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REF. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU Vs. SEGUNDO VALENTIN QUI�ONEZ CARDOZO RD.10851. MAGISTRADA PONENTE: RUTH MARINA DIAZ RUEDA Discutido y aprobado en Sala de 27 de julio de 2.005. Acta No 034. ASUNTO Resuelve el Tribunal el recurso de apelaci�n formulado contra la sentencia proferida el 25 de abril de 2005, por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogot�, dentro del proceso de expropiaci�n adelantado por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU contra Segundo Valent�n Qui��nez Cabezas.
II.
ANTECEDENTES 1.- El Instituto de Desarrollo Urbano, I.D.U., por conducto de apoderado judicial, demand� a Segundo Valent�n Qui��nez Cabezas, para que previos los tr�mites legales pertinentes, se decrete por causa de utilidad p�blica e inter�s social, la expropiaci�n a favor de la primera, con destino a la obra Avenida de los Comuneros, de un �rea de terreno de 158.33 M2 ubicada en la calle 4 No 3-92 hoy calle 4 No 3�-92 de Bogot�, con matr�cula inmobiliaria n�mero 50C-260306, y c�dula catastral No.43 A 8. 2- Como hechos sustent�culo de las s�plicas demandadas se invocaron los que a continuaci�n se compendian: a.- Que por medio de los Acuerdos No. 25, 9 y 48 del 21 de diciembre de 1.995, 1.998 y 24 de diciembre de 2.001 respectivamente, se adoptan las obras a ejecutarse como proyectos de valorizaci�n, en concordancia con el decreto No 619 de 2.000, a corto plazo, siendo una de sus obras prioritarias la construcci�n de la Avenida Los Comuneros entre Avenidas Caracas y Circunvalar. b- Que el Instituto de Desarrollo Urbano requiere para ello, un �rea de terreno de 158.33 M2 junto con la construcci�n que all� se levanta, de propiedad de Segundo Valent�n Qui��nez Cabezas, ubicado en la calle 4 No 3-92 hoy calle 3 No 3 A-92 de esta ciudad, inscrito en la oficina de instrumentos p�blicos al folio de matr�cula inmobiliaria No 50C-260306 y C�dula catastral 43 A 8. c.- Que precluido el tramite de la negociaci�n directa previsto en la Ley 9� de 1989 no fue posible celebrar la compraventa a pesar de que el Instituto de Desarrollo Urbano present� propuesta de negociaci�n directa mediante la oferta de compra No DTDP-8000-444 del 22 de agosto de 2.002, a la cual se le anex� el aval�o No 110-20318-2002 de junio de 2.002 realizado por la C�mara de Propiedad Ra�z Lonja Inmobiliaria, as� como el Registro Topogr�fico No 20268 levantado por la Direcci�n T�cnica de Predios, sin que a la fecha haya sido posible logra acuerdo formal para la enajenaci�n voluntaria. d.- La constituci�n Nacional en su art�culo 58 autoriza la expropiaci�n por motivos de utilidad p�blica o inter�s social, y el art�culo 58 de la ley 388 de 1.997 modificatorio del art�culo 10 de la ley 9� de 1.989 establece como motivos de utilidad p�blica, la ejecuci�n de obras p�blicas. e.- El Instituto de Desarrollo Urbano IDU, atiende en el territorio de Bogot� las obras p�blicas de desarrollo urban�stico ordenadas dentro del Plan Territorial. f.-El Director T�cnico del Instituto antes mencionado expidi� la Resoluci�n No 12322 del 16 de diciembre de 2.002 ordenando la expropiaci�n de la zona de terreno necesaria para destinarla a la construcci�n de la Avenida de los Comuneros entre Avenida Caracas y Circunvalar. g.- A trav�s de la Resoluci�n No 4488 del 26 de mayo de 2.003 se orden� la expropiaci�n del bien materia de proceso notific�ndosela personalmente al propietario del predio el 10 de julio de 2.003, quedando as� agotada la v�a gubernativa. 3.- Por auto del 22 de septiembre de 2003, el A-quo admiti� la demanda, orden� su notificaci�n y traslado al convocado a juicio; igualmente dispuso su inscripci�n en el folio de matricula respectivo y orden� previamente a la entrega anticipada acreditar la consignaci�n por el equivalente al 50% del avalu� practicado para la enajenaci�n voluntaria, acorde a las orientaciones se�aladas por el art. 62 de la ley 388 de 1.997.
