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No. 110013103026200004538 (Discutido y aprobado en sesi�n de sala de 28 de junio de 2006). Decide la Sala el recurso de apelaci�n interpuesto por las partes contra la sentencia proferida el 18 de enero de 2006 por el Juzgado 26 Civil del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso ordinario promovido por Jos� Oscar G�mez Huertas y Mar�a Gaona Chac�n contra Helicentro Ltda. I. EL LITIGIO 1.
Jos� Oscar G�mez Huertas y Mar�a Gaona Chac�n solicitaron declarar que Helicentro Limitada es civilmente responsable de los perjuicios morales y materiales causados por la muerte de su hijo Oscar Edgardo G�mez Gaona, ocurrida a ra�z del accidente de tr�nsito de 19 de diciembre de 1990, y, por ende, que sea condenada al pago de $100�000.000 a cada uno por da�o emergente; $100�000.000 a cada uno por lucro cesante; $50�000.000 a cada uno por concepto del da�o moral objetivo y, el equivalente a 4.000 gramos oro a cada uno por el da�o moral subjetivo, as� como al pago de las costas del proceso.
Subsidiariamente solicitaron declarar que dicha sociedad es civilmente responsable de los da�os y perjuicios ocasionados con el anotado accidente de tr�nsito �que culpable e imprudentemente provoc� el se�or conductor al servicio de la misma empresa y con el veh�culo de su propiedad al transitar a excesiva velocidad, contraviniendo todas las normas de tr�nsito, y, por ende, que sea condenada al pago las sumas anotadas por los mismos conceptos. 2.
En s�ntesis, las pretensiones se sustentaron en los siguientes hechos: a) El 19 de diciembre de 1990, en el cruce de la calle 80 con 112 F de Bogot�, colisionaron los veh�culos de placas AF-1049 conducido por Oscar Edgardo G�mez Gaona y CRA-077 conducido por Gilberto Rodr�guez, de propiedad de Helicentro Ltda., hecho por el cual al d�a siguiente en el Hospital San Ignacio falleci� el primero de los citados debido a la contusi�n cerebral y al shock hipovol�mico por politraumatismo que sufri�. b) Gilberto Rodr�guez Rojas fue vinculado al sumario N� 14211 que se adelant� la Fiscal�a 108 Delegada de la Unidad de Vida de esta capital, que profiri� resoluci�n de acusaci�n, correspondiendo el conocimiento de la causa al Juzgado 18 Penal del Circuito, el cual en fallo de 10 de marzo de 1995, lo declar� responsable del referido choque.
Sin embargo, la demanda de parte civil no fue admitida por dirigirse contra Helicentro Ltda. y no contra el sindicado. c) Oscar Edgardo G�mez Gaona, en palabras de los demandantes �era un brillante estudiante de psicolog�a de la Universidad Santo Tom�s� y �se desempe�aba como empresario independiente en actividades mercantiles�, percibiendo aproximadamente $300.000 mensuales, de los cuales reservaba una parte para sufragar los costos de la universidad d) Los demandantes invirtieron en la educaci�n y crianza del occiso grandes cantidades dinero, esperando que �l fuera un soporte en su vejez, por lo que se han visto perjudicados material y moralmente pues, entre otras razones, se vieron obligados a pagar los costos de hospitalizaci�n, medicamentos, honorarios m�dicos y funerarios. 3) Notificada la sociedad demandada del auto admisorio calendado 20 de octubre de 2000, manifest� oponerse a las s�plicas y formul� las excepciones de prescripci�n; caducidad; cosa juzgada; limitaci�n de responsabilidad; ausencia de culpa; culpa de la v�ctima; concurrencia de culpas y la de ausencia de causalidad entre el da�o y la culpa.
