Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 2004 028 01

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Ana Lucía Pulgarín Delgado

Fecha: 2010-09-13

Sujetos procesales: BANCO COLPATRIA / ALVARO HURTADO VALENCIA

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RADICACI�N No. 2004 028 01 RAD. INT. 3468 PROCEDENCIA JUZGADO 12 CIVIL DEL CIRCUITO DEMANDANTE BANCO COLPATRIA DEMANDADA ALVARO HURTADO VALENCIA CLASE DE PROCESO EJECUTIVO MIXTO MOTIVO DE ALZADA APELACION SENTENCIA Aprobaci�n proyecto 04-08-2010 ASUNTO Procede la Sala a resolver el recurso de apelaci�n formulado por la parte demandada contra la sentencia del 30 de octubre de 2009, proferida por el Juzgado 12 Civil del Circuito, dentro del proceso ejecutivo hipotecario de la referencia.

ANTECEDENTES 1.-La entidad demandante promovi� juicio compulsivo contra el se�or �lvaro Hurtado Valencia, para recaudar, con el producto del remate de la garant�a hipotecaria, el capital entregado en calidad de mutuo, m�s las primas de seguro y sus respectivos intereses moratorios. 2.- A la litis se vincul� directamente la parte demandada quien, en su oportunidad, adujo como medios exceptivos: inoponibilidad del t�tulo valor base de la acci�n, por incorporar un derecho cartular distinto al que realmente corresponde; cobro de lo no debido; reliquidaci�n total de la obligaci�n por enriquecimiento sin causa, todo lo cual con fundamento en que la obligaci�n inicialmente fue adquirida a favor de Corpavi, pero por raz�n de la absorci�n que de dicha entidad hizo la Corporaci�n Colpatria, se produjo el cambio del acreedor, y que, consecuencia de ello el 12 de marzo de 1998, se autoriz� trasladar la obligaci�n a favor de �sta �ltima entidad, m�s no la creaci�n de una nueva, puesto que no existi�, se�ala, �nimo de novaci�n, como tampoco hubo desembolso de dinero; que el cr�dito fue beneficiado con el alivio previsto en la Ley 546 de 1999, el que, �ltimamente, se fij� en la suma de $34.794.952,77, seg�n documentos arrimados, pero que el 2 de febrero de 2002, la entidad demandante, comunic� la reversi�n del mismo, por haber incurrido en mora por m�s de 12 meses, como se desprende de la comunicaci�n del 2 de enero de 2002.

Reclama del mismo modo, que como el cr�dito incorporado en el pagar� base del recaudo, es consecuencia del traslado de la obligaci�n inicial, que ten�a el deudor, ha debido documentarse por $55.000.000, que corresponde a la obligaci�n original, raz�n por la cual, considera, tambi�n, que dicho instrumento negociable es nulo, y que se presenta, as� mismo, un enriquecimiento sin causa, por considerar que el deudor tiene derecho al abono por reliquidaci�n. 3.-El Juzgado de instancia desestim� los medios exceptivos, se�alando al efecto que la novaci�n de la obligaci�n, admitida por el extremo pasivo, seg�n las comunicaciones arrimadas por dicha parte, no estaba prohibida en la �poca que se celebr�; que el pagar� fue diligenciado conforme a las instrucciones otorgados por el deudor; que no se dan los supuestos para considerar la nulidad del t�tulo valor, y que tampoco se probaron los fundamentos de hecho aducidos como soporte de los mismos, pues que el demandado en este asunto no cumpli� con la carga de demostrar que el cr�dito cobrado es de valor superior, al que reclama en sus excepciones, y que, adem�s, el experticio decretado dentro del proceso, no se llev� a cabo por falta de inter�s del extremo pasivo.

De otro lado, dispuso ajustar la orden de pago a la cantidad de UVRs, por las cuales debe seguirse la ejecuci�n. 4.-La sentencia fue recurrida por la parte demandada con base en la exposici�n que se hace en el escrito de sustentaci�n del recurso, reclamando la inoponibilidad del t�tulo al estimar que el pagar� suscrito por el demandado, contempla una obligaci�n diferente a la original, habiendo sido llenado, dicho instrumento, sin conocerse si estaba vinculado o no a la obligaci�n que se demanda; que el referido documento es nulo por haber contravenido normas imperativas relativas a la reliquidaci�n de que trata la Ley 546 de 1999; y por �ltimo, reclama que, en esta instancia, se decrete y practique el dictamen pericial, dejado de recaudar, para demostrar los supuesto alegados en la excepci�n de enriquecimiento sin causa.

CONSIDERACIONES 1.- Los presupuestos procesales se encuentran reunidos a cabalidad y sobre ellos no hay reparo alguno, por lo anterior est�n presentes las condiciones necesarias para proferir sentencia de m�rito que decida de fondo sobre la apelaci�n formulada. 2.- De acuerdo con los precedentes anteriores, con el recurso de apelaci�n se combate la sentencia de instancia, pregon�ndose la prosperidad de los medios exceptivos propuestos en la instancia, y que se centran en replicar la obligaci�n demandada, bajo la consideraci�n de que el t�tulo valor no es oponible al deudor, y que, adem�s de ello, es nulo, y que el derecho incorporado en el mismo, constituye un cobro de lo no debido y un enriquecimiento sin causa, todo lo cual porque, a juicio del censor, la prestaci�n no se ajusta al cr�dito original que ten�a el demandado con la Corporaci�n Corpavi, y por haberse reversado el alivio que, en principio, se hab�a otorgado. 2.- Frente a tales repartos es preciso se�alar que el t�tulo valor cumple con la funci�n legitimadora que habilita a quien lo ha adquirido conforme a la ley de circulaci�n para exigir del deudor la satisfacci�n del derecho que en �l se incorpora (art. 619 CPC), confiri�ndole al tenedor la potestad de exigir la prestaci�n cambiaria, sin necesidad de justificar su ejercicio, pues basta que el instrumento se haya adquirido conforme a la ley de circulaci�n para que el tenedor se legitime y ejercite la acci�n cambiaria derivada del mismo ( 647 C. de Co).

