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MAGISTRADA PONENTE: ANA LUC�A PULGAR�N DELGADO. RADICACI�N: No. 11001310302120000404 01. RAD. INTERNA 1632. PROCEDENCIA: JUZGADO 21 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA. DEMANDANTE: CARLOS NAVIA PALACIOS. DEMANDADOS: ARGEMIRO ROJAS SANABRIA, MA- RISOL ROJAS MU�OZ y ALIS ADRIANA ROJAS MU�OZ. CLASE DE PROCESO: ORDINARIO. MOTIVO DE ALZADA: APELACION SENTENCIA. FECHA DISCUSI�N Y APRO- CI�N PROYECTO: 10-Marzo-2004.
ASUNTO Decide el Tribunal la apelaci�n, otorgada en el efecto suspensivo, interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia de fecha 17 de enero de 2003, proferida por el Juzgado 21 Civil del Circuito de la ciudad, dentro del proceso de la referencia.
ANTECEDENTES Mediante proceso ordinario de mayor cuant�a, CARLOS FEDERICO NAVIA PALACIOS, abogado en ejercicio, actuando en nombre propio demand� a ARGEMIRO ROJAS SANABRIA, MARISOL ROJAS MU�OZ y ALIS ADRIANA ROJAS MU�OZ, para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas: 1�. Que es absolutamente simulado y por lo tanto no produce efectos legales el contrato de compraventa contenido en la Escritura P�blica No. 2556 del 11 de marzo de 1998 de la Notar�a 29 del C�rculo de Bogot�, por medio del cual las se�oras ALIS ADRIANA ROJAS MU�OZ y MARISOL ROJAS MU�OZ, adquir�an de su se�or padre, ARGEMIRO ROJAS SANBRIA, el inmueble de la carrera 111C No 65B-18 de Bogot�, distinguido con el Folio de Matr�cula Inmobiliaria No. 50C-1430968 de Bogot�. 2�.
Que como consecuencia de la anterior declaraci�n, se declare sin valor jur�dico el mencionado instrumento p�blico y su correspondiente registro, oficiando en tal sentido a la Notar�a y a la Oficina de Registro de Instrumentos P�blicos. 3�. Que consecuencialmente se les condene a las compradoras a restituir el inmueble materia de dicho contrato y demanda, al vendedor, dentro de los seis d�as siguientes a la ejecutoria de la sentencia, de tal manera que ingrese nuevamente a su patrimonio y que se constituya en prenda general de sus obligaciones. 4�.
Que para todos los efectos se declare que los compradores actuaron de mala fe. 5�. Que se ordene la inscripci�n de la sentencia en el correspondiente Folio de Matr�cula Inmobiliaria. 6�. que se condene en costas a la parte demandada. Como hechos de la demanda expuso que el vendedor ARGEMIRO ROJAS SANABRIA, es el padre leg�timo de las compradoras ALIS ADRIANA ROJAS MU�OZ y MARISOL ROJAS MU�OZ, quienes dieron como precio del predio la suma de $6�000.000; que en la actualidad el vendedor junto con su esposa cohabita con las compradoras en el inmueble lote de terreno y la edificaci�n que hizo parte de uno de mayor extensi�n, se distingue con el n�mero 165B-18 de la carrera 111C de la nomenclatura urbana de Bogot�, cuenta con un �rea de 63.00 mts2 y comprendido por los siguientes linderos: por el NORTE: en longitud de 9.00 mts2 con servidumbre de entrada; por el SUR: en longitud de 9.00mts2 con propiedad de Marco Lino Meneses; por el ORIENTE: en longitud de 7.00 mts con el lote de mayor extensi�n del cual se agrega adjudicado a Rub�n Dario Rojas Sanabria y por el OCCIDENTE: en longitud de 7.00 mts con la carrera 11C de la nomenclatura urbana de Bogot�; correspondiendo a dicho inmueble el folio de matr�cula inmobiliaria n�mero 50C-1430968 de la Oficina de Registro de Instrumentos P�blicos de Bogot�.
Que entre los demandados se urdi� una simulaci�n para violar la ley e impedir que ARGEMIRO ROJAS SANABRIA, responda por sus deudas y as� evitar que ese bien permanezca en su patrimonio; que Argemiro Rojas Sanabria, asumi� obligaciones con el demandante con base en informaci�n falsa por valor total de $4�000.000, que son resultado de un convenio de arrendamiento de un local ubicado en la carrera 19 No. 45-92 de Bogot�, para poner en funcionamiento una marqueter�a, el que a�n se encuentra bajo su tenencia, no obstante cursar ante el Juzgado 31 Civil Municipal de esta ciudad un proceso de restituci�n del inmueble arrendado; que a ra�z de ese contrato el vendedor incumpli� con la obligaci�n a pagar la renta, por lo que ante la decadencia econ�mica decidi� transferir simuladamente, sin �nimo serio de despojarse de sus bienes, el bien inmueble alinderado anteriormente, circunstancia que permiti� que ese bien dejara de ser prenda general de sus acreedores; que los indicios en contra de la seriedad de la venta, que deben ser tenidos en cuenta para dictar sentencia, son los siguientes: se hace figurar como venta lo que puede ser una donaci�n sin el lleno del requisito de la insinuaci�n judicial; el parentesco entre los contratantes complotados; el hecho de que en la oficina de Catastro y la Tesorer�a Distrital y empresas de servicios p�blicos contin�e figurando como titular para efectos fiscales el se�or Argemiro Rojas Sanabria, la imposibilidad de que la hijas de una persona en quiebra puedan tener dinero para comprarle la propiedad a su padre para continuar habit�ndolo con toda la familia; la penosa situaci�n econ�mica del demandado Rojas Sanabria que demuestra el �nimo torticero que inspir� la simulaci�n de la venta; la confabulaci�n para eludir pasivos reales y para violar en forma indirecta la ley; el precio bajo de la venta; todo lo cual constituye a las demandadas compradoras en poseedoras de mala fe, debiendo ser condenadas a todas las restituciones y pagos que se desprenden de esa viciosa calidad, toda vez que el traspaso simulado del bien le ha causado graves perjuicios al acreedor y ha atentado contra la ley y contra principios generales del derecho, encontr�ndose legitimado para intentar a trav�s de esta acci�n que las cosas vuelvan a su estado anterior al contrato simulado y obtener por intermedio de ello la satisfacci�n de sus pretensiones (folios 8 a 13 C.1).
