110013103016200900223 01 · Tribunal de Bogotá

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No se acredit� negligencia m�dica; mal diagnostico; falta de atenci�n. Fuente Formal: TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C. SALA CIVIL DE DECISION Bogot� D. C. Veintiuno (21) de agosto del a�o dos mil trece (2013) Referencia: Proceso ordinario Demandante: CLAUDIA HELENA HERNANDEZ TENA Demandado: COLSANITAS S.A. Magistrado Ponente: ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO Resuelve el Tribunal en sala Civil, el recurso de apelaci�n invocado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2012 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Descongesti�n de Bogot� D.C. (proceso originario del Juzgado Diecis�is Civil del Circuito).

ANTECEDENTES Mediante apoderado judicial, la se�ora Claudia Helena Hern�ndez Tena instaur� demanda en contra de la sociedad Compa��a de Medicina Prepagada COLSANITAS S.A. y en contra del se�or Jorge Felipe Ram�rez Le�n, para que previo el tr�mite de un proceso ordinario de mayor cuant�a, en sentencia definitiva se hagan las siguientes declaraciones y condenas: 1�, Se declare que los demandados son civilmente responsables por los da�os y perjuicios materiales y morales ocasionados a la se�ora CLAUDIA HELENA HERN�NDEZ TENA con motivo de la negligencia y falla m�dica, as� como por la impericia y falta de cuidado. 2�.

Que como consecuencia de la anterior declaraci�n, los demandados pagaran en forma solidaria a la demandante las siguientes sumas de dinero: POR DA�O EMERGENTE, estimados en la suma de $2.000.000.000,oo derivados de los gastos de movilizaci�n, m�dicos, cirug�as, medicamentos, deterioro de su salud y cuerpo e incapacidad laboral, por no poder ejercer funciones normales en raz�n a su discapacidad originada en las fallas m�dicas.

POR LUCRO CESANTE: que estima en la suma de $1.000.000.000, oo y que se sustentan en el grave da�o infringido en la humanidad de la actora al punto de haberle creado secuelas permanentes, una discapacidad total, al hecho de permanecer con un neuroestimulador permanente para aliviar el dolor, con lo que debe afrontar el devenir de su existencia, las miradas indiscretas de la gente, de su familia, lo que inexorablemente le resta posibilidades y oportunidades laborales, que la han llevado a un detrimento porcentual de su patrimonio.

Y por los intereses que se fijen desde el momento de ocurrencia de los hechos hasta el pago real y efectivo. Como sustento f�ctico de sus pretensiones plante� los siguientes hechos: -La demandante, para julio 1�. del a�o de 1988 suscribi� un contrato integral de medicina prepagada con la organizaci�n Compa��a de Medicina Prepagada Cols�nitas S. A. y en virtud a su estado de salud se vio obligada a someterse a una cirug�a de columna (hernia discal L4-L5.

SI, central lateral Izquierda), la que fue practicada por el m�dico Alfonso D�az Sanz el d�a 2 de abril de 1992. - Que a pesar de la mencionada cirug�a, el m�dico tratante Dr. D�az Sanz, en consulta efectuada el 25 de septiembre de 1992, determin� que exist�a un tejido blando y que por sus caracter�sticas suger�a la existencia de una hernia discal central posterior y lateral izquierda en el nivel L-4 y L-5, hemilamnectom�a izquierda de L4, pero la demandante, continuaba con severos dolores, lo que la llev� nuevamente a consultar con su m�dico tratante, quien la remiti� a terapias para el dolor e infiltraciones tendientes a aliviarlo, sin conseguir el resultado deseado. - El anterior tratamiento no surti� efecto y el m�dico tratante le manifest� tajantemente que la columna hab�a quedado inestable y que �l no pod�a responsabilizarse m�s del caso. - A ra�z de lo indicado por el m�dico adscrito a COLSAN�TAS S. A. la actora recurri� a consultar con m�dicos diferentes a dicha instituci�n, entre ellos al Dr. �lvaro D�az Granados, quien le recomend� y sugiri� efectuarse una nueva cirug�a a efecto de colocar un soporte en la columna. - Ante la imposibilidad econ�mica de buscar un m�dico no adscrito a COLSAN�TAS, se puso en manos de un profesional experto en columna, el Dr. JORGE FELIPE RAM�REZ LE�N, quien tambi�n era el Jefe de Ortopedia de Cols�n�tas.

Una vez valorada por �ste, para inicios del a�o 1993, el profesional determin� que la primera intervenci�n quir�rgica a que fue sometida no era la adecuada, debido someterse a una nueva cirug�a para retirar un residuo y una masa que se hallaban en los discos de la columna vertebral, para luego proceder a colocar un MARCO DE L�KE y de esta manera fijar y estabilizar la columna, de igual forma le indic� los sitios donde pod�a comprar el material de osteos�ntes�s, el hueso y el Marco de Luke, elementos que el Plan de Medicina Prepagada no cubre. - Que antes de la cirug�a no se efectuaron estudios ni procedimientos adicionales, tendientes a valorar y determinar s� el elemento extra�o que se iba a insertar iba a ser asimilado, o por el contrario rechazado, e igualmente si el hueso pod�a obtenerse del mismo cuerpo, estudios que no se efectuaron, procedi�ndose a realizar la cirug�a, y al d�a siguiente la demandante present� hemorragia en la columna vertebral, un intenso dolor y fiebre de 41 grados, y es aqu� donde el m�dico tratante se entera del ESTADO DE EMBARAZO de la paciente, por lo que el m�dico Dr. JORGE FELIPE RAM�REZ LE�N se pone en contacto con el Dr. JA1RO HERN�N PRADA VANEGAS, Jefe de Ginecolog�a de COLSAN�TAS y deciden que la demandante debe ABORTAR. - Para tomar la decisi�n de abortar no se obtuvo el CONSENTIMIENTO INFORMADO de la demandante, ni menos a�n de su familia, y tampoco se efectuaron ex�menes adicionales ni valoraci�n m�dica especializada por Gineco-obstetricia. Despu�s de efectuado el aborto, la paciente ingres� nuevamente a la CL�NICA REINA SOF�A DE BOGOT�, donde present� una infecci�n progresiva en su columna y por ende su recuperaci�n se hizo t�rpida. - Desde el 11 de julio de 1993 al mes de noviembre del mismo a�o, la demandante permaneci� hospitalizada en La CL�NICA REINA SOF�A y fue sometida a 16 intervenciones quir�rgicas en su columna vertebral.

