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(Discutido y aprobado en sesi�n de sala de 18 de abril de 2006). Referencia: Exp. No. 11001310300519983183 Decide la Sala el recurso de apelaci�n interpuesto por los demandantes contra la sentencia proferida el 14 de octubre de 2003 por el Juzgado Civil del Circuito de Gachet�, en descongesti�n del Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso de pertenencia promovido por Dora In�s Delgado Rodr�guez y Filiberto Parada Buitrago contra personas indeterminadas.
I. EL LITIGIO 1. Se pide que se declare que los demandantes adquirieron, por prescripci�n extraordinaria adquisitiva de dominio de que trata el art�culo 51 de la ley 9� de 1989, el inmueble ubicado en la calle 8� #10-81 de Bosa, por haberlo pose�do en forma quieta, pac�fica, p�blica e ininterrumpida por m�s de 5 a�os, y que se adopten las medidas consecuenciales de rigor. 2.
La causa para pedir admite el siguiente resumen: a) Los demandantes han ejecutado actos propios de dominio sobre el inmueble en menci�n, sin reconocer dominio ajeno, y por ello lo han construido, le han hecho mejoras, lo han dotado de servicios p�blicos. b) La posesi�n ejercida ha sido de buena fe, p�blica, tranquila, pac�fica, contin�a y permanente, de suerte que en ning�n momento se les ha perturbado y adicionalmente supera el lapso de cinco a�os de que trata la ley que se invoca como fuente jur�dica de la pretensi�n de dominio. c) El predio que se pretende es de inter�s social y por ello tienen derecho a adquirirlo con 5 a�os de posesi�n, am�n de que no se hace necesario �se�alar como demandada a persona determinada� y tampoco acompa�ar con la demanda el certificado de tradici�n. 3.
Luego de emplazar a las personas indeterminadas, se design� curador ad-litem quien no se opuso a lo pedido pero pidi� probar los hechos invocados, y as�, luego de establecerse que no aparec�a informaci�n de dicho predio en la oficina de registro, el juez encargado de dirimir el litigio lo desat� mediante providencia desestimatoria contra la cual recurrieron en apelaci�n los demandantes.
II. SENTENCIA IMPUGNADA 1. En lo de fondo, el sentenciador adujo que de cara a la ausencia de matr�cula inmobiliaria respecto del bien a usucapir, la conclusi�n inmediata es que el bien no se encuentra determinado, adicionalmente no se sabe su actual situaci�n jur�dica y, por ende, se desconoce qu� personas pueden ser convocadas al proceso en calidad de demandadas, igualmente impide saber si el inmueble sali� de �la �rbita estatal�, o si hace parte de un lote de mayor extensi�n, cu�l es su ubicaci�n y linderos, y a�n m�s grave, se desconoce qui�nes son titulares de derechos reales sobre el mismo. 2.
Respecto del argumento por el cual para este caso en particular no se requiere el certificado de tradici�n, como lo adujo durante el proceso la parte actora, el juez lo desvirt�a porque �nicamente el aporte de dicho requisito permite definir al contradictor, de manera que con apoyo en jurisprudencia sobre el punto, concluye que en este caso no se cumpli� a cabalidad con lo previsto en el numeral 5� del art�culo 407 del C�digo de Procedimiento Civil, raz�n por la cual neg� las pretensiones.
III. El RECURSO DE APELACI�N 1. Tiene como sustento el hecho de que el certificado que se aport� al plenario cumple con las exigencias legales, porque en �l se determin� que respecto del inmueble no aparece ninguna persona como titular de derechos reales, sin que la ley exija que el inmueble deba encontrarse registrado, y el de que los restantes datos que ech� de menos el juzgado aparecen claramente definidos mediante la certificaci�n de la oficina de catastro, de suerte que el bien objeto de la pretensi�n de dominio est� determinado y de �l se conoce su actual situaci�n jur�dica. 2.
Finalmente critica la jurisprudencia que le sirvi� de soporte al sentenciador, porque no se ci�e al asunto, toda vez que en aqu�lla el registrador no certific� nada, es decir, no dijo si exist�an o no titulares de derechos reales sobre el bien a prescribir, en cambio en este caso el registrador inform�, n�tidamente, que �no aparece ninguna persona como titular de derechos reales�, todo lo cual conlleva a que se tenga que revocar la decisi�n impugnada porque de otra parte existe plena certeza en el sentido de que el bien es prescriptible porque se trata de un predio de inter�s social ubicado en zona residencial.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1. El tema que es objeto de estudio en esta instancia hace relaci�n exclusiva con el alcance de la exigencia prevista en el numeral 5� del art�culo 407 del C�digo de Procedimiento Civil, con la modalidad especial de que este caso tiene que ver con un bien inmueble de inter�s social, respecto del cual, adicionalmente, no existe folio de matricula inmobiliaria, esto es, no aparece historia jur�dica, porque, seg�n lo inform� el Registrador el 7 de abril de 2003, �no se encontraron datos de registro�, �no fue posible obtener informaci�n acerca de la existencia de matr�cula inmobiliaria para el citado predio�, de manera que �al no hallarse antecedente registral del citado inmueble, se certifica que del mismo no aparece ninguna persona como titular de derechos reales� (folio 119).
