11001310301819990137 01 · Tribunal de Bogotá

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LEY 446 DE 1998, ART�CULO 16. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SALA CIVIL DE DECISI�N Bogot� D.C., dos de Abril de dos mil cuatro Magistrada Ponente: MARIA TERESA PLAZAS ALVARADO Rad. No.: 11001310301819990137 01. Ref.: Proceso ORDINARIO. Demandante: LUIS FERNANDO GALEANO GASCA. Demandado: CORPORACI�N CLUB LOS LAGARTOS. Motivo de la Decisi�n: APELACI�N SENTENCIA Aprobaci�n: 16 de Marzo de 2004 Decide el Tribunal el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia de fecha dos (2) de Septiembre de dos mil dos (2002), proferida por el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito.

ANTECEDENTES: Luis Fernando Galeano Gasca, demanda en proceso ordinario de mayor cuant�a a la Corporaci�n Club los Lagartos, con el fin de que �sta sea condenada al pago de Doscientos Cincuenta millones de pesos ($250�000.000.oo), m�s las costas del proceso. En s�ntesis, el aspecto f�ctico relatado es el que sigue: 1�.- El diecis�is (16) de Diciembre de 1992, la demandada, por conducto de su representante, formul� denuncia penal contra empleados y funcionarios del Club, donde se encontraba el aqu� demandante, por los presuntos delitos de: Falsedad, Abuso de Confianza y otros, afirmando que hubo �manipulaci�n de las reservas por prestaciones sociales, anticip�ndolas, sin el lleno de requisitos legales; pagos dobles por muchos conceptos, violaci�n al reglamento de compras; creaci�n de cuentas ficticias por pagar; movimientos de dineros y apropiaciones para s� y en provecho de terceras personas�, hechos � se afirmaba � ocurridos en 1991. 2�.- La Fiscal�a Seccional 112, adscrita a la Unidad 3� de Patrimonio Econ�mico y Fe P�blica, se abstuvo de proferir medida de aseguramiento contra el actor y otros sindicados, la que fue confirmada el cuatro (4) de marzo de 1997 y el seis (6) de Noviembre de 1997, la Fiscal�a Seccional 118 de la misma Unidad lo favoreci� con preclusi�n de la instrucci�n, quedando definitivamente desvinculado del proceso penal. 3�.- En raz�n de lo ocurrido, perdi� oportunidades de trabajo como �stas: en febrero de 1992, la gerencia de San Andr�s Golf Club; en 1993 la posibilidad de vincularse con Edgar Nieto y Asociados Auditores, represent�ndola en la auditor�a del Club el Nogal; y la del Grupo Corona. 4�.- Indica el demandante que los ingresos mensuales que perdi� a partir de 1992, ascienden a dos millones de pesos ($2�000.000.oo) y sufri� igualmente perjuicios morales, dado que su reputaci�n se mengu� ante el conglomerado social.

La demanda se admiti� el quince de Febrero de mil novecientos noventa y nueve (1999) y frente a ella responde el extremo pasivo oponi�ndose a todas y cada una de las pretensiones. Respecto a los hechos los desconoce en su mayor�a y manifiesta estarse a lo que se pruebe. Agregando s� que la denuncia no fue temeraria y que se entabl� por las irregularidades presentadas en el manejo contable y financiero de la corporaci�n, pero que no es cierto � que se haya formulado contra empleados y funcionarios de la misma Corporaci�n�.

En su defensa, propuso: 1�.- Falta de Legitimaci�n en la Causa: La conducta de la Corporaci�n Club los Lagartos no fue negligente, imprudente ni errada. Se estim� procedente establecer si se hab�a violado o no la ley penal y qui�n o quienes eran los responsables. 2�.- Falta de Relaci�n Causal entre el Da�o y la Culpa: No existe culpa atribuible a la demandada, entonces, no hay relaci�n causal entre el hecho da�oso y el heventual perjuicio reclamado. 3�.- Falta de Fundamento de la Demanda: Solo se avis� a las autoridades de los resultados de la revisi�n que hizo la firma Ernests y Young a la contabilidad, con el fin de que se estableciera lo puntualizado en los fundamentos de la primera excepci�n. 4�.- Ausencia de los Perjuicios Reclamados en la Demanda: Dentro del proceso se probar� que no son ciertos 5�.- La INNOMINADA: Por todo lo que se demuestre en el proceso y que resulte oponible a las pretensiones demandadas.

