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Legitimidad del secuestre para interponer la acci�n. Intereses moratorios � Frutos. Incremento de can�n en locales comerciales. Fuente Formal: art�culos 2279, 2158 del C�digo Civil y 683 del C. de P. C. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOT� SALA S�PTIMA DE DECISI�N CIVIL Magistrado Ponente OSCAR FERNANDO YAYA PE�A Bogot� D. C., veintisiete de junio de dos mil catorce (aprobado en sala de mayo 27 de 2014) 11001 3103 013 2011 00659 01 Se decide la apelaci�n que impetr� la ejecutante contra la sentencia que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Descongesti�n de Bogot� dict� el 28 de junio de 2013, en el proceso ejecutivo singular promovido por Ernesto Vargas Moncada contra Jaime Galindo Lugo y Panamerican Security de Colombia Ltda.
ANTECEDENTES 1. Previa reforma de la demanda y por auto de 2 de febrero de 2012, se libr� mandamiento de pago �por la suma de $640�324.390 y por los intereses moratorios causados por cada periodo de causaci�n (sic), hasta su pago a la tasa porcentual que certifique la Superintendencia Bancaria�. Lo anterior, en atenci�n a la demanda sometida a reparto el 2 de noviembre de 2011 y reformada el 17 de enero de 2012, oportunidad �ltima en que el libelista precis� que la cifra capital arriba citada comprende c�nones de arrendamiento que se causaron entre junio de 1999 a enero de 2012, �con sus respectivos incrementos de acuerdo a la tabla del �ndice de precios al consumidor�.
Relat� el demandante que el 15 de diciembre de 1997, los ejecutados ajustaron con el se�or Arnulfo Reina (arrendador) un contrato de arrendamiento de local comercial con un canon mensual de $2�800.000; que �se pact� en el contrato que anualmente se efectuar�an los incrementos autorizados por la Ley, es decir el IPC�, y que �mediante diligencia de secuestro efectuada el 27 de mayo de 1999� en el proceso ejecutivo singular que el Banco Ganadero (tercero) promovi� contra el se�or Reina ante el Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogot� (Rad. 1997 01486), �fue debidamente secuestrado y entregado al se�or Ernesto Vargas Moncada en su calidad de secuestre�, el local arrendado. 2.
LA OPOSICI�N. Los ejecutados excepcionaron �falta de legitimaci�n en la causa por activa y pasiva�, �prescripci�n de la acci�n ejecutiva de los c�nones de arrendamiento de los a�os 1999 a 2007�, �cobro de lo no debido�, �regulaci�n de intereses�, lo mismo que �temeridad y mala fe�. Adem�s, los demandados tacharon de falso el documento contentivo del mencionado contrato de arrendamiento.
Destacaron los opositores que quien �atendi� la diligencia de secuestro seg�n consta en el acta que sirvi� de base para la ejecuci�n fue el se�or Luis Eduardo Rodr�guez Pe�a, persona que nunca ha sido representante legal de Panamerican Security de Colombia Ltda. (�) y no contaba con poder para atender la diligencia�, y que �al haberse iniciado el proceso que dio origen al secuestro del inmueble contra el propietario del mismo (Arnulfo Reina), quien sucede al arrendador es el acreedor demandante, en este caso el Banco Ganadero, hoy BBVA, y Jaime Galindo Lugo y Jorge Pardo Albarrac�n (cesionarios), seg�n el art�culo 2023 del C�digo Civil�.
Agregaron que a esa diligencia de secuestro �no se hizo presente el representante legal de la sociedad demandada ni el se�or Jaime Galindo Lugo y tampoco se hizo presente apoderado judicial que los haya representado, entonces es claro que se cobra lo no debido�, que los �c�nones de arriendo deben cobrarse de manera ejecutiva por el acreedor dentro de los 5 a�os siguientes al momento en que se hicieron exigibles�; que �en el contrato arrimado como base de la ejecuci�n no se dijo nada acerca de intereses�, que, �a sabiendas� la actora alega �hechos contrarios a la realidad�, y que se �aporta un contrato que se llen� con dos tipos de letra diferente�, en el que se observa que �exist�an estaciones en blanco y fueron llenados posteriormente para accionar�, lo que motiv� en �falsedad ideol�gica y material de la letra de cambio base de la ejecuci�n (sic)�.
