1100 1310 3013 2001 0570 01 · Tribunal de Bogotá

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REQUISITOS DE ESTA CLASE DE POSESI�N. PRESCRIPCI�N ADQUISITIVA DE DOMINIO DE VIVIENDA DE INTE�RES SOCIAL. INTERRUPCI�N DE LA PRESCRIPCI�N ADQUISITIVA. NO TIENE OCURRENCIA EL HECHO DE INSTAURAR PROCESO DIVISORIO ANTES DE LA PRESENTACI�N DE LA DEMANDA LEY 9 DE 1979, ART�CULO 51 LEY 153 DE 1887 ART�CULO 41 ART�CULO 407 DEL C.P.C. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT� SALA DE DECISI�N CIVIL Bogot�, D.C., diecis�is de diciembre de dos mil cuatro.

Magistrado ponente: Germ�n Valenzuela Valbuena Radicado: 1100 1310 3013 2001 0570 01 Procedencia: Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogot� Pertenencia: Gonzalo Jimeno Pati�o O. vs. Luz Marina Quiroga A. e indeterminados Instancia: Apelaci�n de Sentencia (*) Aprobaci�n: Acta N� 41 � 9 noviembre 2004 * Decisi�n: Revoca Se procede a resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia de 26 de mayo de 2003.

ANTECEDENTES 1. El demandante promovi� proceso de pertenencia con el fin de que fueran declarados como suyos los derechos de cuota parte del lote de terreno ubicado en la Calle 70 sur No. 89-87 de Bogot�, D.C., identificado con matr�cula inmobiliaria 50S-40089524, en los que figura como titular del 50% la aqu� demandada. El demandante aduce haberlos adquirido por v�a de la prescripci�n extraordinaria adquisitiva de dominio de vivienda de inter�s social, prevista en el art. 51 de la Ley 9� de 1989.

Adem�s, solicita la inscripci�n del fallo en la Oficina de Registro de Instrumentos P�blicos. 2. Los presupuestos f�cticos se resumen as�: A. Expone el actor que mediante escritura p�blica No. 3875 de noviembre 12 de 1991, otorgada en la Notar�a 38 de Bogot� D.C. (fs. 7 y 8, c. 1), adquiri� en com�n y proindiviso, conjuntamente con la demandada, el inmueble objeto del proceso.

B. Tambi�n manifiesta que los derechos sobre el inmueble los deriva de la promesa de venta suscrita el 22 de diciembre de 1973, tal y como se lee en la cl�usula cuarta de la escritura p�blica, por lo tanto desde ese entonces dice ejercer la posesi�n del bien con el �nimo de se�or y due�o, en forma p�blica, pac�fica e ininterrumpida. Con base en lo anterior se atribuye la construcci�n de la edificaci�n existente en el lote de terreno, junto con la solicitud de instalaci�n de los servicios p�blicos de agua, luz, tel�fono y gas.

C. Sostiene el actor que la demandada se hizo figurar como copropietaria porque supuestamente ten�a compromiso de matrimonio con �l, y porque contribuir�a con el pago del bien con el dinero de sus cesant�as parciales, lo cual nunca sucedi�, debido a la nueva relaci�n conyugal que aquella estableciera. Por lo tanto, manifiesta que ella nunca ha realizado actos de se�or y due�o, y jam�s ha tenido la posesi�n parcial ni total del inmueble.

D. El 18 de julio de 1995 la accionada demand� al actor en proceso divisorio. All� fueron despachadas favorablemente sus pretensiones al decretarse � la venta en p�blica subasta del inmueble objeto de la acci�n, a fin de que su producto sea distribuido entre los comuneros en proporci�n a sus derechos � (f. 169, c. 3), teniendo en cuenta para ello el aval�o practicado en ese proceso.

