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NO CUMPLIO EL TERMINO DE POSESI�N EL CUAL SE CUENTA DE LA PRESENTACI�N DE LA DEMANDA HACIA ATR�S Y DEBE SUPERAR 20 A�OS EN LA ORDINARIA DTE: JOSE ANTONIO ALIRIO REY ANGEL. DDO: LUIS ANTONIO CORTEZ HERRERA y PERSONAS INDETERMINADAS. ORDINARIO 40-97-1328 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA SALA CIVIL Bogot� D.C., cinco de octubre de dos mil cuatro.
MAGISTRADO PONENTE: LUIS ROBERTO SU�REZ GONZ�LEZ Proyecto discutido y aprobado en sala del 25 de Agosto de 2004, acta 33. Ha arribado del Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogot� el proceso ordinario de prescripci�n adquisitiva de dominio de car�cter extraordinaria iniciado por JOSE ANTONIO ALIRIO REY ANGEL contra LUIS ANTONIO CORTEZ HERRERA y personas indeterminadas, con el fin de resolver el recurso de apelaci�n propuesto por la parte actora.
LA DEMANDA. 1. La demandante intermediando apoderado judicial, present� demanda con el fin de obtener la declaraci�n de pertenencia sobre el inmueble ubicado en la carrera 15 No 1-66 sur de esta ciudad, inmueble que se determin� por su ubicaci�n y linderos en la pretensi�n primera del libelo introductorio. Como fundamento f�ctico de su petitum se�al� que adquiri� la posesi�n sobre el inmueble materia de usucapi�n por compra que realiz� al se�or JORGE ABDENAGO RAMIREZ, tal y como se desprende de la escritura p�blica n�mero 3703 del 2 de septiembre de 1997; que su predecesor adquiri� la posesi�n por compra realizada a la se�ora Lina Cecilia Guar�n el 7 de abril de 1994 mediante escritura 3342, quienes a su vez la adquirieron de Elsa Irene, Ana Margarita Cancelado G. y Elizabeth Cancelado de Mart�nez, personas que le compraron los derechos herenciales que Campo El�as Cancelado ten�a en la sucesi�n de Mar�a Luc�a Cancelado, persona que adquiri� sus derechos de Luis Alza Morales, el d�a 13 de enero de 1984.
La demanda se dirige contra el actual propietario Luis Antonio Cortez Herrera, quien compr� el inmueble al Asilo San Antonio de Padua. Que el actor ha poseido el bien desde su adquisici�n y desea sumar a la suya la ejercida por sus antecesores. 2. El curador ad litem designado contest� la demanda oponi�ndose a la prosperidad de la pretensi�n, sin explicar las razones en que se fundamenta; respecto de los hechos expres� tenerse a lo probado. 3.
Agotadas las etapas procesales y admitida la cesi�n de derechos litigiosos, el Juzgado de conocimiento en prove�do del 26 de marzo de 2004 neg� las s�plicas del demandante, explicando que, en el mejor de los casos, la posesi�n solo puede predicarse a partir del a�o de 1983, pues la que ejercieron Elsa Irene, Ana Margarita y Elizabeth no se puede sumar la de sus antecesores, pues la trasmisi�n se realiz� por documento privado, agregando que tampoco existe prueba sobre los actos de posesi�n realizados antes del a�o de 1983. 4.
Inconforme con lo as� decidido el demandante interpuso recurso de apelaci�n, alegando que por medio de la escritura p�blica 0067 de 1983 su poderdante recibi� el derecho de posesi�n de los predecesores de las se�oras Cancelado, si�ndole posible sumar las posesiones que cronol�gicamente se describen, concitando un tiempo superior a los veintis�is a�os de posesi�n, por lo que solicit� la revocatoria de la decisi�n impugnada.
No encontr�ndose estructurada causal que pueda afectar la validez de lo actuado, procede la Sala a despachar el recurso de apelaci�n propuesto por los actores, para lo que se consignan las siguientes, CONSIDERACIONES: 1. La usucapi�n es uno de los modos de adquirir el derecho de dominio y se presenta cuando el bien respecto del cual ella se ejerce ha sido pose�do durante el tiempo exigido por la ley, que en materia de inmuebles, para la �poca en que se ejercieron los actos de se�or�o, es de 10 a�os si se trata de prescripci�n adquisitiva ordinaria, a la cual ha de unirse justo t�tulo y buena fe del prescribiente, o de 20 a�os para cuando se trata de la adquisitiva extraordinaria.