3. LA SENTENCIA RECURRIDA. Para disponer la terminaci�n del proceso y previa invocaci�n de los art�culos 2023 del C�digo Civil y 686 del C. de P. C., el aludido fallador sostuvo que �para el ejercicio de la acci�n ejecutiva adelantada por el secuestre con el fin de obtener el pago de los c�nones de arrendamiento del bien inmueble secuestrado, era indispensable allegar o el nuevo contrato de arrendamiento que suscribi� el secuestre, o la copia de la respectiva diligencia de secuestro con el lleno de los requisitos exigidos por el art�culo 115 del C. de P. C.�.
A�adi� que el contrato de arrendamiento que aport� la actora �no presta m�rito ejecutivo para iniciar el cobro de los c�nones adeudados, por cuanto el t�tulo a la luz del enunciado art�culo 686 es el acta de secuestro por no haberse suscrito uno nuevo�, y que �la copia de la diligencia de secuestro no fue debidamente autenticada, pues aunque en ella aparece un sello original, no se cumplen los presupuestos establecidos por el legislador para que las copias tengan el mismo valor probatorio que el original�. 4.
LA APELACI�N. El ejecutante refut� las deficiencias de entidad formal en que se finc� el fallo impugnado y resalt� que alleg� documento privado original del t�tulo ejecutivo y prueba id�nea de su anunciada calidad de secuestre. Adem�s, con apoyo en los art�culos 2023, 2158 y 2279 del C�digo Civil, destac� que �el contrato subsiste y los arrendatarios tienen la obligaci�n de continuar cancelando los c�nones de arrendamiento a �rdenes del juzgado donde se adelanta la ejecuci�n y el secuestre como administrador del bien est� en la obligaci�n de cobrarlos en el evento que no sean cancelados, como acontece en este caso�.
Adicion� que el razonamiento de la sentencia impugnada �conducir�a a pensar que si el demandado no se encuentra presente en el momento de la pr�ctica de la diligencia y no le interesa firmar un nuevo contrato de arrendamiento con el secuestre, el contrato suscrito con el arrendador del inmueble deja de existir y por ende lo exonera de cancelar los c�nones de arrendamiento pactados�.
CONSIDERACIONES 1. No anduvo afortunado el juez de primera instancia al abstenerse de proseguir la ejecuci�n con motivo de eventuales deficiencias de linaje formal del t�tulo que sirvi� de base a la presente ejecuci�n, ya que pas� por alto que los ejecutados no alegaron expresamente tales vicisitudes, en la oportunidad y por el conducto legalmente establecido con ese prop�sito, esto es, el recurso de reposici�n contra el auto de apremio.
En efecto, prev� el art�culo 497 del C. de P. C. (modificado por el art. 29 de la Ley 1395 de 2010), que sin perjuicio del consabido control oficioso de legalidad, �los requisitos formales del t�tulo ejecutivo s�lo podr�n discutirse mediante recurso de reposici�n contra el mandamiento de pago. Con posterioridad �no se admitir� ninguna controversia sobre los requisitos del t�tulo�.
Aqu� s� se formul� ese recurso de reposici�n, pero sin que espec�ficamente se hubiera invocado la falta de autenticaci�n del acta que recogiera la diligencia de secuestro a que se har� alusi�n en l�neas ulteriores. Es m�s, al sustentar su reposici�n, los ejecutados admitieron la calidad en que act�a la parte actora (de secuestre) sin discutir la legalidad de la prueba que para el efecto se alleg�.
