2001 00083 01 · Tribunal de Bogotá

��ࡱ�>�� I~bjbj�� ;��e�ev4��.....��BBB8z�6DB�)2zz.��n)p)p)p)p)p)p)$!+��-��).� �� )..��)�$�$�$� J.�.�n)�$� n)�$�$�$��0�Z�i ��#��$Z)�)0�)�$�.�#��.�$�..�$��R��$}T��)�)R$X��)� � � � ��.��$�: $TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL BOGOTA D. C. SALA CIVIL Magistrado Ponente: Dr. ARIEL SALAZAR RAM�REZ Bogot� D.C., quince (15) de mayo de dos mil nueve (2009) REF: Ordinario de SANDRA LILIANA PABON MARTINEZ contra UNIGAS DE LA SABANA y otros Proyecto discutido y aprobado en sesi�n de 6-V-2009 Radicado. 2001 00083 01 ___________________________________ Corresponde al Tribunal, una vez superado el tr�mite que le es propio a la instancia, desatar el recurso de apelaci�n interpuesto contra la sentencia de veintinueve (29) de agosto de dos mil ocho (2008), proferida por el se�or Juez Veintisiete Civil del Circuito de esta ciudad.

ANTECEDENTES A. Las pretensiones En libelo introductorio de la presente acci�n, Sandra Liliana Pabon Mart�nez, en calidad de madre y representante legal del menor Johan Steven Pati�o Pab�n, por conducto de gestor especialmente constituido para el litigio, solicit� que con anuencia de Jos� Hermes L�pez padre del menor Gerardo L�pez Sep�lveda y la sociedad Unigas de la Sabana S.A. en liquidaci�n, a quienes se�al� como demandados, fuera declarada por la jurisdicci�n su responsabilidad civil por los da�os de orden moral y material causados con ocasi�n de los hechos sucedidos el d�a veintitr�s (23) de septiembre del a�o dos mil (2000), cuando con el veh�culo de placa SKH 498 conducido por el menor de edad Gerardo L�pez Sep�lveda se ocasion� un tr�gico accidente que le cost� la vida del se�or Juan Manuel Pati�o Tique.

Como consecuencia de esa declaraci�n � pretensi�n 2da y 3ra � y con fundamento en el art�culo 2356 del C�digo Civil, se condenara en forma solidaria y por responsabilidad civil extracontractual a quienes se�al� como demandados a pagar, por los da�os y perjuicios ocasionados a la parte demandante as�: a.) al demandante (menor de edad) y como perjuicio moral, el equivalente en pesos de dos mil (2.000) gramos oro. b.) los perjuicios materiales ocasionados que estimara en doscientos cincuenta millones de pesos ($250.000.000.oo), de acuerdo con la vida probable del occiso, suma sobre la que solicit� aplicar la respectiva correcci�n monetaria hasta cuando se efect�e su pago total.

B. Los hechos Se afirma, para sustentar las s�plicas, que el veintitr�s (23) de septiembre del a�o dos mil (2000) en las horas de la tarde, estando el se�or Juan Manuel Pati�o Tique conduciendo su motocicleta de placa EXV 23A sobre la carrera 26 frente al n�mero 7-36 en la ciudad de Melgar-Tolima, fue atropellado por el veh�culo de placa SKH 498 de propiedad de Unigas de la Sabana S.A. conducido por el menor Gerardo L�pez Sep�lveda hijo del se�or Jos� Hermes L�pez, quien transitaba a alta velocidad perdiendo el control del veh�culo.

El anterior accidente caus� graves lesiones al se�or Juan Manuel Pati�o Tique que lo llevaron a la muerte en ese mismo d�a, data en la que contaba con treinta y dos a�os de edad sin contar con impedimento f�sico o psicol�gico que le impidiera laborar, siendo padre de un menor de siete a�os quien le sobrevive; al tiempo que era quien prove�a el sostenimiento de su familia que depend�a totalmente de sus ingresos como mec�nico.

Las anotadas circunstancias han producido un da�o de orden material y moral de importante entidad, debido a la forma que en ocurrieron los hechos. Considera que la responsabilidad radica en cabeza de todos los demandados, por cuanto tienen la guarda jur�dica del veh�culo causante del da�o pues en ellos convergen las calidades de propietario y padre del menor causante de la tragedia, por lo que en virtud del art�culo 2347 y 2356 del C�digo Civil est�n llamados a responder.