TRAMITE PROCESAL Admitida la demanda, se ordeno correr traslado a la parte demandada para que ejerciera sus derechos (folios16). Notificado el demandado ARGEMIRO ROJAS SANABRIA, no contest� la demanda, ni propuso excepciones (folio 17). Las demandadas ALIS ADRIANA y MARISOL ROJAS MU�OZ, se vincularon al proceso a trav�s de apoderado, quienes se opusieron a todas y cada una de las declaraciones y condenas, y propusieron lo que denominaron excepci�n previa de �carencia absoluta para demandar�, argument�ndola en que el demandante no tiene capacidad para ser parte en el proceso, y adem�s que no ha sido lesionado por la venta del bien objeto del litigio, puesto que no se le hab�a prometido ninguna venta ni el bien se le hab�a dado en garant�a de ninguna obligaci�n (folios 39 a 41 C.1).
Por auto del 2 de octubre de 2000, se levant� la orden de inscripci�n de la demanda por cuanto la parte actora no prest� la cauci�n por el monto fijado (folio 45 C.1). En el t�rmino de traslado, el demandante manifest� que la parte demandada no propuso excepciones de m�rito sino que propuso una excepci�n previa, la cual no se encuentra enlistada en el art�culo 97 del C�digo de Procedimiento Civil, y que por tanto ha de fallarse este asunto conforme a las pretensiones formuladas (folio 46 C.1).
Se�alada fecha y hora para la realizaci�n de la audiencia del art�culo 101 del C�digo de Procedimiento Civil, fracas� la etapa de conciliaci�n por la inasistencia de dos demandados, as� como de la parte demandante; en la misma audiencia se precis� que no se propusieron excepciones previas, ni se dan los presupuestos proc�sales de los numerales 5 y 6 de la norma citada, en cuanto a la fijaci�n de hechos y dem�s circunstancias all� consagradas; disponiendo el juez que no se sancionaba por la inasistencia al demandado Argemiro Rojas Sanabria, por cuanto no contest� la demanda, ni propuso excepciones (folio 48 C.1).
Por auto del 29 de marzo de 2001 se abri� a pruebas el proceso, decret�ndose las siguientes: Parte actora. Documental aportada con la demanda, testimonios de Luis Enrique Jaimes y Luis Miguel Urrego, inspecci�n judicial sobre el inmueble objeto del contrato, interrogatorio de parte a los tres demandados y oficios a las empresas de energ�a, acueducto y tel�fono para que informaran si a�n figura como propietario del bien para efectos fiscales el demandado Argemiro Rojas.
Parte pasiva. Documental aportada con el escrito de contestaci�n de la demanda, interrogatorio de parte al demandante y testimonios de Jos� Vicente Cruz y Cesar Pinz�n (folios 60 y 61 C.1). Mediante providencia del 22 de marzo de 2002, se corri� traslado para alegatos de conclusi�n, derecho del cual hicieron uso los extremos del litigio (folios 112 a 121 C.1).
LA SENTENCIA IMPUGNADA En fallo proferido el 17 de enero de 2003, luego del recuento de las pretensiones y hechos de la demanda, del tr�mite surtido, y de precisar el marco conceptual y jur�dico de la teor�a de la simulaci�n de los contratos, desarrollada por la doctrina y jurisprudencia nacional, el juzgado de primera instancia respecto a la legitimaci�n en la causa aduce que la acci�n de simulaci�n pueden ejercerla tanto los contratantes simuladores como los herederos de �stos, y a�n terceras personas bajo la condici�n de que tengan un verdadero inter�s jur�dico, en el sentido que sean titulares de un derecho, el que est�n impedidos de ejercer por el acto aparente, y a causa del cual se les ocasiona un perjuicio; y en cuanto al extremo pasivo, esta acci�n debe dirigirse contra todas las personas que fueron parte en el negocio jur�dico simulado o sus herederos, y que respecto a lo anterior la Corte ha sostenido que el que tenga inter�s jur�dico protegido por la ley, en que prevalezca el acto oculto sobre lo declarado por las partes en el acto ostensible, est� habilitado para demandar la declaraci�n de simulaci�n. Una vez tuvo por esclarecida la legitimaci�n que ostenta el demandante, que tuvo fundada en el contrato de arrendamiento celebrada con el demandado vendedor, aportado en fotocopia autenticada al proceso, el a quo pas� a examinar si se demostr� la simulaci�n deprecada, indagando en primer lugar sobre la presencia del acto ostensible impugnado, y en segundo t�rmino, sobre la verdadera intensi�n de los contratantes.
Expuso el juez del conocimiento que se expres� en la demanda que la negociaci�n se efectu� entre padres e hijas, siendo de trascendental connotaci�n, c�mo los testigos Jos� Vicente Cruz Ospina y Cesar Augusto Pinz�n Garz�n, aunado a la prueba documental aportada, dieron explicaciones acerca de la forma como conocieron a los demandados, narraron las circunstancias de tiempo, modo y lugar concerniente a la verdadera intenci�n que se propusieron los contratantes al celebrar el contrato impugnado, y de la verdadera causa por la que aparecieron las demandantes como compradoras del bien, exponiendo la forma como se realiz� la negociaci�n y la forma como se cancel�, igualmente que quienes pagaron la cuota inicial, respecto de la compra del inmueble fueron las dos hermanas con dinero de su propio peculio adquirido de su actividad laboral y adem�s despu�s de su adquisici�n atendieron gastos relacionados con la compra de materiales de construcci�n, para realizarle mejoras; y que por todo ello resulta inocua la acci�n deprecada, ya que las compradoras fueron las �nicas que para probar la intenci�n plasmada en el contrato, allegaron pruebas testimonial, facturas de pago de servicios p�blicos, unos a nombre de Alis Adriana y otros a nombre de Marisol Rojas Mu�oz; concluyendo que todo el material probatorio lleva a la afirmaci�n inequ�voca de dicho convenio celebrado entre el padre e hijas, en com�n y proindiviso, y que no fue creado en apariencia, pues lo �nico que quisieron los contratantes fue llevar a cabo un negocio jur�dico con todos los requisitos de ley, y por ello quedaba plenamente demostrado que no existi� simulaci�n, negando las pretensiones de la demanda y condenando en costas a la parte actora (folios 122 a 130 C.1).
LA IMPUGNACI�N El apoderado judicial de la parte demandante interpuso recurso de apelaci�n contra la sentencia de fecha 17 de enero de 2003, solicitando se revoque y decretar la simulaci�n absoluta del t�tulo escriturario, aduciendo que el juez de primera instancia se equivoco al fallar, estimando que el negocio jur�dico no fue simulado, pese a la existencia de una serie de indicios graves probados que indican que las voluntades declaradas en el t�tulo escriturario no fueron serias, porque lo que quer�an los contratantes era distraer el �nico bien cierto de la esfera de su padre con interposici�n de sus hijas, y que se trat� de una declaraci�n con contenido de voluntad no real, de tal modo que dicho negocio jur�dico es la donaci�n gratuita y defraudadora.