Por el contrario, all� se dijo que �si bien es cierto, se arrim� a la ejecuci�n el contrato de arrendamiento de local comercial LC 0963106 del 15 de diciembre de 1997, est� demostrado que el arrendador es don ARNULFO REINA y no don ERNESTO VARGAS MONCADA (secuestre) y si se tiene en cuenta que en el acta de diligencia de secuestro practicada el d�a 27 de mayo de 1999 aportada como base de recaudo no se precis� acerca de la creaci�n de un nuevo contrato de arrendamiento, ni se mencion� en qu� calidad actuaban los interesados, es decir no se estableci� quien era el ARRENDADOR ni se puntualiz� quien era el ARRENDATARIO� (resaltado tomado del texto original, ver fl 54).
Queda visto entonces, que los fundamentos del rese�ado recurso horizontal (que desestim� el juez de primera instancia), lo circunscribieron los ejecutados a temas distintos (insuficiencia del contrato de arrendamiento que sirvi� como t�tulo ejecutivo y falta de poder de la persona que atendi� la diligencia de secuestro para comprometer los intereses patrimoniales de los arrendatarios recurrentes, fls. 54 a 56), por manera que oper� la preclusi�n que frente a esa espec�fica hip�tesis establece el art�culo 29 de la Ley 1395 de 2010.
2. LEGALIDAD DEL MANDAMIENTO DE PAGO. De lo expresado en precedencia deviene, a su vez, que el auto de apremio supera el control oficioso de legalidad que tambi�n regula la norma que reci�n se cit�. Cabe a�adir, de un lado, que el ejecutante alleg� el documento privado (original) que recoge el contrato de arrendamiento documento que celebraron los aqu� ejecutados (como arrendatarios), con el se�or Arnulfo Reina (arrendador).
Ese documento, visible a folio 2 del cuaderno principal, prima facie, da cuenta de las prestaciones materia de recaudo coercitivo, pero por razones que despu�s se consignar�n, ajenas en todo caso, a la autenticidad de las firmas que en �l se plasmaron y al contenido material de su clausulado, pues a esos aspectos no efectu� ning�n reparo la parte ejecutada, todo lo cual conduce a que no sea factible atender la tacha, por no verificarse ninguna de las hip�tesis que regula en art�culo 289 del C. de P. C. Y sobre la legitimidad del secuestre para promover la ejecuci�n, conviene memorar que la misma deviene de lo preceptuado en los art�culos 2279, 2158 del C�digo Civil y 683 del C. de P. C., cuya arm�nica interpretaci�n permite colegir que el auxiliar de la justicia est� habilitado legalmente para perseguir el recaudo de acreencias pecuniarias contra�das a favor de quien soporte la medida cautelar, en este caso, el se�or Arnulfo Reina (arrendador y uno de los ejecutados en el proceso donde se design� como secuestre al aqu� ejecutante).
De conformidad con las prenotadas disposiciones, �el secuestre de un inmueble tiene, relativamente a su administraci�n, las facultades y deberes de mandatario�, entre ellas, �pagar las deudas y cobrar los cr�ditos del mandante�, y �perseguir en juicio a los deudores�, tema que retomar� despu�s la Sala. En la situaci�n f�ctica en comento, debe a�adirse que la recta aplicaci�n del primer par�grafo del art�culo 686 del C. de P. C., lleva a inferir, con claridad suficiente, que el se�or Vargas Moncada bien pod�a promover esta ejecuci�n con miras a recaudar los c�nones de arrendamiento causados a cargo de los aqu� ejecutados, con base en el contrato de arrendamiento que celebraron estos y el se�or Reina. 3.
A continuaci�n, el Tribunal examinar� las defensas que impetraron los opositores, en atenci�n a las pautas previstas en los art�culos 306 (inciso segundo) y 510 (literal a) del C. de P. C. 3.1. La tacha de falsedad del documento contentivo del contrato de arrendamiento que aqu� interesa se finc�, exclusivamente, en que se �aporta un contrato que se llen� con dos tipos de letra diferente�, en el que se observa que �exist�an espacios en blanco y fueron llenados posteriormente para accionar�, lo que redund� en �falsedad ideol�gica y material de la letra de cambio base de la ejecuci�n (sic)� (fl. 97).
