Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 11001310302320050079901

Sala: SALA CIVIL

Ponente: José Domingo Roncancio Patiño

Fecha: 2010-11-18

Sujetos procesales: CAJA DE CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO EN LIQUIDACIÓN. CESIONARIA COMPAÑÍA DE GERENCIAMIENTO DE ACTIVOS LTDA. / CARLOS EDUARDO CASTRO PINILLA, MARIA CONSUELO CASTRO PINILLA, ANA TERESA CASTRO PINILLA Y CASAUTO LTDA

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Proyecto discutido y aprobado en Sala Civil de Decisi�n, seg�n acta No.008 de fecha 17 de noviembre de 2010. Proceso: Ordinario de enriquecimiento sin justa causa Demandante: CAJA DE CR�DITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO EN LIQUIDACI�N. Cesionaria COMPA��A DE GERENCIAMIENTO DE ACTIVOS LTDA. Demandado: CARLOS EDUARDO CASTRO PINILLA, MARIA CONSUELO CASTRO PINILLA, ANA TERESA CASTRO PINILLA y CASAUTO LTDA. Radicaci�n: 11001310302320050079901 Procedencia: Juzgado Veintitr�s Civil del Circuito de Bogot� Asunto: Apelaci�n de Sentencia Fecha: 18 de septiembre de 2009 Decide el Tribunal el recurso de apelaci�n planteado contra la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia.

ANTECEDENTES I. Mediante libelo presentado el 29 de noviembre de 2005 la CAJA DE CR�DITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO EN LIQUIDACI�N, por intermedio de apoderada judicial, formul� demanda ordinaria de enriquecimiento sin causa en contra de los se�ores CARLOS EDUARDO CASTRO PINILLA, MARIA CONSUELO CASTRO PINILLA, ANA TERESA CASTRO PINILLA y la sociedad CASAUTO LTDA, con el objeto que se declare que existieron relaciones de tipo comercial entre demandante y demandados de tipo crediticio, aprob�ndoseles un cr�dito por valor de U$ 34.505,00, contenido en el pagar� N� 129351 suscrito el 4 de marzo de 1998, present�ndose un enriquecimiento sin justa causa de los deudores y el consecuente empobrecimiento para la demandante como consecuencia de la prescripci�n del pagar�.

En consecuencia solicita que se ordene cancelar por concepto de capital U$ 34.505.00 a raz�n de $2.303,00 cada uno, equivalentes a la suma de $79�465.015.00 o a la tasa representativa del mercado vigente a la fecha de cancelaci�n total de acuerdo a las condiciones contenidas en el pagar� N� 129351, su indexaci�n, el valor de gastos extraprocesales incurridos y los dem�s perjuicios que se demuestren.

Fundamenta sus pretensiones en que los demandados celebraron contrato de mutuo con la demandante, la cual aprob� cr�dito documentario N� 0281030025, para importaci�n de mercanc�a de manera especial de repuestos para automotores, por lo que suscribieron el 4 de marzo de 1998 el Pagar� N� 129351 por valor de U$ 34.505 o su equivalente en moneda nacional que para la �poca de su firma ascend�a a $58�447.843,75, con fecha de vencimiento 14 de septiembre de 1998, obligaci�n cuyo pago incumplieron.

Se�ala que pese a los m�ltiples requerimientos judiciales y extrajudiciales los deudores no se han allanado a cumplir, ni han ofrecido alternativas de pago, ni un acuerdo amistoso, por lo que el 12 de diciembre de 2001 se promovi� proceso ejecutivo en su contra ante el Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogot�, que culmin� con sentencia adversa del 14 de septiembre de 2004 declarando la prescripci�n de la acci�n cambiaria, con la consecuente terminaci�n del proceso.

Se indica que como consecuencia de la no cancelaci�n por parte de los obligados se ha generado un enriquecimiento injustificado en su patrimonio, con el correlativo empobrecimiento patrimonial de la demandante CAJA DE CR�DITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO EN LIQUIDACI�N, por lo que acude a la presente acci�n luego del agotamiento de conciliaci�n prejudicial en la cual no fue posible un acuerdo.

