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Y que, en lo que a esta �ltima ata�e su valoraci�n debe hacerse como prueba testimonial en conjunto con el restante acervo probatorio, siguiendo las reglas de la sana cr�tica. Sin duda, su grado de convicci�n depende en buena medida del respaldo que el dicho de las partes pueda hallar en los dem�s medios de prueba. (�) Como tambi�n se ha sostenido que, cuando en un proceso se confrontan los dichos de ambas partes, no habr�a raz�n para creer m�s en una que en otra, si no es por el soporte que puedan tener en los otros medios de convicci�n. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / SENTENCIA CON DEMANDA Y CONTESTACI�N / EXCEPCIONES � en garant�a de la regla de la congruencia que campea en el derecho procesal civil a partir del art�culo 281 del CGP, en virtud de la cual la sentencia debe estar acorde con los hechos y las pretensiones de la demanda, as� como con las excepciones que aparezcan probadas y hubieran sido alegadas si as� lo exige la ley, mandato que solo puede romperse en los determinados casos, como el de las restituciones mutuas, o la legitimaci�n en la causa, por ejemplo, el fallo debe concretarse al escenario planteado por las partes.
Se dir�, con acierto, que en presencia de una nulidad absoluta el juez debe proceder de oficio, o que en asuntos de familia es posible emitir fallos extra y ultra petita, pues as� lo regula el par�grafo 1 del mismo art�culo� vale se�alar que la nulidad que se origina porque a un acto o contrato le falte alguno de los requisitos que la ley prescribe para su valor, seg�n la especie y la calidad o estado de las partes, puede ser absoluta o relativa.
NULIDADES DOCUMENTO / ABSOLUTAS Y RELATIVAS / DEFINICI�N Y DIFERENCIAS La primera es la que se produce por un objeto o una causa il�cita, o porque se omita alg�n requisito o formalidad que la ley prescriba para el valor del acto o contrato en consideraci�n a su naturaleza; o cuando son celebrados por personas absolutamente incapaces. En los dem�s eventos, la nulidad ser� relativa (art. 1741 ib.).
Ya est� dicho que aqu� no se invoc� la nulidad de la partici�n, sino la lesi�n enorme derivada de ella. Con todo, una nulidad absoluta debe ser declarada de oficio por el juez, pero para ello se requiere que aparezca de manifiesto en el acto o contrato, lo que aqu� est� lejos de acontecer. No se menciona en la demanda un vicio de esa categor�a, ni el mismo salta a la vista de los actos previos a la escritura o en ella misma.
De hecho, lo que se discute, que es una especie de vicio del consentimiento al otorgar el poder se erigir�a en una nulidad relativa� PARTICI�N / NULIDAD / REGLAS LEGALES / S�MIL CON LOS CONTRATOS / RESCISI�N POR LESI�N ENORME / REQUISITOS Sobre la posibilidad de anular o rescindir una partici�n, claramente dispone el art�culo 1405 del C. Civil que ello tiene lugar de la misma manera y seg�n las mismas reglas de los contratos, y que la rescisi�n se concede siempre que se haya causado un perjuicio en m�s de la mitad de la cuota que a uno podr�a corresponder.
En todo caso, no puede intentar esta pretensi�n el part�cipe que haya enajenado su porci�n en todo o en parte, salvo que la partici�n adolezca de error, fuerza o dolo de los que resulte un perjuicio. Ya se despej� la situaci�n frente a una eventual nulidad. Y en cuanto a la rescisi�n por lesi�n enorme, a la luz de esas disposiciones, la jurisprudencia ha elaborado unos requisitos para su prosperidad. SF-0013-2024 Asunto: Sentencia de segunda instancia Tipo de proceso: Verbal � lesi�n enorme Demandante: Paula Andrea S�nchez M�rquez Demandado: V�ctor Daniel Arango Zapata Procedencia: Juzgado Primero de Familia de Pereira Radicaci�n: 66001311000120210025601 Temas: Gananciales � renuncia � lesi�n enorme Magistrado Ponente: Jaime Alberto Saraza Naranjo Aprobada en sesi�n: 505 del 4 de septiembre de 2024 Dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) Resuelve la Sala el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 25 de mayo de 2023, proferida por el Juzgado Primero de Familia local en este proceso verbal de lesi�n enorme que Paula Andrea S�nchez M�rquez inici� frente a V�ctor Daniel Arango Zapata. 1.
ANTECEDENTES Hechos Narra la demanda, una vez subsanada, que mediante escritura p�blica 5268 del 15 de noviembre de 2019, se declar� la uni�n marital de hecho entre Paula Andrea S�nchez M�rquez y V�ctor Daniel Arango Zata, con vigencia desde el 1 de diciembre de 2011 hasta el 15 de noviembre de 2019. En ese mismo documento se consign� la liquidaci�n de la sociedad patrimonial de hecho y se dijo que de com�n acuerdo elaboraron el activo y el pasivo sobre los �nicos bienes existentes, cuando en realidad exist�an otros que no fueron incluidos en el inventario.
En el instrumento p�blico se detall� el aval�o del activo en la suma de $410�998,889,00, que debe ser ajustada a la realidad, y un pasivo de cero pesos; sin embargo, al hacer la distribuci�n en la hijuela primera se le adjudic� a la demandante la suma de $37�217.139,oo, en tanto que al demandado le correspondi� la suma de $373�781.750, sin contar, adem�s, con que la sociedad que le fue adjudicada a ella se hallaba en estado de quiebra.
Luego de relacionar otros bienes que no se incluyeron en la liquidaci�n, se�al� que la adjudicaci�n de los gananciales contiene una desproporci�n que da lugar a la lesi�n enorme. Pretensiones. Con sustento en los hechos, pidi� que se declarara que (i) existi� lesi�n enorme con la escritura n�mero 5268 de fecha 15 de noviembre de 2019; consecuencialmente, que (ii) se hagan las prevenciones al demandado sobre las opciones del art�culo 1948 del C. Civil y, de no hacer uso del derecho, se tenga por rescindida por lesi�n enorme la partici�n y adjudicaci�n contenidas en la escritura;
(iii) se ordene al demandado la restituci�n de los muebles e inmuebles enajenados, con destino al haber de la sociedad conyugal, junto con todos sus componentes, anexidades, mejoras y usos; (iv) que se ordene al demandado �purificar� los muebles, inmuebles y activos de hipotecas u otros derechos reales que se hayan constituido en ellos; (v) se condene en costas al demandado, as� como al pago de los perjuicios causados con la disoluci�n y liquidaci�n. Tr�mite.
La demanda fue admitida por auto del 18 de agosto de 2021. Una vez notificada, el demandado contest� para referirse a los hechos, oponerse a las pretensiones y presentar las excepciones previas de (i) compromiso o clausula compromisoria y (ii) la de inepta demanda y/o haberse dado la demanda el tr�mite de un proceso diferente al que corresponde..
