2009 477 01 · Tribunal de Bogotá

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I. ANTECENDENTES A. La pretensi�n En el escrito que diera origen a la presente acci�n, el ciudadano Hernando Salazar P�rez solicit� el amparo de su derecho fundamental a la honra y el buen nombre, que consider� vulnerado por el Representante Legal del Canal RCN, su directora Clara Elvira Ospina y el periodista Felipe Arias; con ocasi�n de la difusi�n televisiva del segmento period�stico denominado �El Cazanoticias�, el doce (12) de abril de dos mil nueve (2009).

En consecuencia pretendi� se ordenara a los accionados hacer la rectificaci�n y aclaraci�n de la nota period�stica titulada �Corrupci�n en un despacho judicial� en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar que la noticia que fuera difundida en la fecha antes mencionada. B. Los fundamentos de la acci�n 1. Adujo el accionante que el d�a doce (12) de abril de dos mil nueve (2009) en el segmento period�stico e informativo denominado �El cazanoticias�, el se�or Felipe Arias emiti� una noticia cuyo titular fue: �Corrupci�n en un despacho judicial�, la cual carece de todo fundamento probatorio.

Esta noticia, en su sentir, menoscab� su honra y buen nombre toda vez que difundi� p�blicamente y sin estar debidamente demostrado, el hecho de que un empleado del Juzgado 27 Civil Municipal de Bogot� D.C., �cobra sumas de dinero para agilizar el tr�mite r�pido y eficaz de los procesos que se adelantan en el mencionado despacho judicial�, y de manera simult�nea transmiti� el video en el cual un usuario de la administraci�n de justicia entrega dinero al tutelante. 2.

Como parte integral del video se transmiti� el concepto de un abogado, quien se�al� que la conducta observada en el empleado judicial configur� el hecho punible de cohecho propio. 3. Entre el contenido del v�deo y el titular de la noticia no existe correlaci�n, pues en el desarrollo del primero no se observa ni se escucha que se hubiese exigido o cobrado dinero para agilizar tr�mites procesales.

Lo �nico que all� se logra observar es que una persona pasa una suma de dinero al accionante y �ste la toma, situaci�n que �a su parecer- no determina que sea con el fin de agilizar los tr�mites de un proceso ni mucho menos que exista corrupci�n de su parte. 4. El medio period�stico fue negligente al no informar que el tutelante no era empleado sino pensionado de la Rama Judicial y simplemente colaboraba en forma voluntaria en ese despacho, con la debida autorizaci�n, desde hac�a m�s de siete a�os y sin exigir remuneraci�n laboral alguna. 5.

Afirm� que el dinero recibido estaba destinado a obtener los recursos necesarios para desplazarse al archivo de procesos, comprar guantes y una m�scara para evitar enfermarse por el c�mulo de polvo que se deposita en dicha dependencia. Ello en raz�n a que la persona que realiz� la grabaci�n necesitaba que se le desarchivara un proceso cuyo expediente no se encontraba en las dependencias del despacho.

Esta situaci�n es de absoluta costumbre y pr�ctica constante en todos los despachos judiciales por no existir un rubro destinado para tal actividad, y que se realiza de manera voluntaria y facultativa por parte de quien quiera hacerlo. 6. En varias oportunidades solicit� al medio de comunicaci�n la rectificaci�n de la noticia, sin que los accionados hayan procedido a hacerlo de manera satisfactoria.

C. Medios probatorios relevantes Se aportaron con la demanda copias de las comunicaciones enviadas al accionado en donde se solicita la rectificaci�n de la noticia. Tambi�n se alleg� copia en medio magn�tico del video que contiene la noticia publicada en la secci�n del �Cazanoticias� del canal RCN, cuyo titular es �Corrupci�n en un despacho judicial�.

D. Lo acreditado en la instancia 1. La acci�n se admiti� por medio de auto del once (11) de septiembre del a�o en curso. En el mismo, se dispuso su notificaci�n a los demandados para que ejercieran su derecho de defensa. 2. En el lapso conferido por el juez, el apoderado de los demandados contest� las afirmaciones contenidas en la tutela, solicitando la negaci�n del amparo constitucional toda vez que el accionante dispone de otras v�as judiciales para hacer valer los derechos que cree conculcados.