Dicho atributo que confiere el t�tulo al tenedor leg�timo, tiene origen en el contenido del art�culo 625 del C�digo de Comercio, al se�ar que toda obligaci�n cambiaria deriva su eficacia de una firma puesta en un t�tulo valor y de su entrega con la intenci�n de hacerlo negociable, conforme a la ley de circulaci�n, y cuando el t�tulo se halle en poder de persona distinta del suscriptor, se presume la entrega con esa finalidad negocial, inferencia legal que, del mismo modo, se extiende a las instrucciones dadas por el deudor para llenarlo, como lo contempla el precepto 622 ib�dem, y as� como a la causa o negocio originario que le dio vida a su emisi�n. 3.- De acuerdo con lo anterior y lo que arroja el caudal probatorio, en especial los documentos arrimados por el extremo pasivo, es evidente que la obligaci�n documentada en el pagar�, tiene origen en los acuerdos negociales que se llevaron a cabo entre la entidad demandante y el deudor, a fin de documentar la obligaci�n originaria distinguida con el No, 1032318 en el t�tulo valor que se confeccion� con tal fin, y que constituye la base del recaudo ejecutivo, pues de ello da cuenta la misiva que el demandado remiti� a la demandante, con esa intenci�n, desde el 9 de abril de 1997 (folio 176 y 177), aprobado por la acreedora, seg�n respuesta a dichos requerimientos, en carta del 12 de marzo de 1998 (folio 57 y58 C1), de donde se sigue que la deuda incorporada en el pagar� arrimado con la demanda, tiene una causa subyacente l�cita y eficaz, avalada por el propio demandado, quien otorg� el instrumento para atenuar, en parte, la obligaci�n anterior, lo cual, al margen de que la deuda primitiva se hubiese constituido con Corpavi y que por absorci�n de esta por parte de Colpatria, con quien se llev� a cabo el arreglo y la suscripci�n del nuevo t�tulo, no conduce a estimar, como lo considera el extremo pasivo, que la deuda le es inoponible, pues esta figura jur�dica no tiene lugar entre las mismas partes del negocio jur�dico, en este caso, el que dio lugar a la emisi�n del instrumento negociable (art. 901 C. de Co).

En efecto, establecido, como se dijo, que el pagar� fue otorgado por el deudor como consecuencia de su propia iniciativa para recoger, entre otras, la obligaci�n primitiva, seg�n da cuenta la documentaci�n arrimada, es claro que se oblig� literal y aut�nomamente en los t�rminos acordados y aprobados por la acreedora (folio 57 C1), lo que, como producto de la autonom�a privada, dio lugar a la emisi�n del pagar� (arts. 626 y 627 C. de Co), no siendo posible el desconocimiento del derecho as� incorporado, bajo la hu�rfana afirmaci�n de que lo que ha debido documentarse era la obligaci�n antigua, cuando quiera que el monto plasmado en el precitado t�tulo valor, se itera, es consecuencia de lo concertado, por iniciativa del mismo deudor.

As� que producto de esa restructuraci�n de la deuda, haya surgido la constituci�n de una nueva garant�a personal, manteni�ndose la real que ten�a la obligaci�n originaria, nada impide el leg�timo ejercicio de la acci�n cambiaria por parte de la acreedora, ante el nuevo incumplimiento del deudor, zanj�ndose, de esa forma, cualquier debate dirigido a restarle eficacia al t�tulo, bajo las exposiciones de inoponibilidad, nulidad y cobro indebido, alegadas por el recurrente, dado que, como se anot� en precedencia, no es posible desconocer la obligaci�n a cargo del deudor, cuando quiera que los medios de prueba en que se apoya con tal fin, dan lugar a comprender, sin ambages, que la misma es consecuencia de un negocio originario l�cito, sin que se hubiese demostrado la raz�n por la cual el nuevo cr�dito deb�a documentarse en $55.000.000, cuando lo acordado entre las partes, aprobado por el banco y aceptado por deudor, seg�n documento de folios 57 y 58 del C1., fue la creaci�n de un pagar� por valor de $141.942.201,16, carga demostrativa que, frente a la presunci�n legal del t�tulo valor y el negocio originario, le incumb�a al demandado, lo cual no tiene asidero con las simples argumentaciones expuestas al respecto. 4.- En ese orden, es claro que no existen cimientos f�cticos ni jur�dicos diferentes que permitan el enervamiento del derecho sujetivo que reclama la parte actora, pues no aparece probado ninguno de los fundamentos de hecho que se traen a colaci�n en el recurso, razones por las cuales la censura del extremo pasivo no se abre paso y por consiguiente la decisi�n de instancia, habr� de confirmarse.

DECISI�N En m�rito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, D. C., en Sala de Decisi�n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia objeto de apelaci�n, de fecha y procedencia preanotadas. SEGUNDO.- CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandada. T�sense. TERCERO.- Devu�lvase el expediente al Juzgado de origen. NOTIF�QUESE Los Magistrados, ANA LUC�A PULGAR�N DELGADO Rad. No. 2004 028 01 ARIEL SALAZAR RAM�REZ Rad. No. 2004 028 01 LUIS ROBERTO SU�REZ GONZ�LEZ Rad.

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