Se descorri� el traslado de las defensas presentadas, aseverando: Para la primera: Que la denuncia fue contra personas determinadas identific�ndolas por nombres, cargos y funciones y no en averiguaci�n. Para la segunda: Los perjuicios se causaron en raz�n de la denuncia, luego, si hay relaci�n entre el da�o y la culpa. Para la Tercera: No solo se le denunci� sino que hubo constituci�n de parte Civil, participando activamente en el curso del proceso, endilg�ndole cargos injustos.

Para la cuarta: Los perjuicios se probar�n dentro del proceso. Para la �ltima: Las excepciones de fondo deben estar perfectamente determinadas y sustentadas, con planteamiento claro y preciso. El Juzgado no tuvo en cuenta el anterior escrito por haber sido arrimado antes de correrse traslado de las excepciones. El resultado de la audiencia de conciliaci�n fue infructuoso, por lo que el proceso sigui� su tr�mite de rigor hasta obtener fallo de primera instancia donde se denegaron las pretensiones por no hallar el Juez probado ning�n perjuicio, tampoco que se le hubiera privado de la libertad ni hubiera perdido oportunidades de empleo.

Decisi�n que incomod� al actor por cuanto, seg�n �l, no solo con la detenci�n se causa perjuicio y que fue tal la intenci�n da�ina del denunciante que apel� de la providencia que lo exoner� de cargos y por eso es indicio que s� formul� cargos contra Luis Fernando Galeano Gasca. II. CONSIDERACIONES: H�llanse presentes los presupuestos procesales, siendo as� procedente emitir un fallo de fondo, m�xime cuando no se vislumbra causal de nulidad que invalide lo actuado.

La acci�n de resarcimiento de perjuicios se intent�, a decir del demandante, porque a �l le fueron causados ante la denuncia penal que la Corporaci�n Club Los Lagartos le formul� en su condici�n de empleado, ante ciertos actos que se cometieron all� � a decir de la denunciante � y que consider� como delictivos, tramitaci�n penal en la que tambi�n hubo Constituci�n de Parte Civil, pero que en �ltimas termin� con preclusi�n de la investigaci�n en su favor.

Perjuicios que se�al� como patrimoniales dadas las varias oportunidades de trabajo que perdi� a causa de su mermada reputaci�n y por los datos que en su contra facilitaba la demandada cuando se le interrogaba sobre sus referencias laborales y personales. En suma, la acci�n se encamina dentro de lo que se ha llamado el abuso del derecho, figura que se ubica en el �mbito de la culpa, sin que sea necesario que el autor del da�o haya tenido intenci�n de causarlo, basta que con su conducta haya sido imprudente y no diligente, aunque, como se rige por los principios de la responsabilidad civil extracontractual tambi�n puede ejercitarse el derecho dolosa o culpablemente, vale decir, con intenci�n positiva de infringir injuria o da�o a otro, u obrar con negligencia, imprudencia o falta de diligencia y cuidado.

En otras palabras tanto el deseo de causar da�o como la culpa han sido vistas como las pautas para aplicar la teor�a del abuso del derecho. Sin embargo la condena al pago de perjuicios debe ir precedida de la demostraci�n de que ese abuso lo ocasion�, ya, a manera de da�o emergente, de lucro cesante, ya de da�o extrapatrimonial y claro est�, con acreditaci�n de la cuant�a de los mismos, cuantificaci�n que como ha sido la Corte Suprema de Justicia, por ser labor de dif�cil ejecuci�n � se ha reconocido al Juez un amplio poder de discreci�n pero que (hoy con m�s veraz en virtud de la ley 446/98, art�culo 16), debe en todo caso respetar los principios de la reparaci�n integral, la equidad y los criterios t�cnicos actuariales�.

Vistos as�, en forma general los predicamentos atinentes a la figura del Abuso del Derecho, el que en verdad no tiene precisa consagraci�n legislaci�n civil, pero que si est� consagrada como normatividad legal en el C�digo de Comercio mediante el Decreto 410 de 1971 donde en el art�culo 830 se encuentra: � el que abuse de sus derechos estar� obligado a indemnizar los perjuicios que cause� y, atendiendo a que todo derecho tiene una funci�n social encaminada a obtener relaciones sociales justas y a que, como tambi�n lo ha predicado nuestro m�ximo Tribunal de Justicia que �es abusivo todo acto que, por sus m�viles y por su fin, es opuesto a la destinaci�n, a la funci�n del derecho en ejercicio, de tal manera que, como cada derecho tiene su esp�ritu, su objeto y finalidad, quien quiera que pretenda desviarlo de su misi�n social, comete una culpa, delictual o cuasidelictual, un abuso del derecho, suceptible de comprometer con este motivo su responsabilidad (21 de Febrero de 1938 G.J.T XLVI pag. 60), han de aplicarse estas nociones al caso en estudio, para descubrir si tuvo o no raz�n el a-quo de fallar como hizo.