Que tampoco esta de acuerdo con el m�rito que le otorg� a las respuestas brindadas por las dos hijas simulantes y compradoras, ni el car�cter de plena prueba que concede a los dos testigos presentados a declarar, adem�s que para poder exonerar de la condena a los demandados, no bastaba afirmar de modo general que hubo un precio y se pag�; debi� probarse que se tuvo el dinero en alg�n sitio depositado, la procedencia del mismo, la entrega, la forma de pago, si en efectivo o en cheque, y el destino que le dio el vendedor, quien dicho sea de paso no concurri� a absolver el interrogatorio de parte, sin que esto haya producido alguna consecuencia procesal adversa contra el grupo familiar demandado.
Que lo que se ataca es el negocio celebrado entre padre e hijas sobre el inmueble de propiedad del primero, pero la juez da por resuelto el caso de la simulaci�n afirmando en la sentencia, en los p�rrafos 2 y 3 del folio 130 del expediente, que ellas son due�as porque pagaron la cuota inicial por la compra primigenia del inmueble y compraron materiales y pagaron los trabajos de construcci�n de las mejoras levantadas; pregunt�ndose el apelante que si ellas eran las due�as desde un principio, porqu� figur� s�lo el padre y sin menci�n a su mujer adquiriendo en forma exclusiva la heredad; y que si la escritura simulada se hizo mucho despu�s, qu� imped�a reconocerlas como due�as de la mitad del predio o de las dos terceras partes en dicho t�tulo; concluyendo que la simulaci�n para defraudar a los acreedores del padre fue un hecho real y prueba de ello es que el padre contin�a habitando el predio del que siempre fue su titular como se�or y due�o (folios 5 y 6 de este cuaderno de segunda instancia).
Planteado lo anterior, procede la Sala a proferir la decisi�n que desata el recurso de alzada, previas la siguientes, CONSIDERACIONES Los requisitos procesales para proveer de m�rito en el presente asunto, estructurales del debido proceso, est�n cumplidos a cabalidad en la forma prevista en los art�culos 16, 23, 44, 75 a 77, 82, 84, 360, 400 y siguientes del C�digo de Procedimiento Civil, art�culo 29 de la Constituci�n Pol�tica de Colombia, sin que se advierta causal de nulidad capaz de enervar la actuaci�n surtida o que conlleve a decisi�n inhibitoria.
PRESUPUESTOS MATERIALES PARA DECLARAR JUDICIALMENTE LA SIMULACION DE UN ACTO JUR�DICO. Para el buen suceso de una demanda en la que se haya invocado una pretensi�n simulatoria, debe establecerse en primer lugar, si se demostr� la existencia del contrato cuestionado; en segundo lugar, tendr� que analizarse si existe en las partes la legitimaci�n, comenzando por el extremo que promovi� la acci�n correspondiente, puesto que quien la alegue debe estar asistido de un inter�s real para deprecar la pretensi�n; posteriormente se indagar� si la simulaci�n fue demostrada por la parte actora.
Empero, antes de abordar el an�lisis de los requisitos que ha evocado la Sala, se dejara expuesto, lo concerniente a la noci�n y presupuestos de esta figura jur�dica, a saber: NOCIONES SUSTANCIALES DE LA ACCI�N. El negocio simulado es el que tiene una apariencia contraria a la realidad, porque no existe en absoluto, o porque es diferente a como aparece.
Entre la forma extr�nseca y la esencia �ntima hay un contraste llamativo: el negocio que, aparentemente es serio y eficaz, es en s� mentiroso y f�cticio, o constituye una m�scara para ocultar un negocio distinto. Ese negocio, est� destinado a provocar una ilusi�n en el p�blico, que es inducido a creer en su existencia o en su naturaleza tal como aparece declarado, cuando, en verdad, no se realiz�, o se convino otro negocio diferente al expresado en el contrato.
La simulaci�n presenta distintas formas: o se simula la existencia del negocio (nulidad absoluta), o su naturaleza y las personas de los contratantes (nulidad relativa). En la primera forma de simulaci�n, esto es, la absoluta, las partes se proponen producir la apariencia del acto que no quieren realmente. El acto inexistente, ficticio, ilusorio, tiene s�lo una mera apariencia, una vana sombra.
En la simulaci�n relativa, las partes realizan un acto real, aunque distinto de aquel que aparece exteriormente. El acto est� escondido, celado, velado. Existe una ocultaci�n de un negocio verdadero bajo una forma mentida. Otro caso de simulaci�n relativa, es aquel en que las partes realizan un acto real y ponen de manifiesto su naturaleza; solo quieren enga�ar acerca de la persona del verdadero contratante.
En el negocio figura un sujeto distinto del interesado. Un titular fingido, un testaferro (interposici�n fingida de persona). PRESUPUESTOS MATERIALES DE LA ACCI�N. Atr�s qued� anotado, que doctrinaria y jurisprudencialmente se ha concluido que los presupuestos materiales configurativos de la acci�n simulatoria son tres: Existencia de un contrato La legitimaci�n en el actor para impetrarla y La presencia de un caudal probatorio suficiente para demostrar el acto jur�dico simulado. 1.
Existencia de un contrato Precisado lo anterior, se tiene que con relaci�n al cumplimiento del primer presupuesto para la prosperidad de la acci�n de simulaci�n, con la demanda se aport� copia tomada de fotocopia autenticada de la Escritura P�blica No. 2556 del 11 de marzo de 1998 de la Notar�a 29 del C�rculo de Bogot�, contentiva del contrato de compraventa celebrado entre ARGEMIRO ROJAS SANABRIA y sus hijas ALIS ADRIANA ROJAS MU�OZ y MARISOL ROJAS MU�OZ, por el cual el primero vendi� a las segundas a t�tulo de venta real y efectiva del derecho, dominio y posesi�n que dijo ejercer sobre el inmueble lote de terreno y la edificaci�n en �l existente, que hizo parte uno de mayor extensi�n, distinguido con el n�mero 65B-18 de la carrera 111C de la nomenclatura urbana de Bogot�, cuyos linderos y dem�s caracter�sticas obran en la demanda, y, en la cl�usula primera de esta escritura; raz�n por la cual est� presente el primer presupuesto en an�lisis. 2.