C. Lo acreditado en la primera instancia. 1. La acci�n se admiti� en auto del veintisiete (27) de febrero de dos mil uno (2001) (f 15) y de la misma se orden� dar traslado a la parte demandada. Diligencia que se cumpli� en forma personal frente a la sociedad demandada a trav�s de su representante legal (f 26), quien dentro del t�rmino contest� la demanda proponiendo como excepciones las siguientes: a) �Falta de legitimaci�n en la causa por pasiva� en raz�n a que no es propietaria, ni tenedora, ni usufructuaria del veh�culo de placas SKH-496 de acuerdo al respectivo certificado de tradici�n, pues dicha calidad la ostenta el se�or Jairo S�nchez Caicedo. b) Inexistencia de responsabilidad civil extracontractual Unigas de la Sabana S.A., invocando similares argumentos expuestos como fundamento del anterior medio exceptivo, aunado a que no tiene ni ha tenido v�nculo laboral con el se�or Jos� Hermes L�pez, circunstancia por la que no se dan los presupuestos previstos en los art�culos 2347 y 2356 del C�digo Civil. y c.) la innominada, conforme lo normado por el art�culo 306 del C�digo de Procedimiento Civil.

Por auto del catorce (14) de noviembre de dos mil dos (2002) se acept� el llamamiento en garant�a efectuado por la sociedad demandada a la compa��a Aseguradora Colseguros S.A. quien formul� las siguientes excepciones de m�rito: a.) �Inexistencia del derecho a la indemnizaci�n por presentarse circunstancias de exclusi�n de responsabilidad en la p�liza de autos 7245962�; b.) inexistencia de cobertura en la p�liza de responsabilidad civil extracontractual 71172 por haber sido excluida la sociedad Unigas de la Sabana S.A.; c) prescripci�n de las acciones derivadas del contrato de seguro; d) l�mite de la suma asegurada y deducible en cada una de las p�lizas.

Notificado en legal forma el demando Jos� Hermes L�pez (f 61), dentro del t�rmino para contestar la demanda guardo silencio. Por auto del veinte (20) de febrero de dos mil tres (2003) se admiti� la reforma de la demanda en el sentido de modificar los hechos de la misma, inform�ndose que el veh�culo causante del accidente fue el identificado con placa SKH 498 y no como inicialmente se hab�a indicado, esto es, SKH 496. 2.

En prove�do del treinta (30) de septiembre de dos mil cinco (2005) (f 141) se admiti� la acumulaci�n del proceso adelantado por Saturia Tique Herrera (madre de la v�ctima) contra los aqu� demandados en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Melgar, sustentada en similares hechos y peticionando el pago de la indemnizaci�n de los perjuicios de orden moral y material a ella causados. 2.1.

En este proceso una vez se notific� la sociedad Unigas de la Sabana S.A. en Liquidaci�n formul� las siguientes excepciones de m�rito (f 95 y siguientes): a) �ausencia de responsabilidad de la sociedad Unigas de la Sabana S.A. en Liquidaci�n�, aduciendo que el d�a de la ocurrencia de los hechos no ten�a bajo su custodia el veh�culo de placa SKH-498, ni la facultad de escogencia del conductor en virtud de un contrato de arrendamiento suscrito el catorce (14) de junio del a�o dos mil (2000) con el se�or Ramiro Gallego Ochoa; b) �no tenencia del veh�culo� sustentada en similares hechos indicados en el literal anterior; c) �carencia de los requisitos de la presunci�n de culpa� a raz�n que los se�ores Ramiro Gallego Ochoa, Gerardo L�pez Sep�lveda y Jos� Hermes L�pez no han sido empleados de la sociedad Unigas de la Sabana S.A. en Liquidaci�n; d) �no propiedad del veh�culo� aduciendo que el automotor de placa SKH 496 relacionado en el informe del accidente de tr�nsito nunca ha sido de su propiedad.; e) �falta de legitimaci�n en la causa por activa� sustentada en que la v�ctima tiene como descendiente a su hijo legitimo Johan Steven Pati�o Pabon, quien de acuerdo al orden sucesoral el es �nico que tiene derecho a reclamar la indemnizaci�n.; y f) �pleito pendiente� De igual manera denunci� el pleito al se�or Ramiro Gallego Ochoa, quien dentro del t�rmino de ley guard� silencio. 3.

La audiencia de conciliaci�n que culminara sin que se lograra una f�rmula de arreglo, permiti� que el juicio se abriera a pruebas, periodo dentro del cual se tuvieron como tales, en lo que fuera procedente, la documental allegada por las partes, se decretaron los testimonios solicitados, una prueba trasladada, inspecci�n judicial, se orden� oficiar a la Inspecci�n de Transito de Zipaquira y la practica de un dictamen pericial. 4.

