11001 31 03 007 1993 1960 01 · Tribunal de Bogotá

��ࡱ�>�� |~��{��5@ ��ybjbj�2�2 3��X�X�pyY��84JL�F%��:��$�$�$�$�$�$�$$�%RN(��$��$��%i#i#i#��$i#��$i#Ti#�#��#��x�A��q!��#Y$l%0F%�#�("��(�#��(��#��i#��$�$��"j�� TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT� SALA DE DECISI�N CIVIL Bogot�, D.C., de noviembre de dos mil cinco.

Magistrado ponente: Germ�n Valenzuela Valbuena Radicado: 11001 31 03 007 1993 1960 01 Procedencia: Juzgado 7� Civil del Circuito de Bogot� Proceso: Ordinario Ana Celia Beltr�n de Mu�oz vs. Luis Alfonso Barrios Fierro y Seguros del Estado Asunto: Apelaci�n de Sentencia Aprobaci�n: Acta N� 41 - 11 de octubre de 2005 (*) Decisi�n: Revoca Se procede a decidir el recurso de apelaci�n interpuesto por la demandante y por el demandado Luis Alfonso Barrios, contra la sentencia del 17 de octubre de 2003.

ANTECEDENTES 1. Ana Celia Beltr�n de Mu�oz promovi� demanda ordinaria contra los demandados de la referencia, para que se declare que ellos son civilmente responsables, como propietario del veh�culo y empresa aseguradora, de los da�os ocasionados en el accidente de tr�nsito que termin� con la vida del hijo de la demandante Jaime Alonso Beltr�n Mu�oz; como consecuencia, que se les condene a pagar los perjuicios materiales por la suma de $20�000.000, y los perjuicios morales por la suma de $5�000.000, adem�s de que se reconozca y pague la suma de $102.992, por concepto de gastos en que incurri� por medicamentos y otros conceptos afines, m�s la correcci�n monetaria sobre las anteriores sumas e intereses legales causados hasta la fecha de su liquidaci�n. 2.

Como sustento f�ctico de la acci�n, se expuso: A. Siendo las 7 de la noche del 8 de marzo de 1991, a la altura de la Carrera 86 con Calle 65 Sur, la buseta de servicio p�blico de placas SA 9155, afiliada a la empresa Compa��a Nacional de Microbuses - Comnalmicros S.A., conducida por N�stor Barrios Perdomo, atropell� a Jaime Alonso Mu�oz Beltr�n, quien iba en una bicicleta, caus�ndole heridas graves que lo llevaron a la muerte.

B. Contra el conductor del automotor se adelant� la respectiva acci�n penal, que culmin� con sentencias condenatorias de primera y segunda instancia, siendo condenado al pago del da�o material y de los respectivos perjuicios morales. C. Que tanto el propietario del rodante como la compa��a aseguradora, se encuentran obligados a pagar los perjuicios derivados de la muerte de Jaime Alonso Mu�oz Beltr�n, el primero, por ser el guardi�n jur�dico del bien, y la compa��a de seguros, en virtud de la p�liza de seguro 251-5088-336.

TR�MITE DE LA INSTANCIA Tras admitirse la demanda el 28 de septiembre de 1993, se dispuso la notificaci�n de los demandados. La compa��a aseguradora se notific� por conducto de su representante legal (f. 109 c. 1) y mediante apoderado judicial admiti� como cierto s�lo el primer hecho de la demanda; se opuso a las pretensiones y bas� su defensa en las excepciones de �cobro de lo no debido, riesgo no amparado e inexistencia de la obligaci�n�.

El demandado Luis Alfonso Barrios Fierro se notific� personalmente (f. 141 c. 1) y en tiempo, a m�s de llamar en garant�a a la aseguradora tambi�n demandada, se opuso a la prosperidad de la demanda con las siguientes excepciones: �prescripci�n de la acci�n, inexactitud de las sumas pretendidas cobrar, traslado del pago de la indemnizaci�n a cargo de Seguros del Estado en su condici�n de asegurador, y falta de legitimaci�n en la causa por parte de Luis Alfonso Barrios Fierro�.

En cuanto al llamamiento en garant�a, la sociedad demandada y llamada resalt� su doble condici�n, remiti�ndose a su contestaci�n de la demanda y adicion� que ning�n pago se ha efectuado, porque no hubo reclamaci�n. Citadas las partes para adelantar la audiencia de que trata el art�culo 101 del C�digo de Procedimiento Civil, se declar� fracasada la conciliaci�n. Por lo tanto, se inici� la etapa de las pruebas, decret�ndose las regular y oportunamente propuestas por los extremos.

Por �ltimo se concedi� la oportunidad para alegar de conclusi�n, que fue aprovechada por la demandante y la sociedad demandada. EL FALLO IMPUGNADO El a quo declar� no probadas las excepciones de m�rito, salvo el l�mite de la garant�a o de responsabilidad que propuso Seguros del Estado al contestar el llamamiento que le hizo el demandado Luis Alfonso Barrios; conden� a los demandados a pagar $560.920 por da�o emergente, y en especial conden� a la persona natural demandada al pago de $5�000.000 por concepto de da�o moral, sumas de dinero respecto de las cuales orden� su indexaci�n a la fecha en que se realice el pago, adem�s de reconocer los intereses legales desde la presentaci�n de la demanda, y por �ltimo conden� en costas a la demandada.

