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MAGISTRADO PONENTE: EDGAR CARLOS SANABRIA MELO. Rituado como se encuentra, procede resolver el recurso de anulaci�n interpuesto por el apoderado de la parte demandada contra el laudo arbitral proferido el 15 de abril de 2002.
ANTECEDENTES: MAJORCOL LTDA. present� solicitud de convocatoria de tribunal de arbitramento y tr�mite de proceso arbitral en contra de LUIS MARCELO GUTIERREZ TOVAR, para que mediante laudo se declarara de manera principal: que la terminaci�n de la relaci�n contractual en forma unilateral realizada por MAJORCOL LTDA., fue una decisi�n ajustada a derecho; se condenara a la demandada a pagar a la demandante por concepto del material extra�do la cantidad de DIEZ MILLONES DE PESOS o lo que se probare; que como consecuencia del incumplimiento se condenara al pago de los perjuicios ocasionados durante la ejecuci�n del contrato.
Subsidiariamente demand� la terminaci�n del contrato, la restituci�n del bien, la condena al pago de la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS o lo que se probare en el proceso por el material extra�do, y al pago de los perjuicios ocasionados durante la ejecuci�n del contrato, sumas todas que deb�an reajustarse en su poder adquisitivo al tiempo del pago.
Como hechos fundamento de la controversia se esgrimieron los que a continuaci�n se resumen: 1. Que el 10 de noviembre de 1994, ROGER PARRA envi� comunicaci�n a MARCELO GUTIERREZ, dando por terminado el contrato denominado �DE RECUPERACI�N MORFOL�GICA CON EXPLOTACI�N DE MATERIALES CANTERA LA CABA�A LA CABA�ITA�, y en esa fecha se dio por terminado definitivamente por razones derivadas de las intervenciones de las autoridades distritales que hac�an imposible ejecutar a cabalidad el objeto del contrato, de lo cual se dio comunicaci�n por escrito al contratista. 2.
Que haciendo caso omiso de la referida comunicaci�n y de las razones que llevaron a dar por terminado el contrato, GUTIERREZ TOVAR envi� comunicaci�n a ROGER PARRA el 24 de febrero de 1998, manifestando que reiniciar�a las obras de recuperaci�n morfol�gica de la cantera. 3. Que mediante Resoluci�n No. 886 de 19 de septiembre de 1997, expedida por el director del DAMA, se requiri� a ROGER PARRA para indicarle que deb�a cumplir con la totalidad de los requisitos t�cnicos para acceder a la aprobaci�n del plan de manejo ambiental. 4.
Que mediante el acta de iniciaci�n expedida por el Departamento T�cnico Administrativo del medio ambiente de 30 de enero de 1998, se dio inicio al plan de manejo aprobado en la resoluci�n antes citada. 5. Que el 27 de octubre de 1998 a pesar de haberse resuelto el contrato, GUTIERREZ TOVAR de manera arbitraria y en forma no autorizada, ingres� al inmueble objeto del contrato con una retroexcavadora y removi� piedra suelta de manera desordenada y abusiva causando el relleno de profundidades que se encontraban limpias y respecto de las cuales se hab�a invertido grandes sumas de dinero, y perturb� no solo la propiedad de la cantera sino la posesi�n tranquila de la convocante. 6.
Que desde enero de 1998 se han venido realizando trabajos de estudio de suelos y topogr�ficos en el tema de canteras, que se han traducido en una importante inversi�n, y cualquier actividad de remover tierra y/o piedra de manera no planeada, afecta gravemente el trabajo realizado y se causan graves perjuicios patrimoniales. 7. Que pese a las m�ltiples notificaciones realizadas por ROGER PARRA de la resoluci�n del contrato, GUTIERREZ TOVAR ha venido realizando en forma arbitraria y abusiva el retiro de viajes de recebo en el per�odo comprendido entre el 15 de diciembre de 1998, hasta el 30 de septiembre de 1999.
Admitida la solicitud de convocatoria de Tribunal de Arbitramento se corri� traslado a la parte demandada, la que se opuso a todas las pretensiones y propuso las excepciones de m�rito que denomin�: �VIGENCIA CONTRATO POR INEXISTENCIA COMUNICACI�N TERMINACI�N, Y POR PRORROGA TACITA; INEXISTENCIA CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO CONTRATO ATRIBUIBLE A LUIS MARCELO GUTIERREZ�.