La legitimaci�n en el actor para impetrar la simulaci�n. En cuanto ata�e a la legitimaci�n de la actora para impetrar la acci�n de simulaci�n invocada, se observa que como lo han ense�ado la jurisprudencia nacional y la doctrina, la acci�n simulatoria la pueden ejercer los contratantes simuladores; sus herederos ora iure propio, o bien iure hereditario; as� como los causahabientes a t�tulo particular de las partes; como tambi�n los acreedores de los contratantes que han sido negligentes en la defensa de sus derechos.
Al respecto, nuestro m�ximo organismo rector de la justicia en Colombia, en sentencia del 19 de marzo de 1992, expreso: �Y por �ltimo, frente a la sexta objeci�n, cabe anotar que, por la naturaleza ya analizada de la acci�n de simulaci�n y lo que se pretende con su ejercicio, est� legitimado para interponerla cualquiera que se vea afectado en forma directa por el acto con el que se oculta la verdad, criterio as� sostenido por esta Corporaci�n en sentencia del 16 de mayo de 1.990: En las convenciones simuladas, no s�lo est�n legitimados por activa para alegar la simulaci�n las partes que en ella intervinieron o participaron, sino tambi�n los terceros, cuando ciertamente el acto fingido les acarrea un perjuicio cierto y actual.
Precisamente, la jurisprudencia nacional, en el punto ha sostenido lo siguiente: �La Corte reitera el criterio que existe en derecho seg�n el cual sin inter�s jur�dico no hay acci�n. Este postulado es de recibo cuando se ejercita la acci�n de simulaci�n, o sea, que cualquiera que tenga leg�timo inter�s en la declaraci�n de simulaci�n, por recibir un perjuicio cierto y actual con el negocio fingido, puede impugnar esa convenci�n " Esto es, que el derecho de donde se derive el inter�s jur�dico debe existir - lo mismo que el perjuicio - al tiempo de deducirse la acci�n, porque el derecho no puede reclamarse de futuro.
En las acciones de esa naturaleza tales principios sobre el inter�s para obrar en juicio se concretan en el calificativo de leg�timo o jur�dico, para significar, en s�ntesis, que al intentar la acci�n debe existir un estado de hecho contrario al derecho. Pero la significaci�n y alcance de este esencial presupuesto, consagrado en las normas generales de derecho, debe analizarse y deducirse para cada caso especial sobre las circunstancias y modalidades de la relaci�n procesal de que se trata, porque �sta es un conflicto de intereses jur�dicamente regulados y no pudiendo haber inter�s sin interesado, se impone la consideraci�n personal del actor, su posici�n jur�dica, para poder determinar, singuraliz�ndolo con respecto a �l, el inter�s que legitime su acci�n. Observ�ndose que en este caso, a pesar de que si bien se acredit� la calidad de acreedor del demandante, dicha calidad la adquiri� con posterioridad a la celebraci�n del negocio que se dice fingido por lo que no puede ser considerado como el causante directo y actual del perjuicio aducido por el demandante, toda vez que la compraventa contenida en al Escritura P�blica No. 2556 de la Notar�a 29 del C�rculo de Bogot�, se celebr� el 11 de marzo de 1998 y el contrato de arrendamiento del local ubicado en la carrera 19 No 45-92 de Bogot�, del cual hace derivar su cr�dito el actor en cuanto a c�nones de arrendamiento y cl�usula penal por incumplimiento se refiere, se celebr� hasta el 30 de octubre de 1999, siendo ARGEMIRO ROJAS SANABRIA el inquilino demandado en proceso de restituci�n del bien arrendado ante el Juzgado 31 Civil Municipal de esta ciudad, sin que hubiera sido demandado en proceso de ejecuci�n para el cobro forzado de tales rubros, conocido en autos que alterna trabajos de marqueter�a y construcci�n con pago de obreros, por lo que el solo hecho de la celebraci�n del contrato de arrendamiento con posterioridad a la venta del inmueble, y posterior nacimiento del cr�dito de $4�000.000 aludido en la demanda, no concreta la existencia del perjuicio cierto y real que se requiere para incoar la acci�n simulatoria del acto o contrato causante del mismo; como tampoco se demostr� que el inquilino tuviera a su cargo otras obligaciones anteriores a la compraventa, y adem�s la costumbre de incumplir sus obligaciones civiles, distintas a la del actor, y que con el acto de la compraventa tuvo la intenci�n de insolventarse para defraudar a terceros acreedores; raz�n por la cual no puede tenerse por cumplido el segundo presupuesto en an�lisis de la acci�n simulatoria deprecada, esto es, legitimaci�n en la causa para impugnar dicha convenci�n, ya que como lo aleg� la parte demandada, al momento de la venta ninguna lesi�n se le caus�, menos se le hab�a prometido ninguna venta ni el bien se le hab�a dado en garant�a de ninguna obligaci�n, y para el momento en que naci� la obligaci�n a su favor el inmueble ya hab�a dejado de ser prenda general de los acreedores. 3.
La presencia de un caudal probatorio suficiente para demostrar el acto jur�dico simulado. Con relaci�n al �ltimo requisito o presupuesto para que se configure la simulaci�n, esto es, la presencia de un caudal probatorio suficiente para demostrar el acto jur�dico simulado, en primer lugar es importante precisar c�mo opera su r�gimen probatorio: De acuerdo con el sistema vigente, existe libertad probatoria para acreditar la simulaci�n, pero indiscutiblemente, es en este campo donde la prueba indiciaria alcanza su m�xima eficiencia, y es que ante la dificultad que en la pr�ctica se ha presentado para demostrar que un contrato es simulado, el indicio ha mostrado sus beneficios como medio probatorio id�neo, no obstante que desde que tuvo vida jur�dica ha sido objeto de gran controversia.
En ese orden, se ha alabado y exaltado el indicio como la mejor de las pruebas, pero tambi�n se ha atacado hasta el punto de neg�rsele su existencia aut�noma. En nuestra legislaci�n es medio de prueba aut�nomo, seg�n los art�culos 175, 249 y 250 del C�digo de Procedimiento Civil. En el caso de la simulaci�n, la convicci�n que produce el indicio respecto de los otros medios probatorios es de significativa importancia, si tenemos en cuenta que en la mayor�a de los casos los indicios son consecuencia de la causa simulandi; es decir, del inter�s que lleva a las partes a hacer un contrato simulado.
