11001 31 03 005 1998 00497 01 · Tribunal de Bogotá

��ࡱ�>�� SU��R��I �tXbjbj�� 1r��S��]��8 4�� ^^"�� $�� ^��,�� ^��y �� J�#;Uk�� TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT� SALA DE DECISI�N CIVIL Bogot�, D.C., treinta y uno de agosto de dos mil cinco.

Magistrado Ponente: Germ�n Valenzuela Valbuena Radicaci�n: 11001 31 03 005 1998 00497 01 Procedencia: Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot� Proceso: Ordinario Partes: Jorge Enrique Rodr�guez Villamar�n vs. Germ�n Gustavo Monroy Useche Asunto: Apelaci�n sentencia de 18 noviembre de 2003 Aprobaci�n: Acta N� 26 � 19 julio 2005 Decisi�n: Confirma Se resuelve el recurso de apelaci�n interpuesto por ambas partes contra la sentencia de 18 de noviembre de 2003, proferida en descongesti�n por el Juzgado Civil del Circuito de Chocont� (Cund.), mediante la cual accedi� parcialmente a las s�plicas de la demanda.

ANTECEDENTES 1. La demanda pidi� declarar que entre las partes existi� un contrato de obra civil cuyo objeto fue la construcci�n de parte del tramo de la v�a comprendida entre las carreras 81� y 97, costado sur de la Avenida �Luis Carlos Gal�n Sarmiento� de esta ciudad, contrato que fue incumplido por el demandado al no pagar al actor el valor acordado por la obra, y como consecuencia, condenarlo a pagar la suma de $270'868.009,oo, que corresponde al precio convenido, m�s $60'000.000 a manera de perjuicios, valores que deber� cancelar indexados.

En subsidio, pidi� que la condena fuera por $70'000.000 por concepto de perjuicios. 2. La demanda, en resumen, se bas� en lo siguiente: A. El contrato por el cual dio inicio a los trabajos el actor, en que se acordaron los precios unitarios y la cantidad de obra, no fue suscrito por el demandado; la obra, que hab�a de contar con las especificaciones se�aladas en el contrato 216 de 1996 adjudicado por el IDU al demandado, empez� el 20 de enero de 1997.

B. Mientras Monroy hizo una m�nima excavaci�n en los carriles de desaceleraci�n, el actor, efectu� el relleno y ayud� a la instalaci�n de la capa geotextil, obra esta que se llev� a cabo en diez meses, en los primeros de los cuales, am�n de las inclemencias del invierno que retard� los trabajos, tuvo que adelantar las excavaciones en forma apresurada ante la exigencia del demandado, quien pretend�a realizarla sin la supervisi�n de la interventor�a contratada por el IDU, motivo por el que, inclusive, fue necesario hacer una nueva excavaci�n para la tuber�a de aguas lluvias y negras.

C. Las condiciones en que se efectu� la obra generaron mayores gastos para el actor -alza en combustible, materiales, reajuste en sueldos de personal, derrumbes en la excavaci�n y p�rdida de materiales- que el demandado no ha reconocido, pese a que el IDU s� lo hizo. D. En efecto, de un total que asciende a $486.368.009, a que corresponde la obra realizada, hizo anticipos por $215.500.000, de lo cual resta un saldo de $270.868.009,oo.

E. El demandado adeuda, adem�s de la suma anotada, que corresponde a la pretendida por concepto del contrato, los perjuicios irrogados con su incumplimiento. Sin embargo, en el acta final se consign� que ese saldo es apenas de $52'198.140,oo, suma que tampoco ha pagado. 2. El demandado se opuso a las pretensiones sobre la base de que no hubo la relaci�n contractual a que alude el actor, haciendo ver que el escrito en que pretendi� documentarse el contrato, que no suscribi�, no corresponde a la realidad acordada de manera verbal, en cuanto que no fueron esos los valores pactados por concepto de la realizaci�n de la obra; propuso a la vez las excepciones de m�rito que denomin� "inexistencia de la relaci�n contractual", "inexistencia de las cantidades de obra y de labores o actividades alegadas por el demandante y enriquecimiento sin causa en caso de reconocimiento de tales conceptos", "inexistencia de obligaci�n de pago por compensaci�n de obligaciones" y la de "contrato no cumplido". 3.