II. Todos los demandados fueron debidamente notificados mediante aviso y a pesar de que todos contestaron y excepcionaron, s�lo se present� de manera oportuna el escrito a nombre de CARLOS EDUARDO CASTRO PINILLA, quien propuso la excepci�n de m�rito de �PRESCRIPCION DE LA ACCION DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA�. III. En auto calendado 29 de octubre de 2008 se tuvo en cuenta cesi�n hecha por la CAJA DE CR�DITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO EN LIQUIDACI�N a favor de CENTRAL DE INVERSIONES S A y a su vez de esta a favor de la COMPA��A DE GERENCIAMIENTO DE ACTIVOS LTDA. LA SENTENCIA APELADA Tramitado el proceso, el juez de primer grado resolvi� la controversia desestimando las pretensiones como consecuencia de hallarse probada la excepci�n de prescripci�n de la acci�n. Fundamenta su decisi�n el funcionario a quo en que el t�rmino a que se refiere el inciso final del art�culo 882 del C.Co. empezaba a correr a partir del d�a siguiente a aquel en que se configur� la prescripci�n de la obligaci�n, esto es, si el t�tulo valor ten�a como fecha de vencimiento el 14 de septiembre de 1988 y su prescripci�n se configur� por ende el 13 de septiembre de 2001, a partir del d�a siguiente empezar�a a correrle al acreedor un a�o para promover la acci�n de enriquecimiento cambiario, la cual estar�a vencida al momento en que se promovi� la demanda el 29 de noviembre de 2005.

Adicionalmente expuso de manera extensa las razones por las cuales la prescripci�n alegada por uno de los demandados beneficiaba a los dem�s, transcribiendo pronunciamiento realizado por esta Corporaci�n. Inconforme con la decisi�n la parte demandante interpone recurso de apelaci�n para que en esta instancia se acceda favorablemente a las suplicas inicialmente elevadas.

FUNDAMENTOS DE LA APELACI�N Soporta su inconformidad la parte demandante, luego de hacer un recuento de los hechos y las pretensiones, en que el t�tulo objeto del litigio se encontraba prescrito al radicarse la demanda por ser uno de los requisitos necesarios para el efecto y que tal situaci�n se present� como consecuencia de la sentencia del 14 de septiembre de 2004 proferida por el Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogot�, con edicto desfijado el 23 de septiembre de 2004, por lo cual se convoc� a audiencia de conciliaci�n el 20 de septiembre de 2005 y se realiz� audiencia el 4 de octubre de 2005, por lo que la acci�n instaurada se hizo dentro de los t�rminos de ley.

Acto seguido pasa a insistir sobre la existencia de los presupuestos necesarios para la procedencia del proceso, pero sin hacer alusi�n alguna respecto a la extensi�n de los efectos de la declaratoria de prescripci�n a favor de los demandados que no excepcionaron en tiempo. CONSIDERACIONES Revisadas las diligencias se obtiene que la relaci�n procesal se ha constituido en legal forma y no se observa vicio en su actuaci�n, por tanto, no existe impedimento procesal alguno para fallar de fondo.

Como el fundamento de la sentencia atacada es la configuraci�n de la excepci�n de prescripci�n y el �nico ataque propuesto a la misma es el que dicha situaci�n no se configur�, sin hacerse alusi�n por la demandante apelante a la extensi�n de los efectos prescriptivos a los demandados no excepcionantes, �ste �ltimo punto, a pesar de serle adverso, no ser� objeto de estudio en vista de su silencio, teniendo en cuenta lo que para el efecto ha acotado la Corte Suprema de Justicia �Dicho en breve, varios son los caminos por los cuales el impugnante puede circunscribir la competencia del superior; uno, el que no ofrece duda alguna, consiste en delimitar expresamente y excluir con toda explicitud alguna zona de la decisi�n, la que por tanto ser�a intangible para el juez ad quem.

Pero no siempre ocurre as�, pues es posible que el abandono del recurrente y por supuesto su asentimiento con la decisi�n de primera instancia venga de la intensi�n o perseverancia con que censura una parte de la decisi�n y el silencio frente a otras resoluciones aparentemente adversas, casos en los cuales mediante la debida interpretaci�n, siempre consultando la defensa de la doble instancia, es posible el hallazgo de restricciones trazadas por el mutismo del apelante frente a una parte de la decisi�n que el ad quem no podr�a examinar con argumentos acu�ados a su antojo, leyendo en el silencio de la parte para descifrar qu� es lo que aquella debi� considerar desfavorable, pero que qued� sumido en el arcano de donde no puede ser rescatado por el juez.