Pero t�ngase en cuenta que esa causa simulandi no necesariamente hay que probarla de manera directa, pues bien se puede deducir de una serie ordenada de hechos indicadores o presunciones de hombre, conocidos legalmente como indicios. Entre los indicios que han sido reconocidos como los m�s eficientes para demostrar la simulaci�n, encontramos: Motivo para simular.
Se parte de la base que el simular presupone generalmente una conciencia vigilante y pragm�tica muy alejada del mero impulso instintivo. Entonces, quien simula, simula casi siempre por alg�n bien concreto, racional y econ�mico. La causa simulandi, es pues el inter�s que lleva a las partes a hacer un contrato simulado. Falta de necesidad de enajenar.
Este indicio pretende verificar la veracidad del negocio simulado. Quien contrata lo hace para satisfacer ciertas necesidades de �ndole econ�mico, aunque no sean primarias, guiadas por la ley del m�nimo esfuerzo, m�ximo rendimiento, adquisici�n, acumulaci�n o conservaci�n de riqueza. Luego, all� donde no quede clara la necesidad que trataban de cubrir las partes, tendremos un acto simulado.
Relaciones vinculantes entre los contratantes: familiares, parentales o de �ndole sexual. El simulador elige una persona de su entera confianza para celebrarlo, como medio de preservar el negocio simulado de todo riesgo y peligro. Relaciones entre el patrimonio del enajenante y el adquirente. Son varias las situaciones que se involucran en este supuesto.
En trat�ndose de contrato oneroso, los patrimonios de los contratantes deben sufrir modificaciones de tipo econ�mico, que de no acreditarse dan paso a la configuraci�n del indicio simulatorio. Del patrimonio del vendedor debe desaparecer el bien enajenado, a cambio de que figure el dinero recibido como precio del mismo. Adem�s, debe probarse que el comprador dispon�a de medios econ�micos para pagar el verdadero precio de la negociaci�n, y finalmente el origen y destino de �ste �ltimo debe justificarse cabalmente.
La no ejecuci�n del contrato. Se configura este indicio, cuando el vendedor no hace entrega del bien enajenado, sino que contin�a posey�ndolo como se�or y due�o. Tambi�n son indicios del acto simulado, la ausencia de movimientos en las cuentas corrientes bancarias, el bajo precio de la negociaci�n, el pago a plazos, la documentaci�n sospechosa, los intentos de arreglo amistoso y la conducta procesal de las partes, entre otros.
Empero, como todas las situaciones anteriores se producen de la relatividad del juicio humano, para darle seguridad y acierto a esas deducciones o inferencias, la ciencia de las pruebas exige un conjunto de requisitos para que los indicios produzcan certeza. Estos son: Plena prueba del hecho indicador y que la prueba inicial sea admisible: El art�culo 248 del C�digo de Procedimiento Civil, lo enuncia as�: �Para que un hecho pueda considerarse como indicio, deber� estar debidamente probado en el proceso.� Cuando la norma dice debidamente probado, indica que el hecho debe acreditarse en la forma que la ley lo exige (ad- substantiam actus o ad-probationem), y de ninguna manera por ejemplo con otro indicio pues no se puede insertar una presunci�n en otra para deducir un argumento probatorio: el valor de la presunci�n decrece o disminuye a medida que se le aleja de su centro.
As� pues, por ejemplo, no es plena prueba sino mero indicio para efectos de la simulaci�n, el que resulta del relato de un solo testigo. Que los varios indicios o argumentos no confluyan a un solo indicio o argumento. Cuando muchos indicios se refieren a uno solo y cuando los argumentos sobre un hecho dependen de un solo argumento, la suma de estos, por numerosos que sean, no forma plena prueba, y todos juntos no constituyen sino un solo indicio o un solo argumento.
Que sean indicios graves, precisos y concordantes. El art�culo 250 ib�dem establece: �El Juez apreciar� los indicios en conjunto, teniendo en consideraci�n su gravedad, concordancia y convergencia, y su relaci�n con las dem�s pruebas que obren en el proceso�. La gravedad mira al efecto serio y ponderado que los indicios produzcan en el �nimo del juzgador; la convergencia a que conduzcan a algo inequ�voco como consecuencia, y la concordancia que lleven a una misma consecuencia. Precisado lo anterior, frente al caso concreto se establece que como qued� narrado en los antecedentes de este fallo, aduce el demandante, que el se�or ARGEMIRO ROJAS SANBRIA, transfiri� simuladamente, a sus hijas ALIS ADRIANA ROJAS MU�OZ y MARISOL ROJAS MU�OZ, sin �nimo de desposeerse de sus bienes, circunstancia que permiti� que ese bien dejara de ser prenda general de sus acreedores; que el negocio demandado carece de causa, ya que las partes no tuvieron voluntad de negociar, sino de hacer creer y ver a terceros un negocio irreal como real, pues el precio pactado de $6'000.000, no es real y no se pag�, por la carencia total de medios econ�micos de las compradoras para adquirir el dominio del inmueble, y m�s a�n en la forma de dinero efectivo como se expresa haberse pagado; cuando el inmueble para el a�o de 1996 ten�a un valor comercial de $38'000.000; manifestaciones que niegan las dos compradoras demandadas con sustento en las manifestaciones expresadas en el escrito por el cual se contest� la demanda, indicando que el demandante carece de causa para demandar, pues no ha sido lesionado por la venta del bien objeto del litigio, ya que no se le hab�a prometido ninguna venta ni el bien se le hab�a dado en garant�a de ninguna obligaci�n. Sobre el particular, establece la Sala que se recepcionaron las siguientes pruebas: Documental: Adem�s del la escritura de compraventa objeto de la pretensi�n (folios 3 a 7), la copia del contrato de arrendamiento del cual se deriva la obligaci�n a cargo del vendedor para con el demandante (folio 2), as� como las copias que prueban la existencia de la demanda de restituci�n del local arrendado � con sello del reparto - (folio 98), sobre cuyas celebraciones y existencia no discuten las partes -, se arrimaron en forma oportuna a la causa por las dos demandadas compradoras recibos de servicios p�blicos de acueducto y alcantarillado, energ�a y tel�fono, del impuesto predial y de valorizaci�n, a sus nombres y relativos al bien inmueble de la Calle 111C No. 65B-18 de esta ciudad, con la particularidad que datan de los meses de abril, mayo y junio de 2000 (folios 33 a 38 C.1).
Obra tambi�n los certificados que la parte actora indica que el demandado Argemiro Rojas Sanabria le entreg� para acreditar su aparente solvencia econ�mica y obtener el arrendamiento del local, visibles a folios 1 y 96 C.1, as� como el cheque que igualmente le dice le entreg� para cubrir el pago del primer canon de arrendamiento (folio 97) que dice result� sin fondos, documentos �stos que se pusieron en conocimiento de las partes por tres d�as en la audiencia de interrogatorio de parte que absolvi� el actor, sin reproche alguno (parte final folio 102 C.1).