Fracasada la fase conciliatoria se abri� el proceso a pruebas; entre �stas se tuvieron como tales las de car�cter documental aportadas con la demanda y la contestaci�n, se escuch� el testimonio de Jorge Eli�cer Florez Ruge, Alfredo Aviles Salazar, Alfredo Forero Rodr�guez, Edilberto Castellanos Matallana, Sa�l Ramiro Rinc�n Gualteros, Luis Eduardo Barbosa Rocha, Antonio Jos� Monroy Useche, Luis Ancelmo Rodr�guez Guti�rrez y Fernando Devia Ord��ez, se oy� la declaraci�n de las partes, se incorporaron las copias remitidas por el IDU alusivas al contrato de obra celebrado con el demandado y se realiz� una inspecci�n judicial con intervenci�n de peritos, quienes rindieron su experticia sobre cuestiones relativas al proceso. 4.

Fenecido el t�rmino de pruebas se corri� traslado a las partes para alegar, derecho del cual hizo uso el demandado. 5. As� las cosas, el Juzgado del Circuito de Chocont�, al que fuera remitido el asunto atendiendo lo dispuesto en el acuerdo 1875 de 18 de junio de 2003, profiri� sentencia declarando no probadas las excepciones propuestas, salvo la de contrato no cumplido, accediendo parcialmente a las s�plicas de la demanda, en cuanto declar� "inexistente" (sic) el contrato de obra a que se contrae la demanda, y que, a cuenta de �ste el demandado adeuda al actor la suma de $52'198.140,oo, que deber� pagar indexada. 6.

Contra dicha decisi�n interpusieron los contendientes el recurso de apelaci�n. CONSIDERACIONES 1. Es muy de notar que el Juzgado, para dar en la condena a que se ha hecho menci�n, se atuvo estrictamente a la confesi�n del demandado, quien, a la par con dos de los testigos, de siempre anduvo aceptando en el litigio que si algo adeuda al actor a cuenta de la ejecuci�n del contrato celebrado con �l, esa cifra no puede ser superior a la tasada; y esto porque en ninguna otra probanza hall� se�ales para concluir que fuera m�s, ni tampoco menos. Y viene al caso poner de relieve lo anterior, porque, justamente, la apelaci�n de las partes rebate exclusivamente esa apreciaci�n del fallo; as�, al paso que el actor, a ese prop�sito, reclama una cifra mayor y fuera de ello los perjuicios denegados, el demandado aspira a que no se le condene al pago de ninguna suma.

Despu�s de todo, seg�n lo alega, el demandante fue incumplido. La verdad es que la controversia termin� reducida a dichos extremos, tal vez en raz�n de que la disputa acerca de la existencia del contrato perdi� inter�s desde el instante el que el demandado convino en que lo del acuerdo obligacional fue a la postre cierto, pues en todo caso se celebr� entre las partes un contrato verbal para realizar la obra, mas no lo de los t�rminos a que se refiere la demanda.

Fue por ello que la controversia deriv� a un plano distinto, donde se busc� determinar no tanto cu�les fueron en realidad los t�rminos del contrato que en efecto ajustaron entre ellos, sino a establecer cu�nta obra fue la que en realidad hizo el demandante, lo mismo que su precio y a qu� punto la ejecut� de acuerdo con las especificaciones con que �sta deb�a contar, pues a partir de ese dato podr�a saberse si hab�a lugar a reconocer alguna cifra a su favor como contraprestaci�n y si exist�an elementos para concretarla. 2.

Pues bien, ya en lo atinente a la apelaci�n del actor, inconforme con la determinaci�n del a-quo, am�n de cuestionar la inconsistencia que de entrada se aprecia en la parte dispositiva del fallo, donde se dijo declarar la "inexistencia" del contrato, siendo que lo real fue la "existencia" (aspecto que, por lo dem�s, tambi�n discute el demandado), se resiste a aceptar no s�lo que se lo haya tenido por incumplido, cosa que refuta alegando que la obra se realiz� con arreglo a las especificaciones t�cnicas establecidas, sino que por toda contraprestaci�n pueda reconocerse apenas esa cifra ($52'198.140), en la medida en que, a su juicio, en el proceso se acredit� plenamente que la extensi�n de la obra que hizo, punto medular de la controversia, es mucho mayor a la que el demandado se refiri� al admitir que adeudaba un saldo respecto del contrato; as� lo demuestra, seg�n lo explica la apelaci�n, el contrato mismo, que si bien no fue suscrito por el demandado, contiene algunas precisiones (hechas de pu�o y letra por el demandado) que confieren certeza de ello, certeza la cual, por lo dem�s, viene a corroborarse con otros medios de prueba del litigio, a saber, la abundante prueba documental con que �ste fue abastecido, y la pericial, que revela c�mo entre los rubros pretendidos y los trabajos realizados hay perfecta concordancia. Dicho planteamiento, empero, luce desde todo punto de vista contradictorio; y ello porque en �ltimas tiene por fin hacer que el contrato, o por lo menos el documento en que trat� de verterse, prevalezca a la hora de regular las relaciones que se dieron entre las partes, pero s�lo en cuanto convenga con los intereses del actor, que no cuando su clausulado se ofrezca en desmedro de ellos.