Por supuesto que la labor de indagaci�n por el alcance de la apelaci�n ha de hacerse en cada caso, pues solo con vista en los perfiles de cada controversia y examinando la especificidad textual de cada sustentaci�n y el contexto de la misma, puede saberse la cobertura y dimensi�n del acto de imputaci�n. Como corolario de todo lo dicho, queda la afirmaci�n de que el juez de segundo grado no es libre en la definici�n de los contornos de su competencia, ni puede concretar sin ataduras �qu� es lo desfavorable al apelante�, para atraer una competencia de la que carece o desde�ar una que n�tidamente le ha sido atribuida, no solo por la ley, sino por el acto procesal de parte que le transmite la desaz�n del litigante frente al fallo.

Tal es el genuino sentido del principio tantum devolutum quantum apelattum, de este modo ya no es posible la apelaci�n general (appellatio generalis respectu causae non valet), pues la exigencia legal de sustentaci�n del recurso de apelaci�n impide que hoy haya el tipo de apelaci�n �apud acta� en el que bastaba con decir �apelo�.  Ya en concreto, la diferencia conceptual entre el fallador y el impugnante se genera al establecer a partir de cuando se computa el t�rmino de un a�o concedido por el inciso final del art�culo 882 del C.Co. para ejercer la acci�n de enriquecimiento cambiario, esto es, si en el momento en que se cumple el t�rmino prescriptivo contemplado para el ejercicio de la acci�n cambiaria, como se consigna en la sentencia, o si por el contrario ocurre cuando existe pronunciamiento en firme respecto a la configuraci�n de dicha prescripci�n, como lo expone la apelante.

Para el efecto es conveniente reproducir el inciso final del art�culo Art. 882 del C. Co., el cual reza: ��Si el acreedor deja caducar o prescribir el instrumento, la obligaci�n originaria o fundamental se extinguir� as� mismo; no obstante, tendr� acci�n contra quien se haya enriquecido sin causa a consecuencia de la caducidad o prescripci�n. Esta acci�n prescribir� en un a�o��.

De la revisi�n textual de la norma aparece con claridad que la acci�n de enriquecimiento cambiario no es subsecuente de la acci�n cambiaria, sino que ambas tienen diferente connotaci�n, toda vez que mientras la primera va encaminada a hacer efectivos los derechos incorporados en el t�tulo mediante el cobro ejecutivo, la segunda est� concedida para el acreedor descuidado que dej� prescribir el instrumento, ya sea por no haber accionado o cuando habi�ndolo hecho dej� que se configurara tal figura adversa a sus intereses.

Por lo tanto no puede pretenderse que la acci�n que aqu� se define sea una extensi�n u oportunidad adicional para cuya procedencia tenga que haberse adelantado con antelaci�n, como si se tratase de un requisito de procedibilidad, un cobro ejecutivo dentro del cual exista una soluci�n insatisfactoria para el acreedor ante la ocurrencia de la extinci�n de la obligaci�n como consecuencia del fen�meno prescriptivo.

En tal sentido se ha pronunciado de manera reiterada la Corte, advirtiendo en reciente fallo que se transcribe en extenso por su importancia para los resultados de esta instancia: Ahora, dadas las repercusiones en torno al momento a partir del cual se debe contabilizar el t�rmino a que alude el art�culo 882 del C�digo de Comercio, cabe preguntarse si es necesario que se declare judicialmente el decaimiento del derecho como consecuencia de haber operado la caducidad o la prescripci�n; o si, por el contrario, basta con que se cumplan las condiciones de la primera o que fenezcan los t�rminos de la segunda para liberar el inicio de dicho conteo.

Al respecto, la Corte en sentencia del 14 de marzo de 2001 asent�: �En relaci�n con este particular es preciso se�alar que al impetrar en este proceso la parte demandante la acci�n de enriquecimiento sin causa, acepta que tanto la acci�n ordinaria como la cambiaria han caducado o prescrito, punto por lo dem�s pac�fico en el presente tr�mite, dado que son presupuestos de dicha acci�n, sin que esto signifique que se exija, por lo dem�s sin norma expresa, un pronunciamiento judicial sobre dicha prescripci�n, porque ser�a imponer un requisito que la ley no contempla ( ).