As� mismo, se aportaron sendas certificaciones laborales, expedidas por varias empresas, de las se�oras MARISOL ROJAS MU�OZ y ALIS ADRIANA ROJAS MU�OZ, en las que se hace constar que la primera de las mencionadas viene laborando desde el mes de enero de 1992, hasta diciembre de 1999, sin que en ninguna se especifique el salario devengado, y que la segunda desde el a�o 1990 hasta 1997, desempe��ndose en su �ltimo cargo como Gerente administrativa de Latam Computadores, devengando un salario de $1�1000.000, con la particularidad que ninguna d las mencianadas certificaciones laborales es aut�ntica, sino que fueron aportadas en copia simple, por lo que de una vez se establece que no se tendr�n en cuenta para fincar la decisi�n en esta causa, por carecer de m�rito probatorio (folios 25 a 32 C.1).
Igual acontece con los documentos que en el interrogatorio departe absuelto aport� la demandada ALIS ADRIANA ROJAS MU�OZ, relativos a la afiliaci�n a salud, certificado de ingresos y retenciones del a�o gravable de 1997 expedido por Latam Computadores, autoliquidaci�n de aportes para seguridad social, que se allegaron en copia simple y en consecuencia se les resta m�rito probatorio (folios 80 a 84).
Testimonios: Se recibieron el testimonio de Jos� Vicente Cruz, quien manifest�: que su esposa es la demanda ALIS ADRIANA ROJAS MU�OZ y los dem�s demandados son el suegro y la cu�ada, hizo un recuento de lo sucedido y contest� que ALIS ADRIANA ROJAS MU�OZ y MARISOL ROJAS MU�OZ le compraron pr�cticamente a su suegro en marzo de 1998, la casa lote que hab�a en la Carrera 111C No 65-B18 de Bogot�, y que en ese tiempo le aportaron un mill�n de pesos, y despu�s quincenalmente de su sueldo iban reuniendo y aportando a la deuda que inicialmente fue de $6�000.000; que no estuvo presente al momento del registro de la escritura de compraventa, pero en la negociaci�n s�, y en mazo de 1998 se hizo la entrega del inmueble; que no sabe si a la fecha se deba alg�n dinero por la compraventa del inmueble, el pago se hizo en efectivo, en presencia de su suegra Odalia Mu�oz; que le consta lo del pago porque su esposa le comentaba, quincenal o mensualmente le iban aportando dinero, lo que ellas pudieran de su sueldo mensual, nunca se desembols� dineros de bancos; que su esposa, ALIS ADRIANA ROJAS MU�OZ trabajaba en esa �poca en LATAM COMPUTADORES y ganaba mensualmente $1�100.000, y que MARISOL ROJAS MU�OZ trabajaba en WWTC, y ganaba aproximadamente $400.000; que ARGEMIRO ROJAS, Odalia Mu�oz y MARISOL ROJAS, viven en dicho inmueble, no pagan ning�n arriendo; que conoc�a el inmueble desde hac�a 11 a�os, exist�an 2 piezas en la parte de adelante y atr�s era lote, las calles estaban sin pavimento; que las demandadas compradores desde que comenzaron a trabajare, 1991 o 1992, han aportado materiales y otros para mejorar del inmueble,, como puertas y pisos para mejorar la vivienda, los servicios llegan a nombre de ellas, cada una pidi� una l�nea telef�nica, la primera l�nea en 1992 y la segunda hac�a unos 3 o 4 a�os; que la venta se hizo por ese valor porque pr�cticamente las demandadas compradores desde que comenzaron a trabajar han aportado materiales y otros para mejorar el bien y adem�s aporque es una zona donde los inmuebles no son muy costosos y es el valor que considera como real del inmueble en esa �poca (folio 71 a 73).
Por su parte, el testigo CESAR AUGUSTO PINZ�N GARZ�N, manifest�: que es amigo de la familia, y le consta que ADRIANA y MARISOL le compraron el lote ubicado en la carrera 111C- No 65B-18 a don ARGEMIRO ROJAS, y cree que fue por la suma de $6�000.000, y par ala forma de pago tiene entendido que le dieron una cuota inicial y posteriormente unas cuotas quincenales de acuerdo con lo que recib�an de sus sueldos; que recuerda que las dos demandadas compradoras viv�an un poco alcanzadas por reunirle la cuota al pap�; que no estuvo presente en la negociaci�n, ni en ninguna diligencia de notar�a, y tiene conocimiento porque Marisol fue quien le cont� cuando hicieron la negociaci�n y que estaba contenta de empezar a tener algo fijo; que la compra del inmueble qued� lista cree en marzo de 1998, y luego empezaron las mejoras de la casa por parte de ellas; que inmueble antes de la venta ten�a 2 piezas, estaba acondicionado con un ba�ito y cocina peque�a y un solar con matas y cosas, y la plancha estaba iniciada; que actualmente el primer piso est� casi terminado, faltan las cuestiones el�ctricas, parte alfombrado, en el segundo piso existe una construcci�n de 2 cuartos y una especie de cocina peque�a y un ba�o, pero solo estan habitadas las piezas, mejoras realizadas por las dos hermanas demandadas, quienes siempre han estado preocupadas por arreglar la ventana, conseguir el port�n, compra baldosa para los pisos y en si por seguir arreglando; que en e inmueble viven don ARGEMIRO, la esposa y MARISOL, no pagan arriendo porque est�n en lo propio, y que las propietarias son MARISOL y ADRIANA, �sta �ltima quien para la �poca en que conoci� la familia se hab�a reci�n casado (folios 73 y 74).