En la sentencia que pusiera fin a la primera instancia, el juez de conocimiento declar� civilmente responsables del accidente de tr�nsito ocurrido el veintitr�s (23) de septiembre de dos mil (2000) en el que perdiera la vida Juan Manuel Pati�o, a la sociedad Unigas de la Sabana en Liquidaci�n y al se�or Gerardo L�pez Sep�lveda, propietario y conductor respectivamente del veh�culo de placa SKH 498.

En consecuencia, conden� en forma solidaria a los anotados demandados a pagar a favor del menor Johan Steven Pati�o Pab�n representado por Sandra Liliana Pab�n Mart�nez, y la se�ora Saturia Tique Herrera en calidad de progenitora del occiso Juan Manuel Pati�o la suma de ciento cincuenta y un millones quinientos cuarenta y ocho mil ciento cuarenta y ocho pesos ($ 151.548.148.oo) por concepto de lucro cesante, actualizados seg�n la correcci�n monetaria hasta el momento del pago, y el equivalente a ciento diez salarios m�nimos legales mensuales vigentes para el menor Johan Steven Pati�o Pab�n, y setenta y cinco salarios m�nimos legales mensuales vigentes para Saturia Tique Herrera, por concepto de perjuicios morales.

Aunado a lo anterior, absolvi� de toda responsabilidad al denunciado en el pleito Ramiro Gallego Ochoa y a la compa��a llamada en garant�a Aseguradora Colseguros S.A. El a quo lleg� a las anteriores conclusiones luego de considerar los presupuestos establecidos en el art�culo 2341 y 2356 del C�digo Civil, relacionados con la responsabilidad civil extracontractual con ocasi�n del ejercicio de actividades peligrosas.

D. La Apelaci�n La compa��a Unigas de la Sabana S.A. sustent� su inconformidad con el fallo de primer grado, aduciendo que para la fecha de la ocurrencia de los hechos, esto es, el veintitr�s (23) de septiembre del a�o dos mil (2000), no ten�a la custodia, control y escogencia del conductor del veh�culo de placas SKH 948 en virtud de un contrato de arrendamiento celebrado sobre el mismo con el se�or Ramiro Gallego Ochoa como arrendatario.

As� pues, la sociedad no pod�a tener la custodia, control y vigilancia del veh�culo que caus� el da�o, puesto que dicha facultad la transfiri� al se�or Ramiro Gallego Ochoa a trav�s del anotado contrato de arrendamiento, por lo que imposible era tener la calidad de guardi�n de la cosa y mucho menos la facultad de escoger la persona que lo conduc�a. Afirm� que nunca se cuestion� la validez del documento que da cuenta del citado contrato, anotando que all� se estipul� que la escogencia del �chofer o conductor� correspond�a al arrendatario del automotor se�or Ramiro Gallego Ochoa.

Agregando m�s adelante que no se demostr� la vinculaci�n y subordinaci�n del se�or Gerardo L�pez Sep�lveda y Jos� Hermes L�pez con la sociedad Unigas de la Sabana S.A., tal y como lo se�al� la parte demandante, por lo que de ninguna manera puede operar en este caso la presunci�n de culpa por raz�n de los actos perjudiciales ocasionados por una persona que dependa de otra.

Por lo brevemente expuesto solicit� la revocatoria del fallo impugnado y en su lugar proceder a denegarse la pretensiones de la demanda. II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 1. Es indiscutible, como lo afirmara el sentenciador de primer grado, que los presupuestos jur�dico-procesales que reclama la legislaci�n adjetiva para la correcta conformaci�n del litigio se establecieron a plenitud, aspecto sobre el cual no existe reparo para formular. 2.

Se circunscribe el debate suscitado con ocasi�n del recurso de apelaci�n a determinar si la demandada Unigas de la Sabana S.A. en Liquidaci�n es o no responsable solidariamente con los otros demandados de los da�os causados a los demandantes. Tiene fundamento la anterior conclusi�n en que el litisconsorcio pasivo de que da cuenta �ste proceso no tiene la calidad de necesario por lo que la decisi�n llamada a definirlo admite pronunciamientos fraccionados, y al no haber recurrido los restantes demandados la sentencia de primer grado adquiri� firmeza para ellos. 3.

El motivo de inconformidad expuesto por la sociedad Unigas Colombia S.A. E.S.P., por medio del cual neg� ser guardi�n del veh�culo con el que se caus� los perjuicios que se peticionaron indemnizar, carece de todo fundamento, m�s sustent�ndose en medios que indudablemente no tienen efectos vinculantes, con lo que es la excepci�n tal como viene a verse.

