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Magistrado ponente: JOSE ELIO FONSECA MELO. Decide la Sala el recurso de apelaci�n interpuesto por los demandados contra la sentencia de 12 de julio de 2000 proferida por el Juzgado 08 Civil del Circuito de la Ciudad dentro de este proceso.
ANTECEDENTES: Esa�, Emiliano, Jacob, Mariela, No� y Jos� Sandalio Acero Jurado formularon demanda por el tr�mite del proceso ordinario de mayor cuant�a contra Mar�a Cecilia Diaz Jurado, Pedro Antonio y Jos� Alejandro Jurado, seg�n los siguientes hechos: 1. Mediante escritura No. 319 de 20 de febrero de 1987 de la Notar�a 8� del C�rculo de Bogot�, registrada al folio de matr�cula inmobiliaria No. 50C-531497, la se�ora Tr�nsito Jurado Vda. de Acero adquiri� la casa de la carrera 97 B No. 27-08 de la actual nomenclatura de la Ciudad, alindada en la forma descrita en la demanda. 2.
Tr�nsito Jurado Vda. de Acero mantuvo la tenencia y posesi�n del inmueble hasta el d�a de su muerte, hecho ocurrido el 06 de mayo de 1997, pues all� estableci� su vivienda. 3. Al obtener el certificado de tradici�n del inmueble con vista a iniciar el juicio de sucesi�n advirtieron que la finada hab�a vendido esa casa a Mar�a Cecilia Diaz Jurado, hermana por parte de madre de los demandantes, reserv�ndose de paso el usufructo, todo al tenor de la escritura No. 684 de 24 de marzo de 1988 de la Notar�a 12 del C�rculo de Bogot�. 4.
Mar�a Cecilia Diaz Jurado vendi� a sus hermanos por parte de madre, Pedro Antonio y Jos� Alejandro, la cuota del inmueble equivalente a una tercera parte a cada uno, a trav�s de la escritura No. 2404 de 02 de septiembre de 1988 de la Notar�a 12 del C�rculo de Bogot�. 5. Con estas escrituras esta plenamente probado la simulaci�n y � el enga�o hecho de los tres hermanos en perjuicio en perjuicio de los restantes cinco hermanos del matrimonio leg�timo entre Emiliano Acero y Tr�nsito Jurado �. 6.
El art�culo 1852 del C. C. consagr� la nulidad del contrato de compraventa entre padres e hijos de familia. 7. En el negocio en alusi�n no hubo intenci�n de enajenar, no estuvo precedido de una promesa de compraventa, la compradora inicial no estaba en capacidad de pagar el precio, no existi� entrega real del inmueble, de manera que � se presume que se trata de una donaci�n entre vivos que por ser superior a $2.000.oo de acuerdo a nuestra normatividad jur�dica es nula �.
Con fundamento en estos hechos los demandantes formulan las siguientes s�plicas: 1. Que se decrete la nulidad de la escritura No. 684 de 24 de marzo de 1988 de la Notar�a 12 del C�rculo de Bogot� � de la compraventa que Tr�nsito Jurado hizo a Maria Cecilia Diaz Jurado � y la escritura No. 2404 de 02 de septiembre de 1988 de la misma Notar�a � por la cual Mar�a Cecilia Diaz Jurado vende a Pedro Antonio y Jos� Alejandro Jurado a cada uno una tercera parte de la casa ubicada en Fontib�n actualmente en la carrera 97 B No. 27-08 antes carrera 6 No. 9-04 �. 2. �Que queda rescindido el contrato ya citado por el vicio que se ha probado y con las consecuencias previstas en la ley�. 3. �Que los se�ores Esa�, Mariela, Jacob, No� y Jos� Sandalio Acero Jurado tienen derecho a ser restituidos en los derechos del inmueble por existir la simulaci�n que se decreta�. 4. � Que los demandados no tienen derecho a pedir a los demandantes restituci�n o reembolso alguno de dineros por el precio aparentemente pagado ya que jam�s lo dieron�. 5.