Interrogatorios de parte: CARLOS FREDY NAVIA PALACIOS (Demandante): 64 a�os de edad, abogado, expuso: que el se�or ARGEMIRO le adeuda la suma de $5�000.000 por arrendamiento ($3�500.000) y cl�usula penal pactada ($1�500.000) por el incumplimiento, por el arrendamiento de un local ubicado en la carrera 19 No 45-92, por el cual le toc� iniciar y concluir un proceso de restituci�n; que debido a dicho proceso si le entrego el local, y que no ha hecho m�s negocios con dicho se�or; que la causa del proceso que se tramita es la simulaci�n a causa de que el demandado sigue viviendo en la casa que vendi� por un precio rid�culo de $6�000.000, cuando su valor comercial es de $45�000.000 y no han podido acreditar de donde sacaron el dinero, pus las hijas compradoras carecen de dinero y no han acreditado de donde lo sacaron para pagar el inmueble; que todav�a para el a�o 2000, tal vez en el mes de mayo, el demandado Argemiro Rojas Sanabria continuaba sosteniendo que el era el propietario del inmueble y le present� un certificado de tradici�n en donde consta que su padre dividi� materialmente el predio y le entregaba una cuota, pero dicho demandado subrepticiamente le traspasaba su derecho a las hijas obteniendo una matricula inmobiliaria distinta que ignoraba seg�n Folio de Matr�cula Inmobiliaria que anex� a la audiencia, como igualmente aport� un cheque del banco Colpatria por valor de $350.000 que el enterg� el demandad0o Argemiro Rojas Sanabria para pagar el primer mes de arrendamiento, que result� sin fondos (folios 101 y 102 C.1).
ARGERMIRO ROJAS SANABRIA (Demandado): 49 a�os de edad, casado, seg�n su dicho tecn�logo en construcci�n e interventor�as, expuso: que la venta se pact� en $6�000.000 y sus hijas se lo pagaron en 10 meses de cuotas quincenales porque juntas son empleadas, con un abono inicial de $1�000.000 que se lo dieron en la notaria y luego pagos quincenales de varios valores, porque s pactaron unas cuotas y le daban de a $600.000, de a $700.000, y que ellas tienen la relaci�n de los pagos que le hicieron; que no utiliz� la plata de la venta para comprar otro inmueble porque la necesitaba para otras actividades, una marqueter�a que puso y perdi� la plata de la inversi�n, aproximadamente tres millones de pesos, porque el local que tom� en arriendo el demandante se lo hizo cerrar hasta cuando no le pagar� el arriendo de 14 meses que tuvo el local, se lo hizo cerrar cuatro meses en varias echas y cuando se pon�a al d�a en el pago lo dejaba abrir y el d�a que no hab�a palta se lo hac�a cerrar, durante ese tiempo pag� servicios de agua, luz pero solo tiene recibo del arriendo; que tiene soporte de un cheque y dem�s recibos sueltos; que no tiene la posesi�n del bien, es de propiedad de sus hijas quienes contin�an haciendo mejoras; que en ning�n momento simul� vender el bien, que fue una venta real; que admiti� esa forma de pago diferida porque las compradoras son parientes suyas, as� le serv�a, adem�s satisfac�a sus necesidades porque era para pagar los obreros que ten�a en sus contratos y trabajos independientes que alterna con la marqueter�a y la construcci�n de obras, adem�s porque as� se pacto y sus hijas ten�an capacidad de pago; que si ofreci� el inmueble a otros compradores y los mejores postores fueron los parientes porque los otros no le ofrec�an ni la mitad por ser un lote peque�o de 63 mts2, sin servicios, las calles sin pavimento, y los particulares no le ofrec�an lo que val�a (folios 86 y 87 C.1).
MARISOL ROJAS MU�OZ (Demandada): 27 a�os de edad, empleada, soltera; expuso: que no es cierto que se simul� la compraventa del bien inmueble; que si recibi� la posesi�n del inmueble por parte del padre vendedor; que si pago el precio del inmueble junto con su hermana; que ejerce la propiedad del inmueble; que respecto al valor se fij� un precio de venta con el cual todos estuvieron de acuerdo; que el pago se hizo de manera diferida y quincenalmente se aportaba plata y que no fueron exactamente los d�as 15 y los 30 de cada vez que se le entregaba plata a su padre, sino que a veces se le entregaba dinero los d�as 18 o 19 seg�n como reunieran el dinero, pues no hab�a cuota fija, a veces se pod�a dar m�s, a veces menos, haci�ndose los pagos desde abril d e1998 hasta enero de 1999; que no ten�a depositado el dinero en ning�n lado, no ten�a dinero ahorrado, y se pagaba con el salario que se recib�a y que siempre se hizo en efectivo; que obtuvo recursos para realizar la compraventa trabajando desde enero de 1992 ininterrumpidamente (folio 78 y 79 C.1).
ALIS ADRIANA ROJAS MU�OZ (Demandada): 29 a�os de edad, casada, economista; expuso: que la noche anterior a la fecha de la escritura se le dio al vendedor la suma de $1�000.000 en efectivo, y que a partir del mes siguiente se le empezaron a dar cuotas mensuales repartidas en dos quincenas, las que terminaron de pagar en enero de 1999, es decir 10 meses despu�s; que no hubo cuota fija, su hermana Marisol aportaba quincenalmente $100.000 y ella como devengaba $1�1000.000 mensuales aportaba m�s dinero, oscilando las cuotas entre $300.000 y $540.000 al mes; que obtuvo los recursos para realizar la compraventa porque para la fecha de la escritura y desde enero de 1997 estaba vinculada a la empresa LATAM, que en ning�n momento hizo uso de las cesant�as, que el contrato de compraventa es completamente real y sus pagos, anexando copias simples de sus cotizaciones al seguro social y vinculaci�n al sistema de sus padres; que nunca ha tenido cuenta corriente y los pagos los hizo con su salario pagado en cheque quincenal, manejando el efectivo; que aunque ha aportado m�s que su hermana tanto para la adquisici�n del inmueble como para mejorarlo, tienen los mismos derechos sobre el predio, son propietarias en la misma proporci�n; que acept� el pago del precio en esa forma porque se trataba entre apri9rientes y el pago depend�a de sus ingresos, sin hacer uso de sus cesant�as para el pago, consider�ndolo un negocio como cualquier otro, no falto de seriedad; y ante la pregunta de si ocult� la transacci�n o hizo comentarios a sus amigos, manifest� que del negocio son conocedores aparte de la familia, su esposo y el se�or Jos� Vicente Cruz Ospina (folios 85 y 86 C.1).
Comunicaciones: Telecom inform� que respecto del bien inmueble materia del contrato, Lote 65B18 Carrera 111, no se encontr� en el archivo seg�n el reporte de sistema SIREL (folios 103 a 106 C.1). Inspecci�n judicial al inmueble: se desisti� de su pr�ctica (folio 89 C.1). Revisado y analizado el cardumen probatorio obrante al proceso, concluye la Sala que aparte de que adem�s que el demandante no acredit� estar debidamente legitimado para incoar la acci�n simulatoria demandada, tampoco aparece acreditado plenamente el caudal de indicios necesario para estructurar la simulaci�n del contrato contenido en la Escritura P�blica No.2556 del 18 de marzo de 1998 d e al Notar�a 29 del C�rculo de Bogot�.