A ra�z de dicha informaci�n, el juzgado apreci� que los demandantes no cumplieron con la carga de aportar el correspondiente certificado del registrador de instrumentos p�blicos donde conste las personas que figuren como titulares de derechos reales sujetos a registro, o que no aparece ninguna como tal, por lo que no era viable el �xito de la pretensi�n de dominio; en cambio, la parte actora asegura que s� se aport� el correspondiente certificado y que como all� claramente se dice que no aparecen titulares de derechos reales sobre el bien, se demand� bien cuando la acci�n de pertenencia se dirigi� contra personas indeterminadas. 2.
La intervenci�n del tribunal en el punto no tiene que ver con la valoraci�n probatoria porque, sin duda, no se contradice el hecho evidente de que el inmueble pretendido carece de folio de matricula inmobiliaria, de dicha omisi�n dan cuenta el juzgado y la parte demandante, s�lo que uno y otro le otorgan alcances jur�dicos dis�miles a esa circunstancia, porque mientras el primero deduce que se incumpli� con uno de los presupuestos de la acci�n, el segundo afirma que la conclusi�n a la que arrib� el registrador suple uno de los supuestos previstos en la ley, esto es, que no existan personas titulares de derechos reales sobre el bien a prescribir, que es, repite, precisamente lo que acontece en este litigio. 3.
Para esclarecer lo pertinente, basta transcribir la decisi�n que adopt� el 25 de agosto de 2004 la sala de decisi�n en la que de ordinario act�a como ponente esta sentenciadora, toda vez que el caso es absolutamente id�ntico. Se determin� en aquella ocasi�n que �si la ley procesal civil exige que, trat�ndose de proceso de pertenencia, el peticionario debe acompa�ar a su demanda �un certificado del registrador de instrumentos p�blicos en donde consten las personas que figuren como titulares de derechos reales, o que no aparece ninguna como tal� (num. 5, art. 407 C. P. C.), es claro que la informaci�n que contenga el documento que se adose con ese fin, no debe dejar duda alguna al respecto, lo que significa que no es cualquier documento expedido por ese funcionario, sino uno en que, de manera expresa, se indiquen las personas que, con relaci�n al espec�fico bien cuya declaraci�n de pertenencia se pretende, figuren como titulares de derechos reales sujetos a registro, o uno que de manera clara diga que sobre ese bien no se re�nen los requisitos exigidos por la disposici�n precitada.
De all� que la Corte Suprema de Justicia haya censurado el hecho de que algunos jueces patrocinen �causas de declaraci�n de pertenencia a espaldas de los titulares de derechos reales constituidos sobre el bien materia de usucapi�n�, pues con �ligereza notoria dan por satisfecho el requisito exigido en el punto 5� del art�culo 413 �hoy 407- del C�digo de Procedimiento Civil, con tal que se presente certificado del registrador de instrumentos p�blicos.
No acatan que la ley exige, no la presentaci�n de un certificado cualquiera, sino la de uno espec�fico� (Cas. Civ. 30 nov. 1997). 2. En el caso que ocupa la atenci�n de la sala, no hay duda de que el se�or Vergara dej� de cumplir con dicho requisito, pues es evidente que el certificado que alleg� con ese prop�sito (�) no contiene la informaci�n que la referida norma reclama.
Es cierto que mediante dicho documento, el Registrador de Instrumentos P�blicos de Bogot� �zona sur-, por solicitud de la parte demandante certific� que �no aparece ninguna persona como titular de derechos reales�. Sin embargo, no puede perderse de vista que dicha aseveraci�n tuvo como soporte el hecho de que a dicho funcionario no le fue �posible obtener informaci�n acerca de la existencia de matr�cula inmobiliaria� para el predio solicitado en pertenencia. Por lo mismo, no es posible pregonar validamente que la atestaci�n en comento cumpla con los requisitos de ley, siendo claro que fue una consecuencia obligada de �no hallarse antecedente registral del citado inmueble�de acuerdo con la informaci�n suministrada por el interesado�, tal como all� el Registrador lo advirti�.