Durante m�s de tres meses la se�ora CLAUDIA HELENA HERN�NDEZ TENA debi� sufrir y permanecer con la espalda abierta en virtud al proceso de desinfecci�n a que fue sometida por el m�dico tratante, infecci�n originada en la negligencia e impericia del m�dico, quien con los procedimientos aplicados dio origen a que se contagiara de la BACTERIA CHERICHAE COLI, bacteria que se halla generalmente en la materia fecal humana. - A ra�z de la gravedad en que se hallaba la actora, se efectu� una reuni�n entre los m�dicos de la instituci�n Hospitalaria, Bruno Mantilla (Neurocirujano), Lu�s Carlos Sabagh (gastroenter�logo), Carlos David S�nchez (internista), �lvaro Sarmiento (anestesi�logo) Dr. Altaona (infect�logo), quienes la valoraron y conceptuaron la necesidad imperiosa de retirar el MARCO DE LUKE, el cual fue retirado en contraposici�n a la negativa del m�dico tratante Dr. JORGE FELIPE RAM�REZ LE�N. - Una vez retirado del cuerpo el MARCO DE LUKE, de inmediato desapareci� la infecci�n, quedando eso s� la columna vertebral sin ning�n soporte, y ante la negativa del Dr Ram�rez Le�n de volver a atenderla, acudi� a consulta con el Dr. Bruno Mantilla, quien la remiti� a la Cl�nica del Dolor de la Organizaci�n COLS�NITAS, donde le formularon medicamentos como map�ridina, triptanol y morfina, esto durante los a�os 1994 y 1995. - En desarrollo del Plan de Medicina Prepagada que pose�a a�n la demandante y con la no desaparici�n del dolor, acudi� a otras entidades Hospitalarias, Cl�nica Marly y Cl�nica Country, donde fue sometida a ex�menes tendientes a aliviar el dolor sin resultados positivos. - Con los pocos recursos econ�micos que le quedaban, la demandante viaj� a Cuba donde fue valorada por el Dr. REYNALDO quien le diagnostic� un problema irreversible, aconsejando una nueva cirug�a, obviamente con la advertencia del riesgo que ella conllevaba de presentarse nuevamente la infecci�n originada en la BACTERIA CHERICHE E COLI. - Nuevamente en Colombia, se somete a los tratamientos de dolor en las Cl�nicas del dolor de COLSAN�TAS y de la Cl�nica Marly, siendo remitida a siquiatr�a donde le fueron suministrados medicamentos fuertes que conllevaban a que perdiera la raz�n temporalmente. - Nuevamente fue valorada y en su diagn�stico determinaron que posee el S�NDROME DE ESPALDA FALLIDA, y fue sometida a tres intervenciones quir�rgicas que fracasaron, pues la estabilizaci�n de la columna no se logr� y debi� continuar con su sufrimiento y dolor. - En raz�n de la situaci�n econ�mica dif�cil, con la ayuda de sus familiares y aprovechando que posee nacionalidad espa�ola, viaj� a la ciudad de Valladolid (Espa�a) en agosto 16 de 1998, y en dicha ciudad se someti� a valoraci�n por parte del Dr. Aliagas de las Heras, quien diagnostic� S�NDROME DE ESPALDA FALLIDA, distrofia al lado izquierdo y sugieri� la necesidad de colocar un neuroestimulador permanente a efectos de tolerar el dolor. - Desde esa fecha hasta hoy, la demandante se encuentra en plena rehabilitaci�n y manejando permanentemente el neuroestimulador, puesto que el dolor disminuye en su intensidad pero no desaparece.

Los m�dicos de la Seguridad Social de Espa�a han determinado y certificado despu�s de la valoraci�n y tratamientos efectuados, que la actora posee un sesenta y cinco por ciento (65%) de invalidez f�sica. -Que para el a�o 1995 la demandante era socia de G.F. & INGENIER�A LTDA y pose�a un capital superior a $ 160.000.000,oo que perdi� debido a los gastos m�dicos, y debido a su situaci�n de sanidad, tuvo que afrontar proceso de disoluci�n y liquidaci�n de su sociedad conyugal, la cual concluy� mediante escritura p�blica n�mero 894 del 2 de abril de 1998 de la notar�a treinta y tres del c�rculo notarial de Bogot� LA ACTUACI�N PROCESAL Admitida la demanda se orden� el tr�mite del proceso ordinario, se orden� la notificaci�n personal a los demandados y correr el traslado de ley.

La Entidad demandada, Compa��a de Medicina Prepagada COLSANITAS S.A., contest� la demanda oponi�ndose a las pretensiones, y frente a los hechos indic� que no le constan. Propuso como excepciones las siguientes: 1- Prescripci�n de la acci�n contra terceros responsables, soportada en el art�culo 2358 del c�digo civil, en el cual se indica que las acciones contra terceros prescriben en tres a�os, que en consecuencia, si quien caus� el da�o fue el m�dico Jorge Felipe Ram�rez Le�n, que se llev� a cabo del 7 de octubre de 1993, el fen�meno de la prescripci�n oper� el 7 de octubre de 1996, y que m�s tarde el doctor David Meneses realiz� otra intervenci�n pagada por COLSANITAS, la cual tuvo lugar el 2 de abril de 1998, hecho que prescribir�a el 2 de abril de 2001. 2- Prescripci�n de la acci�n Ordinaria o directa, que de conformidad con lo dispuesto en la ley 791 de 2002, se redujeron los t�rminos de la prescripci�n, y en consecuencia el t�rmino de la prescripci�n es de 10 a�os, en tal caso �sta habr�a se habr�a cumplido el 7 de octubre de 2003 contado a partir de la cirug�a realizada por el doctor Ram�rez, y el 2 de abril de 2008 si se cuenta a partir de la cirug�a realizada por el doctor Meneses. 3- Cumplimiento contractual de parte de Cols�nitas, argumenta que solo en caso de incumplimiento de sus obligaciones, la entidad es responsable a causa de ellas, pero que en el caso, el contrato suscrito por la entidad con la actora, en la cl�usula tercera, s�lo se oblig� a obtener los profesionales que �sta requiera de acuerdo a sus necesidades y a cancelarlos de forma directa, y no estaba a cargo de ella la prestaci�n del servicio, prestaci�n que est� fuera del objeto del contrato.

Que a la actora se le garantiz� la prestaci�n de los servicios, que fue ella quien escogi� las instituciones de salud que habr�an de atenderla as� como a los doctores. 4- Ausencia de culpa en cumplimiento de la lex artis por parte de los prestadores de servicios de salud adscritos a COLSANITAS. Advierte que ninguna de las imputaciones de la demanda se refieren al contrato, sino que se fundamenta en una mala pr�ctica m�dica, pero resalta que el m�dico tratante JORGE FELIPE RAMIREZ LEON, quien es un especialista en ortopedia y traumatolog�a y es una autoridad a nivel nacional en cirug�a de columna, fue quien prest� sus servicios de manera independiente, aut�noma y no subordinada, sin que ello signifique una garant�a de los resultados ya que la medicina es una obligaci�n de medio y no de resultado. 5- Ausencia de nexo causal, para lo cual afirma que no existe, por haberse probado que Cols�nitas autoriz� y pag� todos los servicio de salud requeridos por la se�ora Hern�ndez Tena para el diagn�stico, tratamiento, seguimiento y rehabilitaci�n de su patolog�a, que en consecuencia no se presenta la relaci�n causa-efecto, pues no puede declararse la responsabilidad puesto que el da�o no puede imputarse o atribuirse al demandado ya que su gesti�n se limitaba a unas obligaciones contractuales necesarias para la prestaci�n del servicio de salud y el pago de los valores de esos servicios.