TR�MITE PROCESAL Por auto de 3 de septiembre de 2001 se admiti� la demanda y consecuencialmente se dispuso su notificaci�n, que se efectu� en forma personal el 27 de septiembre de 2001 (f.23 c.1). Las dem�s personas indeterminadas fueron emplazadas y notificadas por medio de curador ad litem el 7 de diciembre de 2001 (f.43 c.1), quien no ejerci� oposici�n alguna.

La accionada contest� la demanda oponi�ndose a todas las pretensiones, negando la mayor�a de los hechos y expresando que no es cierto que el demandante haya construido s�lo el inmueble, puesto que durante el tiempo que convivieron (1979 a 1993), construyeron la vivienda y �sta era quien cancelaba los servicios p�blicos; adem�s, que con el producto de sus cesant�as ayud� a cancelar la compraventa.

Como excepciones propuso �indebida pretensi�n del actor� y �pleito pendiente�. En la primera se sintetiza que tanto el demandante como su apoderado siempre han querido apropiarse por todos los medios del 50 % del inmueble, propiedad de la demandada conforme a la escritura p�blica; y que si perdi� su posesi�n fue por los malos tratos del demandante, pero que se interrumpi� la prescripci�n con el precitado proceso divisorio.

La segunda excepci�n se declar� impr�spera. A m�s de las documentales allegadas, se recaudaron los testimonios de Gilma Moncada de Pinz�n, Gustavo T�llez, Flor Mar�a Velasco de Duarte, Otilio Parrado y Pedro Perdomo, y se practic� inspecci�n judicial con intervenci�n de peritos. En segunda instancia, de manera oficiosa, se dispuso que se allegaran copias del referido proceso divisorio.

LA SENTENCIA RECURRIDA El a-quo neg� las pretensiones de la demanda y conden� al actor al pago de las costas del juicio. Para ello, estim� que el t�rmino de prescripci�n se interrumpi� con la demanda que formulara la demandada ante el Juzgado 5� Civil del Circuito de Bogot� en 1995, y adem�s porque el actor tampoco pudo disponer del bien como amo, se�or y due�o durante el per�odo comprendido entre agosto de 1996 y septiembre de 1998, debido a la privaci�n de su libertad, y no se prob� que durante ese tiempo hubiese delegado el cuidado del inmueble.

Por lo tanto �concluy�-, para la fecha de la presentaci�n de la demanda de pertenencia, el actor no cumpl�a con los requisitos exigidos para ganar el dominio del 50% correspondiente a la cond�mino, por prescripci�n extraordinaria adquisitiva de dominio de vivienda de inter�s social, pues, adem�s de que no reuni� los 5 a�os de posesi�n ininterrumpida, �sta fue tomada por la fuerza.

FUNDAMENTOS DE LA ALZADA La parte demandante impugna la sentencia con fundamento en que, no se trata de una demanda ordinaria de pertenencia de mayor cuant�a sino de un proceso abreviado. Que en la contestaci�n de la demanda se confiesa que la demandada abandon� el inmueble en 1993, por lo que no es dable deducir que ella ejerciera posesi�n hasta 1994 por virtud de la certificaci�n del directorio telef�nico en el cual figur� como suscriptora.

Que no se puede suponer, con base en los datos consignados en el directorio telef�nico, que la demandada ejerci� la posesi�n del bien, pues para esto requiere de actos positivos. Agrega que no solo el poseedor tiene la facultad de aparecer en ese listado telef�nico, sino cualquier otra persona que lo solicite a la editorial que lo imprime.

Y que, por el contrario, lo que el listado telef�nico permite comprobar es que la pasiva residi� all� hasta 1993. Sostiene que a su poderdante no se le prob� que no deleg� el cuidado del inmueble; que adem�s la privaci�n de la libertad no elimina los derechos a la propiedad ni a la posesi�n y por lo tanto era deber de la demandada comprobar que durante el cautiverio del demandado, �ste no ejerci� la posesi�n. Con respecto a la demanda divisoria entablada por la demandada en 1995, afirma que esta no alcanza la fuerza para interrumpir la prescripci�n porque un juicio de dominio no puede ser suspendido ni interrumpido por uno de divisi�n pues sus caracter�sticas son diferentes.

