110012203000200601320 00 · Tribunal de Bogotá

��ࡱ�>�� pr��o��5@ ��-cbjbj�2�2 8��X�XoZ��8�<6L��1��(��;1=1=1=1=1=1=1$r2R�4�a1��a1��v12#2#2#�J��;12#�;12#2#L#�[/h��0�� "��/;1�10�1�/��5�"j�5 �0��5��0�2#��a1a1��#"��TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C. SALA CIVIL DE DECISION Bogot� D.C. Treinta y uno (31) de agosto del a�o dos mil siete (2007) REFERENCIA: Anulaci�n Laudo Arbitral de Miguel �ngel Ruiz Cano contra Administraci�n Cooperativa de Proyectos T�cnicos Gerenciales � PROTEGER A.C. Magistrado Ponente: Alvaro Fernando Garc�a Restrepo Superado el tr�mite que le es propio a esta instancia, corresponde al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot� D.C. decidir sobre el recurso de anulaci�n del Laudo Arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento nombrado por la C�mara de Comercio de Bogot�, el d�a diecisiete (17) de julio del a�o dos mil seis (2006) y que puso fin al proceso arbitral convocado por el se�or MIGUEL ANGEL RUIZ CANO contra ADMINISTRACI�N COOPERATIVA DE PROYECTOS T�CNICOS GERENCIALES � PROTEGER A.C.

ANTECEDENTES 1. La causa del litigio El d�a 28 de febrero de 2003, la entidad ADMINISTRACI�N COOPERATIVA DE PROYECTOS T�CNICOS GERENCIALES � PROTEGER A.C. y el se�or MIGUEL ANGEL RUIZ CANO celebraron el CONTRATO DE PRESTACI�N DE SERVICIOS PROFESIONALES n�mero 08 de 2003, por el cual pactaron a favor del segundo unos honorarios de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($ 25�000.000,OO) que no han sido pagados por PROTEGER A.C. Para la cabal ejecuci�n del contrato, el se�or Miguel Angel Ruiz Cano asumi� gastos autorizado por Proteger A.C. para ser invertidos en la obra Construcci�n del sistema de acueducto de Villaconto, Municipio de R�o Quito � Choc�, por la suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CERO VWEINTISEIS PESOS M.L. ($ 144�253.023,oo) discriminados, soportados y que se encuentran debidamente aceptados por Proteger A.C. en lista que se hace en la demanda debidamente identificados los rubros, fechas, proveedor, concepto y n�mero de factura.

El 9 de febrero de 2004, el gerente de la entidad Proteger A.C. se�or JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR aprob� la suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CERO VEINTISEIS PESOS M. CTE. (($ 144�253.023,oo) que corresponden a los gastos antes referidos. Pese a los m�ltiples requerimientos hechos por el contratista para el pago de las acreencias adeudadas por PROTEGER A.C. no ha sido posible su pago, ocasion�ndole graves perjuicios materiales y morales al contratista.

Las acreencias son claras, expresas y exigibles, puesto que no hay ninguna causal de nulidad o excepci�n que las invalide y el contratista cumpli� el contrato, inclusive haciendo erogaciones de su propio peculio. 2. Las Pretensiones Lo pretendido en el proceso arbitral por parte del convocante, est� sintetizado en que se declare que la entidad ADMINISTRACI�N COOPERATIVA DE PROYECTOS T�CNICOS GERENCIALES � PROTEGER A.C. es civilmente responsable de los da�os y perjuicios que soportal el se�or MIGUEL ANGEL RUIZ CANO, por causa del incumplimiento del contrato de prestaci�n se servicios celebrado entre ellos el 28 de febrero de 2003, por existir culpa civil contractual.

Que como consecuencia de la anterior declaraci�n, se condene a la entidad ADMINISTRACI�N COOPERATIVA DE PROYECTOS T�CNICOS GERENCIALES � PROTEGER A.C. a pagar al se�or MIGUEL ANGEL RUIZ CANO las siguientes sumas dinerarias: La suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M.L. ($ 25�000.000,oo) por concepto de honorarios profesionales establecidos en la cl�usula 6.7 en el contrato de prestaci�n de servicios profesionales celebrado entre las partes el 28 de febrero de 2003 La suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OVEINTISEIS PESOS M.L. ($ 144�253.026,oo) por concepto de gastos asumidos por el se�or Miguel Angel Ruiz Cano para la ejecuci�n normal del convenio para el cual estaba siendo contratado.

