11001310303920010848 01 · Tribunal de Bogotá

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MAGISTRADA PONENTE: ANA LUC�A PULGAR�N DELGADO. RADICACI�N: No. 11001310303920010848 01. RAD. INTERNA 1896. PROCEDENCIA JUZGADO 39 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOT�. DEMANDANTE: MARIA ISABEL FERNANDEZ ROA. DEMANDADO: POMPILIO MOLANO RUBIANO. CLASE DE PROCESO: ORDINARIO (PERTENENCIA). MOTIVO DE ALZADA: APELACION SENTENCIA. FECHA DISCUSI�N Y APROBA- CI�N PROYECTO: 29-Septiembre-2004.

ASUNTO Decide el Tribunal la apelaci�n concedida al apoderado judicial de la parte actora, contra la sentencia del 19 de diciembre de 2003, proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Villeta - Cundinamarca (descongesti�n del Juzgado 39 Civil del Circuito de Bogot�), dentro del proceso de la referencia, por el cual, se resuelve denegar las pretensiones incoadas por MARIA ISABEL FERNANDEZ ROA en contra de POMPILIO MOLANO RUBIANO.

ANTECEDENTES De las copias remitidas para el tr�mite de la alzada, se establece que MARIA ISABEL FERNANDEZ ROA, a trav�s de apoderado judicial, present� demanda ordinaria de mayor cuant�a o acci�n de pertenencia contra POMPILIO MOLANO RUBIANO. La primera solicita se declare que la demandante ha adquirido por prescripci�n extraordinaria del dominio, la propiedad total del inmueble de la carrera 2N # 39 A � 60 Sur Guacamayas Segundo Sector de Bogot� D. C., especificado en la demanda y como consecuencia de lo anterior se ordene la inscripci�n de la sentencia en la Oficina de Registro de Instrumentos P�blicos Zona Sur de Bogot�.

Lo anterior, con base en los siguientes hechos: La demandante adquiri� desde agosto de 1978 el inmueble descrito anteriormente por compra a la Caja de Vivienda Popular, a efectos de cumplir los requisitos exigidos por la misma hizo figurar como compa�ero permanente al demandado con el cual tiene un hijo. Que han sido 22 a�os durante los cuales la demandante ha ejecutado actos de se�ora y due�a y sobre el cual no se ha reconocido ning�n otro poseedor m�s que ella, aunque ha tenido la titularidad compartida, raz�n por la cual interpuso demanda ordinaria de mayor cuant�a contra Pompilio Molano Rubiano el d�a 18 de diciembre de 2000.

El Juzgado 39 Civil del Circuito de la ciudad, la inadmiti� por falta de direcci�n para notificar al demandado, inexactitud de los demandados contenidos en el poder, y carencia de certificado de libertad y tradici�n; subsanadas las falencias, el despacho la admiti� mediante auto fechado el 13 de febrero de 2001, ordenando emplazar a los demandados indeterminados, designado su curador ad litem se le notific� del auto admisorio de la demanda el 7 de noviembre de 2001, quien contest� pronunci�ndose sobre los hechos, oponi�ndose a las pretensiones y formulando como excepciones las que se logren demostrar en el transcurso del proceso.

Posteriormente el Juez de competencia orden� la notificaci�n al demandado, quien se notific� personalmente, mediante acta suscrita el 22 de marzo de 2002. Demandante y demandado en uso de sus calidades, aportan al expediente un escrito contentivo de sus voluntades, donde expresan su deseo de dar por terminado el presente proceso por cuanto el demandado renuncia a todo derecho que le corresponda en relaci�n con el inmueble de la litis y se allana a las pretensiones de la demanda, y la demandante se compromete a que una vez terminado el presente proceso, llevar a cabo la cesi�n de dicha titularidad a su hijo WILSON MOLANO FERN�NDEZ, pero, reserv�ndose el usufructo del mismo.

Decretadas las pruebas solicitadas, no se practicaron como quiera que la parte demandante desisti� del dictamen pericial que hab�a solicitado, manifestando que la inspecci�n judicial se practicara sin peritos, llegado el d�a se�alado para dicha diligencia la parte actora no se hizo presente, por lo cual aquella no se realiz�; posteriormente la demandante solicit� dictar sentencia, aduciendo que la etapa probatoria hab�a concluido y que las partes conciliaron, por lo cual se corri� traslado para alegatos de conclusi�n, t�rmino en el que el apoderado de la demandante alleg� un documento contentivo de la cesi�n de derechos del inmueble realizado por el demandado a la demandante, en el a�o de 1986.