Esto se hace palpable cuando al tratar de quitarse de encima aquello del incumplimiento que le endilga el demandado, incumplimiento que avizor� el a-quo concluyendo que debido a �l no pod�a reclamar perjuicios, el actor no hace cuenta de las estipulaciones del pretendido contrato, como si ellas no formaran parte del clausulado cuya fuerza vinculante pregona; apenas si da en destacar que si hubo demora de su parte, �sta, am�n de intrascendente, desde que las obras todav�a perduran, lo que es indicativo de que fueron bien hechas, se dio no por su culpa sino a cuenta del omiso demandado que no inform� sobre todas las especificaciones de la obra.

Mas, cuando as� se expresa el demandante, pasa por alto que el contrato, al que se aferra a efectos de que se le tenga como ley aplicable al demandado, estableci� unos plazos bastante inferiores a los que de hecho se tom� la realizaci�n de la obra, lo mismo que la utilizaci�n de unos materiales que no cumpl�an con las especificaciones t�cnicas requeridas por la interventor�a, y fuera de ello estableci� la obligaci�n del "contratista" de constituir una p�liza de cumplimiento y estabilidad de obra, cuya existencia nunca se comprob� en el proceso.

No obstante, si de aplicar el contrato se tratara -eventualidad que est� en duda-, lo cierto es que tanto para lo favorable al actor como para lo desventajoso para �l tendr�a que regir. 3. Con todo, con abstracci�n de ello, lo �nico en claro es que de la confrontaci�n entre el documento visto a folios 77 y 78 del cuaderno 1, que en �ltimas es la base de la confesi�n que demarc� la condena que hizo el Juzgado, y las otras pruebas del litigio, debe salir airoso el dicho documento.

Las otras pruebas, es indiscutible, no dan para reconocer al demandante una cifra distinta a la que tas� el Juzgado; ni el contrato, o mejor, el proyecto de contrato arrimado al litigio, ni los testimonios recaudados, ni la abundante prueba documental -que seg�n el actor despeja el punto- ni mucho menos la pericia, entregan suficiente certeza para pensar que la cifra a que tiene derecho el demandante sea otra. 4.

Y todo porque al punto existen tal c�mulo de inconsistencias y contradicciones que nada permitir�a optar por una cifra distinta al momento de averiguar si realmente pudo el actor demostrar, como lo impone la regla probatoria del art�culo 177 del estatuto procesal civil, que su derecho va m�s all� del que reconoci� el a-quo. a) Empezando por el proyecto de "contrato" propiamente dicho; habla �ste, ciertamente, de las obras que hab�a de realizar el actor y cu�les las especificaciones t�cnicas, al igual que el plazo y otras obligaciones en cabeza del "contratista".

Y en verdad tiene unas frases manuscritas puestas por el demandado, al parecer, seg�n dio en se�alarlo en el interrogatorio que absolvi�, a manera de objeci�n a lo estipulado; pero de all� a concluir que por ello debe tomarse como referente para determinar cu�nta fue la obra que en realidad hizo el demandante y cu�l su valor es un desprop�sito, no propiamente porque envuelva un intento vano por desconocer la carga de probar que corre en cabeza del actor, cosa que en �ltimas resulta lo de menos, sino en la medida en que entre dicho clausulado y lo expresado en la demanda existen una serie de discrepancias que de ning�n modo autorizan a tenerlo para los efectos que pregona el actor, as� se diga que de las cifras que contiene podr�a pensarse en que tiene repercusi�n probatoria en el tema. b) N�tese c�mo, mientras en lo relativo al valor total de la obra el comentado texto refiere la suma de $339.507.172, con un anticipo equivalente al 30%, la demanda, en forma inexplicable, dice que el total es de $486'368.009, y que el anticipo efectivamente recibido fue de $215'500.000.