Para desestimar las excepciones, en s�ntesis dijo que, probada la ocurrencia del accidente que conllev� a la muerte de la v�ctima, es objetiva la responsabilidad, toda vez que no se acredit� ninguna causal eximente; que los presupuestos de tal responsabilidad, hecho, da�o y nexo de causalidad se encuentran presentes; que como la responsabilidad civil impone a una persona la obligaci�n de reparar el da�o causado a otra, el propietario del veh�culo debe indemnizar a quien sufri� el da�o; y para el caso de la aseguradora, �sta debe amparar el detrimento patrimonial, esto es, debe condenarse al pago que se imponga al tomador de la p�liza; y que como con la muerte del ciclista se caus� un da�o, ello implica unos perjuicios de car�cter pecuniario.

FUNDAMENTOS DE LA ALZADA 1. El demandado Luis Alfonso Barrios apela la sentencia pues estima que no se hizo consideraci�n alguna frente a las excepciones, y especialmente la de prescripci�n; que no se tuvieron en cuenta los argumentos expuestos en la contestaci�n de la demanda, debiendo ser pilar para la decisi�n. Afirma que �l se notific� del auto admisorio el 26 de septiembre de 1994, y que si Seguros del Estado lo hizo antes, ello fue exclusivamente en relaci�n con la pretensi�n acumulada, derivada de la p�liza del seguro obligatorio, la que le era ajena; que dicho acto no interrumpi� el t�rmino de prescripci�n a su favor, y que para la fecha de notificaci�n de la providencia ya hab�an transcurrido los 3 a�os estipulados en el art�culo 2358 del C�digo Civil, pues, el accidente ocurri� el 18 de marzo de 1991.

As� mismo, considera que el valor de la indemnizaci�n por da�o moral es excesivamente alto, por lo que, de no prosperar la excepci�n de prescripci�n o cualquiera otra, deber� cuantificarse dicha tasaci�n. 2. La parte demandante y vencedora, a su turno se�al� que quien comete un crimen debe responder civilmente; que mal puede pagarse la vida de una persona con una condena de $560.092; que la misma Constituci�n establece que quien causa un da�o debe repararlo; que las pruebas trasladadas tales como las copias de primera y segunda instancia proferidas por la jurisdicci�n penal, y el haberse demostrado que la v�ctima viv�a con su madre y que depend�a de �l econ�micamente, no fueron tenidas en cuenta, incurriendo de esta manera en un rigor exeg�tico probatorio, negando as� el derecho que le asist�a a la demandante para reclamar los perjuicios materiales derivados de la muerte de su hijo, y los perjuicios ciertos, actuales y futuros.

Arguye que el juez tom� parcialmente la experticia y no fall� en derecho ni en conciencia, sino que lo hizo con un aterrador sentido de la ex�gesis, la dogm�tica y el rigorismo de la prueba, sin tener en cuenta los art�culos 228 y 230 de la Constituci�n Pol�tica, ni el 4� del C�digo de Procedimiento Civil; que en repetidas ocasiones ha sostenido la jurisprudencia que ante la imposibilidad de demostrar los ingresos de la v�ctima, deber� tenerse el salario m�nimo legal vital para la existencia del ser humano, y que al no efectuar tal proceder, se hace nugatorio el derecho sustantivo.

Finalmente, manifiesta que los perjuicios morales deben ser decretados en dos sentidos: objetivo y subjetivo, y en el presente caso tan solo se tuvo en cuenta una apreciaci�n subjetiva sin observar el valor real del dolor que ha sufrido la madre durante todo el tr�mite de la actuaci�n; que es por ello que la providencia debe ser revocada, y fallar con base en las pruebas.

CONSIDERACIONES 1. Como quiera que se encuentran reunidos a cabalidad los presupuestos procesales y no se observa vicio alguno capaz de invalidar lo actuado, es preciso emitir un fallo sobre el fondo del asunto. 2. De manera indudable este proceso fue promovido para que se declare que existe responsabilidad civil a cargo de los demandados, seg�n se infiere de las s�plicas de la demanda, as� como de los fundamentos de hecho y de derecho invocados en respaldo de la misma, debido a un accidente de tr�nsito acaecido 8 de marzo de 1991 en esta ciudad, donde, como consecuencia de �ste, falleci� Jaime Alfonso Beltr�n Mu�oz, hijo de la demandante.

Como se sabe, la responsabilidad civil extracontractual es aquella que se origina por una lesi�n a un derecho subjetivo, conocida tambi�n como responsabilidad aquiliana, en la cual puede incurrir cualquier persona respecto de otra, pues los derechos como la propiedad, la vida, el honor, pueden resultar vulnerados en cualquier momento. Se itera que el nacimiento de obligaciones a partir del da�o que infiere una persona a otra como consecuencia de un hecho (dolo o culpa), tiene su origen en la disposici�n contenida en el art�culo 2341 del C�digo Civil.

