante Miguel �ngel Pineda es el propietario del veh�culo de placas SUJ-382; que igualmente se encuentra el croquis, el cual es un documento de car�cter p�blico y que fue tramitado mediante fallo de la Inspecci�n, en donde consta que era el conductor y propietario del veh�culo antes referido al momento de la colisi�n. A�ade, que una vez entrabada la litis el que fuera en ese entonces apoderado del demandante, realiz� conciliaci�n extrajudicial con los demandados, aceptando estos su responsabilidad y reconociendo a Miguel �ngel Pineda como propietario y ofendido de la colisi�n, lleg�ndose a un arreglo por la suma de $8�000.000.o, que le fueron cancelados al abogado Tarcisio Cuervo, prueba que obra a folio 51 del cuaderno principal.

Agrega, que por falta de informaci�n y posible �mala intenci�n y actuar del apoderado abogado CUERVO�, el demandante revoc� el poder a �l concedido despu�s de un a�o, sin tener conocimiento del arreglo que �ste hab�a realizado con la parte demandada, y que �este abogado deshonesto al darse cuenta de la revocatoria, allega al despacho memorial con la copia de la transacci�n hecha con los demandados�, empero, el Juzgado no acept� el tr�mite por no ostentar al momento de su presentaci�n la calidad de apoderado de la parte actora; que los demandados presentaron acci�n penal en contra del togado antes mencionado, con el fin de demostrar que hab�an cancelado lo pactado, y �ste para evitar una posible exclusi�n de la profesi�n y condena, consign� el dinero a la Fiscal�a 193 Local de Bogot� dentro del sumario No.892727, suma que a�n no se ha entregado al accionante, precisando, que una vez ejecutado este �ltimo acto desistir� de la demanda.

Por �ltimo solicita, se tengan en cuenta las pruebas aportadas con la sustentaci�n del recurso de apelaci�n, como son: Fotocopia de la tarjeta de propiedad No 2251393 a nombre de Miguel �ngel Pineda; copia al carb�n de la tarjeta de datos y revisi�n No 1223733 del Intra y certificaci�n expedida por el Departamento Administrativo de Tr�nsito y Transporte de Cundinamarca sobre la vida del veh�culo al que se le causaron los da�os, documentos estos que la Corporaci�n en forma oficiosa y en virtud del deber impuesto por el numeral 4� del art�culo 37 del C.P.C, en concordancia con el 179 y 180 de la obra en cita dispuso tenerlas como tales.

C O N S I D E R A C I O N E S Cumplidos los presupuestos procesales indispensables para que el litigio pueda ser decido en el fondo, tales como el de demanda en forma, capacidad para ser parte, capacidad procesal y competencia, y no evidenci�ndose vicio de nulidad que por no haberse saneado imponga su declaratoria, corresponde al Tribunal proferir sentencia de m�rito.

Invocando como fuente jur�dica la responsabilidad civil extracontractual o aquiliana, el promotor del proceso reclama se declare a Jos� Alberto Velasco Cruz, Ferrer del Carmen Quintero Pacheco y a Heliodoro Gamez Vaca, responsables solidariamente por los da�os causados el 9 de mayo de 1.993, al cami�n Internacional 1.800, de placas SU0382, modelo 1.970, afiliado a Translaser Ltda, con el bus Dodge, modelo 1.975, de placas Su-0382, conducido por el primero mencionado, de propiedad del segundo, y en posesi�n del �ltimo accionado nombrado, cuantificando el da�o emergente en tres millones de pesos ($3.000.000.oo), y el lucro cesante en ($10.800.000.oo), junto con la respectiva correcci�n monetaria hasta el momento del pago.

La legitimaci�n en la causa por activa, la tiene la persona �que seg�n la ley puede formular las pretensiones de la demanda, aunque el derecho sustancial pretendido por �l no exista o corresponda a otra persona�. El art�culo 2342 del C�digo Civil determina las personas que tienen legitimaci�n en la causa para reclamar indemnizaci�n de perjuicios por los da�os sufridos por un bien, entre los cuales se�ala, al due�o o poseedor, usufructuario, habitador, usuario, y quien tiene la obligaci�n de responder por ella pero solo en ausencia del due�o. En cumplimiento del deber se�alado por el numeral 4� del art�culo 37 del estatuto procedimental civil, que se impone a los Jueces, de obtener las pruebas necesarias a fin de verificar los hechos alegados por las partes, esta Corporaci�n dispuso tener como tales, la fotocopia autenticada de la tarjeta de propiedad del cami�n de placas SU 0382 cuyo titular es Miguel �ngel Pineda, as� como la copia al carb�n de la tarjeta de Datos y Revisi�n del Ministerio de obras P�blicas y Transporte del citado automotor, y la Certificaci�n expedida por el Coordinador de la Regional del Departamento Administrativo de Transito y Transporte de Cundinamarca, sobre la hoja de vida del mencionado veh�culo; acredit�ndose procesalmente a trav�s de los referidos documentos que el accionante es el propietario del veh�culo sobre el cual ha reca�do el da�o, por lo que le asiste legitimaci�n en la causa por activa para instaurar el presente proceso.