Y si no hay consistencia en ese aspecto, �c�mo definir el punto en los t�rminos que propone el actor si desde un comienzo surgen interrogantes de ese calado?. c) Y tanto m�s si, como es patente, las inconsistencias no paran ah�; en efecto, dice la demanda que el total adeudado, luego de terminadas las obras ejecutadas es de $270.868.009, cifra a que se contrae la demanda.

Pero extraprocesalmente el actor sostuvo en comunicaci�n de 13 de febrero de 1998 (f. 73 c. 1), cuya referencia es "liquidaci�n total subcontrato corte y rellenos obra Av. Luis Carlos Gal�n", que ese saldo es de $165'313.725, cifra muy por debajo de la que refiere la demanda. d) Lo que no es todo, pues tambi�n en lo tocante con la obra ejecutada hay igualmente inconsistencias entre el planteamiento que trae el libelo de demanda y lo que revela el expediente; as� porque mientras el actor sostiene que realiz� la obra en casi toda su magnitud, el expediente no apunta a ello.

Lo que muestra es que los problemas en el desarrollo de los trabajos surgieron a ra�z de que los materiales del relleno no cumplieron con las caracter�sticas t�cnicas fijadas por el interventor, motivo por el cual fue preciso remover parte del relleno para acondicionarlo a los t�rminos requeridos por el IDU, situaci�n que crea un alto grado de incertidumbre sobre la veracidad del aserto del que arranca el demandante, tanto m�s si �ste reconoce que en cierto momento de la obra fue necesario remover el relleno, aunque justificado en otra cosa.

Al efecto est� la misiva de 10 de febrero de 1998 dirigida por el demandado a Jinversiones Ltda. y/o Jorge Rodr�guez V., donde relieva esta circunstancia, asegurando, sin embargo, que los costos adicionales de materiales le fueron reconocidos sin objeci�n. Esto, que acompasa con el dicho de algunos testigos, en especial Sa�l Ramiro Rinc�n Gualteros y Antonio Jos� Monroy Useche, quienes en sus versiones dieron cuenta del incidente, haciendo ver que quien corri� con los sobrecostos fue Monroy y no el actor, est� diciendo en el fondo que aunque pudiera ser cierto que los trabajos los adelant� Jorge Rodr�guez, por lo menos en las zonas en que fue necesario volver a excavar, al tener que repetir la obra no lo es, cual lo alega el demandante, que toda ella la llev� a cabo �l. 5.

Es decir, por donde se mire el tema no asoma m�s que incertidumbre; y lo significativo de ello es que, al margen de que lo de la ejecuci�n de las obras no es cosa que se revele clara, pues en �ltimas no hay modo de saber entonces cu�l fue la cantidad exacta que hizo el demandante y a qu� sumas tiene derecho en contraprestaci�n, lo que si se muestra evidente es aquello de que hubo incumplimiento de su parte, algo que as� acab� demostrado en el litigio, toda vez que ninguna otra prueba desvirt�a que parte de la obra tuvo que rehacerse porque los materiales utilizados no fueron id�neos, sin que, de otro lado, pueda admitirse que esto advino fue en raz�n de que el demandado no dio en forma cabal las instrucciones para hacer el relleno, cosa que, aun de tener alg�n influjo en la determinaci�n del incumplimiento, que no es as�, tampoco fue demostrada. 6.

Incluso sin miramientos a esas inconsistencias, tendr�ase que, en cualquier caso, no hay certeza de que las obras realizadas sean las que alega el demandante y que su valor sea exactamente el que viene aduciendo. a) Los dem�s testimonios, esto es, los de Jorge Eli�cer Fl�rez Ruge, Alfredo Aviles Salazar, Alfredo Forero Rodr�guez, Edilberto Castellanos Matallana, Luis Eduardo Barbosa Rocha, Luis Ancelmo Rodr�guez Guti�rrez y Fernando Devia O., que en verdad corresponden a personas que tuvieron algo que ver con el desarrollo del proyecto, apenas si hablan de modo general de la forma en que se adelantaron; el suministro de materiales, la excavaci�n, el relleno, la maquinaria utilizada y las volquetas que transportaban los elementos para el relleno, pero en concreto no permiten deducir que la obra fue mayor a la que refiere el documento que obra a folios 77 y 78 del cuaderno 1, donde Monroy Useche present� una "relaci�n de trabajos ejecutados por Jorge Rodr�guez", en cuyo resumen indic� un saldo final a pagar de $52'198.140. b) As� que, en resoluci�n, si ninguna otra prueba, distinta a la confesi�n en que el Juzgado hizo pie para fulminar la condena, confesi�n que armoniza con la prueba documental que acaba de citarse, da cuenta de una cifra distinta a la reconocida, mal podr�a entonces el Tribunal, sobre bases absolutamente conjeturales, entrar a variarlas, dando de mano as� no s�lo con el principio de la necesidad de la prueba, sino con la carga que pesa en cabeza de quien afirma los hechos. c) Menci�n aparte requiere la pericia. El actor plantea escuetamente en la apelaci�n que hay en dicha experticia elementos para concluir que los valores adeudados son los que pregona la demanda; pero, es evidente, la prueba no tiene tal virtualidad.