Simult�neamente con la contestaci�n de la demanda en escrito separado formul� la excepci�n previa de falta de constituci�n del litis consorcio necesario. La parte actora se opuso a la prosperidad de las defensas propuestas. En determinaci�n de 15 de diciembre de 2000 se orden� la citaci�n de SEREFRA LTDA., EDGAR GUSTAVO ADOLFO RIVEROS RIVERA Y CARLOS ARTURO MEDINA, como litisconsortes necesarios.
EL LAUDO IMPUGNADO: La controversia fue decidida mediante laudo que declar� �el contrato de recuperaci�n morfol�gica suscrito el 11 de abril de 1994 entre MAJORCOL Ltda, Edgar Augusto Adolfo Riveros Rivera, Carlos Augusto Medina y SEREFRA Ltda., por una parte y Luis Marcelo Guti�rrez Tovar, por la otra parte, terminado por incumplimiento del se�or Luis Marcelo Guti�rrez Tovar �, lo conden� a pagar la suma de $2�651.507.oo que incluye actualizaci�n monetaria e intereses, deneg� las dem�s pretensiones, orden� a cada parte pagar al curador ad-litem la suma de $225.000.oo, dispuso la expedici�n de copias del laudo para las partes y de una autenticada al representante del Ministerio P�blico, y orden� protocolizar el expediente en una Notar�a de Bogot�.
El apoderado del convocado solicit� aclaraci�n del laudo arbitral, petici�n que fue negada por improcedente. Posteriormente e inconforme con lo as� decidido, formul� el recurso de anulaci�n que ahora se desata. SUSTENTACION DEL RECURSO: Comienza la censura por invocar en primer lugar la causal 6 del art�culo 163 del Decreto 1818 de 1998,. diciendo que el ataque �Va dirigido a demostrar que el laudo arbitral fue producto de lo subjetivo, o sea en consciencia (sic) y no en derecho como consecuencia de las probanzas y certeza�.
A continuaci�n alega la causal 8 por �Haber reca�do el Laudo sobre puntos no sujetos a la decisi�n de los �rbitros, excedi�ndose en lo pretendido, o sea con decisi�n extra petita�. CONSIDERACIONES: El arbitramento surge del denominado negocio jur�dico compromisorio el cual en nuestro sistema positivo asume la forma de compromiso o de cl�usula compromisoria en atenci�n al tiempo en que el acuerdo es celebrado y con respecto del momento en que cobra actualidad el conflicto entre las partes, por manera que si �ste ya ha surgido, el acuerdo que los compromitentes celebran para someterlo al conocimiento y resoluci�n de �rbitros recibe el nombre de compromiso, y si lo que ocurre es que habi�ndose celebrado un contrato las partes convienen por anticipado que de llegarse a presentar diferencias acerca de su inteligencia o desarrollo ser�n resueltas por �rbitros, tal convenio concertado de manera accesoria a una negociaci�n principal, se denomina cl�usula compromisoria, que no pasa de ser el medio del que de ordinario deriva el arbitraje, quedando las partes compelidas a recurrir a �ste como mecanismo alternativo para la soluci�n del conflicto, o lo que es lo mismo, por raz�n de la cl�usula compromisoria las partes pierden la absoluta libertad de demandar directamente del estado la funci�n de administraci�n de justicia, teniendo que recurrir al arbitraje.
Ahora bien, la naturaleza del recurso de anulaci�n no da lugar a una instancia adicional en la que se pueda estudiar todo el proceso y el caudal probatorio obrante en �l, dado que no entran en consideraci�n cuestiones distintas a las atinentes a la materia que fije exclusivamente el recurrente, eso s� dentro del marco de las causales taxativamente consagradas en la ley, pues a diferencia del recurso de apelaci�n, el de anulaci�n dado su car�cter extraordinario, no otorga competencia para revisar el aspecto sustancial del laudo por raz�n que la competencia del juzgador se limita al examen de las causales que el recurrente invoque, asemej�ndose en esto al de casaci�n, en donde el estudio queda circunscrito a las acusaciones que formule el recurrente, diferenci�ndose fundamentalmente en que en el de casaci�n se permite atacar la sentencia por errores en la aplicaci�n de la ley sustancial, bien por la v�a directa o por la v�a indirecta como consecuencia de errores en la apreciaci�n de las pruebas o por falta de apreciaci�n de �stas.