La responsabilidad endilgada se deriva del hecho expreso, de haber recibido un da�o llamado a indemnizarse por quien se reputa guardi�n de la cosa. Y desde ese preciso punto de vista, es patente que la sociedad se encuentre en la obligaci�n de responder por el da�o ocasionado, si se admite, como debe hacerse, que el veh�culo de placa SKH 498 es de su propiedad conforme lo expresa el certificado expedido por la Secretar�a de Tr�nsito y Transporte del Municipio de Zipaquira (f 65). 4.

La especie de responsabilidad invocada. Es evidente que el n�mero de causas de responsabilidad y por lo tanto de las acciones que de �sta se derivan, crece en la medida que los derechos individuales se someten a una interpretaci�n m�s exigente. Los l�mites de los derechos y de las obligaciones del individuo son cada vez m�s dif�ciles de determinar.

Cuando una persona estima que se le ha lesionado un derecho, no vacila en intentar una acci�n de responsabilidad contra el presunto autor del da�o. Si el perjuicio se ha ocasionado su autor culposo debe repararlo. Es un principio sobre el cual el sistema jur�dico es cada vez m�s riguroso. Ninguna legislaci�n, por avanzada que sea, est� en posibilidad de hacer algo una vez que el da�o se ha causado.

El derecho, en tal sentido, es impotente ante el hecho cumplido y es por ello que su poder consiste en hacer gravitar la carga del perjuicio en forma que mejor consulte los intereses de la justicia y de la equidad social. Al desarrollar estos postulados, el derecho sustancial ha encontrado, en forma ya tradicional, que son tres las condiciones alrededor de las cuales gira la responsabilidad civil por los delitos y las culpas: un da�o, una culpa y una relaci�n de causalidad entre �stas y aqu�l. Desde la �poca del derecho romano se requer�a para que existiera el llamado �damnum injuria datum� el elemento culposo.

No obstante, las corrientes que en periodos posteriores formularon con ah�nco criticas al aforismo sobre el cual descansaba la Lex Aquilia, es lo cierto que la culpa continua siendo el estribo firme sobre el cual se cimienta la responsabilidad civil as� su noci�n se haya ampliado. 4.1. La responsabilidad civil en nuestro derecho est� formulada por el art�culo 2341 del C�digo Civil en estos t�rminos: �El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido da�o a otro, es obligado a la indemnizaci�n, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o delito cometido�.

Y alrededor de esta f�rmula la jurisprudencia ha elaborado toda una teor�a sobre la problem�tica de la responsabilidad civil, especialmente sobre la culpa aquiliana. Ya desde antiguo la Corte afirmaba que el fen�meno de la responsabilidad ha evolucionado en forma tan r�pida y arrolladora, �que con raz�n se ha llegado a decir que en esta materia la verdad de ayer ya no es la de hoy y esta, a su turno, deber� ceder su puesto a la de ma�ana.� Este tema domina todo el derecho de las obligaciones y de la vida en sociedad, ocupando el centro del derecho civil y de suyo del derecho integralmente.

(Cas. G.J. t, XLV, 420. Agosto de 1937) 4.2. La noci�n sobre la culpa. Fundado en la teor�a de la culpa, el C�digo Civil esquematiz� la responsabilidad en culpa probada (art�culo 2341 a 2346); la responsabilidad por el hecho ajeno en los art�culos 2347, 2348 y 2352 o sea la conocida como presunta; y en los art�culos 2350, 2351, 2355 y 2356 la responsabilidad por el hecho de algunas cosas y de las actividades peligrosas dando cabida igualmente a la llamada culpa presunta.

De las definiciones que sobre la materia se han dado por los autores, indudablemente ha sido la de los hermanos MAZEAUD la de mayor aceptaci�n y la que recogi�, en parte, nuestra legislaci�n civil. Para �stos la culpa consistir�a en �un error de conducta en que no habr�a incurrido una persona prudente y diligente colocado en las mismas circunstancias externas en que obr� el autor del da�o.� Se presenta el fen�meno culposo, y de ah� la importancia de la definici�n, m�s que como una noci�n jur�dica o un concepto moral, como una noci�n de hecho.

No se trata de violaci�n de una norma que fije un deber determinado o de una conducta que implique ausencia de una obligaci�n moral, sino en la conducta incorrecta o descuidada de una persona que, de hecho, se ha comportado de manera distinta a como habr�a obrado un tipo ideal o abstracto, y al hacerlo ha transgredido el derecho de otro as� como la norma jur�dica que lo tutela.

