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Ref: Proceso ordinario de William G�mez De la Hoz y otros, contra Rafael L�pez Lara, Fabio Alexander L�pez Parada, Mar�a Del Carmen Parada y la sociedad Mecanizados L�pez Ltda. (Discutido y aprobado en sesi�n de 23 de agosto de 2006). Dec�dese el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 7 de abril de 2006 por el Juzgado 2� Civil del Circuito de Soacha, en descongesti�n del Juzgado 31 Civil del Circuito de la ciudad, dentro del proceso de la referencia.
ANTECEDENTES 1. William G�mez De la Hoz, en nombre propio y en representaci�n de sus hermanos David G�mez De la Hoz, Astrid Del Carmen G�mez De la Hoz y de su padre Gilberto G�mez Grisales, solicit� declarar que Rafael L�pez Lara, Fabio Alexander L�pez Parada, Mar�a Del Carmen Parada y la sociedad Mecanizados L�pez Ltda., son responsables de todos los perjuicios que les fueron causados por la muerte de su madre y esposa, la se�ora Edna Rosa De la Hoz Roa, en el accidente de tr�nsito ocurrido el 3 de mayo de 1993 y, por ende, se les condene solidariamente al pago de $100�432.000,oo y del equivalente a mil gramos oro, para resarcirles los da�os materiales y morales subjetivos, respectivamente. 2.
Para sustentar las pretensiones, se adujo que el 3 de mayo de 1993, la se�ora Edna Rosa De la Hoz Roa, de 57 a�os de edad, fue atropellada por el veh�culo de placas ASG 422, propiedad de Mecanizados L�pez Ltda., conducido por el entonces menor de edad Fabio Alexander L�pez Parada, quien fue condenado por el Juzgado Sexto de Menores de la ciudad, en sentencia de 9 de marzo de 1995, por el delito de homicidio agravado.
(fl. 14, cdno. 1) Agregaron los libelistas que la se�ora De la Hoz era propietaria del establecimiento de comercio denominado �Cafeter�a de la 40�, del cual devengaba su sustento y el de su esposo, quien se encontraba en imposibilidad de trabajar. 3. Notificados los demandados del auto admisorio y de su complementario, calendados a 8 y 23 de septiembre de 1997, manifestaron que se opon�an a las pretensiones y, adem�s, formularon la excepci�n de �prescripci�n de la acci�n contra terceros para reparar el da�o� (fl. 8, cdno. 2). 4.
La sociedad Mecanizados L�pez Ltda. llam� en garant�a a Seguros Caribe S.A, hoy Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., para que respondiera de los perjuicios que llegare a sufrir, o hiciera el reembolso total o parcial de lo que llegare a pagar por raz�n de la sentencia. 5. Notificada la aseguradora se opuso igualmente a las pretensiones de la demanda y formul� las excepciones de prescripci�n de la acci�n, limite de la suma asegurada e inexistencia de responsabilidad.
LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Para denegar las s�plicas de la demanda, el juzgador consider� que no exist�a legitimaci�n en la causa por pasiva toda vez que Fabio Alexander L�pez Parada era menor de edad para el momento en que ocurrieron los hechos, motivo por el cual, a su juicio, son sus padres los que deben responder civilmente por los da�os y perjuicios causados por su hijo, al tenor de lo dispuesto en el articulo 2347 del C.C., modificado por el art�culo 65 del Decreto 2820 de 1974.
De igual manera, hall� probada la excepci�n de prescripci�n de la acci�n de responsabilidad que plantearon los demandados, por haber trascurrido tres a�os contados desde el d�a en que ocurrieron los hechos, tal como lo consagra el art�culo 2358 del C.C. EL RECURSO DE APELACI�N Con miras a obtener la revocatoria del fallo, los demandantes sostuvieron que la legitimidad en la causa por pasiva se predica para la �poca del proceso y no para el momento de la ocurrencia de los hechos, de tal manera que Fabio Alexander L�pez Parada deb�a responder civilmente por ser la persona que cometi� el hecho da�oso.
