66001220400020240011800 · Tribunal de Pereira

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(�) La jurisprudencia constitucional es contundente al resaltar el car�cter subsidiario y residual de la acci�n constitucional, y que la misma solo es procedente de manera supletoria, es decir, cuando no existan otros medios ordinarios de defensa judicial� PERJUICIO IRREMEDIABLE / REQUISITOS De igual manera la jurisprudencia constitucional� ha plasmado: �� para determinar la existencia de un perjuicio irremediable, que pueda superar el requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional ha establecido que (i) el perjuicio debe ser inminente, es decir, no basta con que exista una mera posibilidad de que se produzca el da�o;

(ii) el perjuicio que se cause sea grave, lo que implicar�a, en consecuencia, un da�o de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) las medidas que se requieran para evitar la configuraci�n sean urgentes; y (iv) la acci�n es impostergable�� DERECHO DE PETICI�N / FINALIDAD DOBLE / FORMULAR SOLICITUDES / OBTENER RESPUESTA PRONTA Y DE FONDO � en relaci�n con el derecho de petici�n, ha se�alado la Corte Constitucional, que �tiene una finalidad doble: por un lado, permite que los interesados eleven peticiones respetuosas a las autoridades y, por otro, garantiza una respuesta oportuna, eficaz, de fondo y congruente con lo solicitado.

Ha indicado la Corte que �(�) dentro de sus garant�as se encuentran (i) la pronta resoluci�n del mismo, es decir que la respuesta debe entregarse dentro del t�rmino legalmente establecido para ello; y (ii) la contestaci�n debe ser clara y efectiva respecto de lo pedido� REP�BLICA DE COLOMBIA PEREIRA-RISARALDA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA SALA N� 2 DE DECISI�N PENAL Magistrado Ponente: CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Pereira, veintis�is (26) de septiembre dos mil veinticuatro (2024) Acta de Aprobaci�n No. 997 Hora: 11:52 a.m. Radicaci�n: 66001220400020240011800 1.- VISTOS Procede la Sala a decidir la ACCI�N DE TUTELA instaurada por la se�ora SANDRA ISABEL ORD��EZ GRAJALES contra la FISCAL�A 15 SECCIONAL (SIC) DE PEREIRA (RDA.), al considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, de petici�n y acceso a la Administraci�n de Justicia. 2.- SOLICITUD Informa la se�ora ORD��EZ GRAJALES que a consecuencia de haber sido v�ctima de una suplantaci�n de identidad, ya que la Secretar�a de Hacienda de Pereira le cobra impuestos de un veh�culo que figura a su nombre, lo cual desconoce, en abril 19 de 2024 interpuso denuncia penal, radicada al Nro. 1523861000213-2014-10503, asignada a la Fiscal�a 15 de Pereira, y al no haber sido contactada para ampliar la denuncia pese a la urgencia de dicha investigaci�n, elev� petici�n en agosto 13 de 2024, a la que no se le da ha dado respuesta, por lo que estima vulnerados los derechos fundamentales invocados, cuya protecci�n reclama.

Pide en consecuencia se le ordene a la Fiscal�a 15 Seccional de Pereira que d� respuesta a la petici�n elevada. 3.- CONTESTACI�N La acci�n constitucional inicialmente fue asignada al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Duitama (Boyac�), cuyo titular por auto de septiembre 18 de 2024, declar� su incompetencia, por lo cual remiti� la actuaci�n a esta Sala, en la que, A PREVENCI�N, por auto de septiembre 19 de 204 se avoc� la misma y se corri� traslado a la Fiscal�a 15 Seccional y con posterioridad se dispuso la vinculaci�n de la Fiscal�a 6 Local de Dosquebradas.