Que se condene a los demandados a devolver los frutos y a pagar las costas del juicio. 6. Que se ordene la inscripci�n de la sentencia en el registro inmobiliario. Subsidiariamente piden los actores que � de no prosperar la simulaci�n decr�tese que hubo una donaci�n entre vivos que jam�s puede ser superior a dos mil pesos �. Admitida sin reparo alguno el libelo los demandados recibieron notificaci�n el 08 de julio de 1997, luego de lo cual contestaron la demanda, asistidos por apoderado, en los siguientes t�rminos: En relaci�n con las pretensiones se opusieron a ellas por cuanto que � no existe simulaci�n �.
Con respecto de los hechos aceptaron la confecci�n de las escrituras y los contratos de compraventa all� consignados, negaron la incapacidad econ�mica de Mar�a Cecilia para pagar el precio y la falta de entrega material del inmueble, y por �ltimo, aclararon que la compraventa es eficaz entre padres e hijos emancipados, siendo que por dem�s, en el presente caso la celebrada no requer�a autorizaci�n judicial.
Paralelamente y en su defensa los demandados propusieron las excepciones de fondo que denominaron �Falta de causa para demandar�, fundada en que no existe simulaci�n puesto que la Diaz Jurado cancel� el precio de la compraventa tal como se consigna en la escritura y no existe donaci�n puesto que la transferencia se hizo a t�tulo oneroso; y �Prescripci�n de la acci�n de nulidad, rescisi�n y simulaci�n�, apoyada en que el art�culo 1750 del C. C. consagra el t�rmino de cuatro a�os para que opere el fen�meno, lapso que, habida consideraci�n que dichas compraventas se celebraron en el a�o de 1988, ya transcurri�.
Entrabada de esta manera la relaci�n jur�dico procesal el Juzgado cit� a las partes a audiencia de conciliaci�n, as� que superada esta etapa sin �xito, el proceso continu� con la pr�ctica de las pruebas, el traslado para alegar y culmin� con la sentencia que accedi� por completo a las s�plicas principales. Inconforme con esta decisi�n los demandados se alzaron contra ella, as� que rituada en instancia la impugnaci�n, en la actualidad ocupa la atenci�n de la Sala.
SE CONSIDERA: 1. Presupuestos procesales Los consabidos presupuestos procesales demanda en forma, capacidad de parte, capacidad procesal y competencia se hallan actualizados en el presente caso, motivo por el cual el proceso se ha desarrollado normalmente, y por ende, se impone una decisi�n de fondo. Desde el punto de vista de la actuaci�n tampoco observa la Sala causal de nulidad que pueda invalidar el proceso, de modo que ello aunado a lo anterior, conlleva a esa decisi�n de m�rito.
No obstante lo anterior, puesto que al sustentar el recurso los demandados insin�an la nulidad a que alude el art�culo 140-9 del C. de P. C., toda vez que en su decir falt� integrar el litisconsorcio necesario con los herederos indeterminados de Tr�nsito Jurado de Acero a tono con los art�culos 81 y 83 Ib., la Sala sobre el particular advierte que tal causal de nulidad no se presenta, pues no puede pasarse de largo que los demandantes en este caso invocaron la condici�n de herederos de la aludida causante, sin que desde �ste �ngulo la finada, o dicho con mayor precisi�n, sus herederos hayan sido citados al juicio como demandados. 2.
La sentencia del A quo. El Juzgado a trav�s del fallo apelado, tras declarar no probadas las excepciones de fondo opuestas, declar� simulados los contratos de compraventa contenidas en las escrituras en menci�n, y en consecuencia, conden� a los demandados a restituir a la sucesi�n de Tr�nsito Jurado Vda. de Acero � las cuotas del inmueble a que se ha hecho referencia � y a pagar frutos en cuant�a equivalente a $14.120.000.oo, reconoci� mejoras a los demandados por la suma de $3.470.000.oo, orden� comunicar la decisi�n al Notario y al Registrador para que act�en en consecuencia, y por �ltimo, impuso a los vencidos condena en costas.
Para fundamentar el fallo el A quo tuvo en cuenta la afirmaci�n de los demandados cuando quiera que al absolver el interrogatorio de parte indicaron que el motivo que los indujo a celebrar las sucesivas compraventas tuvo que ver con la negativa a reconocerles cuota hereditaria en la sucesi�n de Emiliano Acero, padre de los demandantes y esposo de la madre com�n, indicio al cual han de agregarse los relacionados con el bajo precio de la negociaci�n, el pago en efectivo el d�a de la firma de la escritura, la permanencia de la vendedora en el inmueble, y adicionalmente, la intenci�n expresada por Jos� Alejandro y Pedro Antonio en el sentido de estar � dispuestos a devolver la escritura pero que no ha acudieron a la notar�a con tal prop�sito �.
Dada la prosperidad de la acci�n de simulaci�n, el Juez conocedor con vista a volver las cosas a su estado anterior, huelga decir, � como si no se hubiese contratado �, orden� la restituci�n del inmueble y en relaci�n con las condenas a pagar mejoras y frutos, la primera impuesta a los demandantes y la segunda a los demandados, acogi� el peritazgo allegado como prueba, m�s sin embargo, habida cuenta que trat� a los demandados como poseedores de buena fe, solo a partir de la notificaci�n de la demanda reconoci� los frutos. 3.
El recurso de apelaci�n. Los demandados al sustentar el recurso de apelaci�n contra el fallo emitido presentaron los motivos de disconformidad, los cuales se reducen a los siguientes aspectos: El precio de la compraventa convenida entre Tr�nsito y Mar�a Cecilia, insisten los opositores, se pag� con el cheque No. 0591181 del Banco Cafetero, girado el 24 de marzo de 1988 por la compradora a favor de la vendedora, cuyo importe ascendi� a $600.000.oo, afirmaci�n en pos de la cual se acerc� fotocopia simple del aludido documento.
La demandada como profesora del Colegio Departamental Antonio Nari�o es solvente, condici�n que se acredita con el certificado expedido por el plantel, el que milita en el proceso. La prohibici�n que el art�culo 1852 del C. C. consagra con respecto de la compraventa entre padres e hijos de familia se qued� sin piso cuando quiera que la Corte Constitucional declar� la norma inexequible.
La prescripci�n aducida como excepci�n resulta aplicable dado que las escrituras se firmaron en el a�o de 1988 y el lapso de cuatro a�os que la regula ya hab�a transcurrido cuando se introdujo la demanda. La posesi�n material del inmueble la recibi� la compradora a partir de octubre de 1995, pues as� lo proyectan los contratos de arrendamiento agregados al proceso, pese a que la vendedora se reserv� el derecho de usufructo.
Desde aquel entonces Mar�a Cecilia es � la �nica persona que ha estado pendiente de la seguridad del inmueble �. Tr�nsito Jurado de Acero no regalaba nada y prueba de ello son las constancias de pr�stamos de dinero que entregaba en mutuo con intereses a sus hijos. Con fundamento en estos argumentos piden los apelantes que se revoque la sentencia pronunciada por el Juez. 4.
El caso concreto. Constituye verdad averiguada que con respecto de la apelaci�n corresponde al recurrente se�alar el �mbito dentro del cual ha de moverse el Ad quem, pues inmerso a�n dentro del principio dispositivo, es aqu�l quien debe se�alar los motivos de disconformidad con la sentencia de primer grado. Conforme al anterior par�metro y con fundamento en el material probatorio recogido, la Sala acomete el examen del recurso interpuesto dentro de la �rbita fijada por la censura, tal como se expresa a continuaci�n: 4.1.
Acerca de la acci�n de simulaci�n, de un lado, se�ala el art�culo 1766 del C�digo Civil que las escrituras privadas realizadas por los contratantes para alterar lo pactado en la escritura p�blica, no producir� efectos contra terceros pero si entre las partes. Y de otro, advierte el art. 1618 Ib. que conocida claramente la intenci�n de los contratantes debe estarse a ella m�s que a lo literal de las palabras.
Al poner en relaci�n estos dos postulados surge la acci�n de simulaci�n, la que como de todos es sabido ha ocupado la atenci�n de la jurisprudencia y la doctrina, dentro de la perspectiva de elaborar en torno a ella una teor�a que sirva de justificaci�n. 4.2. Dentro de esta l�nea de conducta al inicio la Corte reconoci� en la simulaci�n un caso de nulidad, en consideraci�n a que en el negocio simulado se echaban al parecer de menos dos de los requisitos para su validez, a saber: El consentimiento y la causa l�cita.
Posteriormente la Corte en ese camino advirti� que en todo negocio simulado se ofrec�an dos actos, uno oculto que era el requerido por la partes y que en definitiva regulaba sus relaciones, y el otro, p�blico u ostensible dise�ado para crear una falsa apariencia frente a terceros. Conforme al anterior planteamiento la acci�n de simulaci�n recibi� el nombre de acci�n de prevalencia, en el entendido que se trataba con ella de hacer primar entre las partes el negocio verdaderamente querido, vale decir, el oculto frente al ostensible o aparente.
Hoy la jurisprudencia y la doctrina se inclinan por aceptar en torno a este fen�meno la denominada teor�a monista, seg�n la cual en el acto simulado no existe en puridad dos declaraciones de voluntad, sino una sola, inmersa dentro de una entidad negocial �nica, y en donde el negocio celebrado se le pretende cubrir con una cortina, que no es m�s que una prueba preconstituida para enga�ar a terceros. 4.3.
As�, dentro de esta secuencia la simulaci�n puede ser absoluta o relativa. La primera se presenta cuando tras el velo de la ficci�n las partes no esconden contrato alguno, verbi gratia, cuando se dice celebrar una compraventa y tras este ropaje en verdad no existe entidad negocial. Se ofrece la segunda cuando tras el negocio disfrazado se oculta, por decir algo y en relaci�n con la compraventa, una donaci�n o un precio distinto al realmente dado por la cosa. 4.4.
Debido al sigilo que las partes observan al presentar ante el p�blico un acto y ocultar otro, o no ocultar ninguno como en el caso de la simulaci�n absoluta, s�lo en casos excepcionales se deja constancia escrita a que alude el primer inciso del art. 1766 Ib. Empero, ello no constituye obst�culo para que dentro de las relaciones interpartes se pueda utilizar otros medios de prueba tendientes a comprobar el verdadero negocio, mimetizado, se insiste, a trav�s de la prueba preconstituida.
Son los indicios la prueba utilizada con frecuencia para desvirtuar el negocio aparente y por esta v�a hacer prevalecer el oculto. Y como especie probatoria que es, el indicio est� constituido por � todo rastro, vestigio, huella, circunstancia, y en general todo hecho conocido, o mejor dicho debidamente comprobado, susceptible de llevarnos, por v�a de inferencia, al conocimiento de otro hecho desconocido� ( Antonio Dellepiane, Nueva Teor�a de la Prueba, Editorial Temis, 9� edici�n, 1983, p�gina 57).
Si el indicio comporta un hecho conocido y debidamente probado del cual se infiere, luego de un juicio cr�tico, un hecho desconocido o ignorado, la conclusi�n a la que se arriba comprende s�lo dos formas, as�: a) Que el hecho indicador sea infalible, seguro, inexorable por cuanto que conlleva a conclusiones ciertas e indudables, estando en presencia en este caso de un indicio necesario. b) Que el hecho indicador lleve a conclusiones m�s o menos probables o dudosas, estando en este caso frente al indicio contingente.
El indicio necesario alude a aquellos casos que no sufren excepci�n, en los cuales de manera infalible e inevitable se demuestra la existencia o inexistencia del hecho investigado. Y, a contrario sensu, el indicio contingente conduce �nicamente a probabilidades, de modo que s�lo m�ltiples indicios de este tipo pueden constituir plena prueba, bajo la condici�n que re�nan las caracter�sticas de graves, concordantes y convergentes.
Hace relaci�n el requisito tocante con la concordancia a hechos indicadores que se compaginan armoniosamente integrando un conjunto coherente y no excluyente entre si. Ahora, con respecto a la convergencia, este requisito hace relaci�n a los hechos indicadores de modo que �stos conduzcan a la misma conclusi�n. Y, por �ltimo, en la medida que los hechos indicadores permitan eliminar probabilidades y ase acerquen a la certeza, el indicio contingente cobra mayor fuerza, huelga decir, se torna inevitablemente en grave. 4.5.
Dentro de este marco conceptual la Sala desciende al presente caso, y dado que la inconformidad de los recurrentes refiere principalmente al tema de la falta de prueba de la simulaci�n declarada por el Juzgado que no al espec�fico punto de las condenas, de entrada se�ala que los contratos de compraventa recogidos en las mencionadas escrituras son simulados, pues no a otra conclusi�n se llega luego de analizar las especies probatorias acercadas.
De tiempo atr�s y luego de estudiar las pr�cticas usadas por los simulantes, la Corte ha venido elaborando un listado de indicios tendientes a demostrar la simulaci�n, entre los que comporta mencionar el fen�meno del parentesco, la amistad �ntima, la falta de capacidad econ�mica del adquirente, la retenci�n de la posesi�n del bien por parte del enajenante, el comportamiento de las partes en el litigio, el precio exiguo, la carencia de necesidad en el vendedor para disponer de sus bienes, el m�vil para simular, los intentos de arreglo amistoso, el precio no entregado de presente, etc.
Es el m�vil la clave para desentra�ar el negocio simulado, pues referido a un inter�s econ�mico y concreto, al descubrirlo sirve de hilo conductor para guiar al Juez en el entendimiento de la restante prueba. 4.6. En el presente caso los testigos Lucila Navarrete de D�az (fl. 3 cuad. 2), Jorge Enrique Abril (fl. 4 ib.), Jorge Enrique Barbosa Huertas (fl. 4 ib.), Blanca Gait�n de Prieto (fl. 14 ib.) y Hernando Avenda�o Avenda�o (fl. 15 ib.) en sus declaraciones expresan que la finada Tr�nsito Jurado en sus �ltimos a�os vivi� al lado de Mar�a Cecilia, quien atendi� sus dolencias y cuid� de ella, pues seg�n su dicho los demandantes siendo sus hijos, la abandonaron a su suerte.
Por su lado los demandados al absolver el cuestionario a que se sometieron en el interrogatorio de parte (fls. 10-12 ib.) manifiestan que, de un lado, es cierto que el inmueble litigado lo adquirieron mediante contrato de compraventa, el primero celebrado entre la finada y Mar�a Cecilia y el segundo convenido entre �sta y sus hermanos, y de otro, pagaron el precio aunque no en la suma estipulada en las sendas escrituras.
Adicionalmente, y en esta parte la Sala hace especial �nfasis, los demandados Jos� Alejandro y Pedro Antonio se�alaron en esta diligencia que frente al reclamo de los restantes hermanos estuvieron dispuestos a echar para atr�s esas compraventas, al punto que presentaron ante el Notario los documentos necesarios para ese fin, pero este prop�sito se frustr� dado que los demandantes no pagaron la confecci�n de la escritura.
Ahora, si a los anteriores hechos que proyectan esas especies probatorias se a�ade cuanto reflejan los documentos acercados con la contestaci�n de la demanda, espec�ficamente los relacionados con la atenci�n m�dica que le prodig� Mar�a Cecilia (fls. 44-52 ib.), no ofrece duda que esta hija por esa v�a se gan� los afectos de su madre, circunstancia que en principio proyecta uno de los elementos que integran el m�vil de la simulaci�n en este caso.
Otro de los elementos a que alude ese m�vil en criterio de la Sala est� expresado por Mar�a Cecilia en el marco del mismo interrogatorio de parte, pues all� expres� que los demandantes, hijos del matrimonio Acero-Jurado, hab�an llevado a cabo la sucesi�n del finado, empero � ellos nos hab�an desheredado a nosotros porque nos dejaron por fuera en el juicio de sucesi�n cuando muri� don Emiliano Acero Gonz�lez �, juicio que al decir de la absolvente vers� sobre la finca Santo Tom�s con una cabida de ocho fanegadas.
Despejado de esta manera el punto del m�vil de la simulaci�n se ofrecen de inmediato otros indicios, los que aunados constituyen el eje central del cual se infiere que los contratos de compraventa recogidos en las escrituras en alusi�n, no fueron realmente convenidos. El hecho de que la finada Tr�nsito se hubiese reservado el usufructo y la circunstancia de que con posterioridad a la confecci�n de los t�tulos atacados los litigantes hubiesen intentado un arreglo amistoso �devolvi�ndole la escritura� a la madre com�n, son expresi�n del conjunto de indicios que conllevan a reconocer la simulaci�n que reclaman los accionantes.
Finalmente, en torno a la discusi�n que gira al alrededor al precio estipulado en las escrituras ha de decirse que reviste confusi�n, pues mientras en la primera se aduce que la compraventa se convino en la suma de seiscientos mil pesos ($600.000.oo) y en la segunda se consigna como tal la cifra de quinientos mil pesos ($500.000.oo), el demandado Jos� Alejandro en el interrogatorio de parte manifiesta que � Pedro y yo le compramos a mi hermana en un mill�n de pesos la tercera parte�.
En s�ntesis, descubierto el m�vil de la simulaci�n y comprobados los indicios que tocan con la relaci�n familiar afectuosa que uni� a Tr�nsito y sus hijos Mar�a Cecilia, Jos� Alejandro y Pedro Antonio, el precio contradictorio, la reserva del usufructo por parte de la enajenante primigenia y consentido por estos �ltimos cuando en la escritura dijeron adquirir � cada uno un derecho equivalente a una tercera (1/3) parte sobre la nuda propiedad � sobre el aludido inmueble y el intento de arreglo amistoso, no existe en verdad manera de infirmar el fallo que declar� la simulaci�n. 4.7.
Puestas as� las cosas, como quiera que por este sendero se descarta la excepci�n de fondo que los demandados opusieron y que denominaron �Falta de causa para demandar�, resta por analizar la excepci�n de �Prescripci�n� invocada como defensa. Y como que ella se apoya en el art�culo 1750 del C�digo Civil, alusiva a la cuatrienal para el caso de la nulidad relativa, no siendo de aplicaci�n en este caso porque la acci�n movida refiere a la simulaci�n de los actos atacados, para su tipo la prescripci�n es veintenaria. 4.8.
Reducido a este tema la impugnaci�n la Sala se encuentra relevada para estudiar los puntos relacionados con las condenas y entre ellos, los ata�entes a mejoras y frutos, raz�n por la cual las fulminadas en la sentencia permanecer�n inc�lumes. 5. Con estos argumentos y los que el Juzgado adujo en el pasado la sentencia apelada debe confirmarse.
En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, D.C, en Sala Civil de Decisi�n, R E S U E L V E: Primero: Confirmar la sentencia de doce (12) de julio de dos mil (2.000), proferida por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de la Ciudad, dentro de este proceso. Segundo: Costas a cargo de los apelantes.
NOTIFIQUESE JOSE ELIO FONSECA MELO Magistrado. 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