Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 199900450-01

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Nancy Esther Angulo Quiroz.

Fecha: 2008-08-01

Sujetos procesales: BLANCA CECILIA MELO HINESTROSA / CLÍNICA BOCHICA LTDA Y COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A

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REF: PROCESO ORDINARIO DE BLANCA CECILIA MELO HINESTROSA Vs. CL�NICA BOCHICA LTDA y COMPA��A DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A. RAD.11607 MAGISTRADA PONENTE: NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ. Discutido y aprobado en Sala de julio 30 de 2008. Acta No. 039 I. A S U N T O Resuelve el Tribunal el recurso de apelaci�n que la parte actora interpuso contra la sentencia proferida el 9 de octubre de 2006 por el Juzgado Noveno Civil del Circuito en Descongesti�n del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogot�.

II. A N T E C E D E N T E S 1) Petitum: Asumi� mediante reparto el Juzgado Noveno del Circuito de Bogot�, el conocimiento del proceso ordinario de responsabilidad civil promovido por Blanca Cecilia Melo Hinestrosa, contra la Cl�nica Bochica Ltda. y la Compa��a de Medicina Prepagada Colsanitas S.A. en el que impetran se condene a las demandadas a pagar los da�os materiales y morales los cuales ascienden a la suma de $350.000.000,00 irrogados a la demandante quien al practicarle una cirug�a fue contaminada del virus de Hepatitis C, por negligencia y falta de cuidado en la intervenci�n quir�rgica llevada a cabo en la Cl�nica Bochica por cuenta del contrato de medicina prepagada que ten�a suscrito con Compa��a de Medicina Prepagada Colsanitas S.A. 2) Causa: La actora ciment� sus pretensiones en los hechos que procede a compendiar la Sala as�: La se�ora Blanca Cecilia Melo de Hinestrosa, su c�nyuge e hijos, el 1o de diciembre de 1986 adquirieron con Colsanitas S.A. los derechos de asistencia m�dica y familiar seg�n contrato No 1-7593.

En cumplimiento del contrato de medicina prepagada por diagn�stico m�dico se dictamin� y orden� la pr�ctica de una cirug�a a Blanca Cecilia Melo de Hinestrosa en la vejiga-Uretrocistopexis retrop�bica, operaci�n de Merchall Marc-colporraf�a posterior. Dicho procedimiento quir�rgico fue realizado el d�a 20 de noviembre de 1990 en la Cl�nica Bochica por el Doctor Miguel Grutzendler.

En dicha cirug�a la se�ora Blanca Cecilia Melo de Hinestrosa fue infectada por el virus de Hepatitis C durante el procedimiento quir�rgico en raz�n que emplearon sangre contaminada proveniente de la Cruz Roja Colombiana. La demandada al tener conocimiento del padecimiento de dicha enfermedad ha cambiado dr�sticamente su existencia y convivencia por cuanto debe cumplir con los respectivos cuidados, a fin de no contagiar a las personas que la rodean, adem�s teniendo presente que en cualquier momento se puede producir su fallecimiento.

Adem�s de lo anterior, la demandante se encuentra afectada econ�micamente por cuanto la disminuci�n progresiva y sensible de su salud y el alto grado de contagio no le permiten laborar, motivo por lo que ella y su familia han tenido que realizar esfuerzos econ�micos para cubrir los gastos m�dicos que conlleva soportar �sta enfermedad. Al dar conocimiento a Colsanitas S.A. y a la Cl�nica Bochica, �stas se han escudado y no han sufragado ninguno de los gastos realizados por la demandante.

Estima la demandante que los perjuicios ocasionados por la negligencia de la entidad ascienden a la suma de $350.000.000,00, teni�ndose en cuenta que la Hepatitis C es una enfermedad incurable. 3) Actuaci�n Procesal: Una vez subsanada la demanda fue admitida mediante auto del 7 de mayo de 1999 (Fl. 43), prove�do que fue notificado personalmente al Representante Legal de Colsanitas S.A.(fl. 49) quien por intermedio de apoderado judicial present� las excepciones de fondo que denomin� �Prescripci�n de la acci�n de perjuicios�, �Inexistencia de relaci�n causal entre el da�o alegado y la conducta de la demandada�, �Inexistencia del derecho alegado por la parte demandante�.

(fl. 142-147) Por su parte, una vez fue notificado personalmente el Representante Legal de la Cl�nica Bochica Ltda. �sta replic� las pretensiones de la demanda proponiendo las excepciones que denomin�: �Ausencia de responsabilidad�, �Falta de causalidad adecuada�, �Ausencia de culpa�, �Ocurrencia de una causal exonerativa de responsabilidad�, adicionalmente present� llamamiento en garant�a a la Cruz Roja Colombiana, (fl. 133-140), el cual fue notificado al Representante Legal de dicha entidad (fl. 6), sin embargo en la audiencia de conciliaci�n la Cl�nica Bochica manifiesta su desistimiento de dicho llamado.

Agotadas la etapas proc�sales de rigor, el A quo dict� sentencia el 9 de octubre de 2006, denegando las pretensiones de la demanda y condenando a la actora en costas proc�sales. La parte demandante a trav�s de apoderado judicial, interpuso el recurso de apelaci�n, acto de impugnaci�n que dio g�nesis a esta segunda instancia, que entra a resolver la Corporaci�n. III.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Luego de relatar los antecedentes que dieron origen a la iniciaci�n del proceso, referirse a las incidencias m�s relevantes de la tramitaci�n, se ocupa el sentenciador de primer grado de establecer primeramente que tradicionalmente la doctrina y la jurisprudencia han sostenido que la responsabilidad civil de los m�dicos se fundamenta en la culpa probada, dado que si es responsabilidad contractual las obligaciones contra�das son de medio o si se trata de responsabilidad extracontractual ser�a injusto que sobre el m�dico pesara una presunci�n de culpa.

Seguidamente, el Juez entr� a estudiar la existencia de la relaci�n contractual entre la demandante y los demandados, donde se demostr� la existencia de un contrato de asistencia m�dica individual y familiar a partir del 1 de diciembre de 1986, quienes en cumplimiento de las cl�usulas contractuales acudieron a los servicios de una de las Instituciones adscritas a Colsanitas S.A., concluyendo que �sta �ltima no es un tercero respecto de los hechos en los que se fundamenta la demanda.