La primera con fundamento en que ha transcurrido un t�rmino superior al se�alado en la ley para exigir cualquier obligaci�n a su cargo; la segunda, en que la acci�n caduc� por haber pasado un lapso mayor al contenido en la normatividad para ejercerla; la tercera, en que la decisi�n por la cual se exoner� de responsabilidad a Helicentro hizo tr�nsito a cosa juzgada material; la cuarta, en que el juzgado penal determin� �el m�ximo al que puede ser condenada� la demandada �en caso de ser declarada co-responsable�, esto es, mil gramos oro por perjuicios materiales y quinientos gramos oro por perjuicios morales; la quinta, en que �no existe ninguna conducta, ni de Helicentro Ltda. ni de sus agentes, que haya determinado culposamente el acaecimiento de los hechos�; la sexta, en que �fue el se�or G�mez Gaona quien imprudentemente provoc� la colisi�n�; la s�ptima, en que �los dos conductores actuaron con igual nivel de imprudencia� y, la octava, en que �la muerte del se�or G�mez Gaona no se produjo como consecuencia de las lesiones del accidente de tr�nsito�, sino por la �deficiente atenci�n m�dica�.
II. LA SENTENCIA IMPUGNADA En ella, el juez del conocimiento accedi� parcialmente a las pretensiones de la demanda; conden� a la sociedad demandada al pago de $9�296.230,90 por concepto de da�o emergente, junto con la correspondiente actualizaci�n, a m�s de que conden� en costas del proceso a la accionada. Consider� el fallador que estaban demostrados los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual por cuanto ambos conductores se encontraban desarrollando actividades peligrosas, y, adem�s, juntos contribuyeron en la producci�n del accidente, por actuar con negligencia e imprudencia al infringir normas de tr�nsito, con lo que se constituy� una culpa adicional en el manejo de automotores en cabeza de ambos y, por ende, debe aplicarse la teor�a de la compensaci�n de culpas.
Adujo que por haberse producido sentencia penal en contra de Gilberto Rodr�guez Rojas como directo responsable se impon�a �el estudio de la cosa juzgada penal en relaci�n con el da�o y el hecho que lo genera�. Se�al� que por haberse probado la calidad de propietaria de la demandada respecto del veh�culo automotor con el cual colision� el occiso, se presume que en �sta concurr�a la calidad de �guardian de la cosa�, por lo que se le debe tener como responsable de la actividad peligrosa.
En lo que tiene que ver con el lucro cesante reclamado estim� que no se demostraron los beneficios econ�micos de los que pudieron haber gozado los demandantes en caso de que el se�or G�mez Gaona viviera, pues en ese sentido hubo ausencia de pruebas, al igual que frente a los perjuicios morales, por lo que no impuso condena alguna por esos conceptos.
En cuanto al da�o emergente, se�al� el juzgador de primer grado que los gastos funerarios fueron probados con los documentos acompa�ados con la demanda en cuant�a de $120.000, cantidad que actualizada hasta la fecha de la sentencia asciende a $6�411.199,90 y los intereses a $2�885.031, para un total de $9�296.230,90, suma a la que finalmente conden� a pagar por ese concepto a la demandada.
Frente a los medios exceptivos formulados, se�al� que los de prescripci�n y caducidad no estaban llamados a prosperar pues el t�rmino prescriptivo aplicable es el veintenario se�alado en el art�culo 2356 del C�digo Civil y que la ley no tiene establecido t�rmino alguno para la caducidad de la acci�n de responsabilidad civil extracontractual; que el de cosa juzgada no pod�a tener acogida, pues la demanda de constituci�n de parte civil dentro del proceso penal fue rechazada mediante el auto que resolvi� el recurso de reposici�n frente al que inicialmente la hab�a admitido; que la de limitaci�n de responsabilidad tampoco pod�a abrirse paso en la medida en que la v�ctima no se constituy� en parte civil y, por ende el da�o civil no fue parte estructural del delito, sin olvidar la solidaridad que frente a la reparaci�n del da�o predica el art�culo 2344 del C�digo Civil.
Por �ltimo adujo que las defensas fundadas en la culpa de la v�ctima y la concurrencia de culpas se declarar�an probadas de acuerdo con las explicaciones anteriormente enunciadas, por lo que de contera no prosperar�a la de ausencia de culpa y, que la de ausencia de causalidad entre el da�o y la culpa se declarar�a frustr�nea, ya que de los medios de prueba se advirti� que el deceso del se�or G�mez Gaona tuvo lugar por el accidente aludido.
