Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 110013103038200500239 01

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Manuel José Pardo Caro

Fecha: 2009-04-03

Sujetos procesales: FRANCISCO JAVIER SANS SALGUERO / SOCIEDAD MAKRO DE COLOMBIA S.A.

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Sentencia: C.No.007/09 Proceso: ACCION POPULAR Radicaci�n: No.110013103038200500239 01 Demandante: FRANCISCO JAVIER SANS SALGUERO Demandado: Sociedad MAKRO DE COLOMBIA S.A. Procedencia: JUZGADO TREINTA Y OCHO CIVIL DEL CIRCUITO Mot. Alzada: APELACI�N SENTENCIA Disc. y Aprob.: SALA DECISI�N, 19 DE FEBRERO DE 2009 AVISO - ACTA No.07 Decisi�n: CONFIRMATORIA Con salvamento de voto Resuelve el Tribunal el recurso de apelaci�n interpuesto por la sociedad demandada contra la sentencia que puso fin a la primera instancia en el asunto de la referencia. 1 HISTORIA DEL PROCESO 1.1 El fundamento de las pretensiones: El ciudadano FRANCISCO JAVIER SANZ SALGUERO present� acci�n popular contra la Sociedad MAKRO DE COLOMBIA S.A., acci�n sustentada en que la demandada transgredi� los derechos colectivos �concretamente el de un grupo de consumidores, conforme a lo estipulado en el literal n) art�culo 4� de la Ley 472 [�] de 1998� por cuanto, manifest�, �ofreci� y ofrece, una serie de productos (Electrodom�sticos), a trav�s de folletos promocionales, a todo color, y en forma de peri�dico� en los que �no se anota ni se informa, al consumidor y potencial comprador de los productos, la identificaci�n o nombre del importador, situaci�n que impide al mencionado consumidor o usuario, contar con una informaci�n adecuada y suficiente, que le permita hacer efectivo su derecho a la libre escogencia, y prevenir la adquisici�n de bienes de contrabando, llegando incluso a inducir a la colectividad en error o enga�o respecto al bien ofrecido.

La ausencia de la identificaci�n o nombre del importador [fue] una situaci�n que se [repiti�] en los tres folletos publicitarios [�] del Martes 15 de Febrero al Lunes 28 de Febrero de 2.005 [�]; del Martes 12 de Abril a Lunes 25 de Abril de 2.005 [�]; del Martes 26 de Abril a Lunes 9 de Mayo de 2.005 [�], cuyas promociones [continuaban] vigentes, a la fecha de presentaci�n� de la acci�n popular.

Como los bienes ofrecidos est�n �sujetos al r�gimen de garant�a reglada (sic), que cobija a los electrodom�sticos� y en los folletos publicitarios no se informa �al consumidor y posible comprador, quien (sic) detenta el car�cter de importador de los mismos, y mucho menos aparece, un distintivo que permito (sic) al potencial comprador reconocer �a simple vista cuando se trata de un producto legalmente importado��, entonces no se da al consumidor la informaci�n �conforme a lo dispuesto en la Resoluci�n Conjunta n�mero 37120� del 16 de diciembre de 2001 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio y la Direcci�n de Impuestos Nacionales, la Circular Externa 10 de 2001 de la Superintendencia de Industria y Comercio y el Estatuto del Consumidor (las subrayas corresponden al texto). 1.2 Las pretensiones: Con fundamento en los hechos antes extractados el accionante impetr� las siguientes pretensiones: 1.2.1 �Proteger el derecho e inter�s de los consumidores, que ha sido amenazado e incluso afectado, por la conducta ilegal del demandado (MAKRO DE COLOMBIA S.A.)�. 1.2.2 �Que se [le] reconozca [�] el incentivo estipulado en el art�culo 39 de la Ley 472 [�] de 1998, en una cantidad equivalente, a la suma de 150 salarios m�nimos legales mensuales, vigentes a la fecha en que se verifique el pago�. 1.2.3 Condenar en costas al demandado 1.3 Desarrollo procesal 1.3.1 El Se�or Juez Treinta y Ocho Civil del Circuito, a quien le correspondi� conocer por reparto, admiti� la demanda por auto del 10 de mayo de 2005, providencia en la que, adem�s de disponer el traslado a la demandada, orden� comunicar sobre la admisi�n a la Procuradur�a Delegada para Asuntos Civiles, la Superintendencia de Industria y Comercio, al igual que orden� remitir a la Defensor�a del Pueblo copia de la demanda y del auto admisorio.