En materia de responsabilidad civil extracontractual se distinguen tres grupos que corresponden: el primero, surge para la persona que por si misma ha ocasionado el da�o, regulado por los art�culos 2341 a 2345 del C�digo Civil; el segundo para quienes se exige responsabilidad por el hecho de terceros que est�n bajo su cuidado, custodia o vigilancia, reglamentado por los art�culos 2346 a 2349, y el �ltimo por el hecho de las cosas o por las actividades peligrosas de que tratan los art�culos 2350 a 2356 ejusdem.

El art�culo 2356 del C�digo Civil, prev� la responsabilidad extracontractual, por el car�cter peligroso de la actividad generadora del hecho da�oso, al prescribir, que por regla general todo da�o que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por �sta, se�alando algunas de las acciones que en el momento de la expedici�n de la normatividad eran peligrosas, pero simplemente en forma enunciativa.

La Jurisprudencia, al estudiar el tercer grupo preindicado en el ac�pite precedente, ha precisado que adem�s de la persona que directamente ejecuta la actividad peligrosa, es responsable por el hecho de las cosas inanimadas, su guardi�n, esto es, quien tiene sobre ella el poder de mando, direcci�n y control independiente, presumi�ndose que lo tiene el propietario, mientras no se demuestre lo contrario, presunci�n que puede desvirtuarse si se acredita que se transfiri� a otra persona la tenencia de la cosa, o que fue despojado de ella; de manera que si a determinada persona se le prueba ser due�a o empresaria del objeto con el cual se ocasion� el perjuicio en desarrollo de una actividad peligrosa, tal persona queda cobijada por la presunci�n de ser guardi�n de dicho objeto.

El art�culo 2344 del C�digo Civil consagra la solidaridad legal, ante la concurrencia de varios sujetos que deben responder civilmente frente a la misma v�ctima por los da�os que a �sta le han irrogado, sin importar la causa eficiente por las que se les vincula como civilmente responsables, otorg�ndole a aquella la posibilidad de reclamara de todos o de cada uno de ellos la reparaci�n integra de los perjuicios.

Como es sabido, para resultar comprometida la responsabilidad de una persona natural o jur�dica, a t�tulo a titulo extracontractual, se precisa de la concurrencia de tres elementos a saber: culpa, da�o y relaci�n de causalidad entre aquella y �ste; condiciones, estas que corresponde acreditar al demandante. Empero, cuando el da�o se ha causado en ejercicio de un actividad peligrosa al demostrarse �sta, la culpa entra a presumirse en el victimario, bast�ndole entonces a la v�ctima acreditar los hechos que determinan el ejercicio de una actividad peligrosa y el perjuicio sufrido, y ser� el demandado quien debe comprobar que el accidente ocurri� por culpa exclusiva de la v�ctima, por la intervenci�n de un elemento extra�o, o por fuerza mayor o caso fortuito.

Empero, cuando ambas partes concurren al suceso da�oso ejerciendo similares actividades peligrosas, las respectivas presunciones de culpa que cobijan a los implicados, pueden aniquilarse mutuamente, forzando al demandante a demostrar la culpa del encausado. No obstante lo anterior, nuestro M�ximo Tribunal de Casaci�n, al estudiar el punto, en sentencia de 5 de mayo de 1.999 puntualiz� al respecto: � Tal regla no puede formularse en los t�rminos tan gen�ricos e indiscriminados en los que se ha venido planteando, toda vez, que en lugar de rendir tributo a los imperativos de justicia en los que est� inspirada, puede llegar a constituirse en fuente de graves iniquidades, socavando de ese modo los cimientos cardinales de la responsabilidad civil extracontractual; por supuesto que cuando un da�o se produce por la concurrencia de sendas actividades peligrosas (la de la v�ctima y la del agente), en lugar de colegir maquinalmente la aniquilaci�n de la presunci�n de culpa que favorece al damnificado, el Juez deber� establecer si realmente a ella hay lugar en ese caso concreto, juicio para cuya elaboraci�n deber� tomar en consideraci�n la peligrosidad de ambas, la incidencia de cada una en el percance o la virtualidad da�ina de la una frente a la otra.

