Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 20000926

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Edgar Carlos Sanabria Melo.

Fecha: 2001-09-26

Sujetos procesales: ALFREDO MENDEZ Y OTROS / DORA INES MENDEZ

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REFERENCIA: RENDICION PROVOCADA DE CUENTAS DE LUIS ALFREDO MENDEZ Y OTROS CONTRA DORA INES MENDEZ. MAGISTRADO PONENTE: EDGAR CARLOS SANABRIA MELO. Procede el Tribunal a resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por la Juez Veinticinco Civil del Circuito de descongesti�n de esta ciudad el 19 de noviembre de 1999.

ANTECEDENTES: LUIS ALFREDO MENDEZ BELTRAN, MYRIAM ESTHER MENDEZ BELTRAN, MANUEL ALBERTO MENDEZ BELTRAN Y MONICA STELLA MENDEZ BELTRAN actuando por intermedio de apoderado judicial, formularon demanda contra DORA INES MENDEZ, para que en sentencia definitiva se ordenara a la demandada rendir cuentas �relativas al producido de la casa ubicada en la calle 134 bis #91-96 de esta ciudad de Santaf� de Bogot�, en una proporci�n del ochenta por ciento (80%) de la misma�, con apoyo en los hechos que a continuaci�n se sintetizan: Que una vez tramitado el proceso de sucesi�n del causante MANUEL JOSE MENDEZ en la Notar�a 41a. de esta ciudad, tanto a la demandada como a los demandantes, se les adjudic� el referido inmueble en proporci�n de un 20% a cada uno; que la damandada ha estado usufructuando el bien, sin que hasta ahora les haya reconocido participaci�n alguna a los comuneros de los frutos que se han causado.

Admitida la demanda y corrido el traslado correspondiente, la parte demandada por intermedio de apoderado judicial se opuso a las pretensiones. Decretadas y practicadas las pruebas correspondientes, se corri� traslado a las partes para alegar de conclusi�n, profiri�ndose el 19 de noviembre de 1999 la sentencia que por v�a de apelaci�n se revisa.

LA SENTENCIA APELADA: Luego de relatar los antecedentes y observar que no exist�a vicio de nulidad y que los presupuestos procesales conflu�an, el a quo orden� a la demandada rendir cuentas al extremo demandante. Fundamento su decisi�n en lo dispuesto por el art�culo 2328 del C�digo Civil, considerando que al estar probada la tenencia y usufructo por parte de la demandada del bien objeto de la comunidad deb�a la demandada rendir cuentas pues los actores tienen derecho, por el mandato legal referido, a participar de los frutos que �sta genere, consecuentemente surge la obligaci�n para la detentadora del bien de rendir cuentas.

EL RECURSO DE APELACION Solicitando la revocatoria de la sentencia, para que en su lugar se desestimen las pretensiones, la parte demandada, cuestiona la valoraci�n probatoria de las pruebas aportadas, indica que la demandada es poseedora del bien y que �ste no se le ha dejado a su cuidado. CONSIDERACIONES No hay reparo en cuanto a los presupuestos procesales, pues el juez a quo era el competente para conocer de la actuaci�n en primera instancia, las partes tienen capacidad procesal y para ser parte y la demanda re�ne las exigencias legales.

Tampoco aparece causal de nulidad que pueda invalidar la actuaci�n. El proceso de rendici�n provocada de cuentas previsto en el art�culo 418 del C. de P. Civil, ostenta dos etapas bien definidas, a saber: una, que tiene por objeto definir si a cargo del demandado existe la obligaci�n de rendirle cuentas al demandante y, la otra, que ha de circunscribirse a la discusi�n de las cuentas rendidas, ya por la activa ora por la pasiva, si en aquella primera as� se hubiere dispuesto.

Lo anterior es lo que resulta del procedimiento prevenido por la norma citada, de donde se colige que mientras en la primera etapa el actor debe probar que el demandado tiene la obligaci�n de rendirle las cuentas pedidas, en la segunda, luego de proferida la sentencia o alguno de los autos de que tratan los numerales 2o. y 3o. del art�culo 418 memorado, se entra a determinar las sumas correspondientes, seg�n las diferentes hip�tesis a que hace referencia ese mismo precepto legal.

Como lo tiene dicho la doctrina de la Corte, es un proceso destinado a definir entre las partes, por raz�n de la administraci�n que una de ellas ha tenido de los bienes de la otra, "qui�n debe a qui�n y cu�nto "( G.J.T, CXIII, pag.247). Sin embargo, la cumplida demostraci�n de esos elementos estructurales de la rendici�n de cuentas no es suficiente para que quien reclame judicialmente la imposici�n a su demandado la obligaci�n de rendirlas obtenga el despacho favorable a sus s�plicas; es necesario, adem�s, que previamente establezca la concurrencia de los elementos o requisitos de la acci�n -entendida en este caso como sin�nimo de pretensi�n- entre los cuales indubitablemente se halla la legitimaci�n en causa, sobre el particular, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia desde vieja data, que la legitimaci�n en la causa �es en el demandante la calidad de titular del derecho subjetivo que invoca y en el demandado la calidad de obligado a ejecutar la obligaci�n correlativa.