Asimismo orden� que mediante publicaci�n en un peri�dico se informara a la comunidad sobre la admisi�n de la acci�n (fl. 28). 1.3.1.1 La sociedad demandada fue notificada del auto admisorio de la demanda mediante aviso (fls. 41-42) y oportunamente a trav�s de apoderado se opuso a las pretensiones por cuanto, manifest�, �no ha vulnerado el derechos colectivos (sic) de los consumidores y usuarios de que trata el literal n del art�culo 4 de la Ley 472 de 1998�, toda vez que �El contenido de los folletos de ofertas aludidos por el demandante, corresponde por completo a la realidad y no induce ni tiene la potencialidad de inducir a error a los consumidores respecto de los productos all� exhibidos�.

Para enervar las pretensiones propuso las excepciones de m�rito que denomin�: (1) �INEXISTENCIA DE VULNERACION DE INTERESES O DERECHOS COLECTIVOS�, (2) �CARENCIA ABSOLUTA DE VULNERACION A LOS DERECHOS O INTERESES COLECTIVOS DE LOS CONSUMIDORES O USUARIOS� y, (3) �AUSENCIA DE DA�O, VULNERACION O AMENAZA - CARENCIA ABSOLUTA DE RESPONSABILIDAD - IMPROCEDENCIA DEL INCENTIVO ECONOMICO�, cuyo fundamento se explica por el mismo enunciado. 1.3.2 Por auto del 12 de octubre de 2005 se cit� a las partes, al Ministerio P�blico y a la Superintendencia de Industria y Comercio a la audiencia especial de que trata el art�culo 27 de la Ley 472 de 1998 -pacto de cumplimiento- (fl. 187), audiencia que se declar� fallida por la inasistencia del representante legal de la sociedad demandada y el Jefe de la Oficina Jur�dica de la Superintendencia de Industria y Comercio (fls. 192-193). 1.3.3 Las pruebas pedidas por las partes fueron decretadas por auto del 16 de enero de 2006 (fl. 194) y una vez agotado el debate probatorio se dispuso alegar de conclusi�n (fl. 344), derecho del cual hicieron uso ambas partes para insistir en sus posiciones iniciales (fls. 345-357). 1.3.4 La se�ora juez del conocimiento, finalmente, el 1� de julio de 2008 puso fin a la instancia exonerando a la demandada �de de todos los cargos propuestos, en raz�n a la prosperidad de las excepciones� y, en consecuencia, neg� el reconocimiento del incentivo econ�mico del actor.

Para sentenciar de esa manera expuso la juzgadora, en apretada sinopsis, que como una de las revistas publicitarias allegadas con la demanda y en las que se sustentaban las pretensiones estaba adherido un stiker en que aparec�a dirigida a uno de los afiliados de la accionada, entonces esas revistas conten�an una oferta a personas determinadas quienes bien pod�an aceptarla o no, ocurriendo lo primero si el afiliado comparec�a a los almacenes indicados en la oferta.

La oferta, adem�s, era �cerrada y no abierta� seg�n lo afirmado por el Coordinador de Mercadeo de la sociedad accionada y se constataba con las revistas pues en ellas expresamente se indicaba que eran ��nica y exclusivamente dirigidas para los afiliados de MAKRO DE COLOMBIA S.A.�, al tiempo que se se�alaba el t�rmino de vigencia de ella. En relaci�n con los electrodom�sticos ofertados, expuso, �no solo se observa una imagen fotogr�fica de los mismos, sino que indican el t�rmino de garant�a, las existencias disponibles, las caracter�sticas de cada producto, la marca de �stos y el precio al que se ofrecen, incluy�ndole el IVA, como se lee en la hoja anterior de las revistas en su parte inferior�, por lo que �frente al error en el pod�an caer los consumidores al no mencionarse el nombre del importador de los productos ofertados, previniendo la adquisici�n de bienes de contrabando, dif�cilmente se presentar�a con esta publicidad, pues el almac�n manifiesta que sus precios incluyen el Impuesto a las Ventas IVA (impuesto evadido con el contrabando), y para mayor seguridad la Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, corroboro (sic) que las certificaciones o manifiestos de importaci�n aportados con la contestaci�n de la demanda y que hacen referencia a un sinn�mero de electrodom�sticos; fueron expedidos por esa entidad, informaci�n allegada mediante carta dirigida al secretario de [ese] Juzgado visible a folios 223 a 239�.