Adujo tambi�n que no se respet� el principio de inmediatez ni se demostr� la existencia de un perjuicio irremediable. Finalmente alega que las informaciones contenidas en la secci�n �El Cazanoticias� emitida dentro del noticiero RCN el doce (12) de abril de dos mil nueve (2009), estuvieron estrictamente ce�idas a la realidad, raz�n por la cual no se afectaron los derechos a la honra y al buen nombre del accionante. 3.

En sentencia del diecisiete (17) de septiembre de dos mil nueve (2009) se concedi� el amparo solicitado y se orden� a los accionados hacer la respectiva rectificaci�n de la noticia. 4. Inconforme con la anterior decisi�n, los demandados la impugnaron de manera oportuna, solicitando la revocatoria del fallo de primer grado, lo que explica la presencia de la actuaci�n en esta sede.

II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 1. De la serie de derechos a que alude el T�tulo II de la Constituci�n, se encuentran, en igualdad de primac�a con otros del mismo car�cter fundamental, los de la honra, el derecho a la informaci�n veraz e imparcial y el derecho al buen nombre. No necesariamente de ese orden pero s� comprensivos de importancia que el legislador constitucional les otorg�.

El primero y �ltimo -el derecho a la honra y al buen nombre- forman un todo �ntegro con el principio de la dignidad humana. En el art�culo 21 de la Carta est� consagrado el derecho a la honra, del cual ha dicho la Corte Constitucional (Sentencia T-412) que para nuestra Constituci�n y para los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos � la honra es un atributo esencial e inmanente de la persona que se deriva de su condici�n y dignidad.

Un bien jur�dico personal�simo, de inicial raigambre �aristocr�tica�, experimenta un proceso de generalizaci�n, democratizaci�n o socializaci�n, que alcanza del mismo modo a los derechos a la intimidad, el buen nombre, al habeas data y a la inviolabilidad de correspondencia de todas las personas�. �El concepto de honra se debe construir desde puntos de vista valorativos y, en consecuencia, con relaci�n a la dignidad de la persona.

Desde dicha perspectiva, la honra es un derecho de la esfera personal y se expresa en la pretensi�n de respeto que corresponde a cada persona como consecuencia del reconocimiento de la dignidad�. 2. Ahora bien, es indubitable que toda persona, por su condici�n de miembro de una sociedad en la que se desenvuelve y desarrolla, tiene adquirido el derecho al buen nombre.

Este concepto, por su misma peculiaridad, no es gratuito. �l se logra luego de obtener el respeto de los semejantes por el comportamiento que se observa dentro del grupo al que se pertenece, lo que se traduce en la honestidad en el actuar signado por el decoro; la conducta ejemplar y la acrisolada honradez; las cualidades que permiten a los dem�s adquirir estimaci�n y a�n admiraci�n por esa persona en virtud a sus propias condiciones humanas y a�n profesionales y, en fin, por sus antecedentes de todo orden que la tornan merecedora de especial consideraci�n y respeto.

Esas normas de conducta que crean el concepto sobre el buen nombre deben cultivarse y mantenerse, procurando evitar que aquella estimaci�n sufra mengua por actitudes que la sociedad repudie. Es por ello por lo que adquirido este derecho su titular est� llamado a observar un comportamiento ejemplar si aspira al reconocimiento social del mismo.

Como lo ha comprendido la jurisprudencia al tratar sobre este tema, el buen nombre se adquiere en virtud al irreprochable porte del individuo, adecuadamente apreciado por la colectividad en sus manifestaciones externas. De su parte, el art�culo 15 de la Carta expresa que todas las personas tienen derecho �a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar ( )�.

Ello significa que este derecho no solamente se ha reconocido por la Carta Constitucional sino que ha impuesto al Estado la obligaci�n de respetarlo y hacerlo respetar, por lo que cualquier atentado contra el mismo, sin una causa justa, real y cierta, esto es sin fundamento, evidentemente lo vulnera. Y esto se logra cuando se divulgan entre el p�blico, ya en forma personal o directa o ya a trav�s de los medios de comunicaci�n social, informaciones tendenciosas, falsas o err�neas que buscan deformar la imagen que del individuo se tiene y que, al final, socavan su prestigio y la confianza de que ha gozado en el medio en que act�a. Igualmente se vulnera cuando esos medios presentan la informaci�n alterando la verdad con el prop�sito de distorsionar esa imagen.