Una vez estudiadas las pruebas en conjunto el Juez de conocimiento se�al� que la trasfusi�n de sangre efectuada en la Cl�nica Bochica a la demandante, no necesariamente puede tenerse como la causa eficiente que trajo por consecuencia que se le contaminara de la enfermedad Hepatitis C, ya que adem�s de ser un hecho imprevisible para el m�dico, solo despu�s de ser intervenida la actora fue que se publicaron los Decretos 559 de 1991 y 1571 de 1993 expedidos por el Ministerio de Salud, donde se establecieron las pruebas de control necesarias a realizar a las unidades de sangre y se defini� como obligatoria, entre ellas, el control de la prueba de Hepatitis C. Posteriormente, el Juez de primera instancia manifest� que en el plenario no se determin� el estado de pre-sanidad de la demandante, ni se encontraron probados los elementos de la responsabilidad y relaci�n causal entre el hecho y el da�o, por ende, resolvi� declarar probada la excepci�n de �Falta de causalidad adecuada, inexistencia de relaci�n causal entre el da�o alegado y la conducta de la demandada�.

IV.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO Dentro de la oportunidad de ley, la recurrente manifest� su inconformidad con el fallo de primer grado, manifestando que la causa eficiente para que la demandante se contaminara de Hepatitis C, es el hecho que no se practic� la prueba de dicha enfermedad a la sangre que le fue transfundida. Resalta, que la cl�nica demandada tiene la obligaci�n de prevenir a la paciente de las consecuencias que pod�an derivarse de una transfusi�n sangu�nea, adem�s no puede basarse el Juez de primera instancia que el 100% de los casos la incubaci�n de la enfermedad tarda de 10 a 20 a�os, porque esa sea una causa imprevisible.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA De inicio ha de observarse, que los presupuestos procesales necesarios para la existencia de la relaci�n jur�dica procesal se hallan reunidos a cabalidad y sobre ellos no hay lugar a reparo alguno, pues la litis se desarroll� entre personas con capacidad para ser parte y capacidad procesal, la demanda se present� en debida forma y ante funcionario con competencia para dirimirlo.

Frente a �ste �ltimo elemento resulta pertinente anotar que tanto el juzgado de instancia como esta Corporaci�n tienen competencia para dirimir el litigio en raz�n a la �poca en que la acci�n se instaur� que fue anterior a la reforma sustancial, que en materia de competencias introdujo la Ley 712 de 2001, pues a partir de la entrada en vigencia de esta normatividad, los asuntos como el que ahora ocupa la atenci�n de la Sala corresponden a la jurisdicci�n ordinaria en su especialidad laboral como a bien lo apunto la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral en sentencia de 13 de febrero de 2007 (Radicaci�n 29.519), en la cual se�al�: �Al margen del anterior resultado, considera la Corte necesario expresar su opini�n acerca de la competencia de esta jurisdicci�n para conocer asuntos como el aqu� tratado, pues si bien los jueces de instancia asumieron el conocimiento del mismo sin titubeos, es indudable que existen inquietudes y dudas sobre esta trascendental materia en la comunidad jur�dica nacional que reclaman un pronunciamiento de esta Corporaci�n. �Hay que empezar destacando que el numeral 4 del art�culo 2� de la Ley 712 de 2001 atribuy� a esta jurisdicci�n el conocimiento de las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relaci�n jur�dica y de los actos jur�dicos materia de discusi�n. �En orden a desentra�ar el alcance de la disposici�n legal trascrita es menester indagar en primer lugar cu�l fue la idea del legislador cuando aludi� a la expresi�n �controversias referentes al sistema de seguridad social integral� y espec�ficamente delimitar el concepto de sistema de seguridad social integral, para lo cual es necesario precisar que por tal debe entenderse, en sentido amplio conforme lo define el pre�mbulo de la Ley 100 de 1993, �el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad econ�mica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integraci�n de la comunidad� �En t�rminos m�s puntuales el art�culo 1� ib�dem es enf�tico al establecer que el sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones econ�micas, de salud y servicios complementarios, materia de esta ley, u otras que se incorporen normativamente en el futuro (resalta la Sala); y los art�culos 6� y 7� siguen esta misma l�nea al disponer como objetivos del sistema el cubrimiento de las contingencias econ�micas y de salud en los t�rminos previstos en esa ley. �Aflora pues de lo anotado que el sistema comprende, entre otras cosas, un conjunto de prestaciones -econ�micas o de salud- concebidas a favor de determinados sujetos (afiliados o beneficiarios), con cargo a determinadas entidades o personas, y con un espec�fico y predeterminado contenido material, lo mismo que el se�alamiento de una serie de requisitos y condiciones, tambi�n establecidos previamente, que hacen posible el nacimiento y subsiguiente reclamaci�n de cada una de las prestaciones reconocidas por el sistema. �Dentro de un marco general el art�culo 49 de la Constituci�n de 1991 deline� el espectro prestacional antes citado, sobre todo en el campo de la salud, al garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de promoci�n, protecci�n y recuperaci�n de la misma. �De forma m�s concreta el literal c) del art�culo 156 de la Ley 100 precept�a que �todos los afiliados al sistema de seguridad social integral en salud recibir�n un plan integral de protecci�n de la salud, con atenci�n preventiva, m�dico quir�rgica y medicamentos esenciales, que ser� denominado el plan obligatorio de salud�.