Esta especie de responsabilidad civil �supone siempre una relaci�n entre dos sujetos, de los cuales uno ha causado un da�o y otro lo ha sufrido. La responsabilidad civil es la consecuencia jur�dica de esta relaci�n de hecho, o sea la obligaci�n del autor del da�o de reparar el perjuicio ocasionado. Por este motivo se advierte que la responsabilidad civil se resuelve en todos los casos en una obligaci�n de reparaci�n. Por tanto, es responsable aquel sujeto que queda obligado a indemnizar el perjuicio causado a otro, no obstante no es obligado a repararlo� (Valencia Zea, Arturo, Derecho Civil, De las Obligaciones, Tomo III, p�gina 202) (resaltado fuera de texto).

En otras palabras, �se dice que un individuo es responsable cuando est� obligado a indemnizar un da�o. En derecho civil hay responsabilidad cada vez que una persona debe reparar el perjuicio o da�o sufrido por otra� (Alessandri Arturo. Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil, Ediar Editores Ltda., Santiago, 1983, p. 11) 3. Hay que tener en cuenta de forma previa que para esta clase de acci�n se encuentra legitimada en la causa, por parte activa, para solicitar la indemnizaci�n de perjuicios, la v�ctima, sea que se trate del due�o, el poseedor, su heredero, usufructuario, habitador o usuario del bien, conforme lo se�ala art�culo 2343 del C�digo Civil, y est� legitimado en la causa por pasiva quien caus� el da�o o sus herederos, quien recibe provecho del dolo ajeno, sin haber tenido parte en �l, pero s�lo es obligado hasta concurrencia de lo que valga el provecho que hubiere reportado (art�culos 2343 y s.s. C�digo Civil).

Como se observa, quien acudi� a la jurisdicci�n se encuentra legitimada en la causa, por ser madre y heredera del fallecido Jaime Alonso. Por su lado, la legitimaci�n pasiva quedar� sujeta a lo que se acredite dentro del proceso. Entonces, aqu� debe establecerse la concurrencia de los elementos que generan responsabilidad por los delitos o las culpas.

Doctrinaria y jurisprudencialmente se ha dicho que debe existir un da�o, una culpa y que entre aqu�l y �sta haya un nexo causal. 4. Previamente a indagar sobre la responsabilidad que se endilga a la parte demandada y que se encuentren reunidos a cabalidad el c�mulo de requisitos antedichos, es preciso establecer si se edifica la acci�n en la culpa probada o presunta del autor del da�o. De forma liminar se advierte que aqu� el da�o, traducido en la muerte de Jaime A. Beltr�n, se produjo como consecuencia del ejercicio de una actividad peligrosa, como lo es la conducci�n de veh�culos automotores, espec�ficamente del autob�s que d�jose era de propiedad de Luis Alfonso Barrios.

As�, quien pretenda obtener indemnizaci�n por el da�o, en principio le basta demostrar el hecho da�oso ocurrido como consecuencia directa y necesaria del desarrollo de la actividad peligrosa que desempe�aba el demandado. En efecto, al contestar la demanda el convocado acept� la ocurrencia del lamentable hecho, sin reproche alguno; la muerte del hijo de la demandante se acredita con la copia del certificado de defunci�n, en la cual se indica que el deceso acaeci� el 14 de marzo de 1991, como consecuencia de un accidente de tr�nsito.

As�, se acredita la existencia del da�o. En relaci�n con la responsabilidad endilgada a los sujetos que conforman la pasiva, se tiene que el demandado Luis Alfonso Barrios figura como propietario del veh�culo con el cual se caus� el da�o, quien en principio se encuentra llamado a responder, por extensi�n, bajo los lineamientos de los art�culos 2347 y 2349 del C�digo Civil. 5. �l bas� su defensa en varias excepciones denominada la primera de ellas prescripci�n, pues afirma que seg�n lo dispuesto por el art�culo 2358 del C�digo Civil el t�rmino para pedir la reparaci�n frente a terceros prescribe en 3 a�os, los cuales hab�an transcurrido desde el deceso de Jaime Alonso hasta la fecha en que fue notificado el auto admisorio.

En efecto, la norma citada por el demandado Barrios Fierro da cuenta de un t�rmino de tres a�os, que corren desde la perpetraci�n del hecho y que para el presente asunto corresponde al 14 de marzo de 1991, fecha del fallecimiento de la v�ctima del accidente de tr�nsito. Por ende, el fen�meno extintivo de la acci�n habr�a de operar el 14 de marzo de 1994.