En virtud del Acuerdo 1875 del 18 de junio de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, por descongesti�n el presente proceso le correspondi� al Juzgado de Circuito de Villeta - Cundinamarca, el que mediante providencia calendada el 19 de diciembre de 2003 neg� las pretensiones incoadas por la demandante. En este estado del proceso el expediente fue devuelto al juzgado de origen, procediendo la actora a interponer recurso de apelaci�n contra dicho fallo, decisi�n de la cual hoy se ocupa la Sala.

SUSTENTO DEL FALLO IMPUGNADO Luego del recuento de los hechos y pretensiones de la demanda, el juzgado de primera instancia analiz� la prescripci�n como medio de adquirir las cosas ajenas, concentr�ndose en establecer la concurrencia de los requisitos exigidos por la Ley, como son: que el bien sea susceptible de adquirir por ese modo, y se haya podido identificar y determinar plenamente la posesi�n material sobre el mismo, que la posesi�n ejercida se haya extendido por un lapso no menor a veinte a�os, y que tal ejercicio haya sido de manera p�blica, pac�fica y continua.

Con respecto al primer requisito el despacho consider� que efectivamente el predio era susceptible de adquirir mediante tal modo, se�alando no obstante que como no se pudo llevar a cabo la diligencia de inspecci�n judicial, tampoco fue posible constatar si el predio era el mismo que se pretend�a en la demanda. Igualmente encontr� el a quo que la etapa probatoria fue nugatoria, y por ello no fue posible probar los dem�s elementos alegados en la demanda, que de �sta manera no era viable la prosperidad de las pretensiones, as� mismo, que tampoco es posible pensar que se encuentran probados tales elementos por el hecho de que el demandado se haya allanado a la demanda en el escrito visto a folio 59.

Respecto al documento contentivo de la cesi�n de derechos sobre el bien inmueble objeto del proceso y sucrito en el a�o de 1986, dice el juez de competencia que con �ste se afirma la actitud positiva y los derechos que el demandado posee sobre el inmueble; e igualmente al calcular el tiempo transcurrido entre la fecha de suscripci�n de dicho escrito a la fecha, no se cumpl�an el lapso exigido por el legislador para proceder a ordenar la usucapi�n. Finalmente, en cuanto al documento suscrito por la partes y visto a folio 59, consider� que adem�s de ser una renuncia del demandado al derecho que le corresponda, no reconoce la posesi�n exclusiva de la demandante sobre el inmueble y simplemente es el acuerdo de dos voluntades donde se comprometen a dejar el inmueble a favor del hijo de las partes.

Por todo lo anterior, el a quo consider� que no se reun�an los requisitos exigidos por la norma para la prosperidad de las pretensiones de la demanda. IMPUGNACI�N El apoderado judicial de la parte demandante interpuso recurso de apelaci�n contra la sentencia de fecha 19 de diciembre de 2003, solicitando se revoque en todas y cada una de sus partes; inconformidad que motiva, as�: El apelante en s�ntesis centra su alegato en dos puntos: primero, no comparte la posici�n del a quo en el sentido de afirmar que en el ac�pite de pruebas, la parte actora solicit�, adem�s de cinco declaraciones, una inspecci�n judicial al predio objeto del proceso, pero las mismas no se practicaron por cuanto el despacho de competencia no llam� a testificar a tales personas y la inspecci�n no se pudo llevar a cabo, situaciones que por ende obstaculizan el derecho probatorio de la actora y hacen m�s gravosa su situaci�n. Alega el apoderado que el juez tiene la facultad de fallar con base en las pruebas que considere pertinentes, pero esto no indica que la no practica de las pruebas solicitadas en la oportunidad sea sustento de la negaci�n de lo pretendido.

En segundo lugar, manifiesta el apelante que el traslado del expediente al municipio de Villeta - Cundinamarca, impidi� el ejercicio de los derechos de la actora dentro del proceso, dado que la situaci�n econ�mica de la demandante imposibilitaba el desplazamiento hasta dicha localidad, pero lo anterior no justifica al juzgado de descongesti�n para evadir su responsabilidad de practicar las pruebas solicitadas oportunamente y con base en tal inoperancia respaldar el fallo adverso a la actora.

As� mismo, afirma el recurrente que la sentencia atacada infringe el derecho al debido proceso, ya que no resuelve lo concerniente a las pruebas solicitadas, que indiscutiblemente pretend�an probar los hechos de la demanda, as� como hacer efectivas las pretensiones; de �sta manera al no resolverse tal situaci�n, efectivamente se le niega a la parte actora la oportunidad de demostrar la posesi�n que ha ejercido sobre el inmueble en litigio por m�s de veinte a�os.