Por los intereses comerciales moratorios de las anteriores sumas a la m�xima tasa legal vigente, desde el 9 de febrero de 2004 y hasta que la obligaci�n sea cancelada. Que se condene a la entidad ADMINISTRACI�N COOPERATIVA DE PROYECTOS T�CNICOS GERENCIALES � PROTEGER A.C. al pago de los perjuicios morales subjetivos, y Que se condene en costas a PROTEGER A.C. 3.

Posici�n de la parte convocada Al contestar la demanda, la parte convocada se opuso a todas y cada una de las pretensiones aduciendo que no existe incumplimiento de su parte nidazo alguno que la haga civilmente responsable, pues al final del contrato se firm� un acta de entrega del objeto del contrato donde consta que fue finalizado y entregado a satisfacci�n de las partes, y adem�s porque existiendo un contrato escrito no indica el convocante cu�les cl�usulas fueron violadas.

Adem�s, no entiende c�mo el contratista puede afirmar que no recibi� los veinticinco millones de pesos cuando pospagos estaban pactados mensualmente y �l mismo manejaba los fondos cuando pod�a haber deducido de esos recursos sus pagos; mucho m�s se niega que haya podido avanzar la obra sin recibir pagos e incluso incurriendo en gastos sin ninguna garant�a y al entregar la obra se hizo el acta sin ninguna anotaci�n sobre la deuda que ahora pretende.

Con relaci�n a los hechos, los acepta parcialmente en forma que concuerda con la oposici�n que hizo a las pretensiones, es decir, que acepta la existencia del contrato pero niega que se deba su pago, pues se abri� una cuenta para el manejo de los recursos por parte del contratista donde se consignaron las sumas necesarias para la ejecuci�n del contrato, todo en cumplimiento de la cl�usula quinta del contrato, la cual no ha sido atacada por incumplimiento, as� como tampoco otras cl�usulas del contrato cuya acata de entrega a satisfacci�n se firm� entre las partes. 4.

El Laudo Arbitral Como se hab�a pactado en el contrato una cl�usula compromisoria, se present� solicitud de arbitramento ante el Centro de Arbitrajes y Conciliaci�n de la C�mara de Comercio de Bogot�, donde, despu�s de constituido el Tribunal y rituar todo el procedimiento indicado en el Decreto 2279 de 1989 y dem�s normas complementarias, evacuadas las pruebas y o�dos los alegatos de las partes, se dict� el Laudo Arbitral fechado el 17 de julio del a�o 2006 (Acta n�mero 13) El laudo arbitral en su parte resolutiva es del siguiente tenor: �En m�rito de lo expuesto, el Tribunal convocado para dirimir en derecho las diferencias surgidas entre MIGUEL ANGEL RUIZ CANO parte convocante, y ADMINISTRACI�N COOPERATIVA DE PROYECTOS TECNICOS GERENCIALES � PROTEGER A.C. administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO: Declarar que prospera parcialmente la pretensi�n primera de la demanda en lo que se refiere al incumplimiento por el no pago de los honorarios pactados.

SEGUNDO: Condenar a la ADMINISTRACI�N COOPERATIVA DE PROYECTOS TECNICOS GERENCIALES � PROTEGER A.C. a pagar a favor de MIGUEL ANGEL RUIZ CANO, dentro de los cinco d�as siguientes a la ejecutoria del presente laudo arbitral, la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($ 25�000.000,oo) m�s los intereses moratorios legales a la tasa m�xima legal permitida, liquidados sobre esa cantidad desde el d�a 13 de enero de 2005, fecha de presentaci�n de la demanda, hasta el d�a de su pago, con lo cual prosperan los literales �a� y �c� �ste �ltimo parcialmente, de la pretensi�n segunda.

TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRACI�N COOPERATIVA DE PROYECTOS TECNICOS GERENCIALES � PROTEGER A.C. a pagar a MIGUEL ANGEL RUIZ CANO por concepto de costas procesales, las sigueitnes partidas: La suma de seis millones quinientos veintitr�s mil seiscientos treinta y cuatro pesos ($6�523.634,oo) por concepto de reintegro de gastos del Tribunal seg�n los c�lculos efectuados en la parte motiva de esta providencia junto con los intereses moratorios a la tasa m�s alta autorizada por la ley desde el 15 de febrero de 2006 y hasta la fecha en que tal monto sea efectivamente pagado.