El contenido de este plan aparece consignado en el art�culo 162 �dem y como par�metros generales se�ala que debe permitir �la protecci�n integral de las familias a la maternidad y enfermedad general, en las fases de promoci�n y fomento de la salud y la prevenci�n, diagn�stico, tratamiento y rehabilitaci�n para todas las patolog�as, seg�n la intensidad de uso y los niveles de atenci�n y complejidad que se definan�. �Desde el punto de vista ontol�gico, entonces, la definici�n de sistema de seguridad social integral lleva a concluir que el mismo est� asociado inicialmente y tiene que ver con la satisfacci�n de unas obligaciones prestacionales a cargo de las entidades se�aladas por la ley como responsables de su asunci�n, las cuales, bueno es precisarlo, no se reducen a las contempladas en las normas ya enunciadas sino que incluyen las establecidas en los art�culos 159, 163 y 208 de la Ley 100, sin dejar de lado las prestaciones econ�micas contempladas en los art�culos 206 y 207 ib�dem, entre otras. �Adem�s de las prestaciones rese�adas, las normas tambi�n prev�n que la seguridad social integral implica la existencia de unos �procedimientos� (ver pre�mbulo de la Ley 100), y que el mismo debe prestarse con sujeci�n al principio de eficiencia, que es definido como �la mejor utilizaci�n social y econ�mica de los recursos administrativos, t�cnicos y financieros disponibles para que los beneficios a que da derecho la seguridad social sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente (art�culo 2 literal a ib�dem).� �En el campo de los procedimientos cobra especial importancia lo prescrito en los numerales 3 y 9 del art�culo 153 ej�sdem en cuanto a que la atenci�n en salud debe ser prestada �en cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia�� y que el sistema controlar� los servicios �para garantizar a los usuarios calidad en la atenci�n oportuna, personalizada, humanizada, integral, continua y de acuerdo con est�ndares aceptados en procedimientos y pr�ctica profesional�. �Se sigue de lo discurrido que el denominado sistema de seguridad social integral surgido de la Ley 100 de 1993 no puede circunscribirse al establecimiento de unas prestaciones de car�cter asistencial o econ�mico, sino que incluye adicionalmente un conjunto de obligaciones espec�ficas, actividades, pr�cticas, f�rmulas, actitudes m�todos y procedimientos dentro de los que debe desenvolverse la prestaci�n, elementos que cobran especial importancia en el terreno de la salud dada la complejidad de este servicio y los valores y bienes que all� est�n en juego. �Bajo esos par�metros y acorde con la definici�n que viene de hacerse, ninguna duda queda de que aquellos conflictos derivados de los perjuicios que sufran las personas debido a la falta de atenci�n m�dica cuando ella es obligatoria, a defectos o insuficiencia en la misma, a la aplicaci�n de tratamientos alejados o ajenos a los est�ndares y practicas profesionales usuales, o la negativa de la EPS de autorizar la realizaci�n de medios diagn�sticos o terap�uticos autorizados por el m�dico tratante, entre otros, constituyen controversias que tienen que ver con la seguridad social integral en tanto entra�an fallas, carencias o deficiencias en la observancia de las obligaciones y deberes que la ley ha impuesto a las entidades administradoras o prestadoras de servicios de salud, y por lo mismo el conocimiento de ellos corresponde a esta jurisdicci�n. �Reiteradamente ha manifestado esta Corporaci�n que la portentosa labor transformadora que llev� los profundos cambios sustantivos en la concepci�n, definici�n, naturaleza, cobertura y filosof�a de la seguridad social integral que se dejaron anotados fue complementada por el legislador cuando opt� por propiciar tambi�n cambios significativos en materia procesal, cuya m�xima expresi�n se encuentra en la Ley 712 de 2001 que introdujo la innovaci�n competencial que se anot� l�neas arriba, mandato normativo que no hace ning�n tipo de excepci�n y que denota m�s bien el inter�s de otorgar una competencia integral y omnicomprensiva y especializar un sector de la jurisdicci�n ordinaria para conocer de todos los asuntos atinentes a la referida materia, como lo reafirman las dem�s expresiones utilizadas en la ley, en especial cuando se refiere a que tal competencia no atiende la naturaleza de la entidad demandada ni el car�cter de la relaci�n jur�dica, o sea que estas cuestiones que antes eran conocidas por diversas jurisdicciones dependiendo del tipo de entidad que causaba el perjuicio (oficial o particular), a partir de la expedici�n de la ley comentada se unifican en la especialidad laboral de la jurisdicci�n ordinaria a la cual, para reafirmar lo que viene dici�ndose, se le agreg� el t�tulo �y de la seguridad social�, expresi�n que no es un simple ornamento ret�rico sino que refleja fielmente el replanteamiento y los nuevos designios que se trazaron en este �mbito. �Adem�s del elemento objetivo que se dej� analizado, la ley tambi�n fij� un componente subjetivo para la determinaci�n de la competencia consistente en que los conflictos deben suscitarse �entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras�.

En lo que tiene que ver con el campo de la salud es sabido que los afiliados pueden pertenecer al r�gimen contributivo o al subsidiado (art�culo 157, Ley 100); que los beneficiarios son aquellas personas pertenecientes al n�cleo familiar del afiliado se�aladas en el art�culo 163 ib�dem; que las entidades administradoras del sistema son b�sicamente las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y que al lado de �stas se encuentran las que prestan directamente los servicios de atenci�n de salud (IPS), de modo que en las diferencias de seguridad social que se susciten ante esta jurisdicci�n deben aparecer como sujetos procesales o como v�ctima o causante del perjuicio alguna de las personas naturales o jur�dicas se�aladas. �Se desprende de lo discurrido que, a juicio de esta Sala, atinaron los jueces de instancia cuando decidieron tramitar y fallar este asunto.

As� mismo examinada la actuaci�n procesal rituada en ambas instancias, no se vislumbra vicio de nulidad alguno que comprometa la validez de lo actuado, de modo que se dan las condiciones procesales requeridas para proferir sentencia de m�rito. La acci�n ejercitada a trav�s del presente proceso se encamina a obtener se declare responsable civilmente a las entidades Cl�nica Bochica Ltda. y Compa��a de Medicina Prepagada Colsanitas S.A., por cuanto la demandante se�ala que esas entidades son las responsables del contagio del virus Hepatitis C de que fue v�ctima, dentro del procedimiento quir�rgico empleado en el que se le hizo una transfusi�n de sangre contaminada.

Para determinar la viabilidad de las pretensiones de la demanda estima pertinente la Sala hacer un an�lisis de los distintos t�picos que como consecuencia del litigio planteado se presentan como es lo relacionado con la responsabilidad civil extracontractual y la necesidad de la prueba para la reclamaci�n de indemnizaciones y el segundo relacionado con la responsabilidad derivada de la actividad m�dica.

DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. La Codificaci�n Sustantivo Civil regula la responsabilidad civil contractual y la extracontractual en el Libro Cuarto, T�tulos XII y XXXIV, por su parte la Jurisprudencia y la Doctrina al estudiar las diversas clases de responsabilidad, han precisado que la necesidad de reparar un da�o puede tener varias causas, siendo una de ellas el incumplimiento de las obligaciones previamente adquiridas, evento este que supone que las personas involucradas estaban atadas por un v�nculo contractual, raz�n por la cual se denomina responsabilidad contractual; otras veces, hay lugar al nacimiento de la obligaci�n de indemnizar perjuicios, sin que exista v�nculo obligacional previo entre la persona que causa el perjuicio y la que lo recibe, determinando responsabilidad extracontractual.

Atendiendo que en el sub-lite, se reclama responsabilidad civil, sin determinar cual de los dos tipos de responsabilidad se pretenden � contractual o extracontractual-, pero la pretendida responsabilidad tiene su g�nesis en el contagio por el virus de la hepatitis C que sufriera la demandante, al practic�rsele una cirug�a programada en la Cl�nica Bochica Ltda., con ocasi�n a la autorizaci�n expresa que le diera a dicha instituci�n la Compa��a de Medicina Prepagada Colsanitas S.A. en raz�n al contrato de medicina prepaga suscrito entre la demandante y �sta �ltima entidad, la Sala centrar� su estudio a la responsabilidad civil contractual.