Lo anterior explica de manera incontestable que el asunto litigado no puede tener sino una instancia, porque no se trata de examinar la cuesti�n de fondo sino la regularidad formal a trav�s de las causales expresamente previstas, tal como lo se�al� la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casaci�n Civil -, en providencia del 13 de junio de 1990, cuando expres�: "M�s todav�a: para poner a salvo la estricta observancia de toda esa actividad in procedendo, y garantizar subsecuentemente el superlativo derecho de defensa de las partes, la ley colombiana vigente previ� positivamente la imposibilidad de impugnar el laudo, instituyendo al efecto el "recurso de anulaci�n del laudo" (art. 2020 del C�digo de Comercio hoy art�culo 37 del decreto premencionado [ 2279 de 1989] ).
"Acerca de este medio de impugnaci�n es preciso se�alar que su procedencia est� restringida en gran medida, y de manera particular porque solo es dable alegar a trav�s de �l las precisas causales que taxativamente enumera la ley con lo que es bastante para destacar que se trata de un recurso limitado y dispositivo. Su naturaleza jur�dica especial as� advertida, sube m�s de punto si se observa que a trav�s de dichas causales no es posible obtener, stricto sensu, que la cuesti�n material dirimida por los �rbitros pueda ser reexaminada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial que conozca de la impugnaci�n. No se trata, pues, de un recurso para revisar o replantear lo que ya fue objeto de decisi�n mediante arbitramento, como que en tal caso, entre otras cosas, muy f�cil quedar�a desnaturalizar la teleolog�a de acudir a ese tipo de administraci�n de justicia. Si tal se permitiese, ciertamente en nada habr�an avanzado las partes.
"Por el contrario, las causales de anulaci�n del laudo miran es el aspecto procedimental del arbitraje, y est�n inspiradas porque los m�s preciados derechos de los litigantes no hayan resultado conculcados por la desviaci�n procesal del arbitramento". Y m�s adelante consign�: "Ha de subrayarse entonces, que el Tribunal Superior a quien corresponda decidir el recurso de anulaci�n del laudo, tiene en verdad una competencia espec�fica, limitada y restringida, acorde justamente con la naturaleza indicada de la impugnaci�n de que conoce.
En la sentencia con que decida el recurso, pues, normalmente debe declarar si �l alcanza, o no, prosperidad, y en el primer supuesto, disponer lo que sea menester teniendo en mira lo que sobre el particular tambi�n dispuso expresamente la ley. Dicho en otros t�rminos, en la sentencia debe haber un pronunciamiento acerca de si el laudo en verdad est� afectado de nulidad, lo que solo ocurrir� si a su turno se abren paso las causales legales invocadas; caso contrario, declarar infundado el recurso" Dicho de otra manera, el recurso de anulaci�n del laudo arbitral se ha consagrado sobre la base del quebrantamiento de las formas esenciales del proceso, y est� encaminado a corregir irregularidades de actividad exclusivamente procesales que tengan la virtualidad de anular el proceso, pero no a corregir los de actividad puramente intelectiva, ya que por este mecanismo de impugnaci�n no se pretende construir una nueva decisi�n por carecer de segunda instancia, no pudi�ndose por ende, volver a examinar la cuesti�n de fondo resultante del laudo, puesto que los �rbitros fallan inapelablemente sin que pueda abrirse paso una valoraci�n diferente de las pruebas, para determinar si hubo o no error de derecho o de hecho en su apreciaci�n, por cuanto que las causales de anulaci�n solo miran el aspecto procedimental del arbitraje, en cuanto hacen relaci�n a la constituci�n de la relaci�n procesal, al desenvolvimiento de la misma y a los errores que se concreten en la fase decisoria, es decir, para corregir errores in procedendo porque se trata de un recurso para preservar el procedimiento.
Luego la impugnaci�n que ac� se hizo est� restringida a las causales precisas que en forma taxativa enumera el art�culo 38 del decreto 2279 de 1989. Por tanto, en el presente caso el Tribunal se abstendr� de hacer cualquier an�lisis de tipo f�ctico, que acarrea un replanteamiento o valoraci�n de lo ya decidido, y s�lo se concretar� a decidir los aspectos relacionados por el recurrente que guarden una intima relaci�n con las causales invocadas, teniendo en cuenta que �stas hacen referencia a asuntos eminentemente procesales que buscan solucionar los posibles defectos en la tramitaci�n del laudo arbitral, lo cual acarrea la imposibilidad jur�dica de cualquier planteamiento que pueda llevar a alg�n pronunciamiento sobre el fondo del asunto, o a indagar cualquier tipo de relaci�n de contenido sustancial, como lo ser�a la manera como se acord� el contrato entre las partes, su cumplimiento y la responsabilidad que del mismo pueda surgir.