La suma de tres millones doscientos sesenta y un mil ochocientos diez y siete pesos por concepto del porcentaje de costas asignadas a su cargo de acuerdo con la parte motiva de este laudo. La suma de doscientos noventa mil pesos ($290�000,oo) por concepto de reintegro del monto a su cargo referido a los honorarios derivados de la pericia. La suma de dos millones ochenta y cinco mil pesos ($2.085.000,oo) por concepto de proporci�n que de acuerdo con lo dispuesto en este laudo le corresponde respecto a las agencias en derecho.

Las expresadas sumas ser�n pagadas dentro de los cinco (5) d�as siguientes al de ejecutoria del laudo.

CUARTO: Denegar la pretensi�n segunda, apartes�b� y �d� de la demanda, y parcialmente el aparte�c� de la misma pretensi�n.

QUINTO: Si a ello hubiere lugar, devu�lvase a las partes el saldo restante de las sumas de la partida �Protocolizaci�n, registro y otros� seg�n la liquidaci�n final de gastos.

SEXTO: De conformidad con lo expuesto en la parte motiva, por Secretar�a rem�tase a la Superintendencia de Econom�a Solidaria, copia de la demanda, la contestaci�n, el dictamen pericial y su aclaraci�n, as� como del presente laudo, para lo de su cargo.

SEPTIMO: Por Secretar�a, exp�danse copias aut�nticas de este laudo, con destino a cada una de las partes, con las constancias de ley.

OCTAVO: Protocol�cese el expediente en una notar�a del C�rculo de Bogot�.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE- La anterior decisi�n se notific� a los apoderados de las partes en audiencia.� 5. El recurso de nulidad del laudo La apoderada de la parte convocante interpuso en tiempo el recurso de anulaci�n contra el laudo arbitral, el cual sustent� en dos causales, las de los numerales 4 y 6 del art�culo 163 del decreto 1818 de 1998, las cuales, aunque no trascribe sino que las explica directamente, son: Cuando sin fundamento legal se dejaren de decretar pruebas oportunamente solicitadas o se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias para evacuarlas, siempre que tales omisiones tengan incidencia en la decisi�n y el interesado las hubiere reclamado en la forma y tiempo debidos.

Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL En materia de composici�n de litigios por medios privados, ha entendido la doctrina que si las partes en conflicto resuelven someter la soluci�n de su controversia, a manos privadas en lugar de acudir a las jurisdicci�n del estado, de com�n acuerdo se est�n acogiendo en forma anticipada una nueva forma de jurisdicci�n delegada, en este caso la de un Tribunal de Arbitramento, cuya decisi�n deber�n acatar, siendo en este caso el acto decisorio denominado laudo arbitral y la autoridad jurisdiccional, los �rbitros escogidos en la forma determinada por la ley.

El estado reconoce la autoridad de dicho Tribunal dentro de ese preciso conflicto, por ser el querer, el deseo, de quienes as� lo deciden y lo pactaron anticipadamente en un negocio particular o cuando ya ha surgido el conflicto. En este caso se pact� cl�usula compromisoria acogiendo anticipadamente la jurisdicci�n arbitral, en la cl�usula d�cimo octava del contrato celebrado entre las partes el d�a 28 de febrero de 2003 S�lo conserva el aparato estatal, por mandato de la misma ley, la vigilancia sobre la legalidad de las decisiones sobre los aspectos taxativamente se�alados en la norma que fija las pautas para el ejercicio del recurso de anulaci�n ante la jurisdicci�n civil del estado.

De all� que la funci�n del Tribunal no es conocer nuevamente el asunto en una especie de instancia, sino vigilar en forma restringida el apego de la decisi�n a unas formas, es decir, que no caiga en las causales se�aladas expresamente como generadoras de la nulidad total o de la necesidad de correcci�n o adici�n, seg�n el caso. Por eso, la sala no revisa la totalidad del contenido del laudo sino los errores de procedimiento en que posiblemente hubiera incurrido el tribunal de arbitramento.

Lo dicho ha sido reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia al sostener que los recursos de anulaci�n s�lo miran al aspecto procedimental y que las causales ��est�n inspiradas porque los m�s preciados derechos de los litigantes no hayan resultado conculcados por la desviaci�n procesal del arbitramento.� Sentencia del 13 de junio de 1990.