Y las de m�rito nominadas como: (i) inexistencia de error, fuerza o dolo; (ii) inexistencia de medios probatorios que demuestran la lesi�n enorme, (iii) mala fe, y la denominada (iv) gen�rica, sobre las que se pronunci� la demandante. Fracasadas las excepciones previas se fij� fecha para la audiencia integrada y se decretaron las pruebas correspondientes, evacuadas las cuales y escuchados los alegatos de conclusi�n, se dict� sentencia. 1.4 La sentencia de primera instancia En ella se negaron las pretensiones de la demanda y se conden� en costas a la demandante.
Luego se aludir� a los fundamentos del fallo. 1.5 Apelaci�n Apel� la demandante, porque el despacho no valor� de manera integral la declaraci�n de la demandante respecto de su consentimiento sobre la renuncia de los gananciales, que fue inducido; ni la desproporci�n en la liquidaci�n de los gananciales contenida en la escritura p�blica demandada.
Tambi�n sobre ellos se har� menci�n m�s adelante. Consideraciones Los presupuestos del proceso concurren todos y no se advierte causal de nulidad que d� al traste con lo actuado. La legitimaci�n en la causa se satisface por activa y pasiva, en la medida en que se procura la declaraci�n de una lesi�n enorme ocurrida en la liquidaci�n de la sociedad patrimonial de hecho, contenida en la escritura p�blica 5268 del 15 de noviembre de 2019, en la que, adem�s, se declar� la uni�n marital de hecho entre Paula Andrea S�nchez M�rquez, demandante, y V�ctor Daniel Arango Zata, demandado.
Corresponde a la Sala resolver si confirma la providencia impugnada que neg� las pretensiones de la demanda, porque no se acreditaron los elementos propios de la lesi�n enorme, o si, como pretende la recurrente, se revoca, ya que s� est�n dados esos presupuestos. Para dilucidarlo, se tendr� en cuenta que, producto de la redacci�n del art�culo 328 del CGP, el sendero que traza la competencia del superior est� dado por aquellos aspectos que fueron objeto de impugnaci�n, sin perjuicio de algunas situaciones que permiten decidir de oficio (legitimaci�n en la causa, prestaciones mutuas, asuntos relacionados con la familia, las costas procesales, por ejemplo).
Es lo que se ha dado en denominar la pretensi�n impugnaticia, como ha sido reconocido por esta Sala de tiempo atr�s y lo han reiterado otras, con soporte en decisiones de la Corte, unas de tutela, que se acogen como criterio auxiliar, y otras de casaci�n. Se anticipa que la sentencia ser� confirmada, pues los reparos propuestos no pueden abrirse paso.
Seg�n viene de verse, al momento de corregir los defectos de la demanda que el juzgado le resalt�, la accionante redujo su discurso a la lesi�n enorme por la desproporci�n econ�mica entre los compa�eros permanentes al momento de liquidar la sociedad patrimonial. Y el Juzgado, al desatar la litis, hizo hincapi� en que: (i) la lesi�n enorme tiene lugar en la partici�n, incluida la de una sociedad patrimonial de hecho, cuando se rompe la proporcionalidad en las adjudicaciones, como lo prev� el art�culo 1405 del C. Civil, desequilibrio que debe ser probado, pues de lo contrario ser�a imposible inferir la voluntad de las partes condensada en una liquidaci�n voluntaria;
(ii) cualquiera de los c�nyuges puede renunciar a los gananciales, seg�n lo prev� el art�culo 1775 del mismo estatuto y no es posible confundir las pretensiones tendientes a la declaraci�n de lesi�n enorme con las que procuren la declaraci�n de nulidad del acto partitivo por vicios del consentimiento; (iii) en el caso concreto, mediante escritura p�blica 5268 del 15 de noviembre de 2019, demandante y demandado declararon la existencia de su uni�n marital de hecho entre el 1 de diciembre de 2011 y el 15 de noviembre de 2019, la compa�era renunci� a sus gananciales, acept� recibir solo un bien por valor de $37�217.139,oo y a �l se le adjudicaron bienes por la suma de $373�781.750,oo;
(iv) en el interrogatorio que absolvi� la demandante dijo que otorg� el poder para que se suscribiera la escritura referida sin enterarse de la renuncia mencionada, sin embargo, en el plenario obra un acuerdo privado celebrado entre las partes el 20 de septiembre de 2019 en el que ella declara que recibi� $65.000.000,oo de pesos, un apartamento y un parqueadero por valor de $174�732.861, del que se colige que la renuncia de gananciales estuvo supeditada a dicho acuerdo y, por su parte, el compa�ero asegur� que los acuerdos fueron discutidos y que Paula Andrea era conocedora de la renuncia;
(v) en consecuencia, no hall� viable declarar la lesi�n enorme, ya que esta se descarta cuando el perjudicado renuncia total o parcialmente a su derecho, porque la reducci�n de la al�cuota es imputable directamente a �l y no es admisible disentir de sus propios actos, a menos que se pretenda discutir que la renuncia fue producto de un vicio del consentimiento, para lo cual debe proponerse otro escenario que corresponde al de la nulidad, para no incurrir en incongruencia. Los reparos de la demandante se compendian en lo siguiente: (i) las declaraciones de la demandante no fueron tenidas en cuenta por la funcionaria;
(ii) la renuncia de gananciales debe ajustarse a los requisitos previstos en el art�culo 1502 del C. Civil, y en este caso se demostr� que ella fue enga�ada por el demandado, pues nunca tuvo contacto con la abogada que los represent�, ni se le dio tiempo para mirar qu� estaba firmando, m�s bien, se le indujo a renunciar por enga�o o un injustificado error acerca del estado de los negocios sociales, por un supuesto problema con la DIAN, para luego revelar que existe otros bienes y negocios en cabeza del demandado que no se incluyeron en la escritura p�blica atacada;
(iii) es decir, que el acto de disoluci�n y liquidaci�n fue inducido y el demandado se aprovech� de �una mujer que no ten�a ni la capacidad jur�dica para entender lo que hac�a y que confiaba en su entonces esposo� y contiene un desproporci�n que configura la lesi�n enorme deprecada que podr�a haberse verificado con la realizaci�n de los aval�os y, en todo caso, surge de los valores se�alados en el instrumento p�blico, cuesti�n que es meramente objetiva, as� que son indiferentes �las circunstancias, los hechos y los motivos que hayan rodeado la liquidaci�n de la sociedad conyugal, basta con demostrar que el precio o valor est� dentro de los par�metros establecidos por la ley para que configure una lesi�n enorme.
Esto debe ser recordado, adem�s de que en el proceso que nos convoca hoy s� se demostr� que mi prohijada fue enga�ada por el demandado�. El primer embate sugiere que el Juzgado no tuvo en cuenta las declaraciones de la demandante para decidir. Para su an�lisis, se recuerda que esta Colegiatura ha venido diciendo e insistiendo en que, con la promulgaci�n del C�digo General del Proceso, el interrogatorio de parte sirve al prop�sito de obtener una confesi�n o una declaraci�n de parte, como medios de prueba aut�nomos.