La anterior providencia fue notificada personalmente al demandado el 8 de marzo de 2.004, replic�ndola en oportunidad, aduciendo que el inmueble del cual es propietario no es el pretendido ubicado en la calle 4 No 3 A-92, pues el suyo esta situado en la calle 4 No 3-92 y carrera 4-02 conforme consta en la escritura p�blica de adquisici�n y en el certificado del Registrador de Instrumentos p�blicos; adem�s afirma que la demanda genitora del proceso fue presentada por fuera del t�rmino legal se�alado por el art. 24 del la ley 9� de 1.989, esto es despu�s de los dos meses; de otro lado afirma no opera la entrega anticipada por haber consignado la Administraci�n solo el 50% y no el 100% del avalu� administrativo para un bien que no es de su propiedad.
En cuanto a los hechos, acepta unos, y dice deben probarse los otros. III. LA SENTENCIA DEL JUZGADO Tras narrar los antecedentes del proceso, al encontrar presentes los presupuestos procesales indispensables para proferir sentencia de m�rito, el Sentenciador da por acreditado con los documentos aducidos que el bien objeto de proceso de propiedad del demandado hace parte integrante de la zona o franja de terreno a utilizar para la construcci�n de la obra denominada Avenida de los Comuneros entre Avenidas Caracas y Circunvalar, de utilidad p�blica e inter�s social, considerando que se dan los presupuestos f�cticos y jur�dicos establecidos para acceder a las pretensiones de la demanda.
Precisa que las manifestaciones hechas por el demandado respecto de la indemnizaci�n justa por el valor real del inmueble par nada obstaculiza el proferimiento del fallo pues seg�n las previsiones del art. 456 del estatuto procesal civil, ha de ordenarse un aval�o donde se estime el valor de la cosa expropiada y separadamente hacer precisi�n sobre la indemnizaci�n a favor de quienes ostenten derechos reales principales sobre el bien a expropiar.
IV. ALEGACIONES DE LAS PARTES Ante esta Corporaci�n, el impugnante asevera ser propietario del inmueble ubicado en la calle 4 No 3-92 y carrera 4 No 4-02, pero no de aquel que el Instituto de Desarrollo Urbano IDU decret� la expropiaci�n a trav�s de la Resoluci�n No. 4488 del 26 de mayo de 2.003, referente al situado en la calle 4 No. 3 A-92, advirtiendo de tal circunstancia la comunic� a la Entidad al momento de ser notificado de ella.
Luego hace un recuento de la tramitaci�n procesal, para a rengl�n seguido advertir que ante la no correspondencia del predio expropiado y del cual �l es propietario, el Ad-quo ha debido inadmitir la demanda, adem�s ha debido resolver en la sentencia sobre las circunstancias se�aladas en los numerales 1,3,4,5, y 7 del art. 97, absteni�ndose de decretar la expropiaci�n. De otro lado, indica que ha debido para la entrega anticipada disponerse la cancelaci�n del 100% del valor del bien, por residir en el con su se�ora e hijos, ordenando la compensaci�n econ�mica por tener en el inmueble su oficina de abogado, encontrarse este ubicado en una zona de conservaci�n hist�rica, y mantener la zona verde frente al bien ra�z. A�ade que al presentarse la demanda ya hab�a operado la caducidad por transcurrir el t�rmino de dos meses que la legislaci�n prev� para proponer la demanda de expropiaci�n a partir del proferimiento de la Resoluci�n Administrativa.
IV. CONSIDERACIONES Los presupuestos procesales se encuentran acreditados en el presente proceso, y adem�s, no se observa causal de nulidad que pueda invalidar la actuaci�n, ni impedimento para proferir la decisi�n de fondo que en derecho corresponda. La demanda incoada se dirige a obtener la expropiaci�n del inmueble ubicado en �la calle 4 No 3-92 hoy calle 4 No 3 A-92 de esta ciudad� de un �rea de terreno de 158.33 mts� con matr�cula inmobiliaria No 50C-260306 de la Oficina de Registro de Instrumentos P�blicos de Bogot�, y c�dula catastral No. 4 3 A 8.