Mag. Ponente Dr Rafael Romero Sierra (Extractos de jurisprudencia. T. 2, 2� trimestre 1990) As� mismo se ha sostenido, que el recurso, por su misma restricci�n no admite la formulaci�n de cargos por violaci�n sustancial del derecho, por la v�a directa o la indirecta, lo que excluye por lo tanto la posibilidad de abrir un debate sobre posibles errores de hecho o de derecho en la apreciaci�n de las pruebas, siendo de tal modo m�s restringido que el recurso extraordinario de casaci�n. Al confrontar lo antes dicho con las normas que establece el art�culo 38 del Decreto 2279 de 1989, en concordancia con las que modifican y complementan la legislaci�n al respecto en la ley 446 de 1998 y el decreto 1818 del mismo a�o, encontramos que esta decisi�n debe referirse exclusivamente a la existencia o no, de hechos que puedan enmarcarse dentro de las causales expresa y taxativamente se�aladas en el art�culo 163 del decreto 1818 de 1998, por lo cual se analizar�n paso a paso.

PRIMERA CAUSAL: 4. Cuando sin fundamento legal se dejaren de decretar pruebas oportunamente solicitadas o se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias para evacuarlas, siempre que tales omisiones tengan incidencia en la decisi�n y el interesado las hubiere reclamado en la forma y tiempo debidos. (numeral 4, art�culo 163, Decreto 1818 de 1998) Se aduce como sustento de la causal invocada una pretendida nulidad constitucional con fundamento en el art�culo 29 de la Carta Pol�tica alegando violaci�n al debido proceso, lo cual no se aviene con la taxatividad que se erige como principio en las nulidades procesales y m�s a�n en el estudio de los recursos de anulaci�n que se enfilan contra los laudos arbitrales, pues como antes se dijo, dichas causales se dirigen solamente a vigilar la legalidad en los aspectos expresamente se�alados en la norma y no constituyen otra instancia, por eso no pueden verificar la interpretaci�n que se hubiera dado a las normas o a los hechos, ni entrar en valoraciones diferentes a las expl�citamente autorizadas en la norma invocada.

As�, en este aspecto, solo se puede valorar si se dejaron de decretar pruebas de aquellas que fueron oportunamente pedidas por la parte que reclama la anulaci�n del laudo, y al respecto se advierte que en todo lo alegado ni siquiera se vislumbra que el recurrente se refiera a una sola prueba que se hubiera dejado de decretar estando pedida, y solo se duele de la valoraci�n que hizo el Tribunal de arbitramento y de la aplicaci�n del principio de la carga de la prueba as� como del an�lisis de algunos documentos de los cuales afirma que uno de ellos contiene confesiones a favor de la parte convocante y que el fallador no le dio el valor procesal que se merec�a. Tampoco se evidencia que de las pruebas decretadas se hubiera dejado de practicar alguna o algunas, as� como las diligencias que eran necesarias para evacuarlas, por lo cual tampoco encuadra el alegato de la parte recurrente en la causal invocada.

Adem�s, si se hubieran dejado de decretar o de practicar pruebas, era condici�n necesaria para que prosperara la causal invocada, que en la forma y tiempo debidos se hubiera reclamado contra la omisi�n por parte de quien pretende la anulaci�n del laudo y en el proceso no se observa que se presentara reclamo o recurso por dejar de decretar prueba alguna o por negar su practica u olvidar actuaci�n alguna que la conllevara, lo que hace improcedente el recurso, a�n existiendo la omisi�n, pero en este caso qued� claro que no se present�.

De esta forma resulta improcedente la anulaci�n pretendida por inexistencia de la causal en la forma establecida en la ley, y ni siquiera por analog�a podr�a hablarse de la nulidad constitucional fundada en el art�culo 29 de la Carta como lo acept� la Corte Constitucional para interpretar extensivamente las nulidades del c�digo de procedimiento civil, porque en esos casos solo se acepta ante la existencia de una prueba ilegalmente allegada al proceso, pues en esta caso tampoco se est� alegando la ilegalidad de prueba alguna.

Es claro pues que la parte convocante y aqu� recurrente, pretende que esta Corporaci�n entre en el an�lisis e interpretaci�n de las pruebas, cuando no es esa la funci�n que la ley les tiene reservada a los Tribunales Superiores, a los cuales por expresa decisi�n de las partes y autorizados por la normatividad, se les quit� la jurisdicci�n para situarla en los �rbitros y por lo tanto no pueden entrar en el estudio de los hechos, de las pruebas ni de la interpretaci�n f�ctica y normativa como si fueran otra instancia, que es, de acuerdo a la forma en que viene presentada la alegaci�n y sustentaci�n del recurso, lo que pretende la recurrente que se haga.