De este derecho ha dicho Manuel Jos� Cepeda, en su obra �Los derechos fundamentales en la Constituci�n de 1991� lo siguiente: �El derecho a gozar de un buen nombre se relaciona especialmente con la reputaci�n de la persona y en general con la estima, fama o valoraci�n que se tengan de ella en una perspectiva �tica o profesional, a�n cuando se puede extender hacia otras esferas de la misma.

Debe advertirse que la norma no garantiza por s� misma un buen nombre. Este debe ser el fruto de la proyecci�n de la persona en la sociedad, de sus m�ritos y virtudes. Lo que garantiza la norma es que el nombre de la persona sea un reflejo justo y adecuado de sus actos o de sus logros en el medio social�. Esto indica que el derecho al buen nombre no tiene linderos en relaci�n con su aplicabilidad.

De all� que mientras se posean mayores elementos de juicio para equilibrar la personalidad de un individuo �y asignarle un puesto dentro de la escala de valoraci�n social del buen comportamiento�, en palabras de la Corte, mayor ser� la certidumbre respecto de la reputaci�n o buena fama, el prestigio o, en fin, la opini�n que los dem�s se formen sobre esa persona, ya que de todas formas es el reflejo de la opini�n que viene a ser algo consustancial con el ser humano. 3.

El art�culo 20 de la Carta establece: �Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir informaci�n veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicaci�n.� �Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificaci�n en condiciones de equidad.

No habr� censura�. 4. Este, como uno de los derechos fundamentales que se consagran constitucionalmente, para la jurisprudencia ha tenido un mayor realce o primac�a sobre los derechos a la honra y el buen nombre. Se ha justificado este pensamiento en la importancia que reviste para la vida democr�tica el libre intercambio de ideas, porque, como lo ha comprendido la misma Corte Constitucional, la libertad de informaci�n �comprende la difusi�n masiva de la opini�n editorial del medio, es consustancial a la democracia, promueve el intercambio de ideas, permite la formaci�n de una opini�n p�blica libre, constituye la base para el ejercicio de los derechos pol�ticos de participaci�n y ejerce control frente a las autoridades�. 5.

Esto no obstante, existe un par�metro que exige al medio de comunicaci�n guiarse por senderos de rectitud, de tal suerte que se cumpla con los postulados m�nimos que salvaguardan no s�lo la honra sino el buen nombre de la persona. Estos requisitos se reducen a los siguientes: a. Que la informaci�n no est� fundamentada en hechos falsos, esto es, que sea veraz; b. Que quien suministre la noticia desconozca la falsedad de los hechos en el momento de dar a conocer de una manera p�blica la noticia, es decir, que se trate de una informaci�n imparcial. c. Que el medio poseedor de la noticia, con un m�nimo de precauci�n o de investigaci�n, no habr�a logrado establecer la falsedad de la noticia o, en t�rminos m�s simples, que la informaci�n sea completa, y d. Que finalmente la informaci�n atienda inexcusablemente a los hechos acaecidos.

Con otras palabras, que la noticia corresponda a la fidelidad. Estos deberes y responsabilidades, que se compendian en el canon constitucional de la �responsabilidad social� que corresponde a los medios de comunicaci�n, si bien constituyen el ejercicio de la libertad de expresi�n e informaci�n, no llegan ni pueden llegar jam�s al extremo de desconocer la protecci�n constitucional a la honra y al buen nombre de la persona.

De esta suerte, si el ejercicio de aquel derecho lesiona la dignidad, la honra, o el buen nombre del individuo, es evidente que esa conducta puede llegar a comprometer la responsabilidad civil o penal del periodista, por lo que apareja asimismo la obligaci�n constitucional de rectificar. Como lo ha entendido la Corte en uno de sus pronunciamientos (Sentencia T-063/92), la informaci�n debe tener dos presupuestos b�sicos para su realizaci�n: que los informes period�sticos sean ajustados a la verdad y que a trav�s de ellos se demuestre la imparcialidad, la equidad de la noticia. Y ha sentenciado: �Los medios adem�s deben cumplir con una funci�n social cual es la de tener bien enterados a la opini�n p�blica de todos los sucesos o acontecimientos que se producen en el diario transcurrir de la comunidad.