Y as� resulta porque desde los mismos cuestionamientos que se hicieron a los expertos en la inspecci�n judicial se ve que jam�s pudo probar que los valores adeudados son distintos a los reconocidos en la mentada liquidaci�n final de los folios 77 y 78. Es palmar, si el tema alusivo a los t�rminos del contrato no est� claro, como tampoco qued� lo relativo a la obra que de ciencia cierta dice que ejecut� el demandante, �c�mo pod�an los peritos arribar a una cifra distinta a la que tantas veces se ha hecho menci�n? Justamente por esa dificultad es que la pericia apenas si menciona las caracter�sticas t�cnicas de la obra, pero esto y nada m�s, de donde, rep�tese, no es �sta prueba id�nea para desvirtuar el documento de los folio 77 y 78, cuyo contenido, por lo dem�s, guarda concordancia con el visible a folios 36 y siguientes, en que el demandado hizo un detalle completo de todas las obras realizadas por Rodr�guez. 7.

Restar�a por examinar s�lo los puntos de inconformidad del demandado, quien al apelar discute la procedencia de la condena, pues considera que ante el incumplimiento demostrado de parte del demandante, mal pod�a reconocerse a favor de �l indemnizaci�n de perjuicios. Adrede se ha dejado para el final este aspecto de la controversia, no obstante que por razones l�gicas deber�a haberse analizado adelante, en la medida en que para resolverlo era necesario un previo estudio de las s�plicas del actor.

En verdad, como se desprende de todo lo que viene expuesto, al dar despacho favorable a las s�plicas del actor, el Juzgado parti� de la base de que lo reconocido en su favor es tan s�lo las sumas que como contraprestaci�n le adeuda Monroy a cuenta de los trabajos realizados y no pagados. No, como es del todo evidente, a t�tulo de indemnizaci�n de perjuicios, petici�n que, precisamente por haber encontrado que Rodr�guez incumpli� el contrato, no tiene derecho a reclamarlos.

Ahora, si lo reconocido es nada m�s que los rubros adeudados, carece de asidero entonces el reclamo que por ese aspecto expone la apelaci�n, desde luego que siendo fuente de la indemnizaci�n el resarcimiento de perjuicios, toda disputa que por fuera de sus lindes se intente es vacua. Ello, claro, sin contar con que, de todos modos, como lo dice la jurisprudencia de la Corte, el art�culo 1609 del C�digo Civil, que consagra a nivel positivo la exceptio non adimpletti contractus "enerva apenas la pretensi�n indemnizatoria consecuencial dejando inc�lume la resoluci�n ora el cumplimiento deprecados" (Cas.

Civ. Sent. 7 de diciembre de 1982), lo que, en buenas cuentas, descartar�a desde todo punto de vista la posibilidad de que las s�plicas que han salido avantes no tuvieran esa suerte. 8. En consecuencia, se confirmar� el fallo impugnado, sin lugar a imponer costas, habida cuenta que ninguno de los apelantes triunf� en sus aspiraciones impugnativas.

El actor, en cuanto no logr� destruir la imputaci�n de que incumpli� los t�rminos del contrato ni tampoco que la cifra a que tiene derecho como contraprestaci�n por su obra sea distinta a la que reconoci� el a-quo, y el demandado en la medida en que, como se anot�, debe correr con el pago de la cantidad a que se hizo alusi�n. Se aclarar�, s�, la imprecisi�n en que cay� el Juzgado al declarar inexistente el contrato, pues resulta evidente que ello obedece a un lapsus, ya que la l�gica indica que lo que pretendi� declarar fue su existencia y no lo contrario. �/.

DECISI�N Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, D.C., en Sala de Decisi�n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en todas sus partes la sentencia apelada, de fecha y origen anotados, aclarando el numeral 3.2 de la parte resolutiva, en cuanto lo declarado all� es la existencia del contrato y no como qued� expresado.