Corolario de lo anterior es que si bien es cierto la excepci�n de prescripci�n no puede ser declarada de oficio por el juzgador sino que tiene que ser solicitada por la parte, sin embargo los t�rminos para que dicho fen�meno ocurra est�n se�alados por el legislador y deben ser contabilizados como lo se�ala la misma ley, art�culo 829 del C�digo de Comercio, es decir, que para el caso que ocupa la atenci�n de la Corte el a�o fijado en el art�culo 882 tantas veces citado empieza a correr desde el d�a en que haya caducado o prescrito el instrumento sin que se requiera declaraci�n judicial de prescripci�n respecto de la acci�n cambiaria�.

As� mismo, refiri�ndose al tema, connotados tratadistas han concurrido a clarificar el punto. As�, H�ctor C�mara precisa: �Estos medios extintivos o impeditivos de las relaciones jur�dicas no obran ex officio; sin embargo, resulta suficiente demostrar se hayan extinguidas (sic) por el transcurso del tiempo o el incumplimiento de las cargas legales, de acuerdo a la l�gica y el buen sentido.

Nada justifica mandar promover una acci�n para que se oponga la excepci�n de prescripci�n o caducidad, con dispendio de tiempo y gastos� (letra de cambio y vale o pagar�. Tomo III, p�g. 451, Buenos Aires). 3. Ahora, no existen circunstancias que persuadan a la corporaci�n para variar su postura doctrinal, cuando, al contrario, los aspectos determinantes de su criterio sobre el punto contin�an en vigor.

Y es que refrendar la pretensi�n de establecer como requisito para que opere la acci�n de enriquecimiento cambiario, la adopci�n de una sentencia que declare la prescripci�n, previamente alegada por el deudor, genera incertidumbre e indefinici�n de los derechos por cuenta de quien ha sido omisivo en el ejercicio de sus potestades, pues es tanto como autorizarlo para que en cualquier momento, aun de manera manifiestamente tard�a, inicie un proceso ejecutivo, solamente con la perspectiva de intentar rescatar la acci�n de enriquecimiento; por supuesto, que mirar as� las cosas es extenderle a ese acreedor negligente la posibilidad de decidir cu�ndo y bajo qu� circunstancias precipita la ejecuci�n, controlando as� aun de manera caprichosa el manejo de los tiempos o la �poca de iniciaci�n de la respectiva acci�n coactiva, con miras a viabilizar posteriormente esta otra reclamaci�n, obviamente con el notorio detrimento de la seguridad jur�dica.

No puede distraerse la atenci�n en cuanto que el prop�sito del legislador al fijar t�rminos u oportunidades, para la realizaci�n de ciertos actos, busca, esencialmente, combatir que las situaciones que ata�en a los procesos o efectividad de los derechos, queden en la indefinici�n o incertidumbre, o entronicen el pleno arbitrio de una de las partes; aspecto que no se lograr�a al conceder al acreedor-demandante la posibilidad de decidir cu�ndo da inicio al proceso ejecutivo y a partir de ello controlar el momento en que se inicia el c�mputo del t�rmino previsto en el art�culo 882.

Reitera, pues, la Sala que no hay necesidad de la sentencia ejecutiva previa a la actio in rem verso, en donde se evidencie la extinci�n de la acci�n cambiaria en raz�n a la prescripci�n o la caducidad, pues la norma evocada no contempla tal requisito; tampoco surge de la naturaleza de una u otra instituci�n, pues de ordinario el cumplimiento de las obligaciones no es el fruto del cobro coercitivo sino la consecuencia de un comportamiento espont�neo del deudor, quien para honrar sus compromisos no tiene, inevitablemente, que verse compelido por una orden judicial; en regla de principio, las deudas se satisfacen sin la intervenci�n del aparato estatal, las personas contratan o adquieren compromisos no pensando en la coacci�n para satisfacerlas; por ello, no puede aceptarse que el legislador haya incorporado como condicionante de la acci�n de enriquecimiento el que se hubiese proferido decisi�n judicial como referente para la contabilizaci�n del t�rmino extintivo de esta acci�n. Desde luego, atendiendo el acontecer normal de las cosas, es dable colegir que quien no ha acudido a los mecanismos ordinarios o legales de pago pretende hacer valer en su favor la prescripci�n en caso de que el acreedor no reclame oportunamente lo suyo.