Finalmente el apoderado de la parte actora, inconforme con el fallo adverso a su poderdante, arguye que el demandado figura en la escritura p�blica del inmueble objeto del litigio por cuanto era requisito indispensable para el otorgamiento de la titularidad del inmueble, pero el mismo demandado reconoce que moralmente no le asiste ning�n derecho sobre dicha vivienda y por ello expresa su renuncia a cualquier derecho que le haya otorgado la ley sobre el mismo, en el documento presentado al despacho el 1� de abril de 2002, lo que indica que igualmente el mencionado escrito debe tenerse como prueba de la existencia del inmueble y de la posesi�n que la demandante ejerce sobre el mismo, por ello no comparte la desestimaci�n que el despacho hace sobre el mencionado documento, donde las partes expresan claramente su voluntad de poner fin al presente proceso.

CONSIDERACIONES Los presupuestos procesales se encuentran reunidos a cabalidad y sobre ellos no hay lugar a reparo alguno; as� mismo, examinada la actuaci�n procesal, rituada en ambas instancias, no se observa irregularidad alguna que pueda invalidar lo actuado. Por lo anterior est�n presentes las condiciones necesarias para proferir sentencia de m�rito.

Conocido el motivo de la inconformidad del apelante con la sentencia de primer grado, de cara a dicha postura procede la Sala a decidir los puntos, encontrando en primer lugar que la orfandad probatoria vislumbrada por el a quo en torno a la demostraci�n de los presupuestos de la acci�n prescriptiva incoada, obedece principalmente a la inasistencia de la parte actora a la fecha y hora programada para la evacuaci�n de la diligencia de inspecci�n judicial, en la cual se evacuar�an a su vez los testimonios pedidos, habiendo renunciado a la intervenci�n de los peritos la parte demandante (folios 61, 64 y 68 C.1), sin que el hecho de haberse remitido el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito de Villeta, para descogensti�n, vulnere en manera alguna el derecho a la defensa de la parte actora, quien por dem�s pudo hacer uso de la facultad consagrada en el art�culo 184 del C�digo de Procedimiento Civil, en cuanto a la oportunidad adicional de pruebas dejadas de practicar sin su culpa, ora en la segunda instancia como lo prev� el art�culo 361 �dem.

En segundo lugar, si bien es cierto que el juez debe practicar forzosamente inspecci�n judicial sobre el bien, con el fin de verificar los hechos relacionados en la demanda y constitutivos de la posesi�n alegada por el demandante (numeral 10, art�culo 407 C�digo de Procedimiento Civil), no releva el deber de colaboraci�n de las partes, siendo evidente que en este caso la audiencia para tal fin fue abierta y al no asistir la parte interesada solo pod�a evacuarla el juez en la medida que le fuera posible (art�culo 246),considerando el a quo que �como quiera que el apoderado de la parte demandante y los auxiliares de la justicia, no se hacen presente, la diligencia no se puede efectuar�, brillando por dem�s la ausencia de los testigos (folio 68); prueba que de todas formas para adoptar la decisi�n final a la que lleg� el a quo, no era necesaria considerar, al concluir de todas formas que no se cumplen a cabalidad todos los presupuestos de la acci�n intentada, como en efecto no se cumplen, ya que si bien el bien el inmueble es susceptible de adquirir por el modo de la prescripci�n adquisitiva del dominio, as� no se haya podido identificar y determinar plenamente en el campo, es claro que la misma parte demandante aduce que en 1986 el demandado, con quien ejerce la titularidad compartida, en documento privado suscrito ante testigos, le cedi� todos los derechos sobre el bien de acuerdo con el documento que en copia simple se alleg� al juicio, lo que evidentemente afirma la actitud positiva y los derechos que el demandado pose�a para esa fecha sobre el inmueble, al hacer la cesi�n a t�tulo de compensaci�n de la cuota alimentaria de su hijo com�n, comprometi�ndose la cesionaria a quedar a cargo de la mencionada cuota, as� como a pagar las cuotas de amortizaci�n del cr�dito hipotecario que pesaba sorbe el bien, gravado por dem�s con patrimonio de familia, por lo que al calcular el tiempo entre la fecha de suscripci�n de dicho escrito, a la fecha de la demanda, no se cumple el lapso exigido por el legislador para proceder a ordenar la usucapi�n; reafirmaci�n de sus derechos que nuevamente hace el demandado al contestar y allanarse a la demanda, al renunciar a toda pretensi�n y derecho que le corresponda sobre el inmueble de que trata este proceso, bajo el compromiso adquirido de la demandante que una vez obtuviera fallo favorable hiciera cesi�n voluntaria de esa titularidad del bien a favor de su hijo com�n, reserv�ndose la demandante y de por vida el usufructo (folio 59 C.1); allanamiento que de todas formas no operaba plenamente sobre el inmueble en este caso a favor de la demandante, por existir otros demandados indeterminados que a trav�s de curador ad litem se opusieron a la prosperidad de las pretensiones �de no resultar probados en debida forma los hechos en los cuales se fundamentan�, como en efecto ocurri� (folio 51).