El demandado Jorge Felipe Ram�rez Le�n, igualmente fue notificado y a trav�s de apoderado judicial contest� la demanda oponi�ndose a las pretensiones y frente a los hechos indic� que no son ciertos los enunciados en los numerales 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 34, frente a los dem�s indic� que no le constan. Como excepciones propuso: 1- La prescripci�n, soportada en que la acci�n ordinaria en contra del demandado, que es de diez a�os, ya prescribi�, porque la demanda se present� el 15 de abril de 2009 y fue notificada cuando ya hab�a operado el fen�meno prescriptivo porque han transcurrido m�s de diez a�os desde que ocurrieron los hechos sin que se hubieran presentado suspensiones ni interrupciones, por lo tanto, toda acci�n en contra del m�dico Jorge Felipe Ram�rez Le�n est� prescrita, pues la �ltima operaci�n a la paciente se realiz� el 7 de octubre de 1993. 2- Inexistencia de la obligaci�n de reparar por ausencia de culpa.

Advierte que para que exista responsabilidad deben probarse sus elementos, que son culpa, da�o y relaci�n de causalidad. En cuanto la culpa, trat�ndose de la responsabilidad m�dica, se hace necesaria la culpa probada, esto es, un error de conducta en el que no habr�a incurrido una persona medianamente prudente y diligente, lo que no ocurri�, pues el tratante atendi� a la paciente de acuerdo con sus signos y s�ntomas, y su s�ndrome no se produce por el tratamiento. 3- Adecuada pr�ctica m�dica y cumplimiento de la lex artis.

Argumenta que de conformidad con el padecimiento de la actora, el diagn�stico emitido por el galeno en su momento, fue el correcto, y las cirug�as practicadas fueron realizadas sin complicaciones, y advierte que la presencia de infecciones pueden ser variables, son factores de riesgo, y no han sido erradicadas, que en el caso en estudio intervino el haber tenido que practicar una segunda cirug�a, ser fumadora y haber interrumpido voluntariamente su embarazo.

Frente a este �ltimo, indic� que de los ex�menes preliminares no se detect� el embarazo. Que en consecuencia, el diagn�stico de espalda fallida hoy es el mismo, que este implica la realizaci�n de cirug�a de columna, que no logr� superar el dolor en dicha zona, pero que esto no es sin�nimo en absoluto de una mala pr�ctica m�dica. Al respecto el galenos se ocupa de explicar paso a paso todo el tratamiento dado a la paciente 4-Ausencia de nexo causal.

Afirma que no existi� un nexo causal o v�nculo entre el hecho y el da�o ya que no fue la conducta del demandado la que ocasion� la infecci�n post operatoria presentada ni la patolog�a base, a saber enfermedad degenerativa del disco, osteoporosis, espondilosis y artrosis que dan lugar al dolor cr�nico presentado por la demandante. Fracasada la conciliaci�n, se defini� lo relacionado con las pruebas aportadas y solicitadas por las partes, y una vez preclu�da la etapa para practicarlas, consider� la juez a-quo cumplido el tr�mite previo a la decisi�n de fondo que determinara lo relacionado con las pretensiones, por lo que dispuso el traslado para que las partes alegaran de conclusi�n, facultad de la que hizo uso el apoderado judicial de la parte actora, aclarando que fueron tres aspectos en los cuales los demandados incurrieron en la responsabilidad m�dica, los que precis� as�: Colocaci�n de los materiales de osteos�ntesis, sin previos estudios de valoraci�n si el organismos de la actora pod�a aceptarlos o no. Efectuarse el procedimiento quir�rgico, estando la actora en estado de embarazo.

La infecci�n intra-hospitalaria adquirida por CLAUDIA HELENA HERNANDEZ durante el procedimiento Por su lado, la parte demandada indic� que no existi� ninguna falla m�dica en la atenci�n, que ya exist�a una preexistencia de la enfermedad que padec�a la demandante, lo que obra en la historia cl�nica. Que adem�s era un procedimiento de alta complejidad.

LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El juzgado de conocimiento desat� la litis mediante fallo en el que exoner� de responsabilidad a los demandados por no acreditarse la configuraci�n de los presupuestos de la responsabilidad m�dica, y en consecuencia neg� las pretensiones de la demanda. Para llegar a esa decisi�n, el a quo, previa enunciaci�n de los antecedentes procesales, pas� a analizar la existencia del contrato, la que encontr� acreditada, y luego la conducta del profesional, para lo cual observ� los hechos preexistentes y concomitantes, as� como los posteriores, a fin de determinar el da�o, la culpa y el nexo causal, encontrando que de las pruebas allegadas, no se extrae la culpa del galeno, no existi� un dictamen pericial o un informe t�cnico que llevara al convencimiento de que el m�dico especialista demandado hubiera actuado de forma negligente o culposa, carga de la prueba que le correspond�a a la parte demandante, lo que llev� a desestimar las pretensiones de la demanda.

EL RECURSO DE APELACION Inconforme con la anterior decisi�n, el apoderado de la parte actora interpuso el recurso de apelaci�n argumentando que el fallo se centr� en no haber acreditado dentro del plenario la relaci�n de causalidad entre el da�o y la acci�n-omisi�n causante del da�o en la conducta del galeno. Pero que para el caso en estudio, el demandado JORGE FELIPE RAMIREZ LEON produjo el procedimiento m�dico que no era adecuado para la patolog�a que padec�a la actora a pesar de hab�rselo hecho saber, para posteriormente volverla a someter a otra cirug�a, lo que trajo consigo los da�os.

Indica adem�s, que no fue acertado por parte del despacho, asegurar que la actora no hab�a cumplido con lo dispuesto en el art�culo 177 del c�digo de procedimiento civil, cuando la jurisprudencia ha dicho que �� cuando resulte imposible esperar certeza o exactitud en esta materia, no solo por la complejidad de los conocimientos cient�ficos y tecnol�gicos en ella involucrados sino tambi�n por la carencia de los materiales y documentos que prueben dicha relaci�n, el juez puede contentarse con la probabilidad de su existencia�, que as�, si la acci�n del m�dico demandado no fue la t�cnicamente acorde con la patolog�a del paciente y como lo ense�a la jurisprudencia, la conducta del sujeto investigado pudo haber sido la adecuada o, en otras palabras, regular, normal y ordinariamente tiene la virtualidad de producir el da�o que la v�ctima padeci�, se habr� establecido jur�dicamente el nexo de la causalidad, no simplemente desde una perspectiva f�sica sino desde el �mbito de la adecuaci�n, lo que considera que ocurri� en el presente caso.

(jurisprudencia Consejo de Estado, exp. 14.957 M.P. Dr Mauricio Fajardo G�mez) por lo cual es posible atribuirle al tratante las causas del da�o de acuerdo con la jurisprudencia citada y citando dos teor�as relacionadas con el nexo de causalidad, la de equivalencia de las condiciones y la del a causalidad adecuada, que sustenta mediante algunas citas jurisprudenciales.