El incumplimiento de una obligaci�n contractual puede generar el deber de indemnizar perjuicios causados al acreedor, pero a �ste le corresponde acreditar plenamente su ocurrencia y cuant�a. Jurisprudencialmente se ha establecido que los elementos de la acci�n indemnizatoria de perjuicios causados por responsabilidad contractual son: a) Existencia de una obligaci�n que goce de plena eficacia jur�dica y que por lo mismo est� protegida por la ley y deba ser cumplida por el deudor. b) Incumplimiento culposo del deudor, esto es que el obligado falte a la ejecuci�n de lo debido y que tal incumplimiento le sea imputable, entendi�ndose que lo es, cuando se produce por un hecho dependiente de su voluntad y no por fuerza mayor o caso fortuito, correspondi�ndole al deudor acreditar que el incumplimiento no le es imputable. c) El perjuicio que el incumplimiento del deudor le caus�; entendi�ndose por tal la lesi�n o menoscabo que sufre el patrimonio del acreedor a consecuencia inmediata o directa del incumplimiento, debiendo ser cierto y no simplemente eventual o hipot�tico, comprometiendo tanto el da�o emergente como el lucro cesante y debiendo existir entre este y el incumplimiento una relaci�n de causa y efecto.

El da�o emergente abarca la p�rdida misma de elementos patrimoniales, y los desembolsos que se hayan efectuado; en tanto que el lucro cesante, est� constituido por todas las ganancias ciertas que han dejado de percibirse, debi�ndose probar la existencia y cuant�a de cada uno de ellos. DE LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA ACTIVIDAD M�DICA La responsabilidad civil derivada de la actividad m�dica, ha sido tema de estudio de manera reiterada por la Corte Suprema de Justicia, quien en tiempos pret�ritos lleg� a establecer una presunci�n de culpa en los galenos, pero actualmente tal posici�n ha sido radicalmente modificada al plantearse la necesidad de establecer la culpa probada del m�dico como requisito necesario para la prosperidad de la pretensi�n indemnizatoria, en la medida que las obligaciones que se asumen frente al paciente, en relaci�n con el contrato de servicios m�dicos, no son de resultado, sino de medio, toda vez que el m�dico se compromete a proporcionar todos los conocimientos adquiridos en procura de la mejor�a o curaci�n del enfermo, por lo que cualquier reclamo a su actividad solo tendr�a lugar cuando el galeno omite la diligencia y reglas de protocolo m�dico que el caso concreto amerite, es as� como el Alto Tribunal frente a esta tem�tica ha sostenido: �Es en la sentencia de 5 de marzo de 1940 (G.J. t. XLIX, p�gs. 116 y s.s.), donde la Corte, empieza a esculpir la doctrina de la culpa probada, pues en ella, adem�s de indicar que en este tipo de casos no s�lo debe exigirse la demostraci�n de �la culpa del m�dico sino tambi�n la gravedad�, expresamente descalific� el se�alamiento de la actividad m�dica como �una empresa de riesgo�, porque una tesis as� ser�a �inadmisible desde el punto de vista legal y cient�fico� y har�a �imposible el ejercicio de la profesi�n�.

Este, que pudiera calificarse como el criterio que por v�a de principio general actualmente sostiene la Corte, se reitera en sentencia de 12 de septiembre de 1985 (G.J. No. 2419, p�gs. 407 y s.s.), afirm�ndose que ��el m�dico tan s�lo se obliga a poner en actividad todos los medios que tenga a su alcance para curar al enfermo; de suerte que en caso de reclamaci�n, �ste deber� probar la culpa del m�dico, sin que sea suficiente demostrar ausencia de curaci�n�.

Luego en sentencia de 26 de noviembre de 1986 (G.J. No. 2423, p�gs. 359 y s.s.), se ratific� la doctrina, inclusive invocando la sentencia de 5 de marzo de 1940, pero dejando a salvo, como antes se anot�, en el campo de la responsabilidad contractual, el caso en que en el �contrato se hubiere asegurado un determinado resultado� pues "si no lo obtiene�, seg�n dice la Corte, �el m�dico ser� culpable y tendr� que indemnizar a la v�ctima�, a no ser que logre demostrar alguna causa de �exoneraci�n�, agrega la providencia, como la �fuerza mayor, caso fortuito o culpa de la perjudicada�.

La tesis de la culpa probada la consolidan las sentencias de 8 de mayo de 1990, 12 de julio de 1994 y 8 de septiembre de 1998� ��Con relaci�n a la responsabilidad contractual, que es la que por lo general se le puede demandar al m�dico en consideraci�n al v�nculo jur�dico que se establece entre �ste y el paciente, la Corte desde la sentencia de 5 de marzo de 1940, partiendo de la distinci�n entre obligaciones de medio y de resultado, estim� que por lo regular la obligaci�n que adquiere el m�dico �es de medio�, aunque admiti� que �Puede haber casos en que el m�dico asume una obligaci�n de resultado, como la intervenci�n quir�rgica en una operaci�n de fines est�ticos�.

Todo para concluir, despu�s de advertir que no se pueden sentar reglas absolutas porque la cuesti�n de hecho y de derecho var�a, que en materia de responsabilidad m�dica contractual, sigue teniendo vigencia el principio de la carga de la demostraci�n de �la culpa del m�dico��, agregando como condici�n �la gravedad�, que a decir verdad es una graduaci�n que hoy en d�a no puede aceptarse, porque a�n teniendo en cuenta los aspectos tecnol�gicos y cient�ficos del acto profesional m�dico, la conducta sigue siendo enmarcable dentro de los l�mites de la culpa com�n, pero, sin duda alguna, sin perder de vista la profesionalidad, porque como bien lo dice la doctrina, �el m�dico responder� cuando cometa un error cient�fico objetivamente injustificable para un profesional de su categor�a o clase��. .