En ese orden de ideas, expone que carecen de vigor probatorio los testimonios cuando dicen que la posesi�n fue tomada por la fuerza, y se apoya en que en la contestaci�n de la demanda se dice que la demandada abandon� el inmueble. Manifiesta que esta clase de sucesos son de com�n ocurrencia, y que forman parte de la vida en pareja. Invoca el testimonio de Gustavo T�llez y resalta que �ste manifest� no haber vuelto a ver a la demandada ejercer actos posesorios desde 1993, y reitera que la supuesta violencia o malos tratos sufridos por la demandada no fueron para despojarla de la pretendida posesi�n sino por problemas conyugales.

Por �ltimo, advierte que la demandada, mientras el demandante estaba privado de la libertad, debi� haber intentado la posesi�n, y al no hacerlo, se convierte en un indicio de posesi�n pac�fica y de verdadero abandono por parte de la demandada, porque de haber querido instalarse nuevamente en el inmueble, al menos lo hubiera intentado, e insiste que como la demanda se present� en el a�o 2001, ha transcurrido el tiempo necesario para solicitar la prescripci�n adquisitiva.

CONSIDERACIONES No hay reproche para la forma como se condujo el juicio en la instancia anterior, pues hubo adecuado control de los presupuestos procesales. Y el examen del tr�mite permite concluir que la actividad desplegada en primera instancia no merece reparo alguno, y por ello el proceso es id�neo para culminar con decisi�n que disipe la incertidumbre existente entre las partes.

Ahora bien, visto que lo esencial de la confrontaci�n radica en que frente a la acci�n de pertenencia instaurada para que se declarara la adquisici�n por prescripci�n de la cuota de que es titular la demandada, �sta aduce, y as� se comprob�, que con antelaci�n hab�a promovido y se encontraba en curso un proceso divisorio, y que adem�s el a-quo acogi� esta circunstancia como uno de los fundamentos de la negativa censurada, ante todo debe despejarse este aspecto del debate.

Ciertamente el numeral 4 del art. 413 del C. de P. C, en su versi�n original, contenida en los Decretos 1400 y 2019 de 1970, en virtud de los cuales se promulg� dicho c�digo, preve�a que �no procede la declaraci�n de pertenencia si antes de consumarse la prescripci�n estaba en curso un proceso de divisi�n del bien com�n��, que fue lo que en �ltimas se dispuso en la sentencia apelada (f. 129, c. 1).

No obstante, esa disposici�n hab�a sido declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 14 de mayo de 1987, y antes, en fallos de casaci�n, ya se aceptaba la posibilidad de la usucapi�n entre condue�os, en vista de que hab�a sido reglamentada por la Ley 51 de 1943: �Es el caso de reafirmar aqu� la doctrina de la Corte, en fallos anteriores, en el sentido de que el reconocimiento que un comunero haga de la existencia de la comunidad, no se opone al ejercicio de la acci�n de pertenencia, seg�n la Ley 51 de 1943; y de que, por consiguiente, el comunero puede prescribir en su car�cter de tal, conforme a dicha ley, contra los dem�s comuneros o contra terceros extra�os a la comunidad, siempre que su posesi�n haya sido exclusiva, por el tiempo requerido para usucapir ordinaria (sic) o extraordinariamente� (CSJ.

Cas. dic. 16/1968). En consecuencia, como el actual art. 407 del C. de P. C. no impide la procedencia de la usucapi�n entre condue�os por el hecho de que con anterioridad se estuviera adelantando un proceso de divisi�n de la cosa com�n, lo cual de todos modos no puede tener esa consecuencia desde luego que el proceso divisorio no tiene como finalidad la recuperaci�n de la posesi�n; ni el reconocimiento de la existencia de la comunidad enerva los derechos que puedan derivarse de una posesi�n en v�a de prescribir, se debe desechar ese aspecto del fallo impugnado para pasar a verificar si concurren los requisitos para el �xito de la acci�n de pertenencia. Sobre la prescripci�n entre comuneros, la jurisprudencia tiene sentado lo siguiente: �La posesi�n del comunero apta para prescribir debe traducirse en hechos que revelen sin equ�voco alguno que los ejecuta a t�tulo individual, exclusivo y para ella, por lo tanto, absolutamente nada tiene que ver con su condici�n de comunero y coposeedor.

