66001220400020240011300 · Tribunal de Pereira

��ࡱ�>�� k ��bjbj�� i��,j��,ju� �� ;*v�*T+++��+++8Q+L�,L+S��,�,(---)/��/,�/�R�R�R�R�R�R�R�V��Y��R+�1/")/�1�1�R++--��R�6�6�6�1z+-+-�R�6�1�R�6�6��E�iG-��p0@��1��P4viF�R�R0S}F� Z�4 Z(iGiGx Z+�G� �/ZY0@�6�04�0 �/�/�/�R�R�5�/�/�/S�1�1�1�1�� Z�/�/�/�/�/�/�/�/�/� [ ): $DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISI�N JUDICIAL / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD / GENERALES Y ESPEC�FICOS Como quiera que en la presente tutela se ataca una providencia emitida por una autoridad judicial, es indispensable estudiar de manera inicial lo relacionado con la viabilidad de la tutela a efectos de revisar las citadas providencias, en tanto para ello deben cumplirse los presupuestos generales fijados en la SU-215 de 2022, es decir, que: (i) se acredite la legitimaci�n en la causa;

(ii) la providencia cuestionada no sea un fallo de tutela� (iii) cumpla las exigencias de subsidiariedad e inmediatez, y (iv) identifique con claridad los hechos y los derechos vulnerados o amenazados�As� mismo, se debe demostrar que la decisi�n o actuaci�n cuestionada incurri� en una v�a de hecho por defecto org�nico, procedimental, f�ctico, sustantivo, de motivaci�n, error inducido, desconocimiento del precedente o violaci�n directa de la Constituci�n� e igualmente en punto del presupuesto de la subsidiariedad, quien acude a la tutela debe haber agotado todos los mecanismos de defensa judicial que el ordenamiento jur�dico pone a su disposici�n en el proceso que la motiva� PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL Para el caso en ciernes la accionante estima que con la decisi�n del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), se vulneran, entre otros, el derecho fundamental al debido proceso y de acceso a la Administraci�n de Justicia; sin embargo, la Sala advierte de entrada que lo pretendido por el demandante es utilizar indebidamente la v�a constitucional como medio judicial alternativo o como una �tercera instancia�, todo ello con el fin de intentar obtener la revisi�n de una providencia que le fue adversa, lo que al decir de la jurisprudencia nacional constituye una palpable violaci�n al principio de subsidiariedad que rige la tutela.

REP�BLICA DE COLOMBIA PEREIRA-RISARALDA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA SALA N� 2 DE DECISI�N PENAL Magistrado Ponente: CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Pereira, diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) Acta de Aprobaci�n No. 960 Hora: 1:00 p.m. Radicaci�n: 66001220400020240011300 1.- VISTOS Procede la Sala a decidir la acci�n de tutela instaurada por el se�or JIAR, contra el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), con funci�n de control de garant�as, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales de acceso a la Administraci�n de Justicia, debido proceso, igualdad y reparaci�n. 2.- DEMANDA El extenso escrito de tutela se puede sintetizar de la siguiente manera: (i) en curso del tr�mite del proceso ejecutivo que se llev� a cabo ante el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas (Rda.), con ocasi�n de la demanda que impetr� contra JMRF, se present� tacha de falsedad, dada la negativa de este en reconocer la firma en los pagar�s arribados para cobro, lo que se soport� con el dictamen grafol�gico que en ese sentido present� la perito CONSTANZA FRAUME RESTREPO, mismo que desvirtu� el graf�logo presentado por �l y de Medicina Legal que solicit� el despacho, con lo cual se acredit� la uniprocedencia de sus firmas, situaci�n que lo pudo hacer incurrir en los il�citos contemplados en los art�culos 442 y 453 C.P.;

(ii) la Fiscal�a 30 Seccional de Santa Rosa archiv� la indagaci�n en agosto 26 de 2022, ante lo cual se reclam� su desarchivo, y a este accedi� el Juzgado Penal Municipal con funciones mixtas de Santa Rosa de Cabal, determinaci�n que revoc� el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.) por auto de marzo 21 de 2024, con lo que igualmente estima que se vulner� el debido proceso, por cuanto quien debi� conocer el recurso como superior debi� ser el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa;