Reclama que la providencia no tuvo en cuenta el interrogatorio de parte de la actora, el cual se extravi� pero fue aportado en copias, con lo cual reclama, se viol� el debido proceso, pues asegura, ha debido tenerse en cuenta el dicho de la v�ctima del da�o, pero s� se acoge la declaraci�n del m�dico Jairo Hern�n Prada, el cual fue tachado por parentesco con el demandado.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL Ninguna duda se tiene respecto a la demostraci�n de la relaci�n jur�dico-procesal que demanda la ley procesal para sustentar una decisi�n de m�rito, tal como lo estimara la se�ora juez que pronunci� la sentencia. La parte actora fund� el recurso de alzada en el entendido que el juez no tuvo en cuenta que en esta clase de procesos de responsabilidad m�dica la relaci�n causal puede ser de dos clases, la causalidad adecuada, que se soporta en demostrar que la t�cnica empleada no fue la correcta, aun cuando la conducta del sujeto pudo haber sido la adecuada y que en raz�n de ello se hubiere causado un da�o, luego existe una responsabilidad.

La segunda es la causalidad probable, en la cual en raz�n de la complejidad de los conocimientos cient�ficos y tecnol�gicos y ante la carencia de los materiales que prueben dicha relaci�n, el juez debe contentarse con la probabilidad, por lo que se presume la responsabilidad. De igual forma advierte que no se tuvo en cuenta que para esta clase de proceso la carga de la prueba es din�mica.

En cuanto a la responsabilidad que se endilga a la parte demandada frente a Claudia Helena Hern�ndez Tena, se advierte que es del orden contractual, por lo que, seg�n lo tiene dicho la jurisprudencia, habr� de demostrarse la existencia del contrato celebrado entre las partes, el incumplimiento del demandado cuando le sea imputable, el da�o causado al acreedor y la relaci�n de causalidad entre el da�o y la culpa contractual del deudor, para luego establecer el monto de los perjuicios sufridos por aquel, cuya indemnizaci�n, de acuerdo con el art�culo 1613 del c�digo civil comprende el da�o emergente y el lucro cesante.

En la responsabilidad civil m�dica ha sido ya legendaria y tradicional la distinci�n entre obligaciones de medio y de resultado en el contrato de mandato, como tambi�n las cr�ticas que la doctrina y parte de la jurisprudencia han formulado, trat�ndose de aquellos servicios de profesiones y carreras que suponen largos estudios, o a los que est� unida la facultad de representar y obligar a otra persona respecto de terceros, a las que se aplican las reglas del mandato.

El vac�o de la legislaci�n civil respecto a la reglamentaci�n espec�fica de este tipo de contratos es la causa para la controversia, sin que pueda afirmarse que en el momento actual se haya logrado un consenso que unifique los diversos criterios. Sin embargo, en sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 22 de julio de 2010, en que fue Magistrado Ponente el doctor Pedro Octavio Munar Cadena, en punto de la responsabilidad de las entidades destinadas a la atenci�n de la salud de los usuarios explic�: �En trat�ndose de la responsabilidad directa de las referidas instituciones, con ocasi�n del cumplimiento del acto m�dico en sentido estricto, es necesario puntualizar que ellas se ver�n comprometidas cuando lo ejecutan mediante sus �rganos, dependientes, subordinados o, en general, mediando la intervenci�n de m�dicos que, dada la naturaleza jur�dica de la relaci�n que los vincule, las comprometa.

En ese orden de ideas, los centros cl�nicos u hospitalarios incurrir�n en responsabilidad en tanto y cuanto se demuestre que los profesionales a ellos vinculados incurrieron en culpa en el diagn�stico, en el tratamiento o en la intervenci�n quir�rgica del paciente. Por supuesto que, si bien el pacto de prestaci�n del servicio m�dico puede generar diversas obligaciones a cargo del profesional que lo asume, y que atendiendo a la naturaleza de �stas depender�, igualmente, su responsabilidad, no es menos cierto que, en trat�ndose de la ejecuci�n del acto m�dico propiamente dicho, deber� indemnizar, en l�nea de principio y dejando a salvo algunas excepciones, los perjuicios que ocasione mediando culpa, en particular la llamada culpa profesional, o dolo, cuya carga probatoria asume el demandante, sin que sea admisible un principio general encaminado a establecer de manera absoluta una presunci�n de culpa de los facultativos (sentencias de 5 de marzo de 1940, 12 de septiembre de 1985, 30 de enero de 2001, entre otras).

As�, siendo el contrato que sosten�a la actora con la entidad demandada, COLSANITAS, tal como lo dispone el art�culo 1�. del Decreto 1570 de 1993, modificado por el art�culo 1�. del Decreto 1486 de 1994, era de medicina prepagada, la que de conformidad con la norma antes transcrita se define como un "sistema organizado y establecido por entidades autorizadas conforme el presente decreto, para la gesti�n de la atenci�n m�dica y de la prestaci�n de los servicios de salud y/o para atender directa o indirectamente estos servicios, incluidos en un plan de salud preestablecido, mediante el cobro de un precio regular previamente acordado( )"., se tiene que su ejercicio es la �gesti�n para la prestaci�n de servicios de salud, o la prestaci�n directa de tales servicios, bajo la forma de prepago�.

A su turno la Corte Constitucional lo defini� as�: �La Corte Constitucional tiene establecido que �los contratos de medicina prepagada como especie de los Planes Adicionales de Salud (P.A.S.), se encuentran instituidos en el ordenamiento legal colombiano con el objeto de brindar a los usuarios del servicio de salud una atenci�n complementaria a la ofrecida de manera general por las Empresas Promotoras de Salud, bajo el esquema del Plan Obligatorio de Salud (P.O.S.).

La prestaci�n de dicho servicio, supone el pago de un precio que igualmente es adicional al cotizado obligatoriamente por patrono y empleador en el R�gimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud. As�, el usuario que tiene la capacidad econ�mica para acceder voluntariamente al pago de una protecci�n mayor en salud, -respecto de s� mismo y su n�cleo familiar- contrata de manera privada con una entidad de medicina prepagada para acceder a servicios de salud, que se sugieren como de mayor calidad o cobertura que el plan b�sico (P.O.S.) entregado por las E.P.S.� HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/T-1217-05.htm" \l "_ftn2" \o "" [2] En cuanto a la naturaleza jur�dica de la relaci�n entre empresa y usuario la misma es de car�cter contractual, lo cual supone, como lo ha establecido esta Corporaci�n, que a �l le son aplicables las normas pertinentes de los c�digos Civil y de Comercio colombianos, especialmente aquella que obliga a las partes ligadas por el contrato, a ejecutarlo atendiendo a los postulados de la buena fe HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/T-1217-05.htm" \l "_ftn3" \o "" [3].