En efecto, si bien de la contestaci�n de la demanda por el extremo pasivo de la litis, como de los interrogatorios y declaraciones de testigos recaudadas, se acepta que tanto compradoras como vendedor son parientes consangu�neos en primer grado en l�nea directa; al igual que se demostr� que el vendedor sigui� habitando con su esposa y sus hijas en com�n el mismo inmueble, como lo ven�a haciendo antes de la venta; por el simple hecho del parentesco y la convivencia en com�n no se puede asegurar que la venta no hubiere sido real, tampoco que el vendedor no tuvo el �nimo de desposeerse de sus bienes, o que el negocio demandado carece de causa y que las partes no tuvieron voluntad de negociar; a m�s de que con la declaraci�n de los testigos e interrogatorios de parte se determin� que las compradoras demandadas, Marisol y Alis Adriana Rojas Mu�oz, vienen trabajando desde los comienzos de la d�cada de los noventa, devengando un salario mensual para la �poca de la negociaci�n, de $4000.000 y $1�11000.000, respectivamente, pudiendo pagar en consecuencia, sin sobresaltos, el precio pactado de $6'000.000, en efectivo, m�xime la forma de pago convenida con facilidades en cuotas peri�dicas; siendo evidente que no se demostr� al proceso que en realidad el inmueble no se vendi� al mejor postor habida cuenta que la parte demandante no logr� demostrar cual era su precio comercial para el momento de la convenci�n; como tampoco logr� demostrar la parte actora que las hijas no ten�an ninguna necesidad de comprar y por el contrario si aparece evidente la intenci�n de ayudar econ�micamente a su padre mediante la compra del bien entreg�ndole el dinero del precio por cuotas con las cuales �ste satisfac�a sus necesidades y pagaba los obreros de los contratos de obra que alternaba con la actividad de marqueter�a, actividad �sta que qued� demostrado ejerc�a en el local arrendado y en el cual invirti� parte del dinero recibido por concepto del precio pactado; �nimo de querer vender y comprar que se ratifica con el hecho de que los servicios p�blicos figuran a nombre de las compradoras y por el solo hecho que el vendedor contin�e viviendo en el inmueble no puede predicarse inejecuci�n del contrato, pues las compradoras tambi�n continuaron habit�ndolo sin que se haya demostrado causa v�lida para que las hijas no le permitieran a su padres continuar viviendo con ellas, habiendo la parte actora renunciado a la diligencia de inspecci�n judicial pedida para averiguar quienes viv�an en el lugar y en qu� condiciones o calidades.
As� las cosas, al no poderse establecer que el motivo simulandi lo sea la deuda surgida con ocasi�n del contrato de arrendamiento, pues �ste se celebr� con posterioridad a la compraventa del inmueble y el demandante no demostr� que desde antes se ten�a esa intenci�n defraudadora, no puede acogerse la pretensi�n simuladora demandada, pues el caudal de indicios mencionados no permiten destruir in concreto la existencia de la convenci�n que se dice simulada.
N�tese que por el contrario el testigo Jos� Vicente Ospina Cruz indic� que su esposa y cu�ada le compraron a su suegro el inmueble, que pagaron en cuotas el precio convenido, que desde antes de la venta las dos hermanas demandas ayudaron a mejorar el inmueble, como continuaron mejor�ndolo despu�s de adquirirlo por compraventa; as� mismo las demandadas son contestes al afirmar que no hab�a cuota fija, a veces se le pod�a dar mas y a veces menos y que no hab�a un d�a determinado en el mes para hacer el pago, pago peri�dico y variado que ratifica el padre en su versi�n, as� haya cierta disparidad en cuanto al valor de las cuotas entregado y recibido y en lugar del pago del primer abono, lo que se justifica por el mismo modo en que se pact� el pago del precio, siendo esa la forma como fluy� el dinero producto de la venta, esto es, de c�mo se afect� el patrimonio del enajenante que aument� al invertir en la actividad de marqueter�a y pago de obreros de los contratos de construcci�n y satisfacci�n de sus necesidades, y el de las adquirentes que disminuy� al menguar su salario con el pago de las cuotas peri�dicas, vi�ndose a veces alcanzadas a juicio de uno de los declarantes, siendo compensadas con el ingreso del inmueble a su peculio, siendo aceptado que el pago se hubiera hecho en efectivo.
As� las cosas, al no haberse acreditado por la parte actora la existencia del motivo para simular, que presupusiera una conciencia vigilante y pragm�tica alejada del mero impulso instintivo, sin perseguir alg�n bien concreto, racional y econ�mico; o que los contratantes tuvieran un inter�s que los llev� a aparecer como verdadero un acto ficticio o ilusorio, careciendo de la necesidad de enajenar por una suma que no correspond�a al valor real del inmueble, que permitiera verificar la veracidad del supuesto negocio; que el contratante vendedor cont� con la anuencia y voluntad de quienes ir�an a ser parte de dicho pacto secreto, el cual trataron de preservar de todo riesgo y peligro; o que en realidad no hubo relaci�n alguna entre el patrimonio del enajenante y las adquirentes; que las presuntas compradoras no hubieran pagado el precio convenido; que el hecho de que el padre de las compradoras contin�e en el inmueble sea prueba demostrativa de la inejecuci�n del contrato; resulta impr�spera la acci�n de simulaci�n en cuanto a que no hubo contrato de compraventa alguno, entre los presuntos vendedor y compradoras, tal como se aleg� en la demanda; esto es, que al suscribirse el contrato, con las formalidades exigidas, en las partes comparecientes existi� el �nimo de vender, y de comprar, y no el de distraer el bien y defraudar a terceros acreedores futuros.
Por manera que, como en este caso concreto, no se determin� que se trat� de una venta mentida, disfrazada bajo la apariencia de un contrato falaz, no es procedente la declaraci�n de simulaci�n absoluta del negocio jur�dico materia de la pretensi�n, debi�ndose confirmar, en consecuencia, por las consideraciones expuestas, la sentencia apelada.
DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, en Sala de Decisi�n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia de fecha y procedencia preanotadas, por las consideraciones antecedentes. SEGUNDO.- Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante. T�sense. C�piese, notif�quese y oportunamente devu�lvase al Juzgado de origen. Los Magistrados, ANA LUC�A PULGAR�N DELGADO RAD. No. 11001310302120000404
01. ARIEL SALAZAR RAM�REZ RAD. No. 11001310302120000404
01. EDGAR CARLOS SANABRIA MELO RAD. No. 11001310302120000404 01. 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