Pues arrancando el comunero de una coposesi�n que deviene ope legis, ha de ofrecerse un cambio en las disposiciones mentales del detentador que sea manifiesto, de un significado que no admita duda; y que, en fin, ostente un perfil irrecusable en el sentido de indicar que se troc� la coposesi�n legal en posesi�n exclusiva, raz�n por la cual esta corporaci�n, abordando el caso an�logo de la comunidad singular y, por ende, de recibo tambi�n para la de rango universal, dijo: �Fluye como corolario que la posesi�n del comunero, apta para prescribir, ha de estar muy bien caracterizada, en el sentido de que, por fuera de entra�ar los elementos esenciales a toda posesi�n, tales como el desconocimiento del derecho ajeno y transcurso del tiempo, es preciso que se desvirt�e la coposesi�n de los dem�s copart�cipes.

Desde el punto de vista la exclusividad que a toda posesi�n caracteriza se torna m�s rigurosa, si se quiere: as�, debe comportar, sin ning�n g�nero de dudas, signos evidentes, de tal trascendencia que no quede resquicio alguno por donde pueda calarse la ambig�edad o la equivocidad. Es menester, por as� decirlo, que la actitud asumida por �l no d� ninguna traza de que obra a virtud de su condici�n de comunero, pues entonces refluye tanto la presunci�n de que s�lo ha pose�do exclusivamente su cuota, como la coposesi�n. Acaso ello explique las especiales previsiones tomadas por el legislador, cuando exige que el lapso de tiempo no puede ser otro que el de la prescripci�n extraordinaria, y que la � explotaci�n econ�mica no se haya producido por acuerdo con los dem�s comuneros o por disposici�n de autoridad judicial o del administrador de la comunidad�, requisito este �ltimo que de suyo estaba inmerso en la exclusividad que ya se hab�a anticipado a subrayar� (CSJ, Cas.

Civil, Sent. Abr. 4/1994 M.P. Rafael Romero Sierra. Reiterada en Cas. de marzo 18/1998, M.P. Nicol�s Bechara Simancas). Teniendo por descontado que la copropiedad recae en un bien comerciable, es decir, que no se trata de un bien de uso p�blico (art. 2519 C.C.), ni de un bien �de propiedad de entidades de derecho p�blico� (art. 407-4 cpc), lo cual qued� comprobado con el respectivo certificado de tradici�n (f. 2) y con las pruebas de inspecci�n y de peritos (fs. 74 y 100), en suma, debi� demostrarse el car�cter exclusivo de la detentaci�n posesoria por el comunero demandante, sin injerencia en ese hecho por parte de la demandada, y acreditar que se ejercieron actos de dominio y se�or�o de modo independiente e ininterrumpido por todo el tiempo requerido por la ley para adquirir por prescripci�n extraordinaria.

En tal an�lisis p�rtese de la circunstancia de que es la propia demandada quien admite haber �abandonado� el inmueble desde 1993 (f. 33), lo cual favoreci� la posesi�n exclusiva del comunero demandante. Al margen de las razones aducidas por las cuales tal abandono se produjo, lo cierto es que si la demandada no habit� el inmueble desde esa �poca, no pudo haber interferido en la posesi�n que desde entonces aqu�l ostenta con exclusividad.

Los malos tratos que la demandada dice le fueron infligidos por el demandante, y el proceso divisorio que inici� en 1995, no enervan la posibilidad de que el actor ejerciera posesi�n exclusiva del inmueble. Ya se estableci� que el proceso divisorio no tiene como objetivo recuperar la posesi�n, pues es aspecto que en esa clase de tr�mites no se discute.