Y que, en lo que a esta �ltima ata�e su valoraci�n debe hacerse como prueba testimonial en conjunto con el restante acervo probatorio, siguiendo las reglas de la sana cr�tica. Sin duda, su grado de convicci�n depende en buena medida del respaldo que el dicho de las partes pueda hallar en los dem�s medios de prueba. En la sentencia SC470-2023, la Sala de Casaci�n Civil de la Corte Suprema de Justicia, recalc� sobre el m�rito probatorio de la declaraci�n de parte que: La Secci�n Tercera del C�digo General del Proceso que regula el r�gimen probatorio, consagra en su art�culo 165 los denominados �medios de prueba�, entre los cuales se incluye la �declaraci�n de parte�, de ah� que, al momento de efectuar la valoraci�n de los elementos de convicci�n, el juzgador est� obligado a manifestar el m�rito demostrativo que le confiere a la misma cuando haya sido practicada, aunque no incluya confesi�n, pues al tenor del inciso final del art�culo 191 ibidem, �[l]a simple declaraci�n de parte se valorar� por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciaci�n de las pruebas�; y seg�n el inciso segundo del art�culo 196 del mismo estatuto, �[c]uando la declaraci�n de parte comprenda hechos distintos que no guarden �ntima conexi�n con el confesado, aquellos se apreciar�n separadamente�.
Sin embargo, en ese �ltimo evento, el presupuesto necesario para que lo relatado por quien funge como parte en el proceso tenga fuerza probatoria, es que sus manifestaciones encuentren eco en otros medios demostrativos. Como tambi�n se ha sostenido que, cuando en un proceso se confrontan los dichos de ambas partes, no habr�a raz�n para creer m�s en una que en otra, si no es por el soporte que puedan tener en los otros medios de convicci�n. As� razon� la Corte, en sede de tutela, que sirve como criterio auxiliar, en la sentencia STC043-2024: As�, por ejemplo, a la hora de valorar pruebas como las declaraciones de las partes en contienda, el sentenciador debe tener en cuenta las reglas para la apreciaci�n de dichos medios de convicci�n, sin que pueda, sin razones valederas, otorgar m�s m�rito a la versi�n de la mujer que a la de su antagonista.
Sobre el particular, la Sala precis�: En s�ntesis, si en un determinado asunto, el Juzgador se encuentra con declaraciones que resultan contradictorias parcial o totalmente, no s�lo deber� efectuar una apreciaci�n individual del relato con relaci�n a la exhaustividad, detalle, claridad y coherencia en lo expresado, sino que adem�s tendr� que cotejarlo con los dem�s medios demostrativos recaudados en las diligencias, para as� poder dar credibilidad a un declarante y no a otro que se haya mostrado antag�nico.
En otras palabras, para que el Juez tenga por veros�mil una versi�n de lo declarado, deber� estar apoyado, por lo general, en otros medios de convicci�n, en virtud de la tarea que tiene asignada de valorar el acervo probatorio, de acuerdo con las reglas de la sana cr�tica. Se trae a colaci�n lo anterior, porque en este espec�fico caso las partes limitaron su actividad probatoria a sus interrogatorios y a los documentos allegados con la demanda y su contestaci�n, dado que el �nico testimonio decretado como prueba com�n fue desistido durante la audiencia concentrada.
En esa medida, la funcionaria se�al� que �� en el interrogatorio vertido ante esta instancia judicial, la demandante se�al� que el poder otorgado a la profesional del derecho, que adelant� ante la notar�a cuarta la declaraci�n de la uni�n marital de hecho y la consecuente sociedad patrimonial, su disoluci�n y liquidaci�n, lo suscribi� sin enterarse que estaba renunciando a gananciales.
Sin embargo, obra en el expediente acuerdo privado suscrito entre las partes del 20/09/2019, en el que la se�ora Paula Andrea declara que recibi� la suma de 65.000.000 de pesos, un apartamento y un parqueadero por valor de 174.732.861, de lo cual se puede colegir que la renuncia a gananciales estuvo supeditada a dicho acuerdo, por su parte, el se�or V�ctor Daniel indic� que los acuerdos fueron discutidos y que la se�ora Paula Andrea era conocedora de la renuncia a gananciales�.
Es decir, que en el ejercicio dial�ctico que le correspond�a, confront� los dichos antag�nicos de las partes, pero le dio mayor peso al del demandado, en cuanto se aport� un acuerdo privado entre ellas, que contiene la relaci�n de bienes se�alado y anticipa la renuncia a los gananciales. Entonces, no puede concluirse que la funcionaria omiti� la declaraci�n de la demandante, m�s bien la cotej� con la del demandado y con los restantes elementos probatorios para darle mayor credibilidad a lo que estos arrojan.
As� que el reparo fracasa. Los otros dislates que se le atribuyen al fallo se pueden despachar conjuntamente, pues guardan relaci�n entre s�. En efecto, sostiene la impugnante que la renuncia a los gananciales no se ajust� a las prescripciones del art�culo 1502 del C. Civil, pues ella fue enga�ada por el demandado al momento de suscribir el poder, ya que nunca tuvo contacto con la abogada y se le indujo a firmar bajo un supuesto problema con la DIAN, sin tener en cuenta que exist�an otros bienes a nombre del demandado que no se incluyeron en la escritura atacada.
Y, adem�s, que el acto de disoluci�n y liquidaci�n fue inducido y el demandado se aprovech� de una mujer que no ten�a capacidad jur�dica para entender lo que hac�a y que confiaba en �l, a lo que se suma que el acto partitivo fue desproporcionado, lo que engendra la lesi�n deprecada, que se hubiera podido verificar con un aval�o actual de los bienes, o con solo tener en cuenta los que se relacionaron en la escritura p�blica, por ser una cuesti�n meramente objetiva.
Varias situaciones hacen impr�speros estos cargos. Por una parte, habr�a que decir que, en estricto sentido, la alegaci�n de la demandante en este punto constituye un tema nuevo en la apelaci�n, porque, como al comienzo se dijo, al corregir los defectos de la demanda seg�n las exigencias del juzgado, la parte demandante abandon�, por completo, toda queja relacionada con alg�n vicio del consentimiento al momento de suscribir los documentos que dieron paso a la escritura p�blica 5268 del 15 de noviembre de 2019, entre ellos, el poder otorgado a la abogada Mar�a Claudia Grajales Calero, que se protocoliz� junto con aquella.
Si ello es as�, en garant�a de la regla de la congruencia que campea en el derecho procesal civil a partir del art�culo 281 del CGP, en virtud de la cual la sentencia debe estar acorde con los hechos y las pretensiones de la demanda, as� como con las excepciones que aparezcan probadas y hubieran sido alegadas si as� lo exige la ley, mandato que solo puede romperse en los determinados casos, como el de las restituciones mutuas, o la legitimaci�n en la causa, por ejemplo, el fallo debe concretarse al escenario planteado por las partes.