Mas exactamente, la aniquilaci�n de la presunci�n de culpas por concurrencia de actividades peligrosas en la generaci�n de un da�o, presupone que el Juez advierta, previamente, que en las espec�ficas circunstancias en las que se produjo el accidente, exist�a cierta equivalencia en la potencialidad da�ina de ambas, pues de no darse esa correspondencia, gravitar� siempre a favor de la v�ctima la presunci�n de que el demandado fue el responsable del perjuicio cuya reparaci�n demanda.

En todo caso, nada impide, no obstante la convergencia de las dos actividades peligrosas en la producci�n del da�o, que el actor, siguiendo las reglas generales trazadas por el art�culo 2341 del C�digo Civil, demuestre la culpa del demandado, como aqu� acontece En efecto de la declaraci�n de Jos� Edil Bernal se colige la culpa del conductor del bus pues no puede perderse de vista que el testigo relat� que la moto acababa de arrancar cuando se produjo el accidente, motivo por el cual es poco probable que en tan poco tiempo hubiese alcanzado una velocidad tal que al chocar con el veh�culo estacionado fuera lanzada tan lejos am�n que el autob�s golpe� con su parte delantera la moto en la que transitaban las v�ctimas, suceso que s�lo puede explicarse en la media en que se piense que aqu�l no respet� la se�al de tr�nsito�.

En el presente asunto, para acreditar la responsabilidad extracontractual de los accionados cuya declaratoria se depreca se aportaron los siguientes elementos probatorios: a) Resoluci�n de fallo proferida el 8 de noviembre de 1.993 por la Inspecci�n de Transito y Transporte de Bogot�, a trav�s de la cual se declar� a Jos� �lvaro Velasco Cruz contraventor de las normas de tr�nsito, al conducir el veh�culo de placas XI 1336 el 9 de mayo de 1.993 y por su imprudencia causar da�os al automotor de placas Su 0382, conden�ndolo al pago de multa equivalente a 12 salarios m�nimos diarios y de $3.000.000oo por los da�os y perjuicios causados al referido veh�culo; declarando as� mismo contraventor de las normas de tr�nsito a Miguel �ngel Pineda, conductor del veh�culo de placas SU 0382, imponi�ndole multa de 10 salarios m�nimos diarios.

(fls 2 a 5 Cdno No 1�). b). Informe del accidente ocurrido entre los veh�culos de placas SU 0382 y XI 1336, conducidos el primero por �Pineda Miguel �ngel� y el segundo por �Jos� �lvaro Alberto� en el cual se anot� la versi�n de cada conductor y se levant� el croquis (Fl 8 Cdno No 1�). c). Constancia expedida por Transporte de Carga Laser Ltda., sobre la propiedad que ostenta Miguel �ngel Pineda del �cami�n doble Troque, marca internacional, modelo 1.970, serie 1.800, color azul, con motor No 6D.61081� sin se�alar sus placas; precisando que debe ganar por concepto de transporte en movilizaci�n de cargamentos, entre $80.000.oo y $100.000 diarios.

(fl 9 Cdno No 1�). d) Constancia expedida por Mario Quiroga sobre el hecho de haber entrado en reparaci�n el cami�n de placas � N�S U 0382 � de propiedad de Miguel �ngel Pineda, el 9 de mayo de 1.993 con salida el 27 de agosto del mismo a�o (Fl 10 Cdno No 1). e) Experticio pericial, cimentado en el informe de accidente aportado al proceso y en f�rmulas matem�ticas, que dictamin� como causa principal del siniestro, la imprevisi�n y negligencia del conductor del veh�culo de placas XI-1336 conducido por Jos� �lvaro Alberto Velasco.

(Fl 101 Cdno No 1� ). Al examinar la Corporaci�n el material probatorio referenciado en los p�rrafos precedentes, llega a la convicci�n de que el actor no acredit� los elementos estructurales de la acci�n de responsabilidad civil extracontractual. En efecto, no puede predicarse la culpabilidad del conductor del bus de servicio p�blico de placas SU 0382, Jos� �lvaro Alberto Velasco Cruz, por cuanto las �nica piezas procesales tra�das al proceso tendientes a su demostraci�n los son el fallo proferido por la Inspecci�n de Transito y Transporte de Bogot� en donde se sanciona a los dos conductores de los veh�culos colisionados por contraventores de las normas de tr�nsito, y el informe de accidente en el cual no se precisa la causa del mismo, lo que conduce a efectuar la misma pr�dica respecto del demandando Heliodoro G�mez Vaca a quien se llam� como poseedor del referido automotor y de Ferrer Del Carmen Quintero Pacheco como propietario.

