Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 18-96-4304-01

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Carlos Julio Moya Colmenares.

Fecha: 2005-03-09

Sujetos procesales: VERÓNICA YUKOPILA GONZÁLEZ / ANA TRINIDAD MONTAÑÉZ DE SUÁREZ.

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Magistrado Ponente: CARLOS JULIO MOYA COLMENARES. Ref.: Abreviado de Rendici�n Provocada de Cuentas de VER�NICA YUKOPILA GONZ�LEZ contra ANA TRINIDAD MONTA��Z DE SU�REZ. Discutido y aprobado por la Sala en sesi�n del 9 de febrero de 2005, seg�n Acta N� 04 de la misma fecha. Dec�dese el recurso de apelaci�n interpuesto por la demandante VER�NICA YUKOPILA GONZALEZ contra la sentencia que en este asunto dictase el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Bogot� D.C., el veinticinco de abril de dos mil dos.

ANTECEDENTES VER�NICA YUKOPILA GONZALEZ, mediante apoderado judicial debidamente constituido, concurri� a la jurisdicci�n para ponerla en actividad y consecuencialmente, para obtener sentencia que acogiese las s�plicas de la demanda, las que concret� as�: �1- ORDENAR la rendici�n de cuentas por parte de la se�ora ANA TRINIDAD MONTA�EZ DE SUAREZ a mi mandante VERONICA YUKOPILA, correspondiente a todo el tiempo de su ejercicio, como administradora de la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIS�IS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($42.816.343.oo) m�s los intereses comerciales establecidos por la Superbancaria y la indexaci�n de dicha suma desde que los recibi� y por todo el tiempo que permanezcan en su poder, los dineros que fueron cobrados y recibidos por ella. 2- SE�ALAR un tiempo prudencial en el que la se�ora ANA TRINIDAD MONTA�EZ DE SUAREZ, PRESENTE LAS CUENTAS, ACOMPA�ADAS DE DOCUMENTOS Y COMPROBANTES pertinentes. 3- ORDENAR que, una vez presentadas las cuentas, se corra el traslado a la demandante y si no hubieren (sic) objeciones que formular s�rvase se�or Juez ORDENAR EL PAGO DE LA SUMA que resulte a favor de la parte DEMANDANTE mediante auto que preste m�rito ejecutivo.

Si a nombre de la DEMANDANTE debo formular objeciones, s�rvase se�or Juez tramitar el incidente correspondiente, dictar sentencia que fije la suma a favor de la actora y ordenar sus pago. 4- Si la DEMANDADA no presenta las cuentas en el t�rmino por Ud. Se�alado s�rvase, Se�or Juez, ordenar el pago de la suma determinada en la demanda, mediante auto que preste m�rito ejecutivo. 5- Condenar a la demandada al pago de las costas del presente proceso.� Las anteriores pretensiones se soportan en los hechos que, compendiados, as� se relatan: �La se�ora VER�NICA YUKOPILA, hizo vida marital por espacio de 8 a�os con el se�or JOSE LEONARDO SUAREZ MONTA��S con quien procre� al menor JUAN NICOLAS SUAREZ YUKOPILA, nacido el 20 de diciembre de 1988.

El se�or JOSE LEONARDO SUAREZ MONTA�EZ falleci� el 7 de mayo de 1.995 en un accidente a�reo. Por conceptos diferentes, como pago de terceros y seguros tomados a favor de la demandante, le han sido entregados a la demandada la suma antes discriminada as�: $32.301.056.oo Mcte., por concepto de un seguro de vida; $4.145.710.oo Mcte., por concepto de otro seguro de vida del fallecido padre; $2.269.577.oo M/cte. por concepto de la liquidaci�n del contrato de trabajo del padre del menor; $600.000.oo M/cte., por concepto de bonificaci�n; $2.500.000.oo Mcte., por devoluci�n al resolverse una promesa de compraventa de un veh�culo; y $1.000.000.oo Mcte., por indemnizaci�n por la muerte del padre del menor.