Al respecto es preciso advertir que la sola calificaci�n que hizo el demandante acerca de que Barrios, por ser propietario del automotor con el cual se caus� el da�o, es, o era, �guardi�n jur�dico� del bien, no tiene alcance suficiente para convertirlo en copart�cipe o coautor del delito por el cual fue juzgado y condenado el conductor del mismo en ese momento desafortunado, hecho respecto del cual el aqu� demandado pudo ser catalogado como tercero civilmente responsable, y de suyo sujeto de las reclamaciones correspondientes, para lo cual la v�ctima o sus deudos s�lo ten�an el t�rmino de tres a�os, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 2� del art. 2358 del C.C. En ese sentido se�al� la Corte Suprema: �El art. 2358 del C.C. contiene en su segunda parte la regla de que las acciones reparatorias del da�o que puedan ejercitarse contra terceros responsables, prescriben en tres a�os contados desde la perpetraci�n del acto, lo que implica necesariamente la coexistencia en el hecho culposo que origina la obligaci�n de resarcir el perjuicio de un actor material y de otra persona obligada a responder por �l en virtud de ciertos v�nculos que la ley ha establecido en el t�tulo 34 del C.C.� (Sent.

S. de N. G., 1� de septiembre de 1948, LXVI, 623). Con todo, debe verificar la Sala si hubo o no interrupci�n de la prescripci�n, como consecuencia de la pre sentaci�n de la demanda. Se impuls� el aparato judicial del Estado el 6 de septiembre de 1993; el 28 de septiembre de ese mismo a�o se admiti� la demanda, notific�ndose ese prove�do a la demandante por estado del 30 de septiembre de 1993.

La notificaci�n al demandado Luis Alfonso Barrios Fierro se consigui� s�lo hasta el 26 de septiembre de 1994 (f. 141 c. 1), lo que conducir�a a acoger la defensa estudiada, porque ni la demanda, ni la notificaci�n del auto admisorio tuvieron la entidad suficiente para interrumpir la prescripci�n, que ya se hab�a consolidado, como se dijo, desde el 14 de marzo de 1994.

Ahora bien, podr�a decirse que la notificaci�n que oper� el 1� de diciembre de 1993 frente a la compa��a aseguradora demandada s� consigui� la interrupci�n de la prescripci�n. Empero, para dilucidar esa situaci�n menester resulta establecer de manera liminar si existe solidaridad entre los sujetos de derecho demandados. Lo anterior, tomando en consideraci�n lo dispuesto por el art�culo 2540 del C�digo Civil, norma seg�n la cual la interrupci�n que obra a favor de uno o varios coacreedores, no aprovecha a los otros, ni la que obra en perjuicio de uno de varios codeudores, perjudica a los otros, a menos que haya solidaridad, y no se haya �sta renunciado en los t�rminos del art�culo 1573 del ordenamiento �dem.

Seg�n los hechos en los cuales se fundamentan las pretensiones (f. 89 c. 1) la compa��a aseguradora Seguros del Estado S.A. fue llamada a responder �por el valor y pago de tales perjuicios, en su car�cter de asegurador seg�n la p�liza de Seguro No. 251-5088-336�. Esa p�liza corresponde a la del Seguro Obligatorio, seg�n se observa a folio 10, anexo 6 de la demanda, que corresponde a copia fotost�tica del informe del accidente levantado por las autoridades de tr�nsito.

Una copia simple de ella aparece a folio 50, la que sin embargo es ilegible en su mayor�a. El contrato de seguro, incluido el SOAT, tiene como finalidad primera, seg�n Stiglitz ser una �respuesta a la necesidad de eliminar las consecuencias derivadas de la realizaci�n de un riesgo�, valga decir, que el seguro �no elimina el da�o sino que tolera que sus consecuencias resulten transferidas (trasladadas) por el sujeto amenazado por un evento econ�micamente desfavorable, a otro (asegurador) que, a esos fines, ha constituido una mutualidad especialmente �preparada para absorber el riesgo de indemnizaci�n��.

En ese orden, no hay concurrencia entre tomador o asegurado y asegurador al momento de pagar la indemnizaci�n, porque lo har� �ste, si el contrato es v�lido, pero hasta concurrencia de lo pactado. Al contrario, uno y otro sujetos del contrato de seguro son excluyentes al momento de indemnizar. Por lo tanto, se quiebra la idea de solidaridad entre los ac� demandados, de donde se sigue que la interrupci�n de la prescripci�n que oper� en relaci�n con Seguros del Estado no perjudica al demandado Luis Alfonso Barrios Fierro, quien, en consecuencia, ha de salir victorioso en su defensa, lo que se traduce en la revocatoria de la sentencia impugnada, para en su lugar declarar probada la excepci�n estudiada.