Se dir�, con acierto, que en presencia de una nulidad absoluta el juez debe proceder de oficio, o que en asuntos de familia es posible emitir fallos extra y ultra petita, pues as� lo regula el par�grafo 1 del mismo art�culo. En tal sentido, vale se�alar que la nulidad que se origina porque a un acto o contrato le falte alguno de los requisitos que la ley prescribe para su valor, seg�n la especie y la calidad o estado de las partes, puede ser absoluta o relativa (art. 1740 C. Civil).
La primera es la que se produce por un objeto o una causa il�cita, o porque se omita alg�n requisito o formalidad que la ley prescriba para el valor del acto o contrato en consideraci�n a su naturaleza; o cuando son celebrados por personas absolutamente incapaces. En los dem�s eventos, la nulidad ser� relativa (art. 1741 ib.). Ya est� dicho que aqu� no se invoc� la nulidad de la partici�n, sino la lesi�n enorme derivada de ella.
Con todo, una nulidad absoluta debe ser declarada de oficio por el juez, pero para ello se requiere que aparezca de manifiesto en el acto o contrato, lo que aqu� est� lejos de acontecer. No se menciona en la demanda un vicio de esa categor�a, ni el mismo salta a la vista de los actos previos a la escritura o en ella misma. De hecho, lo que se discute, que es una especie de vicio del consentimiento al otorgar el poder se erigir�a en una nulidad relativa que, por un lado, debe ser invocada, y por el otro, para su procedencia, si es que se pensara en esas facultades extra y ultra petita del juez de familia, debe darse un m�nimo de actividad probatoria que, en el caso de ahora, es inexistente, como para poder concluir una infracci�n a las reglas de validez de determinado acto jur�dico.
Seg�n se anticip�, solo reposan las pruebas documentales y las declaraciones de las partes, de las que es imposible colegir el enga�o o las argucias que se le atribuyen al demandante. Por eso, atinada fue tambi�n la funcionaria de primer grado al se�alar en el fallo que otra es la v�a para obtener una declaraci�n de ese tenor, pues aqu� todo estaba reducido, por el querer expreso de la demandante, a la lesi�n enorme.
Esa misma inactividad probatoria y otras circunstancias que m�s adelante se analizar�n, impiden que el caso sea juzgado a favor de la demandante con solo aplicar perspectiva de g�nero. Sobre este aspecto valga se�alar que, acudir a las reglas que la gobiernan derivadas de la protecci�n del derecho a la igualdad previsto en nuestra Carta Pol�tica en el art�culo 13 y en la Declaraci�n Universal de los Derechos Humanos, no implica, necesariamente, que determinado asunto se juzgue con el �nico criterio de que uno de los extremos es mujer; tal prerrogativa, como reconoce la jurisprudencia tiende, m�s bien, a que los procesos, cuando a ello haya necesidad, se juzguen con rostro humano, sea que quien resulte beneficiado sea una mujer, un hombre, un menor de edad, un miembro de la poblaci�n LGTBIQ+, u otro sujeto de especial protecci�n. Este Tribunal, en ciertos casos, ha acudido a ese enfoque, cuando ha quedado en evidencia un trato inhumano frente a la mujer, de orden psicol�gico o econ�mico.
Ciertamente, en la sentencia SF-0007-2024 de otra Sala, para citar una, se estim� pertinente al estudiar los reparos, � hacerlo con enfoque de g�nero, pues los actos probados se subsumen en aquellos explicados por la doctrina jurisprudencial de la CSJ (2021) como violencia econ�mica y contra la mujer; en palabras textuales ha dicho: Al estudiar un caso de violencia emocional y econ�mica contra la mujer al interior de la familia, la Corte Constitucional expuso que �Seg�n la Organizaci�n Mundial de la Salud, existen conductas espec�ficas de violencia psicol�gica.
Por ejemplo (�) ignorarla o tratarla con indiferencia; (�) Por otra parte, la violencia contra la mujer tambi�n es econ�mica. Esta clase de agresiones son muy dif�ciles de percibir, pues se enmarcan dentro de escenarios sociales en donde, tradicionalmente, los hombres han tenido un mayor control sobre la mujer. A grandes rasgos, en la violencia patrimonial el hombre utiliza su poder econ�mico para controlar las decisiones y proyecto de vida de su pareja.
Es una forma de violencia donde el abusador controla todo lo que ingresa al patrimonio com�n, sin importarle qui�n lo haya ganado. Manipula el dinero, dirige y normalmente en �l radica la titularidad de todos los bienes. (�) Por lo general, esta clase de abusos son desconocidos por la mujer pues se presentan bajo una apariencia de colaboraci�n entre pareja.
El hombre es el proveedor por excelencia. No obstante, esa es, precisamente, su estrategia de opresi�n. La mujer no puede participar en las decisiones econ�micas del hogar, as� como est� en la obligaci�n de rendirle cuentas de todo tipo de gasto. (�) Es importante resaltar que los efectos de esta clase violencia se manifiestan cuando existen rupturas de relaci�n, pues es ah� cuando la mujer exige sus derechos econ�micos, pero, como sucedi� a lo largo de la relaci�n, es el hombre quien se beneficia en mayor medida con estas particiones.
De alguna forma, la mujer �compra su libertad�, evitando pleitos dispendiosos que en muchos eventos son in�tiles� (CC, T-012/2016). Negrillas propias y subrayas ajenas. Bien se ve que fue un asunto en el que el hombre, haciendo gala de su condici�n, abus� de las condiciones de inferioridad de la mujer para despojarla de cualquier derecho sobre los bienes sociales.
Pero, para arribar a una conclusi�n de ese talante, la situaci�n f�ctica fue muy diversa a la de ahora, de ah� que tenga qu� recordarse tambi�n lo dicho por la misma Corte en diversas decisiones de tutela, que sirven como criterio auxiliar, acerca de que el equilibrio tiene que darse entre todos los sujetos involucrados, por un lado, y no sirve al prop�sito de liberar en un todo de la carga probatoria, por el otro, sino que es conforme con el acervo allegado que se debe poder arribar a la conclusi�n de que la mujer fue violentada, por el hecho de serlo.
As�, por ejemplo, en la reciente sentencia STC8429-2024, se se�al�: 2.- La aspiraci�n de�, encaminada a que �se tenga en cuenta el enfoque de perspectiva de g�nero�, tampoco puede prosperar, por cuanto lo rese�ado no devela escenarios que estructuren alguna inequidad de g�nero o situaci�n especial de debilidad manifiesta derivada de su condici�n de mujer, que ameriten la aplicaci�n del enfoque diferencial suplicado, figura respecto de la cual se ha venido predicando: la administraci�n de justicia con enfoque de g�nero no implica el desconocimiento del debido proceso de las partes y tampoco debe afectar la imparcialidad del Juez, por eso la Corte ha establecido que �[e]s necesario aplicar justicia no con rostro de mujer ni con rostro de hombre, sino con rostro humano� de forma tal que se materialice la igualdad prevista en la Declaraci�n de Derechos Humanos y reconocida en el art�culo 13 de la Constituci�n Nacional.