Asegur� la parte apelante que el juzgador confundi� una supuesta falta de personer�a sustantiva en el demandado e interpret� de manera err�nea el concepto de legitimidad pasiva. (fls.10 y 11 cdno. 4 ) En lo que se refiere a la prescripci�n, los recurrentes manifestaron que deb�a aplicarse el t�rmino ordinario y no el plazo previsto en el inciso 2� del art�culo 2358 del C.C., no obstante que la acci�n planteada se fundament� en la responsabilidad civil por el hecho ajeno y por el ejercicio de actividades peligrosas, pues se prob� durante el proceso que la culpa recae en los padres propietarios del veh�culo con el que se ocasion� el accidente, como guardianes jur�dicos del automotor y, por ende, responsables directos y llamados a resarcir los perjuicios causados.
CONSIDERACIONES 1. Delanteramente se advierte que el juzgado se equivoc� en el an�lisis de la legitimaci�n en la causa del se�or Fabio Alexander L�pez, pues no par� mientes en que la capacidad para responder por los da�os ocasionados por los delitos y culpas cometidos, despunta a los diez a�os de edad, seg�n lo precisa el art�culo 2346 del C.C. Desde luego que, con independencia de esa edad, los padres son responsables de los hechos da�osos de sus hijos menores que habiten en la misma casa ( inc. 2�, art. 2347 C.C, mod. art. 65, Dec. 2820/74); pero a ello no le sigue que el menor, mayor de 10 a�os, no deba responder por los da�os que ocasion�, pues, al fin y al cabo, quien comete un delito o culpa que infiere da�o, est� obligado a la indemnizaci�n respectiva, por mandato del art�culo 2341 del C�digo Civil, que desarrolla el principio neminem laedere.
La equivocaci�n del juzgado se present� por no haber distinguido entre la persona directamente responsable y el sujeto civilmente responsable. El demandando Fabio Alexander L�pez, quien ten�a 17 a�os para la �poca en que sucedi� el accidente de tr�nsito, es, sin lugar a dudas, responsable directo, mientras que sus padres Rafael L�pez Lara y Mar�a Del Carmen Parada, seg�n el caso, podr�n ser considerados como tales �si su conducta se vincula al ejercicio de la actividad peligrosa, o en el evento previsto en el art�culo 2348 del C.C.-, o como responsables por el hecho ajeno, en los t�rminos del art�culo 2347 de la misma codificaci�n. Por consiguiente, desde ya se vislumbra la necesidad de revocar la sentencia apelada, pues no se pod�a afirmar que el se�or Fabio Alexander L�pez carec�a de legitimaci�n en la causa, cuando es claro que se trata del responsable directo. 2.
Expresado lo anterior, cumple se�alar ahora que en el proceso est� probado que la se�ora Edna Rosa De la Hoz Roa falleci� como consecuencia de un trauma craneoencef�lico (fl. 9, cdno. 1), producto de haber sido atropellada el 3 de mayo de 1993 por el veh�culo de placas ASG 422, conducido por el se�or Fabio Alexander L�pez Parada. Con otras palabras, fue acreditado el da�o y su relaci�n de causalidad con la conducta desarrollada por el citado demandado.
Se trata de hechos admitidos, como se desprende de la demanda y su contestaci�n (fls. 17, cdno. 1 y 5 cdno. 2), reafirmados por el citado demandado en su declaraci�n de parte (fl. 60, cdno. 3), corroborados por la testigo Sandra Milena Farf�n Melo, quien acompa�aba al se�or L�pez el d�a del accidente (fl. 63, ib.) y, en adici�n, comprobados dentro del proceso que se adelant� contra el entonces menor de edad, por el Juzgado Sexto de Menores de Bogot� (fls. 126 a 138, ib.).
Tambi�n fue demostrado que la responsabilidad del accidente la tuvo el se�or Fabio Alexander L�pez Parada, en cuanto fue declarado autor de homicidio agravado por el citado despacho judicial, en sentencia de 9 de marzo de 1995 (fls.126 a 138, cdno. 3). Pero adem�s, en la medida en que el se�or L�pez Parada se encontraba ejerciendo una actividad peligrosa, como es la conducci�n de veh�culos automotores, debe presumirse su responsabilidad civil, por mandato del art�culo 2356 del C�digo de Don Andr�s Bello, sin que en el proceso hubiere sido acreditada la existencia de una causa extra�a, como la fuerza mayor, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la v�ctima.