As� mismo, el Tribunal se releva de efectuar pronunciamiento alguno en relaci�n con el llamamiento en garant�a que hizo oportunamente Barrios Fierro frente a la sociedad demandada Seguros del Estado, pero con ocasi�n de la p�liza colectiva de seguro No. 31142, tomada por Comnalmicros S.A. No habr� condena en costas a este respecto. 6. En relaci�n con las excepciones denominadas por Luis Alfonso Barrios Fierro como �inexactitud de las sumas pretendidas�, en alusi�n a que en el fallo penal se tasaron los perjuicios por da�os materiales en 1000 gramos oro, y por da�os morales 100 gramos oro, siendo tales las que deben cobrarse; �traslado del pago de la indemnizaci�n a cargo de Seguros de Estado�, toda vez que, aparte del SOAT, el rodante contaba tambi�n con la P�liza Colectiva de Seguros 31142 que contemplaba la responsabilidad civil extracontractual derivada de la conducci�n de automotores; y, �los pagos derivados de la p�liza 251-50883560 no corresponden a Luis Alfonso Barrios Fierro � falta de legitimaci�n en la causa por pasiva�, para lo cual expone que las indemnizaciones por el seguro corren por cuenta del asegurador, no ser�n sometidas tampoco a estudio, seg�n lo previene el art�culo 306 del C�digo de Procedimiento Civil, al menos en relaci�n con Barrios Fierro. 7.

La ocurrencia del accidente, como se se�al�, fue aceptada por la pasiva, y por contera, no se exigen m�s pruebas para su acreditaci�n. El da�o se demostr� con el certificado de defunci�n de Jaime Alfonso Beltr�n. Adem�s, por tratarse del desarrollo de una actividad peligrosa, se presume el elemento culpa. Empero, previamente a establecer la concurrencia de los elementos de la responsabilidad aquiliana frente a la aseguradora demandada, resulta menester el estudio de la defensa que ella plante�. 8.

Se memora que la primera excepci�n propuesta fue denominada cobro de lo no debido pues, afirma Seguros del Estado que la demandante olvid� mencionar los pagos que se hicieron por concepto de gastos funerarios y m�dico-quir�rgicos y hospitalarios, los cuales ascienden, en total a $553.535 Mcte., en virtud del SOAT 521-50883560, y que de existir otro pago pendiente por asumir, tendr�an que aportarse los originales de las facturas.

A este respecto, se observa que la demandante pide el reembolso de $102.992 que pag� �en drogas y otros conceptos afines�, porque los mismos no fueron reconocidos en el hospital. Como prueba de tales gastos se aportaron los documentos que militan de folio 72 a 85 del cuaderno principal. Todos ellos dan cuenta de adquisici�n de medicamentos con posterioridad al acaecimiento del accidente y hasta el 13 de marzo de 1991, valga decir, un d�a antes del fallecimiento de Jaime Beltr�n. Ninguno de ellos fue expedido por el Hospital de Kennedy y por contera, mal pod�an haber sido incluidos en el pago que hizo la compa��a aseguradora por $793.465.

As�, esa suma de dinero ($102.992) deber� ser pagada a la demandante. 9. En punto de la excepci�n llamada �riesgo no amparado�, se basa en que el seguro tiene un car�cter meramente indemnizatorio y no puede constituirse en fuente de enriquecimiento; que el cobro de los intereses por mora no es procedente, toda vez que ella no ha sido declarada; y que los perjuicios morales tampoco son procedentes comoquiera que no fueron objeto del seguro, pues a la luz del art�culo 84 de la Ley 45 de 1990, se encuentran obligados tan solo al pago de los perjuicios patrimoniales.

Debe acogerse la defensa propuesta, porque seg�n la lectura que alcanza a hacerse a los amparos de la p�liza 251-5088356-0 (f. 95 c. 1) ella cubr�a gastos m�dicos, quir�rgicos y hospitalarios, incapacidad permanente, muerte de la v�ctima y gastos funerarios. Nada se menciona en relaci�n con da�os morales, predicables exclusivamente en relaci�n con quien cometi� directamente el da�o. 10.

Basta entonces establecer el nexo de causalidad entre el hecho da�oso y la culpa presunta, y de encontrarse, debe entrar el Despacho a tasar los perjuicios causados, de acuerdo con las pruebas recaudadas. 11. D�jose en la demanda y en otras piezas procesales que el fallecido Jaime Beltr�n Mu�oz se desempe�aba como zapatero y pidi� la demandante, como perjuicios materiales, la suma de $20.000.000 indexada y con intereses causados hasta la fecha de su liquidaci�n. Empero, ninguna prueba reposa en el expediente relacionada con los ingresos que en vida obten�a la v�ctima del accidente, por lo cual se quiso efectuar un c�lculo aproximado de esos perjuicios, con apoyo en los conocimientos de los peritos que finalmente realizaron la labor.

Sin embargo, dichos c�lculos no ser�n valorados, merced a lo dispuesto por la aseguradora en la p�liza, porque all� se establece un l�mite, que en ning�n modo supera los varios montos establecidos por los peritos. As�, qued� dicho que dentro de los amparos de la p�liza de seguro obligatorio por accidentes de tr�nsito (SOAT) se incluy� la muerte de la v�ctima, fij�ndose como monto indemnizatorio hasta un m�ximo de seiscientos salarios m�nimos legales vigentes diarios, que para 2005 equivalen a $7.629.600. 12.

Por lo dem�s, no encuentra el Tribunal ning�n hecho adicional que libere del pago a la sociedad aseguradora, la que, como qued� indicado, deber� responder por los $102.992, que deber�n ser indexados, desde marzo de 1991 y hasta 2005. Para ello, se tomar� en cuenta la variaci�n del �ndice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE.