La expropiaci�n constituye un instrumento del cual dispone el Estado para incorporar al dominio p�blico los bienes de los particulares, previo el pago de una indemnizaci�n, cuando �stos se requieran para atender necesidades de �utilidad p�blica e inter�s social� definidas por la ley, con intervenci�n de la autoridad judicial (expropiaci�n por v�a judicial) o mediante la utilizaci�n de los poderes p�blicos propios del r�gimen administrativo (expropiaci�n por v�a administrativa).
La ley 388 de 1.997 precept�a, en su art�culo 58, para qu� fines se podr� decretar la expropiaci�n de bienes inmuebles siendo �stos los siguientes: a) Ejecuci�n de proyectos de construcci�n de infraestructura social en los sectores de la salud, educaci�n, recreaci�n, centrales de abasto y seguridad ciudadana; b) Desarrollo de proyectos de vivienda de inter�s social, incluyendo los de legalizaci�n de t�tulos en urbanizaciones de hecho o ilegales diferentes a las contempladas en el art�culo 53 de la Ley 9� de 1989, la rehabilitaci�n de inquilinatos y la reubicaci�n de asentamientos humanos ubicados en sectores de alto riesgo; c) Ejecuci�n de programas y proyectos de renovaci�n urbana y provisi�n de espacios p�blicos urbanos; d) Ejecuci�n de proyectos de producci�n, ampliaci�n, abastecimiento y distribuci�n de servicios p�blicos domiciliarios; e) Ejecuci�n de programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo; f) Ejecuci�n de proyectos de ornato, turismo y deportes; g) Funcionamiento de las sedes administrativas de las entidades p�blicas, con excepci�n de las empresas industriales y comerciales del Estado y las de las sociedades de econom�a mixta, siempre y cuando su localizaci�n y la consideraci�n de utilidad p�blica est�n claramente determinados en los planes de ordenamiento o en los instrumentos que los desarrollen; h) Preservaci�n del patrimonio cultural y natural de inter�s nacional, regional y local, incluidos el paisaj�stico, ambiental, hist�rico y arquitect�nico; i) Constituci�n de zonas de reserva para la expansi�n futura de las ciudades; j) Constituci�n de zonas de reserva para la protecci�n del medio ambiente y los recursos h�dricos; k) Ejecuci�n de proyectos de urbanizaci�n y de construcci�n prioritarios en los t�rminos previstos en los planes de ordenamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley; l) Ejecuci�n de proyectos de urbanizaci�n, redesarrollo y renovaci�n urbana a trav�s de la modalidad de unidades de actuaci�n, mediante los instrumentos de reajuste de tierras, integraci�n inmobiliaria, cooperaci�n o los dem�s sistemas previstos en esta ley; m) El traslado de poblaciones por riesgos f�sicos inminentes.
En lo tocante a la legitimaci�n para iniciar la acci�n, determina el art�culo 59 de la ley 338 de 1.998 que entidades son competentes para decretar la expropiaci�n, se�alando: "La Naci�n, las entidades territoriales, las �reas metropolitanas y asociaciones de municipios podr�n adquirir por enajenaci�n voluntaria o decretar la expropiaci�n de inmuebles para desarrollar las actividades previstas en el art�culo 10 de la Ley 9� de 1989.
Los establecimientos p�blicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de econom�a mixta asimiladas a las anteriores, de los �rdenes nacional, departamental y municipal, que est�n expresamente facultadas por sus propios estatutos para desarrollar alguna o algunas de las actividades previstas en el art�culo 10 de dicha ley, tambi�n podr�n adquirir o decretar la expropiaci�n de inmuebles para el desarrollo de dichas actividades." La demanda debe dirigirse contra los titulares de derechos reales principales sobre los bienes y si estos se encuentran en litigio, tambi�n contra todas las partes del respectivo proceso.
Igualmente se dirigir� contra los tenedores cuyos contratos consten por escritura p�blica inscrita y contra los acreedores hipotecarios y prendarios que aparezcan en el certificado de registro. (Numeral 2� del art. 451 del C. de P.C.). Presupuesto para la procedencia de la expropiaci�n es la emisi�n de un acto administrativo proferido por la entidad legitimada para efectuar la expropiaci�n, que se concreta en un decreto, resoluci�n, ordenanza, acuerdo, etc., en el que se indique contra quienes se dirige la expropiaci�n y se especifique el bien o bienes objeto de ella, que se encuentre en firme.