Dineros que le fueron entregados a la demandada para que fueran administrados por ella a trav�s de un mandato verbal, los cuales no ha querido devolver�. La demanda fue admitida a tr�mite mediante auto de 20 de noviembre de 1996, habi�ndose notificado personalmente a la demandada quien compareci� al proceso, a trav�s de apoderado, y quien contest� el libelo oponi�ndose a las pretensiones y proponiendo, como excepciones de m�rito, la �Falta de legitimaci�n en la causa por activa� e �Inexistencia del contrato de mandato�.

Se celebr� audiencia de conciliaci�n sin que se hubiese logrado acuerdo alguno. Surtidas las etapas probatoria y de alegaciones, se resolvi�, en sentencia del 25 de abril de 2002, negar las pretensiones invocadas por la parte actora. LA SENTENCIA IMPUGNADA El a-quo, luego de historiar el proceso en su aspecto procesal, concluy� que aunque la se�ora ANA TRINIDAD MONTA��Z DE SU�REZ s� recibi� la suma $39.000.000 de manos de la demandante, �sta no prob� que los mencionados dineros los hubiese entregado para que fuesen administrados, es decir, que hubiese mediado un contrato de mandato en virtud del cual la demandada estuviese facultada para administrarlos o para disponer de ellos, procurando un beneficio, desde luego en favor de la demandante.

LA IMPUGNACI�N La parte demandada interpuso oportunamente recurso de apelaci�n contra la sentencia de primer grado argumentando, en esta instancia, que EXISTE PLENA PRUEBA del contrato de administraci�n, tomando los documentos trasladados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en los cuales aparece que el mismo abogado e hijo de la demandada, Dr. GERMAN SU�REZ MONTA��Z, de manera explicita y contundente, manifiesta que la aqu� demandada s� recibi� dinero en cantidad de $39.000.000, prueba que no tuvo objeci�n ni tacha alguna dentro del proceso, demostr�ndose as� que los dineros fueron entregados para su administraci�n, pues de otra manera no se entiende como la demandada compra un apartamento que el propio t�o del menor reconoce ante el I.C.B.F. que es del menor hijo de la demandante, agregando que si su se�ora madre tiene que firmar algo ante el Instituto, �l sabe que ella lo har� por que no tiene ning�n inter�s en coger eso para ella.

Agrega que no pod�a el a-quo acoger la versi�n de la demandada cuando en un acto de distorsi�n de la verdad, y en contraposici�n a lo que expuso por su propio hijo ante el I.C.B.F., afirma que la suma recibida hace relaci�n al pago de unas deudas por cuanto ello viola lo dispuesto en el articulo 232 inciso 2, ya que no solamente no se demostr� la existencia de tal deuda, sino que, por el contrario, existe la prueba del mismo hijo y actual apoderado de la demandada ANA TRINIDAD MONTA��Z DE SU�REZ en el sentido de que el apartamento que compr� es de JUAN NICOL�S SU�REZ YUKOPILA, y que la demandada no tiene ning�n inter�s en coger eso para ella.

Finalmente sostiene que si en gracia de discusi�n se aceptara la existencia de deudas, las mismas son anteriores al contrato de mandato y respecto de personas diferentes, porque sabido es que JUAN NICOL�S SU�REZ YUKOPILA no le adeuda nada a su abuela, por lo tanto nada tiene que pagarse con su dinero. SE CONSIDERA Los presupuestos procesales concurren a cabalidad de manera que procede dictar sentencia de m�rito que dirima el conflicto puesto a nuestra consideraci�n. Tampoco se observa yerro de car�cter procesal que tenga la virtualidad de anular la actuaci�n. Est� legitimado como actor, para incoar la demanda de rendici�n de cuentas quien, de acuerdo con la ley o con la convenci�n, tenga derecho a exigirlas ante quien, debido a un encargo o gesti�n, deba rendirlas; para el caso sub-examine la demandante sostiene, en el libelo genitor de la acci�n, que entreg� la suma de dinero mencionada anteriormente a la demandante para que la administrase.

Finca entonces su pretensi�n en un contrato de administraci�n; luego debe definirse en esta instancia, como lo hizo el juez de primer grado en su momento, si existe o no la obligaci�n de la demandada de rendir las cuentas pedidas; dicho en otros t�rminos, si se ajust� el mencionado contrato de administraci�n, pues este es el punto medular sobre el cual gira la controversia toda vez que la demandante afirma que lo convino en tanto que la demandada lo niega.