Por eso, se itera que �Juzgar con �perspectiva de g�nero� es recibir la causa y analizar si en ella se vislumbran situaciones de discriminaci�n entre los sujetos del proceso o asimetr�as que obliguen a dilucidar la prueba y valorarla de forma diferente a efectos de romper esa desigualdad, aprendiendo a manejar las categor�as sospechosas al momento de repartir el concepto de carga probatoria, como ser�a cuando se est� frente a mujeres, ancianos, ni�o, grupos LGBTI, grupos �tnicos, afrocolombianos, discapacitados, inmigrantes, o cualquier otro; es tener conciencia de que ante situaci�n diferencial por la especial posici�n de debilidad manifiesta, el est�ndar probatorio no debe ser igual (�).
STC2287-2018, reiterada en STC7683-2021, STC11842-2022 y STC704-2023. Y en la sentencia STC9456-2024, se explic� que �aunque muchos de los casos en los que se aplica la perspectiva de g�nero han amparado a mujeres, el prop�sito de esta figura no es cuidar exclusivamente de estas, sino servir como una herramienta para garantizar la igualdad de derechos y tutela judicial efectiva para todos los g�neros�.
A partir de lo cual record� que en su sentencia CSJSTC043-2024, se precis� que �el enfoque de g�nero no es para beneficiar a la mujer, sino una herramienta de an�lisis que permite visibilizar a los administradores de justicia si determinada situaci�n es resultado de circunstancias asociadas a patrones de conductas impuestas por la sociedad por raz�n del g�nero, del sexo o la orientaci�n sexual de una persona, a fin de remediarlas y hacer efectiva la igualdad material que pregona la Carta Pol�tica�.
Reconoci�, adem�s, �que la perspectiva de g�nero tambi�n puede beneficiar a los hombres si se demuestra que han sido v�ctimas de violencia o discriminaci�n� igual que a la poblaci�n LGTBIQ+, o a los ni�os, ni�as y adolescentes (CSJSTC1196-2023). Y concluy� esa providencia que: � En suma, puede afirmarse que la perspectiva o enfoque de g�nero es una forma de materializar el art�culo 1� de la Declaraci�n Universal de Derechos Humanos que establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinci�n de ning�n tipo.
Luego, el deber que tienen los jueces de aplicarlo no implica la creaci�n de privilegios para un g�nero sobre otro, sino que su cometido es identificar las desigualdades sociales seg�n el rol de cada persona en la sociedad, con el fin de procurar la eliminaci�n de la discriminaci�n, de forma tal que se equilibren las oportunidades y derechos de todos los asociados.
En esa misma l�nea, pero con el agregado atinente a las pruebas, ha venido se�alando la alta Colegiatura, como se lee en la sentencia STC8139-2024, que: En relaci�n con la perspectiva de g�nero ante las circunstancias de �ndole personal, familiar y econ�micas mencionadas en la demanda y en la impugnaci�n, la Corte ha expuesto: � juzgar con perspectiva de g�nero es recibir la causa y analizar si en ella se vislumbran situaciones de discriminaci�n entre los sujetos del proceso o asimetr�as que obliguen a dilucidar la prueba y valorarla de forma diferente a efectos de romper esa desigualdad, aprendiendo a manejar las categor�as sospechosas al momento de repartir el concepto de carga probatoria, como ser�a cuando se est� frente a mujeres, ancianos, ni�o, grupos LGBTI, grupos �tnicos, afrocolombianos, discapacitados, inmigrantes, o cualquier otro; es tener conciencia de que ante situaci�n diferencial por la especial posici�n de debilidad manifiesta, el est�ndar probatorio no debe ser igual, ameritando en muchos casos el ejercicio de la facultad-deber del juez para aplicar la ordenaci�n de prueba de manera oficiosa. � Para el ejercicio de un buen manejo probatorio en casos donde es necesario el �enfoque diferencial� es importante mirar si existe alg�n tipo de estereotipo de g�nero o de prejuicio que puedan afectar o incidir en la toma de la decisi�n final, recordando que �prejuicio o estereotipo� es una simple creencia que atribuye caracter�sticas a un grupo; que no son hechos probados en el litigio para tenerlo como elemento esencial o b�sico dentro del an�lisis de la situaci�n f�ctica a determinar.
Discriminaci�n de g�nero, entonces, es acceso desigual a la administraci�n de justicia originada por factores econ�micos, sociales, culturales, geogr�ficos, psicol�gicos y religiosos, y la Carta Pol�tica exige el acceso eficiente e igualitario a la administraci�n de justicia; por tanto, si hay discriminaci�n se crea una odiosa exclusi�n que menoscaba y en ocasiones anula el conocimiento, ejercicio y goce de los derechos del sujeto vulnerado y afectado, lo que origina en muchas ocasiones revictimizaci�n por parte del propio funcionario jurisdiccional.
Es muy com�n encontrar problemas de asimetr�a y de desigualdad de g�nero en las sentencias judiciales; empero, no se puede olvidar que una sociedad democr�tica exige impartidores de justicia comprometidos con el derecho a la igualdad y, por tanto, demanda investigaciones, acusaciones, defensas y sentencias apegadas no solo a la Constituci�n sino a los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales aceptados por Colombia que los consagran� (CSJ STC, 21 FEB. 2008, RAD. 2007-00544, citada recientemente en STC4390-2024) Mientras que en la sentencia STC-7107-2024, se consign�: De otro lado, si bien, en el asunto criticado se est� ante una menor y su madre, lo que daba lugar a incorporar la perspectiva de g�nero, lo cierto es que, esto a la hora de proferir un fallo �se traduce (�) en no caer o encasillar a los sujetos procesales en estereotipos, prejuicios o generalizaciones, adem�s de examinar el contexto de violencia que deviene entre los excompa�eros en desigualdad de condiciones� (STC1196-23); luego entonces, la citada herramienta contrario a lo que advierte la actora, no es un instrumento para parcializar o dar un alcance inexistente a las pruebas recaudadas.
Ahora, tambi�n se advierte que en el tr�mite criticado no se demostr� la violencia econ�mica alegada, destacando que en palabras de la Corte Constitucional, la misma �se vincula a las circunstancias en las que los hombres limitan la capacidad de producir de las mujeres, de trabajar, de recibir un salario o de administrar sus bienes y dinero, situ�ndolas en una posici�n de inferioridad y desigualdad social� (CC 878/14; reiterada en CC SU080/20), lo que, se itera, aqu� no se acredit�; y, de todos modos, el proceso id�neo para plantearlo no es el ahora cuestionado proceso de fijaci�n de cuota alimentaria, pues para el efecto puede iniciar la actuaci�n judicial o administrativa pertinente.
