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Magistrado ponente: JOSE ELIO FONSECA MELO. Dec�dese el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 27 de octubre de 2000, proferida por el Juzgado 14 Civil del Circuito por Descongesti�n de la Ciudad, dentro de este proceso.
ANTECEDENTES: 1. Sandra Marina, Douglas Guillermo, Magda Cecilia y Ana Isabel Lee Zambrano, los dos �ltimos en ese entonces menores de edad y representados por su se�ora madre, citaron a juicio a Hern�n de Jes�s Lee Campos, para que rinda cuentas de la administraci�n de los bienes pertenecientes a la sucesi�n del finado Carlos Guillermo Lee Campos, y en consecuencia, se le condene a pagar la suma l�quida de dinero que resulte probada, junto con las costas procesales. 2.
El Juzgado 14 del Civil del Circuito de la Ciudad, el que por reparto le correspondi� conocer de la acci�n, mediante sentencia de 20 de mayo de 1988 (fl. 43-48 cuad. 1) orden� al demandado rendir las aludidas cuentas, para lo cual al final se�al� el t�rmino de treinta d�as h�biles (fl.153 Ib.). 3. El demandado, coadyuvado por su apoderado, en el t�rmino fijado rindi� cuentas de su administraci�n (fls. 157-180 Ib.), las que puestas en traslado por el t�rmino de veinte d�as (fl. 182 Ib.), oportunamente fueron objetadas por la parte demandante (fls. 1-3 cuad. 3). 4.
Con las especies probatorias recogidas, el Juzgado 14 Civil del Circuito por Descongesti�n desat� el incidente originado por la objeci�n mediante sentencia de 27 de octubre de 2000 (fls. 72-79 Ib.), mediante la cual acept� la objeci�n con respecto de las cuentas presentadas por el demandado. 5. En el aludido fallo el Juzgado, tras declarar probada la objeci�n formulada por el demandado en relaci�n con el experticio rendido por Luz Marina Hern�ndez e Ildefonso Duque G�mez (fls. 127-131 cuad 1), conden� al demandado a pagar a los demandantes la suma de $36.257.060.oo, indexada conforme al IPC � entre el 24 de junio de 1998 hasta cuando se verifique el pago �. 6.
Contra la anterior decisi�n se alz� la parte demandante, as� que rituado el recurso en la forma prevenida en la ley, en la actual ocupa la atenci�n de la Sala. SE CONSIDERA 1. Presupuestos procesales. Los consabidos presupuestos procesales demanda en forma, capacidad de parte, capacidad procesal y competencia se hallan actualizados en el presente caso, motivo por el cual el proceso se ha desarrollado normalmente, y por ende, se impone una decisi�n de fondo.
Desde el punto de vista de la actuaci�n tampoco observa la Sala causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, de modo que ello aunado a lo anterior, conlleva a esa decisi�n de m�rito. 2. La sentencia del A quo. El Juzgado a trav�s del fallo apelado, luego de historiar los antecedentes del proceso, toma como punto de partida las cifras l�quidas presentadas por el demandado en ejercicio de la administraci�n de los bienes dejados por el finado Carlos Guillermo Lee Campos, seg�n las cuales los ingresos ascienden a $11.315.269.oo y los egresos a $11.709.311.oo, con una diferencia a su favor de $344.042.oo, durante el per�odo comprendido entre la muerte del causante (30 de octubre de 1981) y la fecha de entrega de dichos bienes a los herederos ( 07 de julio de 1990).
Prosigue el Juzgado poniendo en relaci�n las anteriores cifras con el dictamen rendido en primer lugar por los expertos designados para establecer las aludidas cuentas, los que fijaron en la suma de $581.475.642.oo su valor (fls. 127-131 cuad 1), para concluir posteriormente que el experticio � es demasiado fantacioso y no toma en cuenta los costos que genera la actividad y los riesgos de la misma �.
Al descartar de esta manera ese dictamen el Juzgador se adentra en el an�lisis del nuevo experticio presentado por Alvaro Am�zquita y Lorenzo Cuellar Vargas (fls. 51-75 cuad. 4), expertos designados oficiosamente por el Juzgado para establecer las cuentas, y luego de se�alar que � utiliza unos fundamentos t�cnicos cre�bles y razonables �, termina por aceptar que, en primer lugar, los ingresos totales de esa administraci�n durante la d�cada de 1981 a 1991 ascienden a $73.580.000.oo, en segundo lugar, los egresos durante el mismo per�odo suman $23.302.400.oo, de donde fluye que la utilidad para el per�odo equivale a $50.277.600.oo.