De manera pac�fica y reiterada se ha expuesto por la jurisprudencia y la doctrina que los presupuestos para el triunfo de la prescripci�n adquisitiva, ordinaria o extraordinaria, son la prueba de la posesi�n material en el actor; que esa posesi�n concite el tiempo exigido por la ley; que sea ininterrumpida y que la cosa sea pasible de adquirir por este medio. 2.
En respuesta a la impugnaci�n propuesta procede la Corporaci�n a dilucidar si se re�nen los presupuestos para la declaratoria de usucapi�n, en especial el de la posesi�n veintenaria que se exige para su triunfo producto de la sumatoria autorizada por la ley, la que reclama el demandante como base de su pretensi�n, para lo que es necesario acudir al material probatorio recaudado, del que desde ya se advierte, no da fe de la existencia del tiempo exigido por la ley, tal como se procede a explicar: 3.
Partiendo los demandantes del hecho cierto de no reunir, de manera personal, el tiempo que exige la ley para el �xito de la usucapi�n, para completar el lapso faltante alegaron el fen�meno de la adici�n de posesiones, por la que aspiran se les reconozca que el se�or�o de sus antecesores accede a la que el detent�, adjunci�n habilitada por la ley, para cuya operancia se requiere: A. Que exista un negocio jur�dico traslativo entre el sucesor y el antecesor creador de un v�nculo sustancial, como compraventa, permuta, donaci�n, sucesi�n por causa de muerte, etc., que habilite al prescribiente unir su posesi�n a la de su predecesor, para lo que es preciso demostrar que jur�dicamente se le califica como continuador de la persona a quien se�ala como antecesora en el rol posesorio, estableciendo la forma como �l pas� al disfrute -con �nimo de se�or y due�o- del bien, para generar la serie o cadena de posesiones que la ley exige como presupuesto necesario para la sumatoria, del que, en el sub ex�mine el juez de conocimiento advirti� no aparece cumplido, al destacar que en el expediente no obra la escritura p�blica que documente la venta de mejoras vinculadas al inmueble que acredite la existencia del t�tulo, requisito exigido por el art�culo 778 del C.C. que regula la teor�a de la accesi�n de posesiones.
B. Con absoluta abstracci�n de la condici�n que debe ostentar el documento que sirva de puente o v�nculo jur�dico para sumar las posesiones, observa la Sala que hay un obst�culo que impide la prosperidad de la acci�n y es la ausencia de prueba del contenido posesorio de los actos de se�or y due�o realizadas por sus predecesores, toda vez que para efecto de la suma de posesiones fundada en la transferencia de derechos posesorios efectuada por actos entre vivos, se ha destacado la necesidad de determinar el objeto que se trasmite conforme a la ley, que en l�nea de principio se restringe al inicio de una nueva posesi�n pero, eso si, con el derecho adicional de a�adir las posesiones y derechos que sus antecesores tuvieren, circunstancia que deja al descubierto la perentoriedad de que, ab initio, se haya demostrado la condici�n de poseedor del antecesor-causante, pues de lo contrario, la referida negociaci�n solo hace nacer en favor del sucesor el derecho de que la posesi�n comience en �l, pero sin la posibilidad de incorporar la relaci�n posesoria precedente, si ella existiera.
