Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 110013103007200100381

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Dora Consuelo Benítez Tobón

Fecha: 2006-03-13

Sujetos procesales: RAFAEL AMADOR AMAYA CASTRO / ALFONSO PEÑARANDA RUAN Y A LA SOCIEDAD INVERSIONES LA MURALLA S.A.

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Dec�dese el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 30 de septiembre de 2005, proferida por el Juzgado S�ptimo Civil del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso de la referencia. A N T E C E D E N T E S 1. Rafael Amador Amaya Castro demand� a Alfonso Pe�aranda Ruan y a la sociedad Inversiones la Muralla S.A., para que se declaren resueltos los contratos de compraventa protocolizados mediante escrituras p�blicas Nos. 0603, 0604 y 0605 de 6 de abril de 1998, otorgadas en la Notar�a 33 del c�rculo de esta ciudad y, en consecuencia, se le condene a restituir los inmuebles distinguidos con las c�dulas catastrales Nos. 00-02-0039-000, 00-02-0050-000 y 00-020052-000; y se oficie al registrador de instrumentos p�blicos para que cancele las respectivas anotaciones (fls. 28 a 31, cdno. 1).

En subsidio, para que declaren absolutamente nulos los referidos contratos (fl. 33). 2. Las pretensiones tuvieron como soporte los hechos que a continuaci�n se sintetizan: a) El demandante prometi� en venta a Alfonso Pe�aranda Ruan la hacienda Menegua, ubicada en la vereda Alto de Menegua del municipio de Puerto L�pez, departamento del Meta, que consta de 3 lotes denominados Menegua, a su vez conformado por los predios Cascajal y Tierra Grata;

Menegua, Matarredonda y Menegua, Los Sitios o el Carmen, cuyos linderos obran en la demanda. b) El precio del contrato fue de $40�000.000, pagaderos as�: $4�000.000, a la firma del contrato $3�000.000, el 3 de diciembre de 1987, $8�000.000,oo, el 23 de febrero de 1988, $25�000.000 representados en 430 metros cuadrados de locales comerciales, ubicados en la planta baja y primer nivel del Edificio construido por la Promotora Centro Internacional C�cuta Limitada � Cenit Ltda. c) El vendedor, adem�s de hacer entrega del inmueble en menci�n transfiri� el dominio de los inmuebles mediante las escrituras p�blicas en menci�n a la sociedad Inversiones la Muralla S.A., pues as� lo solicit� el prometiente comprador. d) El demandado incumpli� el contrato, toda vez que no pag� los $8�000.000 pactados para ser cancelados el 23 de febrero de 1988, ni los $25�000.000, pues no efectu� la entrega de los locales comerciales, ni perfeccion� la transferencia del dominio de los mismos (fl. 37, cdno. 1). e) El se�or Alfonso Pe�aranda en representaci�n de la Sociedad Inversiones la Muralla, firm� un contrato de cesi�n de derechos, por los 430 metros cuadrados de locales comerciales que ten�a en el Edificio de la Sociedad promotora Centro Internacional C�cuta Ltda. � Cenit Ltda., sociedad que actualmente se encuentra en liquidaci�n. 3.

Una vez notificada de la demanda la parte contradictora se opuso a las s�plicas del libelo y formul� las excepciones de �ausencia de las causales que dar�an derecho a la declaraci�n de nulidad absoluta�, as� como la de prescripci�n adquisitiva de dominio (fls. 131 a 134, cdno. 1). LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA En ella, el juez de primer grado declar� probada la excepci�n de ausencia de causa que dar�a derecho a la declaratoria de nulidad absoluta; deneg� las pretensiones de la demanda; declar� no probada la excepci�n de prescripci�n adquisitiva de dominio y declar� la falta de legitimaci�n por pasiva del se�or Alfonso Pe�aranda Ruan (fl. 195, cdno. 1).

El funcionario advirti� que los contratos fueron celebrados entre Rafael Amador Amaya Castro e Inversiones la Muralla S.A., de lo que concluy� que el se�or Alfonso Pe�aranda Ruan no se encontraba legitimado por pasiva, pues no form� parte de la relaci�n contractual. De otro lado, adujo que en las cl�usulas quintas de los instrumentos p�blicos objeto del libelo, se pact� el precio de cada inmueble que el vendedor declar� haber recibido a entera satisfacci�n, de suerte que era deber del demandante desvirtuar dicha afirmaci�n mediante la prueba del incumplimiento por parte del comprador y como dicha actividad no se despleg� en el proceso, de ello tuvo que deducir que no se configuraban los presupuestos para hacer viable la acci�n resolutoria demandada.

En cuanto a la pretensi�n subsidiaria de nulidad absoluta, advirti� que �las partes intervinientes en el contrato gozaban de mayor�a de edad y plena capacidad para contraer obligaciones y al no obrar prueba dentro del proceso en contrario�, no era posible declarar la nulidad, m�s a�n cuando tampoco se prob� la existencia de �error esencial de hecho� que viciara el consentimiento, ni que recayera sobre objeto il�cito, y adicionalmente el contrato cumpli� con las formalidades para su perfeccionamiento.