Mal pueden ellos distorsionar la realidad de los hechos porque de esta manera la sociedad no recibir�a informaci�n sino la desinformaci�n de lo que ha sucedido. De ah� que el mismo constituyente haya consagrado la responsabilidad social como consecuencia de las publicaciones, responsabilidad que en los precisos t�rminos en que est� concebida s�lo es posible establecerla despu�s de producido el hecho period�stico e informativo con el cual se haya roto los criterios o requisitos previos de veracidad e imparcialidad de que deben estar precedidas las actuaciones de los comunicadores o informadores de la opini�n nacional.� �Cuando la informaci�n no cumple con los requisitos previos de veracidad, es decir que ella no se ajusta a los hechos que se rese�an o que a trav�s de la noticia o del informe se promuevan la parcialidad o la discriminaci�n o se trate de influir deliberadamente en el comportamiento de la comunidad, la norma constitucional ha previsto un medio de defensa para el afectado porque consagra el derecho a la rectificaci�n en condiciones de equidad para cualquier persona que se crea lesionada por los informes de prensa�. 6.

La contrapartida de la libertad de informar est� dada por el derecho a recibir informaci�n veraz e imparcial. Este es un derecho p�blico colectivo exigible a los medios de comunicaci�n en aras de garantizar la libre formaci�n de la opini�n p�blica. �La veracidad de la informaci�n se circunscribe a hechos o a enunciados de car�cter f�ctico que pueden ser verificados.

En cambio, la imparcialidad envuelve la dimensi�n interpretativa de los hechos, la cual incluye elementos valorativos y est� a mitad de camino entre el hecho y la opini�n. En efecto, la escogencia de una situaci�n f�ctica y la denominaci�n que se le d� implica ya una valoraci�n de la misma. Una rigurosa teor�a general y abstracta sobre la interpretaci�n har�a imposible exigir la presentaci�n imparcial de un hecho, ya que toda interpretaci�n tendr�a algo de subjetiva.

El Constituyente no quiso llegar hasta este extremo, y opt� por vincular la exigencia de imparcialidad de la informaci�n al derecho del p�blico a formarse libremente una opini�n, esto es, a no recibir una versi�n unilateral, acabada y "pre-valorada" de los hechos que le impida deliberar y tomar posiciones a partir de puntos de vista contrarios, expuestos objetivamente.� Esta exigencia �ha dicho la Corte- �no significa, como podr�a pensarse en un primer momento, la anulaci�n del derecho del medio de comunicaci�n a expresar su opini�n sobre los hechos informados.

Su finalidad va encaminada a establecer en los noticieros o programas cuyo objeto principal sea informar al p�blico sobre el acontecer nacional o mundial, una clara distinci�n entre lo que es un hecho y la opini�n que dicho hecho suscita para los propietarios o editores del medio masivo de comunicaci�n. Lo anterior es una garant�a del p�blico en general con miras a que la informaci�n no se gobierne exclusivamente con patrones puramente comerciales ni se suministre en forma de "mercanc�a", lista para consumir, sino mediante la presentaci�n de la mayor cantidad de elementos de juicio que le permita adoptar una posici�n cr�tica y enriquecida, y de esta forma pueda contribuir eficazmente a la controversia democr�tica. �Una informaci�n parcial, que no diferencia entre hechos y opiniones en la presentaci�n de la noticia, subestima al p�blico receptor, no brinda la posibilidad a los lectores u oyentes para escoger y enjuiciar libremente, y adquiere los visos de una actitud autoritaria, todo lo cual es contrario a la funci�n social que cumplen los medios de comunicaci�n para la libre formaci�n de la opini�n p�blica�. 7.

De modo que el derecho de informar ejercido por los medios masivos de comunicaci�n respecto a la vida, conducta o actuaciones de una persona tiene fundamento constitucional y est� limitado por el principio de responsabilidad social (Art. 20 C.P.). Sin embargo, el ejercicio de la cr�tica a veces se hace mediante expresiones descalificadoras o insultantes, sobre todo, trat�ndose de personas que prestan un servicio p�blico.

En tales casos el �mbito de protecci�n de la honra y el buen nombre se disminuye por existir un inter�s p�blico relevante y ser exigible a dichas personas un mayor grado de tolerancia frente al cuestionamiento t�pico que su funci�n suscita. Bajo estas circunstancias, un dependiente judicial o ad honorem que preste un servicio p�blico debe estar dispuesto a soportar ataques o afirmaciones respecto de su conducta, dada la responsabilidad que, a diferencia de los particulares, le es exigida.