III. LAS IMPUGNACIONES 1) Con miras a obtener la revocatoria del fallo, los demandantes sostuvieron que la reclamaci�n de perjuicios por ellos presentada ante la jurisdicci�n civil era plenamente v�lida y deb�a acogerse en su totalidad por no haber sido atendida la constituci�n de parte civil en el proceso penal. Aseveraron que el razonamiento del juez de instancia sobre la culpa de la v�ctima no era atendible, toda vez que el conductor de la buseta de propiedad de Helicentro Ltda. se desplazaba a 100 kil�metros por hora, velocidad que es superior a la m�xima autorizada, esto es, a 60 kil�metros por hora.
De otro lado, dijeron que los perjuicios derivados del lucro cesante hab�an sido cuantificados por los peritos y que la objeci�n formulada por la demandada era injustificada. Sin embargo, realizaron la cuantificaci�n de los mismos, tomando como base las tablas de garuffa, la tabla de mortalidad de rentistas de la Superintendencia Bancaria y el �ndice de precios al consumidor certificado por el DANE, se�alando que para la fecha del fallecimiento del se�or Oscar Edgardo ten�a 21 a�os, su padre 53 y su madre 50 y, que de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado deb�a tomarse el menor n�mero de a�os de vida probable entre la v�ctima y los reclamantes, esto es, la del padre, que era de 25.12 a�os de vida probable, para un factor de esperanza de vida de 12.783.
Adujeron que la jurisprudencia de la entidad citada ense�a que �el ingreso de una persona, cuando no trabaja o no puede demostrar su ingreso, se tasa en un (1) salario m�nimo mensual�, el cual para 1990 era de $260.100, mas el 30% de prestaciones sociales, ascend�a a $338.130, suma que multiplicada por 12 meses da un resultado de $4�057.560 anuales, que debe multiplicarse por 12.783 del factor de esperanza de vida del padre, obteni�ndose $51�867.789,48, suma que debi� ser cancelada en diciembre de 1990 a los padres de la v�ctima, la cual actualizada a diciembre de 2005 asciende a $397�976.872,97.
Frente al da�o emergente acusaron al juzgador de no haber tenido en cuenta las pruebas aportadas para acreditar que el demandante Jos� Oscar G�mez Huertas cubri� los gastos de �hospitalizaci�n, velaci�n, funerarios, f�retro y sepultura� y, que tampoco tuvo en cuenta que los da�os morales fueron cuantificados por los peritos, los que adem�s, no necesitaban prueba especial, pues se presum�an.
En materia de la responsabilidad civil extracontractual afirmaron que la misma ya hab�a sido valorada por el juez penal y, por ende, deb�a tenerse como cosa juzgada, en la medida en que all� no se encontr� probada la concurrencia de culpas, pues a pesar que la v�ctima se encontraba conduciendo un veh�culo, al momento del choque estaba estacionada esperando que le dieran v�a para hacer un giro, por lo que no estaba invadiendo el carril del conductor de la buseta ni contribuy� en la causaci�n del accidente, por lo que no puede asegurarse que ambos estaban ejerciendo actividades peligrosas, precisamente por encontrarse estacionado el veh�culo de la v�ctima, por lo que estima que la sentencia no es congruente al dar por probada una excepci�n que carece de prueba, ya que el fallo penal tan s�lo determin� como culpable del accidente al conductor de la empresa demandada, siendo claro que correspond�a a esta �ltima probar que la v�ctima particip� en la colisi�n. 2) Por su parte, la sociedad demandada recurri� el fallo de primera instancia se�alando que en el proceso se prob� que la culpa de la v�ctima fue exclusiva y, por ende, ha debido eximirse de responsabilidad a Helicentro, pues de las pruebas se advierte que el se�or Oscar Edgardo vir� imprudente e intempestivamente, haciendo imposible para el se�or Gilberto Rodr�guez Rojas resistir el choque, m�s a�n por las condiciones de la v�a, que se encontraba destapada y embarrada.