En resumen, el estudio se circunscribir� a los puntos que corresponden a esta particular y espec�fica competencia. PRIMERA CAUSAL DE ANULACION INVOCADA: �Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo� (Numeral 6�, art�culo 163, Decreto 1818 de 1998). A t�rminos de lo prescrito en el art�culo 115 del citado decreto, el arbitraje puede ser en derecho, en equidad, o t�cnico, debiendo las partes indicar en la cl�usula compromisoria o en el compromiso el tipo de arbitraje, pues si omiten estipular al respecto el fallo que ha de proferirse debe ser en derecho.
El arbitraje es en derecho cuando los �rbitros fundamentan su decisi�n en el derecho positivo vigente; en equidad o conciencia cuando deciden seg�n el sentido com�n y la equidad; y t�cnico cuando los �rbitros emiten su fallo en raz�n de sus espec�ficos conocimientos en una determinada ciencia, arte u oficio. El motivo de anulaci�n del laudo arbitral por haberse fallado en conciencia y no en derecho, tiene que aparecer de manera ostensible y palmaria, por lo cual queda limitado a los casos en donde los �rbitros haciendo abstracci�n de los elementos de convicci�n incorporados y de las normas jur�dicas aplicables, resuelven el litigio bajo su �ntima convicci�n atendiendo exclusivamente al sentido com�n y a la equidad, y sin necesidad de acudir a ninguna clase de argumentaci�n jur�dica; luego, no hay fallo en conciencia ni siquiera cuando el Tribunal Arbitral interpreta err�neamente una norma jur�dica, o deja de aplicarla, o la aplica indebidamente, o incurre en indebida apreciaci�n del material probatorio.
Ac� el laudo arbitral se acusa de que �obedeci� a criterios subjetivos�, con apoyo en que �El hecho de la decisi�n de terminaci�n unilateral del contrato, al no haber sido suscrita por los contratantes, sino por uno de ellos, en estricto derecho no vincula ni obliga a �stos, contrario a si proviniera de las partes contratantes de tal suerte que al no haberse detenido en las consecuencias jur�dicas de esta actuaci�n y haberle dado efectos jur�dicos sin sustento sustantivo civil y comercial actu� de manera subjetiva y en conciencia�, y que algunas otras �consideraciones del laudo son trascendentales y resulta que para el Arbitro Unico no tuvieron importancia �.
Que las consecuencias jur�dicas que se�ala el recurrente no hayan sido advertidas, o que las consideraciones sean trascendentales y que el �rbitro no les haya dado la importancia que resalta la censura, en modo alguno significa, ni puede significar, que la decisi�n se hubiere proferido en conciencia. Por el contrario, examinado en su contexto el laudo, se advierte con total claridad que el mismo est� estructurado por la regularidad de la actuaci�n, la concurrencia de los presupuestos procesales, el an�lisis y valoraci�n de las pruebas recaudadas para establecer los hechos que quedaron acreditados en el proceso, las puntualizaciones correspondientes a la responsabilidad contractual y a la aplicaci�n del derecho positivo vigente a las decisiones tomadas, todo lo cual descarta la configuraci�n de esta primera causal.