El tiempo a partir del cual debe contabilizarse la oportunidad l�mite para aducir a la jurisdicci�n la respectiva acci�n de enriquecimiento, lo prev� con meridiana claridad la ley mercantil (art. 882), y no es otro que el vencimiento previsto por la normatividad respectiva para que sobrevenga la prescripci�n, cuando de ella se trate, como en este caso; esto es, se insiste, que no involucra sino el vencimiento del lapso de tiempo fijado, sin que sea menester un pronunciamiento adicional de funcionario alguno. Ahora, asevera el casacionista que el art�culo 882 del C�digo de Comercio, contempla dos hip�tesis, una cuando el t�rmino sobreviene antes de la presentaci�n de la demanda; y, la otra, cuando se intenta el cobro ejecutivo, pero se declara la prescripci�n alegada por el ejecutado, supuesto en el cual, seg�n el censor, comporta contabilizar el t�rmino a partir de la sentencia correspondiente; empero, ese discernimiento no es plenamente ajustado a la realidad, pues del texto del art�culo referido se desprende cosa diferente.

En efecto, la norma prev�: � Si el acreedor deja caducar o prescribir el instrumento, la obligaci�n originaria o fundamental se extinguir� asimismo; no obstante, tendr� acci�n contra quien se haya enriquecido sin causa a consecuencia de la caducidad o prescripci�n. Esta acci�n prescribir� en un a�o�. Como di�fanamente se aprecia no hay all� distinci�n de ninguna �ndole, ni hay cabida para un ejercicio hermen�utico como el propuesto por el recurrente.

En verdad, quien por incuria o negligencia deja prescribir la acci�n cambiaria luego de haber incoado el proceso ejecutivo respectivo, incurre en un descuido grave que puede afectar no solamente dicha acci�n, sino, tambi�n esta otra, vale decir, la de enriquecimiento. No obstante, se trata de una dejadez que ninguna relaci�n tiene ya con el rigor cartular o con las exigencias formales de los t�tulos valores que obran en favor de los obligados.

Aqu� la prescripci�n deviene por una inexplicable omisi�n del tenedor, hip�tesis en la cual no puede prevalecerse de aquel excepcional remedio. Justamente, por tal raz�n, la norma evocada en manera alguna trae la perspectiva descrita por el censor, pues de su texto no se vislumbra siquiera la posibilidad de que la acci�n de enriquecimiento deba adelantarse luego de la caducidad o prescripci�n decretadas por funcionario judicial y al no consagrarlo en t�rminos precisos el legislador, ni surgir de la propia naturaleza de uno u otro instituto, la Corte no puede, ni considera viable, adoptar ese criterio.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el cargo no prospera�. Aunque en principio se acoge el anterior planteamiento jurisprudencial, en el sentido de que la procedencia de la acci�n de enriquecimiento cambiario no requiere de declaratoria judicial de prescripci�n del t�tulo, considera conveniente la sala hacer claridad respecto a dos situaciones concretas: De un lado cuando el t�tulo se deja prescribir sin acudir al ejercicio de la acci�n cambiaria, caso en el cual no existe duda que el t�rmino de un a�o concedido para el ejercicio de la acci�n de enriquecimiento cambiario no puede tener otro inicio que el del d�a siguiente a la fecha en que se configur� la prescripci�n del instrumento y consecuentemente de la obligaci�n originaria, lo que de entrada hace innecesario exigir la aportaci�n de un fallo adverso como presupuesto para su procedencia. Es que no se puede olvidar que la prescripci�n a la luz del art�culo 2512 del C�digo Civil �es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse pose�do las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los dem�s requisitos legales�, de donde se concluye que si el art�culo 789 del C.Co. consagra la prescripci�n de la acci�n cambiaria solamente por el transcurso de tres a�os, se�alando expresamente que se cuentan �a partir del d�a del vencimiento�, sin que se establezcan condicionamientos, no le est� dado al fallador hacerlos y establecer como requisito para admitir el tr�mite o proferir fallo favorable, el que exista una decisi�n en firme reconociendo una situaci�n ya consolidada como lo es la configuraci�n de la prescripci�n. Tan es as� lo expuesto, que el hecho de que un t�tulo valor no haya sido presentado para el cobro dentro de los t�rminos establecidos por la normatividad comercial para el efecto, da derecho a que el acreedor descuidado acuda como remedio a una nueva etapa procesal, pero advirtiendo que esta nueva oportunidad s�lo puede ejercerla dentro del a�o siguiente al vencimiento del plazo que tuvo para ejercer la acci�n cambiaria, sin que haya necesidad de que agote dicho tr�mite, extendi�ndosele as� la oportunidad de su futura satisfacci�n de la obligaci�n, mas no de manera indefinida.