(iii) la Fiscal�a con su decisi�n incumpli� su deber constitucional de investigaci�n, al desestimar la denuncia por atipicidad, cuando exist�a inferencia razonable que los hechos revest�an como m�nimo las caracter�sticas de los delitos dadas las circunstancias f�cticas, pero aun as� la fiscal dijo que lo denunciado no fueron delitos graves, y en su decisi�n desconoci� los derechos de la v�ctima;

(iv) luego de referir lo sostenido por quienes recurrieron la decisi�n de la juez de garant�as y controvertir diversos p�rrafos de lo expresado por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas en la decisi�n que revoc� la orden de desarchivo, se�ala que el prove�do se bas� en que no se presentaron hechos nuevos, pero en ese caso la Fiscal�a no consider� las pruebas arrimadas cuando deber�an haber sido analizadas en su rigor, aunado a que seg�n la jurisprudencia no se requieren de pruebas nuevas para reabrir un caso;

(v) la Fiscal�a no actu� en derecho al ignorar los aspectos f�cticos que se le pusieron de conocimiento, al decir que hubo atipicidad pues de una simple comparaci�n de verbos rectores con los hechos jur�dicamente relevantes, se da a entender que al menos obraba una inferencia razonable de autor�a, adem�s se dijo que pese al delito ser de mera conducta no se obtuvo un resultado positivo para la parte y que los delitos eran �leves�;

(vi) el Juzgado del Circuito no interpret� correctamente el art�culo 79 C.P.P. y dio por cierto que la Fiscal�a constat� que no exist�an motivos ni circunstancias que permitieran la caracterizaci�n de un delito, sin que se advirtiera de manera �objetiva� como lo dijo, que lo puesto de presente era at�pico, hizo una interpretaci�n a la ligera y equivocada con lo que �pisote� sus derechos; y (vii) la decisi�n del juez conten�a p�rrafos presumiblemente de otro proceso y por ende qu� rigor podr�a esperarse de dicha decisi�n, lo que estima irrespetuoso para �l y para la Rama Judicial, adem�s demeritar el trabajo de la juez de garant�as.

Con fundamento en lo anterior, solicita: (i) se revoque la decisi�n adoptada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.) por el cual se orden� el archivo de su caso; (ii) se ratifique lo decidido por la Juez Penal Municipal con funciones mixtas de Santa Rosa de Cabal; (iii) se compulsen copias contra el juez penal del Circuito por lo plasmado en la decisi�n de manera descuidada e irrespetuosa;

(iv) se aparte del conocimiento a la Fiscal de Santa Rosa y se asigne uno distinto a quien conoci� de dicho asunto; y (v) se ordene a quien corresponda se haga un seguimiento de la investigaci�n. 3.- CONTESTACI�N La Corporaci�n por auto de septiembre 4 de 2024, admiti� la tutela y corri� traslado de esta al despacho accionado, de igual manera dispuso la vinculaci�n oficiosa del Juzgado Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal (Rda.) con funci�n de control de garant�as, de la Fiscal�a 30 Seccional de esa misma municipalidad, as� como de los se�ores JMRF, RODRIGO ANDR�S ASTUDILLO CU�LLAR, DANIEL MAURICIO QUICENO ARCILA, CONSTANZA FRAUME RESTREPO y LINA MAR�A VILLEGAS, quienes ostentaron la condici�n de indiciados en el proceso con radicaci�n N� 660016000036-2020-51485.

As� se pronunciaron: -. La actual titular del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), dio cuenta de la decisi�n que su antecesor adopt� en el asunto objeto de an�lisis, en la que se observan los argumentos y sustento de la misma, la cual fue dada a conocer a las partes en debida forma, sin advertirse vulneraci�n de sus derechos, y dado el car�cter subsidiario de la tutela esta no puede convertirse en una nueva instancia para abordar lo ya decidido.

Pide se declare improcedente. -. Por parte del titular del Juzgado Penal Municipal con funciones mixtas de Santa Rosa de Cabal (Rda.), luego de hacer alusi�n al tr�mite que all� se adelant� y lo decidido por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), pide su desvinculaci�n de este asunto, en tanto en su momento se obr� en derecho al resolver la petici�n elevada por el apoderado del hoy accionante. -.