Como se ven�a diciendo, la demandante expresamente abandon� la causa inicialmente planteada y la redujo a la lesi�n enorme, por una parte; y por la otra, como se consignar� enseguida, la escasa prueba allegada ense�a que, con antelaci�n a la denominada renuncia de gananciales, hubo un acuerdo privado en virtud del cual ella recibi� bienes de consideraci�n, en relaci�n con lo cual caben las siguientes apreciaciones.
Sobre la posibilidad de anular o rescindir una partici�n, claramente dispone el art�culo 1405 del C. Civil que ello tiene lugar de la misma manera y seg�n las mismas reglas de los contratos, y que la rescisi�n se concede siempre que se haya causado un perjuicio en m�s de la mitad de la cuota que a uno podr�a corresponder. En todo caso, no puede intentar esta pretensi�n el part�cipe que haya enajenado su porci�n en todo o en parte, salvo que la partici�n adolezca de error, fuerza o dolo de los que resulte un perjuicio.
Ya se despej� la situaci�n frente a una eventual nulidad. Y en cuanto a la rescisi�n por lesi�n enorme, a la luz de esas disposiciones, la jurisprudencia ha elaborado unos requisitos para su prosperidad. As�, por ejemplo, en la sentencia SC3346-2000, que en lo que concierne se cita, nuestro �rgano de cierre se�al� que: (a) Debe tratarse de una universalidad sucesoral, conyugal o patrimonial de hecho, con independencia del tipo de activos que la conformen, en tanto no se exige que est� integrada por inmuebles, como s� lo hace en relaci�n con la compraventa;
(b) En el proceso habr� de demostrarse el justo precio de la totalidad de los activos que integraban la masa al momento de la partici�n -sin que sea cortapisa que en el proceso sucesoral se haya practicado un aval�o-, los cuales deber�n compararse con los que fueron adjudicados en la hijuela al accionante, para establecer el desequilibrio, so pena que se haga inviable la reclamaci�n. �[C]abe precisar que esa desproporci�n puede ser originada, de un lado, por ocultamiento de pasivos o por inclusi�n de algunos inexistentes, y de otro, por la infravaloraci�n de los bienes que se dan a uno de los sujetos que intervienen en el acto, o por la sobrevaloraci�n de aquellos que se adjudican a la parte contraria, siempre que ello cause una mengua de la magnitud que consagra la ley para erosionar el contrato.
Y claro, cualquiera de esos fen�menos debe probarse si es que se pretende la rescisi�n de la partici�n, pues -se insiste- de otra forma no podr�a injerirse la voluntad privada de las partes condensada en la liquidaci�n voluntaria de la sociedad patrimonial� (SC, 2 feb. 2009, rad. n.� 2000-00483-01). No es admisible, en este contexto, que pretenda acreditarse el desequilibrio con fundamento en bienes que no fueron incluidos en el inventario, porque en este caso la normatividad prev� que debe acudirse a la partici�n adicional, la cual no afecta la simetr�a del tr�mite anterior. �En una palabra, que se parti� menos de lo que debi� partirse, cuesti�n que repulsa la lesi�n enorme, porque� ella no mira al acto m�s que ontol�gicamente� (SC, 30 mar. 2001, exp. n.� 6183).
(c) La lesi�n enorme �nicamente se predica del heredero, c�nyuge o compa�ero permanente que ha recibido una al�cuota cuyo justo valor es inferior al 50% de la que ten�a derecho a percibir, considerando el total de la masa liquidatoria. Acl�rese que �la acci�n de rescisi�n por lesi�n enorme� debe examinarse� �respecto del total de los bienes adjudicados� y no �nicamente frente a uno o varios de ellos� (SC, 4 dic. 2008, exp. n.� 7001-00332-01). �No basta, por lo tanto, que el valor en que se adjudica un objeto hereditario, exceda de la mitad del valor que corresponde a dicho objeto, o que la estimaci�n que se ha hecho de dicho objeto sea inferior a la mitad de su precio efectivo�; pues si los dem�s objetos que forman el lote o hijuela de ese part�cipe le han sido adjudicados por sumas que compensan la p�rdida sufrida en ese objeto de modo que no resulta perjudicado en m�s de la mitad de su cuota�.
Cuando la desproporci�n �no excede de la mitad del valor de la cuota debida, aunque llegue a una suma muy 'pr�xima o a�n a la mitad, no da lugar a acci�n rescisoria de la partici�n de bienes, no obstante el principio de igualdad que rige en todas ellas. Esto porque el legislador estima que no debe anularse y dejarse sin efecto una partici�n por causa de lesi�n sufrida por alguno o algunos de los part�cipes, ya que por deseosos que todos se manifiesten en mantener la igualdad en la divisi�n de los bienes, f�cilmente pueden incurrir en errores de apreciaci�n de mayor o menor entidad� (CSJ, SC, 15 oct. 1953).
(d) La pretensi�n deber� ser enarbolada por el perjudicado o sus sucesores, pero en este �ltimo caso la acci�n tiene la condici�n de iure hereditatis, en tanto �nicamente est�n legitimados para interponerla quienes han intervenido en el acto. Trat�ndose de cesionarios, como �est�n facultados, expresamente, para deprecar la partici�n y, por contera, para intervenir en los actos que den lugar a la misma�[, p]or ese sendero debe concluirse, con la misma l�gica, que si el ordenamiento jur�dico concedi� a tales terceros adquirentes esa potestad interventora, con igual raz�n tienen la posibilidad de impugnar la distribuci�n inicial o la adicional, si a esta hubo lugar, al sentir que fueron afectados sus derechos� (SC13021, 25 ag. 2017, rad. n.� 2005-00238-01).
(e) El demandante debe acreditar que, despu�s de realizada la partici�n, no ha enajenado los bienes que le fueron adjudicados, pues de haberlo hecho este comportamiento se tendr� como asentimiento del acto partitivo y renuncia t�ctica a la acci�n rescisoria. La Corte ha explicado que �no se requieren mayores cavilaciones para concluir que el impedimento para el ejercicio de aquella acci�n est� referido, en el precepto �ltimamente citado, de manera expresa y contundente al supuesto de que el part�cipe perjudicado que de dicho medio se valga en orden a hacer desaparecer la chocante desigualdad existente, con anterioridad haya enajenado todo o parte de los bienes puestos en su lote, luego ante una norma tan expl�cita en su formulaci�n y que como bien es sabido, su raz�n de ser responde a la conveniencia de mantener adquisiciones realizadas por terceros de buena fe al amparo de una partici�n en la que tom� cuerpo el derecho a ellos transferido, ligada a una especie de presunci�n irrefragable de confirmaci�n t�cita que por imperio de la ley el acto de enajenaci�n encierra� (SC, 2 dic. 1997, exp. n.� 4915).