Dado que en el presente asunto no se demanda de manera directa al m�dico que practic� la cirug�a, sino a la Instituci�n donde la misma se realiz� y la entidad con la cual se hab�a celebrado el contrato de medicina prepagada, es pertinente citar apartes del prove�do de septiembre 12 de 2002, en el cual la Corte Suprema anot� en relaci�n a la eventual responsabilidad de terceros que no fueron partes del contrato de prestaci�n de servicios m�dicos, pero que s� intervinieron en su ejecuci�n, lo siguiente: ��A decir verdad, el tema que plantea el caso no ha sido ajeno al tratamiento doctrinal, pues desde anta�o ha estado bajo examen, porque si bien es cierto que el principio de los efectos relativos del contrato, excluir�a la responsabilidad del tercero, pero en todo caso encargado de la ejecuci�n del contrato, del marco de la responsabilidad contractual, para ubicarlo obviamente en el r�gimen extracontractual, lo cierto es que razones de equidad y de protecci�n de la v�ctima, han inclinado a la doctrina y a la jurisprudencia, y hasta cierto punto a la ley, como lo comenta Javier Tamayo Jaramillo, a atribuirle �a dicho tercero� una responsabilidad contractual.

Finalmente �dice-, �la doctrina y la jurisprudencia m�s recientes en el derecho comparado han concluido que el acreedor contractual tiene una acci�n necesariamente contractual contra el subcontratista con quien el deudor contractual inicial hab�a contratado la ejecuci�n del contrato. Se considera que como el objeto de la prestaci�n en ambos contratos es exactamente el mismo, el acreedor inicial perfectamente puede demandar por v�a contractual a cualquiera de los dos deudores�. Particularmente la doctrina argentina ha optado por la se�alada tendencia en consideraci�n a que �el auxiliar� est� sujeto a �una responsabilidad accesoria, que se modela, por tanto, sobre la que incumbe al deudor (hay por lo dem�s, una �complicidad� entre principal y dependiente que no puede desentra�ar el acreedor)�.

Se trata en estos casos (se refiere exactamente a la responsabilidad civil del m�dico, Jorge Mosset Iturraspe), �de una responsabilidad accesoria�, en la cual incurre no cualquier tercero, sino �la persona elegida por el deudor para el cumplimiento; persona que entra en contacto con el acreedor y realiza, con su conformidad, el comportamiento encaminado a ese fin�.

Esta unidad de fundamento, anota, �y naturaleza jur�dica, simplifica la acci�n de la v�ctima del hecho m�dico, que podr� acumular sus pretensiones en un solo juicio, contra dos demandados distintos y obligados in solidum por la totalidad del resarcimiento solicitado�. Igual es el criterio de otros autores, quienes para llegar a id�ntica conclusi�n, o sea la �fuente contractual� del �agente�, tienen en cuenta que �La cuesti�n examinada se halla estrechamente relacionada con la estructura misma de la relaci�n obligacional en cuanto consiente que el inter�s del acreedor pueda ser satisfecho a trav�s de la ejecuci�n directa de la prestaci�n por el deudor o por un tercero�. Por su lado, Bustamante Alsina sostiene la misma apreciaci�n pero bajo el entendido de que la responsabilidad contractual del tercero surge del hecho que entre la entidad y el m�dico que presta sus servicios en ella se establece un contrato en favor de tercero. De manera que el car�cter contractual de la responsabilidad del m�dico frente al paciente se da por virtud del contrato celebrado por aqu�l con la entidad asistencial que atribuye al paciente el derecho a ser asistido por el m�dico, derecho que queda consolidado con la aceptaci�n del beneficiario, quien por consiguiente se legitima directamente contra el promitente m�dico.

En similar sentido se han pronunciado algunos doctrinantes chilenos, por supuesto consultando las normas del C�digo Civil de su pa�s, entre ellos Arturo Alessandri Rodr�guez. La otra tesis que en materia de responsabilidad m�dica se ha ventilado en la jurisprudencia nacional es la que se ha denominado como teor�a de la �probabilidad suficiente�; conforme a la cual, dada la dificultad que representa para el demandante la demostraci�n de la relaci�n de causalidad entre el comportamiento del profesional y el da�o irrogado, se autoriza al sentenciador para estos eventos una excepci�n a la regla de que la finalidad de la prueba, es la convicci�n, la certeza del juez, permiti�ndose su aceptaci�n con la alta probabilidad de su existencia. As� lo expres� la secci�n Tercera del Consejo de Estado en sentencia de 3 de mayo de 1999 con ponencia del Dr. Ricardo Hoyos Duque, en la que en lo pertinente, se�al�: � El Juez puede fundar su decisi�n sobre los hechos que, aun sin estar establecidos de manera irrefutable, aparecen como los m�s veros�miles, es decir, los que presentan un grado de probabilidad predominante.

No basta que un hecho pueda ser considerado s�lo como una hip�tesis posible. Entre los elementos de hecho alegados, el juez debe tener en cuenta los que le parecen m�s probables. Esto significa sobre todo que quien hace valer su derecho fund�ndose en la relaci�n de causalidad natural entre un suceso y un da�o, no est� obligado a demostrar esa relaci�n con exactitud cient�fica.

Basta con que el juez, en el caso en que por la naturaleza de las cosas no cabe una prueba directa llegue a la convicci�n de que existe una �probabilidad� determinante � ��. En conclusi�n, no existe certeza en el sentido de que la paraplej�a sufrida por Marianella Sierra Jim�nez haya tenido por causa la pr�ctica de la biopsia. No obstante, debe tenerse en cuenta que aunque la menor presentaba problemas sensitivos en sus extremidades inferiores antes de ingresar al Instituto Nacional de Cancerolog�a, se movilizaba por s� misma y que despu�s de dicha intervenci�n no volvi� a caminar.

Esto significa que existe una alta probabilidad de que la causa de la invalidez de la menor sea la falla de la entidad demandada � � En consideraci�n al grado de dificultad que representa para el actor la prueba de la relaci�n de causalidad entre la acci�n del agente y el da�o en los casos en que est� comprometida la responsabilidad profesional, no s�lo por la complejidad de los conocimientos cient�ficos y tecnol�gicos en ella involucrados sino tambi�n por la carencia de los materiales y documentos que prueben dicha relaci�n causal, se afirma que cuando sea imposible esperar certeza o exactitud en esta materia �el juez puede contentarse con la probabilidad de su existencia � La acci�n ejercitada a trav�s del presente proceso se encamina obtener se declare responsable civilmente a las entidades Cl�nica Bochica Ltda. y Compa��a de Medicina Prepagada Cols�nitas S.A., por cuanto la demandada se�ala haber sido contagiada del virus de la Hepatitis C, tras haberse empleado sangre contaminada dentro del proceso quir�rgico que le fuera practicado en las instalaciones de la primera de las mentadas.