Se�al� adem�s, que no se prob� culpa civil del se�or Rodr�guez Rojas, pues el informe de tr�nsito se realiz� nueve horas despu�s de ocurrido el accidente, no siendo cierto que la frenada hubiese sido de 35 metros, pues del testimonio de Jos� Alvaro Cabulla Lamprea se deduce que tan s�lo debi� ser de 7 o 10 metros y el resto correspond�a a huellas de las pisadas de la buseta, pues el piso estaba embarrado, lo que demuestra que la velocidad de este veh�culo no sobrepasaba la m�xima permitida y, como tampoco se prob� que el conductor se encontrara en estado de embriaguez, no pod�a endilg�rsele responsabilidad civil extracontractual.
En forma subsidiaria pide que de acogerse la tesis de la concurrencia de culpas, se excluya el inter�s legal de la condena impuesta por da�o emergente, ya que la misma fue indexada de acuerdo con el IPC y ese concepto no fue solicitado en la demanda, por lo que el a quo fallo por fuera de lo pedido y, que la condena tanto en perjuicios como en costas sea impuesta en un 50%, pues la culpa debe ser asumida por ambas partes.
En cuanto hace al lucro cesante, se�al� que no se prob� que los demandantes dependieran econ�micamente de la v�ctima, ni que �ste tuviera ingresos ciertos, por lo que no pod�a liquidarse suma alguna por ese concepto, como en efecto lo hizo el juzgador de primera instancia. No obstante precisaron que el dictamen conten�a un error grave en cuanto involucraba cuestiones de derecho, se bas� en un cuestionario que no hab�a sido formulado y las fuentes en las que el mismo se apoya fueron falsas, pues no se demostraron y, m�s a�n cuando las pruebas muestran datos diferentes.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1. No es mucho lo que el Tribunal debe a�adir para confirmar la sentencia apelada en lo que tiene que ver con la responsabilidad civil extracontractual, por cuanto los argumentos expuestos por el juez de primera instancia para justificar la decisi�n, son lo suficientemente claros, para impartirle aprobaci�n al fallo impugnado. 2.
El punto central en que se fundan los argumentos de los recurrentes es el atribuirle la culpa exclusiva de la colisi�n al otro conductor, pues los demandantes se�alan que el �nico culpable de ese hecho fue Gilberto Rodr�guez, esto es, quien conduc�a la buseta de placas CRA-077 de propiedad de Helicentro Ltda., por desplazarse a exceso de velocidad, lo que ocasion� que chocara con el veh�culo de placas AF-1049 que conduc�a Oscar Edgardo G�mez Gaona, el cual se encontraba estacionado esperando a obtener v�a para hacer un cruce; mientras que la demandada aduce que el �nico que incidi� en la producci�n del accidente fue el se�or G�mez Gaona, pues se cambi� sorpresivamente de carril para hacer un giro, sin prever que el otro veh�culo no alcanzaba a frenar, por lo que no tuvo otro camino que colisionar contra �l. 3.
En esas condiciones, no se discute que la pretensi�n se ubica en el marco de la responsabilidad civil extracontractual y el consecuente resarcimiento de los perjuicios derivados del fallecimiento de Oscar Edgardo G�mez Gaona por el accidente de tr�nsito aludido en la demanda. De suerte que la acci�n encuentra su principal fundamento en el art�culo 2341 del C�digo Civil, que impone a quien ha cometido delito o culpa infiriendo da�o a otro el deber de indemnizarlo.
Con todo, correspondiendo el hecho generador del da�o denunciado a un accidente de tr�nsito procede el encuadramiento de la acci�n bajo la perspectiva del art�culo 2356 ib�dem, para aplicar la teor�a de las actividades peligrosas, como doctrinaria y jurisprudencialmente se ha calificado, por excelencia, la conducci�n de veh�culos automotores.
Trat�ndose de responsabilidad por el da�o causado en ejercicio de actividades peligrosas, como es la conducci�n de automotores, no solamente est� llamado a responder por los perjuicios ocasionados el autor material del hecho (conductor), sino tambi�n la persona que ejerce la administraci�n del veh�culo, y, en general, quien tenga la calidad de guardi�n (la que se presume en el propietario), pues la responsabilidad comprende �no s�lo el autor del da�o por el hecho personal suyo, sino tambi�n por el hecho de las cosas que le pertenecen o que sobre ellas ejerza, de cualquier otro modo, la direcci�n, control y manejo, como cuando a cualquier t�tulo se detenta u obtiene provecho de todo o parte del bien mediante el cual se realizan actividades caracterizadas por su peligrosidad�.