Por parte de los se�ores DMQA, RAAC y JMRF, se indic� lo siguiente: (i) no se acredit� el requisito de inmediatez, en tanto la decisi�n atacada data de abril 01 de 2024 (sic), por lo que han transcurrido m�s de cinco meses, lo cual la torna improcedente; (ii) a la tutela solo se puede acudir cuando no exista otro medio judicial para la protecci�n de los derechos invocados o exista un perjuicio irremediable, y en su sentir el accionante debe allegar nuevamente los elementos de prueba para acreditar la situaci�n excepcional, en tanto ello no est� probado en este asunto;

(iii) hace referencia al tr�mite adelantado ante el Juzgado Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal y a lo decidido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas, para se�alar que el procedimiento surtido ante esos despachos se llev� a cabo en debida forma por lo que no se vulneraron los derechos fundamentales del actor. Piden que, dado el car�cter subsidiario de la tutela, no se permita que esta se convierta en una nueva instancia, y que la misma sea declarada improcedente. -.

La se�ora CFR, por intermedio de la abogada LINA MAR�A VILLEGAS, en un extenso escrito pide se decrete improcedente la acci�n por no cumplir las exigencias de procedencia y se niegue lo pedido, para lo cual, entre otras razones, argumento: (i) los despachos judiciales y la Fiscal�a actuaron conforme a derecho sin vulnerar derechos fundamentales del actor, y frente a lo esgrimido por este en la tutela, se�ala que se trata de apreciaciones subjetivas del actor, sin sustento probatorio alguno;

(ii) no se acredit� la legitimaci�n por pasiva, en tanto no se le imputa amenaza o vulneraci�n alguna a ella ni a su representada; (iii) no se soport� la existencia de un perjuicio irremediable, lo cual torna el amparo en improcedente, m�xime no hallarse en la actuaci�n pruebas o elementos que permitan inferirlo; (iii) la tutela no suple el requisito de subsidiariedad, en tanto el objeto de la misma no es suplantar los mecanismos ordinarios de defensa;

(iv) en este caso no existe vulneraci�n de derechos fundamentales por parte de ella o su defendida, en tanto no se les puede atribuir conducta que amenace o vulnere los derechos del accionante y la acci�n debe negarse; y (v) como quiera que la carga probatoria compete al actor, la acci�n no es procedente, por cuanto no demostr� que debata una situaci�n en el marco de la objetividad. -.

Por parte de la Fiscal�a 30 Seccional de Santa Rosa de Cabal (Rda.) se guard� absoluto silencio. 4.- PRUEBAS Se tuvieron como tal los documentos aportados por las partes. 5.- Para resolver, SE CONSIDERA El Tribunal es competente para fallar este caso de conformidad con la facultad consagrada en la Constituci�n Pol�tica en su art�culo 86 y en los Decretos 2591/91 y 1382 de 2000, modificado por el 1069 de 2015 y este a su vez por el 1983 de 2017 y el 333 de 2021. 5.1.- Problema planteado Corresponde establecer a la Sala si por parte del juzgado accionado se vulneraron los derechos fundamentales que observa conculcados el accionante, pero antes de ello, lo que prima facie se impone es analizar si la tutela s� es procedente o no para estudiar de fondo el presente asunto como lo pretende el actor. 5.2.- Soluci�n a la controversia En este caso en particular se aprecia que el se�or JIAR ha acudido a la tutela, con el fin de cuestionar la decisi�n proferida en marzo 21 de 2024 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), que revoc� el auto proferido en julio 18 de 2023 por la titular del Juzgado Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal (Rda.) con funciones mixtas, por medio de la cual orden� el desarchivo de la investigaci�n penal que ante la Fiscal�a 30 Seccional de Santa Rosa, se surt�a en contra de los se�ores JMRF y otros.