La Sala estima necesario incursionar en la literatura m�dica en lo que se relaciona a dicha enfermedad, empezando por su definici�n patol�gica que la constituye, toda enfermedad inflamatoria del h�gado, independientemente de su causa. Las causas son m�ltiples: virus, bacterias, alcohol, algunos medicamentos, par�sitos, etc. La Hepatitis C se debe a un virus llamado VHC, descubierto en 1989 y cuya principal forma de trasmisi�n, m�s no la �nica, es mediante transfusi�n sangu�nea, sin que actualmente se disponga de una vacuna contra �ste virus.

Se ha sostenido que cuando alguien se infecta con el virus de la Hepatitis C, su cuerpo comienza a producir anticuerpos para destruirlo. Sin embargo, la mayor�a de las veces, los anticuerpos no logran identificar adecuadamente al virus y la infecci�n permanece a largo plazo, motivo por el cual en un gran porcentaje los enfermos aparecen asintom�ticos por espacios de m�s de 10 o 20 a�os y solo despu�s de estos periodos vienen a presentar molestias hep�ticas que imponen la realizaci�n de las pruebas cl�nicas de rigor que permiten diagnosticar la enfermedad.

Ahora bien, la demandante afirma que el virus de la Hepatitis C ingres� a su cuerpo a trav�s de una transfusi�n con sangre contaminada que se le hizo mientras era sometida a una cirug�a en la vejiga que se llev� a cabo en las instalaciones de la Cl�nica Bochica de �sta ciudad. Al respecto resulta relevante se�alar que en el mundo entero antes de 1989 no se ten�a certeza de la existencia del virus VHC causante de la Hepatitis C, raz�n por la cual no exist�an controles t�cnicos ni legales para prevenir su contagio, solo despu�s de esa anualidad se identific� el virus que lo produce y se comenzaron a adoptar las herramientas legales y cl�nicas, para su prevenci�n. En nuestro pa�s, en 1991 se dict� el Decreto 559 reglamentando la prevenci�n, control y vigilancia de las enfermedades trasmisibles, especialmente en cuanto a la infecci�n del Virus de Inmunodeficiencia Humana y el S�ndrome de Inmunodeficiencia adquirida, con el fin de prevenir y controlar dicha enfermedad.

Posteriormente, en 1993 se promulg� el Decreto 1571, por el cual se reglament� el C�digo Sanitario Nacional, en cuanto al funcionamiento de establecimientos dedicados a la extracci�n, procesamiento, conservaci�n y trasporte de sangre total o sus derivados, Decreto que establece unos requisitos para los donantes de sangre en aras de evitar la recepci�n de grupos de riesgo, ya que deben utilizarse instrumentos desechables y esterilizados para evitar posibles contagiados en la donaci�n, estando a cargo de profesionales de la medicina, enfermer�a o bacteriolog�a la selecci�n del donante y la vigilancia de la donaci�n. Despu�s del a�o 1993, con el nuevo Decreto deben practicarse a las unidades de sangre recolectadas, entre otras, la prueba de serolog�a para s�filis, la detecci�n del ant�geno del virus de la Hepatitis C, el de superficie de la Hepatitis B, especialmente la detecci�n de anticuerpos contra el VIH, y colocarse los respectivos sellos de calidad en las bolsas que acrediten la idoneidad de la sangre en ellas contenidas.

Como puede apreciarse, solo a partir de esta legislaci�n se torna obligatoria la prueba de la Hepatitis C en la sangre recolectada, por cuanto ante el desconocimiento de la enfermedad no exist�a raz�n l�gica o jur�dica, ni mecanismos cl�nicos que hicieran indispensables adoptar controles frente a ella, -el ser humano no puede prevenirse contra lo que no sabe que existe-, luego cualquier exigencia para que se asumieran controles preventivos contra la Hepatitis C antes de 1991 resultan arbitrarios.

Dados los controles adoptados a partir de 1991, los Bancos de Sangre son responsable por los perjuicios que se originen a los donantes y receptores, por la trasmisi�n de enfermedades ocasionadas por la falta de las medidas dispuestas para la extracci�n, procesamiento, conservaci�n y trasporte de sangre, de manera directa y a�n solidariamente con sus trabajadores, cuando estos produzcan culposamente un contagio, sin perjuicio l�gicamente de la responsabilidad del personal m�dico que haga uso de estas, sin verificar la calidad de las muestras.

Conviene precisar, que cuando un m�dico no tiene ninguna relaci�n o funci�n en un Banco de Sangre y ordena una trasfusi�n sangu�nea durante una intervenci�n quir�rgica, la responsabilidad del equipo m�dico radica en constatar que la bolsa de sangre tenga los respectivos sellos de calidad, para que a partir de ello se pueda presumir que por ostentarlos ha pasado por los controles previos, que acreditan que el contenido de la bolsa de sangre est� libre de elementos pat�genos. Incluso en casos de extrema urgencia cuando se requiera una trasfusi�n y no se han practicado las pruebas de control, el m�dico podr� realizarla previa advertencia al paciente de los riesgos y una vez se haya obtenido el consentimiento escrito del paciente o de sus representantes, recomend�ndose dejar una constancia detallada de tal hecho en la respectiva Historia Cl�nica.

Precisado lo anterior, se tiene que habiendo sido intervenida quir�rgicamente la demandante en la Cl�nica Bochica Ltda. en el a�o 1990 en ese momento no era imperativo legal que la sangre que se le suministr� mediante transfusi�n sangu�nea hubiera sido sometida a controles preventivos contra la Hepatitis C, como tampoco dado su reciente descubrimiento, -para la �poca de los hechos-, que se hiciera prevenci�n alguna sobre un posible contagio de dicha enfermedad, m�xime si la sangre fue suministrada por el Banco de Sangre de la Cruz Roja cuya idoneidad en el manejo de estos elementos es internacionalmente reconocida.

Debe examinarse entonces, la eventual responsabilidad m�dica de los cirujanos encargados del procedimiento por cuenta de la instituci�n demandada, para ello baste anotar que resulta incuestionable, en virtud a la actitud de las partes, la necesidad de analizar con detenimiento el acervo probatorio reunido en las p�ginas del proceso, espec�ficamente lo relacionado con los antecedentes tanto preexistentes como concomitantes y posteriores al hecho de donde se hace derivar la responsabilidad de las entidades demandadas.

Como hechos preexistentes y de trascendental importancia, encontramos que la demandante con antelaci�n a la cirug�a que se le practic� en la Cl�nica Bochica por autorizaci�n de Colsanitas fue trasfundida en tres (3) oportunidades y en diferentes instituciones de salud, en los a�os 1975, 1977 cuando estaba afiliada al Instituto de los Seguros Sociales, siendo hospitalizada en la Clinica San Pedro Claver y en 1983 en el Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos, como lo coment� la misma en el interrogatorio de parte que absolvi� en este juicio (Fl. 173), manifestando que las trasfusiones de sangre se realizaron en el segundo y tercer parto y en la cirug�a realizada en el Cl�nica Bochica, agregando que adem�s de las cirug�as anteriores fue intervenida de una biopsia hep�tica en la Cl�nica Reina Sof�a y una correcci�n de Ofalitis.