SEGUNDA CAUSAL DE ANULACION ALEGADA. �Haber reca�do el laudo sobre puntos no sujetos a la decisi�n de los �rbitros o haberse concedido m�s de lo pedido� (Numeral 8 del art�culo 163 del Decreto 1818 de 1998) Esta causal se estructura cuando se profieren decisiones extra petita y ultra petita, vale decir, cuando se viola el principio de congruencia, por contener el laudo pronunciamientos sobre cuestiones que no fueron puestas a su consideraci�n y se concede m�s de lo pedido, o se dejan sin resolver materias de las que fueron sometidas a su composici�n. Es claro que los �rbitros tienen condicionado su poder decisorio a lo que las partes demanden expresamente, estando su intervenci�n limitada por los asuntos que �stas les demarquen en las pretensiones que se ejerciten en la demanda o por el contenido de las excepciones que sean propuestas, dado que debe existir adecuaci�n del fallo con el objeto y la causa que identifican la pretensi�n y la oposici�n que se haya planteado, por lo que el laudo ha da guardar consonancia con lo pedido y lo resistido, independientemente si es acertado o err�neo, es decir, sin atender a los argumentos acogidos por los �rbitros para pronunciar su decisi�n. Y es que el principio de la congruencia trae aparejada una relaci�n de conformidad entre las peticiones deducidas en el proceso por las partes y el fallo desde el punto de vista de su contenido decisorio, con la finalidad que correspondi�ndose ambos extremos queden resueltas de modo afirmativo o negativo todas las cuestiones que forman el litigio, de ah� que el desajuste debe mirarse comparando los pedimentos formulados con la decisi�n adoptada por el tribunal de arbitraje, para establecer de ese cotejo si efectivamente se resolvieron todos los planteamientos de las partes cualquiera que sea el concepto que merezcan sus consideraciones, no resultando v�lidos los argumentos enderezados a descalificar el m�rito del raciocinio que se impugna, pues la disonancia no podr� hacerse consistir en que el tribunal sentenciador haya apreciado la cuesti�n sub j�dice en forma distinta a como la estima alguna de las partes litigantes, o que se haya abstenido de resolver con base en los fundamentos esgrimidos por alguna de �stas, o de manera m�s resumida, mediante estas causales no se puede abordar el examen de las consideraciones que sirvieron como motivos determinantes del fallo.
En s�ntesis, en este preciso campo lo que debe establecerse es si el laudo arbitral fue decidido sobre puntos no sujetos a decisi�n, o se concedi� m�s de lo pedido, o se omiti� alguna resoluci�n deprecada por las partes, con abstracci�n de cualquier otro planteamiento ajeno a la causal misma y que ser�a propio de un recurso de instancia, por cuanto la naturaleza dispositiva del recurso y la autonom�a de las causales taxativas lo impiden.
Puestas as� las cosas, la incongruencia ha de buscarse parangonando lo decidido con lo pretendido y lo excepcionado, y no en extremos diferentes, dado que los �rbitros tienen condicionado su poder decisorio a lo que las partes les demandan expresamente, o lo que es lo mismo, est�n limitados por los asuntos que �stas les demarquen en las pretensiones o por el contenido de las excepciones que sean propuestas, sin que puedan desbordar los l�mites de su potestad resolviendo temas que no fueron formulados oportunamente, ni dejar sin decisi�n materias de las que fueron sometidas a su composici�n. El recurrente hace consistir la inconsonancia sobre el supuesto que el �rbitro se excedi� en lo pretendido al modificar � a motu propio la literalidad de la pretensi�n [1.2.] cuando involucra solo a MAJORCOL LTDA., haci�ndolo extensivo a los otros contratantes, m�xime cuando nunca hubo manifestaci�n de voluntad de �stos (no existe prueba), como lo contiene el Resolutivo Primero que involucra no solo a MAJORCOL LTDA. sino a EDGAR ADOLFO RIVEROS RIVERA, CARLOS AUGUSTO MEDINA Y SEREFRA LTDA., �.
Es suficiente para desechar el argumento de la censura, anotar que dentro de la primera audiencia de tr�mite recogida en el Acta No. 2 de 15 de diciembre de 2000, se profiri� �AUTO�, dentro del cual en su ordenamiento 2� se citaron a EDGAR GUSTAVO ADOLFO RIVEROS RIVERA, CARLOS ARTURO MEDINA y a la sociedad SEREFRA LTDA. para que comparecieran al proceso � como litisconsortes necesarios�, luego se impone concluir, que el laudo se pronunci� respetando los confines que el asunto controvertido demandaba, pues armoniza con lo que en esencia constituye la materia litigiosa, dado que no desbord� los l�mites de la contienda planteada, puesto que confrontadas las pretensiones de la demanda con lo decidido, se observa que hay una respuesta acompasada, dado que lo reconocido por el Tribunal no va m�s all� de lo planteado en el litigio, no pudiendo abrirse camino esta segunda casual.