Esto explica la raz�n para que la definici�n hable de �un error de conducta�. Y por serlo, es innegable que la investigaci�n ha de situarse en el campo de los hechos a fin de comparar esa conducta con un tipo abstracto, con la de un �hombre prudente y diligente� que no habr�a incurrido en el error que cometi� el autor del da�o. A diferencia de la responsabilidad contractual, en la cual el juez tiene tres tipos abstractos de comparaci�n, en la extracontractual solo tiene uno, o sea la atinente al hombre prudente y diligente, sin que esto excluya la existencia de obligaciones especificas tal como acontece trat�ndose de responsabilidad por actividades peligrosas. 4.3.

Cuando el art�culo 2341 orienta el aspecto de la responsabilidad civil por culpa, se abstiene de definirla. Esta ser�a, en un sentido lato, la conducta contraria a la que debiera haberse observado, conducta desviada �bien por torpeza, por ignorancia, por imprevisi�n o por otro motivo semejante� como lo entiende la Corte. Mas es lo cierto que cualquiera sea la definici�n que de la misma se ensaye, trat�ndose de culpa aquiliana el concepto de imprevisi�n se constituye en la piedra angular sobre la que descansa la figura.

La imprevisi�n es �a decir de alg�n autor- el alma de la culpa. 4.4. La culpa y la actividad peligrosa. Ya desde 1938 la jurisprudencia ha reiterado que el art�culo 2356 del C�digo Civil no repite la regla del 2341 sino que, separ�ndose del sistema expuesto por �ste �ltimo, establece una presunci�n de culpa cuando el da�o se deriva de un hecho que por su naturaleza o las circunstancias en que ocurre permitan atribuirlo a malicia o negligencia de otra persona.

La colocaci�n del mencionado art�culo en seguida de una enumeraci�n de casos en que se presume responsabilidad, y la expresi�n por �l utilizada de que �por regla general� todo da�o que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por esta, est� indicando que tal expresi�n se toma por esta u otras semejantes: �en igualdad de circunstancias, en los dem�s casos an�logos� se presume la culpa.

Y ha advertido la Corte que no es que el legislador de una manera determinante declare que hecho de tal naturaleza constituye dolo o culpa, sino que �establece una presunci�n que, por no ser de derecho, admite prueba en contrario, arrojando la carga de ella sobre quienes ejercitan actividad de tal �ndole. �A la victima �ha agregado- le basta demostrar los hechos que determinan el ejercicio de una actividad peligrosa y el perjuicio sufrido y ser� el demandado quien deba comprobar que el accidente ocurri� por la imprudencia exclusiva de la victima, por la intervenci�n de un elemento extra�o o por fuerza mayor o caso fortuito, ya que el ejercicio de una actividad peligrosa, por su naturaleza, lleva envuelto el de culpa en caso de accidente.� �El art. 2341 del C.C. �aclara el fallo- autoriza la indemnizaci�n cuando la victima prueba la culpa o el dolo del autor del da�o; el 2356 la releva de esta obligaci�n arrojando la prueba de la irresponsabilidad sobre la persona que ejerc�a actividades reputadas peligrosas.

La culpabilidad se presume en aquellos casos en que el da�o proviene de un hecho que la raz�n natural permite atribuir a culpa o dolo de otro, o de aquellos hechos que, por su propia naturaleza, o por las circunstancias en que se realizaron, sean susceptibles de imputarse culpa a terceros. La presunci�n del art. 2356 no es aplicable a los casos en que la propia victima sea el agente de la actividad peligrosa como empleado o dependiente de la empresa� (Sent. 14 marzo 1938, XLVI, 216 y otras) Cuando el da�o se ocasiona en el desarrollo de una actividad que la ley reputa peligrosa, la presunci�n de culpa se extiende al due�o y empresario de la cosa con la cual se caus� el perjuicio, aspecto sobre el cual la Corte ha reiterado que el responsable por el hecho de las cosas inanimadas es su guardi�n, o sea quien tiene sobre ellas el poder de mando, direcci�n y control independientes.

Y no es cierto que el car�cter de propietario implique necesaria e ineludiblemente el de guardi�n, pero si lo hace presumir como simple atributo del dominio, mientras no se pruebe lo contrario. �De manera que si a determinada persona se le prueba ser due�a o empresaria del objeto con el cual se ocasion� el perjuicio en desarrollo de una actividad peligrosa, tal persona queda cobijada por la presunci�n de ser guardi�n de dicho objeto �que desde luego admite prueba en contrario-, pues aun cuando la guarda no es inherente al dominio, si hace presumirla en quien tiene el car�cter de propietario.