Como quiera que en la presente tutela se ataca una providencia emitida por una autoridad judicial, es indispensable estudiar de manera inicial lo relacionado con la viabilidad de la tutela a efectos de revisar las citadas providencias, en tanto para ello deben cumplirse los presupuestos generales fijados en la SU-215 de 2022, es decir, que: (i) se acredite la legitimaci�n en la causa;

(ii) la providencia cuestionada no sea un fallo de tutela -excepto que se acredite que el mismo es producto de una situaci�n de fraude-, �ni una decisi�n proferida con ocasi�n del control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del Consejo de Estado�;

(iii) cumpla las exigencias de subsidiariedad e inmediatez, y (iv) identifique con claridad los hechos y los derechos vulnerados o amenazados y la discusi�n haya sido planteada dentro del proceso judicial. As� mismo, se debe demostrar que la decisi�n o actuaci�n cuestionada incurri� en una v�a de hecho por defecto org�nico, procedimental, f�ctico, sustantivo, de motivaci�n, error inducido, desconocimiento del precedente o violaci�n directa de la Constituci�n (SU215 de 2022, C-590/05 y T-332/06), e igualmente en punto del presupuesto de la subsidiariedad, quien acude a la tutela debe haber agotado todos los mecanismos de defensa judicial que el ordenamiento jur�dico pone a su disposici�n en el proceso que la motiva, para salvaguardar sus derechos, en aras de la protecci�n de los postulados de autonom�a e independencia de la funci�n jurisdiccional; no obstante, la jurisprudencia ha sostenido que en acciones contra providencias o procedimientos judiciales, esta limitante se estructura cuando: (i) existe un proceso judicial en curso, (ii) los medios de defensa judicial que el procedimiento ofrece al actor no se han agotado, y (iii) es utilizada para sustituir al funcionario judicial en la funci�n jurisdiccional que le es propia, o para revivir etapas procesales donde no se utilizaron los mecanismos de impugnaci�n disponibles (C.C. sentencia T-103/2014) .

Es de recordarse tambi�n, que la Corte Suprema de Justicia ante la interposici�n de acciones de constitucionales contra providencias judiciales, ha expresado que si bien la tutela procede contra las mismas, en aplicaci�n de los anteriores criterios de procedibilidad, quien la ejercite tiene una mayor exigencia argumentativa, puesto que no puede quedarse simplemente en el planteamiento de censuras y omitir su demostraci�n, sino que por el contrario debe probar de forma irrefutable que se incurri� en un error garrafal por el funcionario y por ello la providencia que est� amparada por la presunci�n de acierto y legalidad no es ajustada a derecho, de forma que se haga necesaria la intervenci�n del juez de tutela en el conocimiento de un asunto que por su naturaleza recae en el juez ordinario.

Para el caso en ciernes la accionante estima que con la decisi�n del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), se vulneran, entre otros, el derecho fundamental al debido proceso y de acceso a la Administraci�n de Justicia; sin embargo, la Sala advierte de entrada que lo pretendido por el demandante es utilizar indebidamente la v�a constitucional como medio judicial alternativo o como una �tercera instancia�, todo ello con el fin de intentar obtener la revisi�n de una providencia que le fue adversa, lo que al decir de la jurisprudencia nacional constituye una palpable violaci�n al principio de subsidiariedad que rige la tutela.

Puntualmente a ese respecto se ha sostenido: �[�] dada la naturaleza supletiva de la acci�n de tutela, la misma no puede ser utilizada como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos en el ordenamiento jur�dico para la defensa de los derechos de manera preferente, como quiera que, a trav�s de su ejercicio, no se busca reemplazar los procedimientos ordinarios o especiales y, menos a�n, pretermitir los mecanismos que dentro de estos se han establecido para controvertir las decisiones que se adopten.� -negrillas de la Sala-.

De igual manera sobre ese mismo t�pico la jurisprudencia ha se�alado: �1.1. Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Seg�n la jurisprudencia constitucional, �la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios�, pues la competencia del juez de tutela se restringe �a los asuntos de relevancia constitucional y a la protecci�n efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de car�cter legal�.

En ese orden de ideas, la tutela en contra de un auto o una sentencia exige valorar si la decisi�n se fundament� en una actuaci�n ostensiblemente arbitraria e ileg�tima de la autoridad judicial, violatoria de las garant�as b�sicas del derecho al debido proceso. Solo as� se garantiza �la �rbita de acci�n tanto de los jueces constitucionales como de los de las dem�s jurisdicciones�� . -negrillas fuera de texto- La jurisprudencia constitucional es contundente al resaltar el car�cter subsidiario y residual de la tutela, ya que la misma solo es procedente de forma supletoria, es decir, cuando no existan otros medios ordinarios de defensa judicial a los cuales se pueda acudir, y que no sea usada como una forma de evadirlos: �[�] La acci�n de tutela es un mecanismo de protecci�n de derechos fundamentales cuyas caracter�sticas y condiciones son definidas por la misma Carta Pol�tica.