Resalt� que la diferencia entre el precio que la parte demandante afirma haberse acordado y el estipulado en los instrumentos p�blicos, a lo sumo podr�a dar lugar a la acci�n de simulaci�n de los mismos, pero no a la resoluci�n. Por �ltimo, se�al� que por no haber sido citadas las personas que tienen derechos reales sobre los inmuebles objeto de usucapi�n, la excepci�n de prescripci�n adquisitiva no puede abrirse paso.

EL RECURSO DE APELACI�N 1. La parte demandante impugn� el fallo, por considerar que la anotaci�n hecha en las escrituras p�blicas, referente a haber recibido a satisfacci�n el precio de la venta, que adem�s sirvi� de base al juez de primera instancia para denegar las pretensiones del libelo, tan s�lo correspondi� a una expresi�n de confianza y credibilidad del vendedor, pero no a la realidad de la convenci�n (fls. 8, cdno. 2).

Adujo adem�s, que el litigio no se enmarca dentro del fen�meno de la simulaci�n, en la medida en que el acuerdo frente al precio fue real y la venta se formaliz� con el otorgamiento de las escrituras. Resalt� el hecho de que la promesa de compraventa y los contratos no son negocios jur�dicos aut�nomos, por cuanto regulan el mismo convenio y, al haberse probado el incumplimiento por parte del comprador, deb�an declararse resueltos dichos contratos.

C O N S I D E R A C I O N E S 1. Dado el principio que recoge el art�culo 1602 del C�digo Civil, seg�n el cual el contrato es ley para las partes, es evidente que aquella que infrinja sus estipulaciones queda expuesta a soportar, bien la pretensi�n resolutoria del negocio jur�dico, ora la s�plica de cumplimiento que llegue a plantear el contratante cumplido, litigante que tambi�n se encuentra habilitado para reclamar la indemnizaci�n de los perjuicios que le hubiere ocasionado la inejecuci�n total o parcial del deber de prestaci�n, o la mora de su deudor (art. 1546, C.C.).

Ese concepto, vertido al contrato de compraventa, comporta que si el comprador se aparta de su obligaci�n de pagar el precio (art. 1928 C.C.), posibilita la acci�n del vendedor para exigir el cumplimiento, o para solicitar que se resuelva ese negocio jur�dico, en ambos casos con resarcimiento de perjuicios. En adici�n, cumple recordar que el vendedor, para legitimarse en el ejercicio de la acci�n resolutoria, debe acreditar que fue un contratante cumplido, esto es, que honr� las obligaciones que contrajo para con el vendedor, espec�ficamente la de entrega y tradici�n de la cosas (art. 1928 C.C.).

Al fin y al cabo, como en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes est� en mora por dejar de cumplir sus obligaciones, mientras el otro no atienda las propias en la forma y tiempo debidos (art. 1609 ib.), la resoluci�n del negocio jur�dico �no opera sino cuando uno de los contratantes cumpli� debidamente con lo pactado o se allan� a cumplirlo dentro del plazo y modo estipulados, y cuando el otro, por un acto de su voluntad, no obstante el cumplimiento de la contraparte, cuando es el caso, ha dejado de cumplir con lo pactado, en la forma y tiempo debidos�, lo que pone de relieve que dicha acci�n �corresponde exclusivamente al contratante que ha cumplido por su parte con sus obligaciones contractuales�, de suerte que para el �xito de la pretensi�n resolutoria no le sea suficiente al demandante probar la existencia del contrato fuente de la obligaci�n cuyo incumplimiento alega, y afirmar que el comprador se apart� de la misma, pues tambi�n debe aportar evidencia de su legitimaci�n, eso es, de que es un contratante cumplido.

Por supuesto que frente a una s�plica de resoluci�n por parte del vendedor por incumplimiento del comprador frente a su obligaci�n del pago del precio, no es a aqu�l a quien le corresponde la carga de probar la infracci�n del negocio jur�dico por parte de �ste, toda vez que la manifestaci�n que en tal sentido contiene la demanda, se estructura como negaci�n indefinida en los t�rminos del inciso 2� del art�culo 177 del C. de P.C., de modo que es a la parte demandada a quien le corresponde la tarea de acreditar que satisfizo su deber de prestaci�n. 2.

En el caso que ocupa la atenci�n de la Sala, hay lugar a pregonar, de un lado, la validez del negocio jur�dico cuestionado, y del otro, tanto el cumplimiento por parte del demandante �vendedor- de las obligaciones derivadas del mismo, como el de la sociedad demandada �compradora- frente a los deberes de prestaci�n que eran de su cargo, de suerte que no exist�a alternativa distinta que la de desestimar las s�plicas resolutorias y, por consiguiente, confirmar la decisi�n de primer grado.