As� que, resalt�, �Si bien es cierto MAKRO DE COLOMBIA S.A., omiti� mencionar en sus ofertas el nombre del importador, tambi�n lo es que esta omisi�n no vulnera lo (sic) derechos colectivos de los consumidores a los que va dirigida, pues la revista publicitaria que es una verdadera oferta, evidencia la previsi�n de otros elementos que impiden que el consumidor caiga en error, adem�s el accionante en su escrito no menciona que haya ca�do en error cuando quiso realizar alguna compra en esta entidad, tampoco menciono (sic) si se encontraba afiliado a ella y no pidi� pruebas testimoniales de consumidores que ilustraran a este Despacho (sic), sobre la gravedad de la omisi�n cometida por la accionada, que acreditara su responsabilidad frente a la vulneraci�n de derechos colectivos, de existir �sta.

(Art. 1757 CC y 177 del CPC)�. �En conclusi�n -remat�- no fue demostrada la vulneraci�n a los derechos colectivos de los consumidores, por parte de la entidad accionada, aunque las ofertas allegadas como prueba carezcan del elemento indicado en la resoluci�n 37120 del 16 de noviembre de 2001 Art. 5 numeral 5.1., lo cual hace prosperas (sic) las excepciones planteadas por la demanda�. 2 CONSIDERACIONES 2.1 Como los llamados presupuestos procesales no merecen reparo alguno y tampoco se observa irregularidad tipificadora de nulidad procesal que imponga la invalidez de lo actuado, procedente es resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por el accionante por intermedio de apoderada contra el fallo de primera instancia. 2.2 Pretende el apelante la revocatoria de la sentencia de primer grado y que, en su lugar, se acojan sus pretensiones.

Alega, en apretado resumen, que demostr� la omisi�n en que incurri� la sociedad accionada pues en las revistas publicitarias no dio una informaci�n �adecuada y suficiente� a fin de �prevenir la adquisici�n de bienes de contrabando�, violando de esa manera los art�culos 14 y 31 del Decreto 3466 de 1982, el numeral 2.1 del Cap�tulo II de la Circular Externa 10 de 2001 de la Superintendencia de Industria y Comercio y el art�culo 5� de la Resoluci�n Conjunta de dicha Superintendencia y la DIAN No. 37120 de 2001 (fls. 4-10 cdno. 2� inst.).

La sociedad accionada guard� silencio. 2.3 Antes de elevarse a canon constitucional por el constituyente de 1991 (art. 88), las acciones populares ya estaban consagradas en el C�digo Civil para la protecci�n de los bienes de uso p�blico y evitar el da�o contingente (arts. 1005, 1007, 2359, 2360 C. C.). Tambi�n la tendiente a la defensa del consumidor (D.L. 3466/82), espacio p�blico y ambiente (Ley 9�/89, art. 1005 del C. C.) y competencia desleal (Ley 45/90, D.L. 3466/82).

Es decir, las acciones populares no eran extra�as a nuestro sistema legal antes de la Constituci�n de 1991 (Corte Constitucional, Sent. C-215/99). Por bien sabido se tiene, de otra parte, que las acciones populares son de car�cter p�blico y su naturaleza, en principio, es eminentemente preventiva, esto es, el ejercicio de la acci�n tiene como fin la protecci�n de los derechos e intereses colectivos se�alados en la ley en concordancia con la Constituci�n Pol�tica y con miras a paralizar la amenaza o el riesgo que puedan sobrevenir de actuaciones y omisiones de las autoridades p�blicas y tambi�n de los particulares.