Como se dijo anteriormente, el proceso de rendici�n provocada de cuentas tiene por objeto espec�fico que todo el que, conforme a la ley o al contrato, est� obligado a rendir cuentas de su gesti�n o administraci�n lo haga, si espont�nea o voluntariamente no ha procedido a ello. El mandato legal descansa, de suyo, en la norma positiva que impone tal obligaci�n o del contrato del cual emana, por lo que es el destinatario de las cuentas el que, por ley o por virtud de la relaci�n contractual, est� legitimado para demandar a quien debe rendirlas.

Y la ley grava con esa carga a los secuestres, a los administradores de comunidades, a los mandatarios, a los comodatarios, a los guardadores de los incapaces, o a quienes por un acto unilateral l�cito como en la agencia oficiosa representa a otro, entre otros. Tambi�n se tiene por sabido que el �administrador� debe rendir cuentas de su gesti�n, si no peri�dicamente, s� al terminar el encargo.

(art. 2181 C.C.) Y la g�nesis de lo dicho est� en el art. 1494 del C�digo Civil, que ense�a que �las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o m�s personas, como en los contratos o convenciones, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptaci�n de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o da�o a otra persona, como en los delitos; ya por disposici�n de la ley, como entre los padres y los hijos de familia�.

Dicho en otros t�rminos, toda obligaci�n tiene su origen en una responsabilidad civil precontractual, contractual, postcontractual, extracontractual, delictual y cuasidelictual, seg�n la clasificaci�n que traen algunos tratadistas. Ahora bien, el art. 1495 del estatuto civil determina que contrato o convenci�n �es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa.

Cada parte puede ser de una o de muchas personas�. De la anterior definici�n fluye que el contrato es un acto jur�dico, porque lo genera la voluntad humana y est� destinado a producir efectos jur�dicos; es un acto bilateral porque, para que nazca se requiere el concurso de las voluntades de dos o m�s personas, y es una clase especial de convenci�n, porque s�lo tiene por objeto crear obligaciones El com�nmente llamado contrato de administraci�n est� reglado en el art. 2142 de la obra en cita y consiste b�sicamente en la gesti�n de negocios realizada por una persona que se llama mandatario en nombre y representaci�n de otra que se denomina comitente o mandante.

Ha dicho la jurisprudencia que � Son elementos esenciales del mandato: una parte que confiera el encargo y que se llama mandante o comitente; otra parte que acepta el encargo y que se llama en general mandatario: que el encargo verse sobre negocio o negocios que interesen de alg�n modo al mandante, puedan ser ejecutados legalmente por �ste y por el mandatario, sean reales o futuros y se relacionen con terceros� El objeto propio del mandato son actos jur�dicos que deben cumplirse por cuenta del mandante, al contrario de lo que sucede en el arrendamiento de servicios cuyo objeto son hechos de orden material.

(Planiol. Tratado Elemental. T2 n�mero 2232)�. (C.S.J. sent. 30 septiembre de 1947. G.J. t LXIII pag. 39 )� Es cierto que el contrato de mandato no requiere formalidad alguna para su perfeccionamiento pues la sola voluntad de los contratantes para ajustarlo es suficiente seg�n lo precept�a el art�culo 2150 ib�dem. Tambi�n es verdad inconcusa, al tenor de lo dispuesto en la norma acabada de citar, que la aceptaci�n puede ser expresa o t�cita, consistiendo esta en �todo acto en ejecuci�n del mandato�.

Analizadas todas y cada una de las piezas procesales tra�das al plenario, en parte alguna aparece la aceptaci�n expresa de la demandada de la celebraci�n del tantas veces mentado contrato de mandato (de administraci�n). Es mas, al contestar el hecho 6� de la demanda lo niega categ�ricamente. Tampoco aparece que la demandada lo hubiese ejecutado (el mandato).

Es verdad que la se�ora ANA TRINIDAD MONTA��Z DE SU�REZ acept� haber recibido de VER�NICA YUKOPILA la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES (hecho 5� de la contestaci�n de la demanda), corroborado con lo dicho en el interrogatorio de parte que absolvi�, pero aclar� que no los recibi� para que fuesen administrados sino en pago de unas obligaciones previamente adquiridas por el de-cujus JOSE LEONARDO SU�REZ MONTA��Z y por la demandante, y ello, en manera alguna configura ejecuci�n del contrato de mandato.