Sin costas. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE Los Magistrados, GERM�N VALENZUELA VALBUENA RICARDO ZOP� M�NDEZ DORA CONSUELO BEN�TEZ TOB�N P�GINA P�GINA 13 1998-0497sentencia Ord. Jorge E. Rodr�guez Villamar�n vs.Germ�n Gustavo Monroy Useche 2I��jm�� "��>@�� ''�/�/�Q�QiTnT�U�U�V�VtW�W�W�W�W�W�W�W�W�W�W�W�WXXX XXXXXXXPXRXpXsXtX��CJ6�CJ0JmH0J j0JU jU6�CJCJH*6�CJ5�CJCJCJ5�CJD2IJ��3�� #$? @ � � � � ��dh$dh$dhd��$d8�$$2IJ��3�� #$? @ � � � � ^ _ op12 ��ac]^��$�$s&t&)))+*+�+�+�.�.�/�/4 4�5�5�7�7;;>>vAwAOBPB�E�EgGhG`IaILL�M�M�O�O�R�R�T�T�U�U��c� ^ _ op12 ��ac]^��$dh$dhdh��$�$s&t&)))+*+�+�+�.�.�/�/4 4�5�5�7�7;;>>vAwAOBPB��dhPB�E�EgGhG`IaILL�M�M�O�O�R�R�T�T�U�U�U�U�UfWhWtWuW�W�W��dh$dh$dhdh�U�U�U�UfWhWtWuW�W�W�W�W�W�W�W�W�W�W�W�W�W�W XXpXqXtX�� W�W�W�W�W�W�W�W�W�W�W�W�W�W�W�W�W�W�W�W�WX X XX��h&`#$�� $��dh $��L�dh$dhdhXpXqXrXsXtX�� $��dh�h ��/ 0&Py1�h��/ �"I!��"��#��$��%��n�� [8@��8NormalCJ_HaJmH sH tH FA@��FFuente de p�rrafo predeter.4@�4 Encabezado ��8!0)@�0N�mero de p�gina: : Pie de p�gina ��8!@B@"@Texto independiente$a$828Texto nota pieCJaJ:&@�A:Ref. de nota al pieH*6�R6Est.2$a$6�;�aJmH sH 2>@b2T�tulo$a$5�CJaJD�rDTexto de globoCJOJQJ^JaJtTr�� tX0� �PB�WXtX134578�UtX26"%�!�!��^h��#�� )6?T]��m&z&�2�2Y7e7�7�7`8i8y88�8�8�8�8�=�=�>�>�>�>�>�>�>�> ??0?5?�@�@�J�J�M�M�M�M�M�M5N8N�N�N�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�SDTNTPTYTbThTrTuTJ��23n��@�v �0*1�1l7�7�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�S�SrTuT��CSJCSJCSJCSJ****evillampCONSEJO SUPERIOR JUDICATURAe\\SC_GVALENZU1\german\sent ordi 05\1998-0497subcontra obra Idu Jorg Rquez vs German Monroy confir.doc�x�MF�B��^��`��o()� ��^��`��h�H.� �p�L��p^�p`�L��h�H.� �@��@^�@`��h�H.� ��^�`��h�H.� ��L��^��`�L��h�H.� ��^��`��h�H.� ��^��`��h�H.� �P�L��P^�P`�L��h�H.�x�M��@��UDtT�@G��:�Times New Roman5��Symbol3&��:�Arial5&��:�Tahoma"1��f��&P<$7E#�tG$�|��0dUtS��1TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT�evillampCONSEJO SUPERIOR JUDICATURA��Oh��+'��0��( LX t�� 2TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT�NSRIB evillampSUPvilvilNormal.dotPCONSEJO SUPERIOR JUDICATURA80SMicrosoft Word 8.0D@h�a@�|Ћ�@��Q5��@laQk��$7E��՜.��+,��D��՜.��+,��`hp|�� N�#U� 2TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT�T�tulo� 6> _PID_GUID�AN{D11CEE06-5EEE-4BC3-A333-FC81401C5E84} !"#$%&'()*+,-./0123456789��;<=>?@A��CDEFGHI��KLMNOPQ��T��Root Entry�� F��j5��KDUk��V�1Table��:WordDocument��1rSummaryInformation(��BDocumentSummaryInformation8��JCompObj��k�� FDocumento Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8�9�q