Luego, como en cualquier contrato legalmente celebrado, el de medicina prepagada es una ley para los contratantes que por �l se obligan. HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/T-1217-05.htm" \l "_ftn4" \o "" [4]. La jurisprudencia constitucional tambi�n se ha referido a las caracter�sticas que se predican del contrato de medicina prepagada, precisando que: �De otro lado, el contrato de servicios de medicina prepagada re�ne las caracter�sticas de ser bilateral, oneroso, aleatorio, principal, consensual y de ejecuci�n sucesiva en los t�rminos del C�digo Civil y surge al mundo jur�dico como un contrato de adhesi�n, seg�n el cual las partes contratantes se obligan mutuamente a trav�s de cl�usulas y condiciones que no son discutidas libre y previamente, sino prestablecidas por una de las partes en los t�rminos aprobados por el organismo de intervenci�n estatal y sobre las cuales la otra expresa su aceptaci�n y adherencia o su rechazo absoluto.

Como lo ha se�alado la doctrina, en los contratos de adhesi�n una de las partes impone �la ley del contrato� HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/T-1217-05.htm" \l "_ftn5" \o "" [5] a la otra. (�) En s�ntesis, �la medicina prepagada tiene sustento en una relaci�n de naturaleza civil, en la cual el contenido de las obligaciones de las partes est� regulada, en un primer momento, por el derecho privado.

No obstante, el objeto de ese contrato tiene una relaci�n inescindible con la eficacia del derecho constitucional a la salud, por lo que la interpretaci�n del alcance de las cl�usulas contractuales est� supeditada, en todo caso, a la necesidad de garantizar el ejercicio cierto de ese derecho� Luego, si bien es cierto que se trata de un contrato que se rige por las normas civiles y comerciales, en atenci�n a la calidad de la asistencia que presta no importa si �ste lo hace en forma directa o indirecta, es un deber legal garantizar la calidad y eficiencia de los servicios de salud a que se oblig�.

Al estar afiliada la se�ora Claudia Hern�ndez Tena a COLSANITAS mediante un contrato de servicios de Medicina Prepagada, documento que no fue tachado de falso, se advierte que existe legitimaci�n en la causa tanto de la parte actora como de la demandada, dentro del cual se vincula al m�dico tratante que es la persona de quien directamente se estima que caus� el da�o. Para el caso en estudio, el da�o que se reclama proviene del presunto diagn�stico errado emitido espec�ficamente por el doctor JORGE FELIPE RAMIREZ LEON, quien fue el m�dico tratante entre inicios de 1993 y 1994, frente a un dolor en la columna que ven�a padeciendo la actora desde el a�o 1992.

Revisada la historia cl�nica de la actora, se advierte que se le trat� por una inestabilidad L4 � L5, y de ella se dice que es una �paciente con m�ltiples cirug�as en columna� se advierte que la primera intervenci�n fue para el a�o de 1992. En cuanto a la �intervenci�n quir�rgica�, como se advierte del escrito de la demanda, hecho sexto, se refiere: �A ra�z de lo antes indicado por el m�dico tratante adscrito a COLSANITAS, mi poderdante recurre a consultar con m�dicos diferentes a dicha instituci�n, entre ellos al Dr. �lvaro D�az Granados, quien le recomienda y sugiere efectuarse una nueva cirug�a a efecto de colocar un soporte en la columna�, lo anterior la lleva ponerse en manos del galeno aqu� demandado quien ratifica que debe intervenirla quir�rgicamente para proceder a colocar un MARCO DE LUKE para fijar la columna, de lo que se advierte que el diagn�stico no es lo que en verdad estuvo desacertado, sino que el problema est�, en establecer si debi� realizarse un procedimiento tendiente a valorar y determinar si el elemento extra�o � MARCO DE LUKE, ser�a o no tolerado por el cuerpo de la actora, y si eso fue lo que probablemente gener� la infecci�n, adem�s de haberse realizado la intervenci�n sin advertir el estado de embarazo de la paciente.

Como una de las pruebas del proceso, se recibi� el interrogatorio del doctor Jos� Felipe Ram�rez Le�n, quien manifest� que la demandante fue una de sus pacientes, que su evoluci�n fue satisfactoria, pero que a partir del tercer o cuarto mes del postoperatorio present� s�ntomas de dolor, para lo cual fue manejada con antinflamatorios, analg�sicos y fisioterapia, lo que asegura que se presenta entre el 6 y 15% de los procedimientos, y una fibrosis en un 3%, y en cuanto a la colocaci�n de cuerpos extra�os para la estabilizaci�n, advierte que est� demostrado en la literatura universal, que puede presentar una infecci�n pos operatoria entre un 2 y un 20%.

En cuanto a la clase de infecci�n, manifiesta que se da en el 70% postoperatorio en columna, lo cual tiene su raz�n en que la herida queda cerca al ano. Ana Mar�a Hern�ndez Tena, y Jos� Mar�a Hern�ndez Tena, hermanos de la actora, realizan un relato de las actividades de la actora y las cirug�as realizadas por COLSANITAS, en donde se advierte que posteriormente a la intervenci�n donde le hicieron los injertos y dem�s, empez� a presentar hemorragias, dolores, y fue all� en donde se descubri� el embarazo, por lo que le indujeron el aborto, que fue desde esa fecha en que empez� a cambiar hasta sus temas de conversaci�n y padecer de dolores muy fuertes, se agot� f�sicamente, empezaron los problemas econ�micos ya que no pod�a estar frente a la empresa, al punto que toc� cerrarla, que debido a su enfermedad se desgastaron las relaciones familiares, y aprovechando su doble nacionalidad viaj� a Espa�a, en donde continu� su tratamiento y actualmente vive de las ayudas que le otorga el gobierno. Por �ltimo afirma, que Cols�nitas en ning�n momento se neg� a brindarle la atenci�n requerida. �ngela Mar�a Ram�rez Maya dice saber de la intervenci�n quir�rgica que le hicieron a la actora, indica que la acompa�� una noche en la cl�nica, sabe que era una empresaria, pero que despu�s de la intervenci�n no sigui� trabajando, al punto de quebrar y tener que irse del pa�s. Que la �ltima vez que la vio fue tres a�os antes de la declaraci�n. Nidya Mart�nez Jim�nez, cu�ada de la actora, asegura que antes de la operaci�n la demandante era una empresaria exitosa, pero que despu�s de la operaci�n decay� f�sicamente ante el dolor que presentaba, que no pod�a moverse, y no pod�a atender a sus menores hijas, debi� vender sus cosas para atender su enfermedad.

Efra�n Oswaldo Jaramillo Restrepo, sabe de las intervenciones que le realizaron a la demandante, que era una persona que viv�a c�modamente, que despu�s de la cirug�a su vida no fue igual, cambi� totalmente, su empresa se acab�, no pudo volver a trabajar, sabe que viaj� a Espa�a, y que la �ltima vez que la vio fue en el a�o 2000. Alfonso D�az Sanz, m�dico en ortopedia y traumatolog�a, dice que trat� a la actora por cuanto fue su paciente en el a�o de 1991, conoce al demandado Jorge Felipe Ram�rez, y es m�dico adscrito a COLSANITAS, relata sobre los tratamientos realizados a la demandante, como fueron fisioterapia, anti-inflamatorios, y analg�sicos, sin lograr ning�n alivio, para luego pasar a un tratamiento quir�rgico de discoidectom�a con una evoluci�n satisfactoria, pero a los cuatro meses volvi� a consultarle, remiti�ndose a la cl�nica Reina Sof�a. Sabe que el doctor Ram�rez intervino a la paciente nuevamente para una estabilizaci�n y que hab�a presentado una infecci�n severa, que hab�a requerido de una tercera cirug�a y en el comit� se coment� de un legrado realizado ocho d�as despu�s de la intervenci�n. En punto de los riesgos de la operaci�n advierte que pueden ser, las infecciones, lesi�n del saco dural, lesi�n de la ra�z, lesi�n vascular y fibrosis pos operatoria que se causa con ocasi�n de la cicatrizaci�n de los tejidos.