Como se sabe, la falsedad ideol�gica es asunto ajeno a la tramitaci�n que regula el art�culo 289 del C. de P. C. Esa tacha tampoco era atendible, en tanto que sus fundamentos de hecho no involucran la aseveraci�n de la alteraci�n total o siquiera parcial del contenido material del documento privado que recoge el contrato de arrendamiento base del recaudo, ni tampoco involucra un cuestionamiento a la autenticidad o procedencia de las firmas que en �l aparecen insertadas, ni tampoco alegaron los ejecutados que en su clausulado general, o en alguna de sus estipulaciones, fue adulterado el escrito que recoge el negocio jur�dico del que emanaron las prestaciones sobre las que recay� el auto de apremio. 3.2.
El sustrato f�ctico de las excepciones de temeridad y mala fe; falta de legitimaci�n en la causa y �cobro de lo no debido�, consisti� en que ninguno de los aqu� ejecutados (ni ninguna persona facultada para obligarlos), intervino en la diligencia de secuestro que se llev� a cabo el 27 de mayo de 1999; que el legitimado para reclamar el pago de la renta es el acreedor del arrendador y no el secuestre, quien en forma temeraria habr�a promovido esta ejecuci�n, y que con motivo de la prenombrada diligencia qued� sin efectos el contrato de arrendamiento celebrado el 15 de diciembre de 1997.
Ninguna de las antedichas argumentaciones resulta de recibo. De una parte se observa que en el escrito de excepciones perentorias, los opositores admitieron como �cierto� el hecho s�ptimo de la demanda, a cuyo tenor, �mediante diligencia de secuestro efectuada el d�a 27 de mayo de 1999, el presente inmueble fue debidamente secuestrado y entregado al se�or Ernesto Vargas Moncada en su calidad de secuestre� (fls. 62 y 83).
Y en lo que ata�e a la legitimaci�n del secuestre para promover este proceso coercitivo, cumple advertir, en primer lugar, que �el hecho de sacarse del comercio la cosa arrendada por medio del embargo o del secuestro, no constituye motivo para hacer cesar el arrendamiento; �ste subsistir�, oper�ndose, solamente, una sustituci�n legal de los derechos y obligaciones del arrendador�, y que por disposici�n expresa de los art�culos 2279 del C�digo Civil y 683 del C. de P. C., el secuestre ostenta las mismas atribuciones del mandatario, entre ellas, �los actos de administraci�n, como son pagar las deudas y cobrar los cr�ditos del mandante�, lo mismo que �perseguir en juicio a los deudores� (art. 2158, C. Civil). 3.3.
Para despachar la excepci�n de �prescripci�n de la acci�n ejecutiva�, cabe observar que del mandamiento de pago proferido el 6 de diciembre de 2011 se enteraron los opositores dentro del a�o siguiente a su notificaci�n por estado, cual lo contempla el art�culo 90 del C. de P. C. (mod. art. 10 de la Ley 794 de 2003), por manera que la eficacia de la interrupci�n civil del t�rmino prescriptivo estaba determinada por la fecha de presentaci�n de la demanda (2 de noviembre de 2011).
Tambi�n es del caso memorar que la ejecuci�n versa sobre arrendamientos causados entre junio de 1999 y enero de 2012, y que el mandamiento no incluy� c�nones sobrevinientes a esta �ltima calenda (ver fls. 18 y 68). De las premisas as� registradas emerge sin dificultad que el t�rmino prescriptivo invocado por los excepcionantes, de cinco a�os con fundamento en el art�culo 8� de la Ley 791 de 2002, oper� respecto de los c�nones generados entre junio de 1999 y octubre de 2006, y que, por el contrario, no prescribieron los comprendidos entre noviembre de 2006 y enero de 2012, por los que seguir� la ejecuci�n, aunque con algunas salvedades seg�n se explicar� despu�s. Prospera entonces, parcialmente, la defensa en estudio. 3.4.