Ciertamente se debe reconocer, como tambi�n lo admiti� el se�alado juzgado, que la se�ora Edna Rosa De la Hoz tuvo cierto grado de culpa en la generaci�n del da�o, puesto que, seg�n la testigo Sandra Milena Farf�n, aquella transitaba por �la v�a de los carros�, no por el and�n, y �se movi� como atravesar (sic) la calle, y sin mirar que viniera un carro ni nada� (fl. 64, cdno. 3).
Pero esa imprudencia no desvanece la responsabilidad del demandado en cuesti�n, quien incluso huy� del lugar de los hechos, sin prestarle auxilio alguno a la se�ora De la Hoz, como lo acept� el propio se�or L�pez Parada en su interrogatorio de parte (fl. 60, ib.). Esa exposici�n de la se�ora De la Hoz al hecho da�oso, �nicamente incide en la cuantificaci�n del perjuicio, a t�rminos del art�culo 2357 del C�digo Civil, por lo que ser� tenida en cuenta al momento de imponer la condena respectiva.
Esclarecida, pues, la responsabilidad del se�or Fabio Alexander L�pez Parada, corresponde ahora detenerse en la que pueda llegar a predicarse respecto de los dem�s demandados. 3. Tocante con la responsabilidad de la sociedad Mecanizados L�pez Ltda., es importante precisar que ella, en estrictez, es una de las llamadas sociedades de familia, v�lida desde la perspectiva del art�culo 102 del C�digo de Comercio, pues sus socios integran una misma unidad familiar, conformada por Rafael L�pez Lara, Mar�a Del Carmen Parada, Fabio Alexander y N�stor Juli�n L�pez Parada (fl.15, cdno.1).
Esta observaci�n cobra particular importancia, porque seg�n la declaraci�n rendida por el se�or Rafael L�pez Lara, aunque el carro con el que se produjo el accidente de tr�nsito �est� a nombre de Mecanizados L�pez Ltda yo como representante legal soy el due�o, �ramos los due�os�, a lo que agreg� mas adelante que �ese carro sali� la tarjeta a nombre de Mecanizados L�pez Ltda., pero ese carro es de la familia, lo ten�amos nosotros ah� para nosotros, lo utilizaba mas mi se�ora que nosotros (se resalta; fls. 57 y 58, cdno. 3).
Quiere decir lo anterior que para efectos de establecer la responsabilidad de la citada sociedad, no puede perderse de vista esa espec�fica realidad, en cuanto refleja la destinaci�n concreta que ten�a el automotor y, lo que es mas relevante, el poder de direcci�n y vigilancia que ostentaba el se�or Rafael L�pez, no s�lo como representante legal de la mencionada persona jur�dica, sino como autoridad paterna del entonces menor infractor.
Por consiguiente, si de conformidad con el se�or Rafael L�pez, su hijo Fabio Alexander �estaba autorizado por nosotros �se refiere a retirar el veh�culo del parqueadero y hacer uso de �l-, porque �l hac�a mandados para la empresa, �l sal�a en cualquier momento�, autorizaci�n a la que tambi�n se refiri� el �ltimo de ellos al se�alar que �para el d�a tres de mayo, yo no ped�a permiso cualquier d�a sacaba el carro, estaba a disposici�n. Yo ten�a autorizaci�n para sacar el carro en cualquier momento, si ellos estaban yo hablaba con ellos y dec�a para donde y con quien iba, pero si no estaban no hab�a ning�n problema�(se resalta; fls. 59 y 60, cdno. 3), es evidente que la sociedad Mecanizados L�pez Ltda. califica como responsable directo, en cuanto ejerci� una actividad peligrosa a trav�s de persona autorizada por su representante legal para conducir el veh�culo.