Dentro de estos requisitos se encuentran la subsidiariedad y la inmediatez. El primero est� relacionado con la necesidad que en cada caso concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro mecanismo de protecci�n de sus derechos o que, en raz�n a la inminencia de un perjuicio irremediable, dicho instrumento pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prev� la procedencia excepcional y transitoria. El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta perspectiva, consiste en impedir que la acci�n de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicaci�n, se convierta en un mecanismo principal de protecci�n de los derechos fundamentales�. El se�or JIAR cuestiona la providencia judicial por medio de la cual se revoc� la orden emitida por el Juzgado Penal Municipal con funciones mixtas de Santa Rosa de Cabal (Rda.) que dispuso el desarchivo de la investigaci�n penal que se surt�a en contra del se�or JMRF y otros, pero frente a ello debe decirse inicialmente que tal determinaci�n solo alcanza una ejecutoria formal mas no material, y, por tanto, en cualquier momento bien podr�a acudir nuevamente ante un juez con funci�n de control de garant�as para solicitar tal pretensi�n, como as� lo ha sostenido igualmente la jurisprudencia, al disponer que: �[�] mientras el proceso se encuentre en curso, es decir, no se haya agotado la actuaci�n del juez ordinario, los afectados tendr�n la posibilidad de reclamar al interior del tr�mite el respeto de las garant�as constitucionales, sin que sea admisible acudir para tal fin a la tutela, m�xime cuando la decisi�n cuestionada no causa ejecutoria material y puede solicitarse nuevamente al interior de dicho diligenciamiento�.

Por lo anterior, y al encontrarse en curso el proceso penal, esto es, mientras no se cause el fen�meno de la prescripci�n de la acci�n penal, por cuanto la actuaci�n se encuentra en etapa de indagaci�n, no le es permitido al juez constitucional inmiscuirse en el mismo como se ha expresado, entre otras decisiones, en CSJ STP, 06 may. 2021, Rad. 116390, donde se indic�: �2.1.

El amparo fue consagrado como un procedimiento preferente y sumario, destinado a la protecci�n inmediata de los derechos fundamentales cuando sean amenazados o vulnerados por la acci�n u omisi�n de una autoridad p�blica o un particular y siempre que no exista otro mecanismo de defensa o se est� ante un perjuicio irremediable, evento �ltimo en el cual procede como mecanismo transitorio.

No tiene car�cter alternativo. Es inviable cuando el interesado dispone de otra v�a de defensa judicial, pues no fue concebido para sustituir a los jueces ordinarios, ni como medio supletorio de los procedimientos se�alados en las normas procesales. Mientras el proceso se encuentre en curso, el afectado tendr� la posibilidad de reclamar, al interior del tr�mite, el respeto de las garant�as constitucionales, sin que sea admisible acudir para tal fin a la tutela�. -negrilla de la Sala- Ser� en consecuencia en el interior del mismo proceso actualmente en curso, al que podr� acudir el actor, cuantas veces considere pertinente para solicitar la reapertura de la indagaci�n, con los nuevos elementos que estime necesarios para ello, al ser precisamente en ese espec�fico asunto donde el presunto afectado deber� ventilar las presuntas trasgresiones a los derechos y garant�as fundamentales cuya protecci�n reclaman, como tambi�n lo ha predicado la jurisprudencia constitucional de tiempo atr�s. �El archivo de las diligencias, como se ha se�alado, tampoco es una renuncia, interrupci�n o suspensi�n de la acci�n penal pues estas actuaciones implican que los presupuestos para ejercer la acci�n penal est�n presentes. � Adicionalmente, el art�culo prev� la posibilidad de reanudar la indagaci�n en el evento de que surjan nuevos elementos probatorios que permitan caracterizar el hecho como delito, siempre y cuando no haya prescrito la acci�n. Por lo tanto, el archivo de la diligencia no reviste el car�cter de cosa juzgada.