Respecto de la infecci�n, advierte que es normal entre m�s cerca est� la herida quir�rgica del ano, debido a su vecindad se puede estar en presencia de la bacteria, la que no es atribuible al cirujano tratante. En cuanto a las consecuencias de la pr�ctica de la interrupci�n del embarazo, advirti� que adem�s de las sicol�gicas, las bajas defensas, tambi�n podr�a desencadenar una infecci�n por Eschericia Coli.

En punto de la recuperaci�n de la se�ora Claudia, dijo que la �ltima vez que la vio, asisti� al �ltimo control posoperatorio de una manera satisfactoria y nunca regres�. Jairo Hern�n Rodrigo Prada Vanegas, manifest� ser quien le prestaba los servicios de ginecolog�a a la actora, y de igual forma particip� en una junta multidisciplinaria donde se trat� el tema de un embarazo que se conoci� aproximadamente tres o cuatro d�as despu�s de una intervenci�n de columna.

Afirma que un mes antes de la cirug�a, en la cual se implant� el Marco de Luke, (6 de mayo) se hab�a realizado una ecograf�a que hab�a resultado negativa, y ocho d�as antes hab�a sangrado, lo que considera suficiente para descartar el embarazo de la paciente al momento de la intervenci�n. Advierte que una vez conocido lo anterior, en la junta se dej� en claro que era necesario un control estricto prenatal.

Advertido lo anterior, y como el apoderado de la demandante reclama la aplicaci�n de la �CARGA DINAMICA DE LA PRUEBA� aceptando que no encontr�ndose probada la culpa del m�dico tratante, se debe trasladar al profesional m�dico la carga de la prueba para que demuestre c�mo y por qu� se presentaron los hechos que ocasionaron la infecci�n, partiendo de que a pesar de lo advertido por la doctrina y la jurisprudencia, si bien por norma general al actor le corresponde la demostraci�n de los hechos y cargos fundamento de sus pretensiones, con frecuencia y en situaciones especiales como es el caso de acreditar la responsabilidad m�dica, se torna extremadamente dif�cil para dicha parte, si no imposible, aquellas comprobaciones de que son ejemplo las intervenciones m�dico-quir�rgicas, que por su naturaleza, exclusividad y privacidad se constituyen en determinado momento, en una infranqueable barrera para el demandante obligado a establecer aspectos cient�ficos o t�cnicos profesionales que son soporte de los cargos, que por imprudencia, negligencia o impericia son formulados al demandado, se hace necesario para la administraci�n de justicia requerir los medios de prueba de los m�dicos, por encontrarse en condiciones de conocimiento t�cnico y real, por cuanto ejecutaron la respectiva conducta profesional para que satisfagan directamente las inquietudes y cuestionamientos que contra sus procedimientos se formulan.

De esta suerte, podr�n los m�dicos exonerarse de responsabilidad demostrando que actuaron con la eficacia, prudencia e idoneidad requeridas por las circunstancias propias del caso concreto, y llevando al sentenciador, de forma tal, un mejor conocimiento de las causas, procedimientos, t�cnicas y motivos que condujeron al profesional a asumir determinada conducta o tratamiento.

As� lo dijo la Corte Suprema de justicia: �Aunque para la Corte es claro que los presupuestos de la responsabilidad civil del m�dico no son extra�os al r�gimen general de la responsabilidad (un comportamiento activo o pasivo, violaci�n del deber de asistencia y cuidado propios de la profesi�n, que el obrar antijur�dico sea imputable subjetivamente al m�dico, a t�tulo de dolo o culpa, el da�o patrimonial o extrapatrimonial y la relaci�n de causalidad adecuada entre el da�o sufrido y el comportamiento m�dico primeramente se�alado), y que en torno a ese panorama axiol�gico debe operar el principio de la carga de la prueba (art�culo 177 del C�digo de Procedimiento Civil), visto con un sentido din�mico, socializante y moralizador, esto es, distribuy�ndola entre las partes para demandar de cada una la prueba de los hechos que est�n en posibilidad de demostrar y constituyen fundamento de sus alegaciones, pues �ste es el principio impl�cito en la norma cuando exonera de prueba las afirmaciones o negaciones indefinidas, precisamente por la dificultad de concretarlas en el tiempo o en el espacio, y por ende de probarlas, resulta pertinente hacer ver que el meollo del problema antes que en la demostraci�n de la culpa, est� es en la relaci�n de causalidad entre el comportamiento del m�dico y el da�o sufrido por el paciente, porque como desde 1940 lo afirm� la Corte en la sentencia de 5 de marzo, que es ciertamente importante, �el m�dico no ser� responsable de la culpa o falta que se le imputan, sino cuando �stas hayan sido determinantes del perjuicio causado�.

Y, seguidamente agreg�: �En conclusi�n y para ser coherentes en el estudio del tema, se pudiera afirmar que en este tipo de responsabilidad como en cualquiera otra, deben concurrir todos los elementos o presupuestos materiales para el �xito de la pretensi�n, empezando por supuesto con la prueba del contrato, que es carga del paciente, puesto que es esta relaci�n jur�dica la que lo hace acreedor de la prestaci�n del servicio m�dico, de la atenci�n y el cuidado.

Igualmente, corresponde al paciente, probar el da�o padecido (lesi�n f�sica o ps�quica) y consecuentemente el perjuicio patrimonial o moral cuyo resarcimiento pretende. Ahora, probado este �ltimo elemento, sin duda alguna, como antes se explic�, que lo nuclear del problema est� en la relaci�n de causalidad adecuada entre el comportamiento activo o pasivo del deudor y el da�o padecido por el acreedor, pues es aqu� donde entran en juego los deberes jur�dicos de atenci�n y cuidado que en el caso concreto hubo de asumir el m�dico y el fen�meno de la imputabilidad, es decir, la atribuci�n subjetiva, a t�tulo de dolo o culpa.