Y el inter�s para obrar o inter�s procesal, no es el inter�s que se deriva del derecho invocado (inter�s sustancial), sino el inter�s que surge de la necesidad de obtener el cumplimiento de la obligaci�n correlativa, o de disipar la incertidumbre sobre la existencia de ese derecho, o de sustituir una situaci�n jur�dica por otra". (CXXXVI, p�g. 14;

CLI, p�g. 208). Ahora, como la legitimaci�n es una cuesti�n propia del derecho sustancial, su ausencia, ya sea en el demandante o en el demandado o en las dos partes, conduce necesariamente a un fallo adverso a la pretensi�n del accionante porque, como anota la Corte, es apenas l�gico que "Si el demandante no es titular del derecho que reclama o el demandado no es persona obligada, el fallo ha de ser adverso a la pretensi�n de aquel. �( CCXXXVIII.

Pag. 364-365). Descendiendo al caso en estudio se advierte que la raz�n por la cual depreca la parte demandante frente a la demandada esta rendici�n de cuentas; se hace descansar en que el extremo pasivo se encuentra usufructuando el inmueble objeto de la copropiedad. Hay copropiedad cuando una misma cosa pertenece en su conjunto a varias personas, esta noci�n esta ligada necesariamente a la instituci�n jur�dica de la comunidad de que trata el art�culo 2322 y siguientes del C�digo Civil y la ley 95 de l890.

Estas disposiciones regulan ese derecho de propiedad ejercido en com�n por distintos titulares sobre un mismo bien y los derechos y deberes de cada uno de los cond�mines respecto de la cosa. En este orden de ideas, en esta propiedad indivisa cada comunero es due�o de un derecho pero no de todo el bien ni de una parte determinada del mismo, es decir, de una cuota num�rica considerada como ente abstracto.

Por consiguiente, si en virtud de este especialis�mo r�gimen legal cada uno puede obrar por su propia cuenta, es por lo que, pese a la asimilaci�n prescrita por el art�culo 2323 ib�dem, no puede entenderse la comunidad como persona jur�dica diferente de sus condue�os, como tampoco titular de un patrimonio aut�nomo o independiente. En este sentido ha dicho la H. Corte que " del dominio de cada uno de los condue�os de las cosas comprendidas en la comunidad le resultan derechos al uso de la cosa com�n y a sus frutos como tambi�n obligaciones en cuanto a deudas y reparaciones de la comunidad.

Esta, a diferencia de lo que acontece con la sociedad, no constituye una persona jur�dica distinta de los socios, personalmente considerados, ni es due�a tampoco de un patrimonio propio. La cuota que corresponde a los comuneros en la cosa com�n pertenece al patrimonio particular de cada uno de ellos. Los comuneros no son distintos due�os de una cosa, y como copropietarios no se representan unos a otros ni tienen tampoco particularmente la representaci�n de la comunidad de modo que pudiera ser demandada eficazmente en la persona de cualquiera de los part�cipes.

Desde el punto de vista del derecho de propiedad indivisa existente en el cuasicontrato de comunidad carece de todo sentido el concepto de administraci�n rec�proca de los comuneros." (G.J.t, XLVIII, pag. 428). De ah� que aunque en principio cada comunero ha de limitarse a explotar por su cuenta la parte abstracta que le corresponde y que, as� mismo, lo que sobrepase su derecho requiere del consentimiento de los restantes copropietarios, a quienes debe lo extra�do de m�s en la cosa com�n, en todo caso, como la legitimaci�n en la causa para reclamar entre ellos lo obtenido en exceso por quien est� ejerciendo actos de administraci�n no nace de la simple comunidad, t�rnase necesario, para finiquitar las cuentas respectivas, que los mismos hayan delegado en legal forma dicha funci�n, tal cual lo prev�n los art�culos l6 a 27 de la Ley 95 de l890.

Esa ley, en efecto, se�ala la forma de dirimir las dificultades que puedan surgir de la administraci�n del bien com�n, y para ello contempl� el nombramiento de un administrador en el evento en que los comuneros no se avinieren en cuanto al goce de los bienes comunes; aqu�l para esta precisa hip�tesis, agrega la ley, deber� ser nombrado de consuno, pero si ello no fuere posible, cualquiera de �stos puede solicitar al juez que los convoque y que bajo su presencia efect�e la designaci�n o que, en su defecto, la realice �l. En este sentido, en consonancia con la doctrina, seg�n la cual, "el administrador de una comunidad tiene la personer�a de ella representa, por lo tanto, a los copropietarios activa y pasivamente" (Arturo Valencia Zea, Derecho Civil, Tomo II, pag. 2l8), la jurisprudencia de la H. Corte tiene expuesto que " el �nico medio para impedir que un comunero tenga un aprovechamiento superior a su cuota, es provocar el nombramiento de administrador de la comunidad o pedir su partici�n " (G.J.t, LX, pag. 55).