Las cr�ticas que se dirigen contra un empleado p�blico pueden consistir bien en opiniones, ora en informaci�n sobre hechos. Respecto de las primeras no pueden establecerse limitaciones, dada su prevalencia constitucional. En cambio, respecto de los hechos, la informaci�n debe estar sujeta a su exactitud o verdad. Luego la informaci�n solamente tiene trascendencia jur�dica y da lugar a una rectificaci�n si la presentaci�n simult�nea de hechos y opiniones en una noticia se basa en fuentes falsas y tiene consecuencias desproporcionadamente lesivas para la persona objeto de la informaci�n. En caso contrario, el comunicador estar� en entera libertad de difundir la noticia aunque con ella se genere alg�n tipo de censura o reproche. 8.

Toda la amenaza o vulneraci�n de los derechos que reclama el tutelante se deriva, sin que en el punto exista discusi�n posible, del contenido del video grabado por el usuario y publicado por el accionado y del que se ha aportado una edici�n a esta tutela como especial elemento de juicio. El video encuentra su origen, especialmente, en el proceso que se tramita ante el Juzgado 27 Civil Municipal de Bogot�.

En �l se advierte claramente que al acercarse un usuario a la baranda del Juzgado es atendido por una persona que sin lugar a dudas laboraba en la secretar�a de ese despacho. El usuario pide informaci�n sobre un proceso y el tutelante le indica que ese proceso est� archivado desde hace bastante tiempo y que desarchivarlo no es cosa f�cil ni que pueda hacerse de manera r�pida.

Seguidamente el usuario entrega un billete al oficinista y �ste lo guarda en el bolsillo de su camisa. Del examen cuidadoso de todas y cada una de las advertencias que el tutelante le hace al usuario, quedar� siempre la evidencia de que la informaci�n dada por el noticiero tiene respaldo en el video. En �l se observa a la persona que labora en Secretar�a recibiendo dinero de un usuario que requiere la agilizaci�n de un tr�mite.

Por lo que al ce�irse la nota a hechos verdaderos no vulnera derecho fundamental alguno. De igual manera se llegar� a la conclusi�n de no ser materia de amenaza o vulneraci�n de cualquiera de los derechos invocados el hecho de no informar a los televidentes que la persona que atend�a en secretar�a no era empleado de la Rama Judicial. La noticia divulgada no s�lo se apeg� de modo estricto a lo captado en el video, sino que fundament� sus opiniones en el an�lisis de un experto en derecho penal; lo que evidencia la diligencia y cuidado que tuvo para no incurrir en eventuales violaciones de los derechos fundamentales de la persona p�blicamente denunciada. 9.

Suficientes resultan las razones se�aladas para arribar a la conclusi�n de que la providencia de tutela impugnada deber� ser revocada en su integridad. III. DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, en Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela que por v�a de impugnaci�n se ha revisado, para, en su lugar, NEGAR el amparo constitucional.

SEGUNDO: NOTIF�QUESE esta decisi�n a las partes mediante telegrama.

TERCERO: REM�TASE lo actuado a la H. Corte Constitucional para su eventual revisi�n. C�PIESE Y NOTIF�QUESE Los Magistrados, ARIEL SALAZAR RAM�REZ 2009 477 01 LUIS ROBERTO SU�REZ GONZ�LEZ 2009 477 01 GERMAN VALENZUELA VALBUENA 2009 477 01 CEPEDA, Manuel Jos�. Los derechos fundamentales en la Constituci�n de 1991. Bogot�: Editorial Temis, p. 233.

Cita tra�da por la H. Corte Constitucional en Sentencia T-603. Sentencia 080/93. Corte Constitucional. Sentencia T-603 de 1992. Sentencia T-080 de 1993. PAGE PAGE 2 2009 00477 01 ORSg�� * +, / 0 7 8: ��̻��̻�̎�t�fX�XfX��tKtKtKthv�htIOJQJ^Jhv�h�{45�OJQJ^Jhv�hs|�5�OJQJ^Jhv�h�#�OJQJ^Jhv�h mOJQJ^Jhv�h m5�OJQJ^JhV[jCJOJQJ^JaJ h�h�Z�CJOJQJ^JaJ h�h mCJOJQJ^JaJ#h�h m5�CJOJQJ^JaJh��5�CJOJQJ^JaJ#h�h d5�CJOJQJ^JaJ*9PQRS��;

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