As�, el archivo de la diligencia previsto en el art�culo 79 bajo estudio, es la aplicaci�n directa del principio de legalidad que dispone que el fiscal deber� ejercer la acci�n penal e investigar aquellas conductas que revistan las caracter�sticas de un delito, lo cual es imposible de hacer frente a hechos que claramente no corresponden a los tipos penales vigentes o nunca sucedieron. � La previsi�n de la reanudaci�n de la investigaci�n busca tambi�n proteger a las v�ctimas. �stas, al igual que el fiscal, en cualquier momento pueden aportar elementos probatorios orientados a mostrar la existencia de la tipificaci�n objetiva de la acci�n penal o la posibilidad de su existencia, lo que de inmediato desencadenar�a la obligaci�n de reanudar la indagaci�n.� -negrillas de la Sala-.

Lo que en este asunto evidencia la Sala, es que la decisi�n que ahora se cuestiona por parte del actor, obedeci� al an�lisis que de la situaci�n f�ctica realiz� el funcionario de segundo grado, ello con fundamento en las exigencias que en su sentir deb�an cumplirse para que operara, como as� lo pidi� la representaci�n de v�ctimas, el desarchivo de la indagaci�n que en su oportunidad hab�a archivado la Fiscal�a 30 Seccional de Santa Rosa de Cabal (Rda.).

Ahora bien, como tambi�n lo ha sostenido la jurisprudencia, cuando se emiten decisiones en el marco de los procedimientos de ley, es posible que estas puedan ser contrarias a las pretensiones de alguno de los sujetos procesales, como en este caso finalmente se dio con ocasi�n del prove�do emitido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas, que revoc� la providencia que en su momento hab�a sido emitida de manera favorable para los intereses del se�or JIAR, pero �la simple discrepancia o desacuerdo con el contenido de una decisi�n no habilita la interposici�n de la acci�n de tutela, porque este mecanismo excepcional no fue dise�ado como una instancia adicional�, ello por cuanto �Dentro de la autonom�a que se garantiza y reconoce a los funcionarios judiciales, est� la de interpretar las normas para resolver el caso concreto, y esa labor permite que la comprensi�n que lleguen a tener distintos jueces sobre una misma norma sea diversa, y que unas interpretaciones sean mejor recibidas que otras.

De manera que la razonabilidad de la argumentaci�n presentada resulta relevante al momento de hacer la valoraci�n respectiva.� As� mismo, lo que ac� se evidencia, es que el actor quiere hacer imperar su interpretaci�n, haciendo denotar que la providencia del juez de segundo grado fue a todas luces equ�voca, que hizo alusi�n a apartes que nada ten�an que ver con su caso, para dar a entender que no se le prest� la atenci�n debida a su caso falt�ndosele al respeto -cuando simplemente se trat� de una transcripci�n de una jurisprudencia en la que se bas� para emitir la decisi�n-, por lo que advierte la Sala, y acorde con lo sostenido en dicha determinaci�n judicial, que esta no fue caprichosa, arbitraria, ileg�tima o irracional, que habilite per se, la intervenci�n del juez constitucional, sino que se dio a ra�z del an�lisis que el aludido funcionario consider� deb�a darse para proceder a ordenar el desarchivo de la actuaci�n que se ventila ante el �rgano persecutor.

Como quiera entonces, que la censura que eleva el se�or JIAR, recae sobre la forma en que la autoridad demandada, esto es, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas, aplic� el derecho a su caso concreto, como as� lo ha sostenido igualmente la jurisprudencia: �se debe tener en cuenta que la tutela no es el instrumento id�neo para efectos de cuestionar la interpretaci�n o aplicaci�n normativa que la autoridad judicial verti� en la resoluci�n del asunto, as� la del afectado e incluso la del mismo juez de tutela, resulten razonables, pues hasta tanto la del primero posea cierto grado de fundamentaci�n, el art�culo 228 de la Constituci�n Pol�tica, que consagra los principios de autonom�a e independencia judicial, obligan a respetarla� -negrillas de la sala-, ello aunado a que como tambi�n lo ha sentado la Corte Constitucional, ante las divergencias interpretativas entre el operador jurisdiccional y las partes, siempre y cuando la hermen�utica resulte razonable y no subjetiva o antojadiza, desconectada de toda l�gica racional, no dan lugar a la procedencia de amparo, v�ase: �� la Corte ha sostenido que no toda discrepancia interpretativa -defecto sustantivo- conlleva, prima facie, a la ocurrencia de una v�a de hecho.