Pero tambi�n tiene car�cter indemnizatorio por el da�o que ya se hubiere causado o se contin�e causando (arts. 20, 90 de la Ley 472/98). El ejercicio de las acciones populares, asimismo, est� hoy regulado por la Ley 472 de 1998, incluidas las especiales preexistentes a su advenimiento. En el art�culo 2� de dicha ley, las acciones populares se definen como �los medios procesales para la protecci�n de los derechos e intereses colectivos [que] se ejercen para evitar el da�o contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneraci�n o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible�.

A su vez, el art�culo 9� dispone que �proceden contra toda acci�n u omisi�n de las autoridades p�blicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos�. La Ley 472 de 1998, entonces, desarrolla el art�culo 88 de la Constituci�n Pol�tica. 2.4 Para resolver la apelaci�n, necesario es precisar de entrada que la vulneraci�n de una norma no constituye, per se, transgresi�n a un derecho o inter�s colectivo.

Es por ello que la acci�n popular no se abre camino por la real o presunta violaci�n de la ley o de reglamentos pues en esos casos, a�n siendo ciertos, no constituyen, autom�ticamente, transgresi�n de derechos o intereses colectivos. Para la prosperidad de las pretensiones fundadas en la vulneraci�n de los derechos de los consumidores y usuarios (lit. n art. 40 Ley 472/98) se requiere, adem�s de la demostraci�n del hecho en que se fundan, la demostraci�n concreta del perjuicio que se viene padeciendo o, al menos, el contingente que se puede sufrir. 2.4.1 En el caso espec�fico planteado, el accionante aleg� la vulneraci�n de los derechos de los consumidores y usuarios porque la sociedad demandada �ofreci� y ofrece, una serie de productos (Electrodom�sticos), a trav�s de folletos promocionales, a todo color, y en forma de peri�dico�, folletos en los que no se identifica o indica el �nombre del importador�.

Pues bien. Cierto es que el Decreto 3466 de 1982 -Estatuto del Consumidor- en su art�culo 14 establece que �Toda informaci�n que se de al consumidor acerca de los componentes y propiedades de los bienes y servicios que se ofrezcan al p�blico deber� ser veraz y suficiente. Est�n prohibidas, por lo tanto, las marcas, las leyendas y la propaganda comercial que no corresponda a la realidad, as� como las que induzcan o puedan inducir a error respecto de la naturaleza, el origen, el modo de fabricaci�n, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios, la forma de empleo, las caracter�sticas, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad de los bienes o servicios ofrecidos.

Trat�ndose de productos (bienes o servicios) cuya calidad e idoneidad hayan sido registradas de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 3o. a 7o. del presente decreto, o que est�n sometidos a registro o licencia legalmente obligatorios, o cuyas condiciones de calidad e idoneidad se deriven de la oficializaci�n de una norma t�cnica, aunque no haya habido registro, las marcas o leyendas que se exhiban en dichos productos, al igual que toda propaganda que se haga de ellos, deber� corresponder �ntegramente a lo registrado o contenido en la licencia o a las condiciones de calidad e idoneidad derivadas de la norma t�cnica oficializada, seg�n el caso�.

En los art�culos 3� a 7� que tratan del registro de la calidad de bienes y servicios, car�cter del registro, sus condiciones y la sujeci�n del registro a las normas t�cnicas oficializadas, o en otra disposici�n del Estatuto del Consumidor, no se impone a los oferentes de electrodom�sticos que en los avisos publicitarios en que los ofertan y promocionan, se indique el nombre del importador.

En consecuencia, la omisi�n del nombre del importador en esos avisos no constituye transgresi�n a los derechos de los consumidores y usuarios pues, no se pierda de vista, la transgresi�n seg�n lo establecido en el art�culo 14 s�lo se configura con la publicidad enga�osa, esto es, que no corresponda a la verdad en cuanto a las condiciones de calidad e idoneidad registradas.

Ahora bien. La Direcci�n de Aduanas y la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de sus funciones bien pueden imponer exigencias adicionales para la publicidad de art�culos importados a fin de evitar el contrabando. Empero, la omisi�n de indicar el importador en una publicidad de electrodom�sticos no constituye, per se, transgresi�n al Estatuto del Consumidor, concretamente a sus art�culos 14 y 31, u otro y mucho menos entrat�ndose de ofertas exclusivas a afiliados del oferente como ocurre en el particular caso planteado por el accionante.