Queda pues claro para esta sala que a pesar de todo el esfuerzo argumentativo en contra del laudo arbitral, de la interpretaci�n que se hizo de las pruebas y de las decisiones tomadas, y a�n con la pretensi�n de que con las forma en que se analizaron las pruebas se vulner� el debido proceso, no se dirigi� la parte interesada a demostrar la existencia de la causal que invoc� y por eso no puede anularse el laudo como se pretende, porque esta corporaci�n no pueden entrar en an�lisis de instancia sino a verificar si la causal invocada existe o no y en este caso no se demostr�.

Por eso no procede la nulidad con base en esta causal. SEGUNDA CAUSAL: 6. Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo. (numeral 6, art�culo 163, Decreto 1818 de 1998) Cuando se establece esta causal de nulidad de los fallos arbitrales en los que se exige una decisi�n den derecho, se est� aceptando que se coloca el Tribunal frente a una perfecta v�a de hecho, o sea que la decisi�n que se toma sin motivaci�n alguna, sin tener en cuenta las pruebas allegadas y dando paso �nicamente al arbitrio del juez, cuando no a la arbitrariedad.

Pero no necesariamente existir� la causal cuando la parte o ambas no compartan la interpretaci�n que se hubiera hecho por los �rbitros, pues ellos est�n investidos de poder jurisdiccional y as� no satisfagan el inter�s de alguna de las partes, su decisi�n obliga, salvo que se fallo no encuentre asidero probatorio. Lo anterior es totalmente contrario a la motivaci�n que debe orientar las decisiones judiciales y por consiguiente arbitrales, pues se debe partir, salvo cuando se autorice por la ley o por los mismos interesados o partes, de los mandatos del art�culo 174 del c�digo de procedimiento civil que ordena tomar las decisiones judiciales con fundamento en � las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.� Lo que quiere decir que debe existir la prueba y adem�s, la decisi�n debe partir de un razonable an�lisis de la misma.

Sin embargo, el sentenciador en su decisi�n es quien analiza y decide lo que considera ha sido probado, present�ndose para la parte la posibilidad de compartir o no ese an�lisis probatorio, lo que da lugar en unos casos a que se produzcan diferentes instancias donde funcionarios de distintos niveles verifican si los motivos de la decisi�n est�n o no acordes con la sana cr�tica de la prueba y pueden o no compartir la decisi�n present�ndose en todo caso la decisi�n v�lida en el juez de mayor jerarqu�a. El an�lisis que puede el tribunal hacer a un laudo arbitral, no puede ir m�s all� de verificar si tuvo en cuenta la prueba en sentido gen�rico y si no se constituye una v�a de hecho, pero no puede entrar en las razones expuestas por el fallador para tomar la decisi�n porque estar�a convirtiendo el recurso de anulaci�n en otra instancia. Por eso no puede entrar en el an�lisis de la prueba misma, y solo le basta corroborar que lo decidido se encuentre sustentado y motivado sin que aparezca la decisi�n fundamentada en su mera posici�n personal o valoraci�n simple de ser o no justa la decisi�n. En el presente caso, se encuentra lejos el laudo de haber incurrido en v�as de hecho o de haber tomado la decisi�n sin una valoraci�n razonada de la prueba.

Lo decidido parte de la libertad interpretativa del juez y encuentra su sustento en las pruebas aportadas por las partes, pero tambi�n en lo no probado por ellas, o carga de la prueba. Por eso su fallo es una decisi�n de derecho as� las partes no compartan lo sentenciado, pues las sentencias no son mejores o peores en la medida en que agraden o complazcan las pretensiones de una de las partes sino que sean legales y eso es lo que se observa en el laudo sometido al recurso de anulaci�n, que se est� sustentando en los hechos y en las normas visiblemente pertinentes y que tiene una motivaci�n que por lo menos sin entrar en detalles ni en valoraciones, que no le corresponden a este tribunal, es adecuada a lo que ha debido probarse, a pesar de que en varios apartes se duele el aludo de la escasez de la prueba, pero adem�s, si valor� alguna de las pruebas de forma que no comparte alguno de los interesados, podr� incurrir en cualquiera otra irregularidad o inadecuaci�n argumentativa o interpretativa pero no necesariamente el fallo ser� en conciencia, como se exige en la causal invocada para anular el laudo.