As� mismo, la compa��a demandada deber� pagar a la demandante a guisa de perjuicios patrimoniales causados por la muerte de Jaime Alonso Beltr�n Mu�oz la suma de $7.629.600, los que no ser�n reajustados, porque equivalen a los 600 salarios m�nimos legales diarios dispuestos en la p�liza como m�ximo asegurable, sin que se hubiere acreditado en el proceso la existencia de deducibles.

Para la actualizaci�n de los $102.992 tiene en cuenta el Tribunal el IPC inicial para esa �poca (36,202462) y el IPC actual (160,500637), de donde se obtiene que el valor actualizado de aquella suma es $456.606,55, que se consigue luego de dividir el �ndice actual sobre el �ndice inicial y ese resultado se multiplica por la suma a indexar. 13.

En conclusi�n: ninguna consecuencia genera la responsabilidad que pudo tener el demandado Luis Alfonso Barrios Fierro, por haber operado la prescripci�n extintiva que �l aleg�; tampoco, en consecuencia, se somete a estudio el llamamiento en garant�a que aquel como demandado formul�. En relaci�n con la responsabilidad patrimonial a cargo de la compa��a aseguradora demandada, Seguros del Estado, se tiene que ella ser� condenada a pagar a favor de la demandante las sumas de $102.992 por concepto de medicamentos que tuvo que sufragar en marzo de 1991 y que indexada equivale a $456.606,55 sin que tenga que reconocer la demandada intereses, porque ellos no se causaron.

Y a manera de reparaci�n patrimonial por muerte de la v�ctima, ser� condenada la aseguradora a pagar el equivalente a 600 salarios m�nimos legales diarios, que para 2005 equivalen a $7.629.600, que por lo mismo no requieren actualizaci�n monetaria. No se acogen m�s pretensiones, siendo de cargo de la demandante las costas de ambas instancias a favor del demandado Jaime Alonso Beltr�n Mu�oz, pero s�lo en un 25%.

A su turno, la compa��a Seguros del Estado S.A. ser� condenada a pagar a favor de la demandante Ana Cecilia Mu�oz de Beltr�n las costas del proceso en ambas instancias, pero tambi�n en un 25%, merced a la prosperidad apenas parcial de las pretensiones. El pago de las referidas sumas de dinero deber� ser efectuado dentro de los diez (10) d�as siguientes a la ejecutoria de la sentencia. Si pasado ese tiempo no se hubiere realizado el pago, cada uno de los condenados deber� reconocer intereses moratorios sobre las mencionadas sumas, desde luego que aplicando la tasa m�xima legal comercial vigente para la suma indicada en los ordinales 6� y 7�, al paso que para las dem�s sumas los intereses ser�n los legales dispuestos por el art�culo 1617 del C�digo Civil.

DECISI�N Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, D.C., en Sala de Decisi�n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia apelada de fecha y origen anotados. En su lugar, RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR probada la excepci�n de �prescripci�n� propuesta por el demandado Luis Alfonso Barrios Fierro.

SEGUNDO: DESESTIMAR las pretensiones de la demandante contra el demandado Luis Alfonso Barrios Fierro, respecto de quien se DECLARA terminado el proceso.

TERCERO: DECLARAR probada la excepci�n de �riesgo no amparado� propuesta por la sociedad Seguros del Estado S.A. en relaci�n con intereses y perjuicios morales.

CUARTO: DECLARAR no probada la excepci�n de cobro de lo no debido propuesta por la sociedad Seguros del Estado S.A.

QUINTO: DECLARAR que la sociedad demandada Seguros del Estado S.A., en virtud del Seguro Obligatorio de Accidente de Tr�nsito, debe responder civilmente por los da�os causados en el accidente de tr�nsito sucedido en marzo de 1991, en el cual muri� Jaime Alonso Beltr�n.

SEXTO: CONDENAR a la sociedad demandada Seguros del Estado S.A. a pagar a favor de la demandante Ana Cecilia Mu�oz de Beltr�n la suma de $102.992 por concepto de medicamentos que tuvo que sufragar en marzo de 1991 y que indexada a 2005 equivale a $456.606,55, seg�n las variaciones del IPC expuestas en la parte motiva. S�PTIMO: CONDENAR a la sociedad demandada Seguros del Estado S.A. a pagar a favor de la demandante Ana Cecilia Mu�oz de Beltr�n a manera de reparaci�n patrimonial por muerte de la v�ctima, la suma equivalente a 600 salarios m�nimos legales diarios, que para 2005 asciendes a $7.629.600, que por lo mismo no requieren actualizaci�n monetaria.