Y las dificultades sobrevenidas entre los comuneros por problemas en su convivencia, debieron dar lugar de modo inmediato a las acciones tendientes a que se solucionara la comunidad que entre ellos exist�a, pues el paso del tiempo permit�a la usucapi�n. No se pueden hacer ahora juicios de valor que disculpen y menos que convaliden �las golpizas� que se afirma determinaron la salida de la demandada del inmueble, cuesti�n por entero extra�a a esta clase de procesos, y que debieron ventilarse en su momento en los escenarios respectivos, inclusive orientados a que la comunera que era v�ctima pudiera recuperar su posesi�n (arts. 772, 982 y 984 C. C.).

Como ello no sucedi�, y en este proceso no se debate en torno a los derechos que hubiera podido tener la demandada, sino los que pudo adquirir el demandante, tales eventos, si en realidad acaecieron, no debilitan la posibilidad de que se consuma la prescripci�n adquisitiva. Por lo dem�s, la mayor�a de los testimonios recaudados coinciden en se�alar que la demandada solo hizo presencia en el inmueble hasta 1993, y que el demandado ejerc�a actos de posesi�n en el mismo, incluso desde antes de la llegada de aquella, actos que consistieron en su destinaci�n a vivienda y renta y la construcci�n del mismo a sus expensas, sin que en los �ltimos a�os, anteriores a la presente acci�n, hubieran percibido la posesi�n de otra persona distinta al demandante.

Ahora, debe tenerse en cuenta que se invoc� la prescripci�n extraordinaria adquisitiva de inmueble de inter�s social, la cual, de conformidad con lo dispuesto por el art. 51 de la Ley 9� de 1.989, se cumple en un t�rmino de cinco a�os. Al respecto se deben verificar tres aspectos: por una parte, que en realidad se trate de un inmueble de dicha especie, lo cual se concreta conforme al lit. c) del art. 44 ib�dem, si su valor es igual o inferior a 135 salarios m�nimos; si al tiempo de la demanda hab�an transcurrido los cinco a�os, y si todo el tiempo transcurri� con posterioridad a la promulgaci�n de dicha Ley (41 Ley 153 de 1887).

Sobre lo primero, se tiene que en el 2001 el salario m�nimo legal mensual era de $286.000, que multiplicado por 135 arroja una suma de $38.610.000; y siendo que el valor que los peritos le dieron al inmueble (f. 102) e inclusive el aval�o oficial del mismo (f. 103), era inferior a dicho tope, se cumple tal requisito. Y sobre los otros dos puntos, se observa que la demanda fue presentada el 12 de julio de 2001 (f. 10), por lo cual los cinco a�os corrieron desde 12 de julio de 1996, en vigencia de la norma que estableci� dicho t�rmino de prescripci�n, el que por ende corri� �ntegro durante la misma.

Finalmente, se debe establecer que la posesi�n aducida se ejerci� de modo ininterrumpido, durante todo el tiempo invocado para que operara la prescripci�n extraordinaria, sobre lo cual se discuti� por la demandada que ello no pudo suceder debido que el accionante estuvo privado de la libertad de 5 de agosto de 1996 a 4 de septiembre de 1998, habi�ndose allegado certificaci�n del respectivo centro penitenciario (f. 98), sin que se hubiera demostrado que durante ese lapso delegara la posesi�n. La testigo Ana Gilma Moncada cuenta que la demandada habit� en el inmueble hasta 1993, que despu�s el demandante lo ha ocupado �en uni�n libre con una se�ora Martha Olachica�, que hac�a cinco a�os se efectu� un allanamiento en el cual se descubrieron insumos para estupefacientes, y del contexto de su dicho se concluye que a la salida de Luz Marina Quiroga, el accionante permaneci� en el inmueble, sin que haga menci�n al hecho de que hubiera estado en prisi�n. A su turno, Gustavo T�llez expuso que conoci� a Gonzalo Pati�o viviendo en ese inmueble �m�s o menos veintid�s o veintitr�s a�os�, que al tiempo de su declaraci�n �habita ah� y la se�ora de �l la que tiene ahora�, que Luz Marina Quiroga residi� en el inmueble hasta 1993, y tampoco menciona el hecho de la detenci�n del accionante.