Pero es precisamente en este sector del comportamiento en relaci�n con las prestaciones debidas, donde no es posible sentar reglas probatorias absolutas con independencia del caso concreto, pues los habr� donde el onus probandi permanezca inmodificable, o donde sea dable hacer actuar presunciones judiciales, como aquellas que en ocasiones referenciadas ha tenido en cuenta la Corte, pero tambi�n aquellos donde cobre vigencia ese car�cter din�mico de la carga de la prueba, para exigir de cada una de las partes dentro de un marco de lealtad y colaboraci�n, y dadas las circunstancias de hecho, la prueba de los supuestos configurantes del tema de decisi�n. Todo, se reitera, teniendo en cuenta las caracter�sticas particulares del caso: autor, profesionalidad, estado de la t�cnica, complejidad de la intervenci�n, medios disponibles, estado del paciente y otras circunstancias ex�genas, como el tiempo y el lugar del ejercicio, pues no de otra manera, con justicia y equidad, se pudiera determinar la correcci�n del acto m�dico (lex artix). Por lo antes dicho, es claro para la sala que no siempre se puede acudir a la simple menci�n de la carga din�mica para exonerarse de probar o para esconder la inexistencia de pruebas en contra del demandado, pues en caso como este no aparece probado que el tratamiento dado a la actora no hubiera sido el adecuado y que por el contrario fuera la causa del mal, cuando ya �ste exist�a en grado mayor, y que para la �poca no solo el dictamen sino tambi�n el tratamiento era el adecuado, que el m�dico gozaba de fama y nadie tach� en forma concreta sus procedimientos, de los cuales no se presentan siquiera indicios de equivocaci�n, descuido, negligencia o desd�n. No se alega siquiera un hecho que permita presumir impericia o descuido, as� como tampoco se aducen indicios de responsabilidad del demandado en los da�os que presenta la actora, los cuales ya ven�a sufriendo y de ninguno se alega que hubiera sido causado por pr�ctica irregular alguna.

Adem�s, debe tenerse4 en cuenta la lex artis para la �poca en que ocurrieron los hechos (1993 - hace ya 20 a�os), sin prueba de que para esa �poca el diagn�stico o el tratamiento practicado no fuera el apropiado para el caso, pero adem�s, que de acuerdo con lo dicho por la misma demandante, varios m�dico consultados coincidieron en el diagn�stico, no solo frente a su gravedad sino tambi�n respecto a su calidad de irreversible.

Por eso no basta trasladar la carga de la prueba a los galenos sin observar que para ello deben existir por lo menos indicios de que su actuar tenga un m�nimo de relaci�n con el da�o causado, pues dicha carga no se traslada por la sola incapacidad probatoria del actor sino cuando existe por lo menos un m�nimo de probabilidad de nexo causal que se hace imposible demostrar, y ah� es donde se reclama la ayuda probatoria del sujeto capacitado o calificado, pero no en forma gen�rica exigi�ndole que explique lo inexplicable.

En este caso no se atreve la parte actora a afirmar un hecho concreto de equivocaci�n o mala actuaci�n del m�dico, salvo las afirmaciones generales que no conducen siquiera a atribuci�n de culpa. En cuanto a la pr�ctica de la intervenci�n realizada el 8 de julio de 1993, tampoco existe queja alguna, pues la misma fue satisfactoria, sin complicaciones. Otra cosa es que posteriormente se hubiera presentado una infecci�n, lo que es posible en una operaci�n de alto riesgo como fue la intervenci�n de la columna, en la que la lesi�n quir�rgica fue cercana al colon lo que es muy factible de ocurrir, pues no se puede olvidar que teniendo en cuenta el sitio operatorio para el caso en exposici�n, la flora normal de la piel, los genitales femeninos y colon, y la cercan�a del ano, ayudan a que la mayor�a de las infecciones quir�rgicas sean producidas por la flora bacteriana del mismo paciente, pues otros son los cuidados que se deben tener una vez realizada la intervenci�n. Si se revisa en conjunto todo el tratamiento dado a la paciente, se advierte como antecedente que se inici� con un examen f�sico, se sigui� con un tratamiento conservador o seguimiento m�dico, esto es la observaci�n, fisioterapia, todo en pro de una buena recuperaci�n, sin alcanzar una mejor�a, por lo que se propuso el tratamiento quir�rgico al que accedi� la paciente, acudiendo al m�dico aqu� demandado, quien una vez realizados los ex�menes pertinentes con un mes de antelaci�n, procedi� a ello, y siendo una operaci�n en la que no se presentaron complicaciones, su recuperaci�n y la respuesta al cuerpo extra�o no fue la esperada.

Frente a las complicaciones de la intervenci�n quir�rgica, se tiene que las infecciones presentadas respond�an posiblemente m�s a una situaci�n de la presencia de un cuerpo extra�o o respuesta individual del paciente, o a una infecci�n ante la cercan�a del colon; m�s a�n cuando en el hecho 25 reitera que una vez en Cuba, consultando su problema, le ratifican que era irreversible, y le aconsejan una nueva cirug�a pero con la advertencia del riesgo de presentarse nuevamente la infecci�n. De lo anterior se advierte que la infecci�n no se produjo por una negligencia m�dica como tal, como tampoco que �sta fuera previsible pero evitable, sino que es un riesgo propio de esta clase de intervenciones, pero adem�s como bien lo afirman no solo la demandada sino tambi�n los testigos por ella tra�dos al proceso, la entidad demandada y el m�dico tratante fueron acuciosos, y se le prest� la atenci�n necesaria y requerida por la demandante, pudi�ndose concluir por el contrario a lo que afirma el recurrente que se debi� a una causa extra�a e imprevisible.

De las pruebas allegadas por la parte demandada, se encuentra no solo copia de la historia cl�nica, sino copia del libro en donde se indica el protocolo a seguir, todo lo cual da cuenta que cumplieron a cabalidad con lo dispuesto hasta ahora por los protocolos m�dicos en la materia. En consecuencia, los argumentos expuestos por el recurrente, como posibilidad de exonerarse del requisito de la demostraci�n de la relaci�n de causalidad a trav�s de la teor�a de la causalidad adecuada no resulta posible, pues en el caso se debi� acreditar por lo menos que la acci�n desplegada no fue t�cnicamente acorde con la lex artis del momento hist�rico y que la conducta del sujeto se�alado como autor del da�o hubiera presentado un m�nimo de anormalidad para colegir que por esa raz�n se produjo el da�o, y a partir de ese m�nimo de certeza, bien podr�a aceptarse que ante la imposibilidad de obtener una certeza o exactitud en la materia por la complejidad de los conocimientos ciertos y tecnol�gicos ante la carencia de materiales probatorios, acudir a los indicios, pero para eso es necesario partir de un hecho conocido que relacione el actuar del presunto actor con el da�o, para pasar a un hecho desconocido, la relaci�n causal o el nexo causal, basado en las reglas de la experiencia o en principios cient�ficos o t�cnicos, siendo �stos �ltimos los que en el caso presente no se encuentran acreditados, pero adem�s, no se tiene siquiera indicio de que existan para reclamar del demandado su prueba.

As� lo ha sostenido reiteradamente la Sala Civil de nuestra Corte Suprema de Justicia, cuando indicar: �Ahora bien, para establecer ese nexo de causalidad es preciso acudir a las reglas de la experiencia, a los juicios de probabilidad y al sentido de la razonabilidad, pues solo �stos permiten aislar, a partir de una serie de regularidades previas, el hecho con relevancia jur�dica que pueda ser razonablemente considerado como la causa del da�o generador de responsabilidad civil.