Por tanto, se equivoc� el juzgado al considerar que la sociedad era un responsable indirecto, pasando por alto que, de tiempo atr�s, la jurisprudencia ha puntualizado que las personas jur�dicas no responden como terceros frente a los hechos de sus �rganos, sino que responden directamente (Cfme: cas civ. de 30 de junio de 1962 y de 20 de mayo de 1993; exp.: 3573), con todo lo que ello implica en la aplicaci�n de los plazos de prescripci�n. Ahora bien, en lo que ata�e a la responsabilidad de los padres, como el veh�culo con el que se ocasion� el da�o no figura bajo el dominio de ellos como personas naturales (fl. 14, cdno. 1), pese a que estaba destinado al uso de la familia, seg�n se acot�, est�n llamados a responder por el hecho de su hijo menor, de conformidad con lo establecido en el inciso 2� del art�culo 2347 del C�digo Civil, modificado por el art�culo 65 del Decreto 2820 de 1974, norma esta que establece una presunci�n de culpa que afecta a los progenitores, en relaci�n con los hechos da�osos atribuibles a los hijos menores que habiten en la misma casa, como acontece en este evento, en el que fue probado con la declaraci�n del se�or Rafael L�pez, que Fabio Alexander habitaba su casa paterna, para la �poca del accidente (fl. 58, cdno 3).
Por supuesto que esa presunci�n no pod�a ser desvirtuada con s�lo afirmar que al hijo se le dispens� una formaci�n adecuada, o que a los padres no se les puede endilgar culpa alguna por hab�rsele concedido al menor una licencia de conducci�n por parte del Estado, no s�lo porque en trat�ndose del ejercicio de una actividad peligrosa, el art�culo 261 del C�digo Nacional de Tr�nsito vigente para el 3 de mayo de 1993 (Decreto-Ley 1344/70, modificado por la Ley 33/86), establec�a que �el demandado s�lo se libera mediante la prueba de una causa extra�a�, sino tambi�n porque a�n en la hip�tesis de ausencia de culpa, que es a la que se refiere el inciso 5� del art�culo 2347 del C�digo Civil �no aplicable por ser especial la regla del C�digo Nacional de Tr�nsito-, resulta claro que la observancia del deber de cuidado debe analizarse de cara al hecho da�oso en particular.
A este respecto, es �til memorar lozana jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que ilustra cabalmente la materia: �Pero haciendo caso omiso de la dificultad de ofrecer una prueba directa de la vigilancia �permanente� del menor, obligaci�n que hoy podr�a hasta lucir ex�tica frente al libre desarrollo de la personalidad del menor, de su libertad, y hasta de la dificultad misma de cumplir con este deber por causa de los avatares de la vida moderna, a�n as�, la Corte estima -por v�a de ejemplo y sin afrontar todav�a el caso y la anunciada norma contenida en el art 261 del C�digo de Tr�nsito- que quien con el deber de cuidar y vigilar permite y a�n autoriza que su pupilo desarrolle actividades que generan peligro para la comunidad, que exigen de quien las ejerza prudencia, pericia y diligencia, debe responder por los da�os que ese pupilo ocasione, en raz�n de constituir, en s� misma, una laxitud esa permisividad y autorizaci�n en el manejo de actividades que de suyo, a m�s de requerir pericia y mesura, tienen la connotaci�n del peligro por las consecuencias desastrosas que son capaces de generar. �Desde luego, y en relaci�n con la pericia exigida frente al ejercicio de actividades peligrosas, y, cual ocurre con muchas otras causas de da�os a terceros, la autorizaci�n impartida por el Estado no puede constituirse ni en permiso para da�ar, ni en presunci�n de vigilancia alguna.
La licencia de conducci�n, a semejanza de los permisos ambientales, s�lo habilitan a quien los detenta para ejercer la actividad de que se trate, pero en manera alguna permiten inferir diligencia o prudencia del que tiene la licencia, que s�lo hace suponer que est� autorizado para ejercer una actividad. Ni menos esa licencia habilita para deducir diligencia del que debe velar por la conducta del autorizado.
Y a�n menos cumplimiento de su obligaci�n de vigilar. �4. Por consiguiente, demostrado que el menor fue el autor del hecho il�cito del que nace la obligaci�n de reparar, acreditada su condici�n de hijo de familia y la de padres de �ste que tienen los demandados, tocaba a �stos para exonerarse, demostrar, como lo exige el art. 261 del C�digo Nacional de Tr�nsito, una causa extra�a que les hubiese impedido cumplir en ese momento, con su deber.