En consecuencia, tampoco es procedente la nulidad por esta causal. En consecuencia, y de acuerdo a lo antes se�alado, para esta sala de decisi�n no existen las causales de anulaci�n invocadas y por ese motivo habr� de negarse lo solicitado por ser infundado el recurso presentado. El recurrente ser� condenado al pago de las costas en esta actuaci�n, de acuerdo con lo establecido por el art�culo 40 del Decreto 2279 de 1989, reformado por el 129 de la Ley 446 de 1998, en su inciso primero y en el art�culo 165 del decreto 1818 de 1998 D E C I S I O N En raz�n y m�rito de lo expuesto, EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT� D.C. en Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, R E S U E L V E PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso de anulaci�n interpuesto contra el laudo proferido por el Tribunal de Arbitramento, el d�a diecisiete (17) de julio del a�o dos mil seis (2006) convocado por el se�or MIGUEL ANGEL RUIZ CANO contra ADMINISTRACI�N COOPERATIVA DE PROYECTOS T�CNICOS GERENCIALES � PROTEGER A.C.

SEGUNDO: CONDENAR al recurrente, se�or MIGUEL ANGEL RUIZ CANO, al pago de las costas.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO Magistrado JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA LIANA AIDA LIZARAZO VACA Magistrado Magistrada Proyecto discutido y aprobado en sala civil de decisi�n del d�a 29 de agosto del a�o 2007 PAGE 12 PAGE 12 Recurso de anulaci�n de Laudo Arbitral Miguel Angel Ruiz Cano Contra Proteger A.C. 110012203000200601320 00 7N[x�� D � � � g � -29:@FV\_`��9Kcde�� < N P ��67��3��`o��ļ�ׯ�ׯ��hP�hTY�h6� hFR�5�hFR�CJaJh�i�CJaJh�i�CJaJh�i�5�CJ\�aJhFR�hFR�5�hFR�5�6�CJ\�]�aJhFR�h�i�5�CJ \�aJ h�i�@7NO�� 9;<=JKcd�� $dha$gdFR�$a$gdFR�$dha$$dha$ob,c��d� � 56��?��$ &Fdha$gd�q�$��dh`��a$gdTY�$dha$$��dh`��a$gd6� $dha$gdFR�o�� !"NO_`vw��[��'��&�� !<!C!R!^!b!x!!�!F"��۵걭��ꟕ��he5�6�\�]�h�i�5�6�\�]�heh�h'�h�i�5�CJ\�aJh�q�h�q�hTY�h�q� h�q�5�hFR�h�q�5�h�q�hP�hTY�hTY�h�i�hTY� hTY�5�hFR�hTY�5�6&'�� !!E"F"��$�7�7�!dh]�7^�7`�!a$gdP�$�7�7��dh]�7^�7`��a$$��dh`��a$$��dh`��a$gd'�$��dh`��a$gdP�$dha$ $dha$gd�q�F"G"Q"R"�"�"E%F%& &�'J(�(�)�)*��$�7��dh]�7^��a$gd��$�7dh]�7a$gd��$ &F�7dh]�7a$gd��$�7dh]�7a$ ��^�`�$�7�7��dh]�7^�7`��a$$�7�7��dh]�7^�7`��a$F"G"R"h"�"�"#X#Y#Z#�$�$%%!%"%(%)%*%+%F%O%]%�%�%I(J(�(�(�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�) * *�*�*7+8+9+�,��µ��h��h�J�5�6�\�]�h�J�5�6�\�]�h�J�5�6�h��5�6�h��h��5�6�h��h��5�6�\�]�h��5�6�\�]�h��he5�6�\�]�hehe\�]�heh�i�h�i�5�6�\�]�hP�5�6�\�]�2* *�*�*8+9+6,7,�,�,- -w-x-y-�-�-�.