Empero es otra la situaci�n del acreedor que promueve oportunamente la acci�n cambiaria, en cuyo tr�mite y por diferentes causas se configura la prescripci�n ante su prolongaci�n en el tiempo, toda vez que desde el momento de presentaci�n de la demanda y hasta que se profiera decisi�n de fondo existe una expectativa de efectividad de la obligaci�n, que solo se desvirt�a con la ejecutoria de la decisi�n de fondo adversa, momento a partir del cual empezar�a a correr el lapso del a�o establecido para el ejercicio de la acci�n de enriquecimiento cambiario.

No otra puede ser la situaci�n si tenemos en cuenta que mientras est� en curso dicho tr�mite en su devenir se puede configurar la interrupci�n de la prescripci�n, su renuncia, el reconocimiento de las obligaciones por parte de los deudores o sencillamente que no sea invocada como excepci�n por los ejecutados, lo que dar�a lugar a que no se surtieran sus efectos sino a partir del pronunciamiento judicial que la declara.

Lo anterior teniendo en cuenta que no se puede pretender que cuando est� en curso un proceso de ejecuci�n promovido oportunamente, le est� corriendo simult�neamente el t�rmino para adelantar la acci�n de enriquecimiento cambiario, si no existe certidumbre sobre la declaratoria de prescripci�n del instrumento. Tal situaci�n no puede tenerse como una extensi�n o ampliaci�n arbitraria de los t�rminos para el ejercicio de la acci�n de enriquecimiento, en cuanto hasta el �ltimo d�a del plazo para promover la acci�n cambiaria se puede acudir con �xito a la misma, sin que haya lugar a pretender que el acreedor deba optar por acudir a dicha v�a o simplemente si est� muy pr�ximo su vencimiento se deje prescribir para poder promover la acci�n del inciso final del art�culo 882 del C.Co., disyuntiva que ser�a inadmisible.

Realizadas las anteriores precisiones es del caso analizar la situaci�n presentada en este tr�mite, teniendo en cuenta que la fecha de vencimiento consignada en el pagar� N� 129351 es el 14 de septiembre de 1998, sin que se observe en el mismo alguna pr�rroga, renovaci�n o estipulaci�n que lo altere. En consecuencia el t�rmino para poder ejercer la acci�n cambiaria, sin que existieran reparos para su declaratoria de prescripci�n, al menos en principio, hubiera sido hasta el 13 de septiembre de 2001, por lo que a partir del siguiente d�a y hasta el 13 de septiembre de 2002 se hubiera podido ejercer la acci�n de enriquecimiento cambiario en los t�rminos antes expuestos, la que s�lo fue promovida el 19 de noviembre de 2005, esto es, a m�s de seis a�os de haberse vencido la oportunidad para formularla, sin que sirva de excusa el que con anterioridad se estaba adelantando el proceso ejecutivo en el cual se declar� probada la excepci�n de �Prescripci�n de la acci�n cambiaria�, por cuanto cuando el mismo se inicio dicha situaci�n ya se hab�a configurado si tenemos en cuenta lo afirmado por la apoderada de la parte demandante al se�alar, en la demanda y en el recurso de apelaci�n interpuesto, que la demanda que dio inicio al proceso ejecutivo ante el Juzgado 35 Civil del Circuito se present� el 12 de diciembre de 2001, esto es con tres meses de retardo.

Quiere decir lo anterior que la entidad acreedora pretendi�, sin lograrlo, obtener la satisfacci�n coercitiva de la obligaci�n a la espera del silencio de los demandados, cuando ya se hab�a configurado una situaci�n extintiva de la obligaci�n y desperdiciando el tiempo que le hab�a concedido la ley para su posible reactivaci�n mediante el ejercicio de la acci�n de enriquecimiento cambiario.

Por las mismas razones no puede alegarse la interrupci�n de la prescripci�n en el presente caso en vista de la citaci�n a conciliaci�n extraprocesal, toda vez que dicho tr�mite se agot� tambi�n cuando ya hab�a vencido con mucha antelaci�n la oportunidad para promover la presente acci�n, lo que hace innecesario su estudio. Vistas as� las cosas no queda otro camino diferente a confirmar el fallo atacado, advirtiendo que se condenar� en costas a la parte apelante.