As�, al descontar de la anterior cifra los gastos funerarios, los c�nones el arrendamiento pagados por el demandado para el establecimiento de la familia Lee Zambrano y la suma en que la fecha del peritazgo excede la fecha de la entrega de los bienes, el Juzgado concluye que la suma adeudada por aqu�l asciende en definitiva a $36.257.060.oo, monto de la condena fulminada en el fallo. 3.
El recurso. Al sustentar el recurso ante el Tribunal la parte demandante, luego de se�alar que la cifra es irrisoria toda vez que han transcurrido veinte a�os largos desde cuando el demandado estuvo obligado a rendir cuentas, presenta los siguiente motivos de disconformidad con la sentencia que censura: En primer lugar, aduce que la cifra a considerar en esta rendici�n de cuentas es igual a $159.000.000.oo, pues en su decir ella corresponde a la presentada bajo la gravedad del juramento y con � un estudio muy juicioso � por sus poderdantes en el proceso, la que pas� sin objeci�n y luego alcanz� aprobaci�n por el Juzgado, pese a que posteriormente la nulidad declarada abarc� esta actuaci�n. En segundo lugar, plantea la recurrente que el peritazgo rendido por Alvaro Am�zquita Aguilar y Lorenzo Vargas Cuellar, adoptado por el Juzgado a efecto de determinar las cuentas, no tuvo en consideraci�n la rentabilidad de las sumas de dinero recibidas por la venta de leche a�o tras a�o, as� como tampoco las cosechas inventariadas y los cr�ditos a su favor, el n�mero de vacunos entregados, el ganado porcino, lanar y las aves, y en fin, todo el listado de bienes que se relacion� en el inventario de la sucesi�n. En tercer lugar, argumentan los apelantes que la sentencia impugnada falla cuando quiera que dej� de contemplar los intereses devengados por la suma objeto de condena, porque siendo � frutos civiles desde el momento en que se gener� cada valor �, deben fulminarse � hasta la fecha en que se lleve a efecto el pago �.
Y, por �ltimo, la censura se dirige a atacar el exagerado porcentaje reconocido por los expertos en relaci�n con los gastos de operaci�n, pues en su decir equivalentes al 32%, habida consideraci�n que exist�an 44 fanegadas de excelentes pastos � no requer�a de mayores gastos ni de mayor cantidad de pastaje para su alimentaci�n dado el n�mero de cabezas de ganado y la extensi�n y calidad del terreno �.
Con fundamento en estos motivos de discrepancia los apelantes solicitan al Tribunal � REVOCAR la sentencia impugnada y en consecuencia DECLARAR que el demandado pague a mis mandantes por lo menos $159.000.000.oo m�s la indexaci�n aplicada hasta la fecha en que pague totalmente la obligaci�n �. El caso concreto. Constituye verdad averiguada que con respecto de la apelaci�n, corresponde al recurrente se�alar el �mbito dentro del cual ha de moverse el Ad quem, pues inmerso a�n dentro del principio dispositivo, es aqu�l quien debe se�alar los motivos de disconformidad con la sentencia de primer grado.
En la misma forma, cuando el recurso ha sido interpuesto solamente por una de las partes, en virtud del principio de la no reformatio in pejus al Superior le est� vedado hacer m�s gravosa su situaci�n, pues al contemplar el legislador esta regla de conducta para el juez parti� de la base que la revisi�n no puede irse contra quien ha presentado su disconformidad con el fallo.
Entonces, de acuerdo con estos postulados, siendo que el escrito que contiene la sustentaci�n del recurso toca aspectos puntuales de la sentencia, la Sala en la tarea de resolver el interpuesto en su contra de entrada advierte que a ellos debe contraerse su an�lisis, condici�n que por contera descarta la necesidad de revisar el fallo en toda su extensi�n. Para acometer esta labor la Sala, tras detenerse en el an�lisis de las pruebas y los argumentos de la censura, arriba a la conclusi�n que el fallo impugnado debe mantenerse, por las razones que a continuaci�n se expresan: 4.1.
En torno al primer punto de discrepancia, relacionado con la cuant�a que la parte actora fij� en otrora (fls. 51-57 cuad. 1), equivalente a $159.900.470.oo, suma que en forma insistente reclama como fruto de estas cuentas, siendo el resultado de la estimaci�n por ella realizada bajo la gravedad del juramento al tenor del modificado art�culo 418-4 del C. de P. C., ha de decirse que ese monto no puede ser apreciado como el saldo que el demandado adeuda, por m�ltiples razones y entre estas, por cuanto que la actuaci�n en donde aquella se present� el Tribunal la anul� mediante auto de 26 de octubre de 1990 (fls. 17-22 cuad. 12). 4.2.