Al respecto se recibieron las siguientes respuestas: -. Por parte del fiscal 15 local de Pereira, solo se dio traslado a la Sala de correo que en septiembre 22 de 2024 remiti�, entre muchos otros, a la fiscal 6 local de Dosquebradas, donde se�ala que aunque se vincula a la Fiscal�a 15 Seccional, esta nada tiene que ver con el asunto, y al verificar la trazabilidad de la investigaci�n con radicaci�n N� 1523861000213-2014-10503 se advierte que en abril 19 se asign� a la Fiscal�a 15 Local, de donde se le dio traslado al despacho de conocimiento -enti�ndase la Fiscal�a 6 Local de Dosquebradas- en abril 23, por lo que dicho despacho no tuvo conocimiento de la petici�n que al parecer elev� la tutelante en agosto 13 de 2024, y dispuso su traslado de la solicitud a ese despacho. -.

Por parte de la titular de la Fiscal�a 6 Local de Dosquebradas, luego de hacer alusi�n a los hechos denunciados por la se�ora SANDRA ORD��EZ, refiere que de lo arrimado a la tutela no se aprecia trazabilidad de correos enviados a su despacho para indicar que se vulner� su derecho de petici�n, en tanto solo aparece uno remitido de la Fiscal�a 15 Local, pero no obstante ante lo solicitado, en su momento le enviar� respuesta a lo pedido.

Agrega, que la Fiscal�a 15 Local no es la instructora de la investigaci�n, sino una de asignaciones, y aporta copia de pantallazos de m�ltiples denuncias que la se�ora SANDRA ORD��EZ ha impetrado por hechos similares. 4.- PRUEBAS Se tuvieron en cuenta los documentos aportados por cada una de las partes. 5.- Para resolver, SE CONSIDERA El Tribunal es competente para fallar este caso de conformidad con la facultad consagrada en la Constituci�n Pol�tica en su art�culo 86 y en los Decretos 2591/91 y 1382 de 2000, modificado por el 1069 de 2015 y este a su vez por el 1983 de 2017 y el 333 de 2021. 5.1.- Problema planteado Le corresponde establecer a esta Sala de Decisi�n si ha existido en el presente evento violaci�n a los derechos fundamentales de la accionante; en caso afirmativo, determinar cu�l es la actuaci�n que deben realizar las entidades involucradas, a efectos de cesar dicha vulneraci�n. 5.2.- Soluci�n De acuerdo con el art�culo 86 de la Constituci�n Pol�tica, toda persona podr� acudir a la tutela para reclamar la protecci�n a sus derechos constitucionales fundamentales, y proceder� contra toda acci�n u omisi�n de las autoridades p�blicas, o particulares seg�n se trate, siempre que: �el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aqu�lla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable�.

Se advierte entonces que la acci�n de tutela ha sido por excelencia el medio m�s expedito en materia de protecci�n de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano logr� optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin discriminaci�n alguna. La jurisprudencia constitucional es contundente al resaltar el car�cter subsidiario y residual de la acci�n constitucional, y que la misma solo es procedente de manera supletoria, es decir, cuando no existan otros medios ordinarios de defensa judicial a los cuales se pueda acudir, y no sea usada como una forma de evadirlos: �[�] La acci�n de tutela es un mecanismo de protecci�n de derechos fundamentales cuyas caracter�sticas y condiciones son definidas por la misma Carta Pol�tica.

Dentro de estos requisitos se encuentran la subsidiariedad y la inmediatez. El primero est� relacionado con la necesidad que en cada caso concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro mecanismo de protecci�n de sus derechos o que, en raz�n a la inminencia de un perjuicio irremediable, dicho instrumento pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prev� la procedencia excepcional y transitoria. El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta perspectiva, consiste en impedir que la acci�n de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicaci�n, se convierta en un mecanismo principal de protecci�n de los derechos fundamentales�. De igual manera la jurisprudencia constitucional, en relaci�n con la existencia del perjuicio irremediable, ha plasmado: �32.

El art�culo 8 del Decreto 2591 de 1991 dispone que �aun cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acci�n de tutela proceder� cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable� (subraya por fuera de texto). La jurisprudencia de esta Corte ha definido el perjuicio irremediable como �el riesgo de consumaci�n de un da�o o afectaci�n cierta, negativa, jur�dica o f�ctica, a los derechos fundamentales, que debe ser invocada por el juez constitucional, dada la alta probabilidad de su ocurrencia�. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha indicado que �si la Constituci�n Pol�tica no consagrase el car�cter subsidiario de la acci�n de tutela, se vaciar�an de contenido lo mecanismos de defensa judicial dispuestos por el ordenamiento jur�dico�. 33.