O sea, la responsabilidad del due�o, por el hecho de las cosas inanimadas, proviene de la calidad que de guardi�n de ellas pres�mese tener (�)�. Sent. 18 mayo 1972. GJ. T, CXLII, 188 5. De las pruebas que se reunieran en las p�ginas de este proceso, se destacan aquellas, atinentes a la propiedad del automotor identificado con n�mero de placa SKH 498 con el cual se causara el da�o, proveniente de la respectiva Oficina de Tr�nsito (fl 65 cd 1), de cuyo contexto se desprende que la vigilancia del mismo correspond�a a su propietario, en este caso, a la sociedad Unigas de la Sabana S.A. E.S.P. 5.1.

En la demanda que diera origen a esta acci�n ordinaria, la actora solicit� se llamara al proceso a la sociedad Unigas de la Sabana S.A. como guardi�n de la cosa con la que se causara el da�o y en su posici�n de propietaria del automotor SKH 498, as� como al se�or Jorge Hermes L�pez en su condici�n de padre y representante legal del menor Gerardo L�pez Sep�lveda quien lo conduc�a al momento de la ocurrencia del accidente.

No se invoc� por la actora la calidad de patronos con los causantes del da�o, porque en tal sentido no se acredit� la relaci�n laboral entre unos y otros, sino por el ejercicio de la actividad peligrosa en que actuaron los �ltimos, r�gimen especial en el cual se dispensa a la v�ctima de presentar la prueba de la incuria o imprudencia de la persona a la que demanda como emerge de lo previsto por el art�culo 2356 del C�digo Civil.

En otros t�rminos, ser guardi�n intelectual de la actividad no supone necesariamente el manejo material y f�sico de la misma. �por ello �al decir de Tamayo Jaramillo- el padre de familia que presta su veh�culo a un hijo que habita en la misma casa, as� este sea mayor de edad, o el patrono que entrega un veh�culo a su dependiente para que cumpla sus labores, ser�n considerados guardianes de la actividad peligrosa y por lo tanto ser�n responsables de los da�os causados con ella (�) con todo, aunque no es la calidad de propietario lo que genera la responsabilidad por actividades peligrosas, la jurisprudencia y la doctrina consideran que el propietario se presume guardi�n, lo que significa que si el propietario se ha desprendido de la guarda, deber� demostrar tal desprendimiento si quiere liberarse de responsabilidad.� (TAMAYO JARAMILLO, Javier. �La indemnizaci�n de Perjuicios en el Proceso Penal� Biblioteca Jur�dica Dike, 1993. p: 143) 6.

Puestas las cosas en este punto y definidos con claridad los elementos que configuran la responsabilidad civil extracontractual, es imperioso examinar el motivo de inconformidad de la sociedad Unigas de la Sabana S.A., quien para fundamentarla no discuti� la titularidad del derecho de dominio, pero adujo que no se encontraba en la obligaci�n de soportar las pretensiones demandadas toda vez que se hab�a desprendido de la guarda del veh�culo con el que se ocasion� el accidente, en virtud de un contrato de arrendamiento suscrito con el se�or Ramiro Gallego Ochoa.

Dicho contrato obra a folio 18 y 19 del cuaderno cuatro del expediente y data del catorce (14) de junio del a�o dos mil, fecha que resulta ser anterior al veintitr�s (23) de septiembre de ese mismo a�o que corresponde a la de la ocurrencia del accidente que termin� con la vida del se�or Juan Manuel Pati�o Tique, y en el que de manera clara se observa la participaci�n de la sociedad Unigas de Colombia S.A. E.S.P. en calidad de �arrendador� y el se�or Ramiro Gallego Ochoa como �arrendatario� indic�ndose expresamente que el objeto del mismo lo constituir�a el arrendamiento del veh�culo identificado con placa SKH 498, marca: Mitsubischi-Canter, modelo: 1996, clase: Cami�n, color: Blanco Rojo, servicio: p�blico, carrocer�a: reparto, No. chasis: FE649EA00256, y motor: 4D34E45253 (cl�usula primera); que el chofer y ayudante que lo manejar�an ser�an contratados y pagados por el arrendatario (cl�usula s�ptima), al tiempo que espec�ficamente se destinar�a para el transporte y distribuci�n del gas propano G.L.P. de Unigas Colombia S.A. E.S.P. (cl�usula d�cima) Sin embargo, debe advertirse que no tiene la relevancia jur�dica que permita fortalecer el motivo de inconformidad del recurrente y por ende evidenciar error alguno en el que hubiera podido incurrir el a quo, en el sentido que no se ajusta al r�gimen probatorio establecido en el estatuto procedimental para poder ser oponible a los aqu� demandantes.