Y es aqu� donde el sistema del c�digo queda subrogado por el que se consagra en el aludido art 261, al exigir �ste que el llamado a responder por los hechos de otro demuestre que no pudo cumplir con su deber jur�dico concreto de vigilar al menor responsable, por haber ocurrido una causa extra�a, esto es un caso fortuito o fuerza mayor, un hecho exclusivo de un tercero o de la v�ctima de modo tal que ese l�gamen, esa obligaci�n a que estaba sometido fue imposible de cumplir para �l. Este precepto, que recibi� de la Corte Suprema de Justicia la declaraci�n de su exequibilidad (sentencia del 21 de agosto de 1986.
Exp. 1552) en la precisa medida en que regula la responsabilidad derivada de una actividad peligrosa como lo es circulaci�n de animales y veh�culos por las v�as p�blicas (objeto del C�digo Nacional de Tr�nsito y por tanto no aplicable el precepto a otros casos de actividades peligrosas) es norma de especial alcance y aplicaci�n, que subroga parcialmente la directriz general prevista en el �ltimo inciso del art. 2347 del C�digo Civil.
Por tanto, y en otras palabras, probado el da�o y el hecho imputable al subordinado en la producci�n del mismo acaecido en ejercicio de esa actividad peligrosa que es la conducci�n de autom�viles, y acreditado el nexo de subordinaci�n concreto que vincula al vigilado con el llamado por ley a responder, no es tema de prueba a cargo de �ste la diligencia o la prudencia de su actuar.
En la hip�tesis contemplada en el art. 261 del C�digo Nacional de Tr�nsito, ese vigilante -padre, tutor, director de colegio, patrono- s�lo se exonera de responder mediante una causa extra�a que obstaculice el cumplimento de su deber concreto de vigilancia, cuidado y educaci�n, esto es, que le haga imposible el cumplimiento de ese deber jur�dico concreto, por fuerza mayor o caso fortuito, hecho de un tercero o culpa exclusiva de la v�ctima.� (cas. civ. 059 de 22 de mayo de 2000).
Y como en el caso que ocupa la atenci�n de la Sala, no aparece acreditada la existencia de una causa extra�a, fuerza colegir que tambi�n los padres del entonces menor Fabio Alexander L�pez, son civilmente responsables de los perjuicios ocasionados por este con ocasi�n del accidente de tr�nsito en el que perdi� la vida Edna Rosa De la Hoz Roa. 4.
Establecida, entonces, la responsabilidad civil de los demandados, se debe examinar ahora si existe prescripci�n, como lo juzg� el juez de primera instancia. En este punto, baste se�alar que frente a los responsables directos, esto es el se�or Fabio Alexander L�pez y la sociedad Mecanizados L�pez Ltda., el plazo de prescripci�n de la acci�n ordinaria es de veinte a�os, como lo precisaba el art�culo 2536 del C�digo Civil, antes de la reforma de la Ley 791 de 2002, que redujo dicho t�rmino a diez a�os.
Frente a los padres demandados, en cuanto terceros responsables, la norma aplicable no era el art�culo 2358 del C�digo Civil, como lo consider� el juzgado, sino el art�culo 262 del C�digo Nacional de Tr�nsito vigente para el 3 de mayo de 1993, norma �sta que establec�a un plazo de cinco a�os contados a partir de la ocurrencia del hecho, desde luego que trat�ndose de da�os ocasionados en accidentes de tr�nsito, es esta una disposici�n especial, que prevalece sobre aquella otra de car�cter general contenida en el C�digo Civil.
Por consiguiente, como la demanda se present� el 15 de agosto de 1997 (fl. 24, cdno. 1), es incontestable que para esta fecha no hab�a transcurrido ninguno de los referidos plazos de prescripci�n, ni el de veinte ni el de cinco a�os, como tampoco para el 5 de diciembre siguiente, d�a en que se verific� la notificaci�n del auto admisorio de la demanda (fls. 35 y 36, cdno.1).