Ahora bien, para determinar la existencia de un perjuicio irremediable, que pueda superar el requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional ha establecido que (i) el perjuicio debe ser inminente, es decir, no basta con que exista una mera posibilidad de que se produzca el da�o; (ii) el perjuicio que se cause sea grave, lo que implicar�a, en consecuencia, un da�o de gran intensidad sobre la persona afectada;

(iii) las medidas que se requieran para evitar la configuraci�n sean urgentes; y (iv) la acci�n es impostergable, es decir, en caso de aplazarse la misma sea ineficaz por inoportuna.� En este caso, la se�ora SANDRA ISABEL ORD��EZ GRAJALES concurre ante el juez constitucional con el fin de lograr que se culmine con una situaci�n que a su modo de ver atenta contra sus derechos fundamentales de petici�n, debido proceso y de acceso a la Administraci�n de Justicia, como quiera que por parte de la Fiscal�a 15 Seccional de Pereira -contra la cual interpuso la acci�n, no obstante se estableci� que la misma era de �ndole Local-, no se ha impulsado la investigaci�n con ocasi�n de la denuncia que instaur� en abril 19 de 2024, ni se le dio respuesta a la petici�n elevada en agosto 13 de 2024.

En relaci�n con los derechos que invoca como afectados la accionante, se tiene que en lo relativo al debido proceso, acorde con el dispositivo 29 Superior, el mismo se entiende �[�] como �la oportunidad reconocida a toda persona, en el �mbito de cualquier proceso o actuaci�n judicial o administrativa, de ser o�da, hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la pr�ctica y evaluaci�n de las que se estiman favorables�.

Tal derecho, siendo de aplicaci�n general y universal �constituye un presupuesto para la realizaci�n de la justicia como valor superior del ordenamiento jur�dico�, y el derecho de acceso a la Administraci�n de Justicia, consagrado en el art�culo 229 Superior, ha sido definido la Corte Constitucional como �la posibilidad que tienen todas las personas, naturales o jur�dicas, de acudir a las autoridades judiciales para obtener la protecci�n o el restablecimiento de sus derechos y la preservaci�n del orden jur�dico�.

Ahora, en relaci�n con el derecho de petici�n, ha se�alado la Corte Constitucional, que �tiene una�finalidad�doble: por un lado permite que los interesados eleven peticiones respetuosas a las autoridades y, por otro, garantiza una respuesta oportuna, eficaz, de fondo y congruente con lo solicitado.�Ha indicado la Corte que �(�)�dentro de sus garant�as se encuentran (i) la pronta resoluci�n del mismo, es decir que la respuesta debe entregarse dentro del t�rmino legalmente establecido para ello; y (ii) la contestaci�n debe ser clara y efectiva respecto de lo pedido, de tal manera que permita al peticionario conocer la situaci�n real de lo solicitado�.

En esa direcci�n tambi�n ha sostenido�que a este derecho se adscriben tres posiciones:��(i) la posibilidad de formular la petici�n, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la resoluci�n dentro del t�rmino legal y la consecuente notificaci�n de la respuesta al peticionario�. As� mismo, la Ley 1755 de junio 30 de 2015, dispone en su art�culo 13 que: �Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los t�rminos se�alados en este C�digo, por motivos de inter�s general o particular, y a obtener pronta resoluci�n completa y de fondo sobre la misma�.

Igualmente, el canon 14 de la referida normativa y en relaci�n con el plazo para responder peticiones, expresa: �Salvo norma legal especial y so pena de sanci�n disciplinaria, toda petici�n deber� resolverse dentro de los quince (15) d�as siguientes a su recepci�n [�]�. Dicho art�culo en cuanto al t�rmino para resolverse las peticiones de documentos y de informaci�n, dispuso diez (10) d�as siguientes a su recepci�n, y para resolver consultas a las autoridades relacionadas con las materias a su cargo el t�rmino de treinta (30) d�as.