Por su parte, la Corte, en jurisprudencia publicada en la gaceta judicial, tomo CLVIII, p�gina 309, puntualiz� que �el certificado del Registrador de Instrumentos P�blicos que, de conformidad con el art�culo citado, debe acompa�arse a la demanda introductoria del proceso, no es cualquier certificado expedido por ese funcionario, sino uno en que, de manera expresa, se indiquen las personas que, con relaci�n al espec�fico bien cuya declaraci�n de pertenencia se pretende, figuren como titulares de derechos reales sujetos a registro, o uno que de manera clara diga que sobre ese inmueble no aparece ninguna persona como titular de derechos tales.
Si el certificado del registrador no llena esos requisitos porque, como sucedi� en el caso de esta litis y como con frecuencia ocurre en otros procesos, se limita a decir que el interesado no suministr� los datos indispensables para localizar la matr�cula del fundo y que, por esa raz�n o por otras, no puede afirmarse qui�nes son titulares de derechos reales sobre �l, ni puede aseverarse que nadie figure como titular de derechos tales, entonces ese certificado no llena los requisitos exigidos por la disposici�n precitada.
De lo anterior resulta que no es lo mismo certificar que se ignora qui�nes son titulares de derechos reales principales sobre un inmueble, que certificar que nadie aparece registrado como tal�. En sentencia calendada el 1� de septiembre de 1987, tambi�n expuso la Corte que �no es la certificaci�n que se aporte la que en verdad, de manera inmodificable o absoluta, impone la consecuencia de la convocatoria plena para la declaraci�n de pertenencia, puesto que no siempre el certificado que se lleve al plenario, puede mostrar la realidad de las inscripciones, si resulta incompleto, como aconteci� en el caso en estudio.
Es la verdadera situaci�n jur�dica existente alrededor del inmueble, cuya prescripci�n se recaba, la que sirve para alcanzar la verificaci�n de la titularidad del derecho en el campo del proceso administrativo de registro, pues, no resulta inalterable lo que se consigne en un certificado, si este no recoge el estado jur�dico real del predio�.
Podr� afirmarse, como con insistencia lo hace en este caso la parte demandante, que no se requiere que se aporte el folio de matr�cula de inmobiliaria, porque para el efecto basta la certificaci�n del registrador en torno de la situaci�n jur�dica del inmueble, -como en su momento lo defini� otra de las salas de decisi�n de este tribunal, cuando al respecto adujo que �aunque en el documento se dice que el inmueble carece de folio de matr�cula inmobiliaria, esa manifestaci�n no era necesaria por no requerir la ley; adem�s resulta l�gico que cuando se expide un certificado distinto del folio de matr�cula inmobiliaria es porque el inmueble objeto de la litis no lo tiene y resulta inane e intrascendente recabar lo recabado� (auto de 25 de septiembre de 1997 M. P. Jorge Eduardo Ferreira Vargas)-, posici�n que, con todo, dista dram�ticamente de lo que se pretende con la acci�n de pertenencia, no s�lo examinar la viabilidad de que opere el modo de adquirir el dominio mediante la posesi�n que da lugar a la prescripci�n adquisitiva, sino tambi�n, en el mismo pie de igualdad, proteger a terceros que frente a la imposibilidad de comparecer, resultan sorprendidos con el resultado de una litis cuya existencia desconocieron.
Adicionalmente, el otro motivo determinante en orden de arrasar con una interpretaci�n en tal sentido, tiene que ver con el hecho evidente de que sin existir un registro del bien pretendido finalmente se desconoce el origen del mismo, de suerte que sin conocer la g�nesis, mal puede la justicia construir sobre la mera suposici�n de que de cualquier modo el bien era de propiedad privada, cuando de cara a dicho supuesto puede perfectamente tener cabida la otra interpretaci�n consistente en que se trata, en realidad, de un bien bald�o que, por consiguiente, no ha sido apropiado particularmente por t�tulos leg�timos y entonces la acci�n a seguir tendr�a necesariamente otros componentes con demandado conocido, en ese caso la Naci�n (art. 675 C. C.) a quien, en consecuencia, habr�a de pedirse la adjudicaci�n. Basta acotar, finalmente, que si la ley protege al poseedor, para reconocerlo como due�o si otra persona no prueba serlo (art. 762 C. C.), eso significa que am�n de un demandante con ciertas y particulares caracter�sticas, la acci�n de pertenencia siempre tiene como contraparte a una persona determinada que es, precisamente, la que aparece en el certificado que expida el registrador, de manera que si a �ste le es imposible determinar esa informaci�n, el paso siguiente tiene que ver con demandar a la persona de derecho p�blico que corresponda. 4.