Flor Mar�a Velasco cuenta que el demandante vive en el inmueble �con una se�ora que consigui�, que le consta lo relacionado con los malos tratos, que el demandante le exig�a dinero a la demandada para hacer la construcci�n, pagar los servicios y los impuestos, y que �le arrebat� la posesi�n�; sabe de la detenci�n del accionante pero no dice qu� sucedi� en el inmueble durante ese tiempo, en el cual la demandada no trat� de tomarse el bien, y que solo visit� a la demandada mientras habit� all� lo cual hizo hasta 1993.

Otilio Augusto Parrado expuso que conoce al demandante como poseedor del inmueble desde hace 20 a�os, que al tiempo de su declaraci�n viv�a ah� �con otra se�ora�, que por su cuenta se hicieron las construcciones que �l mismo realiz� y que �siempre hemos visto que el due�o es �l�. Y Pedro Perdomo cuenta que desde 1973 la posesi�n del inmueble la ostenta el demandante, c�mo evolucion� su construcci�n, que a la demandada no le ve all� desde hace diez a�os, que el actor arrienda parte del inmueble, y que tambi�n lo habita �con un ni�o�.

En consecuencia, del conjunto de la prueba testimonial se puede concluir que el hecho de que durante dos a�os el demandado hubiera estado privado de la libertad no afect� la percepci�n de continuidad en su posesi�n del inmueble, en el cual ven�a habitando, siendo all� el lugar de vivienda suyo y de su familia, posesi�n que ostentaba antes de esa reclusi�n y que sigui� detentando a su salida.

Por lo dem�s, el hecho de que el poseedor hubiera estado en prisi�n no constituye motivo de interrupci�n de su posesi�n, la cual acaece en los casos previstos en los arts. 2522 y 2523 del C. C., en ninguno de los cuales encuadra tal situaci�n; es decir, no se acredit� que durante esa privaci�n de la libertad el mismo hubiera sido despose�do, que la posesi�n hubiera sido recuperada por la condue�a, o iniciada por un tercero con exclusi�n del demandante, o que un evento de la naturaleza hubiera hecho imposible el ejercicio de posesi�n. Por consiguiente, se impone la revocatoria de la sentencia apelada, para en su lugar desestimar la excepci�n denominada �indebida pretensi�n del actor� (f. 35), y disponer el despacho favorable de la usucapi�n. DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial Bogot�, D.C., en Sala de Decisi�n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia apelada, de fecha y procedencia anotadas, y en su lugar, dispone:

PRIMERO: Declarar infundada la excepci�n denominada �indebida pretensi�n del actor�.

SEGUNDO: Declarar que Gonzalo Jimeno Pati�o Olachica adquiri� por prescripci�n extraordinaria los derechos de cuota que figuraban a nombre Luz Marina Quiroga Aguilar en el inmueble ubicado en la Calle 70 Sur N� 89-87 de Bogot�, folio de matr�cula inmobiliaria No 50S-40089524.