Por tanto, no era procedente acoger la excepci�n propuesta, circunstancia por la que tambi�n deber� revocarse la sentencia. 5. Corresponde ahora examinar el tema de los perjuicios, para lo cual es necesario hacer las siguientes precisiones: a. En primer lugar, destacase que para la �poca de la muerte de la se�ora De la Hoz, sus hijos William, David y Astrid G�mez ten�an 24, 26 y 35 a�os de edad, respectivamente, por lo tanto mayores y capaces, sin que se hubiere acreditado que depend�an econ�micamente de su se�ora madre, o que recib�an alg�n tipo de auxilio dinerario de parte de ella. b. En segundo lugar, tampoco se demostr� que el c�nyuge de la se�ora De la Hoz, Gilberto G�mez Grisales (fl. 10, cdno. 1), recib�a sustento de aquella.
Aunque as� se afirm� en la demanda, ninguna prueba se alleg� sobre ese hecho. Desde esa perspectiva, es incontestable que no pod�a reclamarse suma alguna a t�tulo de perjuicios materiales, mas concretamente por concepto de lucro cesante, por m�s que se haya acreditado que la se�ora Edna Rosa De la Hoz recib�a unos ingresos provenientes del establecimiento de comercio denominado �Cafeter�a de la 40� (fls. 9 y 10, cdno. 1).
Por supuesto que a este respecto nada aportan los dict�menes periciales, en cuanto se limitaron a cuantificar el supuesto da�o, sin detenerse en la prueba del perjuicio. Por lo que ata�e al da�o emergente, aunque es innegable que por el fallecimiento de la se�ora De la Hoz se tuvo que incurrir en gastos funerarios, al proceso tampoco se alleg� prueba id�nea de la cuant�a de los mismos, ni de la persona que los solvent�, sin que pueda el Tribunal presumirlos como lo hicieron los peritos, menos a�n acudiendo al expediente de tener como tales los valores que reconocen las aseguradoras por ese concepto, no s�lo porque el perjuicio debe ser cierto, sino tambi�n porque, en cualquier caso, no se podr�a suponer cual de los demandantes los sufrag�.
As� las cosas, �nicamente se reconocer�n los perjuicios morales subjetivados, pues es claro que la muerte de una madre y de una esposa generan, por regla general, profundo dolor a sus hijos y esposo. Por tanto, se condenar� a los demandados a pagar solidariamente a cada uno de los demandantes la suma de diez millones de pesos m/c ($10�000.000.oo), para un total de cuarenta millones de pesos m/c ($40�000.000.oo), valor que, de una parte, ya tiene en cuenta la reducci�n correspondiente por motivo de la compensaci�n de culpas atr�s mencionada, en defecto de la cual se habr�a fijado un monto superior, y de la otra, resulta consonante con lo que fue pedido en la demanda, teniendo en cuenta el valor del gramo oro para la fecha de esta decisi�n. Como el se�or Gilberto G�mez Grisales falleci� durante el proceso (17 de diciembre de 1998; fl. 53, cdno. 3), la suma que a �l le corresponde ser� recibida por sus herederos, pues es claro que al momento de su muerte ya ten�a el derecho. 6.
Queda por examinar lo relativo al llamamiento en garant�a, para lo cual se tiene como punto de partida que, en efecto, entre Mecanizados L�pez Ltda. y Seguros Caribe S.A., hoy Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., existi� un contrato de seguro de responsabilidad civil que estaba vigente para la �poca de los hechos, como aparece probado con la p�liza n�mero 3400534, visible al folio 2 del cuaderno n�mero 3.
En virtud de dicho contrato se ampar� el riesgo de �muerte a una persona�, con un valor asegurado de cinco millones de pesos ($5�000.000.oo), sin que para ese especifico hecho se hubiese contemplado un deducible, como s� fue acordado para otro tipo de amparos. Ahora bien, no se puede sostener, como lo hace la sociedad llamada en garant�a, que la acci�n derivada del contrato de seguro se encuentra prescrita, por haber transcurrido tanto el plazo de dos a�os de la prescripci�n ordinaria, como �en gracia de discusi�n- el de cinco de la extraordinaria, uno y otro previstos en el art�culo 1081 del C.Co., pues en materia de seguros de responsabilidad civil existe una norma especial que precisa desde cuando corre el plazo prescriptivo, esto es, el instante en que se configura el �hecho que da base a la acci�n�, o �el momento en que nace el respectivo derecho�, consistente en la solicitud judicial o extrajudicial de pago de los perjuicios, formulada por la v�ctima al asegurado.