(Casaci�n Civil. Mayo 26/89. Cfme: Alvaro P�rez Vives, Teor�a General de las Obligaciones, Primera parte, Tomo II, p�g. 372 y 373. citado en ese fallo). 3. Los demandantes ostentan legitimidad por activa por ser los padres de Oscar Edgardo G�mez Gaona, quien falleci� a ra�z del accidente de marras. Dichas circunstancias aparecen plenamente demostradas con los documentos de folios 58 a 61 del cuaderno N� 1 del expediente, los cuales dan certeza a esta Corporaci�n conforme lo previsto en el inciso 1� del art�culo 252 del C�digo de Procedimiento Civil.
De otro lado, la responsabilidad atribuida a la sociedad demandada obedece al hecho de ser la propietaria del rodante, de placas CRA-077, seg�n lo informa su certificado de tradici�n (fl. 63 C. 1), documento que, conforme al inciso 1� del art�culo 252 ib�dem, reviste autenticidad. 4. Bajo la �rbita de que los presupuestos axiol�gicos de la responsabilidad aquiliana son la conducta culposa, el da�o y la relaci�n de causalidad entre aqu�lla y �ste, al punto de poderse afirmar que el da�o padecido por la v�ctima es consecuencia directa del proceder culposo de uno de los conductores, procede la Sala a investigar si en el sub lite se encuentran satisfechos tales elementos.
En el caso que ocupa la atenci�n del Tribunal, por tratarse del ejercicio de una acci�n de responsabilidad civil extracontractual fundada en el ejercicio de actividades peligrosas, como es la conducci�n de veh�culos automotores, y que tanto el agente como la v�ctima se encontraban realizando ese tipo de actividades, propio es afirmar que el elemento culpa es atribuible a ambas partes, por presentarse la figura de la concurrencia de culpas, sin olvidar que tambi�n le es endilgable al propietario de la cosa con la cual se produce el da�o, por cuanto cabe entender que el dominio vincula al titular en cuanto a los resultados desprendidos de la actividad peligrosa cumplida.
As� lo explic� la Corte Suprema de Justifica en sentencia de 25 de febrero de 1987, al se�alar que �como ambos automotores se hallaban transitando, ambas partes est�n bajo la presunci�n de culpa que determina el ejercicio de actividades peligrosas frente al da�o causado. Siendo esto as�, se hallan demandante y demandado en id�nticas condiciones, es decir, ambas fueron causa por culpa del da�o sufrido mientras no se demuestre otra cosa�.
Desde luego que cuando el da�o es producido por la concurrencia de actividades peligrosas no es posible aplicar a rajatabla la presunci�n de culpas, sino que es tarea del fallador establecer la incidencia de una y otra en la ocurrencia del hecho da�ino. Todo conduce a la concurrencia de culpas entre la parte demandante y demandada pues en la sentencia proferida por el Juzgado 18 Penal del Circuito se dej� en claro que cuando se produjo el encuentro de los dos rodantes el conductor del veh�culo de la demandada transitaba a una velocidad que no le permiti� frenar a tiempo y, que el se�or G�mez Gaona cambi� de carril en forma precipitada para hacer el giro de la calle 112 F, de lo que el juez de instancia extrajo dicha figura, pues los dos conductores infringieron normas de tr�nsito y actuaron negligentemente produciendo con su actuar el aludido accidente.
Adem�s, la demandada es titular del dominio del veh�culo referido, seg�n las pruebas ya comentadas en el ac�pite correspondiente a la legitimidad por pasiva. Por esta v�a, al tiempo, se colige la satisfacci�n en la causa del primer elemento estructural de la acci�n. Por lo anterior, la petici�n de la demandada en cuanto a declarar probada la culpa exclusiva de la v�ctima no puede tener acogida, adem�s, por cuanto con ella se estar�a vulnerando el principio de la cosa juzgada y se entrar�a en total antagonismo con la sentencia condenatoria proferida en el campo penal en contra de Gilberto Rodr�guez.