Frente a esta tem�tica ha precisado la doctrina que �la resoluci�n que decreta la expropiaci�n debe estar debidamente ejecutoriada, esto es, la v�a gubernativa agotada, bien porque no se interpusieron recursos o porque si lo fueron se decidieron� (LOPEZ BLANCO, Hern�n Fabio. Instituciones de derecho procesal civil. p�g. 259). Y por �ltimo la demanda deber� presentarse dentro de los dos meses siguiente a la fecha en la cual quedare en firme la resoluci�n que ordene la expropiaci�n. En el caso sub-lite, se encuentra que el bien pretendido en expropiaci�n es el que aparece identificado en el folio de matr�cula inmobiliaria No 50C-260306 y c�dula catastral 4 3A 8, esto es el ubicado antes en la calle 4 No 3-92 hoy calle 4 No 3 A-92; que la entidad que demanda la expropiaci�n es el Instituto de Desarrollo Urbano, entidad del orden municipal y se dirige contra el propietario del bien, Segundo Valent�n Qui��nez Cabezas; que la demandante emiti� la resoluci�n 4488 del 26 de mayo de 2.003 ordenando por motivos de utilidad p�blica e inter�s social la expropiaci�n del mentado predio, la cual fue notificada al due�o el 10 de julio de 2.003 y qued� debidamente ejecutoriada el 17 de julio del mismo a�o, y que la demanda fue presentada el 15 de septiembre del a�o en cita, esto es dentro de los dos meses exigidos por ley.
Hechas las anteriores precisiones, encuentra la Sala que la entidad demandante, cumpli� con las disposiciones legales antes descritas y con buen criterio dio aplicaci�n a lo establecido por la normatividad, profiriendo sentencia de primer grado, adoptando las decisiones que la ley procesal impone, dentro de los procesos de expropiaci�n, advirti�ndose que dentro del informativo no existe pieza procesal alguna demostrativa de que hubiese existido entrega anticipada del inmueble.
En este orden de ideas, jur�dico resulta confirmar la sentencia impugnada por encontrarse ajustada a derecho. V. DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT� D.C., en Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, VI.
RESUELVE
PRIMERO- CONFIRMAR la sentencia dictada el 25 de abril de 2.005, por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogot� D.C. SEGUNDO- Costas de esta instancia, a cargo de la parte recurrente. C�PIESE, NOTIF�QUESE Y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL JUZGADO DE ORIGEN. LOS MAGISTRADOS, RUTH MARINA DIAZ RUEDA JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS JOSE ELIO FONSECA MELO PAGE 12 PAGE PAGE 12 )DQux������ A B C D E G M N O �����ٹ��٤핆�wc�WNGh+)h+)h�%*6�^JaJh{[�h�%*6�^JaJ&h{[�h+)5�6�CJOJQJ^JaJh�%*6�CJOJQJ^JaJh��6�CJOJQJ^JaJh�,�6�CJOJQJ^JaJ)h{[�h�%*5�6�>*CJOJQJ^JaJ h-�5�6�CJOJQJ^JaJhx�6�CJOJQJ^JaJ&h{[�h�%*5�6�CJOJQJ^JaJ#h{[�h�%*6�CJOJQJ^JaJ)ABCDvwx������ D E F G N O ����������������������gd+) &Fgd+)dhgd�%* $dha$gd�%* $dha$gd�%*gd�%*dhgd�%*2B\B`B���O P Q x y z { � � � � ������w�������������������$dh*$a$gdc [$ �0�dh*$a$gd�b�$ �0�dh*$a$gd�f]$ �0�dh*$a$gd�%*gd�%*gd�%*gd�>t$ �0��7dh*$`�7a$gd�%*O Q T � � � � � T w x z { � � � � � � � � �����������ʸ���n�]L;]!h�S�6�@���CJOJQJ^JaJ!h�$6�@���CJOJQJ^JaJ!h�%*6�@���CJOJQJ^JaJ-h{[�h�%*5�6�@���CJOJQJ\�^JaJ0h{[�h�%*5�6�>*@���CJOJQJ\�^JaJht5�h�%*mH sH h�%*6�>*CJOJQJaJ"h{[�h�%*6�>*CJOJQJaJh�>th�b�6�aJh�b�h�%*h` 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