En efecto, en relaci�n con el primer t�pico, es evidente que la parte demandante no logr� demostrar el cumplimiento de alguna de las causales para que se configurara la nulidad del contrato de compraventa objeto de la demanda, pues no se acredit� que se encontrara viciado por error, fuerza o dolo, as� como tampoco se prob� que el mismo recayera sobre objeto o causa il�cita; que adoleciera de alg�n requisito o formalidad o que se hubiese celebrado entre incapaces (arts. 1740 y 1741 C.C.), circunstancia que habilita el estudio de la pretensi�n resolutoria, la cual, como se sabe, parte del supuesto de que esa declaraci�n s�lo cabe respecto de los negocios jur�dicos que no contienen vicio alguno en su formaci�n. Tocante con el segundo aspecto, la raz�n es de la parte demandada, pues no es posible atribuirle incumplimiento alguno al comprador, si se tiene en cuenta que el vendedor declar� recibido a satisfacci�n el precio de cada inmueble (cl�usulas 5; fls. 10 vlto, 14 vlto y 17 vlto, cdno. 1).

T�ngase en cuenta que en el presente asunto no se debate la resoluci�n del contrato de promesa de compraventa sino del contrato de compraventa que ya fue perfeccionado, por lo que a pesar de las inconsistencias en cuanto al precio y la forma de pago, este Tribunal habr� de atenerse a los t�rminos del contrato objeto de la acci�n, pues la ausencia de prueba que refute la manifestaci�n que en sentido contrario al pago del precio del inmueble que se consign� en el contrato, de lugar a que inexorablemente quede como ley del contrato la afirmaci�n vertida en la cl�usula 5� del mismo, de suerte que por dicho aspecto, no hay lugar a la prosperidad de la s�plica de resoluci�n. Sobre el particular es preciso puntualizar, por �ltimo, que aunque es una denegaci�n indefinida la que respecto del incumplimiento del demandado, sustenta la demanda, finalmente la ausencia absoluta de prueba deja inc�lume lo que reza el contrato que configura, entonces, la prueba en contrario a lo afirmado aisladamente por el actor. 3.

En ese orden de ideas, tanto la pretensi�n principal de la demanda como la subsidiaria no pod�an prosperar y por ello habr� de confirmarse la sentencia impugnada, con todo, se adicionar�, para ordenar que se cancele la inscripci�n de la demanda, orden que el juez de primer grado, inexplicablemente, omiti�. D E C I S I � N En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot� D.C., Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1�. CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de septiembre 2005, por el Juzgado S�ptimo Civil del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso de la referencia. 2�. ADICIONAR la referida sentencia, en el sentido de ordenar que se cancele la inscripci�n de la demanda en los folios de matr�cula inmobiliaria Nos. 234-0001045, 234-001.044 y 234-0004.573 (fls. 20, 21 y 22, cdno. 1). 3�.

Condenar en costas del recurso a la parte demandante. Liqu�dense. NOTIF�QUESE DORA CONSUELO BEN�TEZ TOB�N Magistrada RODOLFO ARCINIEGAS CUADROS Magistrado CLARA BEATRIZ CORTES DE ARAMBURO Magistrada  G.J. LV, 585.  C.J. LX, 686; XC, 79.  Cfme: Sent. de 12 de febrero de 1980; Cas. Civ. noviembre 9/93. G.J. CCXXV, pag. 405.  �(..) el precio total de esta venta de dicho globo de terreno es el de la cantidad de UN MILLON CIEN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1�100.000)�, �SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS ($7�667.000), �UN MILL�N CUATROCIENTOS MIL PESOS ($1�400.000), �suma que el vendedor declara tener recibida de manos del comprador en dinero efectivo a su satisfacci�n�. PAGE  PAGE 2 DCBT Exp. 07200100381 01 I]y|�������  XXw�����������56�"�"�#�#�$�$�$�$6.,/-/�/2�������������µ�청��������������y��j0J@���U@���6� j0JU\� 6�\�]�CJOJQJ^JaJ^JaJ5�CJ\�aJmH sH CJCJOJQJ^JmH sH  5�CJ\�^J OJQJ^JmH sH ^JaJmH sH 5�CJOJQJ\�^JCJOJQJ^J5�CJOJQJ^J.(2IJ^z{|������ ���  WX����������������������������$a$$dha$dh$dha$_5U7�7����  w x � � � � � UXvwx��������������������������������$a$dh $��dh`��a$$dha$�����������NO56\]���$�$������������������������� 5$7$8$9DH$$dha$dh$a$�$''�(�(�+�+�/�/�0�022&2'2�2�2�2�2�2�3�3i4j4�4�4�������������������������dh$dha$$dha$ 5$7$8$9DH$$a$2&2'2�2�2�3�3�3�3i4�4�4�4�4#5.5_5`5b5o5p5q5s5�5�5�5�5�5�5�5�5S7U7^7`7a7g7h7i7k7l7r7������͵�䲫䢟����������{x{xoj0JCJj0JCJU0J j0JU 6�@���CJCJOJQJ^J CJOJQJ j0JUCJ CJ OJQJ^J 5�6�\�]�^J5�CJOJQJ\�^JaJ5�CJOJQJ^JCJOJQJ^JaJ5�CJOJQJ^JaJCJOJQJ^J5�CJOJQJ^JmH sH mH sH 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