Por tanto, como en la situaci�n aqu� planteada, la verdad es que la legitimaci�n no nace de la comunidad, ni del hecho de que un comunero, con exclusi�n de otro, est� ejecutando actos de administraci�n, pues para ello resulta necesario proceder en la forma prevista por la ley citada, por estas razones, impon�ase desestimar las pretensiones formuladas por los demandantes contra su copropietaria DORA INES MENDEZ.

Puestas de este modo las cosas, el fallo materia de apelaci�n no se encuentra ajustado a derecho, debiendo revocarse con la consecuente condena en costas para la parte demandante. D E C I S I O N: En m�rito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTAFE DE BOGOTA. D.C., en Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, R E S U E L V E:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia materia de apelaci�n. En su lugar se DESESTIMAN las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de las dos instancias a la parte demandante. T�sense por quien corresponda. C�PIESE, NOTIF�QUESE Y C�MPLASE. EDGAR CARLOS SANABRIA MELO CESAR JULIO VALENCIA COPETE JOSE DEL CARMEN VEGA SEPULVEDA Discutida en sala civil de decisi�n del 31 de agosto y 6 de septiembre de dos mil y aprobada en esta �ltima. 982526339 A A��������  �� � � � � x y � �����D��f~��% (�+_,p,;-L-N-_-�-�-�-�-%.K.f.�.//&/'/�������������������������������������������������������@�@���CJCJ@�CJ @���CJmH  6�@���CJ5�6�@���CJ 6�@���CJ6�@���CJmH 5�6�@���CJmH 5�6�@���CJ 5�@���CJ@���CJ9)@A���������� � � ) * ������������������������$*$d� �0���p $*$d� �0� $*$d� �')@A���������� � � ) * � �  � � x y � � ��������no^_������56]^s#t#�%�% ( (**�+�+^,_,q,r,:-;-M-N-�-�-&.'.I.J.K.f.g.h.i.�.�.�.�.�.�.�.//$/%/�����b* � �  � � x y � � ��������no^_��������������������������$*$d� $*$d� �'d� $*$d� �' $*$d� �0������56]^s#t#�%�% ( (**�+�+^,_,q,r,������������������������ $*$d� �' $*$d� �0�d� $*$��d�$*$d�r,:-;-M-N-�-�-&.'.I.J.K.f.g.h.i.�.�.�.�.�.�.�.//������������������������d� $*$d� �0� $*$d� �' $*$d� �0�/$/%/&/'/����d� ���%/&/'/� &P��/ �"I!� "��#� $��%� [$@��$NormalmH F@FT�tulo 1$$*$d�@& �'5�@���FA@���FFuente de p�rrafo predeter.4�4 Encabezado  ��8!: @: Pie de p�gina  ��8!NB@NTexto independiente$*$dh@���CJ:&@�!:Ref. de nota al pieH*828Texto nota piemH nH '+D����'/* �r,/'/ %/'/!AH������� #$+-6:CJNOV]bgjuyz����������������������������� �������������N Y ��ru6CY^hk�$�$%%�%�%�%&:'C'`'j'?*G*+%+(+��[]��ef~�DNpr&!*!�$�$&&�'�'W)^)�)�)'*H*i*n*+%+(+�� ADMINISTRACION JUDICIAl:C:\Mis documentos\Otras sentencias\982526339 A cuentas.docADMINISTRACION JUDICIAlIC:\WINDOWS\TEMP\Guardado con Autorrecuperaci�n de 982526339 A cuentas.asdADMINISTRACION JUDICIAlIC:\WINDOWS\TEMP\Guardado con Autorrecuperaci�n de 982526339 A cuentas.asdADMINISTRACION JUDICIAlIC:\WINDOWS\TEMP\Guardado con Autorrecuperaci�n de 982526339 A cuentas.asdADMINISTRACION JUDICIAlIC:\WINDOWS\TEMP\Guardado con Autorrecuperaci�n de 982526339 A cuentas.asd�@�A*A* 80A*<*'+`@G�Times New Roman5��Symbol3&� Arial"q����!I&R�IFQ�IF1Q;�#Kt$�����20d�+��ADMINISTRACION JUDICIAlADMINISTRACION JUDICIAl�������Oh��+'��0�������� , H T ` lx����ssADMINISTRACION JUDICIAlDMIDMINormalTADMINISTRACION JUDICIAl49IMicrosoft Word 8.0C@&�P @VAo�'�@�k�@���'�;�#����՜.��+,��D��՜.��+,��@� hp���� ���� � ��despacho de magistradoK�+1  T�tulo� 6> _PID_GUID�AN{D6EDB5AC-8234-11D4-8109-0080296A80A1}  !"����$%&'()*����,-./012����456789:��������=����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Root Entry�������� �F�T��k�����'�?�1Table������������#WordDocument��������"DSummaryInformation(����+DocumentSummaryInformation8������������3CompObj����kObjectPool����������������'�����'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� �FDocumento Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8�9�q