Y finalmente, el art�culo 21 de la ley en cita, consagra que �Si la autoridad a quien se dirige la petici�n no es la competente, se informar� de inmediato al interesado si este act�a verbalmente, o dentro de los cinco (5) d�as siguientes al de la recepci�n, si obr� por escrito. Dentro del t�rmino se�alado remitir� la petici�n al competente y enviar� copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente as� se lo comunicar�.

Los t�rminos para decidir o responder se contar�n a partir del d�a siguiente a la recepci�n de la Petici�n por la autoridad competente�. -negrillas de la Sala- Con fundamento en lo anterior y con miras a dilucidar lo que en derecho corresponde, debe empezar la Sala por decir, que si bien la se�ora SANDRA ISABEL ORD��EZ GRAJALES impetr� la tutela contra la Fiscal�a 15 Seccional de esta capital, lo que a la postre habilit� la competencia de esta Corporaci�n para conocer la misma, se tiene conforme lo esgrimido por los fiscales que entregaron informaci�n a esta Sala y especialmente por la titular la Fiscal�a 6 local de Dosquebradas, que la aludida Fiscal�a accionada -15 Seccional-, nada tiene que ver con este caso, por cuanto el despacho al que en principio le fue asignada la denuncia impetrada, fue la Fiscal�a 15 Local, encargada del tr�mite de asignaciones, de donde se procedi� a su reparto a la Fiscal�a 6 Local en abril 23, despacho que en la actualidad tiene a su cargo dicho asunto.

Lo anterior es importante traerlo a colaci�n, por cuanto si bien la accionante encamin� la tutela contra la Fiscal�a 15 Seccional, del anexo que alleg� a la Sala, esto es, la petici�n que no le ha sido respondida, se tiene que la misma fue dirigida a la Fiscal�a 6 Local de Dosquebradas, lo que comporta pregonar que s� ten�a conocimiento de cu�l era el despacho que adelantaba la actuaci�n. No obstante, no solo dirigi� la tutela contra una Fiscal�a que no adelantaba la investigaci�n, sino que por dem�s, la aludida petici�n, tampoco la envi� a su debido destinatario.

Lo anterior lo sostenemos por cuanto de la trazabilidad del correo que remiti� la accionante en agosto 13 de 2024, donde al parecer anex� la aludida petici�n, se tiene que fue enviada a la Fiscal�a 15 Seccional de Pereira, al correo HYPERLINK "mailto:f015secper@fiscalia.gov.co" f015secper@fiscalia.gov.co, mas no a la 6� Local de Dosquebradas, donde se encontraba radicada su denuncia desde el mes de abril de 2023.

Ahora, aunque acorde con el art�culo 21 de la Ley 1755 de 2015, lo correcto, es que el titular del aludido despacho hubiera dado traslado de la petici�n al despacho que conoc�a el tr�mite, lo cual no se hizo, y ello �nicamente se efectiviz� por parte de la Fiscal�a 15 Local, una vez tuvo conocimiento de la presente acci�n de tutela, por lo cual procedi� a dar traslado de esta a la Fiscal�a 6 Local de Dosquebradas, de ah� se desprende igualmente que su titular desconoc�a esa solicitud, por lo cual, como as� lo indic� en su respuesta, proceder� en su oportunidad a darle la respuesta a lo pedido por la se�ora ORD��EZ GRAJALES.

Si bien en principio de manera objetiva, podr�a decirse que en este caso se vulner� el derecho de petici�n elevado por la accionante en agosto 13 de 2024, al no d�rsele respuesta a su solicitud, ello en momento alguno puede predicarse de la Fiscal�a 6 Local de Dosquebradas, a quien debi� remit�rsele en su oportunidad, al ser tal despacho el que tramita en etapa de indagaci�n la denuncia impetrada por la actora, y aunque hubiese sido con ocasi�n de esta acci�n, dicha funcionaria ya tiene en su haber dicha petici�n y deber� darle respuesta dentro de los t�rminos de ley, mismos que a la hora de ahora no han fenecido y por consiguiente no puede pregonarse de su parte vulneraci�n alguna al derecho de petici�n, por lo cual la acci�n se torna improcedente.