La Sala tambi�n acoger� la excepci�n de �regulaci�n de intereses� que formularon los opositores en su intento de excluir de la ejecuci�n los �intereses moratorios causados por cada periodo de causaci�n, hasta su pago a la tasa porcentual que certifique la Superintendencia Bancaria�. Por disposici�n expresa de la regla cuarta del art�culo 1617 del C�digo Civil, �aplicable (seg�n lo ha dicho la Corte), en sus directrices fundamentales, a las obligaciones y negocios jur�dicos mercantiles de conformidad con el art�culo 822 del C�digo de Comercio�, las rentas, c�nones y pensiones peri�dicas atrasadas no producen intereses, por manera que en este asunto (que versa sobre un contrato de arrendamiento de naturaleza comercial), no era factible cobrar r�ditos como los que se incluyeron en la orden de pago.
Sobre estas tem�ticas, autorizada doctrina for�nea (al referirse sobre el art�culo 1559 del C�digo Civil Chileno, que, en su contenido, es id�ntico al 1617 del C�digo Civil Colombiano), conceptu� que, �como los intereses de los capitales, las rentas, c�nones y pensiones peri�dicas son frutos civiles y bajo este respecto se sujetan a las mismas reglas, cualquiera que sea su cuant�a y el periodo a que correspondan, las rentas, c�nones y pensiones peri�dicas no producen frutos, sino que constituyen frutos�.
Ante un cuadro f�ctico similar esta misma Sala S�ptima de Decisi�n sostuvo que �concibi� el legislador que las rentas -que en particular conforman el objeto de la coacci�n-, y los intereses que genera un capital son frutos civiles, o sea, ganancias o rendimientos a favor del titular de la cosa que los produce (dinero, bienes, etc.); por ende, no le est� dado al administrador de justicia romper la equivalencia legalmente establecida entre dichas figuras, para darle la potencial facultad a una de ser fuente de la otra; a m�s que no existe en el ordenamiento norma jur�dica que establezca que los frutos producen otros, y contrario sensu, se ha preocupado la ley por evitar que se materialice una excesiva onerosidad frente a ciertos actos, con mandatos como los de los art�culos 1617 y 2235 de la norma sustantiva en lo civil, normas que son aplicables en los asuntos mercantiles por mandato de los art�culos 2� y 822 del C�digo de Comercio�.
COMENTARIOS FINALES Para una mejor comprensi�n de lo acaecido en este litigio, la Sala estima �til poner en relieve que de acuerdo con el segundo mandamiento de pago, la ejecuci�n finalmente no se extendi� a las mensualidades causadas a partir de febrero de 2012 en adelante, ni a cl�usula penal alguna. Lo que s� incluy� ese segundo (y definitivo) auto de apremio, fue un aumento anual de los c�nones de arrendamiento, liquidados atendiendo la variaci�n del IPC, determinaci�n que, por igual, refutaron los aqu� excepcionantes, quienes destacaron que el ordenamiento jur�dico no ha establecido esa forma de ajustar c�nones de arrendamiento de locales comerciales.
El Tribunal excluir� de la ejecuci�n ese incremento, entre otras razones, por cuanto los contratantes no convinieron que la aplicaci�n del mismo se dar�a de manera autom�tica, vale decir, cada vez que el negocio jur�dico tenencial ganara un a�o de vigencia. En efecto, la actora se prevali� de la cl�usula adicional del contrato locaticio, a cuyo tenor, �el canon podr� ser incrementado anualmente por el arrendador de acuerdo con el porcentaje autorizado legalmente� (fl. 2 vto).
Sin embargo, el ejecutante no aleg�, ni tampoco demostr�, que en alguna oportunidad hizo uso de la reci�n registrada estipulaci�n contractual, por lo que la misma no pudo cobrar vigencia. Desde luego, mal pod�a exigirse a los arrendatarios del pago de un concepto respecto de cuya causaci�n no ten�an noticia cierta. Ante la falta de requerimiento, tampoco era factible asumir la variaci�n en la forma como sugiri� el ejecutante.
A diferencia de otros �mbitos (por v�a de ejemplo, en inmuebles destinados a vivienda familiar), el legislador no ha establecido, y menos en forma imperativa, que trat�ndose de locales comerciales deba operar incremento alguno, ni tampoco prev� como base la variaci�n del IPC, todo lo cual lleva a decidir seg�n lo anunciado. Prospera, en consecuencia, la oposici�n que en punto a los ajustes anuales esgrimi� la parte ejecutada.