Y si no esta plenamente demostrada la voluntad de la demandada de aceptar el cargo de administradora, no est� obligada a rendir cuentas. Milita en la ritualidad, a folio 247 y siguientes el testimonio de la se�ora LEONOR GONZ�LEZ DE CARVAJAL, persona que afirma que s� se celebr� el tantas veces comentado contrato de mandato. Sin embargo, para la Sala este testimonio no es cre�ble, en primer lugar porque proviene de persona que tiene lazos afectivos y de consanguinidad con la demandante, en segundo lugar porque es poco probable que la demandada le hubiese hecho las manifestaciones que seg�n la declarante le hizo en relaci�n con el contrato de mandato precisamente en un momento tan doloroso para ella (la demandada) si se tiene en cuenta que estaba enterrando a su hijo, y en tercer lugar, porque aunque en algunos pasajes de la declaraci�n sostiene enf�ticamente que se celebr� el convenio, en otros afirma que la demandada se lo dio a entender, como cuando respondi� a la pregunta:�Al inicio de su relato Ud.

(sic) manifesto (sic) haber sostenido una charla con la demandada, espec�ficamente sobre la compra de un apartamento y un carro para asegurarle el futuro de JUAN NICOLAS SUAREZ (sic) d�gale al despacho si la demandada le manifest� o le hizo saber con que dineros se adquirieron los bienes mencionados, que bienes fueron y a nombre de quien se obtuvieron.

CONTESTO: Al entrar en la conversaci�n creyendo que yo no ten�a conocimiento de los hechos quizo (sic) darme a entender que ella hab�a comprado a favor del ni�o esos bienes, puesto que LEONARDO seg�n ella, quer�a que fuera as�.�. Adem�s, no se entiende porque adujo que al sostener la aludida conversaci�n la demandada crey� que la testigo no ten�a conocimiento de los hechos si la misma deponente, al comienzo de su declaraci�n, afirm� que hablaron sobre ello en las exequias de quien en vida se llam� JOSE LEONARDO SU�REZ MONTA��Z. La llamada por la demandante prueba plena de la demostraci�n del contrato de administraci�n, de acuerdo con lo que al respecto menciona en el escrito de sustentaci�n del recurso, deriva de la prueba documental tra�da al proceso y que corresponde a la actuaci�n surtida en el INSTITUTO COLOMBIANO DE BILENESTAR FAMILIAR.

Seg�n ella, el apoderado de la demandada (y tambi�n su hijo) admiti� o confes�, en carta que remiti� desde los Estados Unidos de Norteam�rica al mencionado Instituto que la demandada recibi� el dinero con el prop�sito de administrarlo. Dice en uno de los p�rrafos: �4.- Lo antes dicho tiene todo su respaldo dentro de la misma prueba recaudada como PRUEBA TRASLADADA� A FOLIOS 229 Y 230 DEL EXPEDIENTE, dentro de la prueba trasladada de el I.C.B.F., el mismo ABOGADO E HIJO DE LA DEMANDADA: Dr GERM�N SU�REZ MONTA�EZ, de manera expl�cita y contundente, manifiesta: �PERO QUIERO DECIR QUE MI SOBRINO NO VA A SER DESPROTEGIDO NI MORAL NI ECON�MICAMENTE, Y SI DE ESTO SE TRATA, DEL DINERO, PUES CREO QUE TODO LO QUE SALGA SE LE ABRIR� UNA CUENTA O C.D.T. A SU NOMBRE O SE LE COMPRE UNA PROPIEDAD RA�Z A SU NOMBRE, ESO SI QUE EL DINERO NO SE PIERDA O SE DESPILFARRE TOTALMENTE, SI SE TRATA DEL APARTAMENTO QUE MI MAM� COMPR� ESE ES DE JUAN NICOL�S Y PARA NADIE M�S, Y SI MI MAM� TIENE QUE FIRMAR ALG�N DOCUMENTO ANTE USTEDES, SE QUE ELLA LO HAR� PORQUE NO TIENE NING�N INTER�S EN COGER ESO PARA ELLA, ES PARA EL FUTURO DEL NI�O�� �.(Negrilla y subraya del texto).