De otro lado, no se prob� el segundo elemento, del da�o, ya que para el efecto, solamente se trajeron las constancias aludidas en los literales a), c) y d), que per se, no logran demostrar el quantum de los perjuicios sufridos por el demandante; de suerte que, como es l�gico inferir, adem�s, no se estableci� el �ltimo de los requisitos exigidos, cual es la relaci�n causal entre el primero y el segundo. No obstante lo anterior, los accionados �lvaro Alberto Velasco y H�ctor Gamez, al suscribir el 28 de agosto de 1.988 con el procurador judicial del actor el documento de transacci�n que en fotocopia obra a folio 59 del informativo, - y el cual, solo hasta noviembre de 1.999 cuando ya el demandante le hab�a revocado el mandato al inicial apoderado, lo present� al Juzgado Cognoscente para poner fin al proceso por transacci�n- en el que acordaron:.. �La suma que se cancele en el citado proceso es de $8.000.000.oo pagadera:..DOS MILLONES DE PESOS EN EFECTIVO ($2.000.000.oo), y un cheque del Banco Caja Social de Ahorros Codabas No 02399.

Cuenta corriente No 233000316-1 por la suma de $2.550.000.oo para ser cobrado en la fecha. El saldo de $3.500.000.oo en 7 letras de cambio por valor de $500.000.oo C/u pagaderas las dos primeras el 5 de noviembre y las otras 5 del 20 de enero de 1.999� y cuyo contenido ha sido aceptado expresamente por la parte actora en el escrito de alegaciones presentado ante esta Corporaci�n, al aseverar: �Es de apreciar Se�or�a, que entrabada la litis el apoderado que fue en esa entonces de MIGUEL ANGEL PINEDA, hizo una conciliaci�n extrajudicial con los demandados, donde aceptan su responsabilidad, llegando a un arreglo por la suma de OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($8.000.000.oo), que le fueron cancelados al abogado TARCISIO CUERVO la parte demandada present� ACCION PENAL contra el abogado para demostrar que hab�an cancelado y �ste..consign� el dinero a la Fiscal�a hemos solicitado que se ordene la entrega del dinero a mi representado por cuan �ste fue dado para resarcir el perjuicio causado pero no ha sido posible que la Fiscal�a entre en raz�n.�; ha de entenderse que impl�citamente los dos demandados mencionados han aceptado su responsabilidad.

Ocurriendo de contera, con el demandado Ferrer del Carmen Quintero Pacheco, a quien no puede deduc�rsele responsabilidad ante la ausencia de los presupuestos estructurales de la acci�n, y de medio probatorio demostrativo de ser el due�o del veh�culo con el que se afirma se caus� el da�o, advirti�ndose entonces, su falta de legitimaci�n por pasiva.

La legislaci�n Colombina prev� el fen�meno jur�dico de la transacci�n, defini�ndolo como aquel negocio en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual, perfeccion�ndose por el solo consentimiento de ellas salvo cuando afecta bienes ra�ces. Al respecto La Honorable Corte Suprema de Justicia ha dicho: �La transacci�n es un negocio extrajudicial, o sea una convenci�n regulada por el derecho sustancial y que entre las partes produce los efectos extintivos que le son inherentes desde el momento mismo en que se perfecciona.

Cuando existe pleito pendiente entre dichas partes, genera tambi�n el efecto procesal de poner t�rmino a esa litis, para lo cual se requiere incorporar la transacci�n en el proceso mediante la prueba de su celebraci�n, a fin de que el Juez pueda decretar el fenecimiento del juicio.� (Sentencia de mayo 6/66). Ulteriormente expres�: �El contrato de transacci�n celebrado de acuerdo con las prescripciones generales de los contratos, su efecto no podr� ser otro que el de cerrar, ineludiblemente, absolutamente y para siempre el litigio en los t�rminos de la transacci�n. La controversia de all� en adelante carece de objeto, porque ya no hay materia para un fallo y de fin, porque lo que se persigue con el juicio y la sentencia ya esta conseguido.

Las partes se han hecho justicia a s� mismas, directa y privadamente, en ejercicio de su libertad; de modo que la jurisdicci�n, que es instituci�n subsidiaria, quede sin qu� hacer. Y se ha hecho justicia en la forma mas plausible, porque implica abandono de intereses en beneficio com�n en busca de la paz humana que es alt�simo bien.� (Casaci�n Civil de febrero 22 de 1.977).