Como el argumento expuesto es suficiente para confirmar la decisi�n impugnada, se abstiene la sala de efectuar cualquier otro an�lisis entorno a la aplicabilidad al caso de la ley 9� de 1989, pero de todas formas destaca, como premisa adicional que da soporte a lo ac� expuesto, que el art�culo 52 de dicho estatuto, que permit�a iniciar el proceso de pertenencia sin el certificado del registrador de instrumentos p�blicos y, por ende, incoar la acci�n de pertenencia sin que fuera necesario se�alar como demandado a persona determinada, fue sustituido expresamente por el numeral 2� del art�culo 138 de la ley 388 de 1997 que, en lo pertinente, y seg�n lectura del art�culo 94 de dicho ordenamiento, no repiti� esa norma, incluso ni siquiera se refiri� al tema, por lo que es dable concluir que respecto a dicho punto la norma nuevamente vigente, cualquiera sea la naturaleza del bien a prescribir, es la que contiene el numeral 5� del art�culo 407 del C�digo de Procedimiento Civil, por lo que adquiere plena vigencia la jurisprudencia emitida alrededor de dicho precepto.
DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, en Sala de Decisi�n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia proferida el 14 de octubre de 2003 por el Juzgado Civil del Circuito de Gachet�, en descongesti�n del juzgado 5 civil del circuito de esta ciudad, proferida en el proceso de la referencia. Sin costas en esta instancia por no aparecer causadas.
NOTIF�QUESE.- Los Magistrados, DORA CONSUELO BEN�TEZ TOB�N RODOLFO ARCINIEGAS CUADROS RICARDO Z�PO M�NDEZ (con salvamento de voto) DCBT. Exp. 83183 PAGE 11 I^_{���#Hdf������ =>���?�?�?�@�@�B�BCC%C&C(C)C*C-C�����ɾɰɰ���ɰ��ɩ������������0J5�CJaJmHnHu0J5�CJaJj0J5�CJUaJ5�CJaJCJ^JaJ5�6�CJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ5�CJOJQJ^JaJ5�CJOJQJ\�^JCJOJQJ^J5�CJOJQJ^J&(2IJK_{|}������#$%����RS" ���������������������������$dha$$dha$�B,C��" # > ? @A����*+ =>mn������^_���������������������������$a$$dha$$dha$_EF))[.\.a1b10616_9`9�;�;�?�?�?�?TAUA�A�A�A�A�A�A�A�A����������������������������$dha$�A�A�A�A�A�A-B.B/B0B1BfB�B�B�B�B�B*C+C,C-C��������������������$dha$+ 0&P��/ �"I!��"��#��$��%����n i0@��0Normal_HmH sH tH FFT�tulo 1$$dh@&a$5�CJOJQJH@HT�tulo 2$$dh@&a$5�6�CJOJQJP@PT�tulo 3$$dh@&a$5�CJOJQJ\�^JaJP@PT�tulo 4$$dh@&a$5�6�CJOJQJ^JaJFA@���FFuente de p�rrafo predeter.RB@�RTexto independiente$dha$CJOJQJ: @: Pie de p�gina ��8!0)@�0N�mero de p�gina4"4 Encabezado ��8!-?R����(2IJK_{|}������#$%����RS"#>?@A����*+ = > mn������^_EF%%[*\*a-b-0212_5`5�7�7�;�;�;�;T=U=�=�=�=�=�=�=�=�=�=�=�=�=�=->.>/>0>1>f>�>�>�>�>�>*?.?�0���0���0���0���0���0��(0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0��80���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0��80���0���0���0���0���0��0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0��80���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���@0�� 0����-C#" _�A-C$&'(,C%x��!���������x$�$�>+?.?���;�;�=�=�>?+?.?��malvaregCONSEJO SUPERIOR JUDICATURAgC:\Mis documentos\Proyectos\2006-04 Pertenencia inter�s social (sin certificado tradici�n) Dr. Zop�.docCONSEJO SUPERIOR JUDICATURA�C:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\Guardado con Autorrecuperaci�n de 2006-04 Pertenencia inter�s social (sin certificado tradici�n) Dr.asd�=f>.?!�0)B�@�������-?@@��Unknown������������G��:�Times New Roman5��Symbol3&��:�Arial"q�����;��42�F,2�F �3n� �6t!���x���20p?l@ 3�Q�L��malvaregCONSEJO SUPERIOR JUDICATURA�� �����Oh��+'��0��������� ( DP\ ht|���ss malvareg alvalvNormal.dotCONSEJO SUPERIOR JUDICATURA4NSMicrosoft Word 9.0D@z�T@��Co��@hy��Z�@��ap�� �3�� ��՜.��+,��0�hp|������� ��� onp?� T�tulo !"#$%&'()����+,-./0123����56789:;����=>?@ABC��������F����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Root Entry�������� �F��bp��H�1Table������������*�WordDocument��������-RSummaryInformation(����4DocumentSummaryInformation8������������<CompObj����kObjectPool��������������bp����bp�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� �FDocumento Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8�9�q