�.�/��$ &Fdha$gd�t�$dha$$�7dh]�7a$$�7dh]�7a$gd�J�$�7dh]�7a$gd��$�7��dh]�7^��a$gd��,- -m-y-�-�-�-�-�-).�.�.�.�.�.�.�./X/Y/�/�/�/0T0U0w0�0�0�0�0�0�011 111#1$1`1q1�1�1�1�1 2 2'2O2R2o2�2k3�3�3�394:4=4>4U48�8�<��ӵǵ��Ǳ��h�u\h�gahch�i�5�\�h�t�5�\�h�M�h�t�hbMh�i�h�i�5�CJ\�aJh�i�5�6�\�]�h�J�5�6�\�]�h �5�6�\�]�A�/�/U0V0W0X0u0v0V4W4g5h5W7X799�:�:�<�<�<�<�<�=�=��$��dh`��a$$dha$$ &Fdha$gd�@� $dha$gd�t��<�=�=�=�=�=j?�@�@�@yA�A�AkC DbDcD�G�G�G�GEIFIJIKI�I�I�I�I�I�I]J^JdJeJ�J�J�J�J�J'K.K/K0K1KvM�M�M;NaNgNkN�N�N�N O.O8O�OQ�Q�QRRR��»���h�e_h�@�5�\�h�@�h�h^h~:�5�\�h~:�hH\�\� h�h^\� hH\�\� hc\� h~:�\�h~:�h~:�\�h~:�h�u\h�i�h�i�5�\�h�ga5�\�@�=�@�@jCkCcDdDF�F�H�H/K0KuMvM�M�M�M�M�MkNlNQQ/U�W��$��dh`��a$gd�e_$dha$$��dh`��a$R�R�X�XQY�YZZ(Z)Z�ZX[�\�\�\�^�^�^_`` `!`'`-`=`?`B`F`G```v`w`~`�`�`a#a%a2a=a@a`akamanapaqa�a�abbbbUbWb[bbbmbnbob��򶯶د��h�@�h�@�h�i�h�@�h�@�5�\�h�@�5�\�h�@�h�i�5�\�hRS�hFR�h645�h64h645�h64h�i�5�\�hFR�h�i�mH $sH $h2R@h�}`h�i�h�i�5�6�\�]�<�W�W�\�\�\�\�]�]�^�^�^�^�^~__�_�_�_�`�`&a'a�� $dha$gd64$�3��dh]�3`��a$$�3��dh]�3`��a$gd2R@$�3dh]�3a$$dha$'a>a?a@a`alamanaoapaqa�abbob{b|b}b�b�b�b*c+c,c-c��h]�h��&`�h]�h��&`$dha$$dha$obpbvbwbybzb{b|b}b~b�b�b�b�b�b,c-c��¼±¼̧h�i�5�6�\�]�h�N 0JmHnHu h�N 0Jjh�N 0JUh�N h�N CJaJh�N 0JCJaJmHnHuh�N 0JCJaJjh�N 0JCJUaJ6&PyP:pFR��/ �"I!��"�n#�� $�S%��q�S��@@��@NormalCJ_HaJmH sH tH H@HT�tulo 1$$dh7$8$@&H$a$V@VT�tulo 2$$dh7$8$@&H$a$5�CJ\�aJ\@\T�tulo 3$$dh7$8$@&H$a$5�6�CJ\�]�aJD@DT�tulo 4$$dh@&a$5�\�NA@��NFuente de p�rrafo predeter.Ri��RTabla normal�4� l4�a�,k��, Sin listaL>@�LT�tulo$dh7$8$H$a$5�CJ \�aJ 8)@�8N�mero de p�ginaX@X Encabezado ��8!7$8$H$OJQJ^JmH sH XB@"XTexto independiente$dh7$8$H$a$R @2R Pie de p�gina ��8!7$8$H$CJaJjT@BjTexto de bloque&$�7�7��dh]�7^�7`��a$5�6�\�]�jC@RjSangr�a de texto normal$�7dh]�7a$5�6�\�]�-[��7NO��9;<=JKcd��5 6 � � � � � �� ?�&'��EFGQR��EF �J � �!�!" "�"�"8#9#6$7$�$�$% %w%x%y%�%�%�&�&�'�'U(V(W(X(u(v(V,W,g-h-W/X/11�2�2�4�4�4�4�4�5�5�8�8j;k;c<d<>�>�@�@/C0CuEvE�E�E�E�E�EkFlFII/M�O�O�T�T�T�T�U�U�V�V�V�V�V~WW�W�W�W�X�X&Y'Y>Y?Y@Y`YlYmYnYoYpYqY�YZZoZ{Z|Z}Z�Z�Z�Z*[+[.[�0��0��p�0��p�0��0��p�0��0��p�0��0��0��0��0��0��0��p0��p�0��0��0��0��0��p�0��0��0�=�0�=p�0�=p�0�=�0�=p�0�=�0�=�0�=�0�=p�0�=�0�=�0�=�0�=�0�=p�0�=�0�=p�0�=�0�=��0�=�� 0�=�� 0�=�� 0�=�� 0�=�� 0�=��0�=��0�=�0�=p�0�=�0�=�0�=�0�=�0�=�0�=p�0�=�0�=p�0�=�0�=�0�=p�0�=p�0�=�0�=�0�=p�0�=p�0�=p�0�=�0�=p�0�=�0�=p�0�=�0�=p� 0�=�� 0�=�� 0�=�� 0�=��0�=��0�= �0�=�0�= �0�=��0�= �0�=��0�= �0�=p�0�= �0�=p�0�= �0�=�0�=�0�=�0�=�0�= �0�=�0�= �0�=p� 