El principio de autonom�a e independencia judicial, pilar fundamental del Estado social de derecho, no permite que por v�a de la acci�n de tutela se controviertan las decisiones judiciales con la simple excusa de que el criterio adoptado por el operador jur�dico no es compartido por las partes o por el fallador que lo revisa. De hecho, las posibles diferencias de interpretaci�n, sustentadas en un principio de raz�n suficiente, no pueden ser calificadas como v�as de hecho pues, en realidad -lo ha dicho este Tribunal-, la eventual disparidad de criterios sobre un mismo asunto no implica por ella misma un desconocimiento grosero de la juridicidad, sino una consecuencia humana del ejercicio del derecho.� En esos t�rminos debe quedar claro que el Tribunal no anticipar� criterio alguno en un caso cuyo conocimiento no le corresponde, porque se itera, al encontrarse el proceso en curso, bien podr� el actor de manera directa, ora por intermedio de su abogado, elevar nuevas solicitudes al respecto y ser� en el interior de este donde deba darse la discusi�n pertinente, con lo que, la interposici�n de la tutela se muestra como un proceder indebido que no est� llamado a prosperar.

De otro lado y aunque el apoderado del actor da a entender que con tal decisi�n se vulnera su derecho de acceso a la Administraci�n de justicia y de igualdad, frente al primero y como viene de verse, se advierte que el mismo no solo acudi� ante los jueces competentes, por intermedio de su apoderado, sino que adem�s lo pretendido fue resuelto, aunque no consult� sus intereses; y en cuanto a lo segundo, nada argument� acerca de que por parte del juzgado accionado, en otros procesos similares a este se haya adoptado una decisi�n contraria a la que ac� se dict�, y aunque ello hubiera sido as�, debe decirse que cada asunto debe mirarse de manera particular, por lo que aunque este caso guardara ribetes similares con otros ya decididos, no por eso debe decirse que la decisi�n debe ser exactamente igual, ya que cada actuaci�n comporta sus propias singularidades.

Y en cuanto al reproche acerca de la competencia que ten�a el Juzgado de Dosquebradas para decidir la segunda instancia, debe decirse que si bien en principio y am�n al factor territorial, el despacho que deb�a conocer en segundo grado las determinaciones que adopte el Juzgado Penal Municipal con funciones mixtas de Santa Rosa de Cabal (Rda.), lo ser�a aqu�l con categor�a de Circuito de esa localidad, a ra�z de los m�ltiples impedimentos que ello generaba para adelantar procesos como juzgado de conocimiento, por parte del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda se dispuso un reordenamiento judicial y por lo mismo, los casos que conozca el aludido juzgado municipal, cuando sean objeto de alzada, deben ser resueltos por los Juzgados Penales del Circuito de Dosquebradas -reparto- como ocurri� en este caso, sin que ello comporte, como igualmente lo alega el actor, vulneraci�n al debido proceso.

Finalmente, si el actor advierte que, con la decisi�n emitida por el Juzgado accionado, se pudo incurrir en alguna infracci�n de �ndole disciplinaria -la que no aprecia la Sala-, bien podr� acceder a las instancias pertinentes para que sea all� donde se dilucide lo que en derecho corresponda. En conclusi�n, la acci�n deviene improcedente ante el no cumplimiento del requisito de subsidiariedad por la existencia de un mecanismo ordinario de defensa judicial, a los cuales el actor deber� acudir con miras a buscar la protecci�n de los derechos que estima conculcados. 6.- DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala N� 2 de Decisi�n Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por mandato de la Constituci�n y la ley, FALLA PRIMERO: SE DECLARA IMPROCEDENTE la acci�n de tutela interpuesta por el ciudadano JIAR.

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, rem�tase el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisi�n. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Magistrado JULI�N RIVERA LOAIZA Magistrado JAIRO MAURICIO CARVAJAL BELTR�N Magistrado La �nica excepci�n a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el principio del fraude todo lo corrompe.

Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y T373 de 2014 M.P. Ver: Sentencia SU-074 de 2022. Cfr. Sentencia SU-074 de 2022. CSJ STP, 22 sept. 2015, Rad. 81747 Consultar, entre otras, las Sentencias T-500 de 1995 y T-285 de 2010. Sentencias T-582 de 2016. Corte Constitucional, Sentencia T-102 de 2006, Humberto Sierra Porto. Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas. Sobre este punto, la jurisprudencia constitucional ha se�alado que, �si bien no siempre es f�cil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, tambi�n lo es que esta Corporaci�n ha sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciaci�n razonables.

As�, por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos �mbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia Constituci�n y que es el denominado�debido proceso constitucional,�y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso. [Adem�s] de desv�os absolutamente caprichosos y arbitrarios, s�lo ser�an objeto de revisi�n aquellas decisiones judiciales que no consulten los elementos b�sicos del debido proceso constitucional y, en particular, que conduzcan a la inexistencia de defensa y contradicci�n dentro del proceso�.

Corte Constitucional, sentencia T-102 de 2006, M.P. Humberto Sierra Porto. Corte Constitucional, Sentencia T-137 de 2017. Corte Constitucional, Sentencia SU128 de 2021. En relaci�n con la subsidiariedad de la acci�n de tutela pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo Beltr�n Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Sentencias T-315 de 2005. Cfr. Ver Corte Constitucional.

Sentencias C-590 del 8 de junio de 2005 y T-332 del 4 de mayo de 2006. CSJ STP Rad. No. 31.781, 32.327, 36.728, 38.650, 40.408,41.642, 41.805, 49, 752, 50.399, 50.765, 53.544, 54.762, 57.583, 59.354, 60.917, 61.515, 62.691, 63.252, 64.107, 65.086, 66.996, 67.145, 68.727, 69.938 y 70.488. CSJ STP, 06 nov. 2018, rad. 101223. Corte Constitucional, Sentencia C-1154 de 2005. CSJ STP16816-2017,10oct. 2017, rad. 94397. CSJ STP, 23 ago. 2022, rad. 125810. SU-1185 de 2001. Sentencia tutela primera instancia N� 015 Radicaci�n: 660012204000 2024 00113 00 Accionante: Jorge Iv�n �ngel Restrepo Declara improcedente P�gina PAGE 10 de NUMPAGES 10 3ij' ) 3 � � � � 3 � � � � � � 3cdefg}��ϸ��s��__Q_jh% UmHnHu'h% h% 5�CJPJ^JaJ nH tH 2hC�hC�5�CJOJPJQJ\�^JaJ nH tH ,h% h% CJOJPJQJ^JaJ nH tH &hC�CJOJPJQJ^JaJ nH tH ,hC�hC�CJOJPJQJ^JaJ nH tH 2hC�h% 5�CJOJPJQJ\�^JaJ nH tH ,hC�5�CJOJPJQJ\�^JaJ nH tH j� � � defg}��MNi��$��d]��a$gd% ��d]��gd% $��d]��a$gddgd% $da$gd% $d�a$gd% d�gdC�d�gd% �� #039�ϷϦ��ti^S^H^S=^==h% h��CJaJh% hZyCCJaJh% h}�CJaJh% hR�CJaJh% h�W)CJaJh% hA*:CJaJ$h% h% CJEH��PJaJnH tH 'h% h% 5�CJPJ^JaJnH tH h% h% PJ^JaJnH tH /h% h% 5�CJ OJPJQJ^JaJ nH tH ;h% h% 5�:�B*CJ OJPJQJ^JaJ nH phtH $h% h% CJPJ^JaJ nH tH 9>?EFIJKMNadehiosy��ɾ�߶�ɠ��ɃncVF h�+ %�&�&�*�**0+0��dgd% ��d]��gd% $��d]��a$gd% ��34;_a��澱��tg�Z��M %3&�&�&�&�&�&�&�&'' 'S'T'i'o'�'�'3(9(@(�(�(�(�())�)�)**3*L*T*��濲�濤��}�o��}�}�}�o�}�}��}h�+ 3>d>q>�>�>�>�>�? @3@_@w@{@�@ AAAA&A:A;A?A��ķ��z��z��m�`SFh�+ W�W�WX 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