Sin embargo �ha sostenido esta Corte� �cuando de asuntos t�cnicos se trata, no es el sentido com�n o las reglas de la vida los criterios que exclusivamente deben orientar la labor de b�squeda de la causa jur�dica adecuada, dado que no proporcionan elementos de juicio en vista del conocimiento especial que se necesita, por lo que a no dudarlo cobra especial importancia la dilucidaci�n t�cnica que brinde al proceso esos elementos propios de la ciencia �no conocidos por el com�n de las personas y de suyo s�lo familiar en menor o mayor medida a aqu�llos que la practican� y que a fin de cuentas dan, con car�cter general las pautas que ha de tener en cuenta el juez para atribuir a un antecedente la categor�a jur�dica de causa.

En otras palabras, un dictamen pericial, un documento t�cnico cient�fico o un testimonio de la misma �ndole, entre otras pruebas, podr�n ilustrar al juez sobre las reglas t�cnicas que la ciencia de que se trate tenga decantadas en relaci�n con la causa probable o cierta de la producci�n del da�o que se investiga. As�, con base en la informaci�n suministrada, podr� el juez, ahora s� aplicando las reglas de la experiencia com�n y las propias de la ciencia, dilucidar con mayor margen de certeza si uno o varios antecedentes son causas o, como dec�an los escol�sticos, meras condiciones que coadyuvan pero no ocasionan�� Esta caracterizaci�n del nexo causal supone, adem�s, la interrupci�n de una cadena de circunstancias cuando en ella intervienen elementos extra�os tales como los casos fortuitos o los actos de terceros que tienen la virtualidad suficiente para erigirse en el hecho generador del da�o y, por tanto, excluyente de todos los dem�s. Tambi�n se rompe ese nexo de causalidad cuando el da�o es imputable a la v�ctima, pues en muchas circunstancias es ella misma quien da origen a la consecuencia lesiva, bien voluntaria ora involuntariamente, como cuando concurren en ella ciertas particularidades que son obra del infortunio.� Luego, con las pruebas recaudadas no se alcanz� a desvirtuar lo manifestado por el juzgador de primera instancia, pues de ninguna forma se acredit� la falta de diligencia y cuidado en la gesti�n realizada por el galeno demandado, ya que no se acredita que hubiere existido negligencia m�dica, un mal diagn�stico, una falta de atenci�n antes, durante o en forma posterior a la cirug�a y solo se hacen afirmaciones et�reas; o que, la infecci�n sufrida por la demandante fuera responsabilidad del galeno o, intrahospitalaria, ya que al tratarse de una intervenci�n de alto riesgo se escapaba de sus manos el impedir o precaver la infecci�n, como era prevenir el rechazo del objeto extra�o al cuerpo de la actora, o esto fuera posible para lo cual es importante tener en cuenta la �poca en que ocurrieron los hechos, es decir hace ya veinte a�os.

En el punto relacionado con la alegaci�n de que se debi� haber realizado un examen preliminar para determinar si la demandante hubiera tolerado o no el cuerpo extra�o, nada se acredit� sobre si este procedimiento siquiera era viable o factible para el momento, o al menos en estos d�as, como tampoco que el hecho del embarazo fuera otra causa que gener� la infecci�n, pues a lo largo del proceso se tuvo, y no fue desmentido por la actora, que en su oportunidad los ex�menes al respecto preliminares s� se realizaron con un resultado negativo.

Y al no establecerse la presencia de la culpa o negligencia del galeno en el resultado, por ende no puede atribuirse tampoco ninguna responsabilidad frente a la entidad COLSANITAS, por lo anterior se ha de confirmar el fallo de primera instancia DECISION En m�rito de lo expuesto, EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C., en Sala Civil de Decisi�n, Administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley, RESUELVE Primero. CONFIRMAR la sentencia apelada por la parte demandante, proferida el 28 de septiembre de 2012 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Descongesti�n de Bogot� D.C. (proceso originario del Juzgado Diecis�is Civil del Circuito).

Segundo: CONDENAR en costas a la parte apelante de la segunda instancia. Liqu�dense. Para el efecto el magistrado sustanciador fija como agencias en derecho la suma de $ 3.000.000,oo

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE �LVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO Magistrado MARTHA PATRICA GUZM�N �LVAREZ Magistrada LUISA MYRIAM LIZARAZO RICAURTE Magistrada Proyecto discutido y aprobado en sala civil de decisi�n del d�a 15 de agosto de 2013 Folio 259 cuaderno 1 Folio 304 cuaderno 1 Folio 350 a 365 cuaderno 1 Folio 416cuaderno 1 A Folio 270� 274 cuaderno 1 833 cuaderno 2 Folios 841 a 844 cuaderno 2 Folio 854 a 856 Folio 845 a 846 cuaderno 2 Folio 848 Folio 851 a 852 Folio 859 a 861 cuaderno 2 Folio 862 a864 Corte Suprema de Justicia., Sala de Casaci�n Civil.

M.P. Dr. Jos� Fernando Ram�rez G�mez. Sentencia del 30 de enero de 2001., Expediente No. 5507 Folio 116 cuaderno 1 Corte Suprema, Sala de Casaci�n Civil. Sentencia 6878 de 26 de septiembre de 2002. Sentencia CSJusticia 14 de diciembre de 2012 MP. Ariel Salazar Ram�rez. PAGE PAGE 23 Proceso ordinario 110013103016200900223 01 Claudia Helena Hern�ndez contra Compa��a m�dica prepagada COLSANITAS S.A. y otro 01FOPmo��,: D E F G M T [ \ c d � � � � � � � � � � ��ְ��~��ul��h�5�CJ\�h�d�5�CJ\�h+y5�CJ\�h(�5�CJ\� h:CJ hf3CJ h(�CJ h(�aJ h(�CJ aJ hb~CJ aJ h�SDh�SDOJQJh5yhb~OJQJhb~OJQJhEI�hb~OJQJhb~CJ\�]�hb~5�OJQJh�:$hb~5�OJQJ&1P��, - p q � � � � /0=>��gd(�dhgd(�dhgd(�$��dh`��a$gd(� $dha$gd(� $dha$gd(�gd(�gd(�gdb~� � � � � � � �,0=[�� pt��P Q n u x | � � � � � � � � � � ��䵥��u��h�D9B*CJaJmH phsH h�s�B*CJaJmH phsH h�L8B*CJaJmH phsH h3�B*CJaJmH phsH %h�I�h�D9B*CJaJmH phsH h3�CJ h�D9CJh(� h+yCJ h:CJ h(�CJh(�CJaJh(�5�6�CJ\�]�aJ.>�� -O�� !��$dh-D7$8$H$M� ��a$gd�r $dha$gd�r$��dh`��a$gd3� $dha$gd�D9$dh-D7$8$H$M� ��a$gd�D9 $dha$gd(�� +,-156?FHIJgj��"#MNOSabcglm��KL�� r��"h�s�B*CJ\�aJmH phsH +h�I�h�D95�B*CJ\�aJmH phsH (h�s�h�D9B*CJ\�aJmH phsH "h3�B*CJ\�aJmH phsH h�I�h�D9CJaJh3�B*CJaJmH phsH h�s�B*CJaJmH phsH %h�I�h�D9B*CJaJmH phsH , ,/12[ghn�� 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