Lo anterior es as� puesto que el art�culo 280 del C�digo de Procedimiento Civil se�ala que �la fecha del documento privado no se cuenta respecto de terceros, sino desde el fallecimiento de alguno de los que lo han firmado, o desde el d�a en que ha sido inscrito en un registro p�blico o en que conste haberse aportado en un proceso, o en que haya tomado raz�n de �l un funcionario competente en su car�cter de tal, o desde que haya ocurrido otro hecho que le permita al juez adquirir certeza de su existencia.�.

De acuerdo al tenor literal del citado art�culo, no puede esta instancia tomarlo como plena prueba oponible a los demandantes cuando si bien, la fecha de suscripci�n corresponde, como se dijo, al catorce de junio del a�o dos mil (2000), lo cierto es que en su celebraci�n no particip� ninguna de las personas que integran la parte demandante (proceso principal y acumulado), motivo por el cual y para los efectos del presente asunto la fecha de su existencia no puede ser anterior a la de la ocurrencia de los hechos que originaron la acci�n que por esta v�a se decide, circunstancia que impone desatenderlo puesto que la fecha cierta de su existencia tan s�lo viene a evidenciarse en el momento mismo de haberse presentado ante el Notario Treinta y Uno (31) de esta ciudad, quien a raz�n de una copia que le fuere exhibida dio fe de su coincidencia con el original que tuvo a la vista, esto es, el trece (13) de junio de dos mil uno (2001) (f 18-22 cd 4), y por tanto es a partir de all� que el juez puede despejar cualquier tipo de duda razonable sobre la vigencia de sus efectos jur�dicos respecto de terceros.

Anterior situaci�n l�gicamente lleva a concluir que el contrato aludido no alcanza a configurar un t�tulo jur�dico con entidad suficiente para desvirtuar la presunci�n legal de �guardi�n� que se predica del propietario del veh�culo conforme a los presupuestos establecidos en el art�culo 2356 del C�digo Civil. Si lo anterior no fuera suficiente, en la cl�usula d�cima de dicho contrato claramente se estipul� que el veh�culo ser�a �destinado exclusivamente para el transporte y distribuci�n del Gas Propano G.L.P. de Unigas Colombia S.A.� (f 3-5), por lo que sumado al hecho de ser la sociedad propietaria del mismo, contribu�a con su uso final a la explotaci�n econ�mica de su empresa, puesto que no hac�a cosa distinta que desarrollar su objeto social, entre otras cosas, consistente en �compra, venta, arrendamiento, fabricaci�n, reparaci�n, importaci�n y exportaci�n de toda clase de gasodom�sticos y accesorios� Siendo imposible que para la fecha del accidente no estuviera cobijada por la presunci�n de �guardi�n� del automotor causante del da�o cuya indemnizaci�n aqu� se demand�, hall�ndose responsable no solo por ser la due�a sino por el hecho que con la utilizaci�n del mismo contribu�a al desarrollo de su actividad empresarial, situaci�n que es confirmada por los testimonios de Manuel Antonio Hern�ndez Calder�n, Magnolia Ricardo Celys, Luz Marina Pab�n Mart�nez, Ever Omar Tamayo Polonia y Hernando Pati�o Tique (f 248 a 257) los cuales resultan ser concordantes en afirmar que el cuestionado veh�culo correspond�a al �carro del gas� o �distribuidor del gas� perteneciente a la sociedad Unigas de Colombia S.A. al tiempo que transportaba los respectivos cilindros.

Por lo expuesto, encuentra la Sala que el recurso de apelaci�n no tiene el �mpetu suficiente para revocar la sentencia que por esta v�a se ha estudiado, hecho que el que el fallo de primer grado est� llamado a confirmarse por las razones indicadas en el cuerpo de esta determinaci�n. III. DECISI�N En virtud a lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, D.C., en Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia que por v�a de apelaci�n se ha revisado por las razones que expresamente se han anotado en las motivaciones de esta providencia. Costas de la instancia a cargo de recurrente.