Ahora bien, en cuanto al hecho de que la investigaci�n al parecer no se ha adelantado con la celeridad y la urgencia que en sentir de la denunciante requiere, debe decirse que la denuncia que esta impetr� en abril 19 de 2024, le fue enviada por reparto en abril 23 a la Fiscal�a 6 Local de Dosquebradas, y frente a lo pedido debe empezar por decirse que el par�grafo del art�culo 175 del C.P.P. expresa: �La Fiscal�a tendr� un t�rmino m�ximo de dos a�os contados a partir de la recepci�n de la noticia criminis para formular imputaci�n u ordenar motivadamente el archivo de la indagaci�n. Este t�rmino m�ximo ser� de tres a�os cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o m�s los imputados.

Cuando se trate de investigaciones por delitos que sean de competencia de los jueces penales del circuito especializado el t�rmino m�ximo ser� de cinco a�os.� -negrillas fuera de texto- Ahora bien, se aprecia que la denuncia fue puesta en conocimiento de la Fiscal�a General de la Naci�n hace algo m�s de cinco meses, y con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de comisi�n de la presunta ilicitud, por parte de la Fiscal�a necesariamente deber�n adelantarse las labores de investigaci�n pertinentes, con miras a la obtenci�n de los EMP con los cuales recabar informaci�n para lograr esclarecer los hechos denunciados.

La jurisprudencia ha aceptado la eventual injerencia del juez de tutela cuando est� de por medio la presencia de una situaci�n que conlleve la necesidad de amparo por raz�n de una determinaci�n judicial que conlleve una lesi�n a un derecho constitucional, y no contar el afectado con mecanismos judiciales id�neos para abogar por la vigencia de dicha prerrogativa.

As� mismo, el �rgano de cierre en materia penal, tambi�n ha referido que cuanto el proceso a�n se encuentra en curso, ello impide que el juez de tutela pueda inmiscuirse en dichos eventos. Al respecto se indic�: �Ha sido criterio definido y reiterado de la Sala de Casaci�n Penal de la Corte que no es procedente acudir a la solicitud de protecci�n constitucional para intervenir dentro de procesos en curso, no s�lo por cuanto ello desconoce la independencia de que est�n revestidas las autoridades judiciales para tramitar y resolver los asuntos de su competencia, sino porque tal proceder desnaturaliza la filosof�a que inspir� la acci�n de amparo como mecanismo residual de defensa de los derechos superiores, mas no para su declaraci�n. [�] En el asunto bajo examen, la actuaci�n penal se encuentra en tr�mite.

Es en ese escenario procesal, ante el funcionario natural, donde debe la parte actora, por s� misma o a trav�s de su apoderado, presentar las solicitudes encaminadas a remediar cualquier situaci�n que estime desconocedora de sus garant�as; sin que el juez constitucional deba interferir en ese asunto porque, se recalca, el proceso est� en curso.

Al interior de dicho diligenciamiento, los accionantes podr�n ejercer todas las potestades que la ley les confiere para satisfacer su pretensi�n, a trav�s de los mecanismos ordinarios con que cuentan, tales como las solicitudes de nulidad, el ejercicio de los medios de impugnaci�n, etc. En consecuencia, al existir un escenario natural de discusi�n sobre el asunto sometido al conocimiento del juez constitucional, la tutela demandada se torna improcedente, en los t�rminos previstos por el art�culo 6-1 del Decreto 2591 de 1991. [�] Asumir una postura como la pretendida por la parte actora, implicar�a desconocer y pretermitir las decisiones que en ejercicio de sus funciones emiten las autoridades competentes en el tr�mite de los procesos adelantados conforme la normativa aplicable en cada caso; y abordar, en abierta contraposici�n a la finalidad y alcance de la tutela, el estudio de la naturaleza de las supuestas irregularidades acaecidas en una actuaci�n todav�a en curso.� -negrillas de la Sala- La Corte Constitucional tambi�n ha referido que es en el interior del proceso donde se deben ventilar las presuntas vulneraciones a los derechos y garant�as fundamentales que reclama, pues: �no obstante la posible irregularidad que se hubiere presentado en el tr�mite del proceso correspondiente, al no estar culminada la actuaci�n, existen normas en el procedimiento para que el afectado alegue oportunamente estas deficiencias, bien sea, pidiendo nulidades, interponiendo recursos, interviniendo en el proceso, todo con el fin de defender sus derechos.