Veamos: Al leer la denuncia penal que formul� la Corporaci�n Club los Lagartos por medio de su representante, desde la misma referencia encuentra el funcionario fallador, que �sta se entabl� por falsedad y abuso de confianza � en averiguaci�n de responsables� o sea, que no se sindic� a persona determinada, menos al aqu� demandante. Ahora, que si se lee en un todo aquel documento, se observa que se dio a conocer a la autoridad penal una serie de hechos los cuales el denunciante crey� delictuosos y en detrimento de la Corporaci�n. Pero, como esas conductas naturalmente correspond�an a humanos, l�gicamente la Fiscal�a tuvo que recaudar nombres de acuerdo a los cargos desempe�ados por aquellos, porque de otra manera no podr�a haber investigaci�n sobre infracciones penales.

Es explicable que con el solo hecho de ser citada una persona as� sea a exposici�n preliminar, causa angustia y que no decir cuando se la lleva a rendir indagatoria, pero, desafortunadamente as� son los tr�mites establecidos por nuestras Leyes y C�digos, los que no han sido elaborados por los denunciantes. Hasta aqu� las cosas, puestas frente a la acci�n que nos ocupa, no puede concluirse con un Abuso del Derecho.

Ahora, asevera el actor que el perjuicio lo recibi� tambi�n cuando el denunciante, sin fundamento apel� la providencia de Julio veintitr�s (23) de 1996, mediante la cual la Fiscal�a Seccional 112 se abstuvo de proferir medida de aseguramiento, entre otras personas, a �l, siendo eso un indicio que la denuncia tambi�n era en su contra. Empero, en gracia de discusi�n, si eso se aceptara, tendr�a que estar probado como se dijo atr�s la cuant�a de esos perjuicios, pero c�mo lograrlo aqu�, si ni siquiera se trajo la prueba de que en verdad los cargos que anuncia le fueran ofrecidos, atendiendo su persona, sin concurso de m�rito, o si �stos los hubo, fue �l, el de mejor puntaje o m�s a�n, el de mejor hoja de vida etc.

Solo existe la declaraci�n de Dario Luis S�nchez Contreras, quien expone que por lo que ocurri� perdi� un cargo en Gu�atour; sin embargo, quien supuestamente lo ofrec�a, se�ora Luz Marina Balc�zar, no declar�; de otro lado, el mismo testimoniante dice que despu�s de su trabajo en el Club los Lagartos, el denunciante labor� en Bogot� Tenis y de �ah� se retiro�, indicativa esta circunstancia que lo hizo por su propia voluntad y que no fue obst�culo la denuncia en referencia para vincularse a �Bogot� Tenis�.

La posible vinculaci�n con Corona tampoco se demostr�, qued� en el dicho del t�o del demandante. Y, para abundar en an�lisis, si de da�o cierto pudiera hablarse, donde est� su cuantificaci�n? Revisado todo el informativo lo que sobresale es su ausencia, solo se cuenta con una cifra mensual se�alada por el mismo demandante sin ning�n soporte, por lo que puede concluirse que solo se trat� de una especulaci�n de parte.

Bien entonces estuvo tra�da por el a-quo la referencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que trata el perjuicio como uno de los elementos esenciales de la responsabilidad civil, el que debe tener presencia y demostraci�n para que surja la obligaci�n indemnizator�a, presencia y demostraci�n a cargo de quien lo alega, aspectos todos �stos que, aqu� brillan por su ausencia. En este orden de ideas, partiendo que no se prob� denuncia abusiva ni da�o y menos su cuantificaci�n, el �nico camino que le queda al superior jer�rquico es confirmar la sentencia que se revisa.

Por lo expuesto anteriormente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, D.C., Sala Civil de Decisi�n, Administrando Justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, es decir, la proferida en el proceso de la referencia por el Juzgado Dieciocho (18) Civil del Circuito.

SEGUNDO: Adici�nase aquella para ABSOLVER de todo cargo a la parte demandada.

TERCERO: Costas en segunda instancia a cargo del apelante vencido. T�sense. C�piese, Notif�quese y devu�lvase el expediente a la oficina de origen. Los Magistrados, MARIA TERESA PLAZAS ALVARADO ANA LUCIA PULGAR�N DELGADO ARIEL SALAZAR RAM�REZ Rad. No.: 0137 01. 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