(f) Desc�rtese este remedio cuando el perjudicado renunci� total o parcialmente a su derecho, porque en este caso la reducci�n de la al�cuota es imputable directamente a �ste y no es admisible disentir de sus propios actos. �La Corte reitera la doctrina conforme a la cual las reglas legales sobre la manera de efectuar la partici�n de bienes hereditarios quedan sin aplicaci�n cuando los copart�cipes acuerdan leg�tima y un�nimemente una cosa distinta de lo que en ellas se establece (Art�culos 1391 y 1392 del C�digo Civil)� (SC, 31 ag. 1955, G.J. n.� 2157-2158).
(g) La acci�n deber� promoverse dentro del t�rmino se�alado en la regulaci�n para este tipo de acciones. Seg�n se desprende de este derrotero, para el caso de ahora se tiene que: (i) parte de la queja radica en que exist�an otros bienes que no se incluyeron en la liquidaci�n, pero, visto est� que, para remediar esa circunstancia es menester acudir a otra v�a, como la partici�n adicional, as� que ante esa eventualidad, no cabe pregonar que hubo violencia de g�nero; y (ii) la partici�n obedeci� a unos acuerdos previos que condujeron a que la demandante dijera renunciar a sus gananciales, cuando en realidad s� recibi� bienes por una suma superior a los doscientos setenta millones de pesos, as� que, como se�ala la jurisprudencia, la reducci�n de la al�cuota para ella en el acto mismo de la liquidaci�n obedeci� a su manifestaci�n de renuncia, que m�s que eso, en sentir de la Sala, obedeci� a que recibi� su cuota en esos esos convenios preliminares y con la escritura misma, pues termin� adjudic�ndosele un establecimiento de comercio.
No ve la Sala, entonces, que con la escasa prueba aportada y valorada, se pueda llegar a cambiar el rumbo del fallo, ni siquiera por la aplicaci�n de un enfoque de g�nero en favor de la mujer, porque, a diferencia del caso citado y resuelto en esta Corporaci�n, en el que, se reitera, la mujer quiso ser despojada de todo cuanto le correspond�a, aqu� medi� ese acuerdo de voluntades en virtud del cual la demandante, antes de la partici�n, hab�a recibido bienes, mismos que, como ella reconoci�, ya no est�n en su poder.
As� que no puede hablarse de un desequilibrio econ�mico tal que haga presumir la vulneraci�n de sus derechos, ni este es el escenario para acreditar y, en todo caso, tampoco cumpli� esa tarea, que su consentimiento al momento de firmar el poder a la abogada estuvo viciado. Y ni modo de se�alar que pudo haber violencia f�sica o psicol�gica en su contra para compelerla a aceptar los tratos, pues, se insiste, en ese sentido hay completa orfandad probatoria.
Tampoco es propicio, en el escenario que ofrece el proceso, acudir a pruebas de oficio, pues los acuerdos entre las partes fueron suficientemente probados y el �nico testimonio pedido por los contendientes como prueba com�n, con el que, seguramente, se quer�a probar la falta de consentimiento, fue desistido tambi�n por petici�n conjunta. As� que, por donde se mire la cuesti�n, estas protestas tampoco pueden salir avante.
Viene como corolario de lo dicho que la sentencia de primer grado ser� confirmada. Como el recurso fracasa, la demandante deber� correr con las costas en esta instancia, siguiendo el mandato del art�culo 365-1 del CGP. Ellas se liquidar�n ante el juez de primer grado, siguiendo las pautas del art�culo 366 del mismo estatuto, efecto para el cual, en auto separado, el magistrado sustanciador fijar� el monto de las agencias en derecho.
Decisi�n En armon�a con lo discurrido, esta Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia del 25 de mayo de 2023, proferida por el Juzgado Primero de Familia local en este proceso verbal de lesi�n enorme que Paula Andrea S�nchez M�rquez inici� frente a V�ctor Daniel Arango Zapata.
Costas en esta sede a cargo de la recurrente y a favor del demandado. Los Magistrados, Jaime Alberto Saraza Naranjo Carlos Mauricio Garc�a Barajas Duberney Grisales Herrera 01PrimeraInstancia, 04EscritoDemandayMedida, 06Subsanaci�nDemanda 01PrimeraInstancia, 06Subsanaci�nDemanda, p. 6 07 AdmiteSolicitaEstimativo 12Memorial, pg. 9, 10 12Memorial, pg. 10, 11 13ContestacExepciones 20AutoExcepcinesPreviasCl�usula ActaAudiencia, enlace 3, sentencia ActaAudiencia, enlace 3, recurso de apelaci�n Sentencia del 19 de junio de 2018, radicado 2011-00193-01 Sentencia de 19 de junio de 2020, radicado 2019-00046-01, M.P. Duberney Grisales Herrera STC9587-2017, STC15273-2019, STC11328-2019 y STC100-2019. SC2351-2019, SC1413-2022, SC422-2024 TSP, sentencia SC-0042-2023 TSP, sentencias SC-0023-2024, SC-0006-2024 01PrimeraInstancia, 26AudienciaPruebas 01PrimeraInstancia, 32ActaAudiencia, Video 2 01PrimeraInstancia, 02Anexos1, p. 1 CSJ, Civil.
SC-5039-2021. SC, 4 mar. 1921. SC, 13 mar. 1942. SC, 23 ag. 2000, exp. n.� 5595; 23, feb. 2001, exp. n.� 6195; SC, 4 dic. 2008, rad. n.� 7001-00332-01. SC, 30 mar. 2001. En el mismo sentido SC, 30 sep. 1954; SC, 25 feb. 2002. Luis Claro Solar, Explicaciones de derecho civil chileno y comparado, De la sucesi�n por causa de muerte, Tomo XVII, Imprenta Nascimiento, Santiago de Chile, 1944, p. 262. �La acci�n de nulidad o rescisi�n de una partici�n corresponde, conforme al art. 1405 del C.C., exclusivamente a los part�cipes, que son los que tienen inter�s en alegarla; no a terceros para quienes la partici�n es res inter alios.