Es decir, la improcedencia de la acci�n de tutela, en estos casos, radica en la existencia de otro medio de defensa judicial, dentro del propio proceso�. Y en este caso se observa que la se�ora ORD��EZ GRAJALES, por la v�a del derecho de petici�n, del que se itera, su respuesta est� pendiente de entreg�rsele, t�citamente solicit� a la Fiscal�a 6� Local de Dosquebradas se le diera celeridad al asunto.

Tal circunstancia implica la improcedencia de la acci�n constitucional ante la existencia de otros medios ordinarios de defensa judicial a los cuales puede concurrir el accionante de considerar que se han quebrantado sus derechos. Como se dijo en un comienzo, el canon 86 de la Carta Pol�tica prescribe: �[�] Esta acci�n solo proceder� cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable [�]�, y en este caso la normativa bajo la cual se adelanta la referida indagaci�n -Ley 906/04- ofrece a los participantes los instrumentos a los cuales puede acudir al evidenciar que la mora en la toma de decisiones en los respectivos procesos pone en riesgo sus derechos fundamentales.

V�ase que de conformidad con el numeral 7� del art�culo 56 de la codificaci�n aludida prev� como causal de impedimento: �Que el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los t�rminos que la ley se�ale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada�. As� mismo, el art�culo 60 �dem contempla que: �si el funcionario en quien concurra alguna de las causales de impedimento no lo declarare, cualquiera de las partes podr� recusarlo�.

De igual manera, la persona que se sienta afectada con un proceder indebido de esta naturaleza se encuentra en todo el derecho de denunciar disciplinariamente al funcionario judicial para que sea sancionado. Como vemos, la ley otorga distintos mecanismos a las partes para que puedan hacer cumplir los plazos dentro del tr�mite penal con la finalidad de resguardar el derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas, de ah� surge la improcedencia de acudir a la v�a de la tutela para eventos como el que ahora es objeto de estudio por esta Corporaci�n, toda vez que ser� en el interior de esa indagaci�n donde se surtan todas las actuaciones que se consideren necesarias para la protecci�n de sus derechos.

Al margen de lo anterior, en este preciso evento se tiene que la indagaci�n apenas cuenta con algo m�s de cinco meses de radicada en la Fiscal�a 6� Local de Dosquebradas, y no puede pretender la accionante dada la ostensible carga laboral que en la actualidad existe en todos los despachos fiscales, que su asunto, si bien importante para ella, como lo son los dem�s para todos los que tienen igual condici�n de denunciantes, se priorice por encima de muchos otros que quiz�s han llegado con much�sima antelaci�n. Sea como fuere, y pese a esas opciones judiciales con las que cuenta la accionante, es lo cierto que la Colegiatura no observa que los derechos constitucionales del debido proceso y acceso a la Administraci�n de Justicia de la se�ora SANDRA ISABEL ORD��EZ GRAJALES hayan sido quebrantados injustificadamente, y lo que se advierte es que la Fiscal�a se encuentra dentro de los lapsos que ordena el procedimiento de ley para perfeccionar la indagaci�n. En conclusi�n, como quiera que por encontrarse en curso la indagaci�n que se adelanta con ocasi�n de la denuncia formulada por la ciudadana ORD��EZ GRAJALES, se declarar� improcedente el amparo constitucional impetrado. 5.- DECISI�N Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala N� 2 de Decisi�n Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica, por mandato de la Constituci�n y de la Ley, FALLA PRIMERO: SE DECLARA IMPROCEDENTE el amparo invocado por la se�ora SANDRA ISABEL ORD��EZ GRAJALES.