En ello ve el recurrente el contrato de mandato (de administraci�n) que no vio el a-quo. Sin embargo, esta Sala de Decisi�n tampoco ve en esa trascripci�n contrato de mandato alguno. Lo resaltado pone de manifiesto que, seg�n la trascripci�n que all� aparece, que un apartamento que la demandada compr�, es de JUAN NICOL�S. Eso y nada m�s es lo que dice, y no puede d�rsele significaci�n distinta.

Lo dem�s son especulaciones: que se compr� con los dineros que le entreg� la demandante, que esos dineros se los entregaron a t�tulo de administraci�n etc. A�n admitiendo que la demandada compr� el apartamento con los dineros que le entreg� la demandante, aserto que no esta probado en el proceso, no puede por ello concluirse que actu� como administradora de los dineros que le dio la demandante.

Bien pudo ser que ella los hubiese recibido en calidad de dep�sito, de mutuo, o que hubiese actuado como compradora para otro etc. Lo cual pone de presente, ab-initio, que existe duda en cuanto a la existencia del contrato de administraci�n. Y si no est� plenamente probado este contrato, por contera, la demandada no est� obligada a rendir cuentas.

En el numeral 8� del alegato de sustentaci�n del recurso afirma el recurrente que el contrato tambi�n est� demostrado con el testimonio de LEONOR GONZ�LEZ y la confesi�n de VER�NICA YUKOPILA �quienes afirman la existencia del CONTRATO VERBAL DE ADMINISTRACION DE LOS DINEROS QUE LA DEMANDANTE LE ENTREG� A LA DEMANDADA��, pero, en puridad de verdad tal contrato no aparece delimitado por esas personas.

Adem�s, la versi�n de VER�NICA YUKOPILA no puede ser tenida como confesi�n puesto que no re�ne los requisitos contenidos en el art. 195 del C. de P.C. Finalmente, considera la Sala que el documento remitido por Germ�n Su�rez Monta�ez a Bienestar Familiar y que milita a folio 265 del cuaderno principal no tiene la connotaci�n de prueba trasladada porque no re�ne los requisitos del art. 185 ej�sdem, toda vez que no fue tenida en dicha actuaci�n como tal, el suscriptor no fue parte en ese proceso, y no se tuvieron en cuenta las formalidades establecidas en el ordenamiento procesal civil para la pr�ctica de pruebas.

Puede ser valorado como documento declarativo emanado de tercero, pero con todo y ello, ya se defini� que no sirve para demostrar mandato alguno. Corolario de todo lo expuesto es que la sentencia de primer grado debe ser avalada por este Tribunal. DECISI�N Por m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot� D.C., en Sala Civil de Decisi�n, administrando Justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley, RESUELVE:

PRIMERO. Confirmar la sentencia que en este asunto dictase el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Santaf� de Bogot�, D.C., el d�a veinticinco (25) de abril del a�o dos mil dos (2002).

SEGUNDO. Condenar a la parte apelante a pagar las costas de la instancia. T�sense. Notif�quese, CARLOS JULIO MOYA COLMENARES Magistrado. HUMBERTO ALFONSO NI�O ORTEGA Magistrado. MANUEL JOS� PARDO CARO Magistrado.  ALESANDRI Rodr�guez, Arturo. De los contratos. Editorial Temis. S.A.  Cita tomada del C�digo Civil Colombiano Edici�n Especial del Centenario 1887-1987.- Superintendencia de Notariado y Registrito. pag. 756 PAGE 11 Apelaci�n Sentencia. Abreviado de Ver�nica Yukopila Gonz�lez contra Ana Trinidad Monta�ez de Su�rez. PAGE  PAGE 12 %&��������� ! 7 S i � � � � � � � � �     $ & 8OJQJ)%��������" # U V � �; 8 $dha$gd�&�$��dh`��a$gd�&�����������'"("5"6"3#4#�&�&�)�)N*O*:-������������������������ $dha$gd�&�$��dh`��a$gd�&� $dha$gd�&�' � � V W ] ^ � � � � � � �!�!�!�! 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