Del contexto del mismo art�culo 1.405, inciso 2� y en las disposiciones siguientes, 1.406 a 1.410, se infiere, sin ning�n esfuerzo, la teor�a indicada (LIX,329)� (SC289, 28 nov. 1984). P�gina | PAGE \* MERGEFORMAT1 efh \ a @ A B [ ] k � � � }_`��ͼ�ͼ�ͫ�xgggYHY h�=�h�=�@�CJOJQJ^Jh�=�@�CJOJQJ^J h h @�CJOJQJ^Jh @�CJOJQJ^J&hI�hI�5�@�CJOJQJ\�^J h�=�5�@�CJOJQJ\�^J h 5�@�CJOJQJ\�^J hI�hI�@�CJOJQJ^JhI�@�CJOJQJ^J&hI�h�l5�@�CJOJQJ\�^J hI�5�@�CJOJQJ\�^JfA B � ab�$%�ghijln{|������������������ $da$gd�l $dha$gd�l $dha$gd�l $d��a$gd�8` $d��a$gd�=� $d��a$gd $d��a$gdI� $d��a$gd�l`abvx������"#$%/1JLd����ппЫ������~�m�m�m\H&hI�h�=�5�@�CJOJQJ\�^J h�s95�@�CJOJQJ\�^J h�8`5�@�CJOJQJ\�^Jh�%]@�CJOJQJ^Jh�=�@�CJOJQJ^J h�=�h�=�@�CJOJQJ^J&hI�hI�5�@�CJOJQJ\�^J hI�5�@�CJOJQJ\�^J h�=�5�@�CJOJQJ\�^Jh�l@�CJOJQJ^J h�"�hI�@�CJOJQJ^J�fghijklmnopq������л��vX:X:h�ohQ �5�:�B*CJOJQJ\�^JaJmH $phsH $:h�oh�V�5�:�B*CJOJQJ\�^JaJmH $phsH $$h�h�l@�OJPJQJ^J_H 8j=h�oh�o@�OJPJQJU^JmHnHsH u(h�h�l@�CJOJQJRH�^JaJ(jh�oh�o@�UmHnHsH u h�"�h�l@�CJOJQJ^Jh�l@�CJOJQJ^J h�8`h�8`@�CJOJQJ^Jqu{|����������ī�u�^G^0^�,h�ohQ �:�B*CJOJQJ^JaJph,h�oh�C:�B*CJOJQJ^JaJph,h�oh�V�:�B*CJOJQJ^JaJph4h�oh�C:�B*CJOJQJ^JaJmH $phsH $4h�oh�V�:�B*CJOJQJ^JaJmH $phsH $1h�oh�V�B*CJOJQJ^JaJmH $phsH $:h�oh�V�5�:�B*CJOJQJ\�^JaJmH $phsH $:h�ohE`E5�:�B*CJOJQJ\�^JaJmH $phsH $ |���"V{��NOpq���������������$ ��d�a$gd�l$d�9Da$gd�ld�&d P�� gd�l�� ���d��^�� `���gd�C$�� ���d��^�� `���a$gd�C �� ���d�^�� `���gd�C ����d�^��`��gd�C�����!".08UVacoz{����������ﶟ���������qXA�������-h�oh�V�B*CJOJPJQJ^JaJph0h�ohQ �5�B*CJOJPJQJ^JaJph-h�ohQ �B*CJOJPJQJ^JaJph,h�ohQ �:�B*CJOJQJ^JaJph,h�oh�C:�B*CJOJQJ^JaJph,h�oh�V�:�B*CJOJQJ^JaJph h�ohQ �:�B*OJQJph h�oh�C:�B*OJQJph h�oh�V�:�B*OJQJph����� $.MNOz��������v�v�v�_H-h�oh�BB*CJOJPJQJ^JaJph-h�ohHY w>w%h�oh��B*CJOJQJaJph%h�ohX�B*CJOJQJaJph%h�oh�m�B*CJOJQJaJph%h�oh��B*CJOJQJaJph5jh�oh\�0J5�B*CJOJQJUaJph(h�oh��5�B*CJOJQJaJph-h�oh��B*CJOJPJQJ^JaJph-h�ohX�B*CJOJPJQJ^JaJph-h�oh"1�B*CJOJPJQJ^JaJph� S V ` p q r s { � � !!,!{!|!}!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!" 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Char Char Car,Footnote Text Char Char Char Char Car,Footnote reference Car,FA Fu Car,Footnote Text Cha Car,Footnote Text Char Char Char Car,FA Fu�notentext Car,FA Fu�notentext Car,FA Fu Car Car Car,FA Car mH sH tH d^@�d JH0 Normal (Web))d��d�d[$\$ CJOJPJQJ^JaJtH $B�/���B JHapple-converted-space`��`,JHT�tulo1+dh�a$'5�CJ OJPJQJ^JaJmH sH tH T�/���T +JH T�tulo Car'5�CJ OJPJQJ^JaJmH sH tH ����� JHTabla con cuadr�cula7:V-�0������ -d�� CJOJPJQJ^JaJtH $H�/���H /JHNormal CSJ CarCJ OJ PJ QJ aJ V�O�V .JH Normal CSJ/dh�`��a$CJ OJ PJ QJ aJ \��\ 1JHCita Extra CSJ0^�� 6�CJOJ QJ aJ mH sH tHd�/��d 0JHCita Extra CSJ Car'6�CJOJ PJQJ ^JaJ mH sH tHl�!�l 3JH Subtitulo CSJ2$dh��`��a$ 6�OJ QJ \�]�aJmH sH b�/��1b 2JHSubtitulo CSJ Car'5�CJ OJ PJQJ ^JaJmH sH tH H�BH 5JH Titulo CSJ4OJ QJ aJ mH sH tH\�/��Q\ 4JHTitulo CSJ Car'5�CJ OJ PJQJ ^JaJ mH sH tHV�/��aV 7JHCita Intra CSJ Car6�CJOJ PJ QJ \�aJF��rF 6JHCita Intra CSJ76�CJ\�aJ�R�� 9JH Sangr�a 2 de t. independiente8d��x^�$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH ~�/���~ 8JH!Sangr�a 2 de t. independiente Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH j�/���j JHEstilo:�d�d1$7$8$H$[$\$(CJOJPJQJ^J_HaJmH sH tH N� ���N UJH Sin espaciado;CJ_HaJmH $sH $tH D�/���D JH0 Font Style21CJOJQJ^JaJD���D >JHNota al pie CSJ =d�`�R�/���R =JHNota al pie CSJ CarCJ OJ PJ QJ aJ ���� JH0.Ref. de nota al pie2,Nota de pie,Pie de pagina?d�H*B!��B JH0 �nfasis sutil6�B*]�ph@@@�M�� BJH#Texto independiente primera sangr�aAd�`�ha$CJOJQJaJ��/��!� AJH'Texto independiente primera sangr�a Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH n�1�n DJH Parrafo # CSJCdh�`��a$%B*CJ OJ PJQJ ^JmH ph�sH j�/��Aj CJHParrafo # CSJ Car05�6�CJ OJ PJQJ \�]�^JaJmH sH tH ^�R^ ]S0Style3Ed��1$7$8$H$a$ CJOJPJQJ^JaJtH $J�/��aJ ]S0 Font Style146�CJOJQJ]�^JaJP�/��qP ]S0 Font Style15 5�6�CJOJQJ\�]�^JaJD�/���D ]S0 Font Style16CJOJQJ^JaJJ�/���J ]S0 Font Style176�CJOJQJ]�^JaJD�/���D ]S0 Font Style18CJOJQJ^JaJrJ�r L� Subt�tulo"Kd�� *B*phc�@�/��q@ �M� P�rrafo de lista Car.�o���. �^wNingunomH sH ��/���� 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