TERCERO. Ordenar la inscripci�n de esta sentencia en el folio de matr�cula inmobiliaria respectivo. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE Los Magistrados, GERM�N VALENZUELA VALBUENA *(ausente, en comisi�n de servicios) RICARDO ZOP� M�NDEZ DORA CONSUELO BEN�TEZ TOB�N PAGE PAGE 3 Pertenencia Gonzalo Jimeno Pati�o vs. Luz Marina Quiroga e indeterminados 23��!;<kl��o��t ��D ��$�$]&^&�()�*�,�,-0=1F1�7xE~EuV��Ʊ�ਡ��ۡ��6�mH sH aJmH sH 6�@��CJ5�@��CJ\�CJOJQJ@��CJOJQJ6�CJaJCJOJQJaJ5�CJaJCJaJ5�CJ5�CJaJCJCJCJaJ@��CJCJOJQJOJQJaJaJ5�CJ\�^JaJ3]�23Nj��@��zz�3�r�d�]�3^�r�$�3�r�d�]�3^�r�a$X$$If�F��,� � �0��6��4� Fa�r�$�3d�$If]�3a$ ZnZ��<=l��#Sop��3 4 F G ��dh5$7$8$9DH$ $ �0�dh*$a$d$�d$�dh$ �0��Ndh*$]�Na$$ � @�3�r�d�]�3^�r�a$G t i� � HI��D�� v�� $ �0�dh*$a$ $ �0�dh*$a$dh5$7$8$9DH$vw?@lm} ~ �!�!�$�$�$�$]&^&<(=(�)�)+-,-�/�/00|8�� $ �0�dh*$a$dh5$7$8$9DH$|8}8:;;;�<�<�@�@�A�A�C�C�D�D^F_F�G�G�H�H�J�J�L�L�M�M�O�O�P��dh5$7$8$9DH$�P�P�Q�Q�U�UtVuV~VV�W�W�W�W�X�XaYbYyYzY�Y�Y�Y�Y�Y��$1$a$ $dh1$a$ $dh1$a$dh5$7$8$9DH$uV~V9W?W�W�W�W�W�W�W�XYbYxYyYzY�Y�Y�Y�Y�YZ Z ZZZZZZZZZZZ,ZlZnZoZ��˻��6�CJaJ5�6�CJaJ0JmHnHu0J j0JUmH sH CJ\�\�OJQJCJaJ 5�CJ\�5�CJCJCJOJQJaJ%�Y�Y�YZ ZZZZZ Z!ZlZmZnZoZ��h]�h��&`#$dh5$7$8$9DH$$��V�1$]��^�V�a$ $�r�1$^�r�a$$1$a$. 00&Py��/ �"I!��"��#��$��%��7�7 i@@��@Normal5$7$8$9DH$_HmH sH tH <@<T�tulo 1$dh@&CJOJQJV@VT�tulo 2$$ �Hdh*$@&a$5�@��CJOJQJh@hT�tulo 3'$$ �H�Ndh*$@&]�Na$5�@��CJOJQJmH sH uN@NT�tulo 4$$ �Hdh*$@&a$5�@��CJFA@��FFuente de p�rrafo predeter.4@�4 Encabezado ��8!: : Pie de p�gina ��8!zB@zTexto independiente)$ �0�d�*$5$7$8$9DH$a$@��CJaJmH sH urP@"rTexto independiente 2!$ �H�Ndh*$]�Na$5�@��CJOJQJ^Q@2^Texto independiente 3$ �0�dh*$a$@��CJfTBfTexto de bloque)$ �0��n�ndh*$]�n^�na$@��OJQJ0)@�Q0N�mero de p�ginaoV p��]23Nj��<=l��#Sop��34FGti� � HI��D�� vw?@lm}~�� ]"^"<$=$�%�%+),)�+�+,,|4}4:7;7�8�8�<�<�=�=�?�?�@�@^B_B�C�C�D�D�F�F�H�H�I�I�K�K�L�L�M�M�Q�QtRuR~RR�S�S�S�S�T�TaUbUyUzU�U�U�U�U�U�U�UV VVV V!VlVpV�0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��(0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��80��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0�� 0�@0��@0��@0��@0��@0��dddddguVoZ.6�G v|8�P�YoZ/123457nZ0g!�!