En derredor al segundo punto, consistente al decir de la censura en el error en que incurrieron los peritos Am�zquita y Vargas al desatender el activo inventariado dentro del sucesorio de Carlos Guillermo Lee Campos, cuando quiera que no tuvieron en consideraci�n la rentabilidad de las sumas de dinero recibidas por la venta de leche a�o tras a�o, as� como tampoco las cosechas inventariadas y los cr�ditos a su favor, el n�mero de vacunos entregados, el ganado porcino, lanar y las aves, ha de observarse que tal inventario (fls. 3-6 cuad. 1) no puede tomarse como punto de partida para esta rendici�n de cuentas, habida consideraci�n que, de una parte, no obliga al demandado por cuanto que fue confeccionado y presentado a motu proprio por los demandantes en el sucesorio en cuesti�n, y de otra, no existe en el expediente prueba que indique, verbi gratia, que aquel hubiere recibido ganado porcino, lanar y aves, as� como que en los predios se hubieren adelantado cultivos o que hubiere cobrado intereses sobre cr�ditos del causante.
Con todo, como quiera que en alguna parte la recurrente aduce que el peritazgo adoptado por el A quo en punto de la producci�n de leche solo tuvo en cuenta para este efecto once reses y no las inventariadas, sobre el particular la Sala advierte que en el interrogatorio de parte absuelto por el demandado aludi� a que � eran 20 vacas mayores de 6 a�os y un toro con su respectiva marca � (fl. 39 Ib.), y no obstante esta afirmaci�n, dada la falta de prueba en torno al n�mero de vacas que estaban en producci�n para la fecha en que ocurri� el �bito del causante, la Sala estima que el se�alado por los peritos al final resulta acorde con la realidad, en el entendimiento que la experiencia ense�a que en casos como este, no todas las reses integrantes del hato se encuentran en forma simult�nea en orde�o. 4.3.
Ahora bien: En torno al tema de los intereses que como frutos civiles la parte demandante reclama sobre cada uno de los valores producto de estas cuentas, ha de se�alarse que el Juzgado de conocimiento en la parte resolutiva de la sentencia impugnada orden� indexar conforme al IPC el monto de la condena por el lapso que va � desde el 24 de junio de 1998 hasta cuando se verifique el pago �, para lo cual tuvo en cuenta que los peritos rindieron su dictamen en esa ocasi�n y advirtieron que las cifras manejadas estaban actualizadas a esa fecha (fl. 95 cuad. 4), de manera que no hay raz�n para reconocer los intereses reclamados cuando de una y otra forma las cifras en met�lico no han sufrido en este caso depreciaci�n. 4.4.
Finalmente, en el tema del alto monto de los gastos de operaci�n fijados por los peritos, al decir de la censura excesivos en consideraci�n a la calidad del terreno donde pac�an los semovientes, la Sala observa que los peritos no fueron ajenos a esa circunstancia, la que dicho sea de paso advirtieron en el pre�mbulo del experticio (fls. 52 y 53 Ib.), motivo que sumado a otros condujeron a los expertos a se�alar a�o tras a�o las cifras que se consignan en el anexo No. 2 del peritazgo (fl. 57 Ib.), las que Sala proh�ja en cuanto que contemplan apenas los factores indispensables para esta labor, tal cual ocurre con el sueldo del trabajador, los costos de los insumos utilizados y los gastos imprevistos. 5.
Dado que, de una parte, los argumentos sobre los cuales la parte demandante apoy� la censura no encuentran asidero, y de otra, los datos que arroja el peritazgo la Sala los comparte por cuanto que se avienen con la realidad que proyectan los testimonios de Juan Guillermo Torres Ronceros (fls. 21-24 cuad. 3), Jaime Farias Acu�a (fls. 27- 29 vto.
Ib.) y Jaime Augusto Rodr�guez Angel (fls. 22-24 cuad. 4), la sentencia impugnada debe confirmarse. En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogot� D.C. en Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero. Confirmar la sentencia de 27 de octubre de 2000 proferida por el Juzgado 14 Civil del Circuito por Descongesti�n de la Ciudad dentro de este proceso. Segundo. Costas de instancia a cargo de la parte demandante.
NOTIFIQUESE Sentencia discutida y aprobada en Sala Civil de Decisi�n seg�n Acta No. 10 de 13 de marzo de 2003. JOSE ELIO FONSECA MELO Magistrado. ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO Magistrado. LIANA AIDA LIZARAZO VACA Magistrada. 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