En cuanto al da�o, propio es advertir que tambi�n se satisface este elemento axiol�gico de la responsabilidad aquiliana. En efecto, en la ya citada sentencia se dedujo que la muerte de Oscar Edgardo G�mez Gaona fue producida por el susodicho accidente y, por ende, debe tenerse como plenamente acreditada dicha circunstancia. Por �ltimo, no cabe duda de que el da�o padecido por los aqu� demandantes es consecuencia directa del hecho generador, al punto de poderse afirmar que de no haber ocurrido, no se hubiera generado el perjuicio cuya reparaci�n se intenta mediante esta acci�n. Se tiene, pues, que entre la conducta y da�o detectados media relaci�n de causa-efecto.
En consecuencia, se encuentran reunidos en el sub lite los presupuestos axiol�gicos de la acci�n de responsabilidad civil extracontractual. 5. En lo que tiene que ver con la indemnizaci�n de perjuicios, cuatro reparos merece la sentencia del a quo, pues, en primer lugar, -tal como lo ponen de presente los demandantes- no tuvo en cuenta todos los comprobantes de pago allegados para acreditar los gastos sufragados con motivo del deceso del joven Oscar Edgardo G�mez Gaona, en la medida en que omiti� valorar las facturas 048374 y 050908 aportadas en copia aut�ntica (fls. 143 y 144, cdno. 1), as� como la respuesta emitida al oficio librado por Jardines de la Paz (fl. 218, ib.), pues tan s�lo verific� el comprobante de abono a la factura 30622 de La Candelaria Ltda. allegado en original (fl. 70, ib), siendo claro que las primeras de las cuales se desprende que el demandante Jos� Oscar G�mez Huertas cancel� a Jardines de la Paz S.A. las sumas de $165.000 y $87.000, por lo que dichos valores tambi�n deb�an formar parte de la condena impuesta por concepto de da�o emergente.
La actualizaci�n de dichas condenas se har� de acuerdo con el IPC, tomando como �ndice final el de mayo de 2006 (165.52) y como inicial el de diciembre de 1990 (21.00), de los cuales se extrae un factor multiplicador de 7.88, por lo que del valor hist�rico de $372.000, multiplicado por dicho factor, se obtiene un valor actualizado de $2�931.360, de lo que adem�s se advierte que el juez del conocimiento err� en el valor utilizado como �ndice inicial, que para diciembre de 1990 era de 21 y no de 3, como se�al� en la providencia. No sobra advertir que los gastos m�dicos y de hospitalizaci�n causados en el Hospital San Ignacio fueron pagados por Seguros Caribe, como se advierte de la factura obrante a folio 65, pues si bien es cierto que a folio 180 la Directora del Departamento de Contabilidad de dicho centro hospitalario certifica que las facturas por valores de $310.600 y $74.489 fueron pagadas por Oscar G�mez como responsable de la cuenta, no lo es menos que con anterioridad hab�a comunicado que no le era posible certificar qui�n hab�a realizado los pagos, pues en sus archivos no reposaban las copias de las facturas (fl. 145), de lo que se evidencia que la �ltima certificaci�n no puede ser ver�dica y m�s a�n cuando en la primera factura citada se dej� consignado que la responsable del pago era dicha aseguradora, razones suficientes para que no sea posible imponer condena por dichos montos.
En segundo lugar, el juzgador pas� por alto el hecho de que se concluy� que en la colisi�n hubo concurrencia de culpas, e impuso la obligaci�n de resarcir el da�o �nica y exclusivamente a la parte demandada, sin tener en cuenta que en �l tambi�n oper� la imprevisi�n de G�mez Gaona, por lo que la condena debi� corresponder tan s�lo a un 50% del valor determinado, esto es, $1�465.680.
En tercer lugar, es evidente que la sentencia impuso condenas por fuera de lo pedido, resultando, por ende, incongruente, en cuanto liquid� intereses sobre la suma a indemnizar, sin tener en cuenta que ese concepto no hab�a sido solicitado en la demanda. En consecuencia, la condena por concepto de da�o emergente tan s�lo deb�a ascender a la suma de $1�465.680, junto con la correspondiente indexaci�n hasta la fecha en que se verifique el pago Tocante con el lucro cesante, tal como lo dedujo el a quo en el proceso no aparecen probados los elementos de tal pretensi�n, esto es, que el se�or G�mez Gaona estuviese dedicado a una ocupaci�n remunerada, pues ninguna prueba se aport� con miras a probar tal afirmaci�n, por lo que no hab�a lugar a imponer condena alguna por ese concepto.