DECISI�N Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, D.C., en Sala de Decisi�n Civil de Descongesti�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Veintitr�s Civil del Circuito de Bogot� de fecha 18 de septiembre de 2009 en el asunto de la referencia.

SEGUNDO: Condenar en costas en segunda instancia a la parte demandante. T�nganse en cuenta para el efecto agencias en derecho por la suma de $800.000,00. T�sense.

SEXTO: VUELVA el expediente al juzgado de origen en oportunidad procesal. C�PIESE, NOTIF�QUESE Y C�MPLASE, JOS� DOMINGO RONCANCIO PATI�O MAGISTRADO JAIME CH�VARRO MAHECHA MAGISTRADO (CON SALVAMENTO DE VOTO) MANUEL PARADA AYALA MAGISTRADO SALVAMENTO DE VOTO Ref.: Proceso Ordinario de la Caja de Cr�dito Agrario Industrial y Minero, en liquidaci�n, contra Carlos Eduardo Castro Pinilla y otros.

No. 11001 31 03 023 2005 00799 01. _____________________________________________________ Con el debido respeto a los Honorables Magistrados que integran la Sala, me aparto de la decisi�n aprobada respecto de la confirmaci�n del fallo de primer grado que profiri� el se�or Juez 23 Civil del Circuito de este Distrito Capital el d�a 18 de septiembre de 2009, en el interior del proceso de la referencia, por cuanto estimo que al amparo del ordenamiento jur�dico patrio esa sentencia debi� revocarse para, en su lugar, declarar la improsperidad de la excepci�n de prescripci�n que acogi� el a quo y, a rengl�n seguido, abordar el estudio de la cuesti�n material referida a la acci�n promovida por la Caja demandante.

Al efecto, me permito puntualizar: La funci�n p�blica de administrar justicia, prevista en el precepto 228 de la Carta Fundamental, impone a los Jueces someterse al imperio de la ley; no obstante, se permite sopesar �la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina�, como criterios auxiliares de la actividad judicial.

En desarrollo de ese canon supralegal, he seguido las ense�anzas de la Corte Suprema de Justicia, particularmente las de su Sala Civil de Casaci�n, que se�alan el sendero para proveer sobre el efectivo reconocimiento de los derechos sustanciales de quienes acuden a la jurisdicci�n. Pero, con ocasi�n del presente asunto que se someti� a mi particular escrutinio como Magistrado, debo apartarme de los argumentos que ha expuesto ese Tribunal de Casaci�n en punto a controversias semejantes a la aqu� planteada y que se sirvi� de norte a la fundamentaci�n de la decisi�n con la que no convengo, porque estimo que el t�rmino de prescripci�n que contempla el inciso final del art�culo 882 del C�digo de Comercio no puede contabilizarse desde el d�a en que haya prescrito el t�tulo valor, sino a partir del momento de ejecutoria de la providencia que reconoce la prescripci�n que trata el art�culo 789 ib�dem.

Ni el art�culo 882 de esa codificaci�n, ni norma positiva alguna, fijan expresamente el momento a partir del cual empieza a correr dicho t�rmino, como s� se se�ala para otras situaciones, v. gr., ese precepto 789; aquella aparente omisi�n, dio lugar al desarrollo jurisprudencial memorado por el se�or Magistrado Ponente en su providencia de m�rito y que la sustent�.

Pero es que no se trata aqu� de introducir requisitos de procedibilidad en aras del ejercicio de la referida acci�n legal porque, en mi sentir, la interpretaci�n de las normas que integran el ordenamiento positivo, a prop�sito de tal pleito, debe orientarse a darle oportunidad de debate a la parte en punto a estructurar los presupuestos axiol�gicos de la actio in rem verso en su versi�n cambiaria, lo que efectivamente se logra con el conteo del t�rmino previsto en el inciso final del precepto 882 en cita, a partir de la ejecutoria del fallo que reconozca la prescripci�n de la acci�n cambiaria, hermen�utica que de todas maneras no se opone a ning�n derecho reconocido en la Constituci�n Pol�tica o en la Ley, am�n que en manera alguna puede estigmatizarse al promotor de esa acci�n, pues cierto es que tal ordenamiento supralegal presume la buena fe en las actuaciones de los particulares surtidas ante las autoridades p�blicas, adem�s que el patrimonio del acreedor no se merma, ni el del deudor se enriquece, mientras no medie declaraci�n judicial de prescripci�n extintiva en favor de �ste, pues la sola consumaci�n del respetivo t�rmino no da pie a tales efectos, porque bien puede suceder que cumplida la prescripci�n se renuncie a ella (a. 2.514 c.c.).