DECISI�N En m�rito de lo expuesto el Tribunal Superior del distrito Judicial de Bogot� D. C., en Sala de Decisi�n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia apelada de fecha y procedencia preanotadas, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.- Costas en esta instancia a cargo de la parte apelante. T�sense. TERCERO.- Devu�lvanse las diligencias al juzgado de origen para los fines pertinentes. C�PIESE, NOTIF�QUESE Y C�MPLASE.

Los Magistrados, ANA LUC�A PULGAR�N DELGADO RAD. No. 11001310302320010848

01. ARIEL SALAZAR RAM�REZ RAD. No. 11001310302320010848

01. EDGAR CARLOS SANABRIA MELO RAD. No. 11001310302320010848 01. PAGE PAGE 7 <@vw�$%-.��z } � � � � �I]�-��X��r � � ['�*��ʷ��蛉�z�o��oco��5�CJOJQJmH sH CJOJQJmH sH CJOJQJmH nHsH tH#CJOJPJQJmH nHo(sH tH CJOJPJQJmH nHsH tHCJOJQJmH sH $CJOJPJQJ^JmH nHsH tHCJOJQJ^JCJOJQJmH $sH $CJOJQJCJCJOJQJ5�CJOJQJ5�CJOJQJ&2=>?@Atuvw��!e��$��c�^��`�c�a$$��k�^��`�k�a$$�� ^�� `��a$$a$$a$�>�>��!"#$%&-./0��ABCDEFG� � � ��$a$$a$� ��ijkrstuv��XYZ��$a$$a$$a$�� #�#�#Z'['\']'^'_'�� C�"$a$$a$$a$_'`'a'�*�*�*�*�*�*�*�*-,.,/,V0W0X0�2�2�2�2�2�2�;�;�;�;�;��$a$$a$$a$�*�*�*�*-,)6�;�;�;j<k<v<�<�<=!=`=k=�=�=�=�=�=>1>J>l>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>��۵��ۮ��0JmHnHu0J j0JUB*CJOJQJph5�CJOJQJ5�CJOJQJCJOJQJmH sH CJOJQJCJOJQJ^J\�^JmH sH CJOJQJ^JmH sH )�;�;�;j<k<l<m<v<w<x<y<========a=b=c=�=�=�=�=�=�=�=��$a$$a$�=�=�=�=>1>2>3>4>J>l>m>n>o>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>��&`#$$a$$a$+ 0&P1�h��/ ��N!��"��#��$��%�� i0@��0Normal_HmH sH tH H@HT�tulo 1$$@&a$5�CJOJQJmH sH @@@T�tulo 2$$@&a$5�CJOJQJFA@��FFuente de p�rrafo predeter.FB@�FTexto independiente�xmH sH lQ@lTexto independiente 3$5$7$8$9DH$a$5�CJOJQJmH sH PP@PTexto independiente 2$a$CJOJQJPT"PTexto de bloque$�}��]�}^��a$OJQJ4@24 Encabezado �C�"0)@�A0N�mero de p�gina�:T��2=>?@Atuvw��!e��!"#$%&-./0��ABCDEFG��ijkrstuv��XYZ��Z#[#\#]#^#_#`#a#�&�&�&�&�&�&�&�&-(.(/(V,W,X,�.�.�.�.�.�.�7�7�7�7�7�7�7j8k8l8m8v8w8x8y899999999a9b9c9�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9:1:2:3:4:J:l:m:n:o:�:�:�:�:�:�:�:�0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0�9&�0�9&�0��0��0�9&�0�9&�0��0�9&�0�9&�0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0�9&�0��0��0��0��0��0��0��0��0�9&�0��0��0��0��0��0��0�9&�0�9&�0�9&�0�9&�0�9&�0�9&�0��0�9&�0�9&�0�9&�0��0��0�9&�0�9&�0�9&�0��0��0�9&�0�9&�0��0��0�9&�0�9&�0�9&�0��@0��@0��@0�� 0�*�> '�� _'�;�=�>!#$%&()�>"!�!t�� # p u � � �� &�&o'v'O)[)�*+�2�2�6�6�:�:�:��%&@Gqv��\#a#�&�&�&�&�.�.�7�7k8l8v8w899!9"999`9�9�92:3:l:m:�:�:&0��&�&�7�7m8v8:2:4:l:�:�:�:�:�:��CONSEJO SUPERIOR JUDICATURA�C:\Archivos Computador Olivetti\Mis documentos\SENTENCIAS (CIVILES)\ORDINARIOS\PERTENENCIAS\APELACION\1896 Apel.

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