En cuarto lugar, frente a la suma reclamada por concepto de da�o moral, no tuvo en cuenta el a quo que en reiterada jurisprudencia ha se�alado la Corte Suprema de Justicia que trat�ndose de parientes cercanos, como lo son los padres, dicho da�o se presume y, por ende, la carga de la prueba se traslada al encargado de cancelar la indemnizaci�n, a quien corresponde probar que el mismo no existi�, precisamente por no existir afecto entre la v�ctima y el familiar que la reclama.
En ese sentido ha dicho la Corte que �en relaci�n con la prueba (del da�o moral), ( ) se ha de anotar que es, quiz�, el tema en el que mayor confusi�n se advierte, como que suele entreverarse con la legitimaci�n cuando se mira respecto de los parientes cercanos a la v�ctima desaparecida, para decir que ellos, por el hecho de ser tales, est�n exonerados de demostrarlos. hay all� un gran equ�voco que, justamente, proviene del significado o alcance que se le debe dar al t�rmino presunci�n. Ya � se anot� que, conforme viene planteado el cargo, este vocablo se toma ac� como un eximente de prueba, es decir, como si se estuviera en frente de una presunci�n iuris tantum�. �Sin embargo, no es tal la manera como la cuesti�n debe ser contemplada ya que all� no existe una presunci�n establecida por la ley.
Es cierto que en determinadas hip�tesis, por dem�s excepcionales, la ley presume -o permite que se presuma- la existencia de perjuicios. Mas no es tal cosa lo que sucede en el supuesto de los perjuicios morales subjetivos�. �Entonces, cuando la jurisprudencia de la Corte ha hablado de presunci�n, ha querido decir que esta es judicial o de hombre.
O sea, que la prueba dimana del razonamiento o inferencia que el juez lleva a cabo. Las bases de ese razonamiento o inferencia no son desconocidas, ocultas o arbitrarias. Por el contrario, se trata de una deducci�n cuya fuerza demostrativa entronca con clar�simas reglas o m�ximas de la experiencia de car�cter antropol�gico y sociol�gico, reglas que permiten dar por sentado el afecto que los seres humanos, cualquiera sea su raza y condici�n social, experimentan por su padres, hijos, hermanos o c�nyuge. �Sin embargo, para salirle al paso a un eventual desbordamiento o distorsi�n que en el punto pueda aflorar, conviene a�adir que esas reglas o m�ximas de la experiencia -como todo lo que tiene que ver con la conducta humana- no son de car�cter absoluto.
De ah� que ser�a necio negar que hay casos en los que el cari�o o el amor no existe entre los miembros de una familia; o no surge con la misma intensidad que otra, o con respecto a alguno o algunos de los integrantes del n�cleo. Mas cuando esto suceda, la prueba que tienda a establecerlo, o, por lo menos, a cuestionar las bases factuales sobre las que el sentimiento al que se alude suele desarrollarse -y, por consiguiente, a desvirtuar la inferencia que de otra manera llevar�a a cabo el juez-, no ser�a dif�cil, y si de hecho se incorpora al proceso, el juez, en su discreta soberan�a, la evaluar� y decidir� si en el caso particular sigue teniendo cabida la presunci�n, o si, por el contrario, �sta ha quedado desvanecida�. �De todo lo anterior se sigue, en conclusi�n, que no obstante que sean tales, los perjuicios morales subjetivos est�n sujetos a prueba, prueba que, cuando la indemnizaci�n es reclamada por los parientes cercanos del muerto, las m�s de las veces, puede residir en una presunci�n judicial.