OCTAVO: El pago de las sumas de dinero dispuesto en los ordinales 6� y 7�, debe ser efectuado dentro de los diez (10) d�as siguientes a la ejecutoria de la sentencia. Si pasado ese tiempo no se hubiere realizado el pago, cada uno de los condenados deber� reconocer intereses moratorios sobre las mencionadas sumas, desde luego que aplicando la tasa m�xima legal comercial vigente para la suma indicada en los NOVENO: CONDENAR a la demandante Ana Cecilia Mu�oz de Beltr�n a pagar las costas de ambas instancias a favor del demandado Jaime Alonso Beltr�n Mu�oz, pero s�lo en un 25%.

A su turno, la compa��a Seguros del Estado S.A. es condenada a pagar a favor de la demandante Ana Cecilia Mu�oz de Beltr�n las costas del proceso en ambas instancias, pero tambi�n en un 25%, todo ello merced a la prosperidad apenas parcial de las pretensiones. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE Los Magistrados, GERM�N VALENZUELA VALBUENA 1993 1960 01 (*) (en comisi�n de servicios) RICARDO ZOPO M�NDEZ 1993 1960 01 DORA CONSUELO BENITEZ TOBON 1993 1960 01 STIGLITZ, Rub�n S. Derecho de Seguros I, 2� Edici�n, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 15 Cfr. www.dane.gov.co PAGE 6 PAGE 11 Sentencia Ordinario 1993 01960 01 PAGE 10 GV^abcg�� 5 6 7 8; < X ] � � � � � � � � � � � � � z � � ��BZ��I\]��ֺֺ��h�$?CJmH sH h�$?6�CJ h�P_CJh�$? h�$?9�hm=�hm=�5�CJ hm=�CJ h�CJh�6l5�6�CJ h�6lCJ h�$?5�CJ h�$?CJ h�$?5�CJh�$?5�9�CJ h�)'CJ h�$?CJ h�$?9�CJ60GH}~�� Z r � � � � y z � � t u � � �� $ �0�dh*$a$dh$a$$dha$�xJy�y�� *+ABZ[��HI\]��dh$dha$ $ �0�dh*$a$]`e��Z'j'3(4(F(G(T(b(�(�(7)@)�*�*o+s+;,�-C.�.�/o0p0�0�0�0�0 4444>4I4�6�6�6�6�9�9W:c:�;�;�;<�<�<�<�<�<�<�<=��h�[$h�4wCJaJh�[$hwp�CJaJ hwp�CJ h!�CJ h�CJ h�-CJ h��CJh�$?6�>*CJ h�LCJh�$?5�9�@�CJ h�$?9�h�$?9�>*mH sH h�$?6�CJ h�$?CJ:�� #�#�%�%Y'Z'j'k'/(0(�)�)6+7+,,�.�.00M3N3K4�� $ �Hdh*$a$ $ �0�dh*$a$$dha$K4L4P5Q5T7U7�8�8::r;s;�<�<�?�?�?�?�A�A9BRBSB�D�D�E�E��$a$gd!� $dha$gdP�$dha$=@=�=�=�=�=�=�=�=�=1>S>�>�>�>�>�?�A�A�A8B9BHrH�I�IJbJ�J�K�N�NP=P�P2QR�R|S}S�T�T UU�U�U�W�W�W�WXXQXRXWXXX"Z4Z�c�c�m��¼�� h�'�CJjh�$?0JCJU h�$?6�CJ h�8VCJ h�$?CJ hwp�CJh�[$h!�6�CJaJh�[$h�4wCJaJh�[$h�[$CJaJh�[$h�qCJaJh�[$h!�CJaJ<�ElGmG�I�I�K�K�L�LsNtN�O�O}S~S�T�TvUwU+W,W�Y�Y�[�[v]w]H^I^��$dha$I^O_P_;a<adbebFeGe�f�f=j>j�k�k�m�m�m�m�n�n�n�neo��$dha$ $ �0�dh*$a$ $ �Hdh*$a$ $ �Hdh*$a$$dha$�m�m�n�n�nooo+o,ofoyopp+p,p>p?pqp�p�p�pq(q)q,qZq�q�q�q�q�q�q�q�q�q r%r'r7rss)sHsfsis{s�s&tptyt�t�t�t�t�t6u\vbvlvx&x:x��񼶭�޶��h�$? h7?5�CJh|@�h|@�CJ h|@�CJh7?h|@�5�CJ h�CJ he%CJ h� �CJ h8aCJ h7?CJ h�e@CJ h�$?5�CJ h�$?CJh�$?5�9�CJ>eofopp�p�pqq&r'rhsis�t�t[v\vxx&x'x8x9x:x;xVxcx��$a$gd�h[gd�h[dh $dha$gd|@�$dha$:x;xVx[x_xbxdxexfxixjxmx�x�x�x�x�x�x�x�x�x�x�x�x�x�x�x�x�x1y2y3y4yIyJyKyMyNyPyQySyTyVyWy��~�~�~�~�tjh�8V0JUjh�B%Uh�B%h�8V6�mH sH h�8VmH sH h�8Vjh�8V0JUh�h[hm=�6�CJaJh�h[h�$?6�CJaJh�h[h�$?CJaJh�h[hm=�5�CJaJh�h[hm=�CJaJ h�$?CJ h�h[5�CJ h�h[CJh�$? hba;CJ+cxdxex�x�x�x�x�x�x�x�x2yIyJyLyMyOyPyRySyUyVyay��&`#$ $ �0�*$a$gd�h[dhgd�h[$a$gd�h[$dha$Wy]y^y_y`yaycydyjykymynyoy�y�y�y�y�y�y�y�y�y�y�y��h�$?h�B% h�8V6�CJh�8Vh�8V0JmHnHujh�8V0JU h�8V0Jaybycyoy�y�y�y�y�y�y�y�y�y�� $ �0�*$a$gd�h[�h]�h��&`#$��&`#$�h]�h1 000 &Px��/ �"I!