ADVERTENCIA ULTIMA. Se conminar� al juez a quo para que atendiendo los poderes que el ordenamiento jur�dico le confiere, acometa lo que sea necesario para asegurar que a los dineros que en esta ejecuci�n llegaran a recaudarse, se les asigne el destino que legalmente corresponda, para lo cual tomar� en consideraci�n, entre otras pautas, que el primer inciso del art�culo 10� del C. de P. C., reza que �los auxiliares de la justicia que como depositarios, secuestres o administradores de bienes perciban sus productos en dinero, o reciban en dinero el resultado de la enajenaci�n de los bienes o de los frutos, har�n la consignaci�n inmediatamente en la cuenta de dep�sitos judiciales a la orden del juez de conocimiento�.
DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogot�, Sala S�ptima de Decisi�n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Descongesti�n de Bogot� dict� el 28 de junio de 2013, en el asunto de la referencia, y en su lugar, declara no probadas las excepciones que formul� la parte opositora, salvedad hecha de la de �prescripci�n extintiva de la acci�n ejecutiva�, la cual prospera �nicamente frente a los c�nones de arrendamiento cuya exigibilidad acaeci� entre junio de 1999 y octubre de 2006 y la de �regulaci�n de intereses�, por cuya virtud se excluyen de la ejecuci�n los r�ditos de mora contemplados en el mandamiento de pago.
En consecuencia, se ordena seguir la ejecuci�n por las sumas capitales de los c�nones de arrendamiento causados y no pagados a partir del 15 de noviembre de 2006 hasta 15 de enero de 2012, pero sin intereses de ninguna naturaleza, a raz�n de $2�800.000 mensuales, vale decir, sin incremento alguno. Liqu�dese el cr�dito en los t�rminos del art�culo 521 del C. de P. C. Previo aval�o, se verificar� la venta en p�blica subasta de los bienes que resulten embargados en este proceso.
Costas de primera instancia a cargo de los ejecutados, pero solo en un 30%. Sin costas de segunda, pues apenas fue parcial el �xito de la alzada. Devu�lvase la actuaci�n a la oficina de origen. El juez de primera instancia tomar� estricta nota de la conminaci�n contenida en la parte final del ac�pite de consideraciones de esta providencia, concerniente a la aplicaci�n de lo mandado en el primer inciso del art�culo 10� del C. de P. C. Notif�quese y c�mplase Los Magistrados, OSCAR FERNANDO YAYA PE�A MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA GERM�N VALENZUELA VALBUENA BONIVENTO FERN�NDEZ, Jos� Alejandro.
Los principales contratos civiles y su paralelo con los comerciales. Tomo I. Bogot�: Ediciones del Profesional, 16a ed., 2004, p�g. 491. CSJ, sent. de enero 24 de 1990, M.P. Jos� Alejandro Bonivento Fern�ndez. Ver art�culos 20 (num. 4 y 19) y 21, C. de Co. EXPLICACIONES DE DERECHO CIVIL CHILENO Y COMPARADO, Luis Claro Solar, T. 5�, ed. Temis, p�g. 767. TSB., sent. de 11 de abril de 2014, exp. 2011 00475. PAGE 7 PAGE PAGE 13 OFYPVZ 2011 00659 01 FL. 8 >���� % + 3 > D E y � � � � � � � � � � � � � ������������{u{of{`{�{Z`�Mh�C�h�]�^JmH $sH $ hk=5^J h�^Jh�C�h�C�^J h�1D^J h�I^Jh�C�h��^Jh�C�h�]�^Jh�C�h��5�^Jh�C�h�]�5�^Jh�C�h�>�5�^J hr.�5�^Jh�Y�h�Y�CJOJQJaJh�Y�h�Y�^Jhbh�Y�CJOJQJaJh�Y�CJOJQJaJhr.�CJOJQJaJhbhr.�CJOJQJaJ � & E F Y r s � � � � � -.
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