T�sense. C�PIESE, NOTIF�QUESE Y DEVU�LVASE Los Magistrados, ARIEL SALAZAR RAM�REZ 2001 00083 01 LUIS ROBERTO SU�REZ GONZ�LEZ 2001 00083 01 GERMAN VALENZUELA VALBUENA 2001 00083 01 PAGE PAGE 18 PAGE (*ACDF[vw�� 4 < G T z { | ��̺��̺��̺�xfx�xfx�̜x�x��Zh�j�CJOJQJ^J"h�oh�o5�6�CJOJQJ^Jh�oCJOJQJ^Jh]:�CJOJQJ^Jh�cCJOJQJ^Jh/Q�h]:�CJOJQJ^Jh]:�5�CJOJQJ\�^J"h/Q�h]:�5�CJOJQJ\�^J(h/Q�h]:�5�6�CJOJQJ\�]�^J"h]:�5�6�CJOJQJ\�]�^Jh/Q�h]:�OJQJ^J#(7CDEFvw�� ' = V z { | �� $dha$gd]:�$��9�^�`�9�a$gd]:�$�L^�La$gd]:�$�L�9�^�L`�9�a$gd]:�$a$gd]:�$a$gd]:� ��(gd]:�gd]:� " $ ) / j o � � � � � � W��'��% @ A j o x � � � � ��诣��sgh�>)CJOJQJ^Jh:NCJOJQJ^Jh��CJOJQJ^Jh�GCJOJQJ^Jh)PCJOJQJ^JhZWjCJOJQJ^Jha�CJOJQJ^JhSxCJOJQJ^J"h/Q�h]:�5�6�CJOJQJ^Jh/Q�h]:�CJOJQJ^Jh�j�CJOJQJ^Jh]:�CJOJQJ^J&| � � � � � � � � 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Mas la Inspecci��n�la Lex�la Lex Aquiliala Rep��blica �LA SABANA�la Sabana S.A. �la Sabana S.A�la Sabana S.A.�la Sala la Secretar��a �ProductID******* #** ************* ***** *#********* #** �� TZ��,5�� !"�#�#�%�%d*j*v-|-�/�/�2�2�7�7�7�7�8�8�8�8�:�:�F�FVV�V�V%W+W�]�]�^�^�a�a{b�b ddnn�o�oRqWqtqxqTrZrvvvvvvvvvvv v(v+v6v9vAvGvJvX]')36JKPRvvvvvvvv vGvJv33333*7F�+�+�s�sWuaubu�u�u�u�u�u�uvvvvvvvvvvv vGvJvvvvvvvvvvvv vGvJv&�%� �[� )P� q`�S�j �N nP_q��6"e�l�*�c�N-�35>�-:NbA� �m4}�o�~ e!/h!*Q"�V#�i#vv#z$QT&�{(�>)�W*xX+/�0/�060�z5�6�16�7T7-q7{n86N9�};A.<�w=d?�2@pAxB1D�G�GQDGESG�bG�H�[H?@I�;LvMo-MJN�IP�Q2Q*R}IS�VT�XT�BUSSUd=V�X�X -[63\�o\;j]�ca�Wb�2c�oc@+d!2d�1e(Peug�@g�Hg][h�jZWjVl�il2rl�+mK1m�km.o�Ao�Uop�p�#q�Es�!u�~vjw]wlww!7xSx�9y�zX{,U|�)}�g}/~F`�tN�)x�:=��j��;��@^�0g�\e�a�?Q��\|��{��F�C��'�]:��'�+Q��q��:��|��G$�z<��|*��i��"��F��7� �aN�� Z�k8�O�a�l|�k��*��<� C��j��L��R��$��7��y�,`�*��6�+m��-��v�z�^��C��4A�}e��h��m�< �T0��@��K��"��G��=��i�m�?�s��M�&:��m�oz��`Z��[�+:�xJ�Af�,��>�kl�;~��E��F�X%�!-��9��u.��G��@��@�i�<�#��v�b��~��q�G�d� �C��$��B��5)��>�!0��g�?��M��P��/��0��I��;�� N�1��K��5�7k��|�L/�gx�o��*��A��V�Y�vv�@ lEm l lIv�@��Unknown��G��*�Ax� �Times New Roman5��Symbol3.��*�Cx� �Arial9��GaramondA��$B�Cambria Math"1��9Ն�ruG�zզS*�c<�*�c<��24�u�u3�q��KP ��?��]:�2!xx��'TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIALconsultaFabian Buitrago Perez��Oh��+'��0�� 8D dp| ��(TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIALconsultaNormalFabian Buitrago Perez11Microsoft Office Word@�O�@r��x��@�!��@��i �*�c��՜.��+,��0hp|�� <�u(TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIALT�tulo !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_��abcdefghijklmnopqrstuvw��yz{|}~��Root Entry�� F@�i�i ��1Table��`�.WordDocument��;�SummaryInformation(��xDocumentSummaryInformation8��CompObj��v�� F$Documento de Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.8�9�q