As� lo establece el art�culo 1131 del C�digo de Comercio, modificado por el art�culo 86 de la ley 45 de 1990, a cuyo tenor, �En el seguro de responsabilidad se entender� ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado, fecha a partir de la cual correr� la prescripci�n respecto de la v�ctima. Frente al asegurado ello ocurrir� desde cuando la v�ctima le formula la petici�n judicial o extrajudicial� (se resalta).
Y ello es as�, por cuanto el victimario, por m�s que hubiere ocurrido el siniestro, carece de acci�n frente a su asegurador mientras la v�ctima no le haya reclamado la indemnizaci�n correspondiente, de suerte que mal podr�a el legislador hacer correr en su contra un plazo de prescripci�n, cuando no tiene posibilidad de hacer efectivo el derecho.
En este orden de ideas, si el auto admisorio de la demanda que le dio lugar a este proceso, fue notificado a Mecanizados L�pez Ltda. el 5 de diciembre de 1997, es incontestable que para la fecha en que se vincul� a la aseguradora llamada en garant�a (6 de abril de 1999), no hab�a transcurrido el plazo bianual de la prescripci�n ordinaria y, menos a�n, el quinquenal de la extraordinaria, raz�n por la cual la excepci�n propuesta ser� desestimada.
Se impone, por tanto, ordenar que la aseguradora aludida le pague directamente a los demandantes el valor de los perjuicios a que ser� condenada la sociedad Mecanizados L�pez Ltda., o que le reembolse a esta la suma que llegare a cancelarle a aquellos, en uno u otro caso con un limite total de $5�000.000.oo. Por supuesto que, en la primera hip�tesis, el pago de esta �nica suma se har� con los intereses moratorios respectivos, liquidados desde el 6 de abril de 1999 �fecha en que se notific� a Mapfre del auto que admiti� el llamamiento y, por tanto, qued� constituida en mora, seg�n lo establecido en el inciso 2� del art�culo 90 del C.P.C.-, a la tasa m�xima prevista en el art�culo 1080 del C�digo de Comercio, teniendo en cuenta las variaciones que ella ha experimentado peri�dicamente y los limites previstos tanto en el art�culo 83 de la Ley 45 de 1990, mientras estuvo vigente, como en el art�culo 111 de la Ley 510 de 1999, esta �ltima desde su promulgaci�n. Queda as� resuelta la solicitud que formul� la aseguradora en cuanto a limitar su responsabilidad al valor asegurado, que no es propiamente una excepci�n de m�rito, en la medida en que no tiene por objeto fulminar el derecho pedido.
Y en lo que ata�e a la inexistencia de responsabilidad de la sociedad asegurada, ya se explic� en l�neas anteriores porqu� estaba obligada a reparar el da�o causado. Por �ltimo, como seg�n el art�culo 1128 de C�digo Civil, modificado por el art�culo 85 de la Ley 45 de 1990, el asegurador tambi�n responde por los costos del proceso, aun en exceso de la suma asegurada, se dispondr� que Mapfre cancele a los demandantes el 50% del valor de los gastos del proceso, porcentaje que es proporcional al monto que asume la aseguradora ($5�000.000.oo), de cara a los perjuicios individuales ($10�000.000.oo) reconocidos a cada libelista por concepto de perjuicios. 7.
Llegados a este punto, se revocar� la sentencia apelada, para, en su lugar, acceder a las pretensiones en los t�rminos se�alados. DECISION En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, en Sala de Decisi�n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia proferida el 7 de abril de 2006 por el Juzgado 2� Civil del Circuito de Soacha, en descongesti�n de Juzgado 31 Civil de Circuito de Bogot�, dentro del proceso de la referencia y, en su lugar,
RESUELVE
1. DECLARAR a los se�ores Fabio Alexander L�pez Parada, Rafael L�pez Lara, Mar�a Del Carmen Parada y a la sociedad Mecanizados L�pez Ltda., solidariamente responsables de los perjuicios ocasionados a la parte demandante, con ocasi�n del accidente de tr�nsito que se present� el 3 de mayo de 1993, producto del cual perdi� la vida Edna Rosa De la Hoz Roa. 2.