En esta orientaci�n debe apreciarse que la prueba testimonial valorada por el funcionario de primer grado, si bien da cuenta de la aprehensi�n material del inmueble de la carrera 14, por la ahora demandante �desde hace unos tres a�os� y que de sus antecesores inmediatos, Jorge y Campo El�as tambi�n detentaron el inmueble, sin embargo igualmente es cierto que en parte alguna, los testimonios recaudados despu�s del decreto de la nulidad, como en las ponencias anteriores a la misma, se hizo expresa menci�n de los actos positivos y continuados realizados sobre el bien cuya pertenencia se reclama del a�o de 1983 hacia el pasado para acreditar que eran de aquellos que ordinariamente realiza el due�o en lo que es propio, limit�ndose los testigos, por el contrario, a se�alar, muy a pesar de que no conocieron personalmente a los causantes, que les consta que ellos eran propietarios del bien desde el a�o de 1983, que nadie les ha reclamado el inmueble, que se realizaron las negociaciones, para finalmente trasmitirlo a Do�a Yolima, declaraciones despojadas del se�alamiento de actos con verdadero contenido posesorio que pudieran crear la convicci�n de que en realidad los precursores fueron poseedores del predio, omisi�n probatoria que obliga a concluir, al un�sono con el Juez de primer grado, que no se ha acreditado esa condici�n y por tanto, que no hay posesiones que agregar, calific�ndose entonces que la demandante no ha cumplido con el requisito temporal para la prosperidad de la usucapi�n, pues la suya comienza, en gracia de discusi�n, en el a�o de 1983 y que para la presentaci�n de la demanda solo cuenta con catorce a�os de posesi�n. Sobre las condiciones de la prueba de la posesi�n, necesaria en esta tipolog�a de pretensiones se reclama que �los medios probatorios aducidos en proceso para demostrar la posesi�n, deben venir, dentro de las circunstancias particulares de cada caso, revestidos de todo el vigor persuasivo, no propiamente en el sentido de conceptual que alguien es poseedor de un bien determinado, pues esta es una apreciaci�n que solo al juez le compete, sino en el de llevarle a este el convencimiento de que esa persona, en realidad haya ejecutado hechos que conforme a la ley, son expresivos de la posesi�n, lo cual, por supuesto, ha debido prolongarse durante todo el tiempo se�alado en la ley como indispensable para el surgimiento de la prescripci�n adquisitiva del dominio, sea esta ordinaria o extraordinaria� ( C. S. de J. Sentencia 025 de 1998).
As� las cosas y dado que la posesi�n es un hecho, ese supuesto f�ctico debe probarse, pues ella no es objeto de presunci�n ni tampoco es dable reconocerla judicialmente por el solo hecho de alegarla, predicado que igualmente se extiende a la suma de las posesiones porque si de incorporaci�n se trata, naturalmente que debe existir un contenido que agregar, es decir la existencia de unos actos de se�or�o en los predecesores que irrefragablemente se�alen ante propios y extra�os que a ellos se les puede calificar como due�os del bien, los cuales, como se ha explicado prolijamente, no se probaron. 4.
En la sustentaci�n de la apelaci�n el impugnante se duele de que el juzgador no le hubiera otorgado valor demostrativo a las declaraciones recogidas en la escritura p�blica 0067, en la que se incorporaron unos testimonios que dan fe de la posesi�n ejercida durante 26 a�os por los antecesores del negocio celebrado en el a�o de 1983, argumentaci�n que igualmente queda sin sustento legal, pues los referidos testimonios extraprocesales no pueden ser valorados, pues para la �poca en que estos se recepcionaron la ley establec�a que las declaraciones que se rindieran con fines judiciales, para que pudieran ser estimadas por el juez deb�an ser ratificadas, mecanismo que se califica como �indispensable para garantizar, de una parte, el pleno ejercicio del derecho de contradicci�n, y de la otra, la inmediaci�n del Juez del conocimiento en el recaudo del medio de prueba�.
Sobre este tema la Corte expres� que los testimonios vertidos por fuera del marco de un proceso, est�n sujetos �a ciertas formalidades que dependen de la finalidad que se persiga con ellos. As�, cuando no tengan un prop�sito judicial, s�lo podr�n rendirse ante Notarios o Alcaldes, siendo suficiente para su recepci�n que el interesado presente la solicitud con sujeci�n a las formalidades legales, como quiera que, no existiendo litigio, no hay parte contraria que deba convocarse para garantizar su derecho de defensa (art. 299 C.P.C.)�, situaci�n que se regul� en sentido contrario cuando la declaraci�n tiene fines judiciales, caso en el que �sus requisitos �y a�n, su procedencia- son m�s exigentes y restrictivos, toda vez que, en l�nea de principio, deber�n recibirse previa citaci�n de la parte contraria y ��nicamente a personas que est�n gravemente enfermas� (art. 298 C.P.C.).
La �nica excepci�n a estos condicionamientos se contempla en el se�alado art�culo 299, que autoriza recepcionar testimonios con fines judiciales ante Notarios y Alcaldes, sin citaci�n de la parte contraria, cuando est�n �destinados a servir de prueba sumaria en determinado asunto para el cual la ley autoriza esta clase de prueba, y s�lo tendr�n valor para dicho fin�, lo que se justifica plenamente en raz�n de la naturaleza de esa probanza, como medio probatorio no contradicho�. �De all� que el art�culo 229 de dicho estatuto, precise que �S�lo podr�n ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:�2o.
Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los art�culos 298 y 299�, caso en el cual �se repetir� el interrogatorio en la forma establecida para la recepci�n de testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaraci�n anterior�, e igualmente que podr� prescindirse de ella cuando las partes de consuno lo soliciten, y �el juez no la considere necesaria�; puntualizando as� mismo, que �las declaraciones extraproceso protocolizadas en escritura p�blica siguen preservando su naturaleza procesal de arquet�picos y genuinos testimonios, formulados, en este espec�fico caso, en forma extraprocesal, por lo cual son objeto de la ineludible exigencia ex lege de la ratificaci�n, de conformidad con lo previsto en el art�culo 229 del C�digo de Procedimiento Civil, ya transcrito (C. S. de J. S-217 2001).
Pero al margen de lo anterior, aun en caso de que fuera factible valorar las memoradas declaraciones, sin embargo, de ellas se advierte, que padecen del mismo defecto que se censura de las manifestaciones recaudadas en el proceso, referido a la ausencia del contenido posesorio de los actos realizados por los sujetos que en su sentir eran los poseedores, en diferentes �pocas, del bien.
Con fundamento en lo expuesto, para la Sala es perfectamente claro que para el momento en que se instaur� la pretensi�n de pertenencia, 11 de noviembre de 1997, el demandante a�n no contaban con los veinte a�os de posesi�n exigidos para poder adquirir por este medio, la que de computarse desde el a�o 1983, a la fecha de la presentaci�n de la demanda, pone en evidencia que solo se ten�an 14 a�os de posesi�n. DECISION Por lo expuesto, EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C., en Sala Civil de decisi�n administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, RESUELVE:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia dictada dentro del presente proceso por el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogot�, el d�a 26 de marzo de 2004.
SEGUNDO. Costas en esta instancia a cargo del apelante. Notif�quese. LUIS ROBERTO SU�REZ GONZ�LEZ Magistrado Ponente Rad.11001310304019971328-02 GERM�N VALENZUELA VALBUENA Magistrado Rad.11001310304019971328-02 RICARDO ZOP� M�NDEZ Magistrado Rad.11001310304019971328-02 PAGE PAGE 3 LRSG. 40-97-1328-02 ����*\gij������Z[��� ���+X��YDM�/X5Y5�8�8�:p<�<#=$= >@>\>������������������������ѾѾѳ��ѪѾ��Ѿ�ơ���@���OJQJmH sH CJmH sH @���CJOJQJmH sH @���CJOJQJCJOJQJ^JCJOJQJmH sH 6�CJOJQJCJOJQJmH $sH $CJOJQJmH sH 6�CJ@���OJQJ5�mH sH @���CJ5�CJOJQJCJ3�����()*\ghi��������������dhdhdh ��8!dhX$$If�F����� � �0�������6��������4� Fa�$If�>?��ij����fgst��cd��Z[$ ����������������������dh$dha$$dha$$dha$ $ �0�dh*$a$ �0�$dha$$ % 89�������� ��+,o p �&����������������������$��dh`��a$$dha$ �0�*$5$7$8$9DH$ $ �0�dh*$a$$dha$dh�&�&2*3*�,�,�/�/W5X5A9B9�:�:e<f<o<p<#=$=.=/=�=�=�=>�������������������������$dha$dh$dha$�`�$dha$> >>>>->@>\>]>^>_>z>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�������������������������h]�h����&`#$$dha$ $ ��dh*$a$dh\>^>z>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>???��������������������OJQJ0JmHnHu0J j0JU5�OJQJOJQJ@���OJQJmH sH 5�CJ@���CJOJQJmH sH �>�>? ???�����$dha$�h]�h(&Py��/ �"I!�� "��#��$��%���7 i0@��0Normal_HmH sH tH 6@6T�tulo 1$@&CJOJQJ<@<T�tulo 2$$@&a$CJOJQJ`@`T�tulo 3$$ ��dh*$@&a$5�@���CJOJQJmH sH uh@hT�tulo 4($$ �0�d�*$1$7$8$@&a$5�@���CJOJQJmH sH uh@hT�tulo 8($$ ��dh*$1$7$8$@&a$5�@���CJOJQJmH sH uFA@���FFuente de p�rrafo predeter.: @�: Pie de p�gina ��8!LB@LTexto independiente$a$CJOJQJ0)@�0N�mero de p�ginaV>@"VT�tulo$ ��d�*$a$5�@���CJOJQJmH sH uj�O2jBody Text 2)$ �0�dh*$5$7$8$9DH$a$CJOJQJmH sH uzR@BzSangr�a 2 de t. independiente$��dh`��a$CJOJQJmH sH u4R4 Encabezado ��8!;
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