Lo discurrido conduce a que deba declararse infundado el recurso de anulaci�n interpuesto, pues por la funci�n restringida y el rol en que se desenvuelve, por entero diferente a la que corresponde al arbitramento, y en atenci�n a las causales previstas en la ley para hacer viable la anulaci�n, es claro que por esta v�a no resultaba factible revisar las cuestiones de fondo contenidas en el laudo, como tampoco la valoraci�n probatoria en que se funda, pues su cometido no pod�a ir mas all� de controlar el desarrollo de la instancia arbitral, esto es, de corregir los excesos por degeneraci�n o por extralimitaci�n en el ejercicio de la funci�n arbitral, pero en modo alguno, pod�a tenerse por materia propia el m�rito de la controversia dirimida por los �rbitros, sin que sea procedente reexaminarla, por no tratarse de un recurso para replantear y revisar lo que ya fue objeto de decisi�n mediante arbitramento.
(Sobre el particular puede verse sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 21 de febrero de 1996. M. P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss). Al no prosperar ninguna de las causales de anulaci�n del laudo, se impone la condena en costas al recurrente, y como dentro de esta sentencia hay que liquidarlas con arreglo a lo previsto para los procesos civiles (art. 165 Decreto 1818 de 1998), tal condena se concretar� en la parte resolutiva.
D E C I S I O N: A virtud de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, D.C., en Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, R E S U E L V E:
PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso de anulaci�n interpuesto por el convocado LUIS MARCELO GUTIERREZ TOVAR.
SEGUNDO: CONDENAR en las costas del recurso de anulaci�n del laudo al recurrente. LIQUIDARLAS en la suma de tres millones quinientos mil pesos ($ 3.500.000oo) M/cte. COPIESE,
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE LOS MAGISTRADOS, EDGAR CARLOS SANABRIA MELO LUIS ROBERTO SUAREZ GONZALEZ JOSE DEL CARMEN VEGA SEPULVEDA Discutido y aprobado en la sesi�n que da cuenta el cuadro especial de registro de proyectos de providencias del 17 de julio de 2002. IMPORTANTE: Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 21 de febrero de 1996.
M. P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss. PAGE 1 ref p�gina \* ar�bico�Error! No se encuentra el origen de la referencia. ���������/��N��n��k�����hx�hx��x�hx�hx��x�hx�hx��x )()()2 (� �P �������56bc�������/���s(�(y+s.q2~2�6�6!7"7�7�79�B�C�CDD�J�J!Q*Q�QHR�RS�U�U�Y�Y�Y[[+[.[�[\\\\\x\�\�\�\]S^W^�^�����������������������������������������������������������������]`��a cU�V�]`��a c ]`��cU�]cU�]`��cU�]`��c U�V�]`��c U�V�]`��cU�]`��a c]`��a cU�]`��c ]`��cD�^�^�^�^�^�^�^�^�^�^_______-_._a_b_c_e_f_1a�����������������uU�a uDa`��c P%aP%uDP%uD)56bc�������� � � ����� � ���������������������������������h,0���h,0���@��h,0����ph,0����ph,0���h,��'�ij02���������#�#%%�&�&`*a*^+_+t.u.S3T3���������������������������������� h,'h,��'h,0���h,0���h,0���"T3�6�6!7"7�7�799<:=:==�?�?�B�B CC�C�CEE�G�G?LAL�M�MTPUPNROR�U�U�Y�Y[[��������������������������������������Sh&hh,0���h,0���&[,[-[�[�[\\w\x\ ]!]"]C]D]E]W]X]Y]t]u]v]�]�]�]�]�]U^V^W^�^�^�^�^�^�^������������������������������������3'h,��'h,��'h,0���h,0���"�^�^�^�^�^�^_____c_d_e_f_��������������'(P �,0����"`��(K"@��"Normal3 ]a c"A@���"Default Paragraph Font&�O�&Texto de nota al final *@� Endnote Referenceh$�O$Texto de nota al pie &@�! Footnote Referenceh0�O20tdc 1��0��,�$ a ,�OB,tdc 2��0�,�$ a ,�OR,tdc 3�p0�,�$ a ,�Ob,tdc 4�@0�,�$ a ,�Or,tdc 5�0�,�$ a *�O�*tdc 6�0�,�$a "�O�"tdc 7 �0�,a *�O�*tdc 8�0�,�$a *�O�*tdc 9�0�,�$ a .�O�.�ndice 1��`�,�$ a .�O�.�ndice 2��0�,�$ a 0�O�0encabezado de toa,�$a �O�t�tulo�O��_Equation Caption @ Header!�8! @" Footer"�8!$'@�1$Annotation Referencec$@B$Annotation Text$c)@�QPage Number.B@b.
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