0�=��0�=�� 0�=��0�=��0�=�0�=(0��(�0�X(�0��(�0�X(��0�X(��0�X(��0�X(��0�X(��0�X(��0�X(��0�X(��0�X(��0�X(��0�X(��0�X(�80�X(��0��4��0��4��0��0��0�0��0��0��0��8�0��p�0��8�0��p�0��8�0��0��@�0��p�0��@�0��p�0��@�0��4�0��480��p�0�lI��0��0��H�0��@�0��0��@�0��H�0��H�0��H�0��H�0��P�0��P�0��P�0��0��0��`0��h0��h�0��h�0��h0��h0��h0��X�0��0��P�0��p�0��0��h�0��X�0��h�0��X�0��h�0��X�0��h�0��X�0��p�0��0��0��X�0��X�0��p(0��@0��@0��My00��@0��@0��@0��p�@0��@0��0��EF�"�"8#9#6$7$�$�$% %w%.[O900��wcM9000��M900�O900��Q�M900�O900M900M900M900M900M900M900M900O900��X��oF"�,�<Rob-c269;=?BdF"*�/�=�W'a-c3578:<>@A,c4 �!��!��25VY��36��"SV��58��Y\w~� � 1;��J M � � ��:?��TW�� !"!�%�%�/�/�0�0�0�0�6�6!;+;5;=;�@�@1C6CN%NWW�X�X ZZoZ�Z�Z�Z�Z+[.[�� jm{ ~ !"!,,�/0�5�50CtE<FCFoZ+[.[33333333333=K�5�51CtE�E�E'Y?Y@YmYoZ [)[+[.[1C6CoZ+[.[��consulta�\9/��[h'<rt��7L��Q*�,��AD]$�Nw��^��`��o(.� ��^��`��h�H.� �p�L��p^�p`�L��h�H.� �@��@^�@`��h�H.� ��^�`��h�H.� ��L��^��`�L��h�H.� ��^��`��h�H.� ��^��`��h�H.� �P�L��P^�P`�L��h�H.��^��`��o()� ��^��`��h�H.� �p�L��p^�p`�L��h�H.� �@��@^�@`��h�H.� ��^�`��h�H.� ��L��^��`�L��h�H.� ��^��`��h�H.� ��^��`��h�H.� �P�L��P^�P`�L��h�H.��^��`��o(.� ��^��`��h�H.� �p�L��p^�p`�L��h�H.� �@��@^�@`��h�H.� ��^�`��h�H.� ��L��^��`�L��h�H.� ��^��`��h�H.� ��^��`��h�H.� �P�L��P^�P`�L��h�H.��^��`��o(.��^��`��.�p�L��p^�p`�L�.�@��@^�@`��.��^�`��.��L��^��`�L�.��^��`��.��^��`��.�P�L��P^�P`�L�.��^��`��o(.� ��^��`��h�H.� �p�L��p^�p`�L��h�H.� �@��@^�@`��h�H.� ��^�`��h�H.� ��L��^��`�L��h�H.� ��^��`��h�H.� ��^��`��h�H.� �P�L��P^�P`�L��h�H.�Q�\9/[h'<�AD]�7L�� $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $#�"�N 642R@P+JbM�u\�h^�e_�}`�gace�&n�N�~:�� '��i��@��6�R�P��t��q��M��J�RS�TY��~b�H\�FR��@�6C6C��6C6C-[`@��Unknown��G��z ��Times New Roman5��Symbol3&��z ��Arial"A��8�8�3�� L.�� L.�$�� x��24AZAZ3�Q�� ?��N��3TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA Dconsejo superiorconsulta ��Oh��+'��0��, @L ht� ��4TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA DRIBconsejo superior DEonsonsNormal consultaupe2nsMicrosoft Word 10.0@@��@X�~ ��@X�~ �� L��՜.��+,��0,hp�� consejo superiorR�.AZA 4TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA DT�tulo !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABC��EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^��`abcdef��hijklmn��q��Root Entry�� F��$� ��s�1Table��D�5WordDocument��8�SummaryInformation(��_DocumentSummaryInformation8��gCompObj��k�� FDocumento Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8�9�q