De tales transfusiones anteriores, no puede precisarse de modo absoluto la ausencia del virus de la Hepatitis C, en la medida que por su desconocimiento no exist�a forma de realizar su diagnostico, pero sobre todo por su misma naturaleza de permanecer asintom�tico por largos periodos de tiempo y la improbabilidad de su transmisi�n vertical La presencia de hechos concomitantes los relacionamos a la circunstancia de que la Cl�nica Bochica no tiene Banco de Sangre, �ste establecimiento siempre ha contratado la provisi�n o suministro de sangre con la Cruz Roja Colombiana.

Una vez llega la sangre a la cl�nica se supone que �sta cuenta con todas las pruebas de control que exist�an hasta ese momento a nivel mundial, y que la instituci�n verifica que cada bolsa lleve los sellos correspondientes de control de calidad, sin que se haya acreditado que la Instituci�n en el caso de la cirug�a practicada a la demandante hubiere omitido tales controles, en donde por dem�s no exist�a exigencia o control alguno frente a la Hepatitis C., y la evoluci�n que registr� la paciente en el post operatorio fue normal.

Son hechos posteriores los narrados a partir de la prueba testifical (Fl. 186-191), que aluden a que para el a�o de 1992, exactamente en el mes de noviembre, el Doctor Carlos Manuel Serrano fue consultado por la demandante por presentar molestias digestivas sin especificar en ese momento; el galeno se�al� en la declaraci�n que la misma paciente en la Historia Cl�nica, le hab�a dicho que hab�a sido trasfundida en los a�os de 1974, 1977 y 1982, por tal raz�n le solicit� un marcador que en esa �poca de 1992 estaba disponible para la Hepatitis C y se le recomend� un control cl�nico, afirm� el m�dico declarante que nuevamente vio a la paciente el 29 de julio de 1993 en su consultorio, en aquella oportunidad presentaba desde hac�a un mes signos de enfermedad hep�tica cr�nica y el marcador viral dio positivo para la Hepatitis C, raz�n por la que se le inici� su manejo y tratamiento.

El especialista interrogado manifest� en su declaraci�n que es muy improbable comprobar cu�l de las trasfusiones realizadas a la paciente fue la causa suficiente del contagio de Hepatitis C, adem�s que tambi�n es improbable que en dos a�os de portarse la enfermedad, pueda desarrollarse una cirrosis en la paciente, por cuanto �sta es una enfermedad silenciosa que manifiesta sus efectos una vez se encuentre incubada cuya duraci�n es de una a dos d�cadas; contrario a lo anterior, el galeno indica que lo m�s probable teniendo en cuenta el grado avanzado de la enfermedad es que la fecha del contagio pueda converger con las trasfusiones que se realiz� la paciente entre los a�os 1974 y 1982, ya que la enfermedad hep�tica cr�nica requiere de a�os de evoluci�n. As� mismo dentro del plenario obra el dictamen pericial practicado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Fl. 521-528), anot�ndose que el dictamen se ajust� con estrictez a los requerimientos del art�culo 241 de la codificaci�n procesal, lo que permite apreciarlo en cuanto a su firmeza, precisi�n y la calidad de sus fundamentos, pericia en la cual igualmente se indica que no puede establecerse con certeza si la transfusi�n de sangre hecha en noviembre de 1990 fue la que origino la infecci�n. Corresponde destacar adicionalmente conceptos cl�nicos contenidos en el referido dictamen, en el cual frente a la naturaleza de la enfermedad su forma de manifestaci�n expres�: �La Hepatitis C es una enfermedad del h�gado adquirida por el contacto con sangre fue descubierta e identificada en 1.989 y su forma de actuar todav�a es conocida apenas por un reducido n�mero de m�dicos�� ��El virus de la hepatitis C (HCV) causa inflamaci�n del h�gado �hepatitis� la enfermedad puede progresar de diversas maneras, algunas personas se curan r�pidamente, para otros pueden pasar 20 a�os sin experimentar s�ntomas hasta que el h�gado sufre da�os severos � Vistos los precedentes se entra a estudiar los elementos constitutivos de la responsabilidad deprecada, existencia de una obligaci�n que goce de plena eficacia jur�dica, incumplimiento culposo del deudor, el perjuicio que el incumplimiento del deudor le caus� y relaci�n de causalidad.

De las pruebas arrimadas al expediente encontramos que fue debidamente acreditada la celebraci�n del contrato de medicina prepagada celebrada entre la demandante y Compa��a de Medicina Prepagada Colsanitas S.A., en el cual �sta �ltima se oblig� a suministrar a la usuaria los servicios de asistencia m�dica, quir�rgica y hospitalarias en las enfermedades, afecciones y/o lesiones que se establecen en el contrato (fl 2vta), obligaci�n que de acuerdo con el mismo contrato ser�a ejecutada por COLSANITAS S.A. a trav�s de los m�dicos o centros asistenciales previamente concertados por la entidad, lo que evidencia el cumplimiento de la primera exigencia para la responsabilidad civil contractual reclamada, no solo frente a Colsanitas S.A., sino adem�s por parte de la Cl�nica Bochica Ltda., en su calidad de agente del obligado principal al concertar esta entidad previamente con Colsanitas la prestaci�n de los servicios m�dico asistenciales a las personas vinculadas contractualmente con �sta.

Debe anotarse sin embargo, que en el referido contrato se estipul� que COLSANITAS S.A., dada la forma de prestaci�n del servicio quedaba �consecuentemente exonerada de toda responsabilidad que pudiera derivarse de un tratamiento o intervenci�n equivocada, por parte de alguno de tales m�dicos o centros asistenciales� (fl 4). Frente el elemento relacionado con el incumplimiento culposo de las obligaciones contractuales, se tiene que a la demandante se le proporcion� la atenci�n m�dica quir�rgica indispensable que su patolog�a requer�a, cumpli�ndose as� la principal obligaci�n derivada del contrato, imput�ndosele a los demandados la falencia de haber infectado con Hepatitis C a la paciente, durante la pr�ctica del procedimiento quir�rgico que se le practic�, sin que tal supuesto de hecho hubiere sido acreditado fehacientemente en el curso del proceso, lo que impide imputar entonces incumplimiento culposo de las obligaciones contractuales.