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, rem�tase el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisi�n. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Magistrado JULI�N RIVERA LOAIZA Magistrado JAIRO MAURICIO CARVAJAL BELTR�N Magistrado En ausencia justificada En relaci�n con la subsidiariedad de la acci�n de tutela pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo Beltr�n Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Sentencias T-315 de 2005. Cfr., Corte Constitucional.

Sentencia T-003 de 2022. Cfr., Corte Constitucional. Sentencia T-190 de 2020. Cfr., Corte Constitucional. Sentencia SU 508 de 2020. Cfr., Corte Constitucional. Sentencias SU-508 de 2020; T-190 de 2020 y T-235 de 2018. Cfr. Sentencia C-401 de 2013. Sentencia C-617 de 1996. Reiterada en la sentencia C-401 de 2013. Sentencia C-799 de 2005. Sentencia T-103 de 2019. Sentencia T-045 de 2023. CSJ STP, 29 ago. 2013, Rad. 68927 CSJ STP, 6 may. 2015, Rad. 79314 Corte Constitucional, T-418 de 2003. Al respecto as� se ha pronunciado en sede de tutela la Sala Penal de la H. Corte Suprema de Justicia en diversas sentencias.

V�ase entre ellas las STP 78767 y 79169 de 2015. Sentencia de tutela 1� instancia N� 016 Radicaci�n: 660012204000202400118-00 Accionante: Sandra Isabel Ord��ez Grajales Niega por improcedente P�gina PAGE 7 de NUMPAGES 7 ()?@� � � � � � � � P Q ^ _ ` a b b g h i j k � � � � � � � � � � ��Ӿ��jjj��(h�6�5�CJOJQJ\�^JaJ mH sH.h '|h '|5�CJOJQJ\�^JaJ mH sH (hod0hod0CJOJQJ^JaJ mH sH "h '|CJOJQJ^JaJ mH sH (h '|h '|CJOJQJ^JaJ mH sH.h '|hod05�CJOJQJ\�^JaJ mH sH (h '|5�CJOJQJ\�^JaJ mH sH )@� � j k � 0?\xy�� ?[\xy��Ĳ��pVBV55hod0hod0aJmH sH 'hod0hod05�CJ OJQJaJ mH sH 3hod0hod05�:�B*CJ OJQJaJ mH phsH hod0hod0CJaJ mH sH jhod0UmHnHu hod0hod05�CJaJ mH sH (hod0h�6�CJOJQJ^JaJ mH sH "hod0CJOJQJ^JaJ mH sH (hod0hod0CJOJQJ^JaJ mH sH "h '|CJOJQJ^JaJ mH sH (h '|h '|CJOJQJ^JaJ mH sH �� ʿ�ʩ��}��r�g\�Q\Ih�6&CJ^Jhod0hj�CJ^Jhod0hg~_CJ^Jhod0h�;KCJ^Jhod0h�.�CJ^Jhod0hFU?CJ^Jhod0h �CJ^Jhod0h�`rCJ^Jhod0h"=KCJ^Jhod0h�oyCJ^Jhod0h*@�CJ^Jhod0h,X�CJ^Jhod0h�0�CJ^Jhod0h�CJ^J hod0hod0CJEH��^JmH sH hod0hod05�CJmH sH $ hl��56XYjk��>QWZ[\h��WXY>MRik��߫�ߠԫԔ�ԉ��Ԡ��~��Ԡ��Ԡ�hod0h�7�CJ^Jhod0h�3CJ^Jhod0h�Q_5�CJ^Jhod0h�Q_CJ^Jhod0h 8CJ^Jhod0h"=KCJ^J$hod0hj�CJ OJQJaJmH sH hod0h�DiCJ^Jhod0h �CJ^Jhod0h�,�CJ^Jhod0h�z�CJ^J1�23>��> � � � � � � � � ! 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