Por ende, CONDENAR a los referidos demandados a pagar a los se�ores Gilberto G�mez Grisales (hoy sus herederos), William, David y Astrid Del Carmen G�mez De la Hoz, a t�tulo de perjuicios morales subjetivados, la suma de diez millones de pesos m/c ($10�000.000,oo), para cada uno de ellos, una vez ejecutoriada esta sentencia. Se niega la condena solicitada por concepto de perjuicios materiales. 3.
DESESTIMAR la excepci�n de prescripci�n propuesta por la parte demandada. 4. DECLARAR que Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., debe pagar la indemnizaci�n generada por la realizaci�n del riesgo asegurado, seg�n contrato de seguro contenido en la p�liza n�mero 3400534 y, por lo tanto, CONDENARLA a pagar directamente a los demandantes la suma �nica de cinco millones de pesos m/c ($5�000.000.oo), imputables a la condena que se le impuso a la sociedad Mecanizados L�pez Ltda., junto con los intereses moratorios liquidados desde el 6 de abril de 1999, en la forma y t�rminos establecidos en la parte motiva de esta decisi�n. En caso de que la sociedad Mecanizados L�pez Ltda. pague el valor de la condena, la referida aseguradora deber� reembolsarle la suma de $5�000.000.oo m/c. 5.
DESESTIMAR las excepciones propuestas por la aseguradora llamada en garant�a. 6. CONDENAR a los demandados a pagar a los demandantes las costas causadas en ambas instancias. Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., deber� pagar el 50% del valor de dichas costas. Liqu�dense. NOTIF�QUESE. MARCO ANTONIO ALVAREZ GOMEZ Magistrado RODOLFO ARCINIEGAS CUADROS Magistrado JOSE DAVID CORREDOR ESPITIA Magistrado PAGE 13 Rep�blica de Colombia Tribunal Superior de Bogot� D.C. Sala Civil M.A.GO.
Exp. 31199702651 01 PAGE 2 Rep�blica de Colombia Tribunal Superior de Bogot� D.C. Sala Civil )J�j���x BC,->{������*�*�-�-�./�8l9m9S=�C�CSITIUIob�bPm�m�m�m�n�nko��������������������ʻʻʻ��鲪������������5�CJOJQJ^JmH sH 5�\�^J5�CJ 5�6�CJ\�^J6�CJ^J5�6�CJ^JCJOJQJ^J5�6�CJOJQJ\�]�^J6�CJOJQJ]�^J5�6�CJOJQJ^JOJQJ^JCJOJQJ^J^J5�CJOJQJ^J.)3JK_{|��jk������x y 45�����������������������$�r�dh^�r�a$dhdh$dha$ �0�dh*$dh$dha$3w_y��: < TU BC,->?{|��������������������������$dha$dhdh &F�hdh^�h$ &F�hdh^�ha$$dha$����^_LM� � �!�!�#�#$&%&''�'�'[)\)p+q+*-+-�0����������������������������dh$dha$�0�0O2P2�5�5�8�8l9m9R=S=A@B@�C�CTIUI�J�JPKQK�L�L�����������������������$�Odh`�Oa$$a$$�O`�Oa$$�7^�7a$$dha$dhdh�L�N�N�P�P.Q/Q�R�RvSwS}U~U�W�W�Z�Z�[�[C]D]I^J^aaDdEdff������������������������������dh`��dhf�i�ibkckOmPm�m�m�m�mkolovowo�p�p%r&rlrmr�r�r�t�t�u�u��������������������������dh$dha$$dha$dhkotowo�p�v�v3w4w:w;w=w>w?wAwlwmw�w�w�wxx�x�x�x�x�x�x�x�x�x�x y\y_y`y���������������ί�����x���k���j?6�@���OJQJU!0J5�OJQJ\�^JmHnHu0J5�OJQJ\�^Jj0J5�OJQJU\�^J5�OJQJ\�^J@���OJQJ]�@���CJOJQJ]�j6�@���OJQJU6�@���OJQJ0JmHnHu0J 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