En efecto, como lo expuso la juzgadora de primera instancia, la sociedad accionada en los folletos allegados por el accionante como prueba de la publicidad enga�osa y en los cuales edific� las pretensiones (fls. 1-3 cdno. 1), aunque contienen una oferta de electrodom�sticos, esa oferta la dirige �exclusivamente a sus afiliados� los que, por lo general, son compradores mayoritarios.

Estos, es consecuencia, si aceptan la oferta deber�n ser enterados de todo lo relativo a la importaci�n y productor para lo concerniente a las garant�as a favor del consumidor final. Pero es m�s, en gracia de discusi�n que la omisi�n de indicar el nombre del importador constituyera transgresi�n al Estatuto del Consumidor, no se puede soslayar que la sociedad accionada en el desarrollo del proceso demostr� que hab�a declarado la importaci�n de los electrodom�sticos que ofrec�a exclusivamente a determinados clientes, demostraci�n que desvirt�a que fueran de contrabando.

De otra parte, si los electrodom�sticos ofrecidos hubieran sido de contrabando, la sociedad accionada por esa conducta quedaba sujeta a las sanciones establecidas en la ley, sanciones a aplicar por el funcionario competente y no por el juez de la acci�n popular. En conclusi�n, la sentencia de primera instancia ha de mantenerse por lo antes dicho.

Por la improsperidad del recurso se condenar� en costas al apelante. Sin m�s consideraciones, el Tribunal Superior de Bogot�, D.C., Sala de Decisi�n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. Segundo: CONDENAR en costas de la instancia a la recurrente. Liqu�dense. Tercero: Cumplida la ritualidad secretarial, rem�tase el expediente a la oficina de origen. Notif�quese y C�mplase MANUEL JOS� PARDO CARO Magistrado ANA LUC�A PULGAR�N DELGADO Magistrada ARIEL SALAZAR RAM�REZ Magistrado Con salvamento de voto     PAGE  PAGE 1 Sent./09 Proceso ACCI�N POPULAR de FRANCISCO JAVIER SANZ SALGUERO contra Soc.

MAKRO DE COLOMBIA S.A. 4?@op�����������   3 @ _ v � � � � � � � �   - 3 I J P Q R �   &: I �������������Ľ�Ķ��������Ķ��ĦĶ�����������˄� h sICJ h5N\6�CJ hq|�hq|�5�6� hq|�5�6�hq|� h5N\6� h�g6�CJh/� h/�6�CJ h4�6�CJ h5N\6�CJ h5N\CJ h/�5� hU;�5� h5N\5�h5N\5�6�CJ h� �h5N\CJaJh5N\ h5N\6�CJ14?@op���� 4 ` � ������������{{dhgd5N\dhgd5N\$����dh^��`��a$gd5N\$�Ldh^�La$gd5N\$��dh`��a$gd5N\ $d�a$gd5N\  ��L`�Lgd5N\ $dha$gd5N\�^�gd5N\$a$gd5N\gd5N\ $dha$gd5N\'O�O��� � �  - J Q R �     I J yz������������������� $d�a$gd�r�gd5N\ $d�a$gd5N\  �7$8$H$gd5N\dhgd5N\gdq|�d�gd5N\ $dha$gd5N\$a$gd5N\$��dh`��a$gd5N\I J M P X Y Z y � � � �   Q ^ _ x y | } � � � � � � � � & 2 � � � � � � #(>G����/=E����������������������Ӽ�ӵӮ��������������������� h�"�6�CJ h�g6�CJ h~�h*�6�CJ h*�h*�6�>*CJ h*�CJ h*�6�CJ h~�6�CJ h4 CJ h4 6�CJ h sIh/�6�CJ h sI6�CJ h sICJ h5N\CJ h/�CJ h/�CJ h5N\CJ h5N\>*CJ 2Eabwx��������� #ABCHINO~�����  N���Yvxy������*\����������ü��õüé��é��ßßß��Ù�ٍٍٍٓهٍٓ�� h/C�CJ h�"�CJ h�LCJ h4 CJ h�u#h�u#6�CJ h�u#h�u#6�>*CJ 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