Y que nada obsta para que �sta se desvirt�e por el llamado a indemnizar poni�ndole de presente al fallador datos que, en su sentir, evidencia una falta o una menor inclinaci�n entre los parientes� (Sentencia del 28 de febrero de 1990). As� las cosas, partiendo de la base de la jurisprudencia citada y teniendo en cuenta que �normalmente la muerte de un hijo de por s�, produce indecible dolor, desolaci�n y angustia en sus padres�, se impon�a condenar a la sociedad demandada al pago de la indemnizaci�n proveniente del perjuicio moral que se presume sufrieron los padres de Oscar Edgardo G�mez Gaona, el cual amerita una compensaci�n de car�cter satisfactoria, la cual se tasa en la suma de treinta millones de pesos ($30�000.000) a cada uno de los padres, junto con la correspondiente indexaci�n. 6.
Como corolario la sentencia impugnada habr� de modificarse, en cuanto al monto de la condena impuesta por concepto de da�o emergente y, adicionarse imponiendo el pago de $15�000.000 por concepto de da�o moral, puesto que esta decisi�n arriba a las mismas conclusiones que el funcionario de primera instancia, en cuanto a la responsabilidad de la entidad demandada.
V. DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, en Sala de Decisi�n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,
RESUELVE
1. MODIFICAR la sentencia proferida el 18 de enero de 2006 por el Juzgado 26 Civil del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso de la referencia, en el sentido de que la condena impuesta por concepto de da�o emergente corresponde a la suma de $1�465.680. 2. ADICIONAR, para condenar a Helicentro Ltda. a pagar a favor de cada uno de los padres demandantes, la suma de $30�000.000 por concepto de perjuicios morales subjetivos. 3.
Condenar a la sociedad demandada a pagar las sumas antes referidas con la correspondiente correcci�n monetaria; que se probar� respecto de cada periodo de tiempo con el certificado que para el efecto emita el Banco de la Rep�blica, contada a partir del d�a siguiente a la ejecutoria de este fallo y hasta la fecha en que se paguen �ntegramente las mismas, lo cual deber� hacer dentro de los 6 d�as siguientes a la ejecutor�a de esta sentencia. 4.
Costas del recurso a cargo de la parte demandada. Liqu�dense.
NOTIFIQUESE. DORA CONSUELO BEN�TEZ TOB�N Magistrada RODOLFO ARCINIEGAS CUADROS Magistrado JOS� DAVID CORREDOR ESPITIA Magistrado. C.S.J. Sentencia S.012/99. M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles PAGE 13 DCBT. Exp. 04538 PAGE 2 (IJ�� +,Ubc��������#�#�#$$1W9[9v9w9�:�= >�>�>(AwC�C:D�D�DiF�F�F�G��������������������������������������z�z@���CJ OJQJ^JaJ aJ >*CJ OJQJ@���CJ OJQJ^J 5�6�CJ OJQJ\�]�^J5�6�CJ OJQJ^J5�CJ OJQJ CJ OJQJ5�6�CJ OJQJ]�^J6�CJ OJQJ]�^JCJOJQJ\�^J5�CJ OJQJ^J^JCJ OJQJ^J,(2IJ������ +,cd��| } � � r s ������������������������� $��dh`��a$dhdh$dha$ & Fdh_{�{|���s @A��������������� � � ""�#������������������������dh $ & Fdha$$dha$ $��dh`��a$�#�#$$'%(%S&T&^)_)�+�+F-G-11�2�2k5l577V9W9v9w9�������������������������$dha$dh$dha$ & F�hdh^�hw9�:�:�=�=(A)A�D�DiFjF�G�GII�K�KpNqN�P�P�Q�Q5S6S|T�������������������������dhdh*$�dh`� $dh*$a$$dha$�G�GIMI�K�K�KpNO�P�P�Q�Q5S6S|T}T�UeV�V�V'\(\cc�d�d�gh�h�hEsFs�u(vNv[vww w*wDwjw x�������������������������������������x���n�CJ OJQJ]�^J5�CJ OJQJ\�^JaJ 5�CJ OJQJ^JaJ CJ OJQJ^J!j0JCJ OJQJU^JaJ >*CJ OJQJ^JaJ 6�CJ OJQJ]�^JaJ 6�CJ OJQJ^JaJ aJ ^JaJ CJ OJQJ @���^JaJ @���CJ OJQJ^JaJ CJ OJQJ^JaJ +|T}T�U�UdVeVZZ)\*\�_�_ a a�b�b3d4dff�h�h j����������������������$dha$$ 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