��)0{��8:��'�� ;A))�,-=-@-A-F-�344 4E4H4\4_4i4p4q4y455U5X5�5�5�5�6�6K7R7�<�<�<dAgAxA~A�F�FUG]G�K�K)P-P�R�RTT�T�TV VmVpV#p � � �<�<�TUV VpV��CONSEJO SUPERIOR JUDICATURACONSEJO SUPERIOR JUDICATURACONSEJO SUPERIOR JUDICATURACONSEJO SUPERIOR JUDICATURACONSEJO SUPERIOR JUDICATURACONSEJO SUPERIOR JUDICATURACONSEJO SUPERIOR JUDICATURAevillampConsejo SuperiorjC:\PROVIDENCIAS SALA CIVIL 2004\VALENZUELA V. GERMAN\SENTENCIAS\ORDINARIOS\11001310301320010057001 VVG.docConsejo Superior�C:\PROVIDENCIAS SALA CIVIL 2004\VALENZUELA V. GERMAN\SENTENCIAS\ORDINARIOS\11001310301320010057001 VVG divisorio no interrumpe prescripci�n.doc<k|r��C��{��k� ZP��e>��ĵ��!h@$J��av`�e�C�� mc�Kv ��^��`��o()��^��`��.��p�L��p^�p`�L�.��@��@^�@`��.��^�`��.��L��^��`�L�.��^��`��.��^��`��.��P�L��P^�P`�L�.��^��`��o(.��^��`��.��p�L��p^�p`�L�.��@��@^�@`��.��^�`��.��L��^��`�L�.��^��`��.��^��`��.��P�L��P^�P`�L�.��^��`��o()��^��`��.��p�L��p^�p`�L�.��@��@^�@`��.��^�`��.��L��^��`�L�.��^��`��.��^��`��.��P�L��P^�P`�L�.��^��`��o()��^��`��.��p�L��p^�p`�L�.��@��@^�@`��.��^�`��.��L��^��`�L�.��^��`��.��^��`��.��P�L��P^�P`�L�.��^��`��o(.��^��`��.��p�L��p^�p`�L�.��@��@^�@`��.��^�`��.��L��^��`�L�.��^��`��.��^��`��.��P�L��P^�P`�L�.@�n��^�n`��56>*CJOJQJo() h��^��`��.�h��^��`��.�h�p�L��p^�p`�L�.�h�@��@^�@`��.�h��^�`��.�h��L��^��`�L�.�h��^��`��.�h��^��`��.�h�P�L��P^�P`�L�.�av`<k|k��e>�{� mc�!h@��YXZ �H� $nR� 23�� VkVpV�� IPFIRMDICTPASTE$��<IPINFIRMDICTPASTE$06<IPSpeechSession$T�<IPSpeechSessionSaved$d�< macroFlags\�<pndVTypeTagsD1< pndVTypeTags2��<VTDictatingl�< VTypeCAPFlag$|�<VTypeJoinDigitFlag$l6<VTypeLCFlag$|6<VTypeNoSpaceFlag$�6<VTypeUCFlag$�6<RNs�plica �00080028 Nde �00080029 Nla �0008002a NVega �0008002b Ndemanda �0008002c s�plica de la Vega demanda FALSEFALSENNNNFALSEFALSEFALSEFALSEFALSEFALSE�@IBM Proprinter IIILPT1:PROPRINTIBM Proprinter IIIIBM Proprinter III�@f��@MSUDIBM Proprinter III�dIBM Proprinter III�@f��@MSUDIBM Proprinter III�d �<oV�@��Unknown��G��:�Times New Roman5��Symbol3&��:�Arial"q��Z�Fr�F$��G$�$��xx�0dWT� 3�Q��H��A:\~wd09.tmp27407SECCION PRIMERAConsejo Superior�� Oh��+'��0�� ( DP\ ht|��27407f740SECCION PRIMERAECCECC ~wd09.tmpIMConsejo Superiord2nsMicrosoft Word 9.0@F�#@ڒ:��@��@��r�F�� ՜.��+,��0 px�� CONSEJO DE ESTADOT��$W 27407T�tulo !"#$%&'()*+,-./012345678��:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOP��RSTUVWX��Z[\]^_`��c��Root Entry�� Fa;��e�1Table��9�/WordDocument��0pSummaryInformation(��QDocumentSummaryInformation8��YCompObj��kObjectPool��a;��a;�� FDocumento Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8�9�q