Como es bien sabido, el mandato, es un contrato en que una persona conf�a a otra la gesti�n de uno mas negocios, por cuenta y riesgo de la primera, comprendiendo los servicios de las profesiones y carreras que suponen largos estudios, o a que esta unida la facultad de representar y obligar a otro; debiendo el mandante cumplir las obligaciones que a su nombre ha contra�do el mandatario.

El art�culo 2471 del C.C., autoriza al mandatario para transigir cuando se le ha otorgado esa facultad especial. El procurador judicial de la parte actora durante la �poca de vigencia del poder que le fuera concedido para tramitar el presente proceso, encontr�ndose facultado expresamente para transigir, celebr� con los demandados H�ctor Gamez y Jos� �lvaro Alberto Velasco contrato de transacci�n, por lo que dicho acuerdo vincula al poderdante; siendo cuesti�n diferente la responsabilidad del mandatario para con el mandante, respecto de lo recibido de terceros en raz�n del mandato.

En este orden de ideas, al encontrar la Sala acreditado el aludido contrato de transacci�n celebrado entre los demandados solidariamente Heliodoro Gamez Vaca, Jos� �lvaro Alberto Velasco, y el mandatario del demandante, jur�dico resulta en aplicaci�n del art�culo 306 del estatuto procedimental civil, declarar probada oficiosamente la excepci�n de fondo de transacci�n, respecto de aquellos.

Consecuentes con lo esbozado en los p�rrafos precedentes, se impone la revocatoria del fallo de primer grado que neg� las pretensiones deprecadas por la falta de legitimaci�n en la causa activa, debi�ndose declarar probada la excepci�n de fondo de transacci�n respecto de los accionados Jos� �lvaro Alberto Velasco y Heliodoro Gamez Vaca, absolvi�ndose al demandado Ferrer del Carmen Quintero Pacheco.

VI. DECISI�N En m�rito de lo expuesto, EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY VII.

RESUELVE

REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogot�, el veinticinco de Julio de dos mil tres, y en su lugar se dispone:

PRIMERO: Declarar probada la excepci�n de fondo de transacci�n respecto de los demandados Jos� �lvaro Alberto Velasco y Heliodoro Gamez Vaca.

SEGUNDO: Absolver a Ferrer del Carmen Quintero Pacheco, de los cargos formulados en su contra, por las razones esbozadas en la parte motiva.

TERCERO: Costas de ambas instancias a favor del demandado Ferrer de Carmen Quintero Pacheco y a cargo del demandante. Sin costas respecto de quines transaron las pretensiones. T�sense las de este grado. COPIESE,

NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL JUZGADO DE ORIGEN. LOS MAGISTRADOS RUTH MARINA DIAZ RUEDA JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS JOSE ELIO FONSECA MELO PAGE 25 PAGE 24 ()3NO���'(������������� ) ) ))g*h*S-*.93:3��������ŷ�ŷ�����������x���j���\�\CJ OJQJ]�^JmH sH CJ OJQJ]�^JmH $sH $6�CJ OJQJ]�^J5�>*CJ OJQJ]�^J>*CJ OJQJ]�^J5�@���CJ OJQJ]�^J@���CJ OJQJ]�^JCJ OJQJ]�^JmH sH 5�>*CJ OJQJ]�^JCJOJQJ]�^J5�>*CJOJQJ]�^J5�CJ OJQJ]�^JCJ OJQJ]�^J$*ABCz{|OPQ������������������������������$ & Fa$�^� $��dh]��a$�dh^�$dha$dh�p�p����'()��� . / TUV��UV��_������������������������$ & F ����dh^�`�a$$ & Fa$$dha$_aWY���������������������������������������$a$��d^�$ �0�U"�����ndh*$]���^�na$$ �0�U"����dh*$]���a$$a$$dha$��������"�"�"B#_&`&a&�(�(�( ) ) )g*h*i*Q-R-S-������������������������� & F$dha$$a$ & Fdh$dha$S-(.).*.93:3;3A5B5C5�6�6�6:::�;�;�H�H�H�I�IRLSL^M_M�N�N����������������������������$dha$:3�;�H�H�l�l�l<m=mKmp/p1p�p�p�p�p�p�p�p�p�p�p�p�p�p�p�p�p�p��������������������������0JmHnHu0J j0JU5�CJ OJQJ\�]�^J5�>*CJ OJQJ\�]�^JCJ OJQJ^JmH sH CJ OJQJ^JCJ 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