��"��#�$��%��P@��PNormal5$7$8$9DH$@��CJ_HmH sH tH j@jT�tulo 1$$5$7$8$9D@&H$a$!5�@�CJ\�aJmH sH tH uNA@��NFuente de p�rrafo predeter.Vi@��VTabla normal:V�4�4� la�,k@��, Sin listaB @�B Pie de p�gina �C�"8)@�8N�mero de p�gina<@< Encabezado �C�"`>@"`T�tulo$5$7$8$9DH$a$!5�@�CJ\�aJmH sH tH ufJ@2f Subt�tulo$5$7$8$9DH$a$!5�@�CJ\�aJmH sH tH u<@B<Texto nota pieCJB&@�QBRef. de nota al pieH*�A�[�qax{�q��0GH}~�� Zr��yz��tu��*+A B Z [ �� HI\]��YZjk/ 0 �!�!6#7#$$�&�&((M+N+K,L,P-Q-T/U/�0�022r3s3�4�4�7�7�7�7�9�99:R:S:�<�<�=�=l?m?�A�A�C�C�D�DsFtF�G�G}K~K�L�LvMwM+O,O�Q�Q�S�SvUwUHVIVOWPW;Y<YdZeZF]G]�^�^=b>b�c�c�e�e�e�e�f�f�f�fegfghh�h�hii&j'jhkik�l�l[n\npp&p'p8p9p:p;pVpcpdpep�p�p�p�p�p�p�p�p2qIqJqLqOqRqUqaqbqcqoq�q�q�q�q�q�q�q�q�0�� 0��p�0��p�0��p�0��p�0��0��p�0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0�� 0��0��0��0��0��0��0��0��0��0�� 0��0��0��0��(�0��0��(�0��0��0��0��0��0��0��0��0�0��p�0��0�@0��p�@0��@0��p�@0��0��0�0��8�0��p�0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��@�0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��H�0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��h�0��0��h�0��0��h�0��h�0��h�0��p�0��h�0��0��0��0��0��0��p�0��p0��0��p�0��0��p�0��0��0��0��0��p�0��p0��0��p�@0��@0��0P&n�@0��@0��@0��@0��My00�My00�My00��@0��@0��My00�My00�My00�My00��@0��My00�0�0n HVXXX[]=�m:xWy�y=ADGIK� �K4�EI^eocxay�y>@BCEFHJL�y? #HOR[!��!��!��8�@��0�( � ��B �S�� ?��v�""�"�"O&R&�'�'�'�'�'�'�+�+F.L.e3n3}7�7�7�7�7 8�9�95:8:9:B:<<�A�A�G�G�I�I MM�N�NMVSV�pqqqq4q7q9qHqJqJqLqLqMqMqOqPqRqSqUqVq�q�q]^/:4:9:Q:�D�Djplp�pJqJqLqLqMqMqOqPqRqSqUqVq�q�q3333��9�99:Q:S:p'pVpcpep�p�p�p�p�p�p2qHqJqJqLqLqMqMqOqPqRqSqUqVq`qaqnq�q�q�q�q�q9:B:�pJqJqLqLqMqMqOqPqRqSqUqVq�q�q��CONSEJO SUPERIOR JUDICATURAevillamp!� �e%�L��-�[$�B%�)'ba;�$?7?�e@�8V�h[�P_8a�6l�q�4wm=�wp� r�[�� "'�|@��P��'�!�|�]bp�p�p�pIqJqLqOqRqUqcq�q9�9�9�9�9��@�9:9:�6p9:9:�q@@��Unknown��G��: �Times New Roman5��Symbol3&��: �Arial"1��ě��͛� ̛��[v_9�[v_9��x��4d�p�p2�Q��H��?��|��1TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT�arodrigvevillamp��Oh��+'��0��$ 8D `lx ��2TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT�0RIB arodrigvSUProdrodNormalv evillampSUP28lMicrosoft Word 10.0@�WJE@�%��@�JqZ��@*�A��[v_��՜.��+,��0<hp�� "Consejo Superior de la Judicatura �9�pA 2TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT�T�tulo !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLM��OPQRSTU��WXYZ[\]^_`abcdefghij��lmnopqr��tuvwxyz��}��Root Entry�� F�кA��Data ��N1Table��V�(WordDocument��3�SummaryInformation(��kDocumentSummaryInformation8��sCompObj��k�� FDocumento Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8�9�q