Ahora bien, los t�rminos previstos en los art�culos 789 y 882 ya mencionados son aut�nomos, de manera que no puede sostenerse que uno sea la extensi�n del otro, o que �ste �ltimo se convierta en una oportunidad adicional para el ejercicio de los derechos, si se tiene en cuenta que ambos se encuentran con independencia, uno del otro; claro, que el del precepto 882 inicia luego de la declaraci�n judicial que se realiza a consecuencia del fenecimiento del t�rmino consagrado en el art�culo 789.

En tal sentido, la excepci�n de prescripci�n que se formul� en el interior del presente proceso declarativo debi� desecharse, porque si la sentencia del proceso ejecutivo que declar� probada la prescripci�n de la acci�n cambiaria caus� ejecutoria a finales del mes de septiembre de 2004 (v�anse, constancia secretarial sobre desfijaci�n del edicto y hecho 6� de la demanda �folios 24 y 27 del primer cuaderno-) y la solicitud de conciliaci�n extrajudicial en derecho que present� la Caja demandante (fols. 15 a 17, cuad. 1�) suspendi� el t�rmino de la prescripci�n que corr�a, la presentaci�n de la demanda ordinaria y la notificaci�n de los demandados surtida dentro de los t�rminos legales, no daba lugar al reconocimiento de la memorada excepci�n de m�rito.

En las indicadas circunstancias es palmar que el prop�sito de la apelaci�n, as� consideradas las condiciones del pleito, en general, ha debido alcanzar el fin propuesto, por lo que la revocatoria integral de la sentencia impugnada se impon�a. JAIME CH�VARRO MAHECHA Magistrado Fecha Ut supra  Sentencia n�mero2001-00585 del 8 septiembre 2009, Corte Suprema de Justicia, sala civil, M. P. Edgardo Villamil Portilla.  El art�culo 789 del C.Co. establece: �La acci�n cambiaria directa prescribe en tres a�os a partir del d�a del vencimiento.�  Sentencia de casaci�n, 19 de diciembre de 2007.

Expediente 20001-3103-001-2001-00101-01. Magistrado Ponente: Dr. Pedro Octavio Munar Cadena     Rep�blica de Colombia  Tribunal Superior de Bogot� D.C. Sala Civil de Descongesti�n  PAGE \* MERGEFORMAT 8 11001310302320050079901 *89qr|���������������  ��ɽ�������|obU|bob�h�%�5�CJOJQJ^Jh�,�5�CJOJQJ^JhS�5�CJOJQJ^JhRy�5�CJOJQJ^Jh*Y�h!;�5�CJOJQJ^Jh�dJCJOJQJ^Jh��CJOJQJ^Jh �CJOJQJ^Jh�{�CJOJQJ^J0jh*Y�h�)�CJOJQJU^JmHnHuh*Y�h�{�CJOJQJ^Jh*Y�h!;�CJOJQJ^J89er����  s t � ��������������� $���]���a$gd13A$���dh]���a$gd!;� ���dh]���gda� ���dh]���gd!;�$���dh]���a$gd!;��������dh]���^��`��gd ����� ��dh]���^� `��gdv�$���dh]���a$gdv��k�y���� M O P Z [ \ ` j r  � � * 6 � � � � � � � � � � � � � � � �     / 6 8 ���۹�۹���쨹����샗�����r��a� hLl5�6�CJOJQJ^JaJ h�5�6�CJOJQJ^JaJ&h*Y�h13A5�6�CJOJQJ^JaJ h�965�6�CJOJQJ^JaJ hB{�5�6�CJOJQJ^JaJ hS�5�6�CJOJQJ^JaJ hRy�5�6�CJOJQJ^JaJ h�,�5�6�CJOJQJ^JaJ&h*Y�h!;�5�6�CJOJQJ^JaJ%� + � �  / O P Q � � � ���������xl $���]���a$gd!;�$���dh]���a$gd!;�$ ��dha$gd!;�$���dh*$]���a$gd!;�$����L���]���^�L`���a$gdJ~�$����L���]���^�L`���a$gd13A���]���gd13A$����O���]���^�O`���a$gd�]�$����L���]���^�L`���a$gd�]� 8 < F G M N O P Q � � � � � � 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