Al efecto debe anotarse, que el elemento de culpa propiamente dicho goza de ausencia en �ste proceso, por cuanto se demostr� en el plenario, que la Cl�nica Bochica no contaba con un Banco de Sangre y que ese suministro se lo posibilitaba la Cruz Roja Colombiana, aunado al hecho que la Hepatitis C es una enfermedad descubierta en el mundo en 1989 y que por su escaso conocimiento nacional a la fecha de la trasfusi�n realizada en las instalaciones de la demandada a la demandante, no exist�an en nuestro pa�s pruebas t�cnicas, que permitieran determinar su eventual existencia en la sangre que se le suministr� durante la cirug�a, debido a que la misma se hizo obligatoria s�lo hasta el a�o de 1991, circunstancia que era imprevisible, tanto para la cl�nica como para la entidad que realizaba el suministro de sangre.

Debe resaltar el Tribunal, que no existe relaci�n de causalidad entre el hecho (la transfusi�n sangu�nea recibida en la Cl�nica Bochica) y el da�o sufrido (contagio con Hepatitis C), por cuanto la enfermedad que padece la demandante es de nivel cr�nico como lo dictamin� el perito de Medicina Legal, lo que por su misma esencia impide al juzgador tener certeza, o siquiera un alto grado de probabilidad, del tiempo a partir del cual sufri� el contagio, amen que para padecer una cirrosis de acuerdo con los conceptos m�dicos que militan en el expediente se requiere que la enfermedad se haya incubado por lo menos 20 a�os, periodo de tiempo que no hab�a trascurrido desde el momento de la cirug�a realizada en la Cl�nica Bochica y la fecha en que se le diagnostic� la enfermedad, aunado al hecho indiscutible que la paciente fue trasfundida en varias ocasiones antes de 1990, la primera de ellas no menos de 15 a�os antes de la cirug�a llevada a cabo la Cl�nica Bochica el 20 de noviembre de 1.990, �pocas para las cuales obviamente tampoco exist�an controles sobre la Hepatitis C, lo que impide, que las mismas sean descartadas de manera absoluta como la causa del contagio que padece la demandante.

Corolario de lo anterior no habiendo cumplido la demandante con la carga probatoria de demostrar la relaci�n de causalidad necesaria para acreditar que en efecto la transfusi�n sangu�nea recibida durante la cirug�a practicada en la Cl�nica Bochica Ltda por autorizaci�n de Colsanitas S.A. fue la causa de su contagio con Hepatitis C, era perentorio desestimar las pretensiones de la demanda como a bien dispuso el A quo, lo que impone la confirmaci�n del fallo de instancia. V.- DECISI�N: En m�rito de lo expuesto, EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA, EN SALA CIVIL DE DECISI�N, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REP�BLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 9 de octubre de 2.006, proferida por el Juzgado Noveno Civil del Circuito en Descongesti�n del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogot�, por las razones de precedencia;

SEGUNDO: Costas a cargo de la parte recurrente. T�nsense.

TERCERO: DEVU�LVASE el expediente al Juzgado de origen. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE, Los Magistrados, NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ RODOLFO ARCINIEGAS CUADROS JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS 199900450-01  Sent. C.S.J. N� 001 de enero 30 de 2001 M.P. Jos� Fernando Ram�rez G�mez  De la Responsabilidad Civil, T. II, p�gs. 80 y 81  Responsabilidad Civil del M�dico, Ed. Astrea, Buenos aires, 1979, p�gs. 116 y 177  Trigo Represas, Responsabilidad civil de las profesiones, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1983  Responsabilidad civil de los m�dicos en el ejercicio de su profesi�n, Buenos Aires, 1976.  De la responsabilidad extracontractual en el Derecho Civil, Imprenta Universal, 1981, p�gs. 76,77.  Sent.

C.S.J. de septiembre 11 de 2002 M.P. Jos� Fernando Ram�rez G�mez  De acuerdo con las reiteradas manifestaciones de los testigos � m�dicos fl. 175- 182  De acuerdo con las afirmaciones de los testigos y el contenido del dictamen rendido por M�dicina Legal.      PAGE 14 REF: 11607 RAD. 11001310300419990045001 Proceso Ordinario de Blanca Cecilia Melo Hinestrosa Vs Cl�nica Bochica Ltda. y Compa�ia de Medicina Prepagada Colsanitas S.A. PAGE  (Qhijky�������߲��nX�I�7�#h�0h�P�CJOJQJ]�^JaJ h�ESCJOJQJ]�^JaJ+h�0h�P�CJOJQJ]�^JaJmH sH +h�0h�'7CJOJQJ]�^JaJmH sH 2h�0h�'75�@���CJ OJQJ]�^JaJ mH sH &h�0h�'75�CJ OJQJ]�^JaJ )h�0h�'75�6�CJ OJQJ\�^JaJ.jh�0h�'75�CJ U]�aJ mHnHuh�0h�'75�CJ ]�aJ #h�0h�'7CJOJQJ]�^JaJ&'(Qijk���' ( ) Y Z [ \ � � � � ����������������������� $dha$gd�0$ ��dh*$a$gd�0dhgd�0 $dha$gd�0dhgd�0�������������� ' *CJ]�^JaJ#h�0h�lUCJOJQJ]�^JaJ hWY�CJOJQJ]�^JaJ)h�0h�'75�>*CJOJQJ]�^JaJ&h�0h�'75�CJOJQJ]�^JaJ#h�0h�i�CJOJQJ]�^JaJ#h�0h�0CJOJQJ]�^JaJ#h�0h�'7CJOJQJ]�^JaJ#h�0h`=~CJOJQJ]�^JaJ� � � � � � � � � � � � � � � � � ������������������$ & F ���dh`�a$gd�0 ��gd�0$ ���hdh^�ha$gd�0$ ��dha$gd�0 $dha$gd�0gd�0 $dha$gd�0$�hdh^�ha$gd�0+ � � � � � � � � � � � � � O Q ^ k n  � � �  b j ��˸��t���e�e�e���e�������S#h�0h�i�CJOJQJ]�^JaJ hWY�CJOJQJ]�^JaJ+h�0h`=~CJOJQJ]�^JaJmH sH .h�0h`=~6�CJOJQJ]�^JaJmH sH +h�0h�'7CJOJQJ]�^JaJmH sH $h�0h�'75�>*CJ\�]�^JaJ#h�0h`=~CJOJQJ]�^JaJ#h�0h�'7CJOJQJ]�^JaJ h�0